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En el sector inmobiliario no hay sitio para los 'trileros'

PEDRO CASTRO PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS

Pedro Castro es, además de alcalde de Getafe desde hace 25 años, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Entre sus empeños como portavoz de las administraciones más cercanas al ciudadano figura de forma muy destacada la reivindicación de que el acceso a la vivienda deje de ser una de las principales preocupaciones de los españoles. Castro ha hecho las cuentas y dice que los números avalan su proyecto de construir 200.000 hogares protegidos en suelo cedido por los ayuntamientos. Su "sueño", firmar el primer Pacto Nacional por la Vivienda, exige la suma de esfuerzos de los empresarios, los sindicatos, la banca y el Ministerio. En ello trabaja ahora. En una nueva entrega de 'Entrevistas cruzadas', Castro responde hoy a SU VIVIENDA y se someterá también a las preguntas que le formulen en un encuentro digital los lectores de 'elmundo.es'.

Pedro Castro, presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), habla con SU VIVIENDA pocos minutos después de haber celebrado un encuentro con la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor. Se trata de una de las primeras citas que la nueva responsable mantiene tras su toma de posesión.

Pregunta.- ¿Qué impresión saca de su encuentro con Corredor?

Respuesta.- Muy buena. La ministra ha entendido bien nuestros planteamientos para este momento de cierta recesión económica y, por tanto, también inmobiliaria.

P.- ¿Le ha hablado de su intención de promover un gran pacto nacional por la vivienda?

R.- El pacto, el primero de la democracia, ya está en marcha, después de haberme reunido con las asociaciones de promotores y constructores, con la banca y con los sindicatos. Sólo faltaba el visto bueno del Ministerio para dar vía libre a esta oportunidad histórica y ya lo tenemos. De hecho, lo va a liderar ella.

P.- ¿Supone esto que se han apropiado de su 'criatura' más preciada?

R.- Al contrario. Ahora estoy seguro de que va a tener éxito, tras ser asumido personalmente por la ministra.

P.- ¿No teme que el pacto por la vivienda que usted propone quede relegado a un segundo término entre las múltiples ocupaciones del Ministerio?

R.- Al contrario: la ministra nos ha puesto a trabajar a 'mil por hora' y, al aceptar el liderazgo, lo ha reactivado. Nos ha pedido ya que le entreguemos un estudio sobre todo el suelo disponible en los ayuntamientos para construir vivienda social. Y también que le hagamos llegar una lista de demandantes de nuestros municipios para que entreguemos a la empresa constructora de las casas no sólo el terreno, sino también el nombre de las personas que las van a ocupar. De esta forma se benefician unos y otros: de la seguridad de ser adjudicatarios y de la tranquilidad que supone saber que las casas están vendidas aún antes de empezar a construirlas.

P.- ¿Cuál es el siguiente paso?

R.- Que las comunidades autónomas agilicen los trámites para modificar el uso del suelo allí donde sea necesario. Lo contrario podría suponer la muerte de este proyecto histórico.

P.- En su plan, la iniciativa privada tiene un papel decisivo. Son los mismos contra los que arremetía usted hace unos meses por los elevados márgenes de ganancia.

R.- También ellos han entendido que la situación actual es distinta. "Alcalde, hay que llenar el hueco que deja la escasa venta de viviendas libres", me dijeron los empresarios. Y yo les pedí que estuvieran dispuestos a jugar con los márgenes de beneficio de la Vivienda de Protección Oficial (VPO), algo que han aceptado.

P.- Y a quien diga que le está haciendo usted el juego a las empresas del sector...

R.- No le estoy haciendo el juego a nadie, sino intentando que no haya parados en los pueblos, que no se rompa la dinámica económica y que haya plena actividad en el mercado. Los promotores me han dicho que si hay cielo nosotros somos su anticipo en la tierra, porque les vamos a salvar. Yo sé que cuando la dinámica económica empiece a coger velocidad de crucero, la iniciativa privada nos va a dejar. Pero durante un tiempo habremos aprovechado ese vacío para que nuestros jóvenes tengan pronto una vivienda pública, digna y a precio de coste, entre 140.000 euros y 180.000 euros.

P.- Para hacerlo posible, ¿qué compromiso asumen los ayuntamientos?

R.- Aportaremos suelo para construir 200.000 viviendas sociales. Nosotros ponemos el terreno, la iniciativa privada las construye y el Ministerio las financia con las debidas subvenciones; en resumen, de eso se trata. Ahora hay que pedir a las comunidades autónomas que no suban el precio del módulo hasta los límites máximos permitidos, porque se trata de incorporar al mercado a quienes no pueden acceder a una casa.

P.- La Comunidad de Madrid (CAM) acaba de aprobar un incremento en el precio de la VPO.

R.- Lo que han conseguido con eso es que la Vivienda Pública de Precio Limitado (VPPL) se coloque casi al mismo nivel que la libre, con lo cual hemos roto la esperanza de quienes buscan una casa a un precio justo.

P.- Según usted, no hay justificación para esta medida.

R.- Ninguna. Tengo claro que en el sector inmobiliario no hay sitio para los 'trileros', sino para la gente que se sume a un proyecto común que beneficie a los ciudadanos. Cuando he pedido a Esperanza Aguirre que me explique por qué sube el precio del módulo, me ha dicho que es para que no se vayan los constructores a otras tierras. Eso es ridículo, porque en Getafe tenemos la experiencia de que para 10.000 viviendas se han presentado 1.000 proyectos. Y eso sin subir los costes en favor de los constructores.

P.- ¿Por qué cree que se ha adoptado, entonces?

R.- Porque se pretende beneficiar a la empresa privada. Pero lo que se hace en realidad es perjudicarla, porque la demanda que esperábamos es la de los sectores menos favorecidos, que se van a encontrar ahora con que la apuesta pública de poner suelo para construir VPO no va a servir para nada, ya que al subir los precios no van a poder comprar.

P.- Sin embargo, la CAM ha tenido aciertos tan sonados como el alquiler con opción a compra en beneficio de las economías menos pudientes.

R.- En el siglo XXI no hay milagros, aunque es cierto que la solución pasa por esa fórmula y por el alquiler puro y duro. Nuestras encuestas reflejan que está cambiando lentamente el sentido de la propiedad entre los españoles, lo cual favorece una cultura a favor de los arrendamientos, como sucede ya en otros países de la Unión Europea.

P.- ¿Qué opina de la apuesta del Ministerio por el alquiler a través de la Renta de Emancipación?

R.- Es acertada, pero si se permite a los propietarios que suban la misma cantidad con la que se subvenciona a los jóvenes, éstos no obtienen ningún beneficio. O las comunidades autónomas se sienten protagonistas de este plan, o esto va ser sólo una broma. Hay que conseguir que las autonomías pongan unos topes por encima de los cuales no se pueda alquilar, teniendo en cuenta, claro está, las peculiaridades de cada ciudad y de cada tipo de inmueble.

P.- ¿No cree que puede haber quien piense que es demasiado pretencioso por su parte dar lecciones al Ministerio y a las comunidades sobre lo que tienen que hacer?

R.- No doy lecciones a nadie, sino que aporto ideas que surgen de la experiencia de cercanía que tenemos los alcaldes a los verdaderos problemas de nuestros vecinos. La gran tarea pendiente de la democracia es dotar de capacidad a los ayuntamientos, que son la primera 'trinchera', para que podamos dar respuesta a las necesidades reales de los ciudadanos. Todavía estoy esperando que alguien vaya al Ministerio a quejarse porque no le dan una vivienda. Cuando pasa esto, la gente viene a quejarse ante su alcalde.

P.- Hay muchos que consideran que la financiación de los ayuntamientos depende excesivamente de las cuestiones urbanísticas, y que éstas son puertas abiertas a la corrupción en los consistorios.

R.- Si hace falta, me voy a quedar sin garganta para que todos entiendan que la recaudación por urbanismo no supone ni el 5% de media en la financiación municipal. A quien delinque, que la justicia caiga sobre él con todo su peso, pero el que roba no lo hace por ser alcalde o concejal. A un corrupto le das una carretilla y la roba. No es un problema de urbanismo, que es algo que los alcaldes veneramos porque nos permite la redistribución social, poner el suelo al servicio del interés general.

P.- No todos están de acuerdo con que los temas urbanísticos sean una cuestión estrictamente municipal.

R.- El planeamiento urbanístico debe estar en manos de las comunidades autónomas para evitar que los intereses municipales enfrentados hagan peligrar los proyectos. Pero la gestión del suelo y el desarrollo del mismo es tarea de los ayuntamientos.

P.- Precisamente con la gestión del suelo de su municipio ha tenido usted problemas recientemente. La cooperativa de viviendas PSG, que se ha quedado sin terreno para construir las viviendas que tenía proyectadas, le acusa de desentenderse de los problemas de sus vecinos.

R.- Nosotros asumimos el compromiso de que todos los jóvenes iban a tener vivienda, pero no todas las cooperativas. Para ello hemos expropiado suelo para ponerlo al servicio del interés general y varias sentencias nos han dado la razón. PSG, como otras cooperativas, no tiene suelo, pero sus miembros están en las listas del Ayuntamiento y actualmente 1.070 de ellos ya tienen casa, de un total aproximado de 1.500. Lo que pido a aquellas cooperativas a las que no les ha tocado suelo es que devuelvan el dinero a los cooperativistas, porque les vamos a ir llamando y se puede dar la circunstancia de que no puedan pagar porque el dinero lo tiene la cooperativa. Los cooperativistas van a tener una Vivienda de Protección Oficial a un precio digno. Por todo esto deberían estar contentos, aunque me temo que lo que querían era hacer las viviendas ellos. Pero eso es otro tema.

http://www.elmundo.es/suplementos/suvivienda/2008/536/1209074407.html
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