Foros de la Plataforma por una Vivienda Digna

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Pagar más por las facturas de agua y gas que por el alquiler de la vivienda no es lo normal, aunque 388 familias de La Corredoria llevan haciéndolo desde hace dos años. Ahora, en periodo de crisis económica, muchos de ellos, con el agua hasta el cuello, han optado por abandonar los pisos y renunciar a las supuestas condiciones ventajosas del alquiler protegido.
Su decisión les vetará durante cinco años en «cualquier tipo de ayuda concedida por el Gobierno regional», no les ha quedado más remedio que largarse: una orden de desahucio les obliga a ello, «esa es la realidad».

Cansados de denunciar hasta el hartazgo su situación sin recibir respuesta a cambio, han solicitado el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, que ayer tendió su mano para impulsar cualquier tipo de medida que solucione el problema con carácter inmediato. «Además, hemos pedido la comparecencia de la consejera de Vivienda, Noemí Martín, en la Junta General del Principado para que explique qué clase de política sigue el Gobierno «desorbitados precios que pagan estos vecinos tienen poco de protegidos».
A todo, se suma la «dudosa legalidad» del contrato de abastecimiento de energía otorgado a la empresa catalana Energía Serveis I Noves Tecnologies. Las elevadas facturas de gas y agua son las culpables de que los inquilinos tengan que sustituir la calefacción por radiadores eléctricos y restringir el consumo de agua al mínimo. «Algún vecino ha recibido recibos de 400 euros al mes y muchos se van a duchar a casa de sus padres porque no pueden asumir el coste», explico Rubén Covián, uno de los afectados.
Lo que pretendía ser un innovador modelo energético se ha convertido en un «padecimiento» para la urbanización ovetense. En 2006, la Consejería de Vivienda convocó un concurso para la cesión del suelo de la parcela de La Corredoria durante un periodo no superior a 50 años. La empresa adjudicataria fue Arboleya Visoren Norte que apostó por un sistema de telegestión energética individualizada. El objetivo: mejorar el rendimiento y que cada vivienda optimizara su energía. El resultado: listas de espera cada vez más mermadas por la diáspora vecinal. «De los 3.000 ciudadanos de la lista ya están llamando a más del número 2.000. Nadie quiere esas condiciones y la consejería ya está convocando nuevos concursos de estas características», advirtió Cuervas-Mons.
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Podemos cambiar las cosas pero moviendonos ya.