Pide más gasto para pisos de VPO y penalizar fiscalmente los vacíos
Una treintena de jóvenes de entre 25 y 35 años han creado la primera plataforma en Euskadi por una vivienda digna, que nace de las protestas de hace dos meses en toda España. La asociación, a la que están vinculados otros 400 jóvenes, quiere lograr la suficiente fuerza para que la Administración aborde sus peticiones. Reclaman más gasto para pisos protegidos y una presión fiscal que grave los vacíos.
La llamada Plataforma por una Vivienda Digna ha seguido el modelo de la constituida en Madrid hace dos meses. Es la tercera en España, junto a las de Madrid y Barcelona, y próximamente se les sumará otra en Valencia. Su gestación, afirman los promotores, fue espontánea: con motivo de las sentadas en demanda de viviendas, se reunieron 400 jóvenes en Bilbao, contactaron con el grupo de Madrid y, a través de Internet, convocaron una asamblea hace un mes, a la que asistieron una treintena de jóvenes.
La próxima semana se celebrará la segunda asamblea, en la que definirán sus primeras actuaciones, como una sentada el 26 de agosto durante la Aste Nagusia bilbaína. La plataforma se manifiesta apartidista. "No dependemos de ningún partido ni sindicato, ni dejaremos que nadie nos maneje", señalan varios de sus miembros. Éste es uno de sus fundamentos básicos: el otro es que trabajará "dentro de la ley".
Su filosofía parte del artículo 47 de la Constitución, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada. La plataforma ha elaborado un documento con 14 puntos, en los que reclaman un "drástico incremento" del gasto para vivienda protegida, un "enérgico aumento" de la presión fiscal sobre las viviendas vacías, la creación de una agencia de control del fraude inmobiliario y la supresión "progresiva y no retroactiva" de las desgravaciones fiscales para que no se prime la compra frente al alquiler.
"Éstas son nuestras ideas, pero los poderes públicos deben aportar las suyas, que es su trabajo", señalan. La constitución de la plataforma persigue conformar un grupo de presión "que obligue a incluir este tema en sus agendas. Que vean que hay un movimiento ciudadano fuerte", señalan sus miembros, quienes prefieren omitir sus apellidos "porque esto no es una organización jerárquica ni hay cargos que manden sobre otros".
La plataforma vasca se muestra crítica con la actuación del Departamento de Vivienda. "Lo que hace mucho es propaganda. La política de vivienda no puede basarse en la lotería de los sorteos. Debería incidir más en los pisos vacíos". La agrupación dispone de un web (www.viviendadigna.org) y edita un boletín de noticias.
España merece un discreto aprobado en su sistema de control del blanqueo de dinero, pero suspende en una asignatura muy importante: no hay una "adecuada supervisión" de las actividades que desarrollan los despachos de abogados, notarías, inmobiliarias, registradores, asesores, joyeros y casinos. Ese es el resultado del examen al que ha sido sometido por el Gafi (Grupo de Acción Financiera), el organismo intergubernamental especializado en la lucha contra el blanqueo de capitales. Los expertos del Gafi llegan a sorprenderse de que el organismo supervisor español, el Sepblac (Servicio el Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales) sólo dispusiera de dos inspectores para vigilar las actividades de estos profesionales. La redacción del informe final no ha estado a salvo de tensiones debido a las presiones de las autoridades españolas por salvar el aprobado, según reconocen fuentes cercanas al Banco de España.
De la importancia de algunos de estos sectores dan cuenta los últimos escándalos de corrupción destapados por la policía (operación Ballena Blanca y Malaya, entre otros) que han puesto en evidencia, precisamente, el papel protagonista que han desarrollado en actividades de lavado de dinero algunos despachos de abogados en colaboración con notarios, siendo el hilo conductor del movimiento de dinero el negocio inmobiliario.
El suspenso más importante que sufre España ante el Gafi tiene que ver con la falta de información y la escasa capacidad de supervisión de las actividades de despachos de abogados, notarios, registradores, auditores, expertos fiscales, joyeros, inmobiliarias e incluso casinos, que son sujetos obligados a informar de operaciones sospechosas en el marco de la lucha contra el blanqueo de capitales. "El informe viene a decir", comenta un experto, "que hay un auténtico agujero negro en estos sectores". El informe no sólo valora que estos colectivos producen escasa información y de escasa calidad, sino que pone énfasis en la falta de recursos del órgano de vigilancia (el Sepblac) para la supervisión de sus actividades: el Sepblac sólo dispone de dos personas para hacer tareas de inspección y análisis de la información recibida.
El informe se detiene en las actividades de estos grupos profesionales o negocios no financieros que pueden tener un papel importante en actividades relacionadas con el blanqueo de dinero. Estudia la legislación española y la obligación que tienen estos colectivos de informar sobre sus actividades cuando exista una sospecha de blanqueo, independientemente de la cantidad de dinero que esté en juego. El Gafi recomienda a España que mejore su legislación en este terreno, que profundice sus canales de supervisión y que colabore activamente con las asociaciones profesionales de dichos colectivos.
El informe repara en el escaso número de comunicaciones sobre operaciones sospechosas emitidas por estos colectivos, que asciende a 18 comunicaciones entre los años 2001 y 2004, y en la escasa calidad de la información que envían a los organismos supervisores. En el caso de notarías e inmobiliarias, el informe califica sus actividades como de mayor riesgo. Explica el Gafi que estos sectores son sensibles a operaciones relacionadas con "clientes residentes en paraísos fiscales, o procedentes de países o territorios que no cooperan en la lucha contra el blanqueo o en los que públicamente se conoce que hay organizaciones activas relacionadas con el crimen organizado". El informe señala que hay en España más de 3.000 notarios y cifra en 45.800 el número de inmobiliarias censadas, "de las cuales sólo 4.600 tienen más de tres empleados". El 70% de estas empresas están concentradas en Cataluña, Madrid, Andalucía y Valencia.
Hace el informe especial referencia a los notarios, a los que califica como una parte del sistema de prevención de blanqueo como funcionarios públicos y como sujetos obligados. El informe destaca que el Sepblac recibió 2.532 comunicaciones por parte de los notarios "que no contienen suficiente información como para calificarlas de comunicaciones sospechosas". El informe explica que, como sucede en otros países, en España los notarios no tienen comunicación entre sí y carecen de una base de datos de clientes, de tal manera que "no hay forma de saber si un cliente ha acudido a varios notarios en el mismo día". Aunque los notarios, a través de su órgano central (el Colegio General del Notariado), han puesto en marcha desde diciembre de 2005 un nuevo mecanismo para centralizar y mejorar la información, el informe señala que es muy pronto para valorar su eficacia.
El informe añade que el Sepblac no ha realizado todavía ninguna inspección en auditores, despachos de abogados, asesores y notarías. Sólo en 2005 se hicieron dos inspecciones en casinos y joyerías (hay más de 12.000 joyeros en España) por 13 en las inmobiliarias, con un número sensiblemente mayor de empresas.
Por ese motivo, el informe suspende a España en este terreno porque no existe "una adecuada supervisión". El informe resalta que "sólo dos personas (que han aumentado hasta cuatro y que pueden aumentar en un futuro) deben ocuparse tanto de hacer inspecciones como de analizar estas informaciones".
El Gafi es un organismo intergubernamental especializado en la lucha contra el lavado de dinero y al que pertenecen 31 países, además de la Comisión Europea y el Consejo de Cooperación del Golfo. Fue fundado en París en 1989 con ocasión de una cumbre del G-7 para estudiar medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo. El Gafi elaboró una lista de 40 recomendaciones que los Estados miembros se comprometen a cumplir, recomendaciones que fueron revisadas a partir de los atentados del 11-S en Estados Unidos, con la incorporación de otras nueve recomendaciones relacionadas exclusivamente con la financiación del terrorismo.
Los países miembros se someten cada año a unos ejercicios de evaluación y han de pasar también un examen global, más en profundidad. España, que presidió el Gafi en 2001, se había mostrado reticente en los últimos años a la evaluación global, según fuentes consultadas. Finalmente, el primer examen se ha producido y el informe final concluyó el pasado 23 de junio.
El examen de los expertos internacionales no ha estado exento de tensiones, puesto que había al menos 12 capítulos en los que España corría riesgo de merecer un suspenso. El balance final señala que, de las 40 recomendaciones, España cumple totalmente con 10, hay 14 que cumple ampliamente, 11 sólo parcialmente y tres en las que suspende. Sin embargo, los expertos no ocultan que, fuera de las calificaciones, los comentarios que desprende el informe son "duros y elocuentes en algunos casos. Siendo España un país de alto riesgo en esta materia, el balance no es para sentirse satisfechos".
BANCOS CORRESPONSALES: Agujeros negros en las cuentas en el extranjero
España no cumple en el control de cuentas de los corresponsales que tienen los bancos en el exterior. Se trata de cuentas en otras instituciones financieras que los bancos utilizan cuando no tienen sucursales en determinados países. El GAFI obliga a que se tenga información no sólo de los movimientos de estas cuentas, sino de qué personas o empresas están detrás de ellos, cuál es el origen de los fondos que manejan y qué actividad tienen sus titulares. Se trata de que los bancos apliquen a esas cuentas los mismos criterios que a un cliente en España, que no cumple en este aspecto. Según un experto, "éste es un problema que sufren muchos países a la hora de mover dinero hacia países poco democráticos o paraísos fiscales".
El GAFI critica en otro apartado que no hay medidas legales que prohíban a las instituciones financieras tener relaciones con los denominados bancos pantalla (en paraísos fiscales) que no ofrecen información de sus clientes. El informe determina que la legislación no cumple las recomendaciones del organismo y sostiene que debe existir una prohibición que impida a las entidades que sus cuentas en el extranjero sean usadas por esos bancos pantalla.
POLÍTICOS, CONCEJALES Y ALTOS FUNCIONARIOS: Falta de control de clientes "con perfil político"
El informe del GAFI concluye que "España no ha tomado medidas adecuadas" para una eficaz vigilancia de los "clientes de alto riesgo" o "personas políticamente expuestas". Algunos expertos hacen referencia en este apartado a altos funcionarios, "o simplemente a concejales o responsables de urbanismo". "Si hubiera un mayor control sobre sus cuentas o sus actividades económicas, quizás se hubieran podido evitar a tiempo recientes escándalos", afirma uno de ellos.
El informe hace especial mención a "las cuentas abiertas en España por gente con un perfil político alto, funcionarios o similares (directores de compañías públicas, etcétera) de países no democráticos, incluyendo sus familiares más cercanos, que reciben fondos del exterior que luego usan para adquirir bienes inmobiliarios o activos financieros de un alto valor".
A pesar de que la ley española recomienda un control de sus cuentas, no es suficientemente precisa para que los bancos se vean obligados a llevar a cabo dicha vigilancia. "En términos de aplicación tenemos serias dudas de cómo las instituciones financieras (y no sólo las más grandes) se sienten comprometidas a entender esa obligación".
61 imputados, 20 encarcelados y un fraude de miles de millones son las cifras de una operación que saltó a la luz hace tres meses
Los funcionarios de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, especialistas sobre la corrupción en Marbella, deben recurrir a cuadros y listados para seguir lo que ya conocen como 'embrollo malayo'. No en vano la operación, con apenas tres meses y medio de vida, se ha convertido en la mayor investigación contra la corrupción en la historia de Europa.
Desde que el operativo arrancara el 29 de marzo, 61 personas han sido imputadas: 30 empresarios -la mayoría constructores y promotores, aunque hay publicistas o ganaderos-, 20 políticos -dos ex alcaldes y 18 ex concejales marbellíes de GIL, PSOE, PA y tránsfugas-, seis abogados -'hombres de paja' del cerebro de la red, Juan Antonio Roca-, y 5 testaferros -todos al servicio de Roca-.
Veinte personas ya están en la cárcel por orden del juez Miguel Ángel Torres: 11 fueron miembros del Consistorio marbellí, cuatro empresarios, otros cuatro abogados del bufete madrileño Sánchez-Zubizarreta que gestionaba los negocios de Roca y una de sus testaferros más privilegiadas, Montserrat Corulla. Además, otros dos centenares de personas están o han sido investigadas, aunque no están detenidas ni imputadas.
Los agentes de la UDEF han bloqueado ya «varios miles» de cuentas en 60 entidades bancarias o financieras radicadas en España, los especialistas aún no han tenido ni siquiera tiempo de rastrear el dinero que salió al extranjero. A parte de las 120 empresas instrumentales que Roca gestionaba a través de los abogados y testaferros, la Policía tiene bajo vigilancia otro centenar de firmas sospechosas. Las investigaciones y las incautaciones se han extendido a Málaga, Murcia, Huelva, Madrid, Cádiz, Granada y Baleares.
La valoración inicial de que la organización pudo haber obtenido beneficios cercanos a los 2.400 millones de euros, cien días después podría haberse doblado. A la vista de estas cifras, la 'operación Malaya' ya ha igualado el volumen de los más importantes sumarios instruidos en la Audiencia Nacional, tales como la colza, 11-M, la célula española de Al Qaeda, EKIN, Gestoras Pro Amnistía, Batasuna o la 'operación Nécora'.
«Sistema concéntrico»
Aunque el número de detenidos se ha multiplicado desde el inicio de la operación y han aparecido decenas de «nuevos tentáculos» en la trama, los investigadores aseguran que la red mantiene un «sistema concéntrico» diseñado por el propio Roca, en el que él mismo es el «ojo del huracán». Mandos de la investigación apuntan que todos los detenidos tienen «relación directa» con el ex gerente de Urbanismo de Marbella y participaban de sus negocios ilícitos.
Unos cobraban a cambio de favores políticos -como los ex alcaldes Julián Muñoz y Marisol Yagüe, o la teniente de alcalde Isabel García Marcos-; otros pagaban comisiones para conseguir prebendas como se supone que hacían los constructores detenidos; otro grupo administraba los bienes y negocios de Roca, como hacían los abogados del bufete de Madrid o sus numerosos testaferros; y también había quienes se limitaban a ser asalariados del cerebro de la red.
La ejecutiva socialista apela a la progresividad tributaria para que los municipios designen gravámenes y deducciones por inmuebles en función del valor de suelo. La propuesta sugiere un mapa fiscal que amplíe la financiación local.
El PSOE quiere transformar en profundidad el modelo tributario municipal. La propuesta de reforma de la Ley de Haciendas Locales, que acaba de recibir el visto bueno de la Ejecutiva Federal, plantea una “ampliación del espacio fiscal” de los Ayuntamientos, hasta dotarles de un enfoque “propio”, bajo principios de “solidaridad” y objetivos de “suficiencia y autonomía” financiera de las localidades.
Este giro de 180 grados no sólo afecta a la “espina dorsal” del mapa impositivo, que el documento identifica con los tributos que gravan los inmuebles (IBI), las actividades empresariales y los vehículos, sino también a los “ingresos procedentes de las tasas, contribuciones especiales y precios”.
El documento base de la reforma del partido gubernamental, al que ha tenido acceso este diario, incide, sin embargo, de forma especial en el IBI, el “tributo municipal de más peso”, que debería convertirse en un tributo “más potente, flexible y equitativo”.
De ahí que la propuesta reclame que los “gobiernos locales” se acojan a la corresponsabilidad fiscal y asuman el poder de diseñar los “tipos de gravamen y beneficios fiscales de este impuesto, de acuerdo con las preferencias y la estructura social del municipio”. Incluso aconseja ir más allá, al reclamar que sean las propias alcaldías las que “introduzcan tipos diferenciados y progresivos con los que gravar las prácticas especulativas”.
El PSOE, que defiende la actualización del valor de referencia sobre el que se calcula el IBI, para adaptarlo a las subidas del precio de los inmuebles (ver EXPANSIÓN del pasado 27 de mayo), desea que los avances hacia la cogestión y la autonomía fiscal local se traduzcan, de forma aparejada, en un mayor grado de responsabilidad de los ayuntamientos por la presión fiscal de ciertos impuestos.
La Secretaría de Política Municipal Socialista, que dirige Álvaro Cuesta, plantea enterrar la reforma del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) de 2002 del Ejecutivo Aznar por su carácter “injusto y discriminatorio”, de forma que recupere su “equidad”, sustituya la cifra de negocio por un umbral de beneficios –mínimo exento– en su base imponible, y se ciña sólo a los negocios que se ejerzan de forma habitual y no ocasional.
Para el impuesto local de los vehículos, propugna gravar no sólo la matriculación, sino también conceptos medioambientales como, por ejemplo, el nivel de contaminación. Sobre la tributación de las construcciones, se solicita la inclusión de un sistema de módulos sobre costes de obras, con objeto de que “los contribuyentes sepan con antelación y certeza el alcance del impuesto y se eviten la proliferación de recursos”. También en esta tercera fuente financiera, el PSOE declara su intención de ceder la fijación del tipo impositivo a las autoridades locales.
Estructura de financiación
Pero la propuesta de reforma no se reduce sólo al ámbito impositivo. Abarca, además, el futuro marco financiero, en pleno debate sobre la futura asignación de recursos en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La cúpula socialista da por seguras varias peticiones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a Economía.
Como la creación de un fondo de solidaridad para localidades inferiores a 20.000 habitantes o el pago, por parte del Estado, de la deuda histórica por “servicios impropios” realizados por los ayuntamientos en las últimas décadas que, según cálculos de la FEMP roza los 60.000 millones de euros, aunque la cifra la está valorando ahora el equipo del vicepresidente Pedro Solbes.
El PSOE pide que “no se quede ni una sola competencia sin financiación” dentro de un esquema con compromisos autonómicos para “provisionar de suficiencia financiera a los gobiernos locales” y el papel “activo” del Estado para estimular este esfuerzo regional, que “evite los criterios de arbitrariedad y discriminación local en repartos de fondos que se detecta en las comunidades gobernadas por el PP”, critica la propuesta socialista.
La dirección federal solicita que las transferencias de recursos se realicen con ingresos presupuestarios de las Comunidades Autónomas (PICA), como adelantó EXPANSIÓN el 31 de octubre de 2005.
El Servicio de Estudios del BBVA cree que el mercado inmobiliario ha cogido aire en el primer trimestre de 2006. El precio de la vivienda ha crecido un 12% en ese periodo, lo que puede provocar, a su juicio, un mayor riesgo de un 'ajuste o aterrizaje brusco' ante la subida de tipos y el aumento del endeudamiento familiar.
El Servicio de Estudios del BBVA ha sido el último organismo que ha salido al paso de los datos ofrecidos por el ministerio de Vivienda, que apuntaban hacia una desaceleración del precio de la vivienda. El departamento dirigido por Trujillo, que a finales de semana dará a conocer los precios del segundo trimestre, señaló que había empezado un aterrizaje suave del precio de la vivienda libre, al situarse en un incremento del 12% en los tres primeros meses del año.
Aunque coincide en la cifra (un 12% en el precio de la vivienda nueva y usada durante el primer trimestre de 2006), el informe Situación Inmobiliaria asegura que el mercado inmobiliario ha experimentado un renovado dinamismo, lo que, a su juicio, podría propiciar un retraso en el ajuste del precio del mercado inmobiliario y un incremento del riesgo por el hecho de que la corrección pueda ser más brusca en el futuro, ante la subida de tipos de interés y el mayor endeudamiento de los hogares.
El estudio hace una comparación entre la situación del primer trimestre de 2006, en el que los indicadores relacionados con el mercado inmobiliario (ocupados en construcción, número de viviendas iniciadas, consumo de cemento y precio de la vivienda) han experimentado un fuerte crecimiento, frente a un escenario a corto plazo, con los tipos de interés al alza, con un aumento de la deuda de las economías familiares y de las cargas financieras de los hogares, 'en el que se podría producir finalmente una ajuste más brusco e intenso del previsto'.
Los más afectados por ese ajuste serían las economías familiares. Un buen dato es el deterioro que ha sufrido el indicador que mide el acceso de las familias a la vivienda. Si un hogar necesitaba en 2005 los ingresos brutos de 5,2 años para acceder a una vivienda, un año después el porcentaje ha subido hasta el 5,6%.
A pesar de ello, cree que el impacto de la subida de tipos será gradual, 'lo que debería permitir a los hogares ajustarse paulatinamente a las nuevas condiciones financieras'. De hecho, el estudio señala que la capacidad de compra de los hogares ha alcanzado su nivel máximo de los últimos doce años, ya que se situará a finales de 2006 en torno a los 210.000 euros de media para una vivienda de 90 metros cuadrados.
Los datos del BBVA coinciden con los anunciados recientemente por los Colegios de Registradores y la Sociedad de Tasación, que apuntan hacia un repunte del precio de la vivienda.
Familias. El 72% de la deuda está referenciada a interés variable
El cambio de sesgo de la política monetaria del Banco Central Europeo, con previsible subidas de tipos de interés, y el aumento del endeudamiento familiar para la adquisición de vivienda sitúa a las familias, según el estudio, en una posición de mayor vulnerabilidad que en el pasado.
Otro dato a tener en cuenta es que el 72% de la deuda vida de las familias españolas está referenciada a un tipo de interés variable, lo que supone, 'que aún sin la asunción de nueva deuda, las familias van a necesitar más recursos para hacer frente a su endeudamiento'.
A pesar de ello, el informe se muestra optimista, al prever que la subida de tipos será gradual, 'lo que permitirá a las familias acomodarse al incremento de su carga financiera'. Este indicador podría crecer 2,6 puntos porcentuales sobre la renta disponible en los dos próximos años.
Precio. La falta de suelo reduce la actividad en las grandes ciudades
El precio de la vivienda no ha crecido de forma uniforme en todas las comunidades autónomas. El estudio señala que el incremento ha sido mayor en Cataluña, Comunidad Valenciana y el País Vasco, lo que, a su juicio, rompe la senda de moderación de los precios que se venían observando en los últimos ocho trimestres.
También subraya el fenómeno del descenso de promociones inmobiliarias en grandes ciudades como Madrid, dónde el número de visados ha descendido un 30% en los últimos tres años. La falta de suelo urbano ha provocado el traslado de la actividad constructora a municipios o provincias limítrofes, como demuestra el hecho de que el mismo indicador se ha duplicado en el mismo periodo de tiempo en las provincias limítrofes.
Este efecto frontera, dice el estudio, también es apreciable en ciudades de menor tamaño.
Una de las grandes fortunas es sacada del anonimato por el escándalo de Seseña y a sus amistades populares y socialistas no les llega la camisa al cuello pensando en lo que se les viene.
Es el hombre de moda de este verano, y no lo lleva muy bien. Acostumbrado a disfrutar del anonimato, haciendo gala de ser un hombre del pueblo, tras su fachada de tipo llano se esconde una de las grandes fortunas de España. Francisco Hernando Contreras, conocido como El Pocero, ha atraído sobre sí la atención de los medios. Y no precisamente por algo que a él le guste. Sus actividades han despertado una curiosidad malsana para sus negocios, que abarcan desde la construcción hasta la náutica, pasando por la aviación. A título de anécdota, fue él quien cedió el avión necesario para los traslados de Rocío Jurado.
Este madrileño del barrio de Tetuán, de 61 años, ha acostumbrado durante su biografía como empresario a pasar desapercibido ante el gran público. Otra cosa es que El Pocero no guste del lujo y de la ostentación. Él mismo pregona que su fortuna, valorada por el Banco de España, se sitúa en los 180.000 millones de pesetas. Hasta hace poco más de un mes, su yate Clarena atracaba en el puerto deportivo de Puerto Portals, en Palma de Mallorca. Hasta que los concesionarios del puerto, los Graf, maniobraron para echarle de allí como consecuencia de la guerra que mantiene por la compra de esa concesión.
Un asunto que se encuentra en los tribunales y que es la comidilla del todo-Mallorca. Al fin y al cabo, el desalojo del Clarena, una mole de 46 metros de eslora con la que, a depósito lleno, puede atravesar el Atlántico, supone un palo para sus relaciones sociales.
Porque El Pocero es un hombre de evidentes relaciones. Los veraneos baleares y la enormidad del Clarena han hecho por él más que cualquier relaciones públicas. Por el buque han pasado desde el Rey de España hasta Eduardo Zaplana. Un lugar de excepción, aseguran, para sellar negocios y conocer gente útil de cara a los mismos.
O al menos así era hasta el verano pasado. Porque éste podría ser muy distinto. La espectacular puesta de largo de Hernando en la vida pública y la expulsión del Clarena -aún conserva otra nave en Puerto Portals, el Clara, de menor calado– pueden contribuir a rebajar sus relaciones. Con la que le está cayendo a Hernando, lo que menos interesa es salir en la foto junto a él. Nadie duda de que los movimientos del constructor son seguidos con lupa. Para muchos, y especialmente para algunos en el PP y en el PSOE, se ha convertido en una amistad peligrosa.
Entre Bono y Zaplana
Dos ex ministros de distintos partidos y gobiernos se encuentran en el punto de mira por sus presuntas relaciones con El Pocero, que ambos han negado una y otra vez. Sin embargo, al ex presidente de Castilla-La Mancha y ex titular de Defensa, José Bono, que autorizó las obras de Seseña durante su mandato, le han desmontado la negativa. La empresa de Hernando llevó a cabo las obras de una hípica en la que Bono cuenta con participación.
En los mentideros políticos, económicos y periodísticos de Madrid ha empezado a correr como la pólvora la especia de que Bono dejó el Gobierno por su relación con Hernando: José Luis Rodríguez Zapatero no habría estado dispuesto a amparar a su ministro ante lo que podría venírsele encima.
Otro que tal baila es el portavoz parlamentario del Grupo Popular, Eduardo Zaplana, que anda desesperado por negar cualquier vínculo con el constructor y despeja balones hacia su amigo periodista, ex director de RTVE y ahora alto cargo de Telefónica, José Antonio Sánchez. Pero lo de Zaplana es punto y aparte. Una firma y una chapa, en el argot militar, le persiguen. La sombra de El Pocero es alargada, y se proyectó en los despachos enmoquetados de un Ministerio de Trabajo capitaneado por el de Cartagena.
Una medalla que escoció en el PP
Era el año 2002 y Carlos García Cano decidió hacerle un regalo a su consuegro. Nada de extraño para quienes mantienen una excelente relación. Pero la cosa cambia si resulta que García Cano, por aquellas fechas, era jefe de gabinete del subsecretario de Trabajo, Marino Díaz Guerra, y su consuegro, Hernando Contreras. El cargo del Ministerio había emparentado con el constructor tras la boda de su hija con uno de los hijos de El Pocero. Aprovechando la situación, ¿por qué no recompensar a un hombre que había conseguido una fortuna a base de esfuerzo?
A todas luces, fue García Cano quien inició la tramitación para la concesión de la Medalla al Mérito en el Trabajo para Hernando el 18 de noviembre de 2002. Su jefe inmediato, Díaz Guerra, se encargó de "mover" el asunto. Poco importaba que chirriase el hecho de que un cargo ministerial promoviese una concesión, y de que el expediente, según parece, apenas abarcase poco más que el currículo del constructor. La palabra incompatibilidad no se asomó por Trabajo.
Por lo demás, la historia es conocida: la concesión aparece publicada en el BOE con fecha de 27 de marzo de 2004 tras haber sido firmada por Zaplana el 19 de marzo, apenas cinco días después del batacazo electoral del PP y a ocho de los atentados de Madrid. Hay quien asegura que el ministro rebajó las tintas de la petición de García Cano. "Mi consuegro se lo merece todo", debió de pensar. Y pidió la medalla de oro. Zaplana, más prudente, sólo se avino a concederle la de plata.
Cualquier partido, cualquier ministerio, es un patio de porteras. La concesión llegó a oídos de dirigentes del PP y cayó como una bomba en los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y Villaviciosa de Odón. Allí, los populares todavía recordaban las andanzas de Hernando a mediados de los 80 y principios de los 90. Las amenazas a Aquiles Aparicio por el cierre de la planta hormigonera de Hernando en Boadilla; el acoso a la alcaldesa Pilar Martínez; la creación de un partido, Renovación Democrática, financiado por Hernando para apoyar sus intereses en Villaviciosa… y la declaración de persona non grata al constructor, su condena judicial, etc.
De Villaviciosa y Boadilla, El Pocero salió trasquilado. Después se reharía de nuevo, con el apoyo de otros alcaldes populares como Ricardo Romero de Tejada en Majadahonda y Bonifacio de Santiago en Las Rozas. Al menos, eso es lo que afirman algunos peperos en voz baja.
El "pelotazo" de Seseña
A 36 kilómetros de Madrid se ubica esta localidad toledana, en pleno trazado de la carretera de Andalucía. Enclavada en la llanura de Toledo, el origen de este municipio parece remontarse históricamente a un pequeño poblado prerromano. Hace casi setenta años, los duros combates de la Guerra Civil dañaron seriamente el pueblo. Los equipos de reconstrucción de la posguerra levantaron Seseña Nuevo, un enclave provisional para realojar a la población mientras el núcleo histórico era vuelto a edificar. Hoy día ambos conviven, y, como entonces, otros equipos de obreros han llegado a Seseña para levantar una Las Vegas en versión toledana.
Un buen día Hernando fijó su vista y comenzó a edificar. La moda de los adosados saltó de Valdemoro y Pinto hasta Seseña. Pero, ¿por qué quedarse sólo en eso? ¿Por qué no construir una ciudad residencial que supusiera la culminación de su carrera y un autohomenaje? Al fin y al cabo, Hernando estaba acostumbrado a bregar con ayuntamientos y ladrillos, aunque sus métodos no fuesen –dicen- muy éticos. ¿Qué iba a parar a un hombre hecho a sí mismo, al chico de Tetuán y Vallecas, al protagonista de un Viaje al fin de las alcantarillas en las que había visto, según su biografía oficial, desde fetos a cadáveres y todo tipo de despojos?
Consiguió los permisos y se puso manos a la obra. Tanto la Junta castellano-manchega (Bono, ¿recuerdan?) como el Ayuntamiento, entonces con el PSOE al frente, dieron su bendición al proyecto. El reclamo era hacer una ciudad dormitorio de Madrid en Toledo. Para ir ahorrando tiempo, Hernando se puso manos a la obra. Primero, el ladrillo, después, el resto. O sea, las infraestructuras. Quienes se han acercado hasta allí no dudan en decir lo mismo: "Es un erial, un desierto, no hay nada". No resulta agradable andar por aquellos andurriales con este tiempo, con el Sol cayendo a plomo y sin una gota de agua.
Residencial Hernando… el seco
Ahí está el principal problema de la megalópolis de El Pocero: en el agua. El constructor arrastra ya una denuncia del Canal de Isabel II por un presunto robo de agua en Aranjuez. Allí, las cisternas llenan sus depósitos y ponen proa a las obras de Seseña. Sin este suministro, no se puede construir. Uno de los compromisos con la Junta pasaba por garantizar el agua si Hernando construía dos mil viviendas. Las 13.500 de su residencial superan con creces esa cifra, pero el agua sigue sin llegar a El Quiñón, donde se ubican los edificios. En los primeros seis meses de 2007 deberá comenzar la entrega de los pisos y el abastecimiento hidráulico no está asegurado. Y esto le pone nervioso a Hernando, que según ABC (el mismo diario en el que se hablaba de "una enorme caja fuerte del tamaño de un vestidor" repleta de "cintas de casete con grabaciones" en dependencias empresariales del constructor), ha enviado una carta a José María Barreda instándole a cumplir su compromiso.
Si a esto se suma la hostilidad del alcalde actual, Manuel Fuentes, y la campaña de IU, que ha llevado el asunto hasta la Fiscalía Anticorrupción, más la irrupción en tromba de la prensa, se comprenden las prisas de Hernando. Veremos en qué para este asunto que, desde luego, va a dar mucho que hablar. Y que escribir.
Se cierra el círculo. El abogado Severino Martínez Izquierdo, socio de Montserrat Corulla -la presunta testaferro de Juan Antonio Roca- en la inmobiliaria El Ángel de Tepa, es consejero de la Mutua de Seguros Pelayo, que a su vez ha tenido relaciones mercantiles con uno de los socios de la trama vasca de empresarios que opera en algunas provincias andaluzas, Murcia y Madrid.
En concreto, el empresario Ignacio Lasa Georgas fue liquidador en 2002, junto al presidente de Pelayo, José Boada, de la sociedad inmobiliaria Mupelsa, creada por la aseguradora en 1999. Lasa Georgas ha sido apoderado de una sociedad ya disuelta denominada Promociones de Edificaciones Industriales, en la que también actuaban como presidente y vicepresidente, respectivamente, los empresarios Luis Maya Galarraga y Francisco Javier Arteche Tarascón, cuyos nombres aparecen en la famosa agenda del ex gerente del Ayuntamiento de Marbella.
Maya y Arteche son los administradores de las sociedades mercantiles Lubide e Inversan, además de la empresa Yeregui, que promueve al 50% (con la Kutxa de San Sebastián) el polémico proyecto urbanístico Lo Poyo, situado en tierras de Cartagena (Murcia). Lubide es la sociedad que pagaba las facturas de Masdevallia, cuya gerente era Monserrat Corulla, la presunta testaferro de Roca, que permanece internada en la prisión de Alhaurin (Málaga) tras la primera redada de la 'Operación Malaya'.
El gerente de Lubide es, precisamente, Agustín Aguirre, administrador único de Aguirene, la sociedad que compró el viejo frontón Beti-Jai ubicado en una de las zonas más caras de Madrid. La abogada Corulla fue quien hizo las gestiones ante la Gerencia de Urbanismo para lograr el cambio de uso del espacio, de deportivo a residencial.
Sede en San Sebastián
Promociones de Edificaciones Industriales tenía su sede en la avenida de la Libertad número 17 de San Sebastián, exactamente la misma dirección que Obarinsa, otra sociedad inmobiliaria a quien el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía paralizó en 2004 y 2005 dos promociones inmobiliarias que preveían la construcción de 179 viviendas en total. El presidente de Obarinsa es Arteche Tarascón. En esa sede de la avenida de la Libertad de la capital guipuzcoana también tenía su domicilio Yeregui Desarrollo S.L, que a su vez tiene paralizada la construcción de 144 viviendas en Marbella por orden de los tribunales.
Una tercera sociedad tiene su sede en la avenida Libertad, 17, se trata de INAC Europa, cuyo presidente es Proinsa Desarrollo Siglo XXI, en la que figura como administrador único Agustín Aguirre, socio de Montserrat Corulla. Otra de sus sociedades, Sasti Servicios Inmobiliarios, absorbió a Agrícola Espartinas S.L, que está inmersa en un presunto caso de corrupción urbanística en esa localidad del aljaraje sevillano, investigado por la Fiscalía.
También tiene sede en esa dirección la sociedad Eusma Gestión, participada por Orsomina, representada por Ricardo Pichardo Rubira, el promotor del acuario de Sevilla. Pichardo y Maya Galarraga, a través de Orsomina SL y Proinsa Desarrollo Siglo XXI, son los administradores de Eusma Gestión. El principal accionista de Orsomina es el abogado y ex presidente del Betis Gerardo Martínez Retamero, dueño de un grupo de empresas inmobiliarias y ex candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Según datos del registro mercantil, las ventas del Grupo de Empresas de Desarrollo Inmobiliario Martínez Retamero han evolucionado de la siguiente manera: 60.687 euros en 2002; 3.892.295 euros, en 2003 y 6.360.179 euros en 2004. Y todo con una plantilla de dos empleados. Ricardo Pichardo, el socio de Maya Galárraga, es el administrador del grupo de empresas, con Retamero de presidente.
Suelo en el Norte de Madrid
Ignacio Lasa Georgas, el apoderado de Promociones de Edificaciones Industriales, la sociedad matriz de Obarinsa y por lo tanto socio de Maya y Arteche, es un promotor inmobiliario que tenía suelo en Las Tablas, un nuevo desarrollo urbanístico situado en el norte de Madrid. Sus relaciones con Severino Martínez Izquierdo se canalizarían a través de la Mutua Pelayo, de la que, como se ha dicho, el abogado es consejero. Martínez Izquierdo fue tiroteado en enero de 2005 cuando circulaba por los alrededores de su despacho profesional, en la calle Martínez Campos, de Madrid.
Según declaró en su día este letrado a El Confidencial, su implicación en la inmobiliaria El Ángel de Tepa se deriva de su papel de letrado de Inversiones Paduana, propiedad de la esposa y de los hijos de Pedro Román, ex primer teniente de alcalde de Jesús Gil en Marbella. Pese a su carácter de asesor legal, Martínez Izquierdo aparece en el registro como consejero delegado de El Ángel Tepa, exactamente el mismo cargo que Montserrat Corulla.
Corulla es administradora de Condeor, una sociedad tapadera de Roca envuelta en escándalos de recalificación urbanística en la localidad de Los Alcázares (Murcia). Según publicó El Mundo, Monserrat Corulla se presentaba como portavoz de un grupo de empresarios vascos que prefería mantenerse en el anonimato para evitar ser objeto de extorsión por parte de ETA.
El Ángel de Tepa tiene su sede en la calle Príncipe de Vergara 15, de Madrid, un edificio en rehabilitación propiedad de una sociedad denominada Mola 15. El representante de Mola 15 es Juan María López Álvarez, que es a su vez presidente de Eco Yeso Internacional, que en el Registro Mercantil aparece como presidente, a su vez, de la inmobiliaria El Ángel de Tepa, vinculada a Monserrat Corulla, presunta testaferro de Roca.
La ministra Trujillo se ha sacado una as de la manga con un anteproyecto de Ley del Suelo –intervencionista, sí, y necesario también- que ha provocado una virulenta reacción de los promotores inmobiliarios. En pleno debate sobre un sector que necesita transparencia como el respirar, el Banco de España se ha sumado a la fiesta, denunciando que la quinta economía de Europa consume la cuarta parte de los billetes de 500 euros en circulación en el Viejo Continente.
Ya el responsable de la Sección de Blanqueo de Capitales de la Policía Judicial, Eusebio Heredero, calificó el pasado verano de "escandalosa" la cifra de billetes de 500 euros que circula en España. La mayoría -que no se engañe nadie- viene el proceloso mar de las transacciones inmobiliarias, ese todo vale que sacude este país de cabo a rabo sin que hasta hoy nadie se haya atrevido a meterle mano. Entradas que se pagan en dinero negro, ventas en negro –faltaría más- antes de la escritura de las viviendas y ventas ante notario en las que una parte se cobra, como no podía ser de otra manera, en negro.
Y ahora resulta que llegan los promotores y ponen el grito en el cielo por el intervencionismo de una Ley que, aseguran, ni va a atajar la retención especulativa del suelo ni va a reducir su precio, ni el de la vivienda. Y lanzan esa perla que dice que “sólo la liberación del mercado de suelo” puede conseguir el milagro. Es decir, que todo el monte es orégano y que viva la madre que nos parió. Qué pena de promotores, que sólo pueden construir 500.000 viviendas anuales y además a precio de oro.
También se quejan de que la obligación de reservar el 25% de los suelos de un proyecto a vivienda –como quiere la ley- protegida encarecerá los precios. ¿Más todavía, señores, a pesar de que el índice de viviendas vacías en España está entre los más altos de Europa?
Habrá palos para que desde ningún ministerio se mate a la gallina de los huevos de oro, lo que cuestionaría la buena y sumergida buena salud de la economía española. Todo vale. Incluso acusar, como ayer hicieron los promotores, a los Ayuntamiento de financiar con el suelo “incluso en algunos casos las fiestas del pueblo". Mañana mismo propondrán suprimir las fiestas patronales para honor y gloria del ladrillo. Todo sea por el derecho de todos los españoles a una vivienda digna... e inasequible al menos para aquellos en cuyas carteras no se estilan los billetes de 500.
En los albores de este siglo las ciudades europeas están adquiriendo nuevas dimensiones, la Europa de las regiones se esta transformando vertiginosamente en la Europa de las conurbaciones. Las ciudades en general, de ser el centro de atracción de las zonas rurales han pasado a ser el centro de atracción de los países subdesarrollados. Los nuevos flujos migratorios están acelerando e incrementando los cambios sociales, económicos, culturales y políticos desde el ámbito local. En consecuencia, la ciudadanía que habita las ciudades también está adquiriendo nuevas dimensiones, haciendo que se supere el concepto tradicional de ciudad, municipalismo y de la participación del ciudadano en las políticas locales.
Así, mientras los profesionales de la política debaten sobre las reglas por las que han de regirse naciones y estados, la ciudadanía promueve en el ámbito local nuevas demandas y relaciones que no disponen del marco legal adecuado y, en especial, la creación de nuevos espacios vitales donde converge la diversidad en barrios y ciudades.
París, la capital de Francia, es en lo que va de año una buena referencia de la explosión de esos cambios que se están produciendo en el ámbito local.
Aunque resulte paradójico, en la era de la aldea global y de las comunicaciones los cambios sociales más relevantes del momento actual se producirán en el ámbito local, entre otras razones, porque cada día más individuos desarraigados necesitarán identificarse y echar nuevas raíces.
La falta de respuestas desde los gobiernos municipales a las renovadas y diversas demandas sociales está obligando a que los ciudadanos se organicen de formas muy diversas e incluso violentas, consecuencia de su diversidad cultural, étnica, económica y política, lo cual esta superando las capacidades de las organizaciones dominantes de carácter político y sindical.
En estos nuevos escenarios, el territorio, y en especial el suelo y el vuelo, como materias primas fundamentales de los planes urbanísticos que conforman el espacio físico en el que se realiza el municipalismo adquieren cada día más importancia.
Desde siempre el urbanismo ha sido la esencia del municipalismo y entorno a él se han movido los diferentes poderes políticos y económicos, muchas veces coincidentes en sus intereses especuladores y otras pugnando por ellos. Históricamente se ha puesto en evidencia que el urbanismo ha «servido» fundamentalmente a los grupos de poder, tanto económicos como políticos.
En conclusión, desde que la ciudad existe los especuladores nos han estado usurpando las plusvalías que en ellas se generan.
Ahora estamos comenzando a vivir una nueva era, la de las conurbaciones. En ella, ciudad y urbanismo están alcanzando una nueva dimensión, sobre la que es necesario reflexionar, para controlar este fenómeno que puede llegar a producir aún mas cantidad de especulación, fraudes, desigualdades, y bolsas de marginación.
La delincuencia que está aflorando en torno al urbanismo no es una casualidad, son diversos los factores que la están alimentando, por supuesto contando siempre con personajes sin escrúpulos dispuestos a «servirse del bien común» y que encuentran en los partidos políticos un lugar donde atrincherarse para conseguir mas fácilmente sus miserables objetivos.
Desde el siglo XIX los trabajadores se organizaron para evitar ser explotados por la figura genuina del capitalismo, que era el empresario. En esa lucha los sindicatos han conseguido reducir el excesivo valor del producto del que injustamente se apropiaba el empresario: reducción de jornada, mejoras en beneficios sociales y salario.
En el siglo XX ha ido emergiendo una nueva figura de explotación del trabajador como ciudadano: la ciudad que él ha creado. A medida que la ciudad crece, explota más al ciudadano, generando más capas sociales ubicadas en anillos territoriales coincidentes con las plusvalías que se generan.
En la actualidad, una de las fuerzas más genuina del capitalismo más dañino, el especulador, se genera mediante el urbanismo. El mercado urbano es tremendamente selectivo. Es el mecanismo de explotación de los ciudadanos que habitan en las ciudades, más generalmente extendido y agresivo del mundo desarrollado.
La ciudad es así hoy, más que nunca, una fábrica de producción de plusvalías y en ella los ciudadanos debemos luchar contra la explotación a la que estamos sometidos por quienes dominan la ciudad y la exprimen para extraer más plusvalías y apropiarse indebidamente de ellas mediante la especulación.
Razón de más para exigir que se desarrollen las normas necesarias que acaben con la especulación urbanística que está expresamente prohibida en nuestra constitución y conseguir, además, que las plusvalías se distribuyan entre la comunidad que las produce, tal como se establece en el artículo 47 de nuestra Constitución:
«Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos».
Las plusvalías urbanísticas están determinadas fundamentalmente por la localización del suelo y su capacidad de vuelo y su valor depende de la distancia al centro (coste del desplazamiento), el nivel de servicios (oferta) y la densidad de población (demanda).
Pero, ¿quién da valor al territorio, quién produce las plusvalías?
Nosotros, todos los ciudadanos, con nuestros impuestos financiamos los equipamientos, todos pagamos lo mismo por el agua, por el saneamiento, por la luz pública, por la viñeta, etcétera. Los más desfavorecidos pagan lo mismo con mucho más sacrificio y, a cambio, reciben menos servicios, tienen más problemas de movimiento y de acceso, tienen menos equipamientos y, encima, obtienen menos plusvalías. Al mismo tiempo, la ciudad es una fábrica que produce costes (contaminación, delincuencia), beneficios (servicios agregados) y plusvalías.
En consecuencia, en la ciudad se requieren políticas urbanísticas mas acordes con el momento actual. En primer lugar, se requieren políticas que permitan que la ciudadanía recupere mediante inversiones en servicios públicos el cien por cien de las plusvalías que se producen por la recalificación del suelo.
Y, además, para dar respuesta a los nuevos escenarios, el municipalismo debería renovarse e incorporar a sus objetivos:
a) Distribuir la ciudad, extendiéndola y ampliando el centro: promoviendo que los servicios administrativos, el comercio, empresas de servicios, etcétera, se extiendan por otros barrios, construyendo múltiples ciudades dentro de la ciudad, la de los residentes, la de los servicios, la del comercio, la de la Universidad, la de los grandes equipamientos: la del deporte, la de los congresos, la del ferial, etc.
b) Distribuir los equipamientos de forma igualitaria: que en todos los barrios exista el mismo nivel de equipamientos (polideportivos, escuelas, parques, calles, centros culturales, oficinas municipales, etcétera) para ser así los ciudadanos más iguales.
c) Reducir las diseconomías que se producen en la ciudad: consecuencia fundamentalmente de las contaminaciones ambientales y de las diferentes manifestaciones de la inseguridad (laboral, tráfico, sanitaria, delincuencia).
d) Nuevos servicios públicos: las nuevas ciudades generan nuevas necesidades, en especial como consecuencia de la incorporación de la mujer a la igualdad con el hombre y también como consecuencia de jubilaciones más tempranas y esperanza de vida más alta.
e) Introducir mecanismos fiscales de corrección del incremento del valor del suelo, para devolver a la sociedad en forma de equipamientos el valor del suelo que los propios ciudadanos han generado.
Desde la izquierda estamos obligados a buscar fórmulas que hagan la ciudad de los ciudadanos, no la ciudad contra la mayoría de los ciudadanos, como pretenden las teorías «liberales», donde la ciudad se transforma en una jungla donde los mas fuertes expulsan a los mas débiles a los arrabales, allí donde nunca llegan los equipamientos y los servicios porque la propia ciudad que hacen los poderes públicos los ha hecho mas pobres entre otras cosas porque disponen de menos plusvalías.
Desde la izquierda estamos obligados a realizar un esfuerzo por mejorar el futuro, avanzar hacia una calidad de vida igualitaria en las ciudades, donde se distribuyan de forma equitativa entre todos los ciudadanos las plusvalías y los servicios que en la ciudad se generan, haciendo que la ciudad sea de todos los ciudadanos por igual. Seremos más ciudadanos en la medida en que adquiramos conciencia de que la ciudad en la que vivimos es en parte nuestra y, en consecuencia, tenemos derecho a que se nos restituya bajo la forma de más y mejores servicios públicos, las plusvalías que en ella se generan. En las nuevas ciudades, todos estos objetivos sólo se podrán cumplir si se introducen mecanismos de participación permanente de la ciudadanía en todos los ámbitos y sectores de la política municipal, tanto en la definición de objetivos, como en la toma de decisiones y en el control de su realización. De no ser así, los políticos estarán más a resolver sus problemas que los de la ciudadanía que los ha elegido.
Hay una serie de listos que se están forrando a costa de un recurso que, aunque registralmente sea de pocos, acaba siendo de todos.
Los economistas califican la especulación como el proceso por el cual un inversor asume una posición de riesgo esperando un beneficio, normalmente a corto plazo cuando se trata de activos, resultante de la fluctuación del precio del bien adquirido. No obstante, la bulimia inmobiliaria del país, los escándalos políticos y judiciales conocidos o latentes y, a buen seguro, el planteamiento de los medios de comunicación en su acción fiscalizadora han conferido al término un evidente carácter peyorativo. La especulación como problema público se asocia inexorablemente al urbanismo, a la vivienda y sus derivados o, al menos, no parece preocupar en igual medida cuando se refiere a los mercados de valores o de futuros. En los parqués está comúmente admitido que los inversores se la juegan, ganan o pierden, pero apenas se tienen en cuenta las repercusiones sociales y económicas de sus decisiones. No así en el proceso de construcción de viviendas, donde además las decisiones tomadas en la Administración inciden de manera directa y no siempre positiva.
Bajo estas consideraciones generales, asistimos en los últimos meses a continuos mensajes de los poderes públicos para atajar los efectos perniciosos de la especulación inmobiliaria que son contrarrestados por la terca realidad. Una realidad que adquiere forma de incremento sostenido de precios o, peor, de corrupción política, para recordar que lejos de estar controlado, el fenómeno trasciende de lo meramente económico y adquiere tintes insoportables por alarmantes.
Esta semana se ha conocido, por ejemplo, que la Operación Malaya que se sigue en Marbella tiene muchas ramificaciones, más de las esperadas por algunos. Quienes creyeran que la ciudad de la Costa del Sol era una especie de hongo aislado en un bosque bucólico de paz y de honestidad estaban muy equivocados. Sólo hay que fijarse en la tipología de los 60 encarcelados hasta el momento. No hay únicamente políticos. Entre rejas se encuentran también funcionarios, abbogados y empresarios. Los últimos en entrar han sido el exalcalde Julián Muñoz, a quien no parece haber beneficiado en exceso su colaboracionismo con la Justicia, y los propietarios de la sociedad inmobiliaria Aifos. Los directivos de la compañía Jesús Ruiz Casado y Jenaro Briales están acusados de cohecho continuado por haber pagado hasta cuatro millones de euros al exasesor de Urbanismo del consistorio marbellí, Juan Antonio Roca para conseguir favores públicos en sus promociones.
El asunto, sin más connotaciones, ya sería suficientemente grave. Pero las tiene. Y cuando se descubre que Aifos posee intereses en otras comunidades, en el caso de Aragón a través de la firma Hogares Nuevos, el asunto toma otro tono. Presuponer que en las promociones que impulsa en Zaragoza, en Huesca, en Calatayud o en La Muela se haya podido producir alguna corruptela por la posible existencia de delitos en un entorno tan podrido como Marbella es gratuito. Pero no cabe duda de que el caso provoca inseguridad o dudas entre quienes, sin ir más lejos, han confiado en la firma investigada la entrega de una vivienda y entre las entidades que le financian. Y es lógico que en estos asuntos sea necesario depurar responsabilidades desde una intervención judicial decidida y contundente. Sólo de esta manera se conseguirá restaurar la confianza en el sistema, comenzando por los actores directamente relacionados con hechos tan execrables como los de Marbella. El caso de la ciudad andaluza debe servir no sólo para impartir justicia y dejar a la sombra durante años a una cuadrilla de chorizos. También ha de marcar un antes y un después en España, pues ha quedado demostrado que la verdadera corrupción en este país se está realizando desde los despachos donde se deciden cuestiones urbanísticas.
Y AHÍ ES DONDE hay que hablar sin ambages de la creación de sociedades opacas por parte de las instituciones para gestionar suelo normalmente público. Su existencia se justifica en las necesidades del mercado y en la lentitud de la Administración, sujeta por leyes tan afortunadamente severas como la de Haciendas Locales, a la hora de poner en movimiento recursos públicos. Lejos de convertirse en una herramienta de gestión tendente a atemperar el precio cuando se producen picos de demanda como el actual, estos organismos se han convertido más veces de las deseadas en una fórmula ideal para agilizar trámites urbanísticos y, de paso, reportar pingües beneficios al municipio. Cuando queda garantizada y confirmada la reinversión de las plusvalías generadas, no parece que nadie tenga nada que objetar. Pero en ese tránsito se están produciendo lagunas y sospechas fundadas de utilización espúrea de las herramientas, cuya propia naturaleza acaba entonces pervirtiéndose.
No se trata de lanzar una sospecha generalizada, pero sí de advertir de los riesgos de que casos como el de Marbella se reproduzcan en otros pueblos y ciudades de España. Para muchos, la Operación Malaya no es si no la punta de un iceberg en el que unos gestores chapuceros y no amparados por partido serio alguno creían encontrarse refugiados. Pero que nadie se equivoque. La sociedad española no puede contentarse con las medidas ejemplificadoras que un juez valiente está tomando en Marbella, pues existe la sensación de que con el suelo no sólo estamos haciendo prosperar el país a las espaldas de unos sufridos consumidores. Hay una serie de listos que están des prestigiando los nobles oficios de la política o de la construcción y se están forrando a costa de un recurso que, aunque registralmente sea de pocos, acaba siendo de todos.
Dice el refrán que no hay peor ciego que el que no quiere ver. La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, encaja a la perfección en esa definición. Trujillo insiste una y otra vez en que la escalada de los precios de la vivienda se está desacelerando, en un proceso de aterrizaje suave, hasta converger con la tasa de inflación, por supuesto gracias a su brillante gestión al frente de un Ministerio que no sirve para nada. Pero la realidad, tozuda ella, dice otras cosas que nuestra flamante ministra rechaza contemplar.
Trujillo avala sus argumentos con aquello de que a las estadísticas del Ministerio se les supone la veracidad, como el valor a los soldados cuando existía el servicio militar obligatorio. Pero sin poner en duda la buena fe de los funcionarios que elaboran dichas estadísticas, éstas pueden ser incorrectas por utilizar un método para su elaboración poco adecuado. Así, en el pasado, el Colegio de Registradores tuvo que revisar al alza los datos ofrecidos por Trujillo porque eran incorrectos y ahora puede volver a ocurrir lo mismo pero en sentido contrario. Según Trujillo, en los últimos tres meses el precio de la vivienda se ha incrementado el 10,6%, lo que representa 1,2 puntos menos que en el trimestre anterior. Eso le permite volver a afirmar que, gracias a la política del Ministerio, el precio de la vivienda está experimentado un aterrizaje suave.
Sin embargo, un informe del BBVA alerta de un desplome de los precios. Según el estudio, en el próximo año y medio el precio de la vivienda podría caer en torno al 10%, una tendencia mucho más coherente con una realidad tozuda que la ministra se empeña en no ver. Una realidad que dice, según fuentes bancarias, que en los últimos doce meses, el precio de la vivienda en Madrid capital ha caído un 7%. Este porcentaje es mucho más acorde con esa realidad a la que se refirió Trujillo hace unos meses, esa realidad de la aparición en los balcones y ventanas de las casas de carteles de "se vende", esa realidad que habla de la ampliación de tres meses a más de un año del plazo para vender una vivienda, esa realidad que habla de la aparición otra vez de los pisos pilotos, del parón sufrido por las nuevas promociones previstas para este año, de lo que ya empiezan a contar muchos promotores en el sentido de que los precios de venta que anuncian luego se tienen que negociar a la baja para poder vender el piso. Lo malo es que las estadísticas oficiales se hacen sobre la base del precio anunciado, no del final, y así Trujillo dice lo que dice.
Si todo fuera una simple cuestión de errores estadísticos, todo quedaría en una ministra, la de Vivienda, que no sabe qué suelo está pisando. El problema es que las cosas tienen un calado mucho más profundo, el que ha puesto de manifiesto el informe del BBVA. A Trujillo, seguramente, el informe le disgusta porque deja bien claro el fracaso de su política, ya que de aterrizaje suave se estaría pasando a desplome. Lo malo es que la realidad sugiere que el banco es quién tiene la razón. Los precios de la vivienda están cayendo, y amenazan con venirse abajo, debido a que en el pasado crecieron de forma desorbitada: entre 1980 y 2005 se multiplicaron por diez, debido a que el suelo en España no está liberalizado, algo que Trujillo rechaza corregir, como pone de manifiesto la recién presentada Ley del Suelo. Además, han alcanzado niveles imposibles de financiar por los sueldos de las familias, luego la lógica indica que debe producirse una corrección, que el BBVA estima en una reducción del 10% y The Economist en una caída del 32%. Y las circunstancias económicas, desde luego, indican que este escenario es el más probable, sea cual sea el porcentaje de bajada.
El petróleo –quién lo hubiera dicho hace cinco años– puede ser el elemento catalizador de la explosión de la burbuja inmobiliaria. Su cotización, que se ha multiplicado por siete en los últimos seis años, ha empezado a crear problemas con la inflación, lo que ha obligado tanto a la Reserva Federal como al Banco Central Europeo a subir los tipos de interés, lo que ha encarecido todavía más la adquisición de una vivienda a través de la financiación de la hipoteca. Sin embargo, los sueldos dan de sí lo que dan de sí y si una familia tiene que pagar más dinero por la letra mensual del piso a causa de los tipos de interés, entonces adquirirá casas más baratas. Por otra parte, la percepción de los españoles acerca de la evolución de la economía a medio plazo empieza a ser pesimista y en todas las encuestas de confianza de los consumidores, éstos contestan que ahora no es el momento de efectuar compras importantes. Y una vivienda es una de ellas.
Ante esta situación, quienes adquirieron una vivienda con el fin de obtener plusvalías ya están considerando que ha llegado la hora de vender y recoger las ganancias acumuladas. Todo ello es lo que explica la aparición de los carteles de "se vende piso" y lo que está detrás de una evolución de los precios mucho peor de lo que Trujillo dice. Además, puede haber un agravante. En Estados Unidos, el Reino Unido y otros países de la Unión Europea existe el temor a que la burbuja inmobiliaria explote de golpe, como lo hizo la burbuja de las tecnológicas y se hundan los precios. Si eso llegara a ocurrir, esa información llegaría a España y podría provocar la caída drástica de los precios. En consecuencia, todo apunta, en los próximos dos años, hacia un escenario bastante peliagudo en materia de vivienda, por mucho que Trujillo se empeñe en no querer verlo.
La ceguera de Trujillo está impidiendo que el Gobierno adopte las medidas precisas para que las consecuencias de la necesaria y saludable corrección de los precios de la vivienda no supongan una verdadera catástrofe socio-económica. Pero aunque no hay mal que por bien no venga, Trujillo no quiere ver esta segunda parte, que es la oportunidad de llevar a cabo la liberalización del suelo sin traumas, una liberalización en la que el Ejecutivo debe implicar a todas las comunidades autónomas, gobierne quien gobierne en ellas. Por desgracia, no va a ser así, como prueban la Ley del Suelo aprobada recientemente por el Consejo de Ministros, o la reforma de la Ley de Haciendas Locales que preparan los socialistas, que sigue sin resolver los problemas de financiación de las corporaciones locales, verdadera raíz del intervencionismo público sobre el suelo. Insisto, no hay peor ciego que el que no quiere ver y, encima, la ceguera de Trujillo se está contagiando a todo el Gobierno.
Esta es una de las conclusiones que se desprenden del Índice de Expectativa Económica elaborado por Sigma Dos con la colaboración de la empresa de tecnología Soluziona.
El impacto que la tendencia alcista de los tipos de interés en el endeudamiento de las familias es el principal riesgo economía española. Esta situación puede ocasionar a largo plazo un descenso en la capacidad adquisitiva y una desaceleración en el ritmo de crecimiento nacional.
Esta es una de las conclusiones que se desprenden del Índice de Expectativa Económica presentado por El Economista y elaborado por Sigma Dos con la colaboración de la empresa de tecnología Soluziona. Este informe analiza la situación económica del país fijándose en la perspectiva de los empresarios, los líderes de opinión y la población española.
José Luis Feito, economista de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y presidente de las concesionarias de autopistas, ha analizado este documento y asegura que la subida del precio del dinero afectará directamente a una economía familiar muy endeudada y cargada de hipotecas. “El riesgo es que la subida de tipos contraiga el consumo” y que esta situación “no pueda ser compensada con otros indicadores económicos”, según Feito.
"Si los tipos de interés del euro se ponen en el entorno del 4 por ciento, como parece que va a ser a finales del año que viene”, se podría producir en el año 2008, según Feito, “un cambio de ciclo a la baja”. La clave estará entonces en cómo se gestiona ese cambio y en los otros aspectos de la economía que evolucionan de forma positiva, como la inversión y, desde primeros de este año, el incremento de la exportación.
Las conclusiones del documento apuntan que la economía española no ha ido a mejor en el primer semestre e irá a peor en el que viene. El índice global entre las valoraciones positivas y negativas recogidas se situó para finales de junio en el 5,8 por ciento, el nivel más bajo desde el mismo mes de 2003, que fue cuando se empezó a elaborar este estudio de forma periódica cada semestre. La percepción sobre el futuro económico es ligeramente más negativa ahora que hace seis meses, a pesar de reconocer que la inversión y el crecimiento aún se mantienen fuertes.
Los empresarios y los líderes de opinión coinciden con valoraciones muy negativas para los tipos de interés y la elevada inflación, pero son más optimistas en lo que respecta a la evolución de las empresas. El índice microeconómico, según las empresas, está en el lado positivo para los próximos meses, frente al indicador sobre la evolución conjunta de la economía del país, que se coloca en el ámbito negativo, aunque todavía no sea algo muy perceptible en la situación actual por la fortaleza que tienen el consumo y la inversión. Tipos de interés, inflación y competitividad, son los parámetros peor valorados por empresarios, expertos y economías domésticas.
Para elaborar el Índice de Expectativa Económica, que analiza la situación de los seis meses pasados y las perspectiva que hay para los seis meses futuros, se han consultado a 1.500 personas de más de 18 años, a los directivos de 200 empresas y a 150 líderes de opinión pertenecientes, entre otros sectores, a medios de comunicación, universidades, escuelas de negocio y cámaras de comercio.
La presentación de este informe contó además con la presencia de Carlos Salas, director de El Economista; Carlos Malo de Molina, presidente de Sigma Dos y Luis Nicolás, director general de Estrategia de Soluziona.
Los riesgos de un 'ajuste brusco' en el mercado inmobiliario están aumentado. Así lo considera el Servicio de Estudios Económicos del BBVA, que considera que el inesperado "freno a la moderación" de los precios de la vivienda en los últimos meses ha incrementado el riesgo de una corrección "más intensa en el futuro".
"Mantenemos un escenario de ajuste gradual como el más probable, pero ha aumentado la probabilidad de un aterrizaje brusco [de los precios de la vivienda y de la actividad del sector]", según explicó José Luis Escrivá, director del servicio de estudios de la entidad.
Escrivá dejó claro que la posibilidad de se produzca una corrección intensa en el mercado inmobiliario es "pequeña", aunque resaltó que hasta ahora ni siquiera habían contemplado un escenario de ese tipo.
'Reversión de la tendencia'
"Los datos de los últimos meses nos han sorprendido", añadió. El BBVA destaca que se ha producido una "reversión de la tendencia" de desaceleración de precios en comunidades tan significativas como Valencia, Cataluña o Madrid.
Los precios de la vivienda subieron un 12% interanual en el primer trimestre del año respecto al mismo periodo del año anterior, según el Ministerio de la Vivienda. En el último trimestre de 2005, el ritmo de subida se había situado cerca del 10%.
Este repunte inesperado, unido a otros factores -como el crecimiento del ritmo en viviendas iniciadas o del consumo de cemento-, indican que hay algunas posibilidades de que se produzca un ajuste intenso de los precios de la vivienda.
Según el servicio de estudios, actualmente la probabilidad de que en el próximo año y medio se registre un descenso del precio de los pisos es "ligeramente superior al 10%". Esta probabilidad aumentaría al 40% en caso de que se registrara un encarecimiento del la vivienda del 20% en 2006.
Ante esta situación, el BBVA ha revisado al alza su previsión de subidas del precio de la vivienda para este año y 2007. En 2006, pronostica un aumento del 8%, frente al 4-6% previsto en un principio. Para el próximo año, la nueva previsión es del 4%, por encima del 2% inicial.
El endeudamiento de las familias españolas marcó en el primer trimestre de 2006 un nuevo récord histórico y se situó en 730.943 millones de euros, lo que equivale a más del 79% del PIB y supone un incremento del 19,2% en relación al mismo periodo del año anterior, según datos del Banco de España.
De esta manera, la deuda de los hogares supera por primera vez los 700.000 millones de euros y se acerca cada vez más al 80% del PIB español. Sólo entre enero y marzo, el endeudamiento de las familias creció en 30.948 millones de euros.
Los datos del instituto emisor ponen de manifiesto que continúa la aceleración del endeudamiento familiar, motivado por los bajos tipos de interés y el precio de la vivienda, que obliga a solicitar préstamos hipotecarios más altos.
El Banco de España considera que el motor principal del creciente endeudamiento familiar ha sido la fuerte expansión de la financiación para la adquisición de viviendas, normalmente con hipotecas contratadas a tipos de interés variable (este tipo de créditos suponen el 90% del total, según el INE).
Los datos del primer trimestre del año contrastan de forma considerable con la deuda de los hogares en 1998, que se situó en 253.042 millones de euros, lo que supone que el endeudamiento familiar se ha incrementando un 188,8% desde entonces.
No obstante y a pesar del importante endeudamiento de las familias, la riqueza financiera neta de los hogares también continúa creciendo. En concreto, ésta aumentó un 8,9% en el primer trimestre con respecto a igual periodo de 2005, hasta situarse en 885.894 millones de euros, sobre todo por la recuperación de los activos en acciones y participaciones en fondos de inversión.
PRESTAMOS LIGADOS A VIVIENDA
Los datos del Banco de España muestran que la deuda financiera de las familias creció fundamentalmente por el incremento del 21,7% de los préstamos a largo plazo, que se situaron en 649.538 millones de euros, lo que representa el 88,8% del total del endeudamiento de los hogares. Por su parte, los préstamos a corto plazo aumentaron un 16% en términos interanuales, hasta los 32.884 millones de euros.
Asimismo, los créditos comerciales y anticipos, que sumaron 26.294 millones de euros, se incrementaron un 3,92% respecto al primer trimestre de 2005. El resto de cuentas pendientes de pago por parte de las familias alcanzó los 22.227 millones de euros, un 13,6% menos.
Por su parte, los activos financieros de las familias españolas aumentaron un 13,3% en el primer trimestre, situándose en 1,61 billones de euros. Esta recuperación de los activos, algo más modesta que el aumento experimentado por los pasivos (19,2%), se debió, por un lado, al incremento registrado en el dinero en efectivo y depósitos en manos de las familias, que se situó en 608.064 millones de euros, un 10,7% más.
El BBVA alerta del riesgo de un ajuste brusco por la posible moderación de la demanda
La actividad inmobiliaria sigue batiendo récords en España. Las previsiones del Servicio de Estudios del BBVA sobre indicios de ajuste en las viviendas no se han cumplido. En el último informe sobre el sector presentado ayer por el banco, reconocen su error al estimar la construcción de 850.000 viviendas para este año, a pesar de que los precios han subido también por encima de lo esperado. Ese aumento de la llamada burbuja inmobiliaria presagia una mayor probabilidad de un ajuste brusco, porque coincide con una moderación de la demanda y una subida de precios más fuerte, del 8%.
Todos los indicadores alertaban de que este año iba a llegar por fin la corrección al sector inmobiliario, como ha ocurrido en la Bolsa, "pero los analistas nos hemos visto sorprendidos por la recuperación del dinamismo", reconocía ayer José Luis Escrivá, director del Servicio de estudios Económicos del BBVA, en la presentación del último informe de Situación Inmobiliaria.
La evolución de los precios en el primer trimestre del año por encima de lo esperado -un 12% de tasa interanual, según el Ministerio de Vivienda-, ha roto la tranquilidad y ha obligado a los expertos de la entidad financiera a corregir sus previsiones de desaceleración. Calculaban que el precio de la vivienda crecería a final de año entre un 4% y un 6% y han elevado esas cifras al 8%, mientras las del año 2007 pasan del 2% al 4,5% de crecimiento.
Otro dato sorprendente. El repunte de los precios en la Comunidad de Madrid, Cataluña País Vasco y la Comunidad Valenciana por encima de los del último trimestre de 2005, frente a la ralentización en Baleares y Canarias.
El escenario de ajuste gradual que se adivinaba para los últimos trimestres se aplaza, según Escrivá. El ladrillo mantiene el tipo. La demanda residencial por la caída estructural de los tipos hipotecarios, la formación creciente de hogares, sobre todo de inmigrantes, y el aumento de la renta de las familias dan un nuevo impulso al boom inmobiliario.
Caída de la accesibilidad
Pero el BBVA advierte de que los tipos de interés están aumentando, se ralentiza el impulso de la formación de hogares y desciende la inversión extranjera en segundas viviendas. De hecho, señala el informe, el aumento de los precios y las subidas del tipo de interés han generado un deterioro del ratio de accesibilidad a la vivienda, el más intenso de los últimos 11 años. Un hogar con ingresos medios necesitará en 2006 el equivalente a los ingresos brutos de 5,6 años para la adquisición de una vivienda media, frente a los 5,2 años necesarios el año pasado.
Con la actual y futura elevación de la carga financiera de la vivienda en los hogares, el informe apunta que "un aumento considerable de la oferta de viviendas en momentos en los que la demanda puede descender, llevaría a un exceso de viviendas en el mercado y ralentizaría la promoción residencial en el medio plazo".
Ayer mismo, el Banco de España informaba de que la deuda de las familias con las entidades de crédito superó en mayo pasado los 701.000 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 20% en un año. El grueso de esa deuda corresponde a los créditos hipotecarios que totalizaban 514.742 millones y un crecimiento interanual de 23%, el más bajo desde 2003.
El fuerte pulmón que ha exhibido el sector inmobiliario durante el primer trimestre del año -los datos del Ministerio de Vivienda sobre el segundo trimestre no estaban disponibles para el informe-, conducen a los analistas del BBVA a calcular que durante 2006 se iniciará la construcción de 850.000 nuevas viviendas en España, ya que en los 12 meses acumulados hasta abril de 2006 se han visado más de 807.000, un 6,6% más.
Impacto negativo
Tamaña oferta, a la que hay que añadir las viviendas nuevas de los últimos años, conducirá a una moderación en la demanda, augura el informe. Y a un ajuste brusco de los precios a medio plazo en una probabilidad del 10%. La dureza de este ajuste sería aún mayor -del 40%- si se acelerara el precio de la vivienda en un 20% en los próximos trimestres porque implicaría, a corto plazo, un impacto negativo de medio punto en el PIB para 2009, según Escrivá.
A pesar de este horizonte poco halagüeño, los analistas inmobiliarios del BBVA lanzaron un mensaje tranquilizador, porque "el entorno macroeconómico es favorable". Por eso prevén que la inversión residencial continuará creciendo este año a un ritmo del 7,6%, un punto y medio por encima del promedio de 2005. Y estiman que el impacto de los tipos de interés será gradual, lo que permitirá a los hogares ajustarse a las nuevas condiciones financieras.
Ignacio San Martín, del Servicio de Estudios del BBVA dijo que han intentado analizar la eficiencia de un sector que ha levantado en cinco años tres millones de viviendas. "Es difícil de medir", reconoció. Pero está claro que se ha ganado en tamaño y eso ha favorecido la salida al exterior de las empresas del sector. A quienes lo hagan les advierte de que en pocos países existen tantas garantías jurídicas para los promotores como en España.
Y aunque tanto San Martín como Escrivá eludieron pronunciarse sobre el proyecto de Ley del Suelo, señalaron que los intentos anteriores por desacelerar precios no tuvieron éxito y que cuanto más se interviene un sector, se generan monopolios y menos competencia.
El 'boom' inmobiliario ha alumbrado en pocos años a una variopinta generación de multimillonarios. La ebullición del mercado inmobiliario y la varita mágica de las recalificaciones de terrenos de rústicos a urbanos ha dado luz a una generación de nuevos ricos que en los últimos años han cosechado fortunas imponentes. Personajes como Enrique Bañuelos, Fernando Martín, Luis Portillo, Francisco Hernando, o los propietarios de Polaris, entre otros, han jugado las cartas necesarias para convertirse en los dueños del suelo: bien conectados con los ayuntamientos y con el apoyo del sector financiero, han sabido encontrar oro de donde otros sólo veían huertas y eriales. El auténtico negocio lo han hecho los propietarios de suelo. Algunas de estas aventuras empresariales están hoy en los tribunales.
En los años ochenta, el enriquecimiento fácil y la cultura del pelotazo llegó a España de la mano del mundo financiero. A finales de los 90, de la burbuja tecnólogica. De un tiempo a esta parte, los nuevos ricos están vinculados al boom inmobiliario. Un negocio que en 2005 movió unos 22.500 millones de euros, según el Ministerio de Vivienda, y que ha alumbrado, en poco tiempo y en muchos casos entre recalificaciones y planes urbanísticos a medida, una variopinta generación de nuevos ricos.
Promotoras y gestoras de suelo como Martinsa, Polaris, Astroc, Marina d'Or u Onde 2000 están empezando -algunas muy tímidamente- ya hacen sombra a constructoras e inmobiliarias tan consagradas como ACS, Ferrovial, FCC, Sacyr Vallehermoso, Acciona, Metrovacesa, Fadesa o Sacresa. Y nombres como Luis Portillo, Fernando Martín, Francisco Hernando, Enrique Bañuelos, Enrique Ortiz, Jesús Ger, Pedro García Meroño, Facundo Armero o Trinitario Casanova no sólo empiezan a ganarse un hueco al lado de los renombrados apellidos Koplowitz, Entrecanales, Del Pino, Rivero, Jové o Sanahuja: también comienzan a amasar grandes fortunas.
Si la Duquesa de Alba podía ir de Madrid a Sevilla sin salir de casa -en alusión a su gran extensión de tierras-, las bolsas de suelo de algunos de los nombres anteriores poco tienen que envidiar. Son los nuevos dueños de la tierra, los nuevos ricos alrededor del negocio del ladrillo.
El vallisoletano Fernando Martín, fugaz ex presidente del Real Madrid, es uno de los mayores propietarios de suelo a través de su grupo, Martinsa. El año pasado invirtió más de 666 millones de euros en compras de suelo, engrosando su cartera de más de siete millones de metros cuadrados repartidos entre Madrid, Galicia, Valencia, Castilla y León, Andalucía y Baleares. En 2005 ganó 145 millones de euros. Se le estima un patrimonio de 1.800 millones de euros.
La murciana Polaris World, otro caso, está especializada en lujosos resorts al más puro estilo de Florida (Estados Unidos). Se fundó en 2001 por Pedro García Meroño, un emprendedor que se fue a vivir a Miami y al regresar a España se unió a Facundo Armero, un pequeño constructor de Torre Pacheco. Las sospechas sobre todo un entramado de favores políticos desluce el gran milagro de la empresa: haber alcanzado en sólo cuatro años de vida una facturación de 500 millones de euros y una de las mayores carteras de suelo de España: nada menos que 40 millones de metros cuadrados.
La tierra se reparte entre unos pocos. En España, el 7% del suelo urbano de las ocho áreas metropolitanas más importantes está en manos de sólo 75 dueños. En Madrid, por ejemplo, una persona y tres empresas poseen el 4,27% de todo el suelo sobre el que se pude construir; en Sevilla, un particular y seis sociedades acumulan nada menos que el 18,36%, según un estudio del Ministerio de Vivienda, que se niega a revelar sus identidades. La creencia de que la Iglesia y el Ejército son los mayores propietarios de suelo en España puede empezar a tambalearse.
El perfil de los nuevos terratenientes es variado. Los hay con malas artes -amenazas incluidas-, los que presumen de sus riquezas y surcan el Mediterráneo con lujosos yates y aquellos que sienten aversión a su proyección pública.
La legislación urbanística valenciana -cuyo modelo resultante ha sido puesto en entredicho por Bruselas- ha favorecido crecimientos desorbitados de muchos promotores locales sin transgredir la norma, señala la consultora Richard Ellis.
Astroc, empresa fundada por Enrique Bañuelos, es el paradigma del enriquecimiento con el suelo: se encarga de la gestión de parcelas urbanizables y no urbanizables y su transformación en terreno urbano para su posterior venta o desarrollo.
Bañuelos, un saguntino de 40 años, ha sacado el máximo partido a la normativa valenciana de suelo y la figura del agente urbanizador: un promotor particular puede presentar un proyecto para urbanizar un terreno que no posee - un Plan de Actuación Integral (PAI)- y si el Gobierno local le da luz verde se adjudica todo el proceso de transformación en suelo urbano. Los propietarios del solar afectado, normalmente rústico, pueden elegir entre pagar a la empresa promotora del PAI o cederle terrenos a cambio de la urbanización llevada a cabo.
Sobre esta base legal, que ha sido reformulada recientemente, Bañuelos ha construido un pequeño y joven imperio: en 10 años ha presentado 37 PAI de 17,4 millones de metros cuadrados, lo que supone la construcción de 50.000 viviendas. Su reciente y existosa salida a Bolsa ha dejado boquiabiertos a los analistas. Astroc cuenta hoy una cartera de suelo de seis millones de metros cuadrados ubicados sobre todo en la Comunidad Valenciana. Con una estrecha relación con Bancaja en sus inicios, Bañuelos vive actualmente en Nueva York, cuenta con una poderosa fundación y, tras pisar el parqué, controla el 70% de la compañía, valorada en 1.600 millones de euros.
No quiere que le mezclen con la cultura de la especulación, de las malas artes alrededor del ladrillo. "Nosotros hemos salido a cotizar a Bolsa precisamente porque somos una empresa transparente y en el sector ya se está produciendo la depuración necesaria de los no profesionales o que operan con algún tipo de ilegalidad", remarca el consejero delegado de Astroc, Jon Palomero.
Más allá de la operación Malaya en Marbella, hay otros supuestos delitos urbanísticos. Izquierda Unida (IU) acaba de presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción para que se investigue a cargos políticos del PP y del PSOE por una recalificación masiva de suelo en Seseña (Toledo) a favor del promotor Francisco Hernando. Este madrileño nacido en 1945, conocido como Paco el Pocero, apenas aprendió a leer y escribir y hoy levanta en Seseña una urbanización de 13.500 viviendas que, una vez terminada, rondará los 6.000 millones de euros de inversión. El supuesto "pelotazo urbanístico" propició una plusvalía de 1.500 millones de euros, según denuncia IU. La futura ciudad de El Pocero -a quien Zaplana le concedió una medalla al trabajo- no tiene asegurado el suministro de agua y nace de un suelo rústico recalificado a urbanizable.
Mientras las empresas concentran sobre todo suelo urbano, los ciudadanos, fincas rústicas, como Franciso Hernando. En Málaga, por ejemplo, siete empreas acumulan el 10% de los terrenos urbanos y ocho personas el 16,4% del suelo rústico. La mayor concentración de propiedad en Andalucía es herencia del latifundismo.
Volviendo al levante, Jesús Ger es el padre del fenómeno Marina d'Or, la empresa que da nombre a una macrourbanización turística en el municipio castellonense de Oropesa del Mar y en el vecino de Cabanes con nada menos que 19 millones de metros cuadrados listos para construir miles de apartamentos, hoteles y campos de golf. La inversión asciende a 6.000 millones de euros. Ger, cuya empresa posee más de la mitad de esta superficie, llevaba comprando suelo desde los ochenta, pero no ha sido hasta hace tres años cuando su compañía ha experimentado una explosión en toda regla y el lema publicitario Marina d'Or, Ciudad de Vacaciones bombardea a todas horas en cadenas de televisión, radio y periódicos. No se conoce a cuánto asciende la fortuna personal de este empresario, catalán de nacimiento y afincado en Castellón, pero la expansión de su negocio y la relación con el Ayuntamiento de Oropesa (PP) ha despertado las suspicacias de grupos municipales como IU, azote de posibles irregularidades urbanísticas en toda España.
Estas conexiones no impiden que Ger se haya labrado su posición desde la estricta legalidad. "Jesús es el clásico emprendedor hecho a sí mismo", explica el director financiera de su empresa, Jesús Alejano. Ahora no quiere seguir el camino solo.
La Comunidad Valenciana ha soportado en los últimos años importantes recalificaciones y se han anunciado ocho importantes planes urbanísticos, como el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en Alicante hace un año, en el que se liberaron cuatro millones de metros cuadrados para uso industrial.
Destaca en la costa levantina la fuerte presión por comprar suelo de segunda residencia, el destinado al golf más hotel residencial, favorecido por el reclamo que supone la Copa del América, en 2007, y la fuerte entrada de pasajeros procedentes de aerolíneas de bajo coste.
Los vínculos políticos, probados en varios casos, especialmente en la Comunidad Valenciana y en Murcia, con casos como los de Enrique Ortiz, máximo accionista del Hércules y promotor del polémico plan Rabassa (Alicante) o el prudente Tomás Fuertes, dueño de El Pozo, en Murcia, por citar algunos ejemplos, son fundamentales para que los promotores lleven a buen puerto sus planes urbanísticos.
Como también lo son, recuerda el profesor de la Universidad de Barcelona Gonzalo Bernardos, experto inmobiliario, el "apoyo" del sector financiero, en algunos casos manifiesto y en otros más discreto. Sorprende en el sector cómo el sevillano Luis Portillo, presidente de Inmocaral, una pequeña inmobiliaria que apenas factura seis millones de euros, ha podido lanzar una oferta pública de adquisición de acciones (OPA) sobre Colonial, una de las grandes del sector, hasta 150 veces mayor que Inmocaral, por 3.761 millones de euros.
"A mi no me han recalificado un terreno en la vida", aseguraba Portillo en una reciente entrevista a este diario. Sí, admitía, sin embargo, que no existe promotor que no tenga buenas relaciones con el Ayuntamiento en el que está trabajando ni grandes líneas de crédito.
La tendencia de las inmobiliarias es situar la adquisición y gestión de suelo como una de las áreas estratégicas de su actividad . La búsqueda de oportunidades atractivas de inversión en cuanto a localización y precio es un factor relevante en un escenario de terrenos edificables y de fuerte aumento del precio del suelo.
Frenar los abusos urbanísticos y la escalada de precios de la vivienda son, justamente, los dos grandes objetivos de la futura Ley de Suelo, pero los promotores le vaticinan efectos perversos como el encarecimiento de los pisos. La norma fija una reserva mínima del 25% del suelo residencial para vivienda protegida y establece un nuevo régimen de valoraciones basado en la situación real de los terrenos, y no en las expectativas, para no favorecer las reclasificaciones o calificaciones especulativas ni las retenciones de suelo, entre otras medidas.
La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) alerta de una subida adicional del precio de la vivienda del 4% -y del 6% en grandes ciudades- como consecuencia directa de la Ley. Aseguran que el nuevo sistema de valoración del suelo rústico, al socavar las plusvalías que generan la recalificación de terrenos, también dinamita las garantías que hasta ahora necesitaban los bancos para financiar la construcción de viviendas, con lo que endurecerá las condiciones de los préstamos. También acelerará los precios el aumento de la cesión de suelo los ayuntamientos, de hasta un 15%.
"Los que realmente se han hecho ricos con el boom de la vivienda son los propietarios de suelo", sentencia el secretario de Vivienda de la Generalitat de Cataluña, Ricard Fernández. Este experto rechaza la tesis anterior de que la escasez y el precio del suelo sean los principales culpables del encarecimiento de la vivienda. "Es al revés porque el precio del suelo se establece en función de cada metro cuadrado de techo que se pueda edificar en él. Así, el suelo se encarece mucho más que los pisos".
Mientras el precio de la vivienda ha subido un 135% entre 1998 y 2005, el del suelo urbano se ha multiplicado por cinco, según el Banco de España.Si David Ricardo, una de las figuras de la economía clásica, levantara la cabeza vería alterada su teoría de que los rendimientos de la tierra decrecen. Aunque una de sus frases más famosas sigue hoy, dos siglos después, plenamente vigente: "Los intereses de los terratenientes están en contra de los del resto de colectivos".
En las costas. Preocupa también la reducción progresiva del gasto total de los viajeros extranjeros
Las principales empresas hosteleras reunidas en la alianza Exceltur advirtieron este jueves de los riesgos que conlleva el "exceso" de construcción que, en su opinión, soportan las costas españolas en los últimos años, y que hace peligrar su rentabilidad a medio plazo. Pese a ello, la riqueza generada por este sector -medida según un indicador propio homologable al del Producto Interior Bruto (PIB)- durante el segundo trimestre del año creció, incluso, un poco por encima de la economía nacional, con tasas del 3,4% y el 3,3%, respectivamente.
La amenaza que el crecimiento desmesurado de viviendas en el litoral supone para la viabilidad del modelo turístico español ha saltado ya sus fronteras. Distintos expertos internacionales han criticado en los últimos meses que en España "se están llenando las playas con una sucesión de bloques de cemento, un sistema de crecimiento económico que no es sostenible".
Los dirigentes de Exceltur recordaron, en este sentido, que "es importante mantener los destinos intactos si no se quiere alejar a los turistas".
Según un informe publicado por el Observatorio de la Sostenibilidad, el territorio urbanizado ha aumentado una media del 30% entre 1987 y 2000 (un 63% en Murcia, un 50% en la Comunidad Valenciana y un 41% en Baleares), hasta alcanzar la cifra de 2.000 kilómetros cuadrados, superficie similar a la de toda la provincia de Guipúzcoa.
A falta de computar los datos de los últimos cinco años, que se estima han sido los de mayor incremento de la construcción, más de 200.000 hectáreas (cada una supone el espacio de un campo de fútbol) han pasado de zona agrícola a urbana.
Alicante, Málaga y Valencia son las provincias con peores perspectivas, pues apenas existe ya un terreno sin urbanizar a menos de un kilómetro de la línea del mar.
Bajo desembolso
El otro problema que más preocupa a las empresas turísticas es la reducción progresiva del peso que tiene el gasto total de los viajeros extranjeros en España.
Los datos oficiales del Ministerio apuntan un recorte del 5% hasta mayo, mientras que las cifras que maneja Exceltur señalan un descenso global del 4,2%. Todo lo contrario ocurre con el desembolso medio por turista, pues el Gobierno reduce su caída al 3% mientras que la citada organización la sitúa en el 9,5%.
Por otro lado, los últimos datos publicados por la Oficina Europea de Estadística (Eurostat) revelan que los españoles son los que más prefieren su propio país a la hora de irse de vacaciones. Así lo declaró el 88% de ellos (frente a la media comunitaria del 57%), mientras que un 7% se decanta por viajar a otro país de la UE y sólo un 5% opta por desplazarse a otro continente.
El precio de los pisos de promoción libre sube otro 10,8%, mientras el del suelo cae un 0,4%
El parque de viviendas disponibles en España se elevó a 23.209.842 unidades al cierre de 2005, según datos del Ministerio de la Vivienda, lo que supone casi una vivienda por cada dos habitantes, un porcentaje que revela la dimensión del boom inmobiliario. Del total de pisos, el 68,5% son primeras residencias, y el resto, segunda vivienda. Los precios, mientras, siguen en aumento. En el segundo trimestre, el precio de la vivienda libre subió un 10,8% (un 10,6% incluida la protegida), lo cual supone una ligera desaceleración. Mientras, el precio del suelo bajó un 0,4%, por primera vez en año y medio.
El Ministerio de Vivienda ha salido al paso de la guerra de datos que el sector inmobiliario y el informe del Servicio de Estudios del BBVA han ofrecido en estos días con la divulgación exhaustiva de sus propias estadísticas sobre la situación del mercado de la vivienda, elaborado con datos de los Registradores de la Propiedad.
Según el director general de Arquitectura y Política de Vivienda, Rafael Pacheco, en los últimos cinco años (de 2001 a 2005) el parque de viviendas en España se ha incrementado en más de un 1,1 millones, hasta alcanzar las 23.209.842 unidades. En el terreno estadístico este crecimiento supone que existe una vivienda para cada dos personas, aunque la radiografía matemática no siempre refleje la realidad social.
Pacheco se comprometió a facilitar el flujo de estos datos regularmente, con la pretensión de combatir informes "de sectores interesados en inflar el déficit de demanda y el exceso de oferta", como el récord de 850.000 viviendas previstas para 2006, según datos recogidos por el BBVA de los visados efectuados por el colegio de Aparejadores. Pacheco coincide en esto con la Asociación de Promotores Inmobiliarios, y señala que esa astronómica cifra se debe a que el sector se ha precipitado para no tener que cumplir los requisitos del Código Técnico de Edificación que entra en vigor a finales de septiembre.
Desaceleración e IPC
En esta primera entrega sobre el número total de viviendas existentes en España, de los más de 23 millones existentes, las primeras viviendas suponen más de la mitad del parque (15,8 millones), 1,8 millones están alquiladas y 398.000 se encuentran cedidas.
En este flujo residencial de los últimos dos años, se han incorporado al mercado de alquiler 130.437 viviendas. El pasado año, el porcentaje de viviendas en alquiler fue del 11,83%, lo que supone un "incremento suave y mantenido con relación al pasado", según el Ministerio. Con todo, España continua siendo un paradigma mundial de la vivienda en propiedad ya que se mantiene en márgenes superiores al 81%.
Rafael Pacheco no comparte la advertencia del BBVA de que el crecimiento de la burbuja inmobiliaria puede conducir a un ajuste brusco. El servicio de estadística de Vivienda ofrece un diagnóstico diferente de la situación. A 30 de junio pasado el aumento de los precios se han desacelerado hasta un 10,6% interanual. Y si se compara con los precios del primer trimestre de 2004, cuando habían crecido hasta el 18,4%, la caída es de 7,6 puntos.
Con esta contabilidad, Vivienda pretende destacar no sólo la desaceleración, sino la convergencia entre la tasa de los precios de la vivienda con el índice del coste de la vida (IPC). "En el primer trimestre de 2004, el precio subía 8,4 veces el IPC; ahora lo hace 2,8 veces. Nuestro objetivo es acercarnos al IPC. Cuando se igualen, nos sentiremos satisfechos", afirmó Pacheco.
Por otra parte, el precio medio del metro cuadrado de la vivienda libre alcanza los 1.942,3 euros y el de la vivienda protegida, 995,6. El director de Política de Vivienda destacó que se ha registrado una suave disminución del precio, con relación al trimestre anterior en Extremadura, Baleares, Madrid y País Vasco. Pero los datos del propio Ministerio arrojan subidas relevantes del precio de la vivienda nueva, como el 37,6% anual en Lugo (la más alta de España); el 18,8% en Pontevedra y Córdoba; 17,3% en Ciudad Real, 16,4% en A Coruña ó 15,1% en Teruel.
Vivienda protegida
Los precios de la vivienda protegida han mantenido un ritmo menor de crecimiento. La media de variación interanual fue del 8,7%. Sin embargo, ese valor se ha visto ampliamente superado en ciudades como Almería (12,9%), Baleares (19,1%), Salamanca y Zamora (20,6%), Huesca (16%) A Coruña (14,2% o Pontevedra (18,8%).
En línea con la muestra de datos que apoyan la "desaceleración" de la burbuja inmobiliaria en la que insiste el ministerio, el valor del suelo -257,4 euros de media el metro cuadrado-, bajó un 0,4% al cierre de marzo, con relación al mismo periodo del año pasado.
Igualmente, las transacciones inmobiliarias registradas en el primer trimestre del año, valoradas en 4.187 millones de euros sobre una superficie de 18,9 millones de metros cuadrados, se redujeron en un 23,3% y 20,7%, respectivamente.
Esta avalancha de datos no conforma al PP. El portavoz parlamentario de este partido en materia de Vivienda, Pablo Motos, pidió ayer que el Ministerio revise su metodología para que "refleje la realidad". En declaraciones a Efe, Motos sostiene, que "Vivienda ha modificado la metodología para excluir datos de las viviendas más caras y por ello reflejan una evolución más moderada".
Sin conocer esta reacción del PP, Pacheco criticó la gestión de este partido en vivienda cuando gobernó porque al congelar el precio de las viviendas protegidas provocó su desaparición. Reconoció que persisten los problemas de accesibilidad a la vivienda, pero se mostró convencido de que con la Ley del Suelo se acotará la especulación y se abaratarán los precios.
Los que más compran
Además del parque nacional de viviendas, el Ministerio del ramo ofrece por primer vez estadísticas de la residencia del comprador y la ubicación de su adquisición. Los residentes en Cataluña son los que más viviendas han comprado en el primer trimestre de este año (más de 43.000). La mayoría de estas compras de viviendas se ciñeron al territorio catalán, pero también compraron en Madrid y Aragón.
Igualmente, Cataluña es un lugar preferente para los adquirientes de vivienda que residen en Andalucía, Aragón o las islas Baleares.
Los andaluces se inclinan por Cataluña, Madrid y el País Vasco. Los aragoneses por Cataluña y Madrid. Los vascos también compran en Madrid, Cantabria y la vecina Castilla y León.
La capital de España interesa a todos los compradores. Asturianos, castellano-manchegos y castellano-leoneses por este orden invierten preferentemente en viviendas madrileñas. Y en sentido inverso, los madrileños salen de compras a las provincias limítrofes y Andalucía.
La baja productividad del trabajo en España -un 20% inferior a la media de la UE en 2005- es un lastre que impide que la renta per cápita española se equipare a la europea y estadounidense. Esta es una de las conclusiones del estudio de la Fundación BBVA, Productividad e Internacionalización, que ayer presentó su autor, Francisco Pérez, en Madrid.
Los datos son preocupantes porque muestran que la situación en los últimos diez años ha empeorado. En 1995, España estaba 15 puntos por debajo de la productividad de Estados Unidos; hoy la distancia es de 25. Ello no significa que los españoles trabajen menos. De hecho, la media europea de horas anuales trabajadas es de 1.549, un 16% menos que en España.
El problema, según el autor, es que España no ha sabido ubicarse en la nueva economía de la globalización. Los datos muestran que los países con alta productividad son los que más han invertido en maquinaria y equipos relacionados con la industria de las tecnologías de la información (TIC) y en capital humano y tecnológico. Sin embargo, España, en 2004, gastó un 1,07% de su PIB en investigación y desarrollo. Tan solo Grecia tiene un porcentaje inferior.
Además, las inversiones se orientan hacia actividades 'maduras cuya productividad es menor'. Otro factor negativo es el excesivo peso que tiene la construcción en toda la economía.
A pesar de todo, la renta per cápita española en los últimos años se ha acercado a la media europea gracias al alto número de horas trabajadas, a la disminución del paro y al aumento de la población activa.
Internacionalización
Para revertir el saldo exterior negativo, otro déficit de la economía española, Pérez recomendó la especialización en productos tecnológicos, cuya demanda es expansiva. O bien, apostar por productos maduros pero de gama alta que son más caros.
Algunas compañías han caído más de un 15% desde que iniciaron su andadura en el ´parquet´. Los analistas comparan el fenómeno con el protagonizado por las firmas tecnológicas.
Ocurrió con las empresas tecnológicas durante la burbuja del 2000. Y ahora, las compañías inmobiliarias vuelven a tantear al mercado de renta variable en el momento más álgido para el sector. Los propietarios quieren sacar rendimiento de su proyecto empresarial mediante la salida a bolsa y lo hacen a precios muy elevados, según los expertos, que no dejan margen para que los inversores particulares consigan rendimientos, tras la salida.
"El sector de la construcción cotiza hoy a precios que están por encima de su valor real, así que las inmobiliarias aprovechan eso para vender a precios que no se aceptarían de otra manera", explica Jaume Puig, presidente de la gestora de Gaesco. No hay que ir muy lejos para ver reflejada esa situación en las cotizaciones de las recientes incorporaciones del sector al mercado.
La inmobiliaria Renta Corporación, especializada en la rehabilitación de edificios, comenzó a cotizar en bolsa el 5 de abril de este año. El precio de salida fue de 29 euros por título, ahora está en torno a 24 euros, lo que significa una caída del 15%. En ese mismo periodo, el Ibex ha descendido sólo el 2,4%. Parquesol se incorporó a 23 euros por acción. Está ahora en 18, un 21,7% por debajo del precio de salida. Según los expertos, el mercado ha puesto en su sitio (en su precio) compañías sobrevaloradas desde su estreno. Esa apreciación no vale todavía para Riofisa, la inmobiliaria participada por Caixa Cataluña aún no cotiza, pero también ha fijado el precio de salida en la franja alta.
ACAPARAR EL PROTAGONISMO De las 10 firmas que han salido o han anunciado su cotización este año, seis son inmobiliarias. "No se trata de una casualidad. Los accionistas quieren rentabilizar las inversión", comenta Mariano Sancho, director de renta variable de Riva y García.
De las incorporaciones recientes, tan sólo en el caso de Astroc se ha abierto el capital a inversores institucionales --caso del Banc Sabadell-- con el propósito de reforzar la estructura para emprender nuevos proyectos empresariales y mejorar la percepción de la compañía en otros mercados. Aun así, con esta operación, su único accionista, Enrique Bañuelos, ha pasado de ser un discreto empresario a uno de los ricos de la bolsa española con una fortuna personal que supera los 200 millones de euros (33.793 millones de pesetas). Aquí no se ha hecho recaer sobre el bolsillo de los inversores particulares la salida, pues los títulos ganan con respecto al precio inicial. El subsector en el que opera es el de servicios inmobiliarios, mucho menos saturado.
CUESTION DE PRESTIGIO Buscar riqueza en la bolsa no es la única motivación de los empresarios del sector. "Además se pretende prestigio empresarial", comenta un directivo de la sociedad de inversiones Morgan Stanley. "Es un sector poco representado, y ha crecido de la mano de emprendedores que ya han ganado mucho dinero. Ahora quieren reconocimiento". No sorprende, tampoco, que a las nuevas empresas cotizadas se les haya asignado un valor de alrededor de 1.000 millones. Esa es la cifra que diferencia a una empresa pequeña de una mediana.
Cinco expertos analizan si puede haber un ajuste brusco en el mercado inmobiliario
Según el último informe del Servicio de Estudios de BBVA, existe la posibilidad de que se produzca un ajuste más brusco de lo esperado en el mercado inmobiliario. Para que esto ocurra tiene que continuar el actual proceso de crecimiento que se está dando en los precios de las viviendas y en la construcción de las mismas. La probabilidad de que en el próximo año y medio se materialice este riesgo es, según el estudio, del 10%.
«Tenemos dificultades para entender algunos movimientos que se están dando en el mercado», aseguró esta semana el director del Servicio de Estudios de BBVA, José Luis Escrivá, en la presentación del informe. «La evolución creciente del sector nos está preocupando».
Aunque en 2005 se estaba produciendo un proceso de enfriamiento y desaceleración del mercado inmobiliario, éste no era preocupante para el sector. En cambio, según el estudio realizado por BBVA, ahora se está produciendo un aumento de la oferta y de los precios de la vivienda que hace que sea más probable un escenario de riesgo. «Existe una probabilidad de que el mercado aterrice de forma brusca», afirmó Escrivá. Aun así, «seguimos pensando que se va a producir una desaceleración en el sector inmobiliario como la que plateábamos en 2005».
Esta opinión es compartida por el secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (Asprima), José Manuel Galindo, quien asegura que «va a haber un ajuste moderado en el sector inmobiliario. En un escenario en el que va a haber menos producción, menos venta de viviendas y una moderación de los precios serán las propias empresas las que reducirán la oferta y tendrán que ajustar el precio de las viviendas».
Gonzalo Bernardos, profesor de la Universidad de Barcelona y experto en la materia, opina: «Estoy seguro de que va a haber una recesión inmobiliaria. Ya se ha acabado la 'gallina de los huevos de oro.' Se va a producir una disminución de la demanda debido al aumento de los tipos de interés y del precio de la vivienda. Esto, unido a la subida de la oferta, produce un 'stock' que va a hacer que los promotores tengan que bajar los precios». A pesar de estas predicciones, BBVA ha revisado al alza el precio de la vivienda tanto para este ejercicio como para el siguiente, de forma que en 2006 calcula que el aumento será cercano al 8%, frente al abanico de entre el 4% y el 6% inicialmente calculado. En 2007 será del 4%, frente al 2% original.
La visión más optimista la aporta Gregorio Izquierdo, director de Análisis del Instituto de Estudios Económicos (IEE). «La realidad del mercado actual es expansiva», indica, aunque reconoce que «se empiezan a ver indicios de desaceleración. Los precios no crecen y se tarda más en vender. Esto avala una normalización en el mercado, pero éste sigue siendo expansivo y así lo será también durante el año que viene».
Por su parte Gustavo Samayoa, responsable de los Servicios Jurídicos de la Federación de Usuarios y Consumidores Independientes (Fuci), opina que la nueva Ley del Suelo va a hacer mucho bien en el mercado inmobiliario. «La nueva norma que propone el Ejecutivo pretende que haya un parón en el mercado de la vivienda, que supone no que las casas se dejen de construir sino que el precio con el que las constructoras querían sacar estas viviendas a la venta no sea tan alto, ya que se tendrán que fijar los precios de acuerdo con la realidad del mercado».
Tipos de interés
Según el estudio de BBVA el repunte de los tipos de interés no «aumentará el endeudamiento de las familias», ya que el principal factor por el que crecerá la carga en la renta de los particulares será el dinamismo del crédito, que incrementará su vida media hasta los 19 años. «La subida de los tipos de interés no va a ser muy fuerte y no va a suponer más endeudamiento», asegura Jaime Zurita, de Analistas Financieros Internacionales (Afi), a la vez que opina que «los bancos están en niveles de morosidad prácticamente ridículos».
Los españoles y los inmigrantes de más de 150 países que ya residen en España han tirado por la calle de en medio y, haciendo caso omiso a lo que pueda deparar el futuro, se endeudan hasta el cuello. De cabeza se han lanzado a por hipotecas para la adquisición de vivienda. El mega Ministerio de los minipisos sólo ha conseguido que los jóvenes se den un paseo con las zapatillas mágicas busca casas, las kelly finder.
El ministerio de la Vivienda se empeña en asegurar que el precio de la vivienda se desacelera cuando no es lo mismo que haya subido un 10% en 2006 y un 11% en 2005 que porcentajes mayores en años anteriores.
Según la cuenta de la vieja, que dicen en los pueblos, un 10 por ciento sobre un precio de tasación de 200.000 euros es mucho más caro y equivale a una cantidad mucho mayor que un 15% sobre un precio de 150.000 euros. Es decir: la vivienda es cada vez más cara, a pesar de los minipisos, la oficina de alquiler, las viviendas de protección oficial y las revolucionarias kellyfinder, todas esas medidas que iban a conducir a los jóvenes a conseguir vivienda.
El resultado: el 70% de los jóvenes con menos de 35 años viven con sus padres. El conejo de la chistera del actual Gobierno, el ministerio de la Vivienda, sólo es un espejismo, una herramienta política de pura propaganda con resultados efectivos quasi nulos. El otro resultado es que continúa la aceleración del endeudamiento familiar, motivado por los bajos tipos de interés y el precio de la vivienda, que obliga a solicitar préstamos hipotecarios más altos.
Como presuntamente los intereses son bajos, los vendedores siguen subiendo los precios y los bancos lo facilitan ampliando las hipotecas a 20, 30, 40 y 50 años. Endeudados hasta el cuello, pues, y para toda la vida. Un éxito.
Las familias españolas además han ido reduciendo progresivamente en los últimos años su presencia en bolsa, lo que significa que ya no tienen liquidez, sino inversión en ladrillo, y que la capacidad de ahorro desciende. Otro éxito.Los inversores extranjeros continúan manteniendo su posición como primer sector propietario de acciones españolas cotizadas con un 35%. Más éxito, aunque los bancos y cajas españoles son los que más dinero ganan de Europa, gracias a las hipotecas.
- En muchas de las viviendas ya construidas, hay carteles de "se vende" en lugar de inquilinos.
- Algunos de estos pisos se entregaron hace tres años.
- ¿vives en un PAU? cuéntanoslo .
Un bloque de viviedas con varios carteles de "Se vende" en su fachada (Jorge París)
Todos ellos han surgido en pleno boom inmobiliario, por lo que muchas viviendas han sido adquiridas a las promotoras no para albergar inquilinos, sino para hacer negocio.
En estos PAU hay ya 22.893 pisos construidos. En ellos había censadas, a día de 1 de junio, 36.325 personas, según los datos de Estadística del Ayuntamiento de Madrid.
Esto supone que sólo hay vecinos empadronados en el 58,76% de los pisos (la ocupación media es de 2,7 personas por vivienda). De hecho, en los colegios de estos barrios sólo están ocupadas la mitad de las plazas escolares disponibles.
Montecarmelo, desierto
El PAU que tiene un mayor índice de ocupación es Sanchinarro (Hortaleza), con 5.844 viviendas habitadas de un total de 7.393 (79%).
En el extremo opuesto está Montecarmelo (Fuencarral), con 3.676 casas listas para vivir, de las que sólo 1.463 (39,8%) están siendo utilizadas.
En Las Tablas, también en Fuencarral, el porcentaje de ocupación es del 44% (2.327 casas habitadas de las 5.273 que hay). En el PAU de Carabanchel hay 6.551 pisos: en el 58,3% de ellos (3.819) hay gente viviendo.
Los nuevos barrios de la capital
Sanchinarro: De sus 13.568 viviendas previstas, hay 7.393 terminadas y otras 4.536 en construcción.
Las Tablas: Cuando esté finalizado, habrá en él 12.272 pi-sos. De ellos, 5.273 están terminados y 4.714 en marcha.
Montecarmelo: Tendrá 6.257 viviendas, de las que 3.676 ya tienen licencia de primera ocupación y 4.871 están en proceso de construcción.
PAU de Carabanchel: Cuenta con 6.551 viviendas terminadas y otras 4.148 cuyas obras ya han empezado. En total tendrá 11.350 pisos.
Otros PAU en proyecto: Arroyofresno, ensanches de Barajas y Vallecas, La Atalayuela, El Cañaveral, Los Cerros, Los Ahijones, Los Berrocales, Valdecarros y Valdebebas.
Javier Gómez, portavoz socialista en Juventud, denunció el “sistemático engaño y manipulación” al que son sometidos los más de 140.000 jóvenes inscritos en el Plan de Vivienda Joven de la Comunidad de Madrid por parte del Gobierno de Esperanza Aguirre.
“En lugar de desembolsar 441 euros de alquiler, tendrán que pagar entre 512 euros el primer año y 577 el último. De igual manera, el coste de la vivienda será superior a los 151.000 euros, en lugar de los 120.000 anunciados por el Gobierno regional, lo que supondrá a estos jóvenes pagar unos 75.000 euros más que por una vivienda de iguales características que fuera de protección”, afirmó el portavoz.
A menos de diez meses de finalizar la legislatura, el Gobierno de Esperanza Aguirre sigue sin haber entregado ni una sola de las 79.000 viviendas para jóvenes comprometidas: “Una vez más, el Gobierno juega con la ilusión de los miles de jóvenes, más de 140.000, que se inscribieron en este Plan como única alternativa que les ofrecía este gobierno, pero que no les ofrece ningún tipo de respuesta, ya que, como ha ocurrido hoy, la inmensa mayoría ni siquiera han entrado en el bombo del sorteo porque, aunque hubiesen elegido Navalcarnero como posible destino de emancipación, no llevaban más de cinco años empadronados”, afirmó el portavoz.
“Es tal la desesperación del Gobierno Aguirre por conseguir suelo –afirma Gómez- que la lista única se ha convertido en las mil y una listas, o lo que es lo mismo, dependiendo el municipio y el sorteo, participan el total de inscritos, ó 6 por vivienda. Esto es una auténtica barbaridad, porque en ningún caso garantiza una mínima garantía de igualdad de condiciones”, resaltó el diputado regional.
Agrega que “este Plan, basado en la continua manipulación de los datos, desde la lista única a los precios que deberán abonar los jóvenes, tanto en los alquileres como en el precio final de la vivienda, es la consecuencia de la ineficacia y la inutilidad de un Gobierno, como el de Esperanza Aguirre, para solventar el principal problema que tiene más de un millón de jóvenes menores de 35 años en nuestra región, como es el acceso a la vivienda”.
Según los cálculos de Gómez, “un joven comenzará a pagar el primer año 512 euros (9,32 euros por metro cuadrado) y pagará el último años 577 euros (10,49 euros por metro cuadrado), teniendo que desembolsar para poder comprarla más de 151.000 euros, en lugar de los 441 euros de alquiler que afirma la Consejería o los 120.000 euros para la compra”.
“No se debe descontar el dinero del alquiler que se destina a la compra del piso del valor final que abonas por el mismo, como tampoco deben incluirse ayudas que trascurridos los siete años se confirmará si tienes derecho a percibirlas, para así ocultar el incumplimiento del compromiso de Aguirre de que el precio de la renta no superase los 6 euros por metro cuadrado, o que los precios no son nada ventajosos para los jóvenes, ya que una vivienda de protección pública con idénticas características tendría un coste aproximado de 80.000 euros, 50.000 euros menos que una vivienda del plan joven”, destacó el diputado.
Para Gómez, la presidenta regional, como así le ha reconocido el gobierno en una respuesta parlamentaria “incumplirá totalmente su compromiso con los jóvenes de la región porque no garantiza entregar antes de finalizar la legislatura ni siquiera las 465 viviendas sorteadas el pasado 27 de febrero, con lo que tras una legislatura, ni mil jóvenes de podrán vivir en una de esas 79.000 comprometidas por Aguirre para ellos”.
“Todos estos datos obligan a realizar un cambio de rumbo total en la política de acceso a la vivienda para los jóvenes de la Comunidad de Madrid, impulsando un verdadero plan de vivienda joven donde se contemplen medidas de choque que favorezcan el alquiler y se incrementen sustancialmente las viviendas protegidas destinadas a este colectivo”, concluyó.
La Generalitat ha presentado el Programa de Créditos de Emancipación, que permitirá a entre 5.000 y 6.000 jóvenes pedir créditos destinados a vivienda, formación y autoempresa por un total de 42 millones de euros este año, avalados por el gobierno catalán con 800.000 euros.
Los conseller de Presidencia, Joaquim Nadal; Economía, Antoni Castells; Educación, Joan Manuel del Pozo; Trabajo e Industria, Jordi Valls, y el de Medio Ambiente y Vivienda, Francecs Baltasar, han presentado este programa, en el que participan estos cinco departamentos de la Generalitat.
El objetivo de estos créditos, que no tendrán comisiones y con intereses más bajos que los del mercado, es fomentar la "emancipación" de los jóvenes y que puedan iniciar un proyecto "vital", dijo Nadal, a través de tres líneas de actuación: vivienda, formación y autoempresa.
Los créditos destinados a la vivienda se dedicarán a cubrir los gastos iniciales para acceder a una vivienda -tanto de compra como de alquiler-, los de formación -para cubrir gastos de ampliación de estudios de grado superior- y los créditos para autoempresa -para cubrir gastos de la puesta en marcha de un proyecto empresarial-.
La Generalitat actuará como avaladora de los jóvenes ante las entidades financieras, facilitando el acceso a los créditos y actuando como garantía ante los bancos.
De los 42 millones de euros en créditos, 13,5 se destinarán al programa de vivienda, otros 13,5 al de formación y los 15 millones restantes al de autoempresa.
Entre 5.000 y 6.000 jóvenes podrán acceder a estos créditos y tendrán que cumplir, entre otros requisitos, el de tener entre 18 y 35 años y residir en Catalunya un mínimo de dos años.
Un pequeño municipio alicantino adjudica todo el suelo de su plan general a los 10 días de entrar en vigor
El término municipal de La Romana, una localidad de 2.200 habitantes ubicada en la comarca alicantina del Vinalopó Mitjà, sólo tiene 43 kilómetros cuadrados, pero sus terrenos deben ser muy apetecibles para los promotores. Tanto, que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) se va a quedar agotado cuando sólo han pasado 10 días desde que entró en vigor. El Ayuntamiento, gobernado por el PP con apoyo de la única concejal de una formación independiente, someterá a votación en el pleno de esta tarde cinco proyectos urbanísticos. Si la mayoría da el visto bueno, ya no quedará ningún sector de suelo residencial por adjudicar. Gracias a este urbanismo exprés, veloz y sin etapas, en un futuro no muy lejano La Romana se convertirá en un municipio de 6.000 a 8.000 habitantes tras la construcción de unas 2.000 nuevas viviendas.
Estas casas se repartirán casi a partes iguales entre el casco urbano y dos urbanizaciones situadas en el término de La Romana. En una de ellas se edificarán unas 600 viviendas y en la segunda otras 400, casi tantas como las que ahora existen en la localidad,
La rapidez con la que se han cubierto las previsiones del PGOU ha despertado las suspicacias del PSPV-PSOE, que comenzó el mandato gobernando, aunque en abril de 2005 fue desterrado a la oposición mediante una moción de censura pactada por los populares y la concejal de Iniciativa Independiente, Luisa García. La Romana no fue una excepción en un mapa político, el valenciano, en el que este tipo de maniobras suele acontecer cuando hay polémicas urbanísticas de por medio. Antes de cambiar de socios, García se apoyó en los votos del PP para aprobar una serie de modificaciones al PGOU en contra de la voluntad del PSPV, que apostaba por un planeamiento menos generoso con el desarrollo urbano. La regidora independiente justificó la moción de censura acusando a los socialistas de paralizar el desarrollo urbanístico de La Romana.
"Con el tiempo se ha visto cuáles eran sus intereses", manifestó el portavoz socialista, Enrique Rizo, que aseguró no comprender las "prisas" del Ayuntamiento por aprobar los cinco proyectos. "Es curioso que las empresas presentaran sus solicitudes en un mes, entre el 24 de mayo y el 30 de junio", añadió. Rizo sospecha que ha habido "connivencia" entre el gobierno local y los promotores, y lamenta que los planes no se hayan aprobado de manera escalonada: "No tiene sentido hacerlo de golpe, sin conocer las necesidades reales de crecimiento de la población, y menos cuando los sectores industriales que prevé el PGOU están ahí parados".
El alcalde, Manuel Hernández, del PP, negó que la celeridad con la que se han tramitado los proyectos responda a intereses ocultos. "Se llevan al pleno porque los han presentado los promotores", subrayó tras aclarar que en caso contrario se entendería que el Ayuntamiento les da luz verde por silencio administrativo. Hernández replicó que el crecimiento "no se producirá de golpe", porque las empresas "irán construyendo según les vayan las ventas", y recordó que el PGOU, "que propone un crecimiento moderado y sostenible", tiene una vigencia de 10 a 15 años: "Sería inviable edificarlo todo en dos o tres años. El mercado no está tan boyante. Lo que pasa es que las sospechas en temas urbanísticos están al orden del día".
Un argumento que no comparte el grupo socialista. "Porque está claro que las empresas no van a gastarse millones de euros y tener que esperar tanto tiempo para recuperar la inversión", señaló la concejal Leonor Botella.
Canarias es un destino turístico «razonablemente seguro», según considera el juez Miguel Ángel Parramón. Sin embargo, el magistrado, que acudió a la Universidad de Verano de Maspalomas, alerta del «efecto llamada al crimen organizado» que genera el crecimiento urbanístico desenfrenado inherente a las zonas turísticas.
Parramón explica que el crecimiento urbanístico puede generar especulación, alto rendimiento económico, dificultad de persecución y, por tanto, también un «efecto llamada» al crimen organizado. Las mafias son un «fenómeno relativamente reciente», sostiene el magistrado y «puede afectar a la propia esencia del Estado de Derecho y a su funcionamiento mediante la corrupción».
Parramón señala que «es difícil que sólo un país dé una respuesta coherente y definitiva al crimen organizado». Por eso apuesta por la coordinación a niveles supranacionales. «Si hay distintas velocidades penales a la hora de luchar contra este fenómeno la cuestión es preocupante», subraya Parramón. De hecho, califica de «preocupante que grupos criminales organizados tengan la sensación, erróneamente» de que España es un paraíso de crimen».
Por su parte, Luis del Río Montesdeoca, Fiscal Anticorrupción de la provincia de Las Palmas que compartió mesa en la Universidad de Verano de Maspalomas, también considera el contexto de Canarias, zona turística costera, puerto y aeropuerto importantes y un crecimiento urbanístico explosivo, como causas de la evolución del crimen organizado, «un tipo de delincuencia que entiende el crimen como una empresa, una manera de obtener beneficios de manera estable».
Del Río sostiene que «para que Canarias siga siendo segura no podemos cerrar los ojos ante el fenómeno del crimen organizado» y añade que «hay que dar una respuesta adecuada porque puede ser grave si no reaccionamos a tiempo».
A la conferencia Canarias destino seguro también acudió el jefe superior de Policía en Canarias, Narciso Ortega Oliva, que destaca la globalización de los delincuentes. «Cada vez son más internacionales, esto provoca interconexión, interdependencia y complejidad a la hora de luchar contra ellos», explica el comisario. Ortega señala que la revolución tecnológica es otro de los handicaps contra el que hay que luchar y destacó la «multiculturalidad de las organizaciones delictivas».
Pero no todo es crimen organizado, lo que más inseguridad provoca en los ciudadanos en la delincuencia clásica. Las Islas, según datos aportados por Ortega, están apenas por encima de la media española en la tasa de criminalidad. La media europea se acerca al 70 infracciones por cada mil habitantes, en España es de 49,3 y en las provincias de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife es de 51,3 y 50,9 respectivamente. «Teniendo en cuenta la situación de Canarias las cifras son positivas», afirma Ortega que subraya que la Policía Nacional está incrementando sus plantillas, más de un 21% en tres años en Canarias, para mejorar aún más la lucha contra el crimen organizado y delincuencia clásica.
De cualquier forma, Ortega indica que en muchos casos hay extranjeros que realizan denuncias falsas para cobrar los seguros, aunque reconoce que más de la mitad de los delitos cometidos no se denuncian ante lo complicado que es obtener un resultado satisfactorio.
Parramón confirma este extremo. Según el magistrado hay elementos que inciden negativamente en el binomio turismo-delincuencia. Estos serían «la dificultad de persecución, el problema de la comunicación a causa de los idiomas, temporalidad del turista, residencia del mismo.
Por ello, Parramón se hace eco de algunas propuestas para luchar más y mejor contra el crimen. Apuesta por la creación de grupos especializados que superen las barreras de los idiomas, coordinación de las actividades turísticas y policiales, la coordinación entre la Policía Local y las demás fuerzas de seguridad del Estado, informar adecuadamente al turista sobre prevención y sobre todo «agilizar el proceso penal para impedir que el delito quede impune».
Engaño y seguridad
Miguel Ángel Parramón diferencia entre la inseguridad objetiva, que se basa en los datos, y la subjetiva, que une los datos y el miedo de los ciudadanos. El juez sostiene que esta última está provocada por los medios informativos y por las campañas políticas que utilizan la seguridad para sus intereses partidistas. Parramón afirma que las estadísticas señalan que el turismo no provoca más delincuencia entre los miembros de la comunidad residente. «Las víctimas son los turistas», sostiene el juez, «sobre todo porque los delitos se producen allí donde ellos están».
El delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, declaró este lunes que él nunca ha dicho que en las Islas no exista corrupción porque sí la hay: “Yo la he descubierto en el Partido Popular (PP)", dijo. Segura respondía así a unas manifestaciones del secretario general del PP de Tenerife, Ángel Llanos, quien aseguró hace unos días que el anuncio de la implantación del Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (Greco) 'desmonta' las tesis del delegado de Gobierno que lleva dos años negando la existencia de mafias organizadas en las Islas.
José Segura, que hizo estas afirmaciones tras asistir a la presentación de los 81 nuevos guardias civiles que se incorporarán a la comandancia de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, dijo que le “alegra” que Llanos “sea un político que pertenece a un partido conservador de la derecha radical canaria” y que haga declaraciones “esperpénticas” que “muchos de sus colegas cuando las leen se echan las manos a la cabeza, pidiendo que no le repliquen porque el conjunto de reflexiones que realiza es para producir vergüenza a los demás”, indicó.
Segura aclaró que esto lo diría si fuera un delegado del Gobierno “malévolo” y “agresivo” al que “le ponen el balón al pie para que dispare y meta gol”. De hecho, aseguró que el otro día leyó esas manifestaciones de Llanos y “dije que como puede ser tan tonto el pobre” ya que si el director general de la Policía anuncia que se van a crear las unidades Greco, que son de la lucha contra la corrupción y las mafias es porque existen “personajes organizados en Canarias”.
“Claro que hay corrupción en el Archipiélago y yo la he descubierto en el PP”, indicó el delegado del Gobierno, quien precisó que han sido los jueces los que se han dedicado a sacarla. Así, recordó el caso de la trama eólica, que lleva unos diez meses y en el que todos los imputados “y los que han entrado en prisión son cargos que ha tenido el PP en Canarias”.
Tampoco se olvidó de los casos de corrupción en Telde con concejales detenidos “en los que hay pruebas de que cobraban comisiones” e incluso –añadió- “un vocal en el municipio de Telde ha confesado de que recaudaba dinero para el partido”.
“Yo no sabía que en Canarias había corrupción y la he descubierto como consecuencia de las investigaciones judiciales y de las pruebas que han aportado los policías de la Brigada judicial encargada de esas investigaciones”, agregó.
Sin embargo, José Segura reiteró que él no razona así y que su contestación “formal y no la virtual” es que está “convencido” de que en Canarias es necesario reforzar las labores policiales por expertos en las diferentes materias no sólo de los Greco sino de otros grupos especializados de la Guardia Civil.
La Fiscalía de Málaga ha denunciado al ex alcalde de Manilva (Málaga) Pedro Tirado, imputado en la operación 'Ballena Blanca', y a 10 miembros de la corporación por un delito de prevaricación urbanística en relación al recinto ferial de dicha localidad, presuntamente ubicado sobre suelo no urbanizable de protección especial.
Según indicaron a Europa Press fuentes judiciales, se ha formulado denuncia contra el alcalde y el resto de la corporación que votó a favor del proyecto de ejecución de dicho recinto en un pleno celebrado el día 18 de febrero de 2004, fecha en la que Tirado era el primer edil del municipio.
Así, explicaron que en la misma sesión plenaria en la que se aprobó la necesidad de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) "se dio el visto bueno" al proyecto, "sin" que éste pasara por la Comisión de Urbanismo de la Junta de Andalucía.
En este caso concreto, la Fiscalía malagueña primero abrió diligencias de investigación penal, en las que, entre otros trámites y prácticas de pruebas, se solicitaron los expedientes urbanísticos en cuestión.
Posteriormente, estas diligencias derivaron en la denuncia, en la que según las mismas fuentes, se señala que la aprobación del proyecto se realizó "a sabiendas" de que el proyecto se iba a realizar sobre suelo no urbanizable.
Asimismo, en el escrito formulado por el fiscal coordinador de Medio Ambiente se solicita que se requiera al secretario que se enumeren las personas que estaban en ese pleno y que votaron a favor de esta propuesta.
La Fiscalía malagueña ha denunciado ya a tres alcaldes y cinco ediles de cuatro localidades de la provincia como presuntos responsables de delitos contra la ordenación del territorio, al conceder licencias o firmar convenios urbanísticos supuestamente contrarios a las normas vigentes. Los municipios malagueños son Tolox, Gaucín, Benalmádena y Manilva.
En el caso de Tolox, se denunció al alcalde, Juan Vera (PA); así como a la secretaria y al arquitecto, en relación a 15 promociones presuntamente ilegales, que suponen la construcción de alrededor de 2.000 viviendas.
En Gaucín, se presentó denuncia contra su regidor, Francisco Corbacho, y cuatro concejales respecto a un convenio urbanístico realizado entre junio de 1004 y febrero de 2005. Asimismo, también se denunció al alcalde de Benalmádena, el independiente Enrique Bolín, y a la que fuera edil de Urbanismo en el Ayuntamiento malagueño de Manilva en junio de 2004, Antonia Muñoz (IU).
Dentro de la tercera fase de la "operación Malaya"
Agentes del Cuerpo Nacional de Policía han detenido a cinco personas, el ex alcalde de Marbella (Málaga) Julián Muñoz, el ex concejal marbellí del PA Pedro Pérez y el presidente y los directores general y financiero de la empresa Aifos, por su presunta vinculación con la trama de corrupción en el Ayuntamiento de esta localidad, según informaron a Europa Press fuentes policiales.
Agentes de la Dirección General de la Policía, pertenecientes a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y a la Udyco de la Costa del Sol, están desarrollando hoy la tercera fase de la denominada operación "Malaya", bajo la dirección del Juzgado número 5 de Marbella, según informaron desde la Policía en un comunicado.
Así, Muñoz, de 58 años, ha sido detenido como presunto autor de un delito de cohecho y malversación de caudales públicos, mientras que Pedro Pérez, de 46 años, lo ha sido por un delito de cohecho continuado. Ambos fueron arrestados en Marbella.
Asimismo, en Málaga han sido detenidos, por un delito de cohecho continuado, el presidente de Aifos, Jesús R.C., de 46 años; el director general de la compañía, Jenaro B.N., y el director financiero, J.A.L.R., de 46 años.
Se están practicando registros en diversos domicilios y la operación continua abierta, por lo que se esperan más detenciones, según señalaron fuentes de la investigación.
Entre estos registros está el que realizan agentes del Cuerpo Nacional de Policía desde primera hora de la mañana de hoy en la casa que el ex regidor de Marbella tiene en la urbanización La Pera, en Nueva Andalucía.
El Consistorio facilita el terreno y condiciones ventajosas a 44 jóvenes para que puedan pagarse una vivienda digna
Antonio Jesús, Antonio o Salvador son sólo tres de los 44 jóvenes que cuentan con un solar para construir sus casas en el axárquico municipio de El Borge. Ellos, además, están trabajando en la construcción de sus futuras casas pero entre los solicitantes hay informáticos, socorristas...
Lo que tienen en común es que todos cuentan con una edad comprendida entre los 18 y los 25 años.
El alcalde de la villa de la pasa, José Antonio Ponce, explica que esta legislatura ha sido denominada `la de la vivienda´, con un único objetivo: frenar el éxodo de la juventud, pues el coste de construcción de viviendas en este pequeño pueblo de apenas mil habitantes es excesivo por las dificultades orográficas del terreno.
En una primera fase del programa, el Ayuntamiento entregó 11 solares para viviendas de autoconstrucción, gracias a una inversión de la Junta de Andalucía de más de 270.000 euros. Más tarde, y con el objetivo de satisfacer todas las solicitudes, el Consistorio adquirió terrenos en una zona denominada Loma del Pozo donde se completó la demanda existente, es decir la de toda la juventud alborgeña.
Solares. Gracias a esta iniciativa, estos 44 jóvenes cuentan con un solar de 90 metros cuadrados pero con posibilidad de construir hasta tres plantas. Asimismo, los terrenos se encuentran en una zona ya urbanizada y a la salida del pueblo, por lo que este nuevo barrio se convertirá en el residencial más joven de la localidad axárquica.
Asimismo, el Ayuntamiento exime a los beneficiarios de pagar la licencia de obras y los costes del proyecto corren también a cuenta de las arcas municipales. Las facilidades no acaban ahí, sino que se ha contratado a una empresa local para que construya estas viviendas y facilite el pago de las casas, cuyo precio alcanzará como máximo unos 60.000 euros.
Todos los beneficiarios son vecinos de El Borge, aunque en la primera fase del programa se primó a unidades familiares con dificultades económicas y a familias monoparentales. Por su parte, Antonio Jesús, Antonio y Salvador dicen que trabajar en su futura vivienda "da una satisfacción especial". En sólo unos meses, el sueño se habrá hecho realidad.
Alternativa dos Veciños ha publicado un escrito en el que defiende a Seoane. Según esta agrupación, la campaña de desprestigio contra el alcalde la está llevando a cabo, junto con la oposición, un grupo de promotores molestos con el modelo urbanístico. Por otro lado, el PP pedirá la dimisión de Seoane en el pleno.
Alternativa dos Veciños, el grupo político que preside el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, se ha pronunciado a favor de éste. Para la agrupación, los grupos de la oposición, el PP y el PSOE han orquestado toda una campaña de difamación, que han denunciado, para tentar de afundir ao goberno local , dijeron.
Asimismo, Alternativa acusa a promotores molestos con la aplicación de los Planes Generales de Ordenación Urbana de 1984 y 1996, que promueven un modelo urbanístico de baja densidad, de realizar todo tipo de maniobras para poder especular en Oleiros.
Por otro lado, el portavoz del PP municipal, Pablo Cobián ha asegurado que pedirá la dimisión del alcalde en el pleno extraordinario de mañana. Según Cobián al menos en dos ocasiones, en Las Cancelas y en la recalificación de una de las fincas de Iñás, Seoane ha cometido importantes irregularidades relativas a la utilización de información privilegiada y a la autorización de planes de reparcelación en los que tenía intereses, en las que debería haberse abstenido , aseguró.
Además, el popular ha instado al BNG a romper el pacto con Alternativa, porque si no lo hace fallaría a los vecinos y sería cómplice de un especulador , dijo. Cobián también indicó que estaría dispuesto a pactar con Alternativa, siempre que Seoane no fuese su presidente , apuntó.
Por su parte, el alcalde ha acusado al periódico donde salió la información que lo incrimina como supuesto especulador y promotor inmobiliario de estar vendido . También ha asegurado que Serjesco , no es una empresa suya y ha tachado de sinvergüenzas y ladrones a quienes vertieron esas acusaciones sobre falsos negocios , afirmó.
La demolición acordada ayer permanecerá en suspenso hasta que el juzgado se pronuncie
Como era previsible, “Hontanilla de Santo Domingo S.A.”, promotora de la construcción de hasta 46 miniapartamentos en una parcela protegida junto al Eresma, deberá demoler todo lo construído que no cuente con el amparo de la licencia concedida en su día por el Ayuntamiento. La decisión fue adoptada ayer por la junta de Gobierno local, en sintonía con las conclusiones del expediente de restitución de la legalidad abierto por el Ayuntamiento, que exige a la propiedad la demolición de los miniapartamentos y el resto de obras “ilegales” en un plazo de tres meses.
Sin embargo, el hecho de que esté abierta una investigación en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Segovia, a petición de la Fiscalía, que observó indicios de un presunto delito urbanístico, hace que la resolución municipal derivada de este expediente quede en suspenso y no se ejecute hasta que se pronuncie el tribunal. Por la misma razón, también permanece aparcado el procedimiento administrativo sancionador que abrió el Ayuntamiento después de parar las obras, el pasado 5 de mayo.
Al término de la junta de Gobierno, el alcalde, Pedro Arahuetes, aclaró que la Ley de Urbanismo obliga a suspender la ejecución de esta resolución al existir un procedimiento penal en marcha; por lo que la demolición no se producirá hasta que exista un pronunciamiento explícito del tribunal que investiga la causa. Con este fin, el Ayuntamiento trasladará el expediente al juzgado, que o bien podrá autorizar al municipio a exigir el derribo o , en su caso, tomará en cuenta el expediente para exigir la demolición en la sentencia que dicte en su momento.
actuación finalizada
En todo caso, Arahuetes resaltó que con la resolución del expediente de restitución de la legalidad “damos por terminada la actuación municipal”, a la espera del del pronunciamiento del Juzgado número 2 de Segovia, del que es titular Jesús Marina Reig.
El tribunal investiga el caso después de que la junta de fiscales apreciara, por unanimidad, que los promotores podían haber incurrido en un delito tipificado en el artículo 319.1 del Código Penal, por llevar a cabo obras en suelo destinado a zona verde, en La Alameda del Parral, en suelo calificado no urbanizable de especial protección. Arahuetes dijo ayer que el Ayuntamiento no tenía conocimiento de que el juez haya citado todavía a ninguno de los promotores o técnicos de la obra como posibles imputados en el caso.
Como se recordará, la licencia fue concedida para la construcción de un muro de contención de unos terraplenes en una huerta calificada como suelo especialmente protegido, donde se terminaron camuflando un total de 46 estudios o pequeños apartamentos de 19 metros cuadrados cada uno, de los que 16 están ejecutados y otros 30 en obras.
Un decreto de Alcaldía ordenó, el 5 de mayo, paralizar las obras, además de la apertura de un expediente para exigir la restitución de la legalidad —el que ahora ha sido resuelto— y el inicio de un procedimiento sancionador —también en suspenso tras la intervención de la Fiscalía—. A la luz de un informe elaborado por la asesoría jurídica municipal, que apreció "evidentes e inconfundibles" indicios delictivos, el Ayuntamiento remitió el expediente a la Fiscalía; una instancia que también recibió un escrito de denuncia del PP para que determinara si habían actuado con diligencia para impedir las obras ilegales los concejales de Urbanismo y Patrimonio Histórico.
La Fiscalía archivó a finales de junio la denuncia de los populares. Hasta ahora la única "víctima política" del escándalo ha sido el concejal del PP, Ángel Sancho, que presentó su dimisión. Sancho siempre ha negado su vinculación con los hechos, aunque sí admitió que poseía acciones de la empresa promotora como garantía de un pago pendiente.
Resolución
La resolución adoptada ayer por el Gobierno municipal contempla la desestimación de las alegaciones presentadas por la sociedad promotora de las obras y la negativa al propósito de “Hontanilla de Santo Domingo S.A.” de legalizar las construcciones no amparadas por la licencia primitiva. El acuerdo niega la legalización de una pequeña caseta o construcción no incluida en el proyecto, un tercer un muro de hormigón, igualmente no amparado por la licencia, los machones de ladrillo —acabados de las fachadas de los muros— y todas las obras que perseguían hacer habitables el interior de los dos muros de contención autorizados; es decir, los miniapartamentos.
Así, se exige demoler todo lo que no esté contemplado en la licencia en un plazo no superior a tres meses, con la advertencia de que el Ayuntamiento podría ejecutarlo de forma subsidiaria.
La resolución, que de momento no será ejecutada, contempla como medida cautelar el relleno con tierra de todos los espacios adaptados para ser habitados en el interior de los muros; un actuación previa a su sellado con el muro de fáctica, que es el autorizado por la licencia concedida. Asimismo, el Ayuntamiento obligará a la propiedad a restituir a su situación inicial los elementos protegidos afectados por las obras —la cacera de regantes y la alberca— al ser elementos incluidos en la ordenanza de conservación del Plan Especial de San Lorenzo. Además, la promotora deberá reponer a su estado inicial el viario exterior peatonal afectado por las obras y reparar todos los daños causados en las inmediaciones y en los caminos de acceso. Pese a que admite que las obras realizadas en la valla perimetral de la parcela podrían ser legalizables, el expediente concluye que la propiedad deberá cumplir lo recogido en la licencia en cuanto a las medidas correctoras de integración paisajística.
La resolución se trasladará a la Comisión de Patrimonio —al ser una parcela incluida en el Paraje Pintoresco declarado en 1947— y a la Confederación Hidrográfica del Duero.
La familia Manzano asegura que desde que habitan en Esgueva 10 «no ha habido problemas con nadie»
«¿Solo Dios y nosotros sabemos lo que estamos pasando! Debajo de un puente no nos vamos a ir, queremos una vivienda digna», enfatiza la madre de la familia Manzano con lágrimas en los ojos. «Llevamos veinte años apuntados para entrar en un piso de realojo y nada de nada, míranos, tú crees que si tuviéramos algo íbamos a vivir así», aclara mostrando la casa.
La vida de este clan de etnia gitana ha estado marcada por un constante deambular en busca de techo y también por la desgracia. En noviembre del 2004 su hijo de 30 años fallecía intoxicado por el monóxido de carbono de un brasero en una nave abandonada de la avenida de Santander mientras dormía con otra mujer de 31.
«Estoy en tratamiento psiquiátrico, solo pido a los dueños que tengan corazón», dice la cabeza de familia. Paco, otro de sus hijos, reconoce que los propietarios tienen derecho a hacer uso de su casa, pero añade que ellos también son españoles y la Constitución les reconoce el derecho a una vivienda digna. «Solo pedimos un piso con una renta que podamos ir pagando, que no nos dejen tirados en la calle como perros», reclama este joven, quien asegura que desde que están instalados en Esgueva 10 «no ha habido ningún problema, nos llevamos bien con todo el mundo».
Estos 'okupas', con dos niños de meses a su cargo, están dispuestos a luchar para que no les desalojen sin que se les plantee una alternativa. «¿Dónde vamos a ir?, si hay que encadenarse nos encadenamos, pero no pueden dejarnos tirados otra vez».
La convocan para el 26 de agosto frente al Ayuntamiento de Bilbao.
Se suman así a la reivindicación generalizada en el Estado: una vivienda dina para todos. La Plataforma por una Vivienda Digna, respaldada por 500 jóvenes, tiene delegación en Euskadi, la tercera que se forma, tras las de Madrid y Barcelona. Y la delegación vasca ha nacido con fuerza. Han convocado una macrosentada junto al Ayuntamiento de Bilbao para el próximo día 26 de agosto, en plena Aste Nagusia. Sus objetivos, lograr que las instituciones les escuchen. Para solucionar el problema de la falta de pisos, proponen incrementar inmediatamente el gasto público en la vivienda protegida; ayudas directas al alquiler, y penalizar a los dueños de viviendas vacías, entre otras alternativas.
El Ayuntamiento prepara una ordenanza para atajar la especulación Es el primer municipio vasco que adopta esta medida
El Ayuntamiento de Portugalete desarrollará una política específica para luchar contra la especulación que empieza a proliferar en torno a la transformación de lonjas en viviendas que, posteriormente, se venden a precio de mercado. El alcalde de la villa, Mikel Cabieces, ha anunciado la redacción de una ordenanza municipal al respecto que prohibirá la venta libre de estos nuevos pisos. «Todos tendrán la catalogación de vivienda protegida local», garantizó. El jarrillero es el primer ayuntamiento del País Vasco que afronta una iniciativa de este tipo, «que se sustentará en la futura Ley del suelo aprobada por el Gobierno vasco, que pronto entrará en vigor».
«Con un régimen de protección normativo, su venta estará controlada directamente por el Ayuntamiento, que no permitirá un precio superior al vigente para este tipo de construcciones», apuntó el primer edil. De esta forma, el valor de estos inmuebles oscilará entre el de VPO y la vivienda tasada. A su juicio, esta restricción económica será clave para desanimar a los que vean un negocio en la adquisición de estos locales «con intereses puramente inmobiliarios».
Mikel Cabieces ha explicado que los servicios municipales ya trabajan en la redacción del documento que, «con el objetivo de evitar la picaresca, establecerá que la propia institución local disponga de una lista de potenciales compradores». «Quien quiera vender este tipo de vivienda deberá recurrir a nosotros, con lo que será imposible realizar pagos 'bajo cuerda'».
Al estar bajo un régimen público protegido, también la venta de las lonjas transformadas estará limitada «y sólo podrán escriturar aquellas personas que no tengan vivienda propia ni superen los límites establecidos». Únicamente las transmisiones familiares quedan exentas de estas condiciones, «pero nunca cuando se traspasen a terceras personas». Los solicitantes, además, deberán estar empadronados en la localidad jarrillera, «o tener la característica del 'arraigo', es decir, que hayan mantenido un lazo de unión fuerte con Portugalete en el pasado».
Condiciones urbanísticas
La transformación de lonjas en viviendas también deberá respetar los parámetros urbanísticos. «Queremos evitar la infravivienda, que al final siempre deriva en marginalidad, por lo que estos locales deberán tener ventanas suficientes para garantizar la aireación y la luminosidad, así como un tamaño, unos accesos y una altura adecuados. Todas esas condiciones se especificarán en el texto», avanzó Cabieces.
Por último, la nueva modalidad de pisos «en ningún caso» podrá ir en detrimento de la supervivencia del comercio local, «por lo que primará el uso de las lonjas como actividad terciaria sobre el residencial».
El alcalde de Portugalete pidió paciencia a los vecinos que estén interesados en optar por esta posibilidad, «ya que para redactar la ordenanza primero deberá entrar en vigor la Ley del Suelo, que será el instrumento principal sobre el que nos apoyaremos». Además, la nueva reglamentación tendrá efectos directos sobre el planeamiento urbanístico municipal, «por lo que es posible que tengamos que realizar modificaciones parciales de este documento, que exigen tramitaciones cuya duración puede superar el año y medio». «Es un proceso complicado que nos gustaría culminar para el año 2008», concluyó.
La familia del agricultor que desde 1940 labraba la tierra litiga en el Supremo por la propiedad
El 25 de abril de 2003, Francisco Hernando, Paco el Pocero, culminó una operación muy rentable. En la notaría de Illescas compró dos tercios de Parque Tecnológico Toledo Norte, cuyo único activo era "una finca de secano" en "el Quiñón de 99 hectáreas, 40 áreas y 90 centiáreas". Ese terreno supone el 44% de los 1,8 millones de metros que 13 días después recalificó el Ayuntamiento de Seseña, entonces gobernado por el PSOE, para 13.508 viviendas. El Pocero compró sabiendo que el Supremo había concedido el derecho sobre la finca a Gonzalo González, que desde 1940 la cultivaba. Hernando ha abierto otra causa sobre si la tierra debe pasar a los herederos de González. Mientras, vende las casas.
Hernando explicó a EL PAÍS que tiene apalabrada la venta de unas 3.000 de las 13.508 viviendas que se levantarán en una zona pendiente de infraestructuras de abastecimiento de agua.
La finca del Quiñón, donde Hernando levanta su ciudad, tiene un amplio historial judicial. Gonzalo González la cultivaba desde 1940 y pagaba a un administrador 30.000 pesetas al año. La finca no daba para más. El secano de Toledo sólo admite algo de cereal. En 1991, González intentó ejercer su derecho de arrendatario histórico para comprar la finca, recogido en una ley de 1980 para los casos previos a 1942. Fue a los tribunales y el juzgado de Illescas falló en 1993 que González tenía "derecho a la adquisición de la finca". El juez ordenó que se fijase un precio, pero Enrique Lijardo, que tenía la finca a su nombre, recurrió. El 26 de abril de 1994, Lijardo vendió la finca a Promoción Comunidad de Pantoja SA, de tres socios, que siguió con el pleito.
En diciembre, la Audiencia Provincial de Toledo reiteró el derecho de Gonzalo González. Comunidad de Pantoja llevó el caso al Supremo. El 7 de diciembre de 1997, el Supremo le volvió a dar la razón a Gonzalo González. Éste, que entonces tenía 104 años y que falleció poco después, tenía derecho a comprar la finca por un precio tasado, según el máximo órgano judicial. Comenzó entonces otro litigio: cómo ejecutar la sentencia. Las partes se enfrascaron en peritajes para ver cuánto costaba; sobre si se pagaba conforme al precio de secano de los ochenta o sobre las perspectivas, según fuentes próximas al caso. Comunidad de Pantoja pasó a llamarse Parque Tecnológico Toledo Norte (PTTN).
Arruinado en Villaviciosa
En 2002, Francisco Hernando ya estaba en Seseña. Ya había comprado parte del Quiñón y en noviembre propuso al ayuntamiento urbanizarlo en un Plan de Actuación Urbanística (PAU) de 1,8 millones de metros cuadrados, de los cuales menos de la mitad eran suyos.
El 25 de abril, Hernando entró en la empresa PTTN. La escritura de compraventa señala que Hernando asume a Gonzalo González como arrendador de las tierras, detalla la existencia de todas las sentencias sobre la propiedad de la finca y que está pendiente de fijarse un precio para que el agricultor la compre. La escritura afirma que "el procedimiento sobre la finca se encuentra en periodo de ejecución de sentencia". Hernando, a través de tres sociedades, compró dos terceras partes de la empresa. El tercer socio no vendió hasta fecha muy reciente.
Hernando complementó la compra con el dinero que recibiría de la expropiación de la Radial 4. La autopista de peaje que une Madrid con Ocaña pasa por allí y la finca perdió 116.641 metros cuadrados. Un total de 796.331 metros cuadrados quedaban dentro del plan para la nueva ciudad que había presentado Hernando. El suelo que consiguió controlar ese día supone el 44% de la macrociudad.
El 8 de mayo de 2003, sólo 13 días después de cerrar la operación de adquisición de suelo, el Ayuntamiento de Seseña recalificó el terreno multiplicando varias veces su valor con los seis votos de PSOE. En el pleno, el entonces alcalde, el socialista José Luis Martín, ante las críticas sobre la aprobación del plan pese la falta de agua e infraestructuras, afirmó: "A las 9.00 estaba en Toledo y el consejero de Obras Públicas y el Delegado Provincial me han informado que se podía aprobar el PAU", según el acta de ese pleno.
El 25 de mayo, IU ganó las elecciones para gobernar en minoría. El alcalde, Manuel Fuentes, ha denunciado una trama corrupta para que a Hernando se le aprueben todos los trámites. PSOE y PP, que suman ocho ediles, por los cinco de IU, votan a favor de las propuestas del PAU.
Fuentes próximas al caso muestran su extrañeza por que Hernando comprase una finca rústica sobre la que, además, pesaba una sentencia del Supremo que obligaba a venderla. Pero tras la recalificación, Hernando siguió litigando contra los herederos de Gonzalo González. En junio de 2003 presentó en el juzgado un escrito para que el derecho de Gonzalo quedase anulado porque la finca ya no era rústica, sino urbana.
Ejecutar la sentencia
Así se abría un nuevo procedimiento sobre cómo ejecutar la sentencia del Supremo de 1997 que dio la razón al agricultor. El 15 de febrero de 2005, el juez de Illescas desestimó la pretensión de Hernando, que llevaba meses vendiendo casas. El juez afirmó que este proceso suponía un nuevo juicio sobre la propiedad de la tierra, algo ya juzgado.
Hernando recurrió a la Audiencia Provincial y argumentó que, como la finca ya no era de cultivo, González no podría cultivar durante seis años más (condición imprescindible para mantener la propiedad del suelo). En noviembre de 2005, la Audiencia Provincial cambió el criterio y dijo que como los herederos del agricultor no habían llegado a comprar la finca -nunca se fijó el precio- el contrato de arrendamiento seguía en vigor y por tanto no era de aplicación la ley de Arrendamientos Rústicos que daba la propiedad a González.
Lo que en 1997 era un derecho de Gonzalo, ya no lo era porque, durante ocho años, la Justicia no fue capaz de fijar el justiprecio. Y como la finca, ya en manos de Hernando, era urbanizable, el arrendatario de la finca durante 60 años no tenía derechos sobre ella. La sentencia obligaba a dejarla libre en seis meses con una indemnización equivalente a una cosecha. La vista para fijar la indemnización será en septiembre. La familia ha recurrido al Supremo para ver si, por segunda vez, le da la razón como antes hicieron cuatro sentencias. Cuando la justicia se pronuncie, la mayoría de las viviendas estarán construidas y vendidas.
El alcalde retrasa las licencias
El alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, de IU, anunció ayer que no concederá nuevas licencias de obra en la urbanización de Francisco Hernando hasta que se resuelvan los problemas de infraestructuras, principalmente de agua. Hernando tiene ya 5.096 licencias y el alcalde anunció que no quiere que los compradores se encuentren con problemas de agua.
El constructor se ha puesto a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, y pide declarar "cuanto antes y aportar todos los documentos que justifican el puntual y exacto cumplimiento de los trámites legales", según un comunicado. El constructor replicó así a la denuncia que Izquierda Unida ha presentado en Anticorrupción por supuestas anomalías, falsedades y tráfico de influencias en la tramitación del PAU del Quiñón. Este diario intentó ayer, sin éxito, obtener la versión de Hernando.
El promotor señala en la nota que, si los hechos denunciados fueran ciertos, IU podría haber sido cómplice por no haberlo denunciado antes. Hernando atribuye la denuncia a "turbios fines políticos" para "desacreditar a los partidos mayoritarios, PSOE y PP".
El portavoz del Partido Popular de la Región de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, aconsejó ayer al secretario general del PSRM-PSOE, Pedro Saura, que “se aplique su propia medicina y deje de ocultarse, que ya es hora”, ante el escándalo que rodea a dirigentes del partido socialista de Los Alcázares, que pueden estar relacionados con la trama de corrupción urbanística de Marbella, según fuentes del PP. En este sentido, Sánchez recordó que “el secretario general del PSRM dijo que no le temblaría el pulso y ahora, incluso le tiemblan las piernas”, en relación a estos escándalos urbanísticos.
Según las informaciones que aparecieron el viernes en la prensa regional, la titular Juzgado número 2 de San Javier ha dictado un auto por el que ordena a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la dirección general de la Policía Nacional que investigue la “presunta vinculación entre la trama marbellí y la localidad murciana de Los Alcázares”. Por ello, el portavoz del PP en Murcia pidió a Saura que lleve a la práctica lo que afirmó en el mes de marzo, cuando dijo “no vamos a mirar para otro lado en lo que se refiere a los casos de corrupción, mala gestión y mezcla de intereses públicos y privados”.
Actuaciones de la Comunidad
Por su parte, el alcalde de Los Alcázares, Juan Escudero afirmó a elfaro que todo esto le ayuda a querer seguir defendiendo las siglas del PSOE y añadió deberían de dejar de criticarlo –refiriéndose al PP– “pues todas las empresas intervenidas judicialmente en la Operación Malaya han tenido actuaciones administrativas con el Gobierno regional”. “El hotel de Los Alcázares no se hubiera hecho nunca si miembros de la Comunidad no hubieran tramitado ninguna actuación”.
Por otro lado, la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Teresa Rosique, manifestó que el PSOE es quien está impulsando la regeneración de la vida pública y la lucha contra la corrupción en la Región de Murcia. “El PP y, concretamente, el presidente Ramón Luis Valcárcel viene negando sistemáticamente que en esta Región haya corrupción, cuando su modelo, basado en la especulación, es precisamente lo que la genera”. Añadió que el Partido Popular tiene que explicar por qué se ha negado a que la Asamblea Regional cree una Comisión de Investigación para esclarecer y analizar el alcance de la presencia de la trama marbellí en esta Comunidad murciana.
Los aragoneses necesitan ya 6,1 años de su renta familiar para adquirir una vivienda, casi 2 más que en 2000.
La desproporción entre el encarecimiento de los pisos y la actualización de los salarios está excluyendo cada día a más aragoneses del mercado de la vivienda. Sólo cuatro de cada diez familias que residen en la Comunidad pueden permitirse ya adquirir un piso nuevo de unos cien metros cuadrados sin endeudarse demasiado, esto es dedicando como mucho un 40% de la renta de sus miembros a pagar la hipoteca.
El resto tiene que optar por buscar cada vez pisos más pequeños, o bien, ampliar el plazo de amortización de sus créditos hasta límites insospechados hace apenas unos años. Así lo advierte el servicio de estudios de Caixa Catalunya, que ha analizado el incremento que han sufrido los hogares españoles en los últimos cinco años en su esfuerzo por acceder a una vivienda.
La espiral de precios ha hecho que a los aragoneses les cueste ahora casi dos años más de su salario el poder pagar una vivienda. Si en 2000, los ciudadanos dedicaban de media 4,2 años enteros de su sueldo neto para la hipoteca, ahora tienen que emplear 6,1, lo que supone un incremento del 44,3%. Y es que en este periodo de tiempo, la vivienda ha subido en Aragón cuatro veces más que las rentas familiares. Mientras los pisos prácticamente duplicaron sus precios, con un incremento del 89,8 %, las rentas por hogar aumentaron un 24,8 %.
Y lo curioso es que fueron, precisamente, las viviendas usadas las que más tiraron de los precios (se encarecieron un 104,9 %, frente a las de nueva construcción, que lo hicieron un 70,9 %). Como consecuencia de ello, el esfuerzo para comprarlas, aunque cuantitativamente es todavía inferior al de las nuevas, creció más en términos porcentuales. Pasó de los 3,5 años de 2000, a los 5,7 actuales (un 62,7 % más).
Dependiendo de los ingresos familiares, la variación es considerable. Los hogares con rentas más bajas necesitan más del doble de tiempo que las familias medias para financiar su vivienda y el triple que las más pudientes. Así, por ejemplo, el periodo se mueve entre los 15 años y medio de los hogares con menores rentas -estimada en 10.748 euros anuales-; a los 3,1 de los más pudientes -con 53.072 euros-, pasando por los 6 años de los hogares de clase media - con 27.968 euros-.
El incremento, lógicamente, castiga también a las familias con rentas menos abultadas, que necesitan ahora 4,8 años más de su salario neto para hacerse con un piso que en 2000, frente al 1,1 año más de las rentas más ricas.
Viviendas más pequeñas
Ante el imparable crecimiento de los precios, y el estancamiento de los salarios, los aragoneses se están viendo obligados, al igual que el resto de españoles, a comprar pisos más pequeños. Así las cosas, si en vez de adquirir uno de cien metros, se opta por otro de 80, el porcentaje de ciudadanos que pueden hacer frente a la hipoteca comprometiendo menos de un 40 % de su renta se eleva a más del 50%. Y si se reduce aún más el tamaño, el acceso mejora. No en vano, siete de cada diez aragoneses pueden hacer frente, sin problemas, a la compra de un piso de 60 metros.
Pese a todos estos datos, los aragoneses pueden sentirse, incluso, afortunados. Su esfuerzo se sitúa unos meses por debajo de la media española, tanto para vivienda nueva como usada. En mejor situación, figuran únicamente, La Rioja, Navarra, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura, en el caso de la primera, y Navarra, Asturias, Comunidad Valenciana, La Rioja, Murcia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura, en el caso de la segunda.
La falta de medios económicos y de una vivienda retrasa cada vez más la edad de la emancipación. Un estudio refleja que el varón se resiste más que la mujer a abandonar "la comodidad" familiar.
La mayoría de las familias de las cuencas mineras tienen que tratar con una carga adicional: sus hijos. Casi el 80% de los jóvenes de hasta 30 años del Nalón y del Caudal continúan viviendo con sus padres, según un estudio sobre la juventud realizado por el Principado de Asturias.
El informe revela datos poco alentadores sobre la juventud de estas comarcas. No en vano "trabajan menos, estudian más, vivien más tiempo en casa de sus progenitores, se casan más tarde y tienen menos hijos e hijas que en el resto de Asturias y España", asegura el estudio. Con estas estadísticas los habitantes de las cuencas de entre 16 y 30 años están a la cola nacional pues son los que más tardan en abandonar el núcleo familiar. De hecho, los jóvenes entre 25 y 29 años, tramo de edad donde se accede al primer trabajo y a la independencia económica, registran un alto nivel de dependencia familiar, con un 62,5 por ciento de personas no emancipadas, según la encuesta.
Estos datos se explican por dos problemas de gran importancia para la juventud: el empleo estable y la situación de estudiante. La falta de medios económicos se presenta como la razón principal de que se abandone más bien tarde el hogar familiar. Los jóvenes también destacan el difícil acceso a una vivienda, lo que se traduce "en una tasa de emancipación extremadamente baja". La dependencia familiar es más alta en la cuenca del Caudal, donde un 85% de los jóvenes todavía continúan viviendo con su casa. Por el contrario, en el Nalón se registra un porcentaje mayor de personas que viven en pareja, alcanzando el 14 por ciento.
DINERO Precisamente, una de las principales causas de emancipación es para formar un nuevo hogar y familia, algo que los jóvenes de las cuencas no se deciden a realizar por la falta de estabilidad económica y de una vivienda, lo que se convierte en un círculo vicioso difícil de romper. No obstante, existe una actitud ligeramente diferente hacia la emancipación según el género. Los varones suelen apreciar más las comodidad del hogar familiar y su principal razón para emanciparse es el trabajo y la autonomía personal. En el caso de las mujeres el matrimonio y la formación de familia propia y los estudios son sus principales motivos para dejar el nido .
Lo cierto es que, según el estudio, la vida en la casa familiar facilita la vida como estudiante o empleado precario en búsqueda de un trabajo estable sin renunciar a actividades de ocio ni "a niveles de consumo elevados". Por otro lado, la larga estancia en la casa familiar permite que, cuando los jóvenes pueden dar el paso de la emancipación puedan hacerlo para fundar una familia con la casa comprada y un nivel de vida acomodado. Se trata de un "estrategia de ahorro" para la compra de una vivienda, a la espera de una pareja estable y de un empleo seguro. Estas "estrategias" contrastan con las actitudes de los padres y madres, en su mayoría en edad de prejubilación, que aceptan el retraso de la emancipación y un estilo de vida y consumo muy diferente a su propia juventud. Una situación que ha derivado en que "los jóvenes de las cuencas viven de forma acomodada".
REACCIONES La cruda realidad de la juventud en las comarcas mineras no ha pasado desapercibida entre los responsables políticos y las asociaciones. El secretario general de Juventudes Socialistas, Adrián Barbón, manifestó que "hay que promover los cambios necesarios para impulsar el futuro de los jóvenes vinculándolo al desarrollo de los territorios". Por este motivo esta organización ha hecho un llamamiento para "impulsar una imagen en positivo de estos territorios". Barbón afirmó que "la mejor forma de contribuir a futuro es promover una visión real de los jóvenes de las comarcas mineras".
Los responsables municipales de las cuencas también han detectado la situación precaria de los jóvenes y han iniciado políticas para tratar de fijar la población joven a los concejos. Estas políticas están en su mayoría relacionadas con la vivienda barata para jóvenes. En este sentido destacan las iniciativas de Mieres, con el proyecto de La Mayacina, Langreo Centro, y San Martín del Rey Aurelio. Este concejo ha puesto en marcha recientemente un protocolo de vivienda joven en todos sus núcleos urbanos para que, según el alcalde Ignacio Fernández, "los jóvenes que trabajar fuera decidan quedarse a vivir en el concejo".
El alquiler es la única fórmula que encuentra el Gobierno regional para agilizar el mercado de la vivienda. Para conseguirlo promueve pisos en este régimen y anima a los propietarios a poner a disposición de posibles inquilinos sus inmuebles.
Sólo en Oviedo hay casi 12.000 viviendas desocupadas, según los datos facilitados ayer por el director general de Vivienda, Manuel Orviz, en el transcurso de su ponencia en el curso de verano de la Universidad de Oviedo titulado 'Análisis de acceso a la vivienda'. Entre Oviedo, Gijón y Avilés, la cifra se eleva a 28.000 y en el conjunto de la región a 76.240 pisos.
El dato que destacó Orviz «por ser el más llamativo» fue que entre 1991 y 2001, en el Principado se construyeron 13.381 viviendas que nunca llegaron a ocuparse.
Ferratur y Sacresa se personan en el contencioso que puso EU de la mano del bufete del hermano del conseller de Educación - Francesc Fiol trabajaba en este despacho hasta su entrada en el Govern
El grupo formado por las promotoras Ferratur y Sacresa, a las que el Consell de Mallorca adjudicó la venta de los terrenos de Can Domenge por 30 millones de euros, ha contratado los servicios del despacho de abogados que dirige Santiago Fiol, hermano del conseller de Cultura Francesc Fiol, para defender sus intereses ante los tribunales.
A través de las abogadas Joana Vicens Bennasar y Margarita Oliver Munar, que desarrollan su labor en este despacho profesional, Ferratur y Sacresa se han personado como parte interesada en el recurso contencioso administrativo con el que Esquerra Unida pretende anular el concurso.
La juez Carmen Frígola, titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma que debe resolver esta causa, ha concedido ahora un plazo de 10 días a ambas promotoras para que presenten alegaciones.
A preguntas de este diario, la abogada Joana Vicens se negó ayer a confirmar si está representando a Ferratur y Sacresa. «No puedo hablar con vosotros, el secreto profesional me impide informaros sobre este tema», afirmó.
Incompatibilidad
Por su parte, el conseller Francesc Fiol se mostró convencido de que no supone ningún «conflicto de intereses» el hecho de que el despacho profesional de su hermano, en el que él mismo trabajó hasta 2003, vaya a defender ante los tribunales el polémico concurso del Consell, sobre el que pesa la sospecha de múltiples irregularidades.
«Es evidente que no hay ninguna colisión de intereses», indicó Fiol a EL MUNDO/El Día de Baleares, «porque como conseller estoy sometido a un régimen de incompatibilidades que respeto y acato. Cuando tomé posesión del cargo, en 2003», añadió, «me di de baja en el Colegio Oficial de Abogados y no he vuelto a ejercer, aunque por supuesto estoy al corriente de los temas que lleva nuestro despacho».
«Nadie podrá decir», indicó Francesc Fiol, «que durante mis años de conseller he llevado ningún asunto [en los tribunales] que pueda afectar a mi labor en el Govern». Fiol tampoco ejerció como abogado durante su anterior etapa como conseller de Sanidad, pero sí durante la pasada legislatura, ya que como diputado en la oposición no estaba sujeto a incompatibilidad. En declaraciones a este diario, el conseller anunció su intención de reincorporarse al despacho de abogados de su hermano una vez concluya su labor política.
En su contencioso, Esquerra Unida ha pedido a la juez que paralice de forma cautelar el proceso administrativo del concurso adjudicado por el Consell de Mallorca, para evitar que cuando se resuelva el litigio ya estén construidas las 600 viviendas que Ferratur y Sacresa proyectó para Can Domenge. Además de este frente judicial, el PSM anunció el miércoles la presentación de un recurso de reposición ante el propio Consell, en el que solicita que se anule la adjudicación.
Una de las medidas que solicita el PSM es la elaboración de un peritaje externo para determinar el valor real de los terrenos, que el Consell vendió por 30 millones de euros. Los nacionalistas no descartan acudir a los tribunales si el Pleno rechaza este recurso.
Y pide el fin de las cacicadas urbanísticas. Caperos explicó que la recalificación de estos terrenos, "de monte, con vegetación dispersa y animales", se incluye dentro del avance del Plan General de Ordenación Urbana del municipio
El diputado regional del PSOE, Félix Caperos, calificó hoy de "escándalo" el hecho de que el alcalde de Manjarrés haya dado a conocer su intención de recalificar sesenta hectáreas "de una finca suya y de su familia" como suelo urbano. Algo ante lo que pidió el fin de las "cacicadas" urbanísticas del Partido Popular que, dijo, "huelen al final de un partido".
Caperos ofreció hoy una rueda de prensa en la que explicó que la recalificación de estos terrenos, "de monte, con vegetación dispersa y animales", es una intención del alcalde que se incluye dentro del avance del Plan General de Ordenación Urbana que planea para el municipio.
Caperos ofreció hoy una rueda de prensa en la que explicó que la recalificación de estos terrenos, "de monte, con vegetación dispersa y animales", es una intención del alcalde que se incluye dentro del avance del Plan General de Ordenación Urbana que planea para el municipio.
Reconoció que aún se pueden presentar alegaciones, por lo que aseguró que, desde el PSOE, "se removerá Roma con Santiago" para que esto no salga adelanta. Es, dijo, "la continuación del desmadre del Partido Popular". "El tema urbanístico se le desmadra al presidente riojano, Pedro Sanz", añadió.
Por eso pidió, en primer lugar, "explicaciones" y, a continuación, que se "rectifique porque no se pueden recalificar unos terrenos porque sí". A su juicio, esta actuación "no tiene mayor sentido que aumentar el beneficio personal" del alcalde y su familia.
Caperos pidió el fin de las "cacicadas" y, en este sentido, recordó los casos de "Santurde, donde el alcalde compró unos terrenos y los recalificó, Lardero, municipio en el que se recalificó monte y Casalarreina, donde se instaló una empresa de la familia del alcalde en suelo rústico". En el caso de Manjarrés señaló la "coincidencia" de que, "hace pocos meses, se construyó cerca un depósito de agua".
El diputado socialista recordó como, ayer, el Gobierno riojano presentó la estrategia territorial de La Rioja. Algo que calificó de "descaro" ya que, en su opinión, "la única estrategia que hay es la de parecerse a Marbella". Lo de Manjarrés, concluyó, es "un escándalo y lo tenemos que parar".
