Foros de la Plataforma por una Vivienda Digna

[sanfermintxo]

Una familia planea reclamar daños al Gobierno por crear un gueto en Berriozar

denuncia EL vandalismo e insalubridad de las vpo de oianondoa

En 2005 abandonaron su vivienda tras recibir insultos y agresiones de otros vecinos



PAMPLONA. La mala convivencia con personas conflictivas del mismo inmueble obligó al matrimonio formado por José Mª Jiménez Alayeto y Ana Lestado Garralda, junto a sus dos hijos, a abandonar su vivienda social de alquiler de Berriozar en 2005. Durante los tres años que permanecieron en ella, fueron constantes las denuncias y quejas que interpusieron por insultos, calumnias, agresiones, amenazas e incluso disparos de aire comprimido, que fueron puestas en conocimiento de Vinsa, sociedad pública adscrita al departamento de Vivienda, y propietaria del edificio, ocupado por personas con problemas de integración social. Su negativa a resolver el tema, junto con todos los problemas económicos derivados de esta situación y las secuelas psicológicas que afirman tener desde entonces han llevado a esta familia a plantearse la presentación de una reclamación de daños y perjuicios ante el Gobierno de Navarra, a quien consideran responsable último del problema.

El inmueble en el que residían, y al que entraron a vivir en 2002, está ubicado en el número 10 de la calle Oianondoa de Berriozar. Hasta no hace mucho tiempo, algunos de los inquilinos de este bloque, junto con los del número 7 del paseo de los Fueros (en total, unas 46 viviendas), denunciaban la situación de insalubridad y el vandalismo que debían soportar diariamente. Desde plagas de cucarachas, pasando por la aparición de ratas, pintadas en las paredes y puertas, orines y heces en el portal, y carreras de coches en el garaje, donde José Mª Jiménez y Ana Lestado "nunca" llegaron a estacionar su vehículo por miedo a desperfectos.

La odisea de este matrimonio comenzó en agosto de 2002, cuando entró a vivir en el inmueble, dos años después de que se entregaran las viviendas, tras permanecer en espera. "En ninguna de las cláusulas del contrato -explica Jiménez-, decía que se trataba de un edificio con un proyecto para reinserción social. Esto nos lo reconoció más tarde el por entonces alcalde, Benito Ríos. No se nos informó y, por lo tanto, no nos dieron opción a decidir. Lo consideramos un engaño fraudulento".

CONOCIMIENTO DE VINSA A los pocos meses comenzaron los problemas. Buzones rotos, puertas con desperfectos, propaganda y basura por el suelo, todo a consecuencia del "vandalismo" de algunos residentes. Las quejas interpuestas, que también trasladaron al Defensor de Pueblo, coincidieron con el inicio de unas denuncias tras recibir insultos, calumnias, amenazas e incluso agresiones físicas por parte de inquilinos, que en ciertos casos derivaron en bajas por ansiedad. "A mi hijo, con 11 años, le rompieron la clavícula, y también agredieron a mi marido", comenta Ana Lestado. Todas estas denuncias fueron puestas en conocimiento de Vinsa, "puesto que era la propietaria de las viviendas", e incluso reclamaron "que nos realojaran en otros pisos, algo que rechazaron para no crear precedentes". Tanto Vinsa como el departamento de Vivienda, por entonces dirigido por José Andrés Burguete, se negaron a intervenir, escudándose en "que se trataba de problemas de convivencia vecinal privados".

La posterior pérdida de trabajo y su consiguiente falta de ingresos permitió a Vinsa ejercer su derecho al desahucio en 2005, momento en el que abandonaron la vivienda. La familia Jiménez-Lestado solicitó una nueva en Buztintxuri, que no les fue concedida. Este revés colmó la paciencia de un matrimonio que insisten en reclamar ante la Administración "ya que les consideramos responsables de toda esta situación" suscitada en Berriozar por la creación de "este gueto". "Yo lo que quiero es llegar a un acuerdo, porque me han fastidiado la vida en todos los sentidos. El daño psicológico que nos han hecho es inmenso, además de todas las pérdidas que hemos tenido", sentencia Lestado, quien recalca que esta reclamación buscaría evitar un contencioso por la vía judicial.


fuente: Diario de noticias