La lucha por el derecho a la vivienda lejos de desinflarse se rearma de nuevo con una convocatoria a nivel estatal para el Sábado 24 de Marzo. Esta convocatoria se suma a la realizada por la CCDT para el 5 de mayo en lo que va a ser una escalada de movilizaciones de presión a los partidos políticas de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Las Asambleas por la Vivienda Digna y las diferentes Plataformas que se han ido creando durante este último año, vuelven a la carga con una manifestación para el 24 de Marzo en todo el Estado.
Esta manifestación cuenta con las mismas características que la realizada el 23 de de Diciembre que fue exitosa consiguiendo movilizar a varios miles de personas a lo largo y ancho del estado.
En este caso por ahora han confirmado esta fecha las Asambleas de Madrid, Sevilla y Barcelona y por las PVD de Euskadi, La Rioja, Asturias, Comunidad Valenciana (Valencia y Castellón). Pero en los próximos días se prevé que se irán sumando decenas de ciudades, hasta lograr un numero similar al de las movilizaciones del 23 de diciembre.
El secretario de Estado de Hacienda y Presupuesto dice que "no está en la agenda". Los gobiernos catalanes y vascos han propuesto cobrar a los propietarios un canon por tener una vivienda desocupada. Reconoce que no es fácil determinar cuándo un piso está desocupado.
El secretario de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, ha afirmado hoy que el Gobierno "no está pensando" en imponer un canon a los pisos que se encuentren vacíos tal y como han planteado los gobiernos catalán y vasco.
Ocaña ha añadido que esta iniciativa "no está en la agenda" y que hay que tener "cierta medida" para adoptar actuaciones como ésta.
La Generalitat de Catalunya se plantea gravar con nueve euros diarios el recibo del IBI de los propietarios que tengan casas desocupadas.
Sin sentido
El secretario de Estado afirmó que el Ejecutivo central siempre está "activo" en todo lo relacionado con la vivienda pero considera que "no tiene sentido tener impuestos confiscatorios que hagan imposible la propiedad privada".
Estas cuestiones plantean dos problemas para Carlos Ocaña como son el no tomar medidas desmesuradas que atenten contra el derecho de la propiedad ya que "es una línea roja" que no se debe pasar, y por otro que no es "en absoluto fácil" determinar cuando un piso está desocupado.
En este segundo puntos coincide la Generalitat catalana que apuntó ayer a la información que pueden aportar las compañías de la luz y del agua sobre los inmuebles para saber si están o no vacíos.
Aún así, Ocaña aseguró que con el "problema que tiene la sociedad española con la vivienda" usar los pisos vacíos ayudaría a hacerlo "menos grave".
Por otra parte, diversos colectivos han convocado este sábado concentraciones en todo el país para reclamar cambios en la política de vivienda
La Comisión Europea ha solicitado hoy al Gobierno español que facilite el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes y a los inmigrantes, y fomente los alquileres para reducir el riesgo de pobreza. El Ejecutivo comunitario ha alertado que, pese al fuerte crecimiento de la economía en los últimos años, no ha bajado el porcentaje de población española en riesgo de pobreza, que se situó en el 20% en 2004, frente al 16% de media en la Unión Europea.
Por su parte, el gasto social en España en porcentaje del Producto Interior Bruto (20%) continúa estando muy por debajo de la media comunitaria (27,3%). En su informe anual sobre protección social e inclusión social de 2007, que será aprobado el jueves por los ministros de Empleo de los Veintisiete, el Ejecutivo comunitario constata que en España "el acceso a la primera vivienda propia no es fácil; a menudo sólo es posible mediante un elevado nivel de endeudamiento".
Bruselas no olvida que en España, "los jóvenes tienen dificultades a la hora de acceder a un empleo estable y a una vivienda", y que estas dificultades se reproducen también en el caso de los inmigrantes, "especialmente los recién llegados". Por todo ello, en el capítulo de recomendaciones prioritarias, la Comisión Europea reclama al Gobierno "promover una vivienda asequible mediante una política de vivienda pública y de alquiler a largo plazo".
Críticas por partida doble
También se alude al tema de la vivienda en España en otro documento que aprobarán los Veintisiete el jueves sobre los programas nacionales de reformas. En él se recomienda al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero que aplique las medidas previstas sobre el mercado inmobiliario para "reducir gradualmente las presiones sobre el precio de la vivienda a medio plazo".
En materia de mercado laboral, Bruselas insiste en la necesidad de que España modernice la protección a los trabajadores con legislación para fomentar la flexibilidad y la seguridad, contrarrestar la temporalidad, e incrementar el atractivo del trabajo a tiempo parcial. También aconseja continuar aplicando un nuevo modelo de formación que integre la formación profesional y la continua para dar una mejor respuesta a las necesidades del mercado de trabajo.
Convocadas concentraciones el sábado 24
Pero las críticas a la actual situación de la vivienda en España no vienen solo desde fuera de nuestras fronteras. La Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna, junto con otras asociaciones que reclaman un cambio en la política de vivienda en España, han convocado nuevas concentraciones para este sábado 24 de marzo en decenas de ciudades españolas.
Al igual que en convocatorias precedentes, los manifestantes exigirán a la Administración Pública cambios legislativos que limiten la duración de las hipotecas, el fomento de medidas para el alquiler de viviendas, la intervención en el mercado privado o el aumento del alquiler en las políticas de Viviendas de Protección Oficial, que faciliten el acceso al mercado de la vivienda.
Manifestarse "antes de las elecciones"
Según han asegurado los organizadores, "las elecciones municipales están muy cerca y por eso, ahora más que nunca es necesario manifestarse". "Frente a declaraciones electoralistas debe primar la auténtica voz de quienes están sufriendo el problema de la vivienda en España", ha declarado un portavoz de la Asamblea.
Según denuncia la Plataforma por una Vivienda Digna, otra de los grandes colectivos que respaldan este tipo de protestas, el precio de la vivienda en España se incrementó en más del 250% entre 1987 y 2005. En su página web, la organización constata además, que existen 3.091.596 inmuebles desocupados en todo el país, tal y como recogió el último Censo de Población y Viviendas en el año 2001. En opinión de este colectivo, "residir en una vivienda digna es una necesidad básica, un derecho fundamental que tiene que ser reconocido para todos" y, como tal, necesita de una legislación que lo desarrolle. La Plataforma pone como ejemplo el caso de Escocia que "lo aplica de manera progresiva desde 1987. En 2012 llegará a ser un verdadero derecho exigible", concluyen.
Las manifestaciones tendrán lugar en la Puerta del Sol de Madrid, en la Plaza de Cataluña de Barcelona y en Plaza de Aragón de Zaragoza, además de en otros puntos céntricos de numerosas ciudades de todo el país.
A sólo cuatro meses de las elecciones locales y autonómicas, la vivienda aparece en los registros del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) como el problema que más afecta a los españoles, por delante de los de índole estrictamente económica e, incluso, del paro y de la inmigración. Así se desprende del barómetro dado a conocer ayer en el Congreso por el Ministerio de la Presidencia, sólo un día después de que desde el Gobierno se desvelase que el binomio salarios/acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los problemas a los que se dedicará atención prioritaria hasta el final de la legislatura después del análisis efectuado en el último Consejo de Ministros.
Para muchos ciudadanos no es sólo el problema que más les afecta. También es uno de los que, en su opinión, evolucionará a peor durante este año junto con el de la inmigración y la inseguridad ciudadana, dos aspectos que pueden llegar también a tener una influencia crucial en las elecciones locales y autonómicas de mayo. Así lo considera casi el 53% de los consultados. Sólo el 17% opina que el problema de la vivienda mejorará de aquí a enero.
El mayor optimismo ciudadano respecto de la evolución de los principales problemas que tiene España se detecta en el ámbito de la sanidad (el 38% cree que mejorará) y el medio ambiente (el 20,8% es optimista). El porcentaje de los ciudadanos que creen que el problema del terrorismo mejorará (26%) carece de valor porque la encuesta fue realizada antes del atentado del pasado 30 de diciembre.
En este sentido sí es significativo el alto porcentaje (37,2%) de los que consideraron entonces que iba a empeorar, pese a no haberse producido todavía la ruptura del proceso de paz. El sondeo del CIS fue efectuado entre el 13 y el 21 de diciembre sobre una muestra de 2.500 personas en 233 municipios y 50 provincias.
El 30% cree que la economía empeorará
Hay empate entre el porcentaje de españoles que consideran buena la coyuntura económica y los que la califican de mala o muy mala. En ambos casos rondan el 25%. Sin embargo, son mayoría, 30% frente al 13%, los que opinan que la situación irá a peor en el horizonte de un año en términos generales. Cuando el CIS formula la misma pregunta, pero de forma más personalizada y se interesa por la situación económica del encuestado, las cosas cambian. Casi el 32% considera que este año mejorará, frente al 8% que empeorará.
No es revelar ningún secreto decir que el sector inmobiliario se ha convertido en un auténtico negocio para las administraciones públicas. Al menos desde el comienzo del boom (finales de los años 90), los ingresos derivados del ladrillo no han dejado de crecer, pero ahora el Servicio de Estudios del BBVA ha puesto la literatura y los datos.
Y lo que dice el BBVA es que en 2004 -año sobre el que se ha realizado la investigación- la fiscalidad de la vivienda ha permitido recaudar al Estado (Gobierno central, comunidades autónomas y ayuntamientos) 27.000 millones de euros. Una cifra verdaderamente deslumbrante que supone nada menos que el 9,5% del total de ingresos no financieros y el 3,2% del Producto Interior Bruto (PIB). Dicho en otros términos. Uno de cada diez euros que recaudan las administraciones públicas procede del ladrillo.
El estudio, coordinado por la economista Virginia Pou, destaca los diversos instrumentos fiscales con los que cuentan los poderes públicos para gravar la vivienda, lo que en buena medida puede explicar la propensión de las administraciones al negocio inmobiliario. Entre los instrumentos más utilizados están el Impuesto sobre la Construcción Instalaciones y Obras, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o el propio IVA que se paga en el momento de adquirir una vivienda nueva. Los alcaldes, además, han extendido la obtención de recursos mediante la venta de suelo público al mejor postor, y han generalizado los aprovechamientos urbanísticos u otros acuerdos a través de convenios que permiten ingresar dinero para la dotación de infraestructuras municipales.
La figura más destacada de este inmenso negocio para las arcas públicas es el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (que grava las ventas de viviendas de segunda mano), y que desde 1997 ha tenido un crecimiento medio anual del 18%, llegando a representar en 2004 nada menos que un 1,4% del PIB, prácticamente el doble del 0,8% que suponía al comienzo del ciclo alcista del negocio inmobiliario, como destaca el informe del servicio de estudios del BBVA. La autora del artículo, en cualquier caso, matiza que una parte de los aumentos de recaudación hay que achacárselo al hecho de que todas las comunidades autónomas decidieran elevar del 6% al 7% el tipo de gravamen de Transmisiones, y del 0,5% al 1% en Actos Jurídicos.
Los ingresos procedentes del IVA que grava las transmisiones inmobiliarias son la segunda rúbrica más importante, ya que suponen 2,2 puntos de la recaudación total no financiera.
El informe del BBVA señala, igualmente, que la enajenación de terrenos públicos es también una buena fuente de ingresos para los ayuntamientos. En concreto, y según el estudio, los municipios recaudaron 1.809 millones de euros vendiendo solares urbanizables; es decir, el 0,6% de la recaudación total.
El informe señala que si se realizara una estimación del impacto inmobiliario en la recaudación tributaria de 2005 y 2006 se hubiera detectado “una moderación en el crecimiento de los ingresos”, en línea con la desaceleración que se ha producido en el número de transacciones.
Riesgo a una crisis inmobiliaria
El estudio presta una especial atención al grado de exposición de las distintas administraciones públicas a una hipotética crisis inmobiliarias, y la conclusión a la que llega no puede ser más preocupante para los municipios. Nada menos que el 1,4% del PIB de las corporaciones locales (un 22% de sus recursos) “están directamente vinculados a dichas actividades”, señala el informe. De esos 1,4 puntos del PIB, 1,3 puntos corresponden a los ayuntamientos y tan sólo una décima a las diputaciones provinciales.
En otras palabras, casi un tercio de los recursos de los municipios tienen su fuente en el ladrillo, lo que explica su elevado grado de exposición al negocio inmobiliario. “En principio (dice el estudio), los municipios son la administración pública más expuesta a la actividad inmobiliaria”, ya que los recursos totales vinculados a la vivienda han pasado del 22,8% del total de los ingresos no financieros municipales en 1992 a un 31,9% en 2004. O lo que es lo mismo, se ha pasado de un 0,9% del PIB a un 1,3%.
En el caso de las comunidades autónomas, su riesgo no es mucho menor. Si al comenzar el boom de la construcción (en 1997) el 0,4% de su PIB estaba relacionado con los inmuebles, en estos momentos el porcentaje se sitúa en el 1,1%, lo que significa que prácticamente se ha triplicado. Los ingresos inmobiliarios, en cualquier caso, y dado que las CCAA participan ahora en la mayoría de las figuras impositivas del Estado, no suponen más allá del 8% de sus ingresos no financieros.
Por lo que respecta a la Administración general del Estado, su grado de exposición es el menos elevado, representando únicamente un 4,5% de sus ingresos totales.
Hacienda se centrará casi en exclusiva a perseguir el fraude inmobiliario, dejando a cuadro al resto de áreas de inspección
La Agencia Tributaria anunció el martes a bombo y platillo la creación de más de treinta unidades de investigación para la persecución del fraude más complejo: el inmobiliario. Sin embargo, los inspectores no son nuevos fichajes. Hacienda pretende desviar 2.000 de sus 2.700 efectivos dedicados a la investigación a la persecución del blanqueo de capitales, los billetes de 500 euros, abuso de operaciones en paraísos fiscales y demás actividades vinculadas al delito fiscal en el sector inmobiliario.
“Un paso adelante, pero no deja de ser una maniobra propagandística más que otra cosa”, afirman en Gestha, el sindicato de Técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda, que hace hincapié en se trata de un movimiento en vísperas de elecciones y tras los numerosos fraudes y delitos urbanísticos que han ido saliendo en los medios de comunicación.
Hacienda cuenta con 27.000 funcionarios y sólo 2.700 son inspectores y subinspectores, el resto se dedica en su mayoría a la asistencia al contribuyente. “Nosotros celebramos que se quieran encaminar las investigaciones al urbanismo más que al fraude del asalariado, pero no se va a incrementar la plantilla”, explica José María Mollinedo, vicepresidente de la citada organización. “2.000 funcionarios abandonarán la investigación de otros sectores para dedicarse al inmobiliario y, aun así, poco se va a hacer porque las empresas a investigar son muy numerosas”.
La buena nueva de la Agencia Tributaria se dio a conocer durante una jornada sobre la nueva Ley de Medidas de Prevención del Fraude Fiscal y el Plan de Control Tributario para 2007. Plan con el que se pretende controlar la actividad de promoción inmobiliaria mediante la detección de rentabilidades anormales y las transmisiones patrimoniales de inmuebles con el uso de técnicas informáticas de cálculo de precios de venta. Mollinedo recuerda que, durante el trámite de la Ley del fraude fiscal, el sector al que pertenece propuso en febrero de 2006 medidas más ambiciosas para luchar contra los delitos inmobiliarios pero “no fueron tenidas en cuenta”.
Marbella, el detonante
Gestha considera que el escándalo de Marbella ha sido fundamental para que las autoridades de la Agencia Tributaria tomen cartas en el asunto. Mientras Hacienda perseguía las pequeñas deudas de los asalariados, patrimonios como el de Juan Antonio Roca “crecían desmesuradamente y en muy poco tiempo, sin que el fisco se haya dado cuenta”.
Aun así, la investigación fiscal ya poco tiene que hacer en la citada Marbella, Telde, Orihuela o Andratx: “Son casos ya en manos de la Justicia y la Agencia Tributaria sólo participará a modo instrumental personándose si existe delito fiscal”. Sin embargo, el ojo se pondrá en nuevos asuntos y “no sabemos si en exclusiva o no, puesto que no se pueden abandonar tampoco los sectores a los que hasta el momento nos hemos dedicado”, apunta Mollinedo. Como se suele decir, a buenas horas, mangas verdes.
La polémica sobre los proyectos de País Vasco y Cataluña para sacar al mercado los pisos vacíos, como una forma de luchar contra el difícil acceso a la vivienda, ha irrumpido en Andalucía sin que a los partidos les haya dado tiempo a madurar, y mucho menos a precisar, sus propuestas. El contraste lo dio el pasado sábado el PSOE, en su Conferencia Política sobre Desarrollo Sostenible, al aprobar una resolución en la que -en un sentido inverso al de las comunidades mencionadas, que pretenden penalizar las casas desocupadas- se apuesta por incentivar la salida al mercado de estos inmuebles con medidas positivas, incluidas las fiscales, y el apoyo público al alquiler. Pero tras esta idea genérica no hay mucho más.
El proponente, el candidato a la alcaldía de Granada Javier Torres Vela, avisa de que sólo se pretende abrir el debate y tomar una postura, a la que hay que dar todavía muchas vueltas. "Frente a la posibilidad de gravar con impuestos los pisos vacíos, nosotros hemos dicho que no, hemos optado por incentivar en lugar de castigar porque creemos que es más eficaz", explica. El socialista señala que el problema de las casas vacías se produce sobre todo en los cascos antiguos de las ciudades, fuera de este ámbito la casuística del piso infrautilizado es muy dispar. "Si la opción es gravar con impuestos, a qué tipo de casa desocupada se le pone, ¿a las de quienes se han comprado un apartamento en la playa? ¿a los padres que le han comprado un piso a sus hijos y están esperando a que lo ocupen? Son muchas las dificultades porque el principal problema es definir qué se entiende por casa vacía, y esto depende de muchos factores", sostiene Torres Vela.
En Andalucía, según el censo de Instituto Nacional de Estadística de 2001, hay 548.669 casas vacías, el 15,5% del total de las viviendas. En números absolutos, las provincias de Sevilla y Málaga se llevan la palma (113.248 y 108.282), aunque en términos porcentuales son Jaén y Granada las que más tienen (18,48% y 17,38%). En este cómputo no están incluidas las viviendas secundarias, cuantificadas en 514,178. En ambas cifras se esconden muchos pisos alquilados pero no declarados, que engordan de manera engañosa el resultado global.
Para la popular Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz, el ruido en torno a la casa vacía es "pura demagogia", ya que, e su opinión, distrae al ciudadano de lo realmente importante: la construcción de viviendas sociales, ya sea en régimen de VPO, o de alquiler social para rentas bajas y de jóvenes. "En Cádiz hemos sacado pisos de alquiler social con opción de compra a los cinco años, de cuyo precio final se descuenta el alquiler pagado. Eso es lo que tiene que hacer Manuel Chaves y no engañar", sentencia.
Martínez recuerda que la ley estatal de Haciendas Locales de 2003, que aprobó el PP, pero no tuvo tiempo de desarrollar, ya otorgaba a los ayuntamientos la potestad de recargar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles) hasta el 50% en casas desocupadas. Y se vuelve a la cuestión de origen: no se ha utilizado por la dificultad de precisar el concepto de vivienda desocupada. "Es hora ya de que el Gobierno socialista desarrolle esta ley, y le dé una vuelta también a la Ley de Arrendamiento, que tiene más de diez años, periodo en el que la realidad española ha cambiado mucho".
Precisamente, el temor de los propietarios frente a los inquilinos morosos y, a la vez, a la carga impositiva de los ingresos por el alquiler son dos de los factores que más se manejan para explicar el gran número de casas vacías. Son frecuentes las quejas del costosísimo embrollo burocrático de un desalojo por impago y la falta de garantía del cobro de los recibos.
No obstante, Izquierda Unida se muestra tajante y, en la línea de la Ley de Haciendas Locales, propone aumentar entre el 50% y el 150% del IBI, además de establecer una fiscalidad especial (mayor) para las segundas y terceras casas. "Es un despropósito que la primera y segunda vivienda tengan el mismo IVA que una primera e idéntico IBI", afirma la portavoz de IU, Concha Caballero.
El PA combina en su programa marco municipal las dos medidas a debate: subir los impuestos a las casas desocupadas y rebajas fiscales para quienes las ponga en alquiler. "Es necesario tocar muchos aspectos, desde la Ley de Arrendamiento hasta la fiscalidad", dice la portavoz Pilar González. "Lo razonable es una política de vivienda integral porque sólo castigar implica atribuir a otros responsabilidades políticas propias".
El valor catastral de las casas representa en algunos casos sólo el 15% del precio de mercado. Negocian con Hacienda que el impuesto se aplique sobre el valor real de los inmuebles
La voracidad impositiva sobre los propietarios de vivienda no se limita a quienes poseen un inmueble deshabitado. Si se cumplen los deseos de los municipios españoles, los propietarios de cualquier vivienda pueden acabar duplicando y en algunos casos triplicando la cantidad que abonan en concepto de Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Los ayuntamientos agrupados en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) pretenden negociar con Hacienda una reforma que sustituya el valor catastral utilizado actualmente para calcular la tasa del IBI por el valor real de la vivienda a precio de mercado. En el fondo de la propuesta subyace la intención de los municipios de aumentar su autonomía fiscal respecto de la Administración cental y el aumento de su capacidad recaudatoria.
Otros impuestos
La aplicación del IBI sobre el valor real de las viviendas supondría un elevado incremento del impuesto para los propietarios y unos ingresos considerables para los ayuntamientos. En función del tipo de municipio, la recaudación por el IBI podría duplicarse y en casos extremos como el de Madrid capital, triplicarse. La FEMP tiene abiertas negociaciones con el Ministerio de Economía y Hacienda para aumentar no sólo el gravamen de la vivienda sino también el de actividades económicas (IAE) y el de la plusvalía municipal. Este último impuesto obliga a entregar a los municipios una cantidad por las ganancias obtenidas al vender una vivienda respecto al valor de compra.
La posible modificación del IBI atendiendo al valor real de los inmuebles se enmarca en la negociación que los ayuntamientos mantienen con el Gobierno de cara a la nueva Ley de Haciendas Locales, en la que los municipios pretenden incluir también la posibilidad de duplicar el gravamen del IBI para los propietarios de casas deshabitadas.
La Ley de Haciendas Locales establece actualmente que la base imponible para calcular el IBI a pagar está constituida por el valor catastral de los bienes inmuebles. El problema que alegan los ayuntamientos es que ese valor catastral, además de representar sólo el 50% del precio real de la vivienda como media, carece de una relación con el precio de mercado ya que su actualización se produce cada 10 o 15 años.
Hacienda cuenta ya con mecanismos aplicables para determinar el valor real de la vivienda en función de la ubicación, al margen del registro catastral. Según los últimos estudios, en municipios como Madrid el valor catastral representa sólo el 15% de la valoración real de las casas.
Además del incremento generalizado del IBI, los ayuntamientos pretenden establecer unas escalas en torno a este tributo que tengan en cuenta el nivel de renta de los propietarios, introduciendo de este modo la progresividad en el impuesto.
Con este mismo criterio, se plantea crear un catálogo de bonificaciones en el IBI para colectivos desfavorecidos como pensionistas, viudos o discapacitados. Las negociaciones con Hacienda están bien encauzadas y en principio el departamento dirigido por Solbes estaría dispuesto a establecer tres tramos en el IBI.
El Gobierno es reacio a introducir una escala más compleja en los tributos municipales debido al principio general que inspira su política fiscal que es, además de la rebaja impositiva, el de la simplificación de los impuestos. La polémica en torno a la necesidad de sacar al mercado más vivienda de alquiler esconde una lucha soterrada entre ayuntamientos, comunidades y Gobierno central por gestionar los beneficios fiscales que esa política conlleva. Mientras los municipios y los gobiernos autonómicos son partidarios de gravar los impuestos a los propietarios, especialmente a quienes mantienen desocupadas sus viviendas para especular en el mercado, el Gobierno tiene el enfoque completamente opuesto.
El departamento dirigido por Solbes considera que la presión fiscal no es suficiente para que quien tiene un inmueble vacío se arriesgue a ponerlo en alquiler. Por ello, apuesta justamente por lo contrario: ofrecer beneficios fiscales a los dueños de este tipo de viviendas a cambio de que las arrienden.
Definición
Mientras se dilucida esta cuestión, ayuntamientos y comunidades elaboran sus propias propuestas. Los municipios reclaman un au-mento del IBI, un impuesto de recaudación municipal, mientras las comunidades proponen aplicar un canon a los dueños de viviendas vacías, para lo que tienen competencias plenas. El problema es que unos y otros, con excepción del País Vasco, dependen del Gobierno para establecer la definición de inmueble desocupado.
Los candidatos del PSOE a las alcaldías de las capitales de provincia apostaron el sábado por aplicar decisiones que resuelvan los problemas reales de los ciudadanos y reprocharon al PP que haya fomentado la especulación con la vivienda y protagonizado numerosos casos de corrupción urbanística.
La especulación urbanística fue la idea central de Patxi Lazcoz, quien acusó a los dirigentes populares de pueblos y ciudades de «mirar para otro lado» ante la imposibilidad de muchos, especialmente jóvenes, de acceder a una vivienda digna mientras «se están dando la mano por debajo de la mesa con los especuladores».
La Constitución, apuntó el candidato de Vitoria, habla del derecho a una vivienda digna, no sobre «dignos dividendos con el negocio de la vivienda», ni dice que las plusvalías sean «para engordar las bolsas de los poderosos, de los cuatro amigos, sino que tienen que revertir en la comunidad».
Del debate del alquiler ha surgido la propuesta de incluir un canon sobre los pisos vacíos en las futuras Ley vasca y catalana de Vivienda. Lo que no todo el mundo sabe es que esos inmuebles ya se penalizan en otros paises de Europa.
Francia: En poblaciones de más de 200.000 habitantes, los pisos desocupados más de dos meses pagan una tasa del 10% del valor catastral. El segundo año, la tasa sube al 12,5% y el tercero, al 15%. Un ayuntamiento puede requisar una vivienda que haya permanecido vacía 18 meses. El tiempo máximo de la requisa es de seis años y el dueño es indemnizado. Una red pública realquila inmuebles privados vacíos en áreas con problemas sociales.
Italia: Los ayuntamientos pueden penalizar los pisos vacíos, normalmente con el 9 por mil del valor catastral del inmueble.
Holanda: la legislación permite ocupar el piso que no haya sido utilizado durante un año. Sólo será devuelto al dueño si éste demuestra que dejará de estar vacío.
Reino Unido: Se han aumentado las facultades de las autoridades municipales para penalizar inmuebles desocupados. Una entidad se dedica a buscar salida a estos pisos.
Habilitará 10.000 inmuebles protegidos para universitarios e investigadores La ministra propone incentivar a los dueños de casas vacías, en vez de multarlos
El Ministerio de Vivienda pondrá en marcha a partir de la próxima semana el plan anunciado el pasado septiembre por el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para alquilar 10.000 pisos protegidos a universitarios e investigadores. La ministra Trujillo explicó ayer que las estancias serán de las denominadas minipisos (de entre 30 y 45 metros cuadrados), que se levantarán en colaboración con las comunidades autónomas y las universidades, y que la renta costará entre 100 y 200 euros al mes. Trujillo apostó por incentivar el alquiler frente a las los programas de penalización a los propietarios de fincas vacías que manejan los ejecutivos de Cataluña y el País Vasco. Sobre la Ley del Suelo, se mostró confiada en que entre en vigor «en un par de meses».
Trujillo ha puesto fecha a la iniciativa adelantada por Zapatero durante la clausura de la Conferencia Política del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), celebrada entre los pasados 15 y 17 de septiembre en Madrid. «Se trata de apartamentos de dos tipologías que se construirán en suelo residencial o dotacional de las universidades», señaló la ministra a la Cadena Ser. La idea, en la que el Ejecutivo trabaja desde hace meses, es cerrar acuerdos de colaboración con comunidades, diputaciones, ayuntamientos y rectores de toda España.
Los pisos del plan Vivienda Universitaria compartirán servicios comunes como las lavanderías o las zonas de recogida de basuras. Su arrendamiento tendrá caducidad, pues los contratos no superarán los cinco años. «Son casas para una determinada época de la vida», afirmó Trujillo. Los minipisos, cuya inclusión en el Plan Estatal de Vivienda 2005-2008 generó una intensa polémica, ya se construyen en todas las comunidades autónomas.
Estas casas están pensadas para una sola persona y la propia ministra ha señalado en numerosas ocasiones que el Ejecutivo apostó por este formato ante la enorme demanda por parte de separados y jóvenes. El colectivo estudiantil recibió con alegría la noticia. El secretario general de las Juventudes Socialistas, Eric M. Campos, se felicitó y destacó que «la Vivienda Universitaria contribuirá a facilitar la emancipación de los jóvenes».
Los estudiantes de la Universidad Carlos III de Madrid serán los primeros beneficiados. En el campus madrileño se levantarán 190 de estos pisos. María Antonia Trujillo siempre ha destacado que una de las ventajas con que cuenta la iniciativa es que el suelo propiedad de las universidades acostumbra a tener la condición de urbanizable, lo que elimina multitud de trámites y agiliza las obras.
Ministra diplomática
Durante su intervención, la ministra se refirió también a la posibilidad que estos días manejan los gobiernos de Cataluña y Euskadi de cobrar casi tres mil euros al año a quienes posean pisos vacíos y no los pongan en alquiler. «El Gobierno ha optado por incentivar al propietario para las viviendas desocupadas, no es una sanción, aunque somos respetuosos con las competencias de las comunidades autónomas en esta materia», señaló diplomática. Alabó también la futura Ley del Suelo, que la próxima semana comenzará su tramitación parlamentaria, de la que dijo «supone un giro de 180 grados respecto a la ordenación urbanística y de nuestro territorio».
¿Compraría usted un coche nuevo, si un prestigioso organismo internacional, y mil indicios cotidianos, como el “detalle” de su loca escalada de precios, le dijeran que están sobrevaluados en España al menos un 30 por ciento? ¿No sería lo sensato apañarse con el que tiene, o utilizar temporalmente otros medios de transporte, o a lo más comprar uno usado, para evitar que le estafen a usted también, sana abstención momentánea que contribuiría a que los “rebajen” hasta su justo precio?
Pues veinte o hasta cuarenta veces más sensato y conveniente para usted, como lo es su precio actual, sería el plantarse y negarse a pagar un treinta, o incluso un sesenta por ciento más por una ahora tan sobrevaluada vivienda nueva, cuando hoy hasta los más avezados parásitos especuladores están empezando a abandonar de ese negocio sucio que se les está empezando a hundir. Lo único razonable es resistirse tamaño expolio e incluso hipoteca a vida, apañándose con otras soluciones, aunque sean parciales y temporales, colaborando con su huelga de consumo y presión social a detener, en provecho propio y ajeno, esa que, con cifras en la mano, se debe calificar como la mayor estafa cometida en la historia de España.
En un pequeño libreto publicado en 1.957 titulado: La educación del civismo para el hombre del mañana, leo lo que bien pudieran ser claves de reflexión, debate y reclamación, para que un país lo gobiernen como si fuese una empresa de servicios y no un club de partidarios.
Siendo que las virtudes no se enseñan mediante discursos, Albert Samuel nos recuerda que: el civismo no es una reflexión de orden intelectual; ni sólo una técnica de la participación del simple ciudadano en la vida pública; lo define como: la adhesión voluntaria del espíritu y del corazón, a la autoridad escogida para asegurar el bien común de la Nación.
En base a esta actitud y práctica, califica al civismo como una virtud. Práctica que queda enmarañada, cuando ante una voluntad no manifestada ni determinada, a un pueblo se le impone ser parte de un estado-nación que no surgió de las mismas raíces étnicas, culturales lingüísticas y “patrióticas”; también cuando los gobernantes de ese pueblo, imponen unas infraestructuras y modelo desarrollista, desoyendo el rechazo social de la parte mas concienciada de la comunidad
Samuel dice: la fuerza del Estado no reside en su policía, sino en su aptitud para asegurar el bien común, y su objetivo es la justicia; añadiendo que: el interés general no es la suma de los intereses particulares. Esto se ignora en ambos casos, policializando en exceso la sociedad.
El caso mas paradigmático en imponer los intereses particulares, es la construcción de otro trazado de ferrocarril atravesando la orografía gipuzkoana; máxime, cuando el trazado actual permite mejorar el estándar de confort, velocidad y seguridad. Los gobernantes de los países vecinos, han sabido conjugar mejor los intereses de las partes; así el nuevo trazado francés llega hasta donde termina la llanura y no a Endaia; el gobierno portugués ha suspendido el proyecto de ejecución de la línea Lisboa- Salamanca, para trasvasar esas enormes partidas de dinero, a gasto social. Ello no va a impedir el viajar desde Lisboa hasta París en el tren de alta velocidad.
Inteligencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de dar respuestas nuevas a situaciones nuevas. La Y vasca para el TAV, es un proyecto de hace 20 años; en ese tiempo las perspectivas socioeconómicas y medioambientales han cambiado enormemente. A pesar de ello, mantienen la vieja argumentación y a costa de reducir el gasto social, ejecutan sin reparo.
En el balance de 2.006, el beneficio neto empresarial del orden del 23%, la banca el triple, los asalariados el 0,5%; la CAV en cabeza de la UE en crecimiento del PIB, pero en la cola en gasto social, alejándonos del resto; las miniayudas a familias suspendidas por “falta de presupuesto”, el salario medio bajando etc. ¿Para quien gobiernan? ¿en que gastan nuestro dinero? ¿que nos resuelven? ¿cuanto hemos convergido con la UE15?. Desarrollo si pero ¿progreso? ¿respuestas?
Una conciencia cívica, entiende que el bien común no es la riqueza global, sino la repartición justa de la riqueza existente y futura. Dar a cada uno la parte que le corresponde; en particular a los empobrecidos por el euro, el euribor y a colectivos precarizados por la injusticia social.
Ante el fracaso de la tregua, sólo a Ibarretxe he escuchado la autocrítica: ha sobrado orgullo (mas bien soberbia) y nos ha faltado generosidad. La buena marcha de una tregua no se mide en palabras bienintencionadas, sino en el sufrimiento que las partes se siguen infringiendo.
Era una situación nueva y se han dado respuestas y actuaciones viejas: exceso en palabras y defecto en los hechos....así el resultado. La demagogia es lo contrario a la democracia; la verdad en la información es el primer deber de un estado democrático.
Coincido con Samuel en que: tan solo practicando la democracia se aprende el civismo. Quizás coincidiría conmigo cuando pienso que, la asignatura pendiente en todos los ámbitos es: no criticar, sino enseñar desde la escuela a ser críticos ante la desinformación.
'Derecho a techo' Es el lema de la plataforma, desmarcada de cualquier ideología o partido, que defiende un cambio radical en la política de vivienda.
"Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada". Así comienza el artículo 47 de la Constitución. Una frase alejada de la realidad. Para defender este derecho ha surgido el movimiento por la vivienda digna, una movilización ciudadana que se autodefine como apartidista y que no deja de ganar adeptos.
"Hay que ir hasta el fondo del asunto", dice Billy, de la Plataforma por una Vivienda Digna: "No hay falta de vivienda, sino una gestión basada en la falta de transparencia".
Esta opinión es la que ha ido circulando por Internet, donde esta iniciativa se ha organizando en distintas plataformas y asociaciones. "Este medio se ha convertido en un punto de encuentro donde los usuarios crean contenidos y tienden a asociarse según sus afinidades o problemas", afirma Beatriz Pérez, responsable de marketing del portal Loquo.com.
‘Juntos podemos’
Alcanzada la notoriedad mediática gracias a las movilizaciones, llega el turno de las propuestas concretas, bajo el lema Juntos podemos, entre las que destaca la promoción de más vivienda protegida y la penalización fiscal para las casas vacías.
El movimiento por la vivienda digna aúna problemas como el acceso de los jóvenes a la vivienda o la degradación urbanística. Rechaza, sin embargo, la identificación con elementos antisistema y defiende la legalidad en las manifestaciones.
"No nos hacen falta excusas porque tenemos la razón", afirma Billy. Además, saben que no están solos. En Francia, los Hijos de Don Quijote movilizaron a más de 11.000 personas y montaron acampadas en cien ciudades –además de un intento en Barcelona– para cobijar a los sin techo.
Cronología del movimiento
Otoño de 2003
Primera manifestación
Fue en Madrid con el lema Por una vivienda digna. Basta de especulación.
Principios de 2004
PLATAFORMAS.
Constitución de las asociaciones y plataformas por una vivienda digna.
Octubre de 2005
En Barcelona
Un grupo de jóvenes se manifiestan en la feria inmobiliaria Barcelona Meeting Point.
Mayo de 2006
Empiezan las sentadas
Convocadas a partir de entonces periódicamente en todas las capitales.
En España
3 millones de casas vacías.
9,1% Incremento del precio de la vivienda libre en 2006.
11% Porcentaje de viviendas, sobre el total existente en España, que están en régimen de alquiler.
4,5% Incremento del precio de los alquileres en 2006 (1,8 puntos más que el IPC).
1.949 millones de euros. Saldo de hipotecas impagadas.
4,7% Incremento del precio de la vivienda protegida.
30% por encima del valor real. Sobreprecio de la vivienda, en España, según un informe de la OCDE.
560.134 millones de euros. Nivel de endeudamiento de las familias para la adquisición de vivienda en noviembre de 2006.
509,8 Es el número de viviendas por cada 1.000 habitantes que hay en España.
1.990 euros es el precio medio del metro cuadrado en 2006, que en ciudades como San Sebastián, Madrid o Barcelona alcanzó los 4.170, 3.728 y 3.683 1, respectivamente.
Las estadísticas sobre precios de la vivienda en España son pobres. Así lo entiende el director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina. En un reciente trabajo sobre la integración en el mercado monetario europeo, el economista asegura que la calidad de las tablas disponibles «dista de estar a la altura de su importancia para el conocimiento del sector y de la economía». Advierte también de la conveniencia de una desaceleración del sector más intensa de la actual para despejar cualquier riesgo macroeconómico.
El estudio del problema de la vivienda, uno de los más graves para los españoles, requiere de instrumentos mucho más avanzados y fiables que los actualmente disponibles. Hoy día, la estadística por antonomasia es la que elabora el Ministerio de Vivienda con datos de arquitectos, aparejadores, notarios, registradores de la propiedad y la patronal de las tasadoras. Un conglomerado de números que no siempre casan.
Contradicciones
Por ejemplo, las ventas de casas no es que difieran según la fuente, sino que presentan panoramas absolutamente contradictorios -incrementos frente a retrocesos- si se tienen en cuenta los datos de notarios y registradores. La discrepancia se debe a que las transacciones suelen pasar antes por los primeros y tardan o no llegan nunca a inscribir en los registros.
La queja del Banco de España se une a otras muchas. La más notable, la que lanzó a finales de 2005 el BBVA, que llegó a decir que la nueva estadística del ministerio rebajaba de forma artificial los precios un 6% de media en toda España. La ministra, que recientemente defendió sus números como «los únicos que gozan de presunción de veracidad», quiso eliminar la estadística al poco de llegar al Gobierno, aunque luego rectificó.
En su último informe sobre la economía española, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con sede en París precisa que España está cada vez más expuesta a una severa corrección de precios en el especulativo mercado de la vivienda.
La espiral de precios está llegando a un techo, tanto en el sector inmobiliario como en el conjunto de la economía, recuerda la OCDE. La inflación se disparó un 3,7% en 2006, disminuirá levemente este año, pero volverá a repuntar en 2008. Es la consecuencia de un crecimiento del PIB que no baja del 3% anual. La quinta economía europea no ha dejado de expandirse durante trece años consecutivos, gracias a una robusta demanda interna.
Los españoles consumen demasiado, se endeudan demasiado, sobre todo para financiar su vivienda. Al aumentar peligrosamente las deudas personales, mientras continúa la subida en los precios de pisos y casas, se prepara un cóctel peligroso capaz de desestabilizar al conjunto de la economía.
Los precios desbocados, también impulsados por las mayores alzas salariales de la zona euro, erosionan la competitividad de todo lo que España vende al exterior, además de profundizar el déficit exterior, prosigue la OCDE. El mercado de la distribución es igualmente problemático debido a una competencia insuficiente, que conduce a elevar los márgenes comerciales, en lugar de incrementar la productividad.
España será la próxima víctima de un crack en la zona euro. Esta afirmación la hace Olivier Blanchard, miembro del departamento económico del prestigioso Massachussets Institute of Technology (MIT), en un reciente artículo en The Economist titulado Beggar thy neighbour. La información habla de la recuperación alemana y del complicado horizonte que se presenta para nuestro país fruto de su baja competitividad.
Blanchard ve a España como la próxima víctima de lo que él llama “las depresiones que rotan bajo el euro”. A su juicio, la Unión Económica y Monetaria está caracterizada por la sucesión de booms y quiebras, cada uno en un país. Un típico ciclo stop-go empieza con un aumento localizado de la demanda, que lleva al incremento de salarios, pérdida de competitividad y finalmente a un descenso prolongado. Desde que los tipos de interés a corto plazo en la Eurozona no se adaptan a los ciclos individuales de cada país, la autoridad monetaria no puede atenuar ni los booms, ni los pinchazos.
Según el modelo de Blanchard, el crack migra a través de la zona monetaria de acuerdo a cambios en los costes salariales. Un largo periodo de incrementos en los sueldos por encima de la media, que no van acompañados de aumentos de productividad, dejará eventualmente al país en una significativa desventaja competitiva que puede llevar a España a la ruina.
Tal es el caso de España, donde el cóctel de salarios crecientes y una productividad inactiva nubla la perspectiva de una economía que, en la pasada década, ha crecido una media del 3,7% anual. A la información de The Economist no se le escapa que este crecimiento espectacular ha estado sustentado por los booms inmobiliario y de crédito, que son vulnerables a mayores tipos de interés. Y cita el informe en el que la OCDE señalaba la semana pasada que la alta inflación estaba minando la competitividad española.
Peligrosamente sobrecalentada
Para Blanchard, España está en un punto potencialmente peligroso. Un signo claro de disfunción es el déficit por cuenta corriente, que ascendió al 8,8% del PIB el pasado año, según la OCDE. De hecho, tenemos en estos momentos el segundo déficit por cuenta corriente más grande del mundo medido en dólares y nuestra economía parece, siempre según la revista, peligrosamente sobrecalentada. Por si fuera poco, la productividad por hora cayó el 0,5% el año pasado, continuando una tendencia negativa que data de mediados de los 90. Estos desequilibrios pueden plantear problemas, quizás, en una unión monetaria donde los costes de los ajustes salariales son altos. En América, por el contrario, esto se resuelve de forma menos dolorosa, porque los trabajadores se mueven de los estados más deprimidos a los menos.
En una Eurozona que disfruta últimamente de un raro periodo de optimismo, la bonanza no se produce en los 13 países que la integran por igual. La recuperación alemana supone un desafío para los países del sur de la Zona Euro. Sin la opción de la devaluación, la perspectiva a medio plazo para nuestro país parece menos que atractiva.
De una fuerte corrección en su mercado inmobiliario
España e Irlanda son los dos únicos países de la Eurozona que podrían sufrir un 'crash' inmobiliario derivado de una corrección en el mercado de la vivienda, según un estudio elaborado por American Express Funds.
Así, el trabajo destaca que el boom inmobiliario experimentado en los últimos años en estos países ha sido similar al vivido por EE.UU entre 2003 y 2005, dónde la corrección en el mercado inmobiliario fue la clave de la recesión económica experimentada por en este país en 2006.
En este sentido, el informe apunta que el mercado residencial ha ayudado a soportar el crecimiento de la Eurozona desde 2003, en un contexto de crecimientos porcentuales de dos dígitos en los precios de la vivienda tanto en España e Irlanda, así como en Francia o Bélgica.
Si bien, España e Irlanda, los dos mercados inmobiliarios "más fuertes", según el estudio, están "altamente expuestos" a la variabilidad de los tipos hipotecarios, ya que en los últimos años el mercado de la vivienda ha supuesto el estimulo del consumo privado en mayor medida que en EE.UU.
La Eurozona, poco vulnerable
Por otra parte, alrededor de la mitad de los países de la Eurozona ha experimentado un incremento de los precios en los últimos diez años más rápido que en el caso de EE.UU, según el informe.
Con todo, pese a la situación de España e Irlanda, que suponen una "pequeña parte de la Eurozona", existen otros factores que limitarían la vulnerabilidad de el conjunto de la zona euro ante un 'crash' inmobiliario.
En este punto, el estudio señala a la emergente economía Alemania como uno de estos factores compensatorios.
El Banco de España ha entrado, por fin, en una de las cuestiones más controvertidas del análisis económico: la capacidad de las empresas para seguir endeudándose en aras de ganar tamaño y rentabilidad. Y lo ha hecho a través de su director del servicio de estudios, José Luis Malo de Molina, quien en un estudio publicado en la serie Papeles Ocasionales -editado por el propio banco central- alerta sobre un problema que lejos de remitir continúa literalmente disparado.
La conclusión a la que llega el Banco de España es meridianamente clara: inmobiliarias y constructoras han cruzado ya el Rubicón de su endeudamiento, hasta el punto de que si ambos sectores no frenan en su búsqueda de nuevos préstamos para financiar su crecimiento pueden verse abocados a un claro deterioro de su situación patrimonial.
Sobre las inmobiliarias, el Banco de España reconoce su preocupación -lo llama cautela- por el hecho de que pida préstamos como si la actual fase expansiva de la demanda de pisos fuera a prolongarse “indefinidamente”. El toque de atención también alcanza a las constructoras, que en los dos últimos años han acelerado su crecimiento no orgánico (sin fusiones), acudiendo a la financiación ajena para entrar o consolidar su posición en sectores como el energético o la explotación de aeropuertos.
Aunque según el banco central, “dichas estrategias constituyen una opción razonable de diversificación sectorial y geográfica” que facilita su internacionalización, lo cierto es que también generan peligros. Y, en concreto, estima que esa estrategia “puede llevar a niveles de endeudamiento que supongan una rémora para la generación futura de rentas y un deterioro de su situación patrimonial”. No es nada habitual que el Banco de España se dirija de manera tan clara a un sector empresarial, ya que normalmente hace sus juicios de valor en términos agregados.
Sostenibilidad del gasto
El análisis de Malo de Molina es, por el contrario, mucho más suave con el endeudamiento de las familias. Para el Banco de España, los estudios econométricos realizados por su Servicio de Estudios sobre la demanda de créditos indican que “no es posible hablar de una situación generalizada de endeudamiento excesivo que pudiera amenazar la sostenibilidad del gasto”. Y es que lo que le preocupa al banco central es que el alza de los tipos de interés acabe por drenar la renta disponible de las familias, lo que tendría indudables efectos sobre el crecimiento económico. En palabras de Malo de Molina, “los riesgos que plantea el rápido aumento de las deudas de los hogares no están relacionados con la estabilidad financiera, sino con su posible influencia en las decisiones futuras de gasto”.
El Banco de España recuerda que el endeudamiento de las familias ha crecido muy por encima del aumento de la renta disponible. En concreto, de representar un 45% en 1995 hasta rebasar actualmente el 120%, claramente por encima de la zona del euro, pero todavía por debajo de Estados Unidos y Reino Unido.
El aumento de la riqueza financiera de los hogares -por la imparable subida de la vivienda- compensa esta fuerte apelación, ya que el valor patrimonial de sus inversiones (principalmente en pisos) representa ya el 800% de su renta disponible. Y es que los estudios realizados por el banco central indican que “las decisiones de gasto tienden a hacerse más sensibles a las variaciones de los tipos de interés y de los precios de la vivienda”. De ahí que Malo de Molina considere que la variable básica a tener en cuenta es la capacidad de la economía española de generar rentas a través, fundamentalmente, del empleo.
“Estos riesgos, dice el Banco de España, son particularmente relevantes para un sector de familias -que no especifica- con elevados ratios de endeudamiento y bajos niveles relativos de renta y de riqueza, y que por lo tanto tienen poco margen para incrementar adicionalmente su carga financiera”. Es decir, con nula capacidad para pedir préstamos con los que financiar el gasto corriente.
Hasta 776.000 millones. Los hogares españoles incrementaron el año pasado sus deudas en 125.000 millones de euros, un 19,3 por ciento, hasta elevarlas al cierre del ejercicio a 776.138 millones de euros, según los datos publicados hoy por el Banco de España.
El crecimiento se produjo después de que las deudas hipotecarias aumentaran en 95.000 millones de euros (un 19,9 por ciento) y los créditos al consumo, en 30.400 millones (un 17,6 por ciento).
Con estos aumentos, los préstamos de los hogares para la compra de vivienda ascendían a 568.924 millones al cierre del ejercicio, con lo que suponían ya el 73,3 por ciento de la deuda total, una cifra similar al 72,9 por ciento del año pasado, pero muy superior al 63 por ciento de 2004 y al 60 por ciento de 2003.
Mientras, las deudas para finalidades diferentes a la adquisición de vivienda, la mayoría de ellos créditos al consumo, se elevaban a 205.970 millones al cierre de 2006, después de haber superado por primera vez en noviembre pasado el nivel de los 200.000 millones.
Pese al fuerte aumento en términos absolutos de todas las partidas, el incremento del 19,3 por ciento de la deuda total de los hogares es el menor desde el 2003, cuando el crecimiento fue del 19,1 por ciento.
Además, las hipotecas crecieron en 2006 por debajo del 20 por ciento, circunstancia que no ocurría desde principios de la década -el Banco de España refleja sólo la evolución desde 2003-.
El ‘Financial Times’ alerta del riesgo asumido por el Santander con su “agresiva” financiación a las constructoras
La financiación de las operaciones de las grandes constructoras españolas puede jugarle una mala pasada a Emilio Botín. Así lo manifestaba hace unos meses El Confidencial y así lo señalaba en su edición del martes el Financial Times. Según el periódico, el Santander tiene un riesgo adicional frente al BBVA, como consecuencia de su papel de financiador –a través de créditos sindicados- en las “agresivas adquisiciones de las constructoras españolas”.
Este riesgo, unido a otros relacionados con las adquisiciones –peligro al que también se enfrenta el BBVA-, hace que el valor en bolsa de la entidad no sea tan alto como el de otros rivales europeos. De esta manera, aunque el diario valora especialmente la capacidad tanto del Santander como del BBVA de crecer a nivel doméstico e internacional, algo 'casi desconocido' entre los bancos europeos, apunta que este rendimiento no queda del todo reflejado en sus respectivas cotizaciones.
En este sentido, señala que el valor bursátil de las dos entidades españolas es inferior al de la media de sus rivales en Europa, cuyo capital asciende a 11,5 veces las ganancias estimadas para 2007. El diario atribuye esta circunstancia a los riesgos relacionados con la exposición de estos bancos a mercados emergentes y, en mayor media, a esos riesgos relacionados con adquisiciones.
La mira puesta en EEUU
El BBVA amplió recientemente capital por 3.000 millones para financiar el rápido crecimiento de sus activos tras el intento frustrado de compra sobre el Banco Nazionale del Lavoro (BNL) en Italia. Ahora, la entidad presidida por FG muestra un mayor interés por el mercado estadounidense.
“Lo preocupante”, afirma el Financial Times, es que tanto Santander como BBVA “se dirigen a Estados Unidos porque la expansión en Iberoamérica, donde ya son fuertes, se ha hecho más complicada”.
El caso de Álava es el más singular de cuantos ha reflejado la última estadística de precios elaborada por el Ministerio de Vivienda, correspondiente al ejercicio 2006. La provincia vasca ha registrado el incremento más moderado de todo el país, con una revalorización de sus pisos del 3,4% anual, y sin embargo se encuentra entre las cinco regiones menos asequibles para comprar casa de toda la Península, con un coste de 2.491 euros por cada metro cuadrado en el mercado libre. En términos generales, los pisos se han encarecido un 9,1% y 22 provincias han registrado crecimientos inferiores a esta cota. Durante el último trimestre del año, en algunas localizaciones se registraron crecimientos negativos de los precios, lo que indica que algo está cambiando en el sector.
El motor inmobiliario empieza a funcionar al 'ralentí'; al menos, en algunas 'autopistas' residenciales. Los precios de las viviendas en la mitad de las provincias españolas crecieron el año pasado por debajo de los dos dígitos y 22 de ellas han registrado encarecimientos inferiores a la media española, que en 2006 se ha situado en el 9,1%.
En el caso de Álava, Cáceres y Alicante, las regiones con los incrementos anuales más moderados (3,4%, 4,7% y 5,1%, respectivamente), ha dejado de ser una entelequia la posibilidad de que la factura de los pisos 'engorde' en las mismas proporciones que lo hace el coste de la vida. Cinco provincias y una comunidad autónoma llegaron incluso a registrar bajadas en los precios de sus casas durante el último trimestre del ejercicio.
Así lo reflejan las estadísticas elaboradas por el Ministerio de Vivienda a partir de los datos que le facilitan notarios, registradores y tasadores sobre residencias de nueva construcción y de segunda mano. Sin embargo, estos resultados distan en más de tres puntos de los facilitados por Tasamadrid, una de las compañías de valoración de inmuebles más importantes del país.
Según esta compañía, que pertenece a Caja Madrid, la corrección de los precios a lo largo de 2006 ha situado el aumento de los inmuebles a estrenar en un 6,29% al cierre del ejercicio (mientras que el equipo de María Antonia Trujillo calcula en este apartado una revalorización interanual del 9,6%). Cuando se habla de pisos usados, los papeles se invierten: mientras la tasadora cifra la subida en un 9,6%, el Gobierno reduce ese porcentaje hasta el 8,6%.
Diferencias metodológicas
Este 'baile' de cifras, producto de las diferencias metodológicas con que fueron diseñadas, las hace difícilmente comparables y, por ende, genera cierto desconcierto en el gremio de los compradores. Ejemplo gráfico de las variaciones que se pueden registrar entre una estadística de precios y otra: una compañía discrimina los pisos con menos de 75 metros cuadrados en sus estudios porque tradicionalmente lo ha hecho así, según señalan algunos expertos en el sector.
Pero al margen de 'desavenencias' numéricas, el mensaje es claro: algo se mueve en la arena residencial.
«Esto no ha hecho más que empezar», apunta Gonzalo Bernardos, director del máster de Asesoría y Consultoría Inmobiliaria de la Universidad de Barcelona, cuando se le pregunta por la moderación del precio de los pisos. Y da un paso hacia adelante: «Este año podrían bajar hasta un 4% y, entre 2007 y 2009, hasta un 20%».
En opinión de Bernardos, «el precio desciende cuando existe un exceso de oferta y los propietarios y promotores se convencen de que para tener más posibilidades de venta deben reducir la cifra inicialmente establecida». «En la actualidad, hay un elevado 'stock' de viviendas sin vender y aun así se han visado 925.000 nuevas casas; además, se ha retirado la demanda de especulación. Al que esté pensando en comprar yo le diría que la prisa es el enemigo de la oportunidad y que pronto va a haber grandes chollos», sostiene este experto.
Ricardo Vergés, responsable de las estadísticas del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos, comparte la teoría de que «el mercado de compraventa está paralizado». «En España todavía continúa aumentando el precio porque los españoles hemos adquirido la mala costumbre de comprar a cualquier coste, pero no es una situación ineluctable y se tiene que estabilizar», señala este profesor de Economía Inmobiliaria.
Y añade un apunte más: «En 30 años viviendo en países del G-7 jamás he visto nada igual».
Entre 1997 (considerado como el inicio del 'boom') y finales de 2006 la vivienda se ha encarecido un 183,2%, un lapso de tiempo en el que las nóminas de los trabajadores tan sólo han aumentado un 30%. El dato del 9,1% en 2006 aportado por el Ministerio del ramo es la cifra más baja registrada desde hace seis años, en los que se han alcanzado dudosos récords sin precedentes como el 18,5% al que se llegó en el ejercicio 2003.
La empresa del ramo de la construcción Cartuja Urbanizaciones y Obras Civiles, que decidió unilateralmente cerrar sus puertas sin previo aviso hace algunos días, será demandada hoy por el grueso de la plantilla por despido improcedente tras la incomparecencia del empresario ayer al acto de conciliación en el Cemac (Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación).
Los afectados, más de un centenar según informó un portavoz de los trabajadores y de los que 62 han decidido unirse para hacer frente al conflicto laboral, confiaban en alcanzar ayer un acuerdo para cobrar las nóminas de enero, y en algunos casos también las de diciembre, que aún se les adeudan, por lo que ante la ausencia del empresario firmaron el acta notarial por la que autorizan a su representante legal a presentar hoy la demanda de despido improcedente por fraude de ley en los contratos y la posterior reclamación del pago de sus salarios.
Los trabajadores no han recibido ninguna explicación sobre el cierre de la empresa, decisión que, siempre según portavoces de la plantilla, se adoptó a mediados de enero, al parecer, por falta de liquidez para hacer frente al pago de la importante deuda que arrastraba tanto con los empleados como con proveedores.
Los propios afectados dijeron ayer desconocer el global de la cantidad que les adeuda la empresa, si bien precisaron que la media del débito por trabajador podría rondar los 3.000 euros, al tiempo que denunciaron su situación laboral, en la mayoría de los casos, sujeta a un único contrato por obras y servicios pese a que luego se les obligaba a realizar en las distintas obras repartidas por Jerez, la provincia de Cádiz, Málaga y Sevilla.
"El que más y el que menos llevaba dos años vinculado a la empresa de esta forma", señaló un portavoz, que fue espoleado por sus compañeros para denunciar públicamente las supuestas presiones que recibían para trabajar sin descanso los fines de semana y hasta altas horas de la noche.
Los problemas financieros en la empresa, que según fuentes jurídicas consultadas por este medio no ha presentado suspensión de pagos, asomaron en diciembre, cuando el grueso de la plantilla tuvo que esperar para cobrar finalmente sus nóminas en dos pagos del 40 y el 60 por ciento, respectivamente, mientras que algunos trabajadores se quedaron sin cobrar al no tener fondos los "pagarés" librados para el abono de sus salarios.
Tras el cierre, los trabajadores aseguran que en Jerez se han quedado varias obras "tiradas", alguna relacionada indirectamente con la Gerencia Municipal de Urbanismo como los repasos en las obras de las tres plazas emblemáticas de la ciudad en las que se han construido aparcamientos subterráneos, el Arenal, el Caballo y Madre de Dios, y de los que se ha tenido que hacer cargo Azvi, la empresa que los subcontrató. Cartuja también ha trabajado en algunas obras menores y derribos para Urbanismo, desde donde aseguraron ayer no tener en la actualidad ninguna obra contratada y estar al corriente de pago con esta sociedad.
Este periódico intentó ayer sin éxito ponerse en contacto con el máximo responsable de la empresa, José María Grimaldi Navarro, curiosamente hijo del titular de otras dos empresas (Cohegri y Zenit) que en su día registraron episiodios económicos-laborales similares a los que ahora se enfrenta Cartuja Urbanizaciones y Obras Civiles.
Protesta por "el urbanismo salvaje" y la especulación de las promotoras representadas en la feria
Activistas de la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio volcaron hoy frente a las puertas de la Feria Internacional de Turismo, Fitur, 20 garrafas con aguas fecales del pantano de Molino de la Hoz de Madrid para denunciar "el urbanismo salvaje" y la especulación practicada, en su opinión, por las promotoras representadas en la feria.
El acto, que tuvo lugar al mediodía de hoy, se completó con el lanzamiento de 10.000 billetes de 500 euros con un extracto de la Coordinadora al dorso y el despliegue de pancartas gigantes con el lema 'Stop destrucción' y 'No a la ley del suelo'.
En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio, Jaime del Val, denunció que Fitur alberge a "algunas de las promotoras inmobiliarias más destructivas que hay en España y en el extranjero" y exigió a los organizadores de la feria que prohíban "la presencia de promotoras destructoras del territorio", en especial, aquellas que "promueven campos de golf".
Del Val explicó que la Coordinadora había elegido verter el agua del pantano del Molino de la Hoz como acto de protesta contra la especulación debido a la especial situación de degradación de la zona. "Es una urbanización totalmente rodeada por vertidos fecales, fruto del urbanismo salvaje", dijo.
Asimismo, el activista hizo extensible sus críticas al Ejecutivo, al que instó a emprender "medidas muchísimo más drásticas de las que viene emprendiendo en la actualidad contra el problema de la especulación, la corrupción y la destrucción asociada al urbanismo que hay en España", ya que, según indicó, "es el problema número uno del Estado español, por sus consecuencias sociales, medioambientales, culturales, económicas y políticas".
"Es imprescindible que se eliminen todas las figuras legales que favorecen la especulación en España, que es algo que no existe en ningún otro país y que, desde el siglo XIX hasta la actualidad, se ha ido creando un Estado de excepción en política urbanística en España que es lo que ha generado esta burbuja inmobiliaria única en el mundo", enfatizó.
UNA NUEVA LEY DEL SUELO
Así, exigió una ley rápida que se aplique y que actúe, no como la actual, que, a su juicio, deja al "ciudadano y el territorio desamparados". Para esta organización, la actual Ley del suelo existente en España no es suficiente.
"El Gobierno está intentando vender la idea de que pretende erradicar la construcción donde existe el problema del urbanismo salvaje, cuando ni siquiera se elabora una alternativa económica para España que no sea el ladrillo", dijo.
La coordinadora del acto valoró el que "el turismo rural" se encuentra representado en la feria, pero criticó que el espacio dedicado a lo que él tachó de "destructores del territorio" sean mucho más amplios.
En referencia a la entrevista concedida por el Presidente del Gobierno al diario El País, aseguró que las declaraciones del presidente del Ejecutivo son "inaceptables", ya que, aseguró: "la construcción debe seguir creciendo en España como factor de riqueza". "Algo que se contradice cien por cien con la política que pretenden llevar a cabo para erradicar la corrupción", añadió.
Para exigir a Aguirre control sobre las irregularidades de las viviendas protegidas de la CAM
Los afectados de Bitango se echan a la calle. Los presuntos defraudados por la gestora conocida por colocar viviendas protegidas entre futbolistas como Fernando Hierro o Iker Casillas, crean una plataforma para exigir a la Comunidad de Madrid (CAM) “control administrativo real sobre todas las promociones protegidas que tiene Bitango en la actualidad, que están llenas de irregularidades”. Además, planean convocar una manifestación de protesta en marzo, junto con afectados por otras promociones.
La exigencia de los perjudicados por esta gestora, que se cuentan por miles, va más allá de los expedientes abiertos en la Dirección General de Arquitectura y Vivienda de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la CAM. “Lo que queremos es que si Bitango no va a ser capaz de entregarnos en tiempo y forma nuestras Viviendas de Protección Pública (VPP), que sea la Comunidad de Madrid la que nombre un órgano gestor para que medie entre la gestora y los afectados y que Bitango cese su actividad”, afirman.
“Los expedientes de Bitango se siguen tramitando”, han confirmado a este diario fuentes de la Dirección General de Arquitectura y Vivienda. “Hasta la fecha, se han resuelto cuatro denuncias que afectan a 140 contratos. Estas sanciones, que son por comercializar las viviendas sin informar de que eran protegidas, suman en total 125.000 euros”, aclaran. “Las denuncias por sobreprecio, que rondan el centenar pero siguen goteando, se siguen tramitando. En estos casos, se obliga a la gestora a devolver lo que ha cobrado más y se le impone una multa por falta grave, que oscila entre los 6.000 a los 60.000 euros”, añaden.
Temor a un concurso de acreedores
Ante la exigencia de los perjudicados, las fuentes de Vivienda de la CAM responden que aspiran, como todos, “a que las viviendas se terminen y las llaves se entreguen. El riesgo no está en nuestras manos, sino en los de la propia empresa, que vea que le caen nuevas multas y decida parar o desaparecer”.
La decisión de salir a la calle de los agraciados con VPP gestionadas por Bitango, en régimen de autopromoción, responde a su temor de la posibilidad de que la gestora, “ante la que se le viene encima [en forma de expedientes sancionadores y pleitos individuales], no sea capaz de afrontar sus pagos y se vea obligada a declararse en quiebra y convocar un concurso de acreedores”, consideran los perjudicados.
La última evaluación de crédito efectuada sobre Bitango Promociones, SL -que comparte apoderados con las empresas del imputado en el caso Malaya, Fidel San Román-, rebaja su solvencia a 7 puntos sobre 20, a fecha de 7 de febrero de 2007. Ya a finales de 2005, su tesorería figuraba como degradada, su equilibrio deteriorado y su endeudamiento, pesado.
Reunidos hasta ahora en el blog afectadosbitango, los 1551 registrados que lo integran han decidido dar un paso más y constituirse en plataforma. Trámite que se hará efectivo a lo largo del mes en curso. Su intención es concertar en los próximos días una entrevista con responsables del Gobierno de Madrid. Paralelamente, han iniciado contactos con otras plataformas de vivienda con el propósito de convocar, si ha lugar, una manifestación el próximo mes de marzo. Además de éste, los clientes de Bitango están en contacto a través de otros blogs e incluso de foros cerrados de comuneros de una sola promoción.
Encontrar un piso de tres dormitorios, con plaza de garaje, trastero y piscina por menos de 1.000 euros es una misión imposible en Madrid. Sin embargo, en los PAUs del norte de la ciudad (Montecarmelo, Las Tablas y Sanchinarro) es algo relativamente sencillo. La enorme oferta de inversores que sacan sus pisos en alquiler y la escasa demanda ha tirado a la baja de los precios, que están entre un 15% y un 35% más baratos que en la media de Madrid capital.
El precio medio de alquiler de una vivienda en la capital de Madrid está en 14 euros por metro cuadrado, según los datos actuales de Idealista.com. No obstante, un estudio detallado de los PAUS (Planes de Actuación Urbana) situados al norte de Madrid entre las carreteras de Burgos y Colmenar, y en los que en los últimos años se han construido y se siguen construyendo miles de viviendas, demuestra que los precios en dichas zonas está muy lejos de esos niveles a pesar de que están pegadas a la ciudad. De hecho, pertenecen a Madrid en términos administrativos.
En concreto, los precios en Montecarmelo quedan en un 35% por debajo de ese nivel (a 9 euros el metro cuadrado), mientras que en Las Tablas está a 10 euros, casi un 30% por debajo. Sanchinarro, donde se ubica el centro comercial de El Corte Ingles, es el más caro, con un precio medio de alquiler de 12 euros el metro cuadrado, también por debajo de los niveles de Madrid. De hecho, estos precios equivalen a los de algunos de los distritos más baratos de Madrid, como pueden ser Usera o Vicálvaro.
Además, llama la atención la enorme oferta que hay debido a que en total se llegarán a construir más de 50.000 viviendas, auténticas ciudades. El método poco científico de ver una gran cantidad de carteles de "se alquila" se ve refrendado en los grandes supermercados de alquiler de vivienda online. De los 3.056 pisos en alquiler que recoge la base de datos de Idealista en todo Madrid, el 7,6% son de estos tres PAUs.
Asimetría con la venta
Sin embargo, ocurre un fenómeno contrario si se habla de venta de las viviendas en estas zonas. Así, el precio de esos tres PAUs situados al norte de Madrid es algo superior al precio medio de Madrid (4.519 euros). Esto es así en Montecarmelo (4.629 euros el metro cuadrado) y Sanchinarro (4.626 euros). En La Tablas, el precio es un 7% inferior o 4.188 euros.
Lo mismo ocurre con la oferta. Si el parqué de viviendas en alquiler representa el 7,6% del total de todo Madrid, según Idealista.com, en la venta representan la tercera parte de ese dato, es decir, el 2,5%. Y es que los inversores se muestran reacios a vender los pisos a precios que supongan una escasa revalorización respecto a la compra. Los expertos recuerdan que los precios de las viviendas en estos PAUs han sido de salida muy elevados.
Zona Precios de Alquiler* Diferencia Precio de venta* Diferencia
Madrid 14 euros 4.519 euros
Montecarmelo 9 euros -36% 4.629 euros 2,4%
Las Tablas 10 euros -29% 4.188 euros -7,3%
Sanchinarro 12 euros -14% 4.626 euros 2,4%
* Precios por metro cuadrado
Fuente: Idealista.com
¿Por qué ocurre esto?
Los expertos destacan la falta de dotaciones de estas zonas (colegios, transporte y comercios), que las hace en algunos casos inhóspitas para vivir y lugares casi fantasmas donde no se ve gente. En este sentido, desde la Inmobiliaria Promon destacan que se espera la llegada del Metro como agua de mayo, ya que puede significar una mejora de precios, lo mismo que la instalación definitiva de casi 15.000 trabajadores de Telefónica cerca de la zona, que elevaría la demanda.
Juan Carlos Rodríguez, de Rentia, subraya que "mucha gente compró una vivienda en esta zona para especular y ahora quieren cubrir los gastos para venderlos cuando mejore el mercado. Hay bastante oferta y poca demanda para vivir en la zona, por lo que los precios de alquiler tiran para abajo". A esto también contribuye, añade el experto, que "hay varios edificios enteros comprados por grandes grupos como Santander que alquilan grandes cantidades y marcan los precios".
Y es que haciendo números, los inversores que ahora quieren alquilar una vivienda en esta zona apenas cubren los gastos. Las dotaciones de las urbanizaciones son elevadas (piscinas, garajes, zonas verdes, pistas de pádel), lo que dispara en muchos casos el gasto de la comunidad por encima de los 100 euros, indica Rafael Borrego, de inmobiliaria Millenium. A esto hay que sumarle intereses de la hipoteca, impuestos, seguros..., por lo que un alquiler apenas le da rentabilidad al dueño.
José Luis Marcos, de Roan Asesoramiento Inmobiliario, indica que lo que está ocurriendo en estos PAU es simplemente una consecuencia de "la oferta y la demanda. Aquí hay mucha gente que ha comprado para no ocupar la casa y alquilar. Son muchos y hay que bajar los precios. De momento, este negocio no le está saliendo rentable a los compradores". "El mercado de alquiler es estrecho, y la gente que alquila prefiere hacerlo en el centro", sentencia.
Una opinión semejante es la que ofrece Ignacio Sanmartín, del Servicio de Estudios de BBVA. El experto subraya que la gente que alquila vivienda es de un tipo muy concreto, como jóvenes, que buscan comodidad a la hora de alquilar. "Si vives en los PAUS y tienes que bajar a Madrid a trabajar o simplemente a comprar necesitas coche o más de media hora de transporte público, por lo que son localizaciones con un coste adicional que algunos no quieren asumir", indica el experto que apunta que "en Madrid por 1.000 euros tienes casas malas y en estas zonas, viviendas excelentes".
Una semana después de que el gobierno vasco desempolvara el debate sobre la necesidad de gravar los pisos vacíos, Cataluña echó ayer leña al fuego avanzando que también plantea medidas dirigidas a este cometido. Lo confirmó durante una entrevista radiofónica la secretaria de Vivienda de la Generalitat catalana, Carmen Trilla, quien anunció que esta medida se incorporará a la futura Ley de Derecho a la Vivienda y podría traducirse en un canon de nueve euros para aquellas viviendas que pueda probarse que estén desocupadas.
Lo complicado, según indicó Trilla, será precisamente eso, determinar qué viviendas se encuentran en esta situación. «La clave de la cuestión es cómo averiguar a qué viviendas aplicarás este recargo», añadió. En este sentido, la responsable de Vivienda de la Generalitat recordó también que la administración autonómica ya estudió si podían pedir información de los consumos de agua y luz, pero «éstos no se pueden facilitar de forma genérica, lo que dificulta la investigación». No obstante, Trilla matizó que si se encontrara una fórmula que hiciera viable el canon, éste sería aplicable porque «la ley que permite que las haciendas locales puedan ejecutar ese recargo del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) está vigente».
«A la expectativa» La responsable de Vivienda del gobierno catalán aclaró, sin embargo, que la Generalitat se encuentra «a la expectativa» de conocer los detalles de la propuesta que el gobierno vasco lanzó en la segunda semana de enero. «Hemos solicitado esta propuesta para conocer de qué forma determina que los pisos están vacíos. Queremos saber en qué parámetros se basa», precisó Carmen Trilla.
Como se recordará, el pasado día 12 de enero el consejero de Vivienda del gobierno vasco, Javier Madrazo, anunció que su Ejecutivo estudia fijar un canon de nueve euros diarios por cada día en el que la vivienda esté desocupada.
Afirmó que, a su entender, «es un lujo inadmisible que propietarios de tengan su vivienda absolutamente desocupada y sin ningún uso cuando hay tantas personas que necesitan un lugar en el que vivir». La posibilidad de imponer un canon diario sobre los pisos vacíos es sólo una de las medidas que se plantea el gobierno catalán en su nueva ley de Derecho a la Vivienda, que podría estar aprobada antes del verano.
Expropiación temporal La normativa prevé también la posibilidad de poner en alquiler forzoso una vivienda, aunque sólo en casos muy determinados. Para que se autorizara la «expropiación temporal» sería necesario que la vivienda se encontrara deshabitada, en estado de abandono, en una zona de demanda de vivienda y que el propietario no aceptara rehabilitarla, para lo que contaría con ayudas públicas.
El proyecto de ley establece también cuantiosas sanciones, de hasta 200.000 euros, para propietarios de pisos vacíos en estado de abandono.
Como era de prever, las reacciones al anuncio de la portavoz de Vivienda del tripartito no se hicieron esperar. El diputado de CiU en el Parlament Ramon Espalader criticó que la Generalitat estudie cobrar un canon para los pisos vacíos y defendió, en cambio, introducir desgravaciones fiscales en el IRPF para quienes pongan su piso en alquiler.
CiU critican la iniciativa
CiU considera «un despropósito» la iniciativa y cree que «podría atentar contra la ley de protección de datos». Por su parte, el PP tildó el canon de «animalada» y adelantó que hará todo lo posible para que no se aplique. Añadió que llevar el recargo a la práctica saldría «carísimo».
El Ayuntamiento de Barcelona ya aprobó en sus Ordenanzas Fiscales aplicar un recargo del 50% del IBI a los propietarios de pisos vacíos, aunque, al igual que otros consistorios, se encuentra a la espera de que el Gobierno dé luz verde al reglamento de desarrollo de la ley de Haciendas Locales. El segundo teniente de alcalde, Jordi Portabella, señaló la dificultad que existe para determinar qué pisos pueden gravarse.
Los Mossos d´Esquadra han destapado una estafa relacionada con pisos de protección oficial que podría tener más de mil afectados -todos de Barcelona y provincia-, y cuyo «botín» se estima en decenas de millones de euros, aún por localizar, a la espera de concluir la investigación. La estafa funciona desde al menos el 2002, aunque hay casos de diez años atrás.
Los estafadores, dos hombre y dos mujeres de nacionalidad española, se hacían pasar por funcionarios del Departamento de Medio Ambiente y Vivienda de la Generalitat o de su empresa promotora, Adigsa. Convencían a las víctimas de que podían conseguirles pisos de protección oficial sin necesidad de pasar por el preceptivo sorteo público, a cambio de un pago por adelantado inicial de entre 3.000 y 6.000 euros.
Los delincuentes alegaban que su objetivo era impedir que los pisos sociales fueran a parar a inmigrantes o a gente que falseaba los datos para optar al concurso público. Tras el primer pago, exigían varios más que de media sumaban unos 20.000 euros por persona, en concepto de otros trámites como el del notario.
Obviamente, los estafadores no disponían de los pisos, aunque mostraban a sus víctimas fotografías y planos de edificios de protección oficial en construcción reales.
Los estafadores empezaron a captar clientes en su entorno, pero luego sus propias víctimas les aportaban más -sin cobrar por ello-, al animar a amigos y familiares a aprovecharse del negocio.
Víctimas y cómplices El director general de los Mossos d´Esquadra, Rafael Olmos, explicó que las víctimas asumían que estaban haciendo una trampa, aunque avalados por un supuesto funcionario, «pero no eran conscientes de que era una estafa, porque creían que los pisos existían». De hecho, reveló, «ha habido quien tras denunciar su caso preguntaba al policía: «¿Cuándo me darán el piso?»».
Con todo, tras interrogar a a cien víctimas, los Mossos detectaron a dos -Amor F. F. y Carmen G. F.- que tras descubrir la estafa colaboraron captando más víctimas a cambio de dinero. Ambos están libertad con cargos, por falta de pruebas suficientes, a la espera de lo que decida el juez.
Por su parte, los cuatro artífices de la estafa, que fueron detenidos el pasado jueves en un hotel de Barcelona donde atendían a sus clientes, están en prisión. Son Víctor Manuel A. R., de 37 años, que residía en Lloret de Mar (Barcelona) con una de las detenidas, de la que es pareja: Margarita C.R., de 43 años y de Lugo. Los otros son: Carlos P.B., 43 años y de Badalona (Barcelona), y Maria Roser M.V., de 36 años, residente en Gavà (Barcelona). Ninguno tiene antecedentes por estafa.
Olmos destacó que las víctimas -la mayoría de ellas mujeres de unos 50 años-, eran «gente humilde» que ha llegado a endeudarse para hacer frente a los pagos. Según los Mossos, la estafa se ha prolongado durante tanto tiempo por varios motivos. Porque sus autores, sobre todo una de ellas, tenían «grandes dotes de persuasión». Y porque las víctimas sabían que estaban haciendo algo irregular, y esperaban el piso en silencio. Fue una persona cercana a una de las víctimas quien acudió a los Mossos a preguntar por este engocio y destapó el caso.
Además, mientras daban largas y excusas para no entregar los pisos, los estafadores ofrecían a sus víctimas otras inversiones falsas -más pisos, un párking-, o incluso inversiones monetarias a corto plazo cuyos réditos sí abonaban. Incluso en algún caso, a la víctima recelosa se la «calló» devolviéndole todo su dinero.
La «Operación Malaya» retrae a las promotoras en Málaga mientras en Castelló se dispara el sector del ladrillo
El foco está puesto sobre el urbanismo, sobre la construcción. La policía está intensificando en los últimos tiempos la vigilancia sobre un sector que tiene un lado oscuro. Castelló no ha sido hasta ahora escenario de tramas de delincuencia con la vivienda como medio de supervivencia ilegal. Sin embargo, la presión policial y administrativa que se está ejerciendo en determinadas áreas del litoral, como la Costa del Sol, está desplazando la corrupción hasta tierras castellonenses.
La presión policial y política que en los últimos meses están ejerciendo el Gobierno central y la Junta de Andalucía contra la corrupción urbanística en la Costa del Sol puede provocar que parte de esta delincuencia organizada se desplace hacia otros puntos del litoral turístico mediterráneo como Castelló, Alicante y Murcia según explicaron a este diario e xpertos en delitos urbanísticos.
Los investigadores creen que el dinero negro, y con él la corrupción política, busca siempre aquellos puntos de inversión que ofrecen mayor tranquilidad y posibilidades de crecimiento económico. La costa de Castelló cumple ambos requisitos, por lo que se sitúa en uno de los polos de atracción de este tipo de delincuencia.
La idea no es una mera especulación, sino que se apoya en datos oficiales. Así, uno de los índices que los expertos valoran para interpretar que una provincia puede estar bajo los efectos de un boom inmobiliario descontrolado es el número de viviendas libres visadas que el Colegio de Arquitectos tramita cada año. El caso paradigmático es el de Málaga, una provincia que entre 1994 y 1999 experimentó un incremento del 1.600% en construcción de viviendas de renta libre y que tras investigaciones judiciales de gran calado como la Operación Malaya ha visto cómo el nivel de edificación se ralentizaba e incluso paralizaba. Paralelamente, el efecto dominó se produce en Castelló, donde el número de viviendas libres visadas ha crecido espectacularmente - casi un 40% - durante algunos meses del pasado año, lo que supone más de un 5% por encima de la media nacional.
José Luis Díez Ripollés, director del Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, ha coordinado los más avanzados estudios que se han elaborado en España sobre la corrupción urbanística en los últimos años. «En 2003 la Junta de Andalucía tomó la iniciativa al lanzar el Plan de Ordenación Territorial y demostró una clara voluntad política de enfrentarse a los promotores y de acabar con este tipo de corrupción» , explica.
Díez concluye que esta mayor presión que ejercen las autoridades, y que se traduce en un incremento de la persecución policial, ha desinflado el boom inmobiliario en Andalucía, gran parte del cual se sostenía sobre la corrupción. Finalmente, el dinero negro termina desplazándose a las costas murciana y valenciana, en especial la de Alicante, donde resulta más fácil colocar capital para seguir invirtiendo en ladrillo.
El informe elaborado por el Instituto Andaluz trata de estudiar las prácticas irregulares en el ámbito de la administración pública, con especial atención a la actividad urbanística en la Costa de Sol. Aunque el estudio no se puede extrapolar de forma científica a la realidad de Castelló, sus datos pueden servir de guía para tener una idea aproximada de lo que puede estar sucediendo en la provincia con el fenómeno del crecimiento inmobiliario desbocado.
El informe concluye que el partido que forma la corporación municipal influye en el modelo urbanístico elegido - los alcaldes socialistas apuestan por una planificación regional mientras los del PP e independientes defienden los intereses locales - ; todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como norma para conseguir ingresos; y las modificaciones de los planes municipales son frecuentes y siempre en la línea de favorecer una mayor edificabilidad.
Vigilancia poco intensa
Uno de los puntos donde los ayuntamientos quedan al descubierto frente a la ambición de promotores y constructores es que la vigilancia sobre las obras ilegales suele ser poco intensa. No todos los municipios cuentan con inspectores dedicados a perseguir el fraude y básicamente se limitan a investigar denuncias aisladas, sin realizar inspecciones sistemáticas. La encuesta que realizó el instituto entre los municipios costeros revela que el nivel de sanciones es muy elevado en unos municipios mientras que en otros es prácticamente simbólico, sin que se pueda explicar la causa, y a pesar de que el volumen de actividad urbanística es muy semejante.
Finalmente, las sanciones administrativas suelen consistir en multas y casi nunca se llega a decretar las demoliciones. Los pocos casos que acaban en órdenes de demolición suelen referirse a estructuras temporales o en estado de ruina. Casi siempre, las edificaciones ilegales se regularizan a través del pago de una simple multa, lo que restablece la legalidad urbanística.
El informe inmobiliario recuerda que el delito urbanístico es poco conocido y los alcaldes consideran que el cumplimiento de la ley es adecuado.
Compradas por inversores. El sector confía en los inmigrantes para mantener “viva la demanda”. La ralentización en el incremento del precio de la vivienda puede sacar al mercado miles de inmuebles comprados por inversores que se convertirán en competencia directa de las nuevas construcciones, según los promotores. El sector confía en que sean los inmigrantes los que mantengan “viva la demanda” en el sector.
En los últimos años se han conjugado una serie de factores que han propiciado un boom inmobiliario que probablemente no se repita en mucho tiempo. Los bajos tipos de interés, el crecimiento económico o la llegada de inmigrantes y turistas permitieron que el sector viviera sus años dorados. Sin embargo, los promotores reconocen que habrá una normalización del mercado, “no de crisis”, porque aquella “alineación de planetas”, como lo ha comparado el secretario general de la Asociación de Promotores y Agentes Urbanizadores de Valencia, Benjamín Muñoz, ya no existe. El representante de los promotores admitió ayer incluso que ha llegado el momento “de levantar el pie del acelerador y de bajar la fabricación de viviendas para atemperar la oferta y la demanda”.
En la presentación de unas jornadas para analizar si va a existir un cambio de ciclo en el sector en los próximos años, que se van a celebrar la próxima semana, Muñoz adelantó algunas claves que vaticinan lo que va a pasar en el sector inmobiliario hasta 2010. Como ya están haciendo, por ejemplo, las entidades bancarias, los promotores empiezan a confiar en la inmigración como el gran motor del sector en los próximos años.
Según explicó ayer Muñoz, la llegada de extranjeros que quieren fijar en la Comunitat Valenciana su residencia ha motivado que se sigan comprando pisos y por tanto se mantenga “viva” la demanda. Según los datos de que dispone la entidad, los extranjeros han contribuido a incrementar la población de la Comunitat Valenciana. Además, en una gran mayoría son adultos con grandes necesidades de vivienda.
Sin embargo, desde la asociación reconocen que va a ir disminuyendo el ritmo de construcción y esperan que los precios del suelo se contengan para “serenar el mercado”. Muñoz considera que es principalmente esta parte de la vivienda lo que hace aumentar el precio final. El presidente de la consultora Tecnigrama, Antonio Escudero, añadió que el precio total de los inmuebles bajará porque su tamaño será menor.
La tendencia a reducir la superficie de los pisos ya se comenzó a notar hace dos años. El mercado oferta ya viviendas de un dormitorio o estudios de 30 metros cuadrados que tienen un gran potencial de salida al mercado.
Sin embargo, la oferta de vivienda nueva no se adecúa a la formación de hogares. Es decir, según Juan Antonio Módenes, del Centre d’Estudis Demogràfics de la Universidad Autónoma de Barcelona, en la Comunitat se construyeron de media unas 75.000 viviendas anuales entre 2001 y 2005, aunque solamente se formaron 58.000 hogares. Es decir, la diferencia es de 17.000 viviendas de inversores y segunda residencia. Cerca de 12.000 se quedan vacías.
Módenes vaticina que a partir de 2006 parece que “la construcción de nueva vivienda se vincula menos a la demanda demográfica, es decir, a un inmueble para establecer un hogar, y depende cada vez más de la segunda residencia y origen internacional”.
El futuro es incierto principalmente porque existen variables que no se van a poder planificar. El constante incremento de los tipos de interés y la ralentización en el precio de la vivienda “puede contribuir a que salgan al mercado miles de viviendas adquiridas por inversores”. Según Muñoz, esos inversores podrían ver peligrar los rentables beneficios que esperaban obtener ya que los precios aumentarán quizás poco más del IPC y por ello convertirse “en una dura competencia para la oferta de nueva vivienda en construcción. Se podría producir una sobreoferta”.
Sí dejó claro que los promotores quieren adecuarse a la oferta que existe y no sólo adecuarse a la demanda, sino también construir viviendas de protección oficial, “el problema es que ninguna empresa quiere perder dinero”. En este sentido, el secretario general de la asociación de promotores aseguró que nadie en su sano juicio daría la espalda al 25 o 30% de la sociedad que demanda este tipo de vivienda, aquellos que solamente pueden acceder a viviendas protegidas.
Los promotores sí están seguros de que quizás se pueda resentir el mercado residencial en los próximos años. Por ello, confían en que la Comunitat Valenciana se consolide como “la California europea” y que la demanda de residencia en el litoral siga manteniéndose. “No se trata de llenarlo todo de cemento, sino de aprovecharse de una oportunidad de negocio extraordinaria”.
Infraestructuras
En este sentido, apuntó a que la construcción de infraestructuras como el AVE puede contribuir a fomentar la demanda de vivienda residencial por parte del mercado nacional, que se sumaría a la que ya se produce desde Europa. “La Comunitat no puede renunciar a convertirse en un destino turístico de primer orden”. También otro tipo de comunicaciones, como carreteras, pueden ayudar a fomentar la compra de viviendas. “Muchas familias, sobre todo parejas adultas con hijos independizados eligen segundas residencias como vivienda habitual”, lo que ayudaría a que las poblaciones de costa no se quedaran despobladas en invierno.
NUEVA VUELTA DE TUERCA DEL MIEMBRO DEL CONSELL EN SU ENFRENTAMIENTO MEDIÁTICO CON LA PATRONAL
Pons afirma que "no es el conseller de los constructores sino de los usuarios"
"Aspiro a llevarme bien con quienes están buscando una vivienda", subraya. Insiste en que no se va a penalizar a los propietarios de viviendas cerradas.
No tengo ninguna aspiración a llevarme bien con los constructores. Aspiro a llevarme bien con las personas que buscan una vivienda y a que la consigan a un precio asequible". Con esta declaración se refería ayer el conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, a la polémica que sus palabras sobre las intenciones de la Generalitat de "cerrar el grifo del urbanismo" generaron entre los empresarios del sector durante su última visita a la provincia.
Sus comentarios motivaron un aluvión de críticas por parte de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc), quienes lamentaron que estas intenciones les fueran comunicadas a través de los medios de comunicación.
Ayer, en su visita a Onda, el conseller afirmó: "No tengo noticia --del malestar--. Lo he leído en algún periódico, pero no tengo ninguna comunicación oficial. El día que la tenga la atenderé, sobre todo si me la dirigen por carta y no en un periódico".
Aun así, Pons aseguró que "el conseller de Territorio es el conseller de los ciudadanos que compran una vivienda, no de los pocos ciudadanos que las construyen", y afirmó rotundo: "Creo que se equivocan quienes creen que el conseller de Vivienda es el conseller de los constructores". Aun así, el titular de Territorio y Vivienda aseguró que "la relación con los empresarios de la construcción es muy buena", aunque matizó: "Lo que voy a intentar es que el territorio perdure y que la vivienda esté a un precio asequible. Si, además, me llevo bien con los constructores me alegraré mucho, pero me considero más conseller de los usuarios, de quienes tienen que comprar una vivienda, y comprendo su problema, que desde luego de los que las construyen".
VIVIENDAS CERRADAS
Como ya avanzó Mediterráneo esta semana, el conseller González Pons reiteró también que "el Gobierno valenciano no va a hacer nada parecido" y arremetió contra el impuesto de 9 euros/día que el País Vasco ya está aplicando a los propietarios que tienen una vivienda cerrada, y que también estudian Cataluña y Andalucía. "Nosotros no somos partidarios de castigar, sino de incentivar. Me da la sensación de que esta política de castigo a los propietarios de pisos da muy mal resultado", calificándola de "autoritaria, muy dirigista", y parecida "a las políticas de la vieja Europa del Este". Por eso, se mostró partidario de aplicar medidas que incentiven a los propietarios a su puesta en alquiler.
«El Ayuntamiento de Valencia no se plantea la posibilidad de gravar de ninguna manera las viviendas vacías para fomentar el alquiler». El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento valenciano, Jorge Bellver, quiso dejar bien claro ayer -y de paso zanjar cualquier atisbo de duda- que el Consistorio valenciano no estudiará medidas como las que están siendo sopesadas por el Gobierno vasco o la Generalitat de Cataluña por las que podrían establecer un canon de nueve euros diarios sobre las viviendas vacías con la intención de promover su uso para alquiler.
«El Consistorio opta por otras fórmulas mucho más justas y equilibradas a la Ley». Además recalcó que «la Constitución Española garantiza la defensa de la propiedad privada» y que «existen otras vías para que los propietarios de una segunda vivienda se sientan incentivados para alquilarla, como garantizar, a través de un seguro, que si pone su vivienda en alquiler tiene asegurado el cobro del precio estipulado y la reparación de los desperfectos que la vivienda pueda sufrir por parte de los inquilinos».
Sobre el número de viviendas vacías en la Comunidad, Bellver añadió que «se está produciendo un cambio de tendencia y que, en Valencia, ese fenómeno que se ha producido en todas las ciudades españolas de no sacar la segunda residencia al mercado de alquiler está muy mitigado».
Desde el Colegio de Abogados de Valencia se consideró ayer que el hecho de establecer un canon tendría grandes lagunas desde el punto de vista jurídico ya que «lleva aparejado un elemento de discriminación» y un problema de definición de «vivienda vacía».
Las fuentes consultadas aseguraron que «más allá de la Ley en este tipo de medidas que se anuncian ahora hay un claro componente electoralista» ya que hay otros argumentos, «como otorgar más seguridad jurídica a los arrendatarios para incrementar el parqué de viviendas en alquiler».
El instituto edificará 434 viviendas en tres emplazamientos
Un total de 175 proyectos han sido seleccionados para concurrir en el VII Concurso de Anteproyectos para la adjudicación de contratos de redacción de proyectos de edificación, que ha convocado el Instituto Valenciano de Vivienda (Ivvsa), entidad dependiente de la Conselleria de la Conselleria de Territorio y Vivienda y que este año propone la construcción de 434 viviendas de protección pública (VPP) en los emplazamientos de Callosa de Segura, Castelló y Sueca.
«Tras una ardua labor de selección, ya contamos con los candidatos definitivos que optarán a la redacción de los proyectos de edificación de las tres apuestas urbanísticas que contempla esta edición del concurso», destacó el director general de Vivienda y Proyectos Urbanos, Bernabé Bueno.
El éxito de años anteriores y la repercusión de este certamen consolidado ya como uno de los más prestigiosos de la Comunitat Valenciana, ha animado a cientos de jóvenes arquitectos de nuestro territorio a presentarse a un concurso cuya filosofía es fomentar propuestas de calidad y vanguardia en el campo de la vivienda protegida y los entornos urbanos donde estas se ubican.
Además, Bernabé Bueno reveló que «durante el proceso de deliberación, se van a valorar muy especialmente aquellos proyectos regidos por criterios sostenibles que fomenten el ahorro hídrico y energético y el respeto medioambiental, de acuerdo con las líneas que rigen la actual política de vivienda del Consell». El jurado del certamen, formado por las figuras más representativas de la Comunitat en esta materia, seleccionarán tres trabajos ganadores para desarrollar los proyectos de edificación de los tres emplazamientos.
Después de un comienzo de año extremadamente dinámico, en el que el sector de la construcción creció un 14,1% en tasa interanual, durante el tercer trimestre esa intensidad no ha tenido continuidad.
De hecho la tasa de variación interanual del 11,7% registrada, en el tercer trimestre de 2006, podría ser el inicio de una fase de moderación.
En buena medida, este descenso se explica por la pérdida de empuje de la actividad en vivienda nueva que ha mostrado sendos descensos del 34,4 y 13,4% en relación al primer y segundo trimestre de 2006. De cara al cierre del ejercicio, es previsible que no se lleguen a alcanzar los registros contabilizados en 2005, pues Cajamar estima que el número de viviendas iniciadas rondará las 24.500. Ello supone hablar de un descenso del 14,8%.
Hipotecas
Por lo que respecta a la variable financiación de vivienda, desde el primer trimestre de 2005, el número de hipotecas concedidas en la provincia de Almería viene mostrando un ritmo de crecimiento inferior al resto del territorio español, así como en relación a la Comunidad Autónoma Andaluza.
Sin embargo, a principios de 2006, se inició un despegue en la actividad hipotecaria cuya tendencia continuó en los siguientes meses, trayectoria que se ha visto frenada en el tercer trimestre de 2006, cuando se formalizaron un total de 11.068 hipotecas.
En términos de la cuantía media por hipoteca concedida, Almería está registrando un crecimiento acumulado sostenido y una tasa por encima del resto de Andalucía y España, aunque en valor absoluto el conjunto del territorio español presentó al cierre del tercer trimestre de 2006 un valor medio de 157.000 euros frente a la cifra de 133.200 euros en la provincia de Almería.
constante, por mínima que sea, subida de precios en el mercado inmobiliario, podría decirse, al menos en Jerez, que definitivamente la ‘burbuja’ en la que se hallaba inmersa el sector ha explotado. En este sentido, según los cálculos facilitados por varios de los agentes inmobiliarios y oficinas más reputadas de la ciudad, hay un dato demoledor que certifica la defunción en los últimos tiempos del negocio de la intermediación inmobiliaria de segunda mano en la ciudad. Desde septiembre hasta ahora, han cesado en sus negocios –en algunos casos reconvirtiéndose en oficinas de asesoramiento financiero– hasta “una treintena de oficinas inmobiliarias que operaban a lo largo y ancho de Jerez”. Unos cierres continuados que demuestran, aseguran las mismas fuentes con rotundidad, que “esto ya no es negocio” y que, al mismo tiempo, empujan a que este sector se reduzca a una cuestión más doméstica, “de autoempleo, como ocurría antes, cuando un matrimonio y una secretaria montaban una oficina inmobiliaria en un pisito”, rememoran. En cualquier caso, no puede obviarse que esos cierres han expulsado a una importante masa de personal a la calle. Un perfil de empleados jóvenes, mujer en gran parte de los casos, y que ahora pasa a engrosar, aún más, las listas de desempleo.
Las grandes causas de este cambio de coyuntura para un sector que parecía vivir en permanente bonanza se hallan principalmente, tal y como explican de forma pormenorizada, en dos agentes externos e incontrolados para los propios agentes: la entrada en vigor de la controvertida Ley de la VPO, hace ahora un año; y la subida imparable de los precios del mercado libre. Ambos factores han provocado, reconocen, que las operaciones hayan disminuido en 2006 respecto al año anterior en “un 40 por ciento”, mientras que en muchos casos las perdidas económicas hayan alcanzado en diversas agencias porcentajes superiores “al 40-50 por ciento”. No en vano, “el negocio se ha paralizado en seco, especialmente en el caso de las viviendas de protección: con precios limitados para los que quieren vender, si es que pueden, y trámites que se eternizan para los que quieren comprar”, remarcan.
Al mismo tiempo, la tendencia alcista en los precios del metro cuadrado ha superado en los últimos tiempos incluso a las propias expectativas del mercado, y ya no es extraordinario encontrar ofertas en las inmobiliarias que estén “muy por encima de los precios de mercado. Es decir, con unos propietarios que piden más dinero de lo que el mercado puede asumir”. Este hecho, insisten las fuentes especializadas, “aumenta con creces los tiempos de venta reales de los inmuebles y ahora cuesta muchísimo trabajo vender una vivienda en la ciudad. Se acabó eso de que en días nos la quitaran de las manos”. “La rentabilidad de las oficinas inmobiliarias se ha ido por el suelo”, insisten tajantes. Al margen de los anteriores, hay un tercer factor que también ha tenido incidencia en la “debacle” de las oficinas de intermediación, como es la “importante subida de los tipos de interés durante 2006”. En este sentido, las fuentes consultadas aluden a la importancia de este hecho, pero le restan responsabilidad en las pérdidas debido a que “con el tiempo lo que se ha hecho es dar un salto bestial en los plazos hipotecarios, de modo que si antes las amortizaciones de las hipotecas iban de 20 a 25 años, ahora se han alargado en el tiempo y ya pueden ir perfectamente de los 30 a los 40 años”. En definitiva, se entra en el peligroso filo de la navaja del sobrendeudamiento familiar o en la también conocida como ‘cadena perpetua hipotecaria’.
En definitiva, todo esto ha provocado, subrayan, que “muchos ‘chiringuitos’ inmobiliarios más endebles y diversas oficinas dependientes de red de franquicias hayan cerrado sus puertas en los últimos meses porque cada vez llegan menos clientes”.
Un joven matrimonio granadino, con dos hijos, relata las dificultades económicas a las que se enfrenta a diario
Pablo y Ana es un joven matrimonio granadino cuya mayor alegría son sus dos preciosos hijos, el segundo de los cuales vino al mundo hace tan sólo una semana. Los dos trabajan -él es profesor en la Universidad de Granada y ella del instituto de Priego de Córdoba-, tienen por tanto dos sueldos, pero su particular situación económica no cabe calificarla de boyante. Muy por el contrario, cubre los gastos fijos de cada mes y poco más. Máxime cuando desde poco tiempo atrás se embarcaron en la compra de una vivienda, en Armilla, para lo cual suscribieron el correspondiente crédito hipotecario que pagan religiosamente cada mes.
«La vivienda nos costó 43,5 millones de pesetas y eso que la compramos fuera de la capital», señala Pablo. Con los ahorros que habían acumulado durante años, esta joven pareja pudo dar una entrada de 10 millones y cubrir el resto con un préstamo que han tenido que suscribir a 30 años para poder abonarlo. Aún así, la cuota mensual de este crédito supone a esta familia nada menos que 1.000 euros al mes, tras las última revisión del euribor.
«Nos preocupa mucho que siga subiendo (el mencionado indicador) porque con el crédito tan elevado que tenemos cada una de las revisiones nos puede suponer 200 euros al mes y eso es mucho dinero para una familia como la nuestra, con recursos muy limitados aunque tengamos dos sueldos que no son malos», precisa al respecto Ana. Su marido añade en este punto que por muchos gastos que se quieran suprimir para compensar subidas de ese calibre, resultan claramente insuficientes. «Nosotros apenas salimos, tenemos dos niños muy pequeños que nos absorben todo el tiempo que no dedicamos al trabajo, por lo que es realmente complicado recortar gastos», explica por su parte Pablo.
Alquiler elevado
Pablo y Ana viven en un piso alquilado en el barrio de Los Pajaritos, pues la casa que han adquirido no la tienen disponible aún a falta de unos pequeños arreglos. Pagan 700 euros de renta al mes, por una vivienda pequeña, de dos dormitorios. «La verdad es que nos resulta agobiante y por ello hemos buscado algo con más desahogo, aunque nos haya resultado más cara de lo que en principio habíamos pensado», explica Ana.
Al alquiler tiene que sumar esta familia los gastos corrientes y todos los que habitualmente ha de hacer frente cualquier otra -seguro de automóvil, reparaciones y otros-, por lo que «al final casi no llegamos a final de mes, por increíble que parezca; de todas formas no nos podemos quejar tal y como está la situación para otras parejas», afirman con cierta resignación.
Al no poder pagar sus créditos. Sólo uno de cada cuatro hogares con un crédito para su vivienda son capaces de ahorrar dinero
Los últimos latigazos del euríbor, que en enero encadenó su decimosexta subida consecutiva y se situó en el 4.064%, han encendido las alarmas de los hogares gallegos sujetos a un préstamo hipotecario. Quienes suscribieron algún crédito-vivienda desde el 2004 hasta hoy pagan ya cien euros más al mes (en el caso de una hipoteca media de 140.000 euros a 30 años). Y no todos aguantan.
Cada 30 días, las entidades financieras de la comunidad registran 37 nuevos morosos por impago de hipotecas y 53 por no abonar otro tipo de préstamos. Son menos del 1%. Pero si no hay más es porque bancos y cajas de ahorro driblan a diario los índices de morosidad renegociando créditos con plazos de devolución cada vez mayores. Tanto, que la hipoteca tipo gallega es ya de 30 años. «Y la tendencia es alcista, hasta los 45 y 50 años», admite un portavoz bancario vigués.
Los afectados son muchos. Según la Asociación Hipotecaria de España, el 49% de las familias gallegas está endeudada, frente al 45% de la media española. En Galicia se abren cada mes más de 5.300 hipotecas. El préstamo más común está ya en 144.000 euros, sólo 26.000 menos que en Madrid y 22.000 por debajo de Barcelona.
Pero la morosidad está contenida. «Lo último que la gente deja de pagar es su hipoteca», comenta otro director de sucursal. De acuerdo con los datos del Banco de España, sólo el 0,68% de los créditos a empresas terminan con impagos, y apenas a un 0,65% de las hipotecas les ocurre lo mismo.
El Banco de España maneja tres listados de morosidad. Al RAE (Registro de Afectaciones Impagadas) se accede por cualquier letra o pagaré impagado a su vencimiento. Es muy fiable para la banca. El nombre del deudor no desaparece hasta cinco años después de abonar su deuda. Más genéricos son el Asnef y el Esperian, dos registros de morosidad general, en los que se entra por cualquier tipo de recibo devuelto. La mayoría (casi un 34%) figura tras el impago de algún recibo de telefonía. Los bancos revisan los tres listados antes de firmar un préstamo. Y piden cada vez más garantías adicionales.
Vivir con el 35% del sueldo
El Banco de España recomienda que ningún crédito a la vivienda supere el 80% del valor de tasación del inmueble hipotecado, ni tampoco sea superior a la suma del 40% de los ingresos netos de la familia que suscribe el préstamo. En Galicia, bancos y cajas de ahorro firman hipotecas a diario sobre el 100% del valor de los pisos, solicitando avales paternos y vinculando al cliente con productos internos de la entidad. Y más de cien mil matrimonios, según la Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorro), viven con deudas que ya superan al mes el 70% de sus rentas netas. Sólo una de cada cuatro familias con hipoteca es capaz de ahorrar.
Buena prueba de las dificultades con la que los gallegos afrontan sus deudas es la creciente implantación en Galicia de franquicias especializadas en refinanciar créditos. En toda España hay 53 empresas dedicadas a esta práctica. Veinte tienen ya sucursales en las cuatro provincias gallegas. Hace cuatro años eran sólo tres las que operaban, en A Coruña y Vigo.
La refinanciación de los préstamos en la ciudad se ha disparado un 21% en tan sólo dos años. Casi la mitad de los clientes que acuden a una consultora lo hacen para revisar sus cuentas. La cantidad media que se solicita para una vivienda se sitúa ya en los 180.000 euros
El esfuerzo financiero que le supone a un vigués adquirir su primera vivienda supera, con creces, a la media estatal. Si en España este ratio -que mide el importe bruto de las cuotas a pagar con un préstamo estándar por el 80% del valor del piso- es de 6,5 anualidades, en Vigo llega a los siete años y medio. Es decir, necesita 90 mensualidades de sueldo íntegro para saldar una deuda de 150.000 euros. Hace dos años y medio sólo precisaba 50 mensualidades.
Ya no quedan dudas y sobran síntomas. Los problemas por los que están pasando las maltrechas economías viguesas se agudizan con el paso del tiempo. Y esto se nota en el grosor de las deudas contraídas. La refinanciación de los créditos que los prestatarios tienen con los bancos se han visto incrementado en un 21% en dos años.
Si en el 2005, diecinueve de cada cien vigueses que acudían a un banco, lo hacían para solicitar una mayor flexibilización en sus condiciones hipotecarias, en la actualidad lo demandan el 40%. El restante 60% pide asesoramiento para la compra de un piso o un coche.
Es más, la senda de las revisiones hipotecarias en el corto y medio plazo seguirá siendo al alza, asevera José Ramón Regueira, director general de la firma viguesa de consultoría, Duck Fin. Según él, en dos o tres años se alcanzará el 60%, niveles que en la actualidad copan ciudades como Madrid o Barcelona.
Quince firmas
El bum por la renegociación se ha traducido en el número de empresas de asesoramiento que se han instalado en Vigo. Si en 1998 había cuatro firmas que operaban en la urbe, hoy lo hacen quince. Según Regueira «el 80% de las compañías que trabajan en el municipio, nacieron después del 2004».
Los vigueses se aprietan cada vez más el cinturón, o eso parecen indicar las tasas de ahorro. Un 60% de las familias olívicas no llegan a final de mes y un 20% lo hacen con alguna dificultad. El precio del dinero se sitúa en niveles de hace cuatro años y las previsiones para el 2007 apuntan a un aumento del tipo de interés en medio punto hasta alcanzar el 4%, pronostica José Ramón Regueira.
La hipoteca, el utilitario y la cesta de la compra absorberán el 90% de los ingresos. Mientras, los sueldos continúan una tendencia diametralmente opuesta. Es decir, la tarta es la misma y los comensales disminuyen pero tienen más apetito.
El perfil medio del ciudadano que acude a una empresa consultora para demandar información «ronda los 40 años, se hipotecó hace tres y tiene un préstamo personal al consumo, como el coche o los muebles de casa», comenta el director general de Duck Fin.
La refinanciación es un mal menor cuando el importe del préstamo aumenta en la misma medida en que el presidente del Banco Central Europeo, Jean Claude Trichet, decide subir los tipos de interés.
«Cuando se alcanzan determinados niveles de sobreendeudamiento, lo mejor es renegociar la deuda o hacer una subrogación», afirma Carlos Núñez, responsable del departamento de franquicias de Duck Fin. Y añade: «Es preferible amortizar menos al año y pagar más de intereses».
La Plataforma por una Vivienda Digna de Euskadi defiende la idea del Gobierno vasco de gravar con 9 euros diarios los pisos vacíos.
«Un impuesto que convierta en poco rentable una casa vacía es una buena medida», entiende este grupo que pide superar ese miedo a que a uno le anden en su propiedad privada.
La Plataforma no tiene ninguna duda de que poniendo ese impuesto en los 220.000 pisos vacíos de Euskadi la vivienda se abarataría hasta ser asequible.
Recuerda que tampoco es legal que un dueño monte un vertedero en su piso, y no por eso se atenta a su derecho a la propiedad.
Por todo ello, este grupo pide a los políticos vascos que superen sus diferencias de opinión y trabajen por una vivienda digna y alcanzable. Los pisos vacíos son insostenibles «social, económica y ecológicamente», insiste.
Pablo Aretxabala, director general de la empresa promotora de vivienda protegida del gobierno vasco, visesa. vitoria. A la hora de valorar algunos de estos nuevos elementos, el director de la Empresa Promotora de Vivienda Protegida del Gobierno Vasco, Visesa, Pablo Aretxabala, defiende la puesta en marcha del polémico gravamen y augura un negro futuro a los especuladores urbanísticos.
¿Satisfecho tras haber logrado dotar a Vitoria del mayor complejo de VPO en alquiler?
Es una gran noticia. Vitoria ya era la capital vasca del alquiler social porque ésta no es la primera promoción de importancia que tenemos en la ciudad. En Lakua disponemos de otras 220 viviendas y de 224 más en Ibaiondo. Con estas 300 de Salburua llegamos a cifras importantes, pero no se va a detener aquí nuestro trabajo. Tenemos casi terminado en Zabalgana otro complejo con 300 viviendas más para alquilar que se entregarán en los próximos meses.
La última entrega estuvo marcada por la tensión de los vecinos, un tanto nerviosos por el retraso.
El asunto de los retrasos siempre depende desde qué punto de vista se aborde. En este caso, los usuarios estaban informados de que las viviendas se entregarían a finales de 2006 y, al final, se entregaron el 3 de febrero de 2007. Es cierto que por nuestra parte hubo un momento en el que creíamos que íbamos a poder entregarlas a tiempo e, ingenuamente, se lo comunicamos a los clientes. Posteriormente, la empresa constructora no respondió a las expectativas y no fue posible adelantar la entrega. También se da un problema de percepción de las cosas, porque a pie de calle las viviendas parecen acabadas pero faltan los remates interiores y toda la tramitación. De todas maneras, es comprensible el disgusto de los usuarios.
Un colectivo con el que están de acuerdo es la Plataforma por una Vivienda Digna. Por lo menos con el polémico asunto del gravamen de los pisos vacíos.
Es cierto, y era de esperar que la plataforma estuviera de acuerdo con la medida. Las personas que necesitan de verdad una vivienda son las que mejor ven las dificultades que supone acceder a un piso y son las más comprensivas con la medida. El canon se dirige a aquellos que han entendido que el mercado de la vivienda es un área para especular.
¿Pero no es lícito especular?
Sí, lo es. Pero tiene un coste social que no debe de ser asumido íntegramente por la sociedad. Debe ser soportado, en primer lugar, por quien promueve esa especulación.
¿Me puede explicar por qué nueve euros diarios y no dos, por ejemplo?
Se trata de una cantidad adecuada. Es suficiente para servir como elemento disuasorio, para no hacer tan atractivo el mercado al especulador puro y duro, de manera que puede animar a los propietarios a sacar sus viviendas al mercado.
¿Tienen claro cómo controlar qué vivienda está vacía y cuál no? Han surgido voces de expertos que aseguran que es imposible.
Eso es una leyenda urbana. También decían que era imposible controlar la venta de viviendas protegidas con dinero B, y no se compra una sola VPO en Euskadi con dinero B porque todas las adquiere el Gobierno Vasco. Era imposible controlar la ocupación de las VPO y en dos años hemos inspeccionado 20.000 viviendas, expropiado ocho e impuesto multas considerables a un montón de propietarios que no estaban viviendo en sus VPO. También se decía que era imposible evitar la adjudicación a dedo de las VPO y desde hace años eso ya no se da. Si se ponen los medios, esto se puede controlar igual.
¿Por qué los propietarios tienen miedo de alquilar sus viviendas vacías?
Es evidente que existe una leyenda negra con el alquiler, aunque no está claro que esté justificada. Cuando rascas sobre la superficie te das cuenta que el sistema de alquileres no es un desastre como se dice. Comentan que existen 1.500 procedimientos legales abiertos sobre alquileres y parece algo significativo, pero es que en Euskadi hay 45.000 viviendas alquiladas, con lo que esa cifra afecta sólo al 3%. Y no todos los procedimientos acaban en desahucio, ni mucho menos.
¿Qué otras medidas planteará el Gobierno Vasco para el fomento de los alquileres?
La propia dinámica del mercado va a ser la que le dé el empujoncito que le falta al alquiler. La evolución de los precios de la vivienda es clara. Es descendente en todo el Estado y más en la CAPV porque el mercado ya no admite las alegrías de años anteriores. Tras la aplicación del canon, poseer una vivienda vacía en Euskadi va a suponer un verdadero problema. Tener una vivienda habitable cerrada para obtener una rentabilidad es algo antisocial.
El colectivo exige que haya una legislación que «se ajuste al salario de los hipotecados»
Bajo el lema 'La vivienda es un derecho!, decenas de personas se concentraron ayer en la plaza del Arca para pedir a las instituciones un cambio de política en materia de vivienda. «Creemos en un alquiler social que no suponga el 80% del sueldo de la persona, sino un 30%», señaló José Carlos Gómez, uno de los portavoces.
En la movilización, que se convocó por Internet y duró aproximadamente una hora, decenas de jóvenes exigieron, asimismo, una legislación que «establezca una hipoteca de acuerdo a los salarios de cada persona». Según los convocantes, «la mayoría sufre las consecuencias de la especulación inmobiliaria que obliga a pagar hipotecas vergonzantes o alquileres sangrantes».
Las pancartas también cargaban contra las viviendas de protección oficial (VPO), y del Caminante colgaron un cartel con el lema, 'VPO quimera. Soluciones reales y globales'. «No estamos dispuestos a seguir soportando esta injusticia porque creemos en una democracia donde los derechos no sean fruto del azar», rezaba el mensaje enviado por Internet. Para Gómez, «es un error vender VPO como una solución, cuando el problema real está en el mercado libre».
El euríbor, un problema
El incremento del euríbor, que cerró el mes con un índice por encima del 4%, fue uno de los temas que más inquietaba a los manifestantes. «Es una subida preocupante, un aumento que tiene que parar ya», demandaron con urgencia.
Pero los jóvenes no eran los únicos que se manifestaron. Mertxe Martínez y Mirari Marzana acudieron como representantes de sus hijos. «Están pagando hipotecas imposibles. ¿No me extraña que vengan a comer a nuestra casa!», admitieron.
La manifestación de ayer fue tan sólo una movilización más de las que tienen previsto llevar a cabo estos jóvenes. «No hemos creado una plataforma, pero nos estamos reuniendo para debatir si nos sumamos al colectivo Vivienda Digna de Bilbao».
'Voy a estar pagando mi casa hasta que me muera', 'cambio riñón izquierdo por ático derecha', 'Saponi: especulador'... Esas fueron algunas de las frases que ayer mostraban en carteles jóvenes que se concentraron ante la Subdelegación del Gobierno en Cáceres, convocados por la Asamblea por una Vivienda Digna de Cáceres a partir de las doce de la mañana.
Alguno de los concentrados repartieron pequeños ladrillos de regaliz a las personas que pasaban por esta zona de Cáceres, además de ofrecerles octavillas informativas.
Entre los asistentes se encontraba Víctor Casco, coordinador regional de Izquierda Unida que afirmaba que el movimiento de los jóvenes pidiendo una vivienda digna cada vez es más potente, y que está demostrando que se tienen que poner alternativas desde los poderes públicos, 'a la falta de vivienda que sufren los jóvenes, o mejor dicho la imposibilidad de acceder a las viviendas, porque viviendas hay de sobras, el problema es que se especula con ellas'. Comentó que el principal objetivo de las constructoras es especular y no el hacer un bien al ciudadano.
El líder de Izquierda Unida comentaba que Francia ha demostrado que con las movilizaciones se puede presionar a los gobiernos. 'Allí el movimiento de los jóvenes por una vivienda ha logrado que se pueda reivindicar ante los tribunales el derecho constitucional que tienen a una vivienda, y aquí habrá que empezar a reivindicar que se arbitren medidas para que ante los tribunales los ciudadanos puedan llevar a un ayuntamiento o a una Junta de Extremadura o a un gobierno central si no cumple con su deber de poner en marcha políticas que cumpla lo que dice la Constitución, que la vivienda es un derecho de los españoles'.
PALMA.- Joves del Bloc per Mallorca han realizado una ocupación 'simbólica' de la Oficina de Emancipación del Govern para protestar por la situación "precaria" en que viven los jóvenes de las Islas y pedir políticas activas que mejoren el acceso a la vivienda de este colectivo, como el impulso del alquiler de inmuebles de propiedad pública a precio tasado como alternativa a la compra.
Representantes de las secciones juveniles del PSM y de EU/Els Verds han afirmado que las políticas para jóvenes del Ejecutivo balear son "nulas".
También han señalado la necesidad de sacar al mercado los 186.400 inmuebles vacíos que, según han dicho, hay en el archipiélago, así como las viviendas deterioradas.
EL GOVERN DEFIENDE LA HIPOTECA JOVE
El director general de Juventud, Juan Francisco Gálvez, ha recibido a los representantes del Bloc Jove para escuchar sus propuestas y quejas, así como para ofrecerles información "muy positiva" sobre la mejora de la situación de la juventud en Baleares.
Gálvez ha apuntado que la Hipoteca Jove del Ejecutivo autonómico ha permitido que 2.419 jóvenes adquieran una vivienda desde su puesta en marcha en octubre de 2005, una iniciativa que los manifestantes han rechazado porque "llega a un colectivo minúsculo que en ningún caso es el más necesitado".
Asimismo, el director general ha recordado que el actual Govern ha promovido el Plan de Vivienda 2005-2008, que Baleares tiene la tasa más alta de emancipación, con un 53,5 por ciento, y que el paro juvenil ha bajado en 702 personas en diciembre con respecto al mismo mes de 2005 y se ha reducido a la mitad desde 2003, entre otros datos.
GRAN PARTE DEL SUELDO PARA PAGAR LA CASA
Por su parte, los portavoces de Joves del PSM, Antoni Noguera, y de EU/Els Verds, Emilse Mas, han expuesto que los jóvenes de las Islas dedican el del 77,1 por ciento del sueldo de media a pagar una casa cuando el año pasado era el 64,1 por ciento, informa Europa Press.
"Los contratos indefinidos han descendido un 3,54 por ciento en el último año, mientras que la contratación temporal ha subido un 6,99 por ciento", han añadido.
El Ayuntamiento de Zaragoza consiguió viviendas en alquiler a 415 jóvenes y dio ayudas para pagarlas a 465 durante el año 2006.
No hay oferta suficiente de pisos de alquiler en la capital aragonesa. El presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, José Manuel Vallés, considera que es el principal factor que impulsa la subida de los precios pero también influye el llamado "efecto Expo". La "desaceleración" de los precios que ya se empieza a acusar en el resto de España se retrasará en Aragón hasta después de la Expo, opina Vallés. Y eso repercute también en el precio de los alquileres.
Los datos que hizo públicos el viernes el Ministerio de Vivienda es que los pisos libres subieron en 2006 en todas las Comunidades, especialmente en Aragón y Galicia, que alcanzaron un 12,9 % frente al 9,1 % nacional con respecto a 2005, lo que supone una desaceleración de 3,7 puntos.
El "efecto Expo" ya se nota en dos sentidos. Por un lado, las empresas empleadas en sus instalaciones buscan pisos con muchas camas para poder alojar a sus trabajadores. "Como les sirven para mucha gente, no les importa que cuesten 800 o 900 euros", señala Javier Pelacho, de una agencia inmobiliaria de Zaragoza. "Los empresarios quieren solucionar su problema de alojamiento y es más barato alquilar que buscar una pensión", añade Vallés.
Por otro lado, muchos propietarios, que piensan que en la temporada de la Expo pueden conseguir una renta mayor, prefieren reservar su piso para obtener más beneficio. Sin embargo, para Vallés esta estrategia es un error puesto que les saldría más rentable alquilarlo ya, aunque el año próximo sólo podrían subir el IPC, que mantenerlo cerrado y pagar mientras tanto todos los recibos de la vivienda.
El grupo aragonés de la Plataforma por una Vivienda Digna achaca parte de la culpa de la subida de los precios a la existencia de muchos pisos vacíos que no están en el mercado del alquiler. Según el último censo de vivienda elaborado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el 2001, en Zaragoza capital hay 283.932 viviendas de las que 32.293 estás vacías, lo que supone un 11,37 %, un porcentaje inferior al 12,36 % de media nacional. En toda la provincia, la cifra sube a 56.248. En Teruel el porcentaje es similar con 10.980 viviendas vacías de un total de 96.457. En todo Aragón, la provincia que cuenta con más pisos desocupados es Huesca, con casi un 15 %, y eso que no se cuentan en este cómputo las segundas viviendas.
Por ello, desde la Plataforma se exigen medidas para gravar las viviendas vacías y farovecer su salida al mercado. Es también una propuesta del grupo Izquierda Unida que apoya la idea que ha promovido Esker Batua en la Comunidad Autónoma vasca de una nueva ley que exija que los propietarios de los pisos paguen de 9 a 15 euros al día por tenerlas sin ocupar.
Otra de las opciones es la Vivienda de Protección Oficial de Alquiler, aunque todavía hay muy poca oferta. En el año 2006, se construyeron 475 pisos y durante este año se sumarán 875 más, al igual que en 2008. Frente a estos datos, este año se han edificado unas 4.000 viviendas para vender.
Otros jóvenes recurren a la bolsa de alquiler que gestiona el Ayuntamiento de Zaragoza. Durante el año 2006, se ha firmado 222 contratos con los que se ha dado alojamiento a 415 jóvenes, de una media de 26 años. La renta mensual es de 422 euros y los pisos son de unos 65 metros cuadrados de media. Por otro lado, la mayoría de los pisos se encuentran situados en el Casco Viejo, Delicias o la Margen Izquierda. Según fuentes municipales, es un servicio que funciona bastante rápido. Además, se pueden solicitar subvenciones para el alquiler, y de ellas se han beneficiado 465 jóvenes en 2006, que reciben en torno a un 30 % del precio de la renta.
