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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula los sectores residenciales del Plan de Ordenación de Boadilla

El Plan General de Ordenación Urbana de Boadilla del Monte deberá ser modificado al no cumplir con vivienda protegida para jóvenes y rentas bajas

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en reciente sentencia, ha confirmado que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte no destinó los suelos suficientes parsa la edificación de vivienda protegida y para rentas bajas, una reserva que prevé la Ley del Suelo de la CAM para garantizar el acceso a la vivienda a las clases más desfavorecidas (jóvenes y rentas bajas) y que obligatoriamente impone el artículo 110 de la Ley 9/1995, del Suelo de la Comunidad de Madrid.

Como consecuencia de la sentencia, el Ayuntamiento se verá obligado a la modificación de los Planes Parciales de los Sectores residenciales SUR 2 Olivar 3º Fase, SUR 3 Camino Bajo, SUR 5.2 A.C.N., SUR 6.2 A.C.S., SUR 7 Los Fresnos, SUR 8 L. Cárcava, SUR 9 El Encinar, SUR 10 El Pastel, SUR 11 Valenoso, SUR 12 Bonanza.

El PGOU destinó más de 3.450.000 m2 de suelo a la construcción de viviendas (más de 7.000 viviendas) recalificados en el nuevo Plan General, que ya fue anulado por sentencia de la Sección Octava del TSJ de Madrid en el año 2003, por vulnerar los derechos fundamentales de los Concejales del PSOE.

El Ayuntamiento destinó únicamente 1.022.948 m2 de todo el suelo residencial clasificado cuando tenía que haber destinado 1.739.737 m2, lo que equivale a que los sectores residenciales del PGOU de Boadilla tengan que cambiar su clasificación del suelo pues faltan más de 700.000 m2 que deberán modificarse para destinarse íntegramente a vivienda de protección pública, en cumplimiento de la sentencia de más alto Tribunal de la Comunidad Autónoma.

En una nota emitida ayer por el Portavoz de Alternativa por Boadilla, Ángel Galindo, se anticipaba que habían solicitado "el urgente cumplimiento de la sentencia pues varios sectores residenciales se encuentran ya casi terminados (SUR 7- Los Fresnos o SUR 12- Bonanza), pero la mayoría de los que incumplen la norma autonómica se encuentran en fase de urbanización y ejecución de las calles y el Ayuntamiento no tiene intención de cumplirla porque ya ha dicho que ha recurrido.

La política de vivienda del alcalde Panero, según Alternativa por Boadilla, veda el acceso a la vivienda a los jóvenes y ciudadanos de la propia Boadilla de rentas más bajas, por lo que muchos han tenido que irse de la localidad. Las últimas 80 viviendas públicas que ha hecho la Empresa Municipal de la Vivienda tienen un precio de entre 300.000 y 400.000 euros (entre 50 y 65 millones de las antiguas pesetas) y muchos vecinos han tenido que renunciar a ellas por no poderlas pagar.

Según Galindo, “hasta el propio Rajoy se sorprendió cuando en plena campaña electoral fue preguntado por un joven de Boadilla si la política de vivienda del PP era la de Boadilla".

El PGOU, los Planes Parciales y las Juntas de Compensación son dirigidas por el arquitecto Leopoldo Arnaiz Eguren, que hizo el PGOU, procesado en varios municipios de Madrid por tráfico de influencias y negociación prohibida. Uno de los Planes Parciales de Boadilla (SUR 11-Valenoso) fue iniciado por Enrique Porto Rey, ex director general de Urbanismo de Esperanza Aguirre, imputado por la Fiscalía Anticorrupción en una presunta trama de corrupción urbanística en otro municipio de Madrid.

Su relevo en este Plan Parcial lo realiza Leopoldo Arnáiz Eguren, a través de una de sus empresas de consultoría. Según Ángel Galindo, portavoz de Alternativa por Boadilla, "sólo tienen la esperanza de que la justicia ponga orden”.

http://www.estrelladigital.es/diario/articulo.asp?sec=esp&fech=27/03/2008&name=boadilla_vivienda
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