Los jóvenes españoles cada vez se emancipan más tarde, y casi la mitad de ellos sigue viviendo en el hogar paterno entre los 30 y los 34 años, según el último informe del Consejo de la Juventud de España (CJE).
Las causas de esta emancipación tardía serían, de acuerdo al estudio, la precariedad laboral y al precio de la vivienda.
El CJE presentó el jueves el Observatorio Joven de la Vivienda (pdf) sobre datos del cuarto trimestre de 2005, el cual refleja un ligero incremento en la edad de emancipación respecto a 2004.
Aún así, todavía no se supera la tasa del 50% de jóvenes que viven fuera del hogar paterno hasta el tramo de edad de entre 30 y 34 años.
Según explicó el vicepresidente del CJE, José Luis Arroyo, la tardanza en abandonar la casa familiar se debe a la precariedad del mercado laboral y al precio de la vivienda.
Esto se traduce, a su entender, en una situación de imposibilidad de acceso a un piso para una de cada cuatro personas de entre 30 y 34 años.
Como medidas para atajar esta situación, Arroyo pidió a la Administración ayudas directas a los jóvenes para alquiler de viviendas y dedicar un 40% del suelo a vivienda protegida.
Las regiones más caras
Respecto a los precios de la vivienda, el estudio revela que la Comunidad de Madrid es la región "más excluyente", ya que los jóvenes deben dejar un 72,6% del sueldo al pago de la vivienda, seguida del País Vasco (68,5%), Cataluña (57,6%), Baleares (64,1%) y Canarias (58,1%).
En el lado opuesto se sitúan Extremadura, donde los jóvenes deben dedicar un 33,9% de su sueldo a la vivienda, Melilla (40%), Castilla-León (43,3%) y Castilla-La Mancha (44,8%).
Los jóvenes deben emplear el sueldo íntegro de casi 12 años para pagar un piso, dos más que un año antesAsí, los jóvenes deberían emplear el sueldo íntegro de casi 12 años para pagar un piso, dos más que en el cuarto trimestre de 2004, a pesar de que el incremento del precio de la vivienda ha pasado de un 17% en 2004 a un 12% en 2005.
El Observatorio recuerda que el trabajo de los jóvenes se incrementó en un 4,32% en 2005, pero la ocupación temporal aumentó en un 5,5% y la indefinida en un 2,1%.
Hasta los 30 con papá y mamá
Como consecuencia de ambos factores la edad de emancipación es una de las más altas de Europa, señala el estudio, que indica que un 42,1% de los jóvenes españoles está emancipado.
Sin embargo, sólo una de cada diez personas de entre 18 y 24 años está emancipada, frente a un 42,4% de las de entre 25 y 29 y se supera la mitad de jóvenes emancipados al llegar a la edad de 30 y 34 años.
En este sentido, las Islas Baleares son la región con mayor porcentaje de jóvenes que viven fuera del hogar de sus padres (más de un 48%), seguido de la comunidad Valenciana y Cataluña, frente a Cantabria (menos de un 30%), Asturias y Galicia.
Por sexos, un 47,2% de las mujeres de entre 18 y 34 años están emancipadas, frente a un 37,3% de los hombres.
El relator especial de la ONU para la vivienda, Miloon Kothari, ha recomendado al Gobierno español que alerte abiertamente a los ciudadanos e inversores de que el país "se enfrenta a una grave crisis" inmobiliaria.
"El Gobierno español trabaja en el buen camino, pero debe intervenir más en el mercado e informar claramente de que en unos años llegará una grave crisis que afectará a gran parte de la población", ha declarado el experto de la ONU.
Vivienda inasequible
Kothari ha elaborado un informe con recomendaciones que será presentado al Consejo de Derechos Humanos de la ONU en noviembre, aunque ha adelantado sus conclusiones preliminares.
"El principal problema de la vivienda en España es que no es asequible, con lo que una considerable proporción de la población dedica más del 40% de su salario al pago de hipotecas", ha explicado Kothari.
Su temor es que ese elevado porcentaje tenga un efecto directo en el disfrute de otros derechos humanos, como el "acceso a la educación, la alimentación o el vestido" y ha considerado que la violencia doméstica está "directamente relacionada con el problema de accesibilidad". Para Kothari, "si las mujeres no tuvieran tan difícil acceder a una nueva vivienda se sentirían más libres para salir de su entorno.
Situación insostenible a largo plazo
Según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) incluidos en su informe preliminar, solo el 0,3% de la población española era vulnerable por impago de hipoteca en septiembre del 2006, aunque Kothari teme que "la situación no pueda sostenerse a largo plazo".
"En cuanto suban un mínimo los tipos de interés, las personas que no podrán hacer frente a su hipoteca aumentarán considerablemente", ha apuntado el experto de la ONU, por lo que considera que es fundamental que aumenten las viviendas de protección oficial de promoción privada en venta y en alquiler y que "se informe claramente a ciudadanos e inversores de que ese momento va a llegar".
Kothari ha abogado por intervenir en el sector a través del control de la especulación, la ocupación de las viviendas vacías (el 15% del total) y la reducción de los precios de los inmuebles sociales, que "suelen ser demasiado elevados para la población de ingresos más bajos".
Derecho constitucional
Otro aspecto que preocupa al relator es "el aburguesamiento" de las ciudades, que lleva a la segregación, los desalojos y el empleo de la violencia física y psicológica para forzar al abandono de los hogares, fenómeno conocido como acoso inmobiliario sobre el que, en su opinión, hay escasa jurisprudencia.
Aunque el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada está incluido en el artículo 47 de la Constitución española, "su respeto está muy lejos de ser una realidad", y ha recomendado a los ciudadanos "que sigan saliendo a la calle y exigiendo a su Gobierno que solucione el problema".
Aseguran que algunos vulneran los derechos fundamentales de las personas.
Denuncia casos de corrupción y falta de transparencia.
Reclaman a las autoridades regionales comisiones de arbitraje.
El pleno del Parlamento Europeo aprobó este jueves por 327 votos a favor, 222 en contra y 35 abstenciones una resolución en la que expresa su "más enérgica condena y oposición a los macroproyectos de urbanización" en España al considerar que en muchos casos han vulnerado "los derechos fundamentales de las personas".
Los diputados "lamentan profundamente" que estas prácticas se hayan extendido a varias regiones españolas, "especialmente a la Comunidad Valenciana y otras regiones de la franja costera mediterránea, pero también, por ejemplo, a la Comunidad de Madrid".
Los parlamentarios piden además a las autoridades regionales que creen comisiones de arbitraje para resolver los conflictos urbanísticos.
La resolución, que no tiene carácter vinculante, fue promovida por los socialistas, liberales, izquierda unitaria y verdes, y contó con la oposición del Partido Popular, que alegó durante el debate de la resolución el pasado martes que los ciudadanos se habían pronunciado sobre el urbanismo en Valencia y Madrid dando la mayoría absoluta a los populares en ambas comunidades el 27-M.
Durante este debate, el comisario de Mercado Interior, Charlie McCreevy, anunció que el Ejecutivo comunitario denunciará el próximo miércoles 27 de junio la Ley Urbanística Valenciana (LUV) ante el Tribunal de Justicia de la UE al considerar que vulnera la normativa europea de contratación pública y las exigencias de información y transparencia en las licitaciones de proyectos urbanísticos que ésta establece.
Casos de corrupción
El texto aprobado por los parlamentarios recuerda que han existido "casos de práctica de corrupción relacionados con macroproyectos de urbanización que han conducido a la detención y condena de funcionarios y políticos elegidos en las administraciones públicas locales".
Insiste en que los proyectos de urbanización masiva "no responden en absoluto a las necesidades reales de las ciudades y los pueblos afectados, son insostenibles en el plano ambiental y tienen un impacto desastroso en la identidad histórica y cultural de las zonas afectadas".
Asimismo, condena la aprobación por algunos municipios de "planes urbanísticos que más tarde son declarados ilegales, lo que lleva al derribo o la amenaza de derribo de bienes inmobiliarios adquiridos de buena fe por ciudadanos europeos por medio de promotores y agentes de la propiedad".
Un total de 354 cargos públicos, entre ellos varios alcaldes, están implicados en 89 casos de corrupción urbanística, según el informe Destrucción a toda costa, que presentó ayer Greenpeace. El estudio señala además que en la costa española ya está previsto construir más de tres millones de nuevas viviendas y 316 campos de golf. Los ecologistas denuncian que el urbanismo ocupa cada día en el litoral español una superficie equivalente a tres campos de fútbol.
Marbella como paradigma de los escándalos judiciales, el hotel de 21 plantas que se construye en la playa del Agarrobico (Almería) como el de los "atropellos" urbanísticos, y Marina de Cope, el mayor complejo urbanístico de España, en Murcia, como paradigma de la desclasificación de un terreno natural protegido para construir... Son algunos de los ejemplos que se destacan en el informe anual de la asociación ecologista.
La superficie equivalente a tres campos de fútbol es absorbida cada día, de media, por proyectos urbanísticos. En concreto, los ayuntamientos costeros tienen previstas 2.999.743 viviendas nuevas. Además, se han detectado 99.519 viviendas ilegales y 89 casos de corrupción urbanística investigados, en los que están implicados 354 cargos públicos, entre alcaldes, concejales, constructores, testaferros, etc.
La comunidad que peor parada sale de entre el maremágnum de cifras del estudio es Andalucía. A pesar de constituir tan sólo el 10% del territorio, el litoral andaluz concentra una tercera parte de la población de la comunidad autónoma. El informe indica que en ese espacio están proyectadas 683.350 viviendas. Además, los ecologistas han detectado 41.800 inmuebles ilegales y 200 proyectos de campos de golf. El dato más alarmante es que Andalucía ocupa el primer puesto también en casos de corrupción urbanística. 28 ayuntamientos, con Marbella a la cabeza, se enfrentan a investigaciones y procesos judiciales en los que están implicadas 180 personas por diversos delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio.
Las Islas Canarias tienen el dudoso honor de situarse en segundo lugar de comunidades destructivas con la costa. El archipiélago tiene la previsión de construcción de plazas turísticas y puertos deportivos más elevada de toda España. El informe hace hincapié en los casos investigados por la justicia, como la Operación Góndola, una trama de corrupción en el Ayuntamiento de Mogán (15.000 habitantes), gobernado por el PP o los supuestos pagos de Fórum Filatélico al alcalde y al presidente de la autoridad portuaria de Santa Cruz.
El urbanismo valenciano está siendo vigilado de cerca por el Parlamento Europeo desde hace años. Eso no ha impedido que los planes urbanísticos prevean la construcción de casi 500.000 viviendas, lo que demuestra, en opinión de los ecologistas, el "inmovilismo" de las Administraciones de cara a frenar la destrucción de la costa. Greenpeace denuncia que de 542 municipios de la comunidad, entre un 15% y un 20%, concentrados principalmente en la zona costera, han experimentado graves problemas derivados de la urbanización masiva. Entre los años 2000 y 2006, apunta el informe, el asfalto y el cemento ocuparon una superficie de entre 16.500 y 25.000 hectáreas.
Murcia destruye su costa
El cuarto puesto de región más destructiva con su costa es para Murcia, que proyecta la construcción de 330.000 viviendas en una franja litoral que no llega a los 300 kilómetros longitud. O lo que es lo mismo: 1.137 viviendas por kilómetro de costa. A Murcia le sigue Galicia, donde la superficie urbanizada de sus costas alcanza el 16%, dos puntos por encima de la media nacional. Entre los ayuntamientos gallegos, que prevén la construcción de 800.000 viviendas en los próximos años, se han detectado 16 casos de corrupción.
La destrucción de la costa catalana y balear avanza y su situación es peor que hace un año. La causa principal es el incremento de viviendas, campos de golf y puertos deportivos proyectados. En concreto están previstas 100.000 viviendas nuevas. Este crecimiento trunca la "visión optimista" que tenía la organización en los años anteriores, debido a las promesas del Gobierno tripartito.
Tampoco salen bien parados Cantabria y el País Vasco. En el primer caso, se siguen acumulando sentencias de derribo de viviendas ilegales. En el litoral de Euskadi se han detectado 17 puntos negros, donde se prevén construir 1.720.000 viviendas que, según los ecologistas, "se alejan mucho de las realidades de la población".
El Congreso aprobó hoy, en el marco del Debate sobre el estado de la Nación, una resolución promovida por el grupo parlamentario de IU-ICV en la que se insta al Gobierno a liderar un pacto de Estado contra la corrupción urbanística. La iniciativa aprobada incluye un amplio paquete de medidas, como endurecer las penas para los delitos relacionados con la corrupción, la transparencia de los procedimientos urbanísticos o la aprobación de un Código Etico.
En primer lugar, en la moción aprobada se emplaza al Ejecutivo a traer con la mayor urgencia al Parlamento un proyecto de ley de reforma del Código Penal que contenga un endurecimiento adecuado de las penas por delitos contra la ordenación del territorio, malversación de caudales públicos, cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, blanqueo de dinero y otros delitos relacionados con la corrupción urbanística.
También le exige un proyecto de ley de financiación de las Haciendas Locales que garantice el principio de suficiencia financiera y otro proyecto que endurezca el régimen de incompatibilidad de cargos públicos en las distintas esferas de la Administración que tuvieran relación con la planificación del territorio y de las infraestructuras.
En particular, pide que se regule la incompatibilidad de los altos cargos de gobierno municipales y de los miembros de las Comisiones provinciales y autonómicas de Urbanismo, en relación con responsabilidades empresariales o profesionales de nivel directivo vinculadas a la construcción y el urbanismo.
Además, exige al Gobierno que desarrolle con la mayor urgencia las medidas preventivas contempladas en la nueva ley de Suelo frente a la especulación y la corrupción, con especial atención a la transparencia, información pública y participación ciudadana en los acuerdos e instrumentos de planeamiento urbanístico, incluyendo los convenios municipales.
MAS RECURSOS PARA LAS FISCALIAS.
En la iniciativa también se insta al Gobierno a que aumente y mejore los recursos humanos y materiales de las Fiscalías de los Tribunales Superiores de Justicia de las comunidades autónomas, así como que se refuerce la Agencia Tributaria, con mayor dedicación de sus efectivos a la aplicación de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal e intensificando la investigación y persecución de los incrementos desmesurados del patrimonio carentes de justificación.
También demanda un reforzamiento del Pacto Antitransfuguismo y velar por el cumplimiento del compromiso de no formar gobiernos municipales o autonómicos con quienes hayan abandonado sus respectivas formaciones políticas firmantes.
En el último punto de la resolución, se insta al Gobierno a impulsar un "Código Etico" suscrito por las formaciones políticas, que trasladarán a sus respectivos estatutos y recogerá el compromiso de denunciar ante la Fiscalía cualquier dato de corrupción que conozcan y a separar de las instituciones a las personas imputadas o condenadas por delitos de corrupción..
IU-ICV: "UN PASO ADELANTE".
En una rueda de prensa en la Cámara Baja, el portavoz parlamentario de IU-ICV, Joan Herrera, señaló que esta moción constituye un "paso adelante" en la lucha contra la corrupción, si bien admitió la complejidad de que esta resolución se cumpla en su totalidad antes de que finalice la legislatura dado que contiene un ambicioso paquete de propuestas.
Según IU, la ratificación parlamentaria de esta resolución da vía libre al Pacto contra la Corrupción propuesto por Izquierda Unida al resto de formaciones al inicio de la pasada campaña electoral, señala en un comunicado de prensa.
La Plataforma por una Vivienda Digna ha presentado un documento en el que valora la nueva ley del suelo aprobada en el Congreso de los Diputados y que entra en vigor el 1 de julio. Las opiniones parten de un grupo de trabajo formado por miembros de la Plataforma en toda España.
Desde la Plataforma por una Vivienda Digna hemos seguido con sumo interés el desarrollo de la nueva ley del suelo, por su capacidad de influencia en el grave problema de acceso a la vivienda que tenemos una gran parte de los ciudadanos de este país.
La opinión de consenso de la mayoría de miembros de en la Plataforma es que esta ley es objetivamente mejor que su predecesora. Sin embargo, una vez más no se abordan reformas de fondo, por lo que el Gobierno y los grupos parlamentarios que han participado han dejado escapar la oportunidad de sentar las bases de un cambio de modelo. Un modelo que avance hacia la consecución del derecho a la vivienda recogido en nuestra Constitución.
Reservas de suelo protegido insuficientes.
La reserva de suelo que debe destinarse a vivienda protegida en los nuevos desarrollos queda finalmente en un 30% (tras el 25% anterior al trámite parlamentario). Para la Plataforma por una Vivienda Digna este porcentaje es claramente insuficiente, ya que la cantidad de ciudadanos demandantes de vivienda que cumplen los requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial suponen una demanda superior a las reservas que plantea la ley. Tal es así que las leyes autonómicas de algunas comunidades establecen porcentajes de reserva superiores.
Además, desde la Plataforma por una Vivienda Digna pensamos que el modelo de reserva de un porcentaje fijo de la edificabilidad (30% según la ley) no contribuye de forma eficaz a solucionar el problema, y que la reserva de suelo de protección oficial debería establecerse en función de estudios de necesidad que fijaran el número de demandantes en disposición de acceder a este tipo de viviendas.
Puerta abierta a una vivienda protegida “cara”.
La nueva ley no hace referencia a las características del régimen de protección de las futuras viviendas que se ubicarán en un suelo protegido. Actualmente existen comunidades autónomas, como la Comunidad de Madrid, que han “inventado” tipologías de viviendas protegidas cuyos precios están fuera de lo que se puede permitir una persona con un sueldo normal, especialmente si hablamos de una persona joven, inmigrante, divorciada, o en alguna otra situación de necesidad especial.
En este sentido, aunque la ley reserve suelo para vivienda protegida, se deja la puerta abierta a que ese suelo sea ocupado finalmente por viviendas protegidas que la mayoría de los demandantes no podrán pagar, con lo que la reserva de suelo acaba siendo inútil desde el punto de vista de la función social de la vivienda protegida.
Faltan medidas para evitar retrasos.
Otro problema que están sufriendo los demandantes y adjudicatarios de viviendas de protección oficial es la “pereza” de los promotores a la hora de construir este tipo de vivienda frente a la vivienda libre. Esto tiene como consecuencia retrasos de hasta más de 10 años en la entrega de la vivienda protegida. Desde la PVD llevamos tiempo reclamando la vinculación de permisos administrativos de construcción de vivienda libre al estado de las promociones de vivienda de protección oficial pertenecientes al mismo plan. Sin embargo la nueva ley del suelo no recoge este punto, que sí tienen en cuenta algunas leyes de suelo de carácter autonómico.
Coladeros legales para escapar a la obligatoriedad de crear vivienda protegida.
Es un paso atrás importante el hecho de que los artículos que fijan las reservas y los usos de los suelos que forman parte del patrimonio público del suelo permitan como alternativa a la construcción de vivienda protegida “otros fines de interés social”. A nuestro entender, esta excepción será un coladero que contribuirá al modelo actual de financiación de las administraciones públicas por medio del urbanismo, que como hemos venido denunciando, es un “tributo” sumamente injusto y desigual, que reposa en la necesidad vital de vivienda de las personas.
Deben primarse los espacios ya urbanizados.
En cuanto a la sostenibilidad que la ley pretende conseguir en los nuevos desarrollos, pensamos que también se han dado pasos adelante con los nuevos informes necesarios y la implicación de las administraciones involucradas. No obstante, la ley debería haber introducido alguna medida efectiva para discriminar positivamente la reutilización de espacios ya urbanizados sobre los nuevos desarrollos. Esta medida contribuiría también de forma notable a la sostenibilidad, tanto medioambiental como económica.
Aspectos positivos
Nos parece positivo que queden regulados por siempre los precios de venta o alquiler de las viviendas de protección construidas en los patrimonios públicos de suelo, de forma que no se pierda nunca su estatus de vivienda protegida. Sin embargo nos preguntamos porqué no se ha extendido esta medida a la totalidad de la viviendas sujetas a algún régimen de protección oficial.
El hecho de que la totalidad de viviendas protegidas tengan esa calificación de forma permanente es fundamental para que siempre exista un parque extenso de vivienda de protección oficial, que contribuya a solucionar futuras situaciones de dificultad de acceso a la vivienda.
Sujeta al desarrollo de las Comunidades Autónomas
El resto de los puntos relevantes de esta ley son medidas que no podemos valorar desde la PVD ya que son herramientas que serán positivas o negativas en función de cómo sean desarrolladas por las comunidades autónomas. Se trata de puntos como la diferencia del derecho de superficie y de la propiedad del suelo y su regulación, el papel del agente urbanizador, o la nueva valoración del suelo en las expropiaciones, por ejemplo.
En cualquier caso, desde la Plataforma por una Vivienda Digna somos conscientes de que la principal responsabilidad de los problemas actuales de acceso a la vivienda en España es de los gobiernos de las comunidades autónomas, al estar transferidas la mayoría de las competencias sobre urbanismo y vivienda. Así, es lamentable que en la mayoría de comunidades autónomas se siga apostando por un modelo que ignora el derecho a una vivienda digna y apoya la creación de más viviendas innecesarias, la especulación y el mantenimiento de la burbuja. La nueva ley hubiera debido también establecer mecanismos que aseguraran el cumplimiento de su espíritu también a nivel regional, pero no lo ha hecho suponemos que por evitar el riesgo de inconstitucionalidad. Seguiremos esperando a que nuestros gobernantes formalicen un pacto que separe al urbanismo de los intereses especulativos de manera uniforme en todo el Estado.
Por tanto, a partir de de la entrada en vigor de esta ley nacional, demandamos a los gobiernos de las comunidades autónomas el desarrollo de leyes del suelo que sigan el espíritu recogido en el artículo 47 de nuestra constitución y que sean la base de un mercado de vivienda asequible para todos, en lugar de buscar vías con las que apuntalar un modelo tan insostenible como el actual.
Tímidos avances, sin cambio de modelo
En resumen, lo deseable en esta nueva ley del suelo hubiera sido un cambio de paradigma en el que se pusiera al derecho humano a la vivienda como base inspiradora de las actuaciones de gestión del suelo, dejando en segundo plano la vocación exclusivamente seguidista del mercado que tienen las leyes actuales, algo en lo que ha puesto énfasis el relator de vivienda de la ONU en su contundente nota emitida recientemente. Sin embargo hay que decir que la nueva ley es objetivamente mejor que sus predecesoras y que por lo tanto, supone un avance.
Sin duda estos tímidos avances se están dando en parte por las manifestaciones y la presión de los movimientos sociales que buscamos una sociedad mejor y más justa en una materia fundamental como es la vivienda. Por ello animamos al conjunto de la sociedad, y en especial a los jóvenes, a seguir saliendo a la calle y tomando iniciativas para defender el cumplimiento de artículo 47 de la Constitución.
En Madrid, un solo empresario posee 6.000.000 de m2 urbanizables
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, defendió ayer el modelo de ciudad mediterránea, "compacta", en contra de otros desarrollos "extensivos y dispersos" y citó las áreas metropolitanas de Madrid, Alicante y Elx como "malos ejemplos" de urbanismo en el país. En estas zonas, según la ministra, se está construyendo a lo largo, más que a lo alto, en desarrollos dispersos entre sí, y se está produciendo una alta acaparación de la propiedad del suelo, lo que conlleva un mayor riesgo de especulación en los precios.
En un almuerzo organizado por el Foro de la Nueva Economía, la ministra explicó que en Madrid, un solo empresario es propietario de 11 millones de metros cuadrados (6 millones de metros de suelo urbanizable y 5 millones de suelo rústico). Es una cifra muy alta, si se tiene en cuenta que, por ejemplo, Sacyr Vallehermoso, que cotiza en el Ibex 35, tiene una cartera de 4,5 millones de metros en toda España. Trujillo también dijo que en el área de Alicante y Elx, un solo empresario acapara 5 millones de metros. La ministra apuntó que la nueva ley del suelo, que entrará en vigor el 1 de julio, ayudará a combatir la especulación.
MODELO INSOSTENIBLE
En septiembre, el ministerio publicará el Atlas Estadístico de las Áreas Urbanas en España 2006, con datos obtenidos a partir del Catastro sobre la concentración de la propiedad del suelo, ya sean personas físicas o jurídicas, salvaguardando la identidad de los propietarios.
También incluirá datos sobre la utilización del suelo que, según Trujillo, permitirán "conocer cómo va cambiando la ocupación en España, y cómo se está transformando de rústico a urbano", así como "el fenómeno de concentración de la propiedad que se está produciendo".
Entre 1986 y el 2000, la población en Madrid ha crecido el 6%, mientras que la cifra de viviendas ha aumentado el 26% y la de superficie urbanizada, el 25%. Según Trujillo, estos datos dicen que "las ciudades han crecido más que su población y sus viviendas por un fenómeno de dispersión". Lo mismo sucede en Alicante, donde la superficie urbanizada ha crecido el 68%, la población, el 13% y las viviendas, el 20%.
Para Trujillo, este tipo de desarrollos urbanísticos, propio de un modelo "anglosajón, distinto al modelo mediterráneo de ciudad", es "insostenible desde un punto de vista económico y social y muy costoso desde el punto de vista de las infraestructuras necesarias".
Es, junto a las mentiras sobre el estado de la vivienda, la trampa más frecuente. Algunos propietarios obligan a pagar seis meses de depósito. Sin embargo, hay muy pocas quejas oficiales.
Las fianzas abusivas, los defectos ocultos en la vivienda o la negativa de los propietarios a hacerse cargo de las reparaciones que le corresponden son algunas de las quejas más comunes cuando se trata de arrendadores e inquilinos, según varias asociaciones de consumidores.
A pesar de que por ley se establece que la fianza puede ser como máximo de dos meses, hay inquilinos a los que se les exige hasta seis meses de depósito o avales bancarios.
Lo mismo ocurre con las condiciones de las viviendas. Muchas están en mal estado y el dueño no se hace cargo de las reparaciones, según explican desde Cecu y Ceacu.
Sin devolución
Otra reclamación recurrente es por la devolución de la fianza. Algunos inquilinos, explican desde la organización de arbitraje Aeade, se niegan a devolverla.
Las quejas, sin embargo, llegan con cuentagotas. En el área de Consumo de la Comunidad o del Ayuntamiento son escasas.
En la Comunidad, de 16.000 reclamaciones que se presentaron el año pasado sólo 27 eran por quejas en los alquileres.
Y en el Ayuntamiento de Madrid, las reclamaciones han pasado de 6.675 en 1995 a 154 en 2006.
La razón es que se trata de una relación entre particulares y no de consumo. Sin embargo, existen organizaciones que ejercen de árbitros. Pero en la mayoría de los casos sólo queda la vía judicial
Seis de cada diez, en dinero negro
La relación entre propietarios e inquilinos se puede convertir en territorio de nadie.
Según el colectivo de técnicos de Hacienda (Gestha), el 58% de los alquileres en la región no se declara. El fraude estimado es de más de 300 millones de euros.
En 2004 había en la región 255.269 casas en alquiler. Las organizaciones también denuncian la dificultad que siguen teniendo algunos inmigrantes para conseguir un piso en alquiler.
Las Juventudes Obreras Cristianas - JOC celebrarán una jornada especial como colofón a su campaña "Derecho a Techo. Vivienda Digna. Condiciones Justas" que la JOC ha desarrollado durante el período 2005-2007.
El acto tendrá lugar el 07/07/07 en Zaragoza y a él asistirán jóvenes de todo el país. Es una fiesta reivindicativa abierta además a toda aquella persona que quiera participar.
El programa de radio Aula Abierta, de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla ha entregado el premio "Universidad y Sociedad" 2007 a la Plaforma por una Vivienda Digna
El pasado jueves 28 de junio tuvo lugar la entrega de los premios anuales del programa Aula Abierta, retransmitida en directo por radio desde el salón de grados de la facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
En esta edición el equipo de periodistas y técnicos que componen "Aula Abierta" decidieron conceder el premio "UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD" a la Plataforma por una Vivienda Digna. El galardón fue recogido por un representante de esta plataforma en la ciudad hispalense.
Otros premios del año 2007 han sido: UNIVERSITARIO DEL AÑO, A Federico Mayor Zaragoza, exdirector General de la UNESCO y Presidente de Cultura de la Paz o INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA, a la Universidad de Granada, por sus trabajos a favor de los jóvenes emprendedores y la formación de empresas, entregado por Francisco Sierra, Decano de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Sevilla.
Aula Abierta, de 120 minutos de duración, es un programa de radio que se emite actualmente los sábado de 13,00 horas a 15,00 horas en la Red de Emisoras Municipales, EMA RTV, para toda Andalucía, a través de sus más de 100 emisoras. Puede escucharse también a través de convenios por Internet en Iberoamérica.
Hay mucha gente en España que para vivir debe morir. Que para acceder a una vivienda digna debe dejarse toda su vida en ello. Un tanto por ciento muy elevado de gente está endeudada hasta las cejas para poder pagarse su vivienda. El precio de las casas hoy día es desorbitado.
Muchos jóvenes se quedan a vivir hasta muy tarde en casa de sus padres porque, ni empeñándose, les es posible acceder a una vivienda digna. No es fácil soportar las hipotecas necesarias para poder pagar ese desmedido precio. Un tanto por ciento muy elevado de gente a la que ni conozco ni sé dónde están, pero existen, se está forrando económicamente a base de engañar, timar y estafar a los anteriores. Entre los que se enriquecen de esa manera hay muchos promotores y arquitectos que navegan en el proceloso mar inmobiliario.
Y, finalmente, un tanto por ciento menos elevado de gente a la que sí se conoce y sí se sabe dónde trabajan, está permitiendo, protagonizando y promoviendo tamaño desatino. Y salen en los periódicos. Y deben estar enriqueciéndose ellos o sus mujeres (lo suelen poner a nombre de ellas que, claro, no salen en los periódicos), porque si no, no tiene explicación esta situación absurda. Entre éstos se encuentran muchos políticos de uno y otro bando, y también muchos arquitectos y conseguidores varios. Como decía un buen amigo mío, todos ellos con un gran espíritu de recogimiento.
Pues si no, ¿cómo se explica que la construcción en 2005 cueste unos 600 euros por metro cuadrado y luego en el mercado (no sólo de Madrid) se venda 10 veces más, a 6.000 euros por metro cuadrado? Que se haga esto con cualquier otro producto puede parecer bien a algunos (el mercado del libre comercio le llaman). Pero no debería parecer bien a nadie el que esto ocurra y se permita con el bien de primera necesidad por excelencia que es la vivienda.
Se nos dirá entonces que no es así. Que la vivienda social que ellos promueven, los políticos de ambos bandos, sólo cuesta la mitad, 3.000 euros por metro cuadrado. Pues a mí me sigue pareciendo inmoral. ¡Cinco veces más que el precio de coste! Es como matar, no se mata menos si se mata la mitad. No se roba menos si se roba la mitad. Y es que a algunos nos enseñaron a no matar y a no robar, sin más.
¿Y dónde esta el quid de esta cuestión tan peliaguda? ¿en el coste de la construcción? No. Cualquier constructor honrado, que los hay, haciendo bien las cosas, con buenos materiales y en los plazos precisos y con una buena calidad, puede construir una vivienda hoy, en el año 2005, a 600 euros por metro cuadrado. Y ganándolo bien.
¿Será entonces cuestión del suelo? Pues sí. Es el dichoso suelo. La tierra, “la buena tierra” de aquella preciosa novela de Pearl S. Buck, se ha convertido en el quid de la cuestión. Un suelo que no vale 'nada' un día, al día siguiente, por mor de una 'declaración de suelo urbano', puede valer mil veces más. Claro que lo suele comprar por 'nada' el mismo que luego lo declara 'urbano'. Con personas interpuestas ¡claro!, con testaferros. ¿No les parece a ustedes muy significativo que ninguno de los partidos políticos, ni cuando llegan ni cuando se marchan, ni cuando vuelven a llegar ni cuando vuelven a marcharse, digan nada del tema... del tema que más nos preocupa a todos y a cada uno de los que somos ciudadanos de a pie? Curioso. Aquello de que “los pobres heredarán la tierra" debe ser mentira. Los pobres heredarán otra cosa. Pero no la tierra. Pero no el suelo. Y mucho menos si es suelo 'urbanizable'.
Socializar el suelo o morir. Así es porque creo que, a estas alturas, es la única posible solución para acabar de raíz con este cáncer de la sociedad en la que vivimos. ¡Ya empezamos! Dirán algunos. Pues eso, ¡a ver si empezamos! Porque una Ley del Suelo muy antigua (del 56), que parece que sigue vigente, preveía un alto porcentaje de reserva del suelo urbano para vivienda social. Vivienda social, ¿les suena? O no se ha cumplido o se la han saltado a la torera.
Yo les podría decir que la última vivienda que ahora tengo entre manos, a punto de terminarse, se levanta sobre un rectángulo de 18 por 30 metros, con dos jardines y una amplia piscina, con un cuarto de estar de 80 metros cuadrados y un techo de ocho metros de altura, y con cuatro dormitorios y tres baños, y que va a costar menos de 250.000 euros. A lo mejor no se lo creen. Pues es verdad. ¿El secreto? El suelo, que es eso que ahora llaman gratis total. A lo mejor a esto se le puede llamar 'vivienda social' con toda propiedad.
Claro que la última vivienda que construí, mayor que la anterior, costó también 300.000 euros hace sólo dos años. Tiene más de 450 metros cuadrados y ha sido publicada en medio mundo. Por hermosa que no por barata. Y la anterior a ésta sólo costó 120.000 euros y anda ya por varias portadas de libros de Arquitectura. El secreto, una vez más, era el suelo, que en ambos casos era asequible.
Han llegado las cosas a tal extremo que la única solución es cortar por lo sano, como con el cáncer. Socializar el suelo, liberalizarlo, nacionalizarlo si fuere preciso, que lo es. Ni yo, ni ningún arquitecto que quiera dar lo mejor de sí a la sociedad puede acabar haciendo sólo casas para ricos. Una vez que intenté hacer viviendas sociales me echaron porque me negué a la corrupción que me proponía el correspondiente organismo oficial que, por cierto, todavía sigue vivo y coleando. Muy vivo y muy coleando.
Sonaba hace años una pegadiza canción de un estupendo grupo canario, los Sabandeños, que tras enumerar diversos signos de poder económico preguntándose “¿de quién es este…?”, volvía siempre al estribillo que repetía: “Es de los intermediarios en el negocio frutero”. Pues eso, el tema de la vivienda hoy día ha acabado como lo de la fruta canaria. En manos de los intermediarios. Con la diferencia de que la fruta es prescindible y la vivienda no.
«A través de los programas de viviendas protegidas y similares, lo que se ha hecho -incluyendo el sorteo, método justo donde los haya- es regalar sustanciosa parte del precio, y siempre a costa de los contribuyentes».
Sé que es un tema recurrente, pero su presencia es tan continua que es difícil sustraerse a decir algo en relación con él, no por supuesto una receta que acabe con el problema, que si uno diera con ella sería quizá mal vista y difícil de poner en práctica. Por otro lado no sé si hay voluntad verdadera de solucionarlo, o hay demasiada gente que se encuentra calentita junto a ese fuego que está quemando tantas energías y dinero.
Es evidente que el gran problema colectivo -que se difunde individualmente hacia todos los que tienen necesidad pero no capacidad financiera- es la posibilidad de adquirir una vivienda a un precio asequible y que no sumerja al comprador en una deuda que lo comprometa de por vida. Parece que en estos últimos años ha venido ocurriendo lo contrario. Y seguramente por diversas causas, en buena parte evitables, como casi siempre. Porque es cierto que donde hay una necesidad alguien encuentra un negocio, mayor cuanto más amplia sea la necesidad. Lo que ocurre en nuestro caso es que el lucro se ha convertido en ilimitado, dado que han crecido desmesuradamente los dos factores que conforman la totalidad de ese negocio: la cantidad de viviendas construidas y su precio. Parece contradecir la conocida ley de la oferta y la demanda, pero así es.
Ante las posibilidades que en ese sector comenzó a haber hace algunos años, se despertó la avidez por dedicarse a él por parte de muchos empresarios y otros que no lo eran, además de la especial intensidad con que se movieron los ya existentes. Subrayemos que es un sector donde apenas hace falta innovar nada, con lo que nuestra nación, poco dada a inventar -y tampoco a proteger a los que inventan- encontró una línea de desarrollo económico sin tener que estrujarse el magín. Las dificultades más arduas han sido las administrativas, que los constructores han solventado en unos casos fácilmente -con más o menos legalidad, y a veces obligados a la irregularidad por gentes con cargo político- y en otros sudando mucho porque los ayuntamientos encontraron que podían sacar jugo a sus propios terrenos y a las licencias forzando condiciones, con lo que -según cuándo- habrán logrado infraestructuras a precio barato, pero en ningún modo han contribuido a la contención de precios de la vivienda, sino más bien lo contrario.
Digamos también que la intervención pública en este sector ha sido más demagógica y aparentemente social que tendente a solventar el asunto. Porque a través de los programas de viviendas protegidas y similares, lo que se ha hecho -incluyendo el sorteo, método justo donde los haya- es regalar sustanciosa parte del precio, y siempre a costa de los contribuyentes, aunque buena parte de ellos ganasen menos que los agraciados, y por añadidura, habiendo ido el regalo, en ocasiones, a gente que no lo necesitaba o que al cabo de un tiempo ha obtenido por otro lado un buen patrimonio. Con el agravante, además, de que gran parte de los verdaderamente necesitados no se han podido presentar a tales sorteos. Mi rotunda oposición a ese sistema y mi voto por el de alquiler bajo en precio y limitado en tiempo, para que cada cual pueda ir ahorrando para adquirir su vivienda.
También han contribuido a este caos dos actuaciones en que el sistema financiero y sus ejecutores -Bancos, Cajas...- han sido los responsables: una, la caída de los fondos de inversión, en que un gran número de ahorradores habían depositado su dinero, empujados por las entidades bancarias, y que a raíz de ese desplome, huyendo de todo lo que oliera a valores bursátiles, trataron de invertir en materiales más tangibles y se lanzaron a comprar inmuebles; dos, el impulso hacia ello de los entes financieros que les han propuesto créditos en condiciones inmediatamente seductoras -intereses bajos, amortizaciones lejanísimas- contribuyendo a la acumulación de riqueza en un sector que resultaba sabroso, aun a costa de inflarlo en demasía, de hipotecar a una excesiva masa de ciudadanos y de aumentar los precios indefinidamente. Con lo que han sido agentes del disparate que ha supuesto no prever el futuro y montar estrategias de beneficio contable a corto plazo en sus cuentas de resultados. ¿Por qué se ha dejado esto e incluso se ha impulsado?
Cualquiera que haya tenido experiencia en este campo o que haya estado atento a ello, sabe que toda facilidad de adquisición es inflacionaria si no se controlan los precios, directa o indirectamente. Si además los costos se trasladan hacia adelante, a unos sujetos compradores cuyos ingresos nadie puede asegurar en cuantía larguísimos plazos, o cuyos ahorros están al albur de un mercado que puede desinflarse por haberse hinchado excesivamente, la incertidumbre empieza a ser preocupante, como se avizoraba desde hace años. Pero consuélense los más porque los menos ya se han ido poniendo las botas en los años alegres y confiados.
Y los precios desmesurados, que son causa de las dificultades que habrá en los años próximos para quienes han tenido que tragarlos por necesidad, causa también del trasvase excesivo de dinero a compañías constructoras por parte de quienes carecen de él, y también génesis de una concentración de riesgos altos en la banca, esos precios, digo, han sido asimismo consecuencia de políticas económicas que han dado satisfacción a los gobiernos en la propaganda inmediata, por incrementos del producto interior, aunque olvidando las necesariamente prudentes previsiones a largo plazo, y cambiando solidez por brillo chisporroteante.
Porque, por otra parte, y en la línea del ataque a los precios, no se me diga que no se hubieran podido tomar medidas de intervención pública, ya que ese fortísimo problema no se resolvía por sí mismo; y hablo de intervención clara -no a la que antes he aludido como inconveniente- por mucho que clamasen algunos teóricos. ¿Quién ha dicho que no se pueden limitar, y no tan difícilmente, algunos de los principales componentes de esos precios? Por ejemplo el costo del suelo, con medidas antiespeculativas -fiscales, económicas...- que en otros países dan resultado. Y, por las mismas vías, los beneficios de las empresas promotoras y constructoras que, en la mayoría de los casos, han sido ilimitados.
El liberalismo económico sin tasa que viene sufriendo esta sociedad insensatamente vividora, acaba fomentando una voracidad que desequilibra el edificio socioeconómico sin más provecho que el conseguido por una minoría exigua, lo que incide en el establecimiento de un sistema crecientemente injusto. Permítanme que no esté de acuerdo con lo que se ha venido haciendo.
Se vendieron 120.000 viviendas menos que en 2005.El 75% de las inmobiliarias podría desaparecer antes del 2014.Los precios bajarán en torno al 4% el año que viene.
Un nuevo informe engrosó ayer el coro de voces que hablan de la existencia del pinchazo en la «burbuja inmobiliaria». En esta ocasión surgió del propio sector. La consultora inmobiliaria RR de Acuña y Asociados presentó ayer un anuario en el que indica que la demanda de viviendas cayó en 2006 un 9,8%, lo que se tradujo en 120.000 ventas menos.
Este descenso en las ventas, que según la consultora, no se registraba desde hace 12 años, afectó especialmente al mercado de vivienda nueva (-6,09%) y se concentró en las áreas metropolitanas y costas turísticas. Además, el Anuario estadístico inmobiliario español 2007, augura caídas del 5% en la demanda para los dos próximos años.
Un millón de exceso
A este factor se une el aumento de la oferta inmobiliaria acumulado durante los últimos años que podría poner provocar un exceso de más de un millón de viviendas en el mercado.
El cóctel inmobiliario se adereza, según el anuario, con la pérdida de capacidad financiera generada en las familias españolas por parte de unos precios excesivamente inflados y más de un año de subidas consecutivas en los tipos de interés. De hecho, para este año, la consultora calcula una pérdida cercana al 5% en la renta disponible en los hogares españoles.
Con este panorama, la consultora prevé que más del 35% de las 60.000 promotoras inmobiliarias españolas tendrá problemas para afrontar sus obligaciones financieras en 2008. Y a largo plazo, estima que en torno al 75% podría desaparecer entre 2009 y 2014.
Una larga lista de avisos
El 2007 empezó con serios avisos de bajadas de precios por parte de inmobiliarias y consultoras. El penúltimo aviso vino desde el Deutsche Bank, que prevé una bajada de los precios de la vivienda que oscilará entre el 2 y el 8% en el 2008. RR de Acuña y Asociados la sitúa en torno al 4%.
Para la PVD, la reforma debería incluir medidas como la limitación de cuantías y plazos de las hipotecas y el aumento de la información que debe dar el banco sobre un préstamo. Según la plataforma, sería un grave error subvencionar la subida de tipos de interés.
El Congreso de los Diputados, y más concretamente su Comisión de Economía y Hacienda, se encuentra actualmente tramitando el proyecto de reforma de la ley hipotecaria. Después de analizar dicho proyecto y las distintas enmiendas, desde la Plataforma por una Vivienda Digna encontramos que el texto se ha redactado a la medida de las entidades financieras, pasando por alto varios problemas graves de la sociedad española y que, en su conjunto, es inaceptable para alcanzar el objetivo de una vivienda asequible y digna para todos los ciudadanos.
La vivienda es una necesidad vital y en los últimos años, las características del mercado en España, con posibilidades de alquiler escasas y unas políticas de vivienda nefastas, han propiciado que muchos ciudadanos se hipotequen hasta el máximo que pueden pagar y en algunos casos más allá: hasta el máximo que una entidad financiera ha estado dispuesta a prestarle.
Esta cota ha superado para muchas familias lo razonable debido a varios factores, desde el hecho de que el inmueble es tasado al alza por una sociedad de tasación controlada por el banco (la mayoría de las tasadoras lo están), hasta la falta de información sobre la posible evolución de los tipos, pasando por una excesiva generosidad en las cuantías y plazos de las hipotecas.
En un escenario de crecimiento de los tipos de interés como el actual, las familias o los jóvenes que siguen endeudándose al máximo se convierten en auténticos "kamikazes hipotecarios", con una alta probabilidad de impagos y desahucios en unos años.
Pero la generosidad interesada de los bancos a la hora de conceder créditos no sólo ha disparado el endeudamiento, sino que ha contribuido a la subida de precios, ya que a mayores posibilidades de financiación más fácil es que un ciudadano acepte el precio que se le pide, incluso a sabiendas de que está inflado. Recordemos la frase, acuñada por un conocido profesor universitario en una entrevista radiofónica: "las viviendas no cuestan lo que valen, cuestan lo máximo que la gente puede pagar por ellas". Así, no es de extrañar que hoy un piso en el ensanche de Vallecas, en las afueras de Madrid, cueste casi el doble que uno similar en el centro de Berlín.
Aunque nos parece positiva la inclusión en el proyecto de medidas que buscan una mayor independencia de las tasadoras, para la PVD el texto llevado al Congreso es, sencillamente, inaceptable, ya que no encara los asuntos fundamentales. Entre éstos, algunos urgentes como el sobreendeudamiento, que puede convertirse en uno de los principales problemas sociales de nuestro país a corto plazo.
Limitación de cuantía y plazos de los créditos hipotecarios
Por estas razones demandamos a los legisladores y a los grupos con representación en el Parlamento que, en la nueva ley hipotecaria, se tengan en cuenta las enmiendas relativas a la limitación de la cuantía de los créditos, recordando que este tipo de medidas se aplican en otros países europeos como Francia y garantizan así, que nadie pueda hipotecarse más allá de sus posibilidades. Eso sí, esta medida no puede venir sola y ha de venir acompañada de una verdadera política de vivienda y fiscal enfocada hacia el alojamiento directo de los más necesitados y no en el fomento de la cultura de la propiedad como la actual.
Desde la Plataforma instamos también al gobierno y a la comisión económica del Congreso a limitar los crecientes plazos de las hipotecas (que llegan ya a los 50 años), porque ayudan a la compra de viviendas con sobreprecio y son una de las causas del mantenimiento de la actual burbuja inmobiliaria. Aunque a primera vista el alargamiento de los plazos puede parecer una solución concreta para algunas personas, en un análisis más detenido perjudica gravemente al conjunto de la sociedad y dificulta el acceso a la vivienda de los jóvenes (y de muchos no tan jóvenes) y de las generaciones futuras, apuntalando un modelo no sostenible.
Obligación de información previa en la contratación de hipotecas
El mayor riesgo de impago que existe actualmente por la subida de los tipos de referencia se debe a que muchos compradores de vivienda firmaron su hipoteca con una escasísima información. Desde la Plataforma demandamos a los legisladores que están actualmente revisando la ley hipotecaria que las entidades financieras tengan la obligación de ampliar la información que ofrecen sobre el crédito. Además de los datos del préstamo, el cliente debe saber, como mínimo, en qué situación están los tipos de interés con respecto a series históricas, y cómo afectarían a la cuota diferentes tipos de interés que puedan darse en el futuro.
No a las subvenciones a la compra
Reclamamos también que no prosperen aquellas enmiendas destinadas a paliar con subvenciones directas las sucesivas subidas de los tipos de interés. Esto sería ahondar aún más en el profundo error de subvencionar la propiedad de la vivienda y existen fórmulas mucho más razonables para ayudar a las familias que se han visto sorprendidas por este cambio de escenario económico. Estas ayudas, de materializarse, irían a parar en realidad a las entidades financieras. Nos parece un escándalo siquiera plantear que el dinero público se emplee para subvencionar, aunque sea indirectamente, a uno de los sectores económicos más beneficiados con la situación actual.
Control de la refinanciación
También nos merece especial atención que el anteproyecto incluya escasas medidas para el control de las empresas de refinanciación y las emisoras de créditos de alto riesgo, hipotecas con carencia, etc. Este tipo de empresas están provocando verdaderos dramas familiares en otros países occidentales y con ese ejemplo se debería legislar en este.
Reforma inútil e inaceptable
Estamos de acuerdo en que debe modificarse la ley hipotecaria, pero llama poderosamente la atención que se ponga en marcha precisamente ahora, en un cambio de ciclo del mercado. Nos parece de un descaro sin precedentes el que, con millones de jóvenes sin poder optar a una vivienda, millones de parejas que no pueden desarrollar su vida familiar al no poder optar a una vivienda mayor, y millones de familias al borde de la bancarrota, el grueso de la ley vaya dirigido a aumentar las garantías bancarias y a regular nuevos modelos como la hipoteca inversa, con la que las personas de avanzada edad pueden ceder su propiedad a cambio de una pensión vitalicia.
Aunque ayer hemos conocido la tardía intención del Gobierno de replantearse las desgravaciones fiscales y la hemos saludado positivamente a pesar de su inexplicable retraso, en el caso de este anteproyecto de Ley analizado, de ser aprobado tal y como está, se habrá perdido una oportunidad más de poner coto a los intereses especulativos que manejan el mercado de la vivienda en España y se habrá demostrado de nuevo hasta qué punto una gran parte de los políticos y legisladores de nuestro país, están al servicio de las grandes empresas, los bancos y los intereses inmobiliarios. Desde la Plataforma por una Vivienda Digna exigimos los cambios en el proyecto reseñados anteriormente para elaborar una ley hipotecaria que piense en todos los ciudadanos, que sirva de instrumento a un mercado sostenible, y que ayude a avanzar hacia el derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución para todas las generaciones.
La bonanza económica y la redistribución. ESPAÑA ES EL ÚNICO PAÍS DE LA OCDE EN EL QUE SE HA PRODUCIDO UN RETROCESO DEL PODER ADQUISITIVO.
España protagoniza desde hace más de una década una etapa de crecimiento espectacular. El PIB aumenta más rápido que la media europea, la creación de empleo prosigue a buen ritmo y la renta per cápita se acerca a la media de la UE. Sin embargo, no se ha reducido el porcentaje de población que vive por debajo del umbral de pobreza relativa. Mientras los beneficios empresariales suben, el poder adquisitivo del salario medio ha bajado un 4% entre 1995 y 2005: España es el único país de la OCDE en el que se ha producido ese retroceso, en términos reales. Expertos de la Administración y de la CEOE restan dramatismo a este dato, alegando que la masiva creación de empleo es lo que ha permitido mayor cohesión social.
La economía española crece desde hace una década a un ritmo claramente superior al de la media de la Unión Europea, pero este prolongado ciclo expansivo no se ha traducido en una paralela reducción de la brecha social. Mientras los beneficios empresariales se multiplicaban -el 73% entre 1999 y 2006-, el salario medio real de los españoles perdió el 4% de su poder adquisitivo en la década que va desde 1995 a 2005, según un informe de la OCDE difundido esta semana en París.
España es el único de los 30 países miembros de la OCDE en el que el poder adquisitivo de los salarios bajó en la década mencionada. En los cinco años anteriores, entre 1990 y 1995, el salario real había aumentado en España al ritmo del 1,9% anual.
"España ha creado empleo a un ritmo espectacular en los últimos años", observa Raymond Torres, jefe de la División de Análisis y Políticas de Empleo de la OCDE. "Sin embargo, gran parte de ese aumento consiste en empleo poco cualificado y escasamente remunerado. El retroceso del salario medio no significa que el empleado de cualquier empresa gane ahora menos que hace 10 años, sino que ha entrado en el mercado laboral mucha gente con sueldos muy bajos. Eso ha tirado hacia abajo el salario medio de la población empleada".
La proliferación de empleos precarios y con bajos sueldos ha alimentado -en un periodo de crecimiento sostenido- la bolsa de personas que viven por debajo del umbral de pobreza relativa, es decir, con menos del 60% de la renta media nacional. Uno de cada cinco españoles -entre ellos, dos millones de asalariados-, vivía en esa situación en 2005. La cifra es superior a la de 1995, cuando se situaba en el 19%, y también por encima de la media de la UE (16%).
Mientras España se acerca a la media europea en cuanto a renta por habitante, no ocurre lo mismo en cuanto a cohesión social. Así lo indica la relación entre la renta del 20% más rico de la población y la del 20% más pobre. La quinta parte más rica ganó en 2005 (último año del que se tienen datos) 5,4 veces más que la quinta parte más pobre, según datos de Eurostat, el órgano que facilita las estadísticas comunitarias. Es una cifra superior a la media de la UE, que se sitúa en 4,9, siempre según Eurostat; y muy superior a la de países como Francia y Alemania, donde se sitúa alrededor del 4.
Lo más significativo es que en España, entre 2002 y 2005, ese indicador ha experimentado un repunte tras unos años de descenso. En 2002, el 20% más rico ganaba 5,1 veces más que el 20% más pobre; en 2005, esa diferencia se había agrandado al 5,4. Detrás de los fríos datos estadísticos están los rostros de millones de pensionistas y de trabajadores en precario.
Las rentas de las personas que consiguen ingresos a partir de la propiedad de bienes han crecido mucho más rápidamente que las de aquellos que reciben sus ingresos principalmente de su trabajo.
"Crear empleo ha sido la prioridad en España. Los bajos salarios han sido una herramienta importante para conseguirlo y para evitar que las empresas se fueran a países con costes laborales más asequibles", reflexiona Raymond Torres, el experto citado de la OCDE. "Pero ahora consideramos que España tiene que hacer un importante esfuerzo en mejorar la productividad y la calidad del empleo. En parte lo está haciendo, pero consideramos que harían falta medidas más estructurales".
"La mano de obra barata ha sido fundamental en el crecimiento español", observa Carlos Martín, economista del Gabinete Técnico de Comisiones Obreras. "Hemos dejado las puertas abiertas a la entrada de inmigrantes, porque el tejido productivo los necesitaba. Hemos creado una gran bolsa de trabajadores mal remunerados y en situación precaria que podría ser muy difícil de reubicar cuando el ciclo se enfríe. Una potencial bomba social".
Este periódico pidió el pasado martes, sin éxito, una entrevista con altos cargos del Ministerio de Economía, a raíz de la publicación del informe de la OCDE. Otras fuentes de aquel departamento subrayan que, en todo caso, la incorporación al mercado laboral de millones de trabajadores ha aumentado el nivel de bienestar de la sociedad española, y multiplicado las fuentes de ingresos de las familias. Precisan que en las negociaciones colectivas se han garantizado aumentos por encima del IPC del orden del 0,5% y que no se puede identificar el salario medio con los conceptos de bienestar y poder adquisitivo. "Puede que la dinámica del salario medio no sea boyante", reconoce una persona del departamento de Economía, "pero hay más empleo y las familias cuentan con más fuentes de ingresos que antes".
Desde el ministerio se hace además hincapié en que la renta per cápita ha subido en esta legislatura más que en la anterior, y con ella el umbral de pobreza relativa. La yuxtaposición de esa tendencia con la persistencia de la bolsa de pobres relativos describe un país que se mueve hacia arriba, pero sin acortar la distancia entre clases altas y bajas.
Otros analistas observan que la menor tasa de pobreza relativa en países europeos se debe al mayor esfuerzo redistributivo de los Estados, en comparación con el de España. Eurostat indica que los países europeos han invertido en la última década recursos equivalentes al 28% del PIB como protección social. En el mismo capítulo, en el que entran las pensiones pero no la educación, España invirtió un 20% de media. En 2005 era el 19,5%, frente al 22% de 1995.
Las fuentes aludidas del Ministerio de Economía puntualizan que la estadística no favorece a España, cuyos recientes esfuerzos en ese campo se ven poco reflejados por el aumento más rápido del PIB que en otros países. Y también, porque el dato no recoge apuestas presupuestarias del Gobierno, como la educación, que también es un gasto social.
Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos -un centro vinculado a la CEOE-, cree que en este concepto España no tiene que intentar converger con Europa. "Es más bien Europa la que tiene que converger con España", afirma.
Mercado inmobiliario: Los indicadores de vivienda revelan que, pese al desarrollo económico que ha experimentado España, aún queda mucho por hacer para alcanzar los niveles de los países del entorno.
Pese a que España entró en la entonces Comunidad Económica Europea en 1986, todavía se encuentra muy alejada de los estándares económicos y sociales de algunos países del entorno, sobre todo en cuestiones relativas a la vivienda.
Los españoles ostentamos muchos récords continentales con respecto al mercado inmobiliario, como el hecho de ser el Estado de la Unión Europea donde más viviendas se construyen anualmente (830.000 en 2006, más que en el ReinoUnido, Alemania y Francia juntos). Sin embargo, este crecimiento del sector también ha hecho que la vivienda sea aquí, comparativamente, de las más inaccesibles.
Algunos datos
Precios: El precio medio de una casa de 100 metros cuadrados de superficie es de 207.500 euros en España. La misma vivienda cuesta 176.000 euros en Francia y 130.000 euros en Alemania, dos países con sueldos medios muy superiores a los nuestros.
Ayudas: Iniciativas como los préstamos sin interés a estudiantes para que puedan acceder a un alquiler durante su periodo universitario, muy populares en el norte e Europa, todavía no han llegado aquí.
Alquileres: El nuestro es el país europeo con el porcentaje más alto de viviendas en propiedad, con el 87% del total del parque inmobiliario. Muy lejos quedan países como Alemania u Holanda, donde se alquila el 42% y el 52,2% de las casas, respectivamente.
Protección: España es, después de Grecia, el país de la Unión Europea que cuenta con menos oferta de alquiler de viviendas protegidas, sólo un 1% del total. En el extremo opuesto están Holanda (35%), Suecia (24%) y Austria (23%).
Hipotecas: El dinero prestado por los bancos crece en España en torno al 25% cada año. El Reino Unido, Francia e Italia tienen incrementos del 8%, mientras que en Alemania apenas crece.
Emancipación tardía
La edad media a la que un joven español se emancipa de la casa de sus padres es a los 29 años.
Mientras tanto, en los países de Europa occidental, la mayoría de los jóvenes lo hace entre los 18 y los 24 años, una franja de edad en la que sólo uno de cada diez jóvenes está emancipado en nuestro país.
Las principales causas apuntan a los elevados precios de la vivienda, unidos a la inestabilidad laboral y la precariedad de los salarios. Así, no es de extrañar que el índice de natalidad haya bajado hasta una media de 1,13 hijos por mujer, lo que hará de España el país más viejo del mundo en el año 2050.
Fernández Ordóñez avisa contra el "espejismo" de los plazos muy largos. El gobernador pide a las empresas que moderen su deuda en los próximos meses
El gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, advirtió ayer a las familias sobre el riesgo de contratar hipotecas a muy largo plazo y pidió a las entidades financieras que informen a los clientes sobre ello. Bancos y cajas, dijo, le deben decir al cliente "sepa usted dónde se está metiendo" si contrata hipotecas a largo plazo, en las que "el componente de amortización es bajo, pero el interés alto", lo que puede dar al consumidor "una imagen de espejismo".
Fernández Ordóñez, que ayer compareció en la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados, terció así en la polémica abierta la semana pasada por el vicepresidente económico, Pedro Solbes, quien consideró que los plazos de las hipotecas para compra de vivienda deberían limitarse a 20 o 25 años, lejos de los 50 años que ofrecen las entidades financieras, para evitar que el crédito se siga pagando al llegar la jubilación.
"En una hipoteca a muy largo plazo, cualquier variación de tipo de interés puede subir la cuota de amortización enormemente" --advirtió ayer Fernández Ordóñez-- y a lo largo de 50 años, se pueden producir variaciones de todo tipo, impredecibles.
Por eso, el gobernador del Banco de España, aunque reconoció que no se puede prohibir ofrecer amplios plazos de amortización, pidió que bancos y cajas avisen a sus clientes de los "riesgos de variabilidad" que suponen las hipotecas a largo plazo.
AVISO A LAS EMPRESAS
En general, desde el punto de vista del Banco de España, las familias están adaptándose bien a las recientes subidas de los tipos de interés, al moderar su consumo y sus peticiones de crédito. No así las empresas, que, debido a su esfuerzo inversor y a su participación en movimientos de fusiones y adquisiciones han aumentado su deuda, mientras ven reducidos sus beneficios. Por ello, Fernández Ordóñez hizo "una llamada de atención" a las empresas para que en el próximo semestre "moderen su recurso a la financiación".
En declaraciones a los periodistas, el gobernador valoró la apuesta inversora de las empresas españolas y reconoció que "no se han quedado a la zaga" en los movimientos de fusiones y adquisiciones en el mundo, y todo ello "requiere financiarse", admitió. No obstante, explicó que si suben los tipos y los gastos financieros, los resultados serán "menores", a no ser que se encuentren otras formas de rentabilizar sus activos.
BANCO SANTANDER
En relación con las operaciones de fusiones y adquisiciones del sector bancario, Fernández Ordóñez opinó que la oferta del Santander, junto al Royal Bank of Scotland y Fortis, para hacerse con ABN Amro "ha sido novedosa y ha cambiado el panorama". Por un lado, "antes, los bancos grandes estaban abrigados a cualquier operación de este tipo". Por otro, "es casi la primera vez que se hace una operación hostil" bancaria e internacional.
Para el Banco de España, "los bancos bien gestionados son los que mejor están defendidos ante este tipo de operaciones" y "los bancos españoles están bien gestionados y son los que mejor están defendidos para este tipo de operaciones".
«¡Me vais a quitar la casa y yo me quito la vida!», gritó el cliente antes de dispararse. Introdujo en la oficinas centrales de la entidad una escopeta de caza oculta dentro de un saco
Un hombre de 60 años, desesperado por el reciente embargo de su vivienda, entró en las oficinas de los servicios centrales del Banco de Galicia en Vigo y, tras discutir con los empleados y directivos, se disparó un tiro en la cabeza con su escopeta de cañón paralelo de caza. El individuo gritó previamente a los empleados: «¡Me vais a quitar la casa y ahora yo me quito la vida!».
Al parecer, el individuo procede de la localidad lucense de Burela pero, al cierre de esta edición, aún no había sido identificado.
Todo empezó a las 13.05 horas de ayer, en la central del Banco de Galicia, en el cruce de Velázquez Moreno número 11, con la céntrica calle Policarpo Sanz, zona conocida como la Milla de Oro, por albergar en sus inmediaciones las oficinas centrales de decenas de entidades financieras que operan en la ciudad.
El hombre accedió al banco por la puerta de Servicios Centrales, situada en una planta separada de los despachos de atención al público donde se realiza ingresos o solicitan créditos. Dicha puerta estaba vigilada por agentes de seguridad pero, dado que no hay dinero, carece de un arco de detección de metales, por lo que el individuo pudo entrar con el arma de fuego oculta dentro de un saco de color blanco y sin despertar sospechas.
Una vez en el patio de operaciones, el sujeto ocasionó numerosos problemas a los empleados, a quienes insultó e incluso, según algunas versiones, escupió. Debido a los incidentes que ocasionaba el cliente, los trabajadores telefonearon a la comisaría para pedir que se acercase una patrulla pues el desconocido causaba «numerosos problemas».
Al poco, la centralita del 091 recibió una segunda llamada del mismo banco. Los empleados informaron a la policía de que el hombre acababa de pegarse un tiro en la cabeza y había fallecido. Al parecer, uno de los trabajadores había sufrido un shock y tuvo que ser atendido por un equipo médico del 061 que se desplazó al lugar.
El público y los empleados de las cajas no se enteraron del disparo hasta que oyeron las sirenas de varios coches patrulla y la ambulancia. Al parecer, se trataba de un cliente «que nadie conocía» y tampoco iba con frecuencia a hacer gestiones.
Mutismo
Los trabajadores de la entidad guardaron absoluto mutismo durante toda la mañana de ayer. En un principio, se había barajado la posibilidad de que el hombre fuese un atracador que, al ver frustrado su golpe, se disparase a sí mismo. Pero eso quedó descartado porque las oficinas centrales se limitan a gestionar las operaciones de sus sucursales en toda Galicia. La teoría de que el hombre estaba agobiado por un «problema financiero» cobró más fuerza.
Por las frases que gritó, se deduce que el hombre había negociado un crédito o hipoteca para pagar la casa y que, por alguna adversidad, no hizo frente a los pagos y, tras un pleito judicial, el banco iba a embargarle su vivienda.
La víctima fue trasladada al hospital Nicolás Peña para realizarle la autopsia y proceder a su identificación. Al cierre de esta edición, ni su familia ni la compañía aseguradora habían reclamado el cadáver.
El crecimiento acumulado de los tipos de interés como consecuencia de la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) puede estar produciendo "tensiones" en los presupuestos de aquellas familias "más apalancadas" en el crédito hipotecario, según la Asociación Hipotecaria Española (AHE).
En concreto, el 78% de las familias que tienen contratados préstamos a tipo variable están pagando más ahora por sus hipotecas que inicialmente y este porcentaje se incrementa aún más si se contempla la contratación de los préstamos entre los años 2003 y mediados de 2005.
De este modo, y dada la configuración exclusivamente variable de la cartera hipotecaria, aproximadamente el 98% del volumen total de préstamos ha estado expuesto en mayor o menor medida al impacto de la actual política monetaria.
El Euríbor alcanzó hoy su nivel más alto desde mayo de 2001, el 4,373%, y acumuló la vigésima subida mensual consecutiva. Como consecuencia de este incremento, las familias pagarán 88,24 euros más cada mes y 1.058 euros más al año.
A pesar de que el incremento interanual del índice es de 1,065 puntos, la Asociación Hipotecaria señala que el incremento interanual del índice sigue siendo bajo en comparación con los incrementos anuales existentes desde mayo de 2006.
Las variaciones intersemestral y mensual de este índice de referencia son de 50,9 puntos básicos y 12,0 puntos básicos respectivamente. Estos valores se aplicarán con carácter general a los préstamos referenciados al Euribor que se revisarán el próximo mes de julio, aunque otros se revisarán en junio.
En conjunto, la variación del Euribor afectará en su momento aproximadamente al 6,2% de la cartera viva de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda. Del mismo modo, los movimientos del resto de índices pueden afectar aproximadamente al 2%.
Un estudio de Deloitte señala que un 35% de los hipotecados ha tenido que renunciar a algunos gastos y, de ellos, el 43% ha prescindido de las vacaciones.
El 65% de los hogares hipotecados han visto subir sus cuotas hipotecarias por el aumento de tipos y de este colectivo, algo más de la tercera parte (el 35% del total) reconoce que esta subida ya le ha llevado a renunciar a alguno de sus gastos y hábitos de consumo , según una encuesta sobre la situación hipotecaria de España realizada por la consultora Deloitte. Las vacaciones son la actividad de consumo a la que primero se renuncia cuando pagar la vivienda exige un mayor esfuerzo. En concreto, un 43% de los que han renunciado a alguno de sus gastos ha renunciado a las vacaciones.
Las comidas fuera de casa son la segunda actividad de la que los hipotecados prescinden, según el 26% de los encuestados; por delante de la compra de un coche (12%), la utilización del vehículo (4%) y la compra de una segunda vivienda (3%).
Respecto al impacto de las revisiones de tipos, casi la mitad de los sondeados (el 49%) asegura que su cuota se ha elevado en más de 50 euros al mes. Otro 36% tiene que pagar entre 50 y 100 euros más, y un 8%, por encima de esta última cantidad.
Con todo, según los datos de esta firma, el 35% de las familias hipotecadas indicó que destina más del 30% de su salario a afrontar el pago de las cuotas (un 10% más del 50%), mientras que otro 52% emplea entre el 25% y el 30%.
Auge de los créditos al consumo
La encuesta de Deloitte revela también el paulatino auge en la contratación de créditos alternativos o créditos al consumo, dado que el 25% de los hipotecados encuestados reconoce haberlos solicitado. La consultora atribuye este hecho a la necesidad de contar con recursos para mantener un determinado nivel de consumo y la "lógica evolución de la sociedad española hacia hábitos de consumo europeos".
Respecto a los factores que determinan la elección de una hipoteca, además de los tipos, los clientes de este producto bancario señalan a las comisiones; seguido de las posibilidades de revisión, la calidad de los servicios bancarios y la marca.
Pese a que el precio de la hipoteca constituye el factor fundamental de la misma, el estudio señala que el 92% de los encuestados confiesa mantenerse fiel a su entidad durante toda la vida de la hipoteca. Ello, en opinión de Deloitte, indica la "alta competitividad" del mercado hipotecario español.
El 15 por ciento de los hipotecados españoles desconoce en la actualidad qué tipo de interés está pagando por su crédito, según los datos proporcionados por la Agencia Negociadora de Productos Bancarios (ANPB).
De acuerdo con los resultados de la primera Oleada de 2007 sobre el mercado hipotecario de la consultora Creed, del 85 por ciento restante que afirma conocer su tipo de interés, casi la cuarta parte declara un tipo prácticamente inalcanzable para un particular medio.
Para ANPB, estos datos demuestran la "escasa" cultura financiera de los españoles y en definitiva el desconocimiento de un aspecto que afecta "de manera tan directa a la economía familiar".
El 81,1 por ciento de los encuestados cree además que es obligatorio domiciliar la nómina para obtener un crédito hipotecario; el 72,1 por ciento piensa que lo es el suscribir un seguro de hogar; el 43,1 por ciento contratar un seguro de vida; el 26,5 por ciento obtener una tarjeta de crédito y el 5,1 por ciento suscribir un plan de pensiones.
Sin embargo, lo único que la ley obliga a contratar es un seguro de incendios de la vivienda hipotecada.
ANPB destaca también que, según los resultados de la encuesta, la falta de cultura financiera afecta a los motivos de elección de la entidad financiera.
Así, el criterio más extendido para escoger una es, para el 38 por ciento, el que un familiar o amigo sean ya clientes de la entidad, lo que muestra que persiste la creencia de que para obtener una hipoteca hay que tener "una suerte de recomendación".
Sólo el 30 por ciento eligió su banco o caja por ser la que mejores condiciones ofrecía, mientras que el 10 por ciento lo hizo por recomendación y el 8 por ciento restante porque un familiar o amigo trabajaba en la entidad.
Por su parte, el director del Observatorio de Coyuntura Económica Internacional (OCEI), Vicente Pallardó, considera que nuevas subidas de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo serían asumibles por las familias españolas hasta un incremento conjunto del 4,50 por ciento. "Hasta ese nivel sí sería asumible" por el conjunto de los hogares , aunque habría un cierto número de familias que tendría problemas con esos aumentos de los tipos, pero se trataría de un grupo "reducido", manifestó Pallardó en Valencia.
El Deutsche Bank prevé que la vivienda caerá entre el 2% y el 8% en 2008
EN CINCO AÑOS EL AJUSTE PODRÍA SER DEL 20% AL 25%
* La construcción de casas caerá a entre 450.000 y 600.000 unidades en dos o tres años
* 'Incluso una corrección ordenada' debilitará el crecimiento económico español
* Se producirá la salida de los actores no profesionales del sector
EUROPA PRESS
MADRID.- El último informe 'Iberian Navigator' de Deutsche Bank, en el que analiza la situación del mercado de la vivienda en España, prevé un "ajuste inevitable" en el sector, con bajadas de precios nominales de entre el 2% y el 8% a partir de 2008, tras ligeras subidas en torno al IPC en el presente ejercicio.
El análisis de Deutsche Bank, que comienza bajo el sugerente título de 'El mercado español de la vivienda: living la vida loca', pronostica una "gradual corrección de los precios no antes de 2008" con bajadas nominales de entre el 2% y 8% seguidas por 4 ó 5 años en los que los precios subirán entre un 0% y el IPC, lo que para Deutsche Bank supondría un ajuste total del 20% al 25% en términos reales.
Además, la entidad alemana vaticina un "brusco aterrizaje" en la construcción de viviendas, cuyo ritmo actual califica de "insostenible", y que caería a un rango de entre 450.000 y 600.000 unidades en dos o tres años.
La entidad germana establece un escenario en el que se producirá la salida de los actores no profesionales del sector de la construcción ante el empeoramiento del entorno con descensos en la demanda extranjera de vivienda, así como la de carácter especulativo, mientras que la demanda de primera vivienda se mantendría en un nivel alto de entre 300.000 y 450.000 residencias y la demanda inmigrante permitiría sostener el mercado.
Se desacelera la demanda de créditos hipotecarios
Por otro lado, el banco destaca la desaceleración en la demanda de créditos hipotecarios motivada por las subidas de tipos de interés, los elevados precios de la vivienda y la caída de la confianza de los consumidores.
Deutsche Bank augura que la tendencia se mantendrá en el futuro con una intensidad que variará en función de la evolución de factores como el desempleo y los tipos de interés, que el banco sitúa en el nivel de entre el 5,5% y el 6% como momento crítico para el incremento de la morosidad.
Sin embargo, Deutsche Bank subraya que las entidades españolas se encuentran bien provisionadas para afrontar un escenario de mayor deterioro del previsto en el crédito, y añade que los bancos españoles compensarán el menor crecimiento de las demandas de créditos hipotecarios con la revalorización de sus activos por las subidas de tipos de interés.
De este modo, la entidad alemana concluye que "incluso una corrección ordenada" debilitará el crecimiento económico español, que ha venido siendo cada vez más dependiente de la construcción y el sector inmobiliario.
Enlace a esta noticia
Los precios de la vivienda usada cayeron un 1,3% en Barcelona y subieron sólo un 0,1% en Madrid en el segundo trimestre de 2007, según un estudio de idealista.com.
En el informe se asegura que la desaceleración de los precios en los principales mercados inmobiliarios "es cada vez más pronunciada". Además, Valencia experimentó una subida del 1,2%, también cercana al estancamiento.
En el caso de Barcelona, el precio medio se situó en los 4.285 euros por metro cuadrado, tras experimentar el primer descenso desde al menos 2001. El informe señala al respecto que "la capital consolida así el final de los grandes crecimientos en el precio de la vivienda y tiende a registrar variaciones de precio en convergencia con la inflación, o incluso por debajo".
Así, todos los distritos barceloneses bajaron de precio, si bien las principales caídas se produjeron en Les Corts (-3,2%) y Grácia (-0,3%). El distrito de Sarriá-Sant Gervasi, pese a experimentar un descenso del 0,2% en los precios, se mantuvo como el más caro de la Ciudad Condal.
En cuanto a los municipios, más de dos tercios registraron descensos en sus precios durante el segundo trimestre del año. Así, Viladecans vivió un "fuerte descenso" del 8,1%, que se sumó a las bajadas de Sant Boi de Llobregat (-5,3%) y de Sant Cugat del Valles (-5,1%).
MADRID
En el caso de Madrid, el escaso incremento de los precios en la capital, que situó el metro cuadrado en 4.315 euros, "confirma una marcada desaceleración que se está produciendo desde el verano de 2006", explica el informe, antes de constatar "un estancamiento de facto" en este mercado. "De mantenerse esta tendencia, es probable que los precios de Madrid suban en 2007 incluso por debajo de la inflación", añade.
No obstante, hasta 11 de los 21 distritos madrileños experimentaron bajadas de precios respecto al mes de marzo y sólo en cuatro el incremento estuvo por encima del 1%.
La mayor caída se produjo en Villa de Vallecas (-2,7%), seguido de Puente de Vallecas (-1,6%), Carabanchel (-1,4%), Arganzuela (-1,1%) y Tetuán (-1%).
Con todo, algunos de los distritos más caros de Madrid mantienen subidas de precios, aunque, matiza el informe, "ya discretas". Es el caso de Moncloa (+1,8%) o Centro (+1,3%). Incluso los más exclusivos registraron incrementos inferiores al 1%: Chamartín (+0,5%), Chamberí (+0,3%) y Salamanca (+0,1%).
Además, casi dos terceras partes de los municipios madrileños (19 de 32) registraron caídas de precios durante el segundo trimestre del año, otros ocho registraron subidas por debajo del 1%, y sólo cinco mantuvieron subidas "destacadas" por encima de este porcentaje, como Alcobendas (+4,7%), Coslada (+2%) o San Sebastián de los Reyes (+1,5%).
VALENCIA
Por su parte, la ciudad de Valencia consolidó en el segundo trimestre la tendencia alcista con la que comenzó el año, y registró al término del segundo trimestre un precio medio por metro cuadrado de 2.861 euros.
Con todo, sólo la mitad de los distritos analizados subieron de precio, registrándose los principales incrementos en aquellos que experimentaron las mayores caídas en los primeros meses del año, con El Pla del Real (+7,7%) a la cabeza.
La otra mitad de los distritos valencianos bajaron de precio, localizándose los mayores de ellos en Algirós y L'olivereta, ambos con caídas del 2,9%.
El esfuerzo de los jóvenes de entre 18 y 35 años para adquirir un piso de 100 metros cuadrados construidos y 90 útiles, asciende al 69% de su salario por la subida de tipos de interés, según el Observatorio Joven de la Vivienda correspondiente al cuarto trimestre de 2006. El esfuerzo de los jóvenes es mayor en la Comunidad de Madrid, donde acceder a un piso supone el 83% del salario, mientras que los ratios más bajos, con menos de 54%, se encuentran en Navarra y Extremadura. El presidente del Consejo de la Juventud de España, Mario Esteban, ha calificado este dato en rueda de prensa "preocupante y muy grave", ya que lo recomendable es que una persona joven dedique el 30% de sus ingresos a adquirir una vivienda, por ser el límite máximo de endeudamiento asumible.
En lo que se refiere a la formación de hogares jóvenes, el esfuerzo para comprar un piso representa el 43,2% de los salarios de la pareja. Y es que pese a la ralentización de la subida del precio de la vivienda libre, que subió un 9,1% en el cuarto trimestre de 2006, los tipos hipotecarios crecieron hasta el 4,65%.
Así, la superficie máxima que puede asumir un joven que dedique el 30% de su salario a la hipoteca disminuyó un 17,76% respecto al año anterior, hasta situarse en 43,4 metros cuadrados. La superficie crece hasta los 62 metros cuadrados cuado se trata de la formación de un hogar joven. Madrid es en este aspecto también la comunidad que presenta una situación más complicada, pues una persona joven sólo puede aspirar a 35 metros cuadrados.
Por acabar con esta "exclusión residencial" de la población joven, explican desde el Consejo de la Juventud, es necesario un Pacto de Estado para que todas las administraciones se coordinen en las políticas de viviendas. "Tras el proceso electoral es necesario que el compromiso de los nuevos alcaldes y presidentes autonómicos para que el problema se solucione", ha señalado Esteban, quien ha añadido que es fundamental "un Pacto de Estado para crear una agenda política" en esta materia porque "la solución no es bajar los precios si hay que hipotecarse a 50 años".
Por su parte, el vicepresidente del Consejo, José Luis Arroyo, ha considerado "positivas" las medidas puestas en marcha por el Ministerio de Vivienda, si bien pidió que por ejemplo el Plan Vivienda en Alquiler para universitarios sea extensible a todos los jóvenes y no sólo a quienes estudien. "Es necesario y urgente una solución ante esta situación tan grave", ha indicado Arroyo, quien ha abogado porque "ayuntamientos, Comunidades Autónomas y Estado se coordinen para establecer un parque público de vivienda en alquiler".
El debate está servido: ¿sufrirá el mercado inmobiliario un aterrizaje suave o brusco? ¿Debe la economía tener miedo? - El Gobierno atempera los ánimos y el Banco de España aconseja a las entidades buscar otras fuentes de financiación.
Madrid- ¡El mercado inmobiliario está que arde! En el último mes ha estado en el foco de mira de analistas financieros, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y del mismo Banco de España, que han sembrado la alarma por los cambios que está padeciendo este sector, cuya contribución al crecimiento económico ha sido realmente impresionante en los últimos años y que ahora parece estar abocado hacia una desaceleración, o eso es lo que dicen los expertos.
La caja de los truenos la abrió Morgan Stanley hace unas semanas, cuando auguraba que los precios de la vivienda en España caerían un 5% en 2008 para estabilizarse en años posteriores. Por su parte Deustche Bank también prevé un «ajuste inevitable» en el sector, con bajadas de precios nominales de entre el 2% y el 8% a partir del año que viene. Igualmente, la OCDE rebajó hace un mes las previsiones de crecimiento de España del 3,3% previsto al 2,7% para 2008 por considerar que entonces comenzará a percibirse con mayor rotundidad la ralentización en el sector de la vivienda.
La Organización planteó además un escenario muy inquietante para la economía española con un elevado endeudamiento de las familias, la ralentización en el consumo, un posible repunte de la inflación en 2008, que alcanzará el 2,7%, y un déficit creciente en la balanza de pagos por cuenta corriente del 10,1% del PIB en 2007 al 10,5% en 2008.
Cambios de comportamiento
De hecho las entidades financieras ya endurecieron «notablemente» los criterios de nuevos préstamos para adquisición de vivienda y de nuevos créditos para consumo durante el primer trimestre del año, como consecuencia de las perspectivas relativas a la actividad económica en general y de la vivienda en particular. Pero también se han apreciado cambios en el comportamiento de los consumidores. Así, la solicitud de créditos para la adquisición de vivienda sufrió en el primer trimestre una contracción causada por una percepción más negativa de los hogares acerca de las perspectivas del mercado inmobiliario y por la caída de la confianza de los consumidores.
El Banco de España por su parte recoge también en su último boletín económico que tanto la inversión en construcción como el consumo privado experimentaron en el primer trimestre del año una leve desaceleración en su ritmo de crecimiento interanual, hasta el 5,6% y 3,6% respectivamente. A esto se añade que el número de afiliados a la Seguridad Social de esta rama se desaceleró en abril, al tiempo que el ritmo de reducción del paro registrado en este sector se hizo menos pronunciado.
Más endeudados
Además el Euribor, el índice de referencia de la mayoría de las hipotecas, encadena ya veinte subidas consecutivas para colocarse en mayo en el 4,373%, el nivel más alto desde hace seis años, lo que elevará la cuota mensual a pagar a quienes tengan una hipoteca de 150.000 euros a 26 años, a 80 euros. También el Banco Central Europeo (BCE) elevó por octava vez consecutiva los tipos de interés para dejarlos al 4% y con anuncios por parte de su presidente, Jean-Claude Trichet, de volver a subirlos antes de que concluya el año, como medida para controlar la inflación en Europa.
Todos estos factores están contribuyendo a que la demanda inmobiliaria pierda fuerza y según un estudio de RR de Acuña y Asociados se espera que en 2007 y 2008 caiga un 5% para cada año justo en un momento histórico en términos de vivienda visadas, con más de 800.000 en 2006. La ralentización notable de la actividad provocará que más del 35% de las 60.000 inmobiliarias que existen en España «no puedan atender sus obligaciones financieras». Ante este panorama de desaceleración del mercado inmobiliario y de familias altamente endeudadas cabría preguntarse: ¿Estamos acercándonos al inicio del fin del «boom inmobiliario»? Teniendo en cuenta el gran peso que el sector de la construcción tiene en la economía de nuestro país -el gasto en vivienda supone aproximadamente el 8% del volumen total del PIB- es comprensible que hayan saltado todas las alarmas.
Menos tensiones inflacionistas
¿Debería pues preocuparse la economía española por esta ralentización en la construcción o tiene sin embargo recorrido suficiente para hacerle frente? El Gobierno ya se ha encargado de atemperar los ánimos y ha reiterado por activa y por pasiva que el ajuste en el sector inmobiliario será «suave» y «no brusco» y que por tanto la economía española, que en el primer trimestre del año creció un 4,1%, será capaz de hacerle frente. Precisamente el ministro de Economía, Pedro Solbes, descartó que esta ralentización de la actividad inmobiliaria vaya a perjudicar al crecimiento de España. Es más, Solbes consideró «positiva» una etapa de menor expansión del ladrillo, porque a su juicio «el crecimiento se mantendrá alto» pero con menores tensiones inflacionistas. En este sentido el vicepresidente económico descartó realizar una revisión a la baja de las previsiones de crecimiento para 2007, que el Gobierno estableció en el 3,3%.
Por su parte, desde el Ministerio de Vivienda se está «convencido» de que la vivienda libre, ahora con «precios innacesibles» estará en términos de incremento «en valores próximos al IPC» a final de año. La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, explica que cuando iniciaron la legislatura el precio de la vivienda subía casi un 19%, mientras que en el primer trimestre de 2007 lo hacía en un 7,2%. Para la ministra, el «sector de la construcción está preparado para asumir el ajuste que se está produciendo.
Si desde el Gobierno se busca atemperar los ánimos y reducir las alarmas sobre la deriva que está tomando el sector inmobiliario, los promotores también han descartado que este sector vaya a sufrir una crisis, aunque reconocieron el inicio de un nuevo ciclo marcado por la concentración de las medianas empresas, la apertura al exterior de los promotores y la búsqueda de nuevas fuentes de financiación.
Precisamente buscar nuevas fuentes de financiación es lo que el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, recomienda a las entidades financieras. Ordóñez aconseja a los bancos que «vayan limitando la importancia que en sus carteras crediticias ha tenido el sector inmobiliario en los últimos años, orientándose hacia otros ámbitos de actividad diferentes «cuando el mercado inmobiliario modere su actividad». El gobernador resalta que en 2006 las entidades han mantenido un «notable» crecimiento de su actividad bancaria, tanto en lo relativo a la concesión de financiación de empresas como también a los hogares, lo que explica la «muy favorable» evolución de sus resultados. «Sin embargo, si en el futuro la actividad se desacelera, podrían sufrir los márgenes de la cuenta de pérdidas y ganancias», señala el organismo supervisor.
Nuevos sectores
Pero a pesar de las recomendaciones del Banco de España a las entidades financieras, el organismo regulador sostiene que aún se mantienen «importantes soportes» para el dinamismo de la demanda de vivienda a medio y largo plazo, derivados de factores sociodemográficos como la pujanza de la inmigración, la creciente incorporación de las mujeres al mercado de trabajo o la reducción del tamaño de las familias, que continuarán traduciéndose en incrementos «sustanciales» del número de hogares.
Hay que recordar también la importancia que en la economía española está adquiriendo la inversión en bienes de equipo, cuyo crecimiento en el primer trimestre del año alcanzó del 12,1%, lo que podría compensar la desaceleración en el sector del ladrillo. Según apuntan los indicadores coyunturales, la inversión en equipo ha seguido mostrando una gran fortaleza al comienzo del segundo trimestre. El Gobierno recuerda que no hay que dejar de lado ni menospreciar a este sector cuya contribución al crecimiento de nuestra economía está siendo importante.
Revelador es también el peso que la obra civil está adquiriendo en la economía a la vista del fuerte crecimiento de la licitación oficial, lo que por otra parte podría compensar la desestabilización de la vivienda.
Francisco Paramés, gestor del fondo español que mejor se ha comportado en los últimos cinco años, recomienda a sus clientes que reduzcan su exposición a los valores nacionales. Y es que espera que el desplome del mercado inmobiliario arrastre consigo a empresas que dependen de la economía española, que "se enfrenta a tiempos muy difíciles".
Hace unos meses Paramés recibió una nota escrita a mano del multimillonario Warren Buffett en la que le ped¡a su opinión sobre invertir en España. Y aunque le emocionó que le pidieran su consejo, no se mostró muy optimista sobre la economía del país.
Paramés, que supervisa la inversión de 6.000 millones de euros en Bestinver Asset Management, con sede en Madrid, pronostica que el desplome del mercado inmobiliario se extenderá arrastrando consigo a empresas que dependen de la economía española. Sus previsiones le han llevado a no comprar acciones de inmobiliarias españolas en los últimos cinco años.
"Mucha gente acabará en el paro", advierte Paramés, de 43 años. "Nuestra apuesta más importante es la que no se ve: que no apostamos por la econom¡a española, que se enfrenta a tiempos muy difíciles por la burbuja crediticia", explica.
Las obras para la construcción de viviendas iniciadas en 2006 en España alcanzaron 664.924 unidades, según el Ministerio de Vivienda, casi tres veces el volumen del Reino Unido. Paramés recuerda que "la actividad crediticia ha subido un 25 por ciento anual durante seis años'', algo que "nunca había pasado en ningún lugar del mundo, ni en China".
Estrategia
Paramés está recomendando a sus clientes que incrementen sus inversiones en acciones globales en detrimento de los valores españoles. También está relajando las condiciones que le requieren mantener primordialmente acciones españolas en su principal fondo, Iberia, así como comprando más acciones portuguesas y empresas pseudo-locales como Arcelor Mittal, la mayor acería del mundo, con sede en Rotterdam, y cuyas acciones cotizan en Madrid.
La estrategia está recompensando a Paramés. El fondo de renta variable de Bestinver Bolsa, con una cartera de 1.160 millones de euros, tuvo una rentabilidad anual promedio del 27 por ciento en los últimos cinco años, lo que le convierte en el fondo de mayor rentabilidad del mercado español de fondos, según los datos registrados por Bloomberg.
El mayor fondo de Paramés, el fondo mixto de 1.500 millones de euros Bestinfond, tenía alrededor del 18 por ciento en valores españoles a finales de marzo, por debajo del 19 por ciento en diciembre y de alrededor del 50 por ciento en 2005. El resto está en renta variable europea o renta fija. Ha dado una rentabilidad del 25 por ciento en los últimos cinco años, superando al Dow Jones Stoxx 50.
* La banca abre la puerta para desprenderse de sus propiedades antes del final del ciclo inmobiliario
* Santander y BBVA se deshacen de sus activos para seguir en alquiler o construirse otra sede
* Otras empresas del Ibex también hacen lo mismo, mientras las medianas estudian seguir sus pasos
MADRID.- Si usted se ha planteado comprar un rascacielos, ésta es su oportunidad. En las próximas semanas, saldrá a la venta un nutrido paquete de torres de diseño y vetustos edificios emblemáticos en las mayores ciudades de España. Parte de ellos, vacíos, aptos para alquilar o revender; otros, con inquilino garantizado a largo plazo. Es fácil contactar con los propietarios. Están a la cabeza del Ibex 35, el índice bursátil que agrupa a las empresas más potentes de este país.
Santander, BBVA, Telefónica y Repsol YPF -cuatro de los seis mayores grupos nacionales- han colgado el cartel de se vende en la mayoría de sus inmuebles. En el caso del banco liderado por Emilio Botín, en todos menos uno: la sede del Paseo de Pereda en Santander, donde tiene su domicilio social desde 1923.
¿Casualidad o intuición? No hay una única razón que justifique por qué ambos bancos y las dos empresas han tomado tan importante decisión casi al unísono. Necesitan el dinero por diferentes motivos y tienen en mente estructuras corporativas distintas. Pero todos están de acuerdo en que el ciclo del mercado inmobiliario ha tocado techo. Y aunque el segmento de oficinas continúa siendo un refugio relativamente seguro en comparación con la vivienda, han asumido que la curva de precios ascendentes va a empezar el camino de retorno.
Lo que parece evidente es que el Santander y el BBVA no dan puntada sin hilo. Han elegido el mejor momento para deshacerse de sus activos, optar por fórmulas de alquiler o por construir sus centros operativos en la periferia madrileña donde los precios son ahora más asequibles y comienzan a repuntar por la mejora de las infraestructuras. Los expertos dicen que se trata de dos operaciones "meticulosamente estudiadas" para aprovechar la liquidez que existe en estos momentos, lo que significa que no van a tener dificultades en encontrar compradores. A esto hay que sumar el interés de las inmobiliarias de diversificar sus inversiones en el segmento de oficinas tras la desaceleración ya detectada en el residencial.
Las ventas anunciadas por los dos grandes bancos no van a provocar una convulsión en el mercado inmobiliario porque no van a incrementar la oferta de metros cuadrados, que podría hacer caer de golpe los precios. El Santander seguirá como inquilino de su actual sede y el BBVA tendrá que continuar durante un tiempo en los centros que está dispuesto a vender, se estima que unos dos años, hasta que construya y pueda trasladarse a su propia ciudad financiera. Por si fuera poco, aunque los precios del alquiler siguen subiendo como consecuencia del exceso de oferta y la caída de la demanda, las expectativas a futuro de la rentabilidad de los alquileres nunca han estado tan bajas por la desaceleración inmobiliaria.
Mercado de oficinas
Ahora mismo, el mercado de oficinas en las grandes capitales, sobre todo en Madrid, está en máximos de rentabilidad. Pero continúa el estrangulamiento entre oferta y demanda. Por tanto, el precio de compra o de alquiler está por las nubes. Aún así, en 2006 se realizaron importantes operaciones de compra: El Corte Inglés se quedó con la cartera de la familia Reyzábal en Asón Inmobiliaria por unos 480 millones de euros; Pontegadea, del duelo de Zara, Amancio Ortega, compró la sede de Axa por 105 millones; Reig Capital Group adquirió por 120 millones la sede de Mutua Madrileña; y la división Mapfre Inmuebles, del grupo asegurador, compró a Barcalys un edificio en el norte de Madrid por 112 millones.
Según el informe de Knight Frank, correspondiente al primer trimestre del año, "la fuerte demanda mantiene la favorable evolución del mercado" y las rentabilidades de las inversiones continúan en tasas del 5,75%. En cuanto a las rentas de alquiler, siguen la línea expansiva con un aumento interanual del 23% al 32% según zonas.
Madrid es ahora mismo la decimosexta ciudad más cara del mundo en alquiler de oficinas. De ahí que, las inmobiliarias confíen en que la salida al mercado de las torres de la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, entre ellas la de Repsol YPF, suponga un balón de oxígeno para aumentar la disponibilidad de metros para la venta y el alquiler de despachos. Sin embargo, donde está aumentando espectacularmente la demanda de metros cuadrados de oficinas es en los pueblos de la periferia de la capital. Es donde se están realizando el mayor número de contrataciones por la mejora de los accesos, precios más asequibles y la existencia de edificios modernos completados con moderna tecnología.
La ciudad financiera en venta
Ninguno de los cuatro grandes grupos empresariales (Santander, BBVA, Telefónica y Repsol YPF) deja para mañana lo que pueda vender hoy. Lo que ha aparecido estos días en forma de noticia podría publicarse en breve en formato anuncio. No sería la primera vez. En 2003, el Santander, entonces BSCH, colocó un anuncio en prensa digno de coleccionista. Ofrecía la Torre Negra, uno de los edificios más conocidos de la 'city' madrileña, de 23.000 metros cuadrados construidos y 8.000 de superficie. Finalmente, sería escriturado por 101 millones de euros, a favor de la Oficina Española de Patentes y Marcas.
Ahora, el Santander necesitaría varias páginas para describir las propiedades que pondrá en venta. Nada menos que 44 inmuebles, incluida la ciudad financiera de Boadilla del Monte, con sus edificios satélite, avenidas asfaltadas y campo de golf. Emilio Botín podrá seguir practicando su deporte favorito, puesto que el banco seguirá ocupando en régimen de alquiler las actuales instalaciones. La entidad espera obtener 4.000 millones con la desinversión y unas plusvalías cercanas a los 1.400 millones que servirán para amortiguar la adquisición de un buen trozo de ABN Amro.
Los expertos dicen que "no se trata de una operación estrictamente inmobiliaria sino financiera". Santiago Fernández-Fígares, director del segmento de Banca y Seguros de Aguirre Newman aclara que "en realidad, lo que adquirirá el inversor es un bono de un inquilino triple A con una rentabilidad garantizada". Dependerá del precio que ponga el Santander en la venta (tres firmas han sido contratadas para valorar los activos. CB Richard Ellis, Knight Frank y Jones Land Lasalle) o de lo que esté dispuesto a pagar por el alquiler.
¿Quién puede comprar los activos del Santander? Fernández-Fígares dice que habrá que esperar a ver si la venta se hace en un paquete o se trocea entre varios inversores. "Seguramente se realizará en lotes porque una cosa son las instalaciones estrictamente bancarias y otra, por ejemplo, los locales comerciales de la propia ciudad financiera, habrá que ver su tamaño y su ubicación", añade. Compradores no les van a faltar porque según este experto "las grandes compañías inmobiliarias españolas quieren reducir su exposición en el mercado residencial de viviendas y quieren patrimonializar sus inversiones en oficinas".
Metrovacesa es la inmobiliaria que lidera todas las quinielas. Acaba de realizar una operación parecida en Londres comprando la sede del HSBC por 1.600 millones con una garantía de alquiler para los próximos 20 años por 64 millones. Metrovacesa tiene una buena relación con el Santander. Hace dos años vendió a uno de sus fondos inmobiliarios, el Santander Real Estate, el Edificio España en Madrid.
Los expertos no descartan "a ninguna de las más importantes inmobiliarias del país, ya que es posible que formen un pool para conseguir mejores condiciones". Entre ellas citan a: Sacyr Vallehermoso, aunque ahora está enfrascada en su opa sobre la francesa Eifage; Rayet, que ha reforzado en los últimos meses su estrategia de diversificación, incluso entrando en medios de comunicación, ante la desaceleración del negocio tradicional de la construcción; o Renta Corporación, que a finales del mes pasado anunció la adquisición a Olympe de un rascacielos (Tour La Villette) en París de 125 metros de altura por un importe de 130 millones con la intención de destinarlo al mercado de oficinas.
Los grandes fondos de inversión inmobiliaria también son candidatos a participar en esta adquisición. Pero todavía nadie se atreve a avanzar nombres.
De cualquier forma, los expertos consultados dicen que "lo normal es que la búsqueda de posibles compradores se haya encargado a las empresas que hacen la valoración, pero se trata del Santander y al banco de Botín le gusta hacer las cosas sólo y no suele contratar a asesores inmobiliarios para todo el proceso".
En CB Richard Ellis, como en Knigth Frank y en Jones Land Lasalle, prefieren no pronunciarse sobre su trabajo para el banco. Los expertos dicen que "los clientes, y el Santander es muy selectivo, suelen introducir en los contratos rigurosas condiciones de confidencialidad".
BBVA quiere una nueva sede
La operación de BBVA responde también a la idoneidad del momento ante las previsiones de chaparrón inminente sobre el negocio del ladrillo. Pero el destino del dinero es bien distinto. La entidad presidida por Francisco González podría obtener unos 800 millones con la transacción, que serían reinvertidos en la construcción de una nueva sede corporativa.
La entidad está mirando terrenos en el barrio madrileño de Las Tablas. Ya ha entablado negociaciones con el dueño del suelo, el grupo Monthisa Parque (GM). BBVA se desprenderá de otro de los edificios más emblemáticos de la Castellana madrileña, la Torre Azca. El rascacielos engrosará un paquete de inmuebles en el que figurará la antigua sede madrileña del Banco de Vizcaya.
Los expertos comentan que esa oferta de metros saldrá al mercado a medio plazo ya que el banco necesitará permanecer en esos centros hasta que construya su ciudad financiera. "De todas formas, no se trata de un volumen que pueda afectar al mercado", comentan. Pero quien se quede con esas oficinas deberá tener en cuenta un posible cambio de tendencia del sector "y eso influirá en el precio de la operación ya que, a mayor plazo, mayor riesgo de que cambie el ciclo", añaden.
El modelo es similar al planeado por Repsol YPF, y opuesto al aplicado por empresas como Aguas de Barcelona (Agbar) o Gas Natural. Las dos compañías catalanas, participadas por La Caixa, vendieron recientemente sus respectivas sedes históricas. La primera, a la Generalitat; y la segunda al grupo inmobiliario Lar Crea. Pero, en ambos casos, el destino de la mudanza fue otro rascacielos, plantado en el centro de Barcelona. Agbar ubicó su sede en la inconfundible torre bautizada con su nombre. Por su parte, Gas Natural abandonó el inmueble que ocupaba desde 1895 para instalarse en la Barceloneta.
Por su parte, Repsol YPF decidió embarcarse en la construcción de una torre de 250 metros en los terrenos donde entrenaba el Real Madrid. Sin embargo, ha optado por sacar a la venta el edificio antes de su inauguración. Ya tiene varias ofertas sobre la mesa y la operación podría estar cerrada antes de agosto. Prevé ingresar 800 millones de euros. Esta partida se sumaría a los 160 millones que se ha embolsado desde 2006 con la venta de varios inmuebles en Madrid.
En un par de años, la petrolera dejará libre su sede actual en la Castellana, ocupada en régimen de alquiler al igual que las otras 10 propiedades que ostenta en la capital, y montará sus oficinas en el barrio de Méndez Alvaro, en un complejo similar al que desea desarrollar BBVA en Las Tablas. En este mismo distrito tiene sus nuevos cuarteles generales Telefónica. La operadora inició el proceso en 2002 y ya ha obtenido unos recursos de 1.900 millones con la venta de más de 300 edificios.
Y perjudica a la economía real. El presidente de EDEM es un muy activo empresario que se ha aventurado en múltiples actividades: construcción, automoción, gasolineras o formación
El empuje emprendedor que pone Manuel Palma en todas sus actividades ha llevado el éxito a EDEM, la escuela de negocios de AVE, que acaba de clausurar el curso 15x15, y le impulsa a adentrarse en nuevos negocios.
–¿Cómo se embarca en una nueva aventura con Puchades en la construcción con lo que está cayendo en el sector?
–Estoy en la construcción desde el año 93 que hice mi primera promoción. No hago muchas, pero sí de forma continua. Actualmente estoy haciendo varias y a la espera de poder iniciar la Ciudad del Automóvil en Paterna. Ahora viene el boom de la VPO porque la ley va a obligar a que una parte de las promociones sean de protección. Es el negocio del futuro. La VPO como el automóvil son negocios muy profesionalizados, o lo conoces bien o te arruinas porque juegas con márgenes muy pequeños. Hasta ahora había grandes márgenes en la construcción, pero con la VPO no. Edival es la empresa que más VPO ha edificado en la Comunitat en toda la historia, así que son especialistas. La idea es presentarse a concurso de las promociones que vayan saliendo.
–¿El resto del sector se está parando?
–No es que se esté parando, es que está totalmente parado. Hay una gran paralización de las ventas. El mercado de la vivienda libre se para pero no el de la VPO, de modo que el sector continuará. Si sacamos un millón de viviendas de protección están vendidas en el acto. Hay demanda de pisos pero no a los precios que se están pidiendo. La carpintería es la misma, el electricista tiene que trabajar igual, la mano de obra de peones, albañiles y arquitectos es la misma. Los únicos perjudicados serán los propietarios de suelo; pero estaremos encantados todos los españoles. Quien tenga suelo libre o lo reconvierte o se lo tiene que comer.
–¿Afectará negativamente a la economía el fin del boom inmobiliario?
–Para mí es el boom inmobiliario el que ha perjudicado a la economía. Al final, el boom inmobiliario beneficia a unos pocos y perjudica a la economía real. Si voy a montar un despacho y la oficina que necesito alquilar o comprar es muy cara, pues no monto el despacho. Eso es igual para una tienda, un restaurante, un concesionario. La economía no es construir, es el despacho, la tienda, el restaurante. Ésa es la economía real que se para por culpa del precio de los inmuebles. Los Gobiernos no sólo deberían ocuparse de hacer VPO, tendrían que hacer locales y despachos de protección oficial. Todo el que quiera comprar una oficina debiera tener un precio tasado, a condición de que no pueda venderlo, para que no especule. También podría ser alquiler tasado. Esto movería la economía real porque cada vez que se abre una oficina, una tienda un restaurante se crean puestos de trabajo, además ocupaciones en el tiempo, no como los de la construcción, que terminan con la obra. El boom inmobiliario ha hecho ricos a unos pocos y el resto de españoles está pagando con la hipoteca del dinero que ha ido a parar a unos pocos grandes propietarios. Algo parecido habría que hacer con suelo industrial o con bajos comerciales. ¿Por qué se hace un edificio de VPO y los bajos son libres? Por qué no dejar precio tasado para alentar el comercio. Yo mismo debería abrir 10 o 12 concesionarios más y no los abro porque el valor del suelo es tan alto que no me compensa la inversión que tengo que hacer con el beneficio que me va a dar.
–¿Tan bien va la demanda que necesita abrir tantos concesionarios?
–Antes sólo podías abrir donde el fabricante te decía. Ahora, una vez que te dan la concesión de una marca puedes abrir donde quieras y cuantos quieras. Por lo tanto me interesaría abrir más, aunque competiera conmigo mismo con otras marcas o incluso con una misma marca. Tengo una persona ocupada en buscar locales o solares pero no encuentro nada a un precio relativamente competitivo.
–Sin embargo el sector de automoción se quejan de que se han acabado las vacas gordas.
–Sí , pero no es cierto. El año pasado se vendieron un millón y medio de coches y este año se venderán un millón cuatrocientos. No es significativo. Sobre todo teniendo en cuenta que los dos últimos años han sido los mejores de toda la historia. Esto es como la alimentación; dicen que es un sector maduro, pero no dejan de abrir supermercados. El automóvil es también un artículo perecedero. El coche se cambia con frecuencia y además tienen cada vez la vida más corta, porque hay más exigencias. No es como la vivienda que te puede durar 80 o 100 años. Cada vez venderemos más.
–Desde la asociación de concesionarios reclaman un Prever más amplio.
– El Prever es bueno porque además vas a retirar coches más viejos. Lo que habría que hacer es poner medidas drásticas, como que a partir de que el coche tenga 10 años no se pueda vender, como los vehículos industriales. Luego la ITV debiera ser más rigurosa. Si un coche no está para circular no debiera circular. No hay más que salir a la calle para ver que las ITV no están siendo rigurosas, hay muchos coches que no debieran circular y están poniendo en peligro a los demás. Todos vemos que de cada cuatro coches uno echa una humareda tremenda.
–Tuvo una experiencia con ITV y con el negocio de las gasolineras
–No salió. Tuve dos gasolineras y las vendí porque o tienes una cadena de gasolineras o no puedes competir. E intentado entrar en la ITV pero las concesiones no pueden darse a empresas que tengan automóviles, algo absurdo porque nadie mejor que quienes conocen el coche para hacer la revisión.
–¿Saldrá fuera de Valencia?
–Si surge la ocasión sí, pero no voy a saltar a Madrid si antes no he tomado Cuenca.
–¿Crecimiento orgánico o por adquisiciones?
–Lo que hacemos ahora es comprar pero es complicado. En la alimentación tienes más dinero cuando abres que antes porque pagas a los proveedores a 90 días y cobras en el momento. En la automoción pagas antes de que te llegue el coche y además pagas más de lo que vale porque adelantas las promociones. Si los fabricantes tuviesen que devolver todo lo que deben a los concesionarios y pasar a cobrar a 90 días, quebrarían, ninguno tendría posibilidad de asumirlo.
–Una de característica de sus concesionarios es el precio fijo.
–Sí. Detectamos que a los clientes les preocupaba el regateo. Diez clientes entran en un mismo concesionario y salen con diez precios distintos. El regateo genera desconfianza porque el que compra siempre piensa que podría haber sacado un precio más bajo. A mí lo que me interesa es que haya confianza y que luego siga haciendo negocio con nosotros. Nadie se plantearía entrar en una tienda de ropa y regatear.
–¿Es extensible a otros ámbitos la remuneración variable característica de los comerciales?
–No. Cada departamento hay que evaluarlo de forma diferente, pero siempre habrá fórmula de recompensar la productividad más que pagar por convenio. Tengo una máxima: los funcionarios están mal pagados: Un buen funcionario obtiene como premio más trabajo, mientras que al malo le quitan trabajo, y al final cobran lo mismo.
Blanqueando dinero, según Kroll. El director general adjunto de la sociedad de consultoría y detectives privados Kroll España, Luis R. Soler, advierte de que muchas empresas inmobiliarias españolas no son conscientes de que incumplen la ley de prevención de blanqueo de dinero, y asegura que la implantación de sistemas de control internos en el sector es "realmente escaso".
Soler, que participó en el seminario "Prevención de Blanqueo de Capitales", organizado con motivo de la VIII edición de la Conferencia Inmobiliaria de Madrid, celebrada en el marco del SIMA 2007, reconoció que España vive en esta materia una situación "realmente preocupante".
"Aunque la identificación del cliente con DNI o NIF existe, el establecimiento de políticas de conocimiento del cliente, análisis documentados y seguimiento de operaciones sospechosas y su consiguiente comunicación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) son prácticamente nulas", añadió.
El director general adjunto de Kroll España recordó que los técnicos del Ministerio de Economía y Hacienda desvelaron en 2006 que seis de cada diez agencias inmobiliarias aceptaban dinero negro en sus pagos y, además, que uno de cada cuatro billetes de 500 euros que circulaban hace un año por la UE, se encontraba en España.
Por este motivo, defendió la necesidad "urgente" de que el sector inmobiliario adopte los controles internos que la Ley exige para evitar este tipo de prácticas delictivas en España.
En este punto, precisó que si bien las promotoras inmobiliarias más grandes están más sensibilizadas, del resto, aquellas que son conscientes, "se encuentran dando tan sólo los primeros pasos".
Decenas de personas se suben a la bicicleta en Madrid para defender el derecho a la vivienda. La manifestación partió de Nuevos Ministerios y se dirigió al parque del Retiro
'Algo va mal, España es el país con más viviendas vacías', critican los participantes.
EFE MADRID.- Decenas de personas se han subido a sus bicicletas para circular por el centro de Madrid en protesta por la dificultad de acceso a la vivienda.
Los integrantes de la marcha llevaban pancartas con lemas como "Pisos, no prisiones hipotecadas" y vestían diversos disfraces, entre ellos el clásico de presidiarios a rayas blancas y negras.
La manifestación, que se desarrolló en tono festivo en todo momento, partió de Nuevos Ministerios y se dirigió al parque del Retiro, donde esperaban a los ciclistas otras decenas de personas, algunas de ellas agrupadas en la 'batucada' Bloco da baliza, un grupo de percusión de inspiración brasileña.
Todos juntos recorrieron el parque y entregaron panfletos en los que se protesta porque España es "el país con más viviendas vacías, con el parque de vivienda de alquiler más pequeño", mientras es también el que más construye y en donde la vivienda se vende a precios inalcanzables para muchos.
"No hace falta ser una lumbrera para darse cuenta de que hay algo que va mal", señalaba el panfleto, en el que se rechazaban "la especulación y el urbanismo depredador". El grupo que seguía a la 'bacutada' también esgrimía pancartas con lemas como "Precio no sostenible" o "Derecho a techo. Stop especulación".
Para los manifestantes el de la vivienda es un problema político cuya resolución corresponde a los políticos. Entre otras medidas, exigen más viviendas protegidas, penalizaciones para la vivienda vacía, lucha contra la corrupción, política urbanística contra la especulación o aumento del parque de vivienda públicas.
Activistas de la Plataforma por una Vivienda Digna protestaron en el Salón Inmobiliario de Madrid, disfrazados de presos y con billetes falsos de 500 euros adheridos a su indumentaria.
La “visita”, que se realizó el fin de semana pasado, fue pacífica en todo momento, y se articuló como una protesta por la especulación desmedida y los elevados precios de la vivienda en España (foto).
Entre los mensajes escritos que llevaban los miembros de la plataforma se podían leer frases como “Que levante la mano el que tenga derecho a una vivienda pero no la pueda pagar”, o “No somos tontos, la vivienda no vale lo que cuesta”.
Este último mensaje era corroborado de alguna manera por la publicidad de algunas empresas presentes en el salón, ya que si algo ha caracterizado al SIMA 2006 es la poca afluencia de público y la abundancia de descuentos por adquirir una vivienda. El grupo murciano MAN ofrecía 12.000 euros de descuento y el grupo Pinar llegaba hasta los 18.000 euros en algunas promociones. Otras promotoras han ofrecido también descuentos económicos y algunas lo han hecho en especie, como un año gratis de Digital +, muebles gratis o rebajas en la hipoteca.
Uno de los aspectos de la feria que más indignó a los activistas por una Vivienda Digna fue la falta de viviendas asequibles para los jóvenes, destacando que un joven con un salario medio sólo pueda aspirar a una vivienda a 50 Km. de la capital, y aún así pagando más de 120.000 euros. "Quieren que nos vayamos de Madrid, y por eso protestamos en este salón, porque nuestra vida y familia está aquí y no queremos malvivir a 50 Km. de distancia", declaraba uno de los presentes.
La Plataforma por una Vivienda Digna mantiene que las diferentes administraciones, en especial las autonómicas, tienen la principal culpa de la situación actual y reivindica medidas contundentes para atajar el gravísimo problema del acceso a la vivienda existente en España. Algunas de estas medidas son una mayor carga impositiva a las viviendas vacías (sólo en Madrid se estiman en más de 300.000), reformas profundas en la gestión del suelo para no fomente la especulación, reformas en la gestión de las cooperativas, fomento del alquiler y medidas para asegurar la protección medioambiental en los nuevos desarrollos urbanísticos, entre otras.
La Plataforma, no alineada a ninguna corriente política y con comités en las principales regiones españolas, pretende seguir movilizándose y mostrando su rechazo a los altos precios de la vivienda, que contrastan con la precariedad laboral en la que se desenvuelve la mayor parte de la juventud española.
Caro le ha salido a la promotora Hercesa evitar el escándalo en el Salón Inmobiliario de Madrid (SIMA). La inmobiliaria alcarreña se ha comprometido a pagar el alquiler, los guardamuebles y las mudanzas de sus clientes por cada día de retraso en la entrega de las llaves de sus casas en la urbanización Los Parques de Arroyomolinos (Madrid). A cambio, los compradores han desconvocado la manifestación que tenían prevista a las puertas del IFEMA para mañana sábado, en el día de más afluencia al Salón.
“No todos los compradores de las aproximadamente 400 viviendas de Hercesa en Arroyomolinos van a recibir los importes de Hercesa. Sólo los que, a causa del retraso, se han visto obligados a pagar alquileres y no son capaces de afrontar ambos pagos”, ha declarado a este diario uno de los propietarios. “Hay personas que llevan esperando por sus casas desde noviembre de 2006, fecha desde la que están pagando por sus alquileres casi 800 euros mensuales”, añade. El número de beneficiados por el acuerdo ascenderá a cerca de una docena. La ausencia de colector de aguas residuales y problemas con el repetidor de Iberdrola han sido los motivos de los retrasos.
Los futuros vecinos, unidos en el blog Los Parques, sabían de la presencia de Hercesa en el SIMA, donde la inmobiliaria ha hecho estos días un importante despliegue, con un gran stand en el pabellón 8 y bicicletas promocionales por las inmediaciones del Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid. De hecho, los organizadores del Salón, Grupo Planner y Asprima, le concedieron a Hercesa el premio a la mejor actuación en vivienda libre de nueva construcción por el edificio Santo Domingo, en Guadalajara.
Las promociones de Arroyomolinos no son las únicas que le han dado quebraderos de cabeza últimamente a Hercesa. A mediados de este mismo mes de mayo, este diario publicó que la Fiscalía Anticorrupción investigaba alcalde de Cañizar, un pueblo de Guadalajara, por recalificar suelo a Hercesa, inmobiliaria para la que el edil trabajaba. En el marco de las investigaciones, el Ayuntamiento de Cañizar y la propia promotora fueron objeto de intervenciones judiciales.
Las contingencias en las promociones son moneda corriente en muchas de las promotoras, grandes y pequeñas, que estos días se visten de largo en el Salón Inmobiliario de Madrid. Fadesa, recientemente adquirida por Martinsa, ha recibido demandas judiciales por defectos en promociones por un importe de 10,8 millones de euros.
Esperanza Aguirre ha tomado posesión de la presidencia de la Comunidad de Madrid con un discurso autoproclamado liberal y la intención de convertir su mandato en el escaparate de lo que podría ser un Gobierno del Partido Popular en todo el país. Al margen de que su ejecutoria no acaba de confirmar ese empeño en presentarse como liberal, merece la pena mencionar la inconsistencia que se aprecian en sus propuestas de política económica para gobernar Madrid durante los próximos cuatro años y que se resumen en nuevas rebajas de impuestos -incluyendo la eliminación total o parcial del "anacrónico" impuesto sobre el patrimonio- y en un aumento de las desgravaciones tributarias concedidas por la adquisición de vivienda.
Subir la desgravación por vivienda parece una decisión irresponsable porque es lo contrario de lo que debe hacerse para bajar los precios de los pisos. Mientras el Gobierno intenta enfriar la demanda de vivienda rebajando su principal y poderoso incentivo, la desgravación en el IRPF, y sugiere que puede sustituirse por ayudas directas, el Gobierno de Madrid se dispone a apagar el incendio de los precios arrojando gasolina. Con esta decisión, el PP de Madrid conseguirá satisfacer a sus votantes, pero es seguro que estimulará la subida de los precios del metro cuadrado e impedirá que se alcance uno de los grandes objetivos de cualquier política de vivienda: permitir el acceso a ella, en propiedad o en alquiler, a los grupos de población con las rentas más bajas.
La avidez de la señora Aguirre por reducir los impuestos en su área de dominio autonómico es poco original; coincide con la desenvuelta irresponsabilidad fiscal que practican muchos gobiernos autonómicos. El Gobierno central corre con la impopularidad de la recaudación y las autonomías se dedican a presionar sobre la Administración para acrecentar su capacidad real de gasto, sin coste político alguno. En el caso de Madrid, nada impide a Esperanza Aguirre rebajar los impuestos a los madrileños; pero es una incongruencia peligrosa para el equilibrio presupuestario y social de la nación que, a continuación, se declare en estado de airada reclamación permanente de más fondos e inversiones procedentes del Presupuesto del Estado.
Todo lo anterior permite expresar serias dudas sobre el modelo de gestión de la Comunidad de Madrid. Desde luego, no contribuye a la cohesión fiscal del Estado, sino que parece en abierta confrontación con las decisiones económicas del Gobierno. Tampoco presta atención a los problemas reales de la ciudad y del espacio autonómico. Los servicios de transporte, vivienda, educación y seguridad son insuficientes para responder a las exigencias de una población creciente; basta comprobar, por ejemplo, el deterioro del metro. La presidenta de Madrid parece más preocupada por afianzar el discurso ideológico liberal que por acrecentar el capital de infraestructuras de la Comunidad.
SuperVivienda ha irrumpido este jueves en el pleno municipal de Terrassa ante el incumplimiento reiterado de la clase política al derecho a una vivienda digna.
Ante la inoperancia de la clase política, SuperVivienda ha estado llamado a desenmascarar a las fuerzas malignas que durante la campaña electoral han hecho un uso electoralista de un derecho fundamental, como es el de la vivienda.
Ante el grito de "La vivienda, fuera del mercado, como la sanidad y la educación!", ha querido evidenciar que esta ciudad, que dice llamarse de "las personas" no está hecha para l@s ciudadan@s que la habitan, si no para las constructoras y las inmobiliarias.
Porqué no podemos seguir pagando los alquileres abusivos que nos piden!
Porqué no queremos dedicar el 60% de nuestro sueldo a una hipoteca que nos ahoga!
Porqué se está incumpliendo un derecho fundamental, según el artículo 47 de la Constitución Española!
Y ustedes, nuestros representantes políticos (a pesar del 50% de abstención en las últimas elecciones municipales) son los principales responsables de esta situación, por ceder a los intereses del sector inmobiliario y no a los de la ciudadanía. Porqué prefieren continuar devastando el territorio, construyendo y construyendo, mientras en Terrassa hay censadas 8000 viviendas vacías!
Y ya basta de prometer viviendas de protección oficial, promesas que se incumplen de forma reiterada, que son insuficientes e inaccesibles para la mayor parte de los ciudadanos.
Pero vigilen, porque esto está cambiando. La ciudadanía está empezando a rebelarse ante esta situación y SuperVivienda ya está a su lado.
Por el derecho a una vivienda digna... los precari@s del mundo se rebelan!!
Solo faltas tú. Pero aún estas a tiempo, en septiembre...NO TE PIERDAS LA SENTADA!
El ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) es la primera administración española que ha conseguido la expropiación de Viviendas de Protección Oficial (VPO) después de recurrir a los tribunales por incumplimiento de las condiciones de adjudicación, según publica este martes La Vanguardia.
El consistorio municipal de Sant Cugat, a través de la empresa pública de promoción de vivienda de protección oficial Promusa, ha revisado sus concesiones y ha denunciado a 12 beneficiarios de estos pisos por no vivir en ellos o alquilarlos a terceros.
De momento, el ayuntamiento ya ha acumulado dos sentencias favorables, de los juzgados de primera instancia y de instrucción número 6 de Rubí (Barcelona), que ordenan la devolución de la propiedad de las viviendas y disuelven los contratos de compraventa vigentes.
Promusa ha descubierto que alrededor del 3% de los adjudicatarios de este tipo de viviendas presentan irregularidades, tales como no vivir en ellas, tener otros inmuebles en propiedad y, en algunos casos, tener subarrendados dichos pisos.
Situaciones fraudulentas
El gerente de Promusa, Lluís Hosta, ha comunicado que en Sant Cugat se encontraron 25 pisos que podían estar ocupados de manera fraudulenta y que, tras la contratación de una firma de detectives que investigaron durante un año la situación real de las viviendas, se denunció a doce de ellos a los tribunales.
En declaraciones a Efe, el gerente de la empresa pública de vivienda de Sant Cugat ha explicado que el fraude en la VPO es "mínimo" y que las inspecciones se iniciaron a finales de 2005 a raíz de algunas quejas vecinales que recibió el ayuntamiento.
El montante económico de estas denuncias, presentadas a finales de 2006, es importante ya que, por ejemplo, uno de los pisos recuperados, de 87 metros cuadrados, se adjudicó por 72.300 euros, mientras que en el mercado libre una vivienda similar en la localidad barcelonesa cuesta 426.300 euros.
Hasta el momento, Promusa ha llegado a un acuerdo con tres de estos propietarios, a los que la empresa pública les ha pagado el precio actualizado con el IPC acumulado para la devolución de los pisos, aunque la mayoría de los adjudicatarios denunciados ha preferido agotar la vía judicial.
Lluís Hosta ha detallado que existe jurisprudencia a favor de la demanda de Promusa en otras partes de España y ha explicado que las primeras sentencias ya se han dado a conocer y que las restantes irán sucediéndose en un plazo breve de tiempo.
Segunda fase de la operación "Troya". Los arrestados están relacionados con el mundo empresarial y del sector de la construcción
La Policía Nacional ha detenido al menos a 17 personas en Alhaurín el Grande, Málaga capital y otros puntos de la provincia, dentro de una segunda fase de la 'operación Troya'. La primera fase, en enero de este año, se saldó con la detención del alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, y el concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra.
El alcalde de Alhaurín el Grande (Málaga), Juan Martín Serón (PP), ha defendido la inocencia de los detenidos al asegurar que "nunca" ha metido la mano ni va a permitir que se haga.
La redada sigue desarrollándose en estos momentos por efectivos de la Udyco. Los arrestados estarían relacionados con el mundo empresarial, del sector de la construcción, según confirmó el subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, y se les imputaría inicialmente un delito de cohecho. Las detenciones se han producido por orden judicial, que mantiene el caso bajo secreto de sumario.
Cohecho y prevaricación
Juan Martín Serón y Gregorio Guerra fueron detenidos el día 18 de enero en una cafetería de Marbella, después de asistir a una comida-mitin ofrecida en este municipio por el PP y en la que participó el presidente de la formación, Mariano Rajoy. La juez de Instrucción número 2 de Coín, que se hizo cargo de la investigación del caso, decretó prisión eludible bajo fianza de 100.000 euros para ambos, a los que imputa los delitos de cohecho y prevaricación.
La grabación de una conversación entre un promotor y, al parecer, uno de los detenidos fue uno de los principales pilares de la investigación en la denominada 'operación Troya'. Al alcalde y al concejal de Urbanismo de Alhaurín el Grande se les acusó de presuntamente pedir unos 100.000 euros al empresario que denunció el caso por un asunto urbanístico.
Al parecer, esa solicitud de dinero estaría relacionada con una licencia de obra ya concedida a este promotor para la construcción de un edificio y, a cambio, supuestamente le habrían pedido unos 100.000 euros. Según pudo saber este periódico, la tesis de los imputados fue que el dinero era para una obra municipal en un parque junto a esa edificación.
La Fiscalía de Málaga ya investigó el pasado año al Ayuntamiento de Alhaurín el Grande por presuntas irregularidades urbanísticas referidas a supuestas donaciones por la concesión de licencias, una expropiación municipal y un convenio urbanístico. Esas diligencias fueron archivadas.
El desorden en el crecimiento urbanismo y las dificultades para acceder a una vivienda se han convertido en dos de las principales preocupaciones de los andaluces si se tiene en cuenta el número de quejas que recibió el Defensor del Pueblo sobre estos asuntos durante el año pasado. José Chamizo -que ayer entregó a la presidenta del Parlamento, Mar Moreno, la Memoria del ejercicio 2006- destacó que 728 reclamaciones de las 5.510 quejas presentadas a la institución se referían a estos temas.
El Defensor dedica un extenso apartado de su informe a la ordenación del territorio y en él argumenta que "los planeamientos urbanísticos cuyo modelo están causando rechazo no hubieran tenido lugar si no hubieran sido aprobados formalmente con arreglo al ordenamiento jurídico en vigor por los órganos de gobierno competentes de los municipios y, en los casos en que ello era exigible, por los de la comunidad autónoma". Chamizo concluye en el documento que "los municipios han sido, cualquiera que sea la justificación de las decisiones adoptadas, los principales responsables de la situación creada".
"Consenso", reclamó ayer el Defensor del Pueblo tras entregar el informe. José Chamizo sostuvo que es necesario un acuerdo político sobre planificación territorial que, "respetando la autonomía de los ayuntamientos" logre que impere un modelo urbanístico coherente y sostenible. En el documento, el Defensor propone, entre otras medidas, la celebración de un Pleno monográfico en el Parlamento del que logren extraerse compromisos concretos. Además aporta la iniciativa de que se realicen consultas populares antes de la aprobación de los PGOU para abrir a la ciudadanía el debate sobre el modelo de ciudad.
Chamizo reclama también cambios en el mercado inmobiliario que permitan "a la gente de clase media poder acceder a una vivienda digna, sin necesidad de que sea una VPO". El Defensor denuncia que, a pesar de la alta actividad que tiene el sector de la construcción, el acceso a un hogar resulta cada vez más complicado.
Junto a los problemas generados por un urbanismo descontrolado, el Defensor destaca las quejas recibidas por la atención primaria que reciben niños con discapacidad y mostró su preocupación por las tasas de fracaso escolar.
El precio máximo que pueden pagar por un piso es de 74.000 euros, mientras que las parejas alcanzan los 106.000.
Los jóvenes gallegos lo tienen muy difícil para abandonar el hogar paterno. Para adquirir un piso tienen que destinar el 60% de su sueldo y cada año que pasa aumenta el número de los que ven imposible su emancipación. El importe es inferior a la media nacional en nueve puntos (69%) al salario que este segmento de la población necesita para comprar una vivienda, según el informe del Observatorio Joven de la Vivienda editado por el Consejo de la Juventud de España (CJE) correspondiente al cuarto trimestre de 2006.
De hecho, las comunidades de Galicia y Extremadura son las únicas en las que se emanciparon menos personas que el año anterior (-1,16%). El estudio señala que la menor emancipación residencial de la población joven en Galicia se debe en parte a una coyuntura laboral especialmente desfavorable, ya que, en tres meses, el volumen de de personas jóvenes con contrato indefinido descendió un 1,58%, mientras que -en términos anuales- la contratación temporal en este colectivo aumentó un 7,23%.
El incremento de los precios de la vivienda en Galicia ha contribuido decisivamente al retroceso de la emancipación. En la comunidad el precio medio de los pisos en Galicia se incrementó un 12,93% que, unido al encarecimiento generalizado de los préstamos hipotecarios, se ha traducido en una de las mayores subidas en el coste de acceso a una vivienda libre, del 244,49% en el caso de una persona joven y del 25,89% en el de un hogar joven [pareja]. Para un joven gallego, la compra de un piso supone tener que destinar el 58,8% de su salario al pago de hipoteca y para una pareja, el 41% de todos sus ingresos.
Emancipación
De los 657.844 jóvenes gallegos, -de entre 18 y 34 años-, sólo el 34,6% están emancipados. Por tramos de edad, entre los 18 y 24 años sólo viven fuera de sus hogares paternos el 3%; de 25 a 29 años, el 11,3%; y los de entre 30 y 34 años, el 20,2%.
El salario medio de un joven gallego es de 13.344,75 euros anuales, mientras que una pareja alcanza los 19.139,26 euros.
Mientras, el precio medio de una vivienda libre en Galicia alcanza los 144.800 euros, un 12,93% más que a finales de 2005. Los pisos de segunda mano cuestan 131.360 euros.
En cuanto a superficie, los jóvenes tienen la posibilidad de acceder a una vivienda de 51 metros cuadrados, mientras que las parejas pueden optar a uno de 73,2 metros cuadrados.
Esfuerzo medio en España
En el conjunto de España, el esfuerzo de los jóvenes para poder comprar una vivienda libre alcanzó el 69% de su salario al cierre de 2006, más de 10 puntos por encima de los niveles alcanzados un año antes y más del doble del nivel recomendado (30%), debido a la progresiva subida de los tipos de interés, que no se vio compensada por la desaceleración de los precios de la vivienda.
Según se desprende del estudio, estos niveles de esfuerzo condicionaron que la tasa de emancipación de los jóvenes se situase al término del pasado año por debajo del 50%, en muchos casos, ante la negativa de las entidades financieras a conceder hipotecas en tales términos.
Esta situación fue aún peor entre los 18 y 24 años, cuyo esfuerzo teórico se eleva hasta el 93,4% de su salario. No obstante, en esta franja de edad la tasa de emancipación cae por debajo del 30%, como en el caso de los trabajadores entre 25 y 29 años, cuyo esfuerzo es del 71,7%, porcentaje que cae hasta el 58,6% entre los 30 y los 34 años. Además, el CJE destacó la relación directa que existe entre la tasa de temporalidad y el esfuerzo salarial. Así, subrayó que el menor esfuerzo salarial se produce entre los colectivos con mayor estabilidad laboral.
Según los datos aportados por el Observatorio, poco más del 35% de los jóvenes entre los 18 y los 24 años cuentan con un empleo indefinido, mientras que el esfuerzo salarial que deben emplear para acceder a una vivienda es superior al 93%. Esta relación se observa también entre los 25 y 29 años (más del 50% y 71,7%, respectivamente), y de los 30 a los 34 años (más del 60% y 58,6%).
Todavía no hay permiso para las mesas informativas
La Plataforma Vivenda Digna (PVD) de Salamanca envío hace 14 días sendas cartas a los rectores de la UPSA Y USAL. A día de hoy, PVD Salamanca no ha recibido contestación a las preguntas que formulaba en dichas cartas. Las preguntas buscaban saber qué hacen las autoridades académicas en el ámbito de la vivienda. PVD Salamanca ha aifrmado en su comunicado que "buscará otras alternativas de comunicación con los rectores no cesando en esta labor".
Igualmente PVD Salamanca está esperando el pertinente permiso solicitado al Ayuntamiento de Salamanca para colocación de mesas informativas los días 14 y 15 de Junio. La colocación de estas mesas fue solicitada por la PVD para los días previos a las elecciones municipales, siendo rechazada la petición "por coincidir con otro tipo de actividades".
Las inmobiliarias esperan un efecto dominó en el resto de sus ventas Los primeros compradores de las casas también demandan descuentos
El mercado inmobiliario ha sufrido un vuelco esta semana en Llodio. La decisión de Vallehermoso de rebajar el precio de algunas de las viviendas que está construyendo en el barrio de Latiorro ha desatado los rumores en la localidad. Un portavoz de la promotora explicó a EL CORREO que «hemos reajustado los precios en función de la ubicación y la orientación de algunos pisos que no se estaban vendiendo porque el mercado nos ha dejado claro en qué posición estamos».
La promoción que ha puesto a la venta Vallehermoso está integrada por un centenar de casas y aproximadamente la mitad están ya vendidas.
Los pisos afectados por el reajuste de precios «son los que están situados en las plantas bajas y los orientados al Norte o sin vistas al pueblo», añadió el portavoz de Vallehermoso. También aplicarán unos precios más bajos en la promoción de diecisiete viviendas que comparten bloque con la promoción de viviendas de protección oficial. Vallehermoso no ha detallado el número de casas afectadas por esta medida ni la horquilla de descuentos que se aplicado. Su portavoz, explicó que «pudiera ser que se descontaran hasta 36.000 euros». De momento, la decisión se ha adoptado sólo en la promoción que la empresa construye en Llodio, aunque su portavoz no descartó que pudieran adoptarse iniciativas similares en Vitoria.
El efecto de la medida aún no se ha traducido a los precios de otras promociones, pero las inmobiliarias llodianas estiman que «no tardará en hacerse notar, tanto en los pisos nuevos como en los de segunda mano», según explicó una especialista.
Las oficinas de ventas sí han notado en cambio un estancamiento de las operaciones en los últimos meses, fruto de «los altos intereses y los elevados precios». Durante este periodo, algunos vendedores han reajustado ya el valor de sus casas para adaptarse a la nueva situación del mercado.
El responsable de otra inmobiliaria llodiana señaló que «he empezado a aconsejar a mis clientes con viviendas de segunda mano en venta, que rebajen los precios porque de otra manera, no podrán vender su piso».
MALESTAR
La decisión de Vallehermoso ha provocado un gran malestar entre las personas que ya han firmado su contrato de compraventa en la promoción que ahora se ve afectada por la rebaja. Esta misma semana, una veintena de personas se han reunido para analizar la situación. En unos días volverán a hablar y decidirán las medidas a adoptar. El colectivo espera reunir al medio centenar de personas que ya han comprado pisos en la promoción y esperan que a ellos también se les aplique un descuento en el precio de los pisos que ya han comprado «porque tenemos que hacer un pago dentro de unos días», aseguraron.
Colectivos sociales, sindicatos y diversas personas de procedencia ideológica diferente han firmado hoy en Bilbao un manifiesto en el que defiende que se garantice el acceso de todas las personas a una vivienda desde "la sostenibiliad, el equilibrio y la dignidad".
La magistrada Garbiñe Biurrun y el representante de Juventud Obrera Cristiana Javier Delgado han sido los encargados de leer un escrito en el que se pide "la intervención de las administraciones" para que los desarrollos urbanos "cumplan con los objetivos de equilibrio social". Los firmantes aseguran que "el sometimiento a los intereses" del sector financiero-inmobiliario hace que el mercado de vivienda se convierta "en un factor de discriminación de los hogares, perjudicando la cohesión social".
Por todo ello, los firmantes de la declaración van a pedir a los gobiernos municipales y forales que se van a constituir el próximo 16 de junio, "un control público sobre la política de urbanización", ya que "la sobre- urbanización implica un deterioro físico y social de la ciudad", y "una política de vivienda justa y progresista" y "no una mera construcción de VPO".
Los firmantes creen que el acceso a la vivienda es "un derecho fundamental de carácter social", por lo que debe dejar de ser "una mercancía sujeta a la lógica del mercado para convertirse en un bien social subordinado a las necesidades de la comunidad". Para ello "se debe desligar el derecho a la vivienda del derecho a ser propietario".
El manifiesto recoge la necesidad de "coordinación y gestión común" entre los distintos niveles de la Administración, así como "mayores presupuestos y recursos para impulsar las políticas públicas adecuadas". "El dinero público ha de invertir en la promoción directa de vivienda publica", ha dicho Delgado, "reduciendo o eliminando las deducciones y las ayudas fiscales a la compra de la vivienda", tal y como ocurre en algunos países europeos. Asimismo, los firmantes hacen "una apuesta firme y clara" por el alquiler social, por lo que "es imprescindible poner en marcha una política decidida para aprovechar las viviendas vacías". Sin embargo, exigen que los precios de los alquileres sean "limitados y justos".
Los promotores de la declaración piden a los ayuntamientos que tomen en cuenta la participación ciudadana "en el complejo tema de la vivienda" y han rechazado una política de vivienda "que resulte incompatible con el respeto al medio ambiente".
Finalmente, los firmantes han exigido "que se limiten los niveles de endeudamiento de la ciudadanía", para evitar crisis económicas y sociales y un mercado "basado en la especulación que exprime a las economías familiares".
El escrito de dos páginas está firmado por 20 asociaciones como Euskadiko Gazteriaren Kontseilua, Ezker Gogoa, EDE Fundazioa, Berri Otxoak, Argilan, EAPN Euskadi, Askagintza Bizkaia, Asociación Bizitegi, los sindicatos CC.OO, ESK y STEE-EILAS; la Plataforma Vivienda Digna Euskadi, Kepasakonlakasa, Ciudadan@s por derecho a la Vivienda de Vitoria-Gazteiz, Caritas Diocesana de Bilbao, Juventud Obrera Cristiana, Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera Bilbao, GEIDEAK - Movimiento de Jóvenes de Acción Católica, Euskalerriko Eskautak Bizkaia y Harresiak Apurtuz.
Asimismo, también han rubricado este manifiesto los magistrados Garbiñe Biurrun y Manuel Díaz de Rágago; el director de cine Alex de la Iglesia, los catedráticos de Sociología Javier Elzo y Jon Leonardo; los periodistas Gorka Landaburu y Javier Ortiz; el músico Mikel Urdangarin, el escritor Bernardo Atxaga, el poeta Kirmen Urbibe, los profesores de la UPV/EHU Francisco Letamendía, Ramon Zallo, Julio Arriola y Periko Ibarra, Aitor Bengoetxea, Pilar Garrido, Gorka Moreno; el abogado José Angel Esnaola, la pedagoga Nélida Zaitegi de Miguel, el profesor de la Universidad de Deusto Angel Toña, el arquitecto Luis Rodríguez, el sindicalista Iñaki Uribarri, y el politólogo Felix Arrieta Frutos.
Defiende que la vivienda protegida de alquiler es una prioridad del Gobierno vasco.
En un asunto que genera tantas sensibilidades como el de la vivienda, las recomendaciones realizadas por el Ararteko, Iñigo Lamarca, sobre un cambio sustancial de las políticas públicas en esta materia han provocado la inmediata reacción de plataformas sociales y del departamento de Vivienda del Gobierno vasco, que es el promotor fundamental en la CAV de la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VOP).
Así, el departamento que dirige Javier Madrazo defendió ayer los sorteo de las VPO al ser "un mal necesario porque no existe un sistema mejor" y recordó que la promoción de vivienda protegida en alquiler constituye una "prioridad" del Gobierno vasco.
El viceconsejero de Vivienda, Javier Deán, manifestaba ayer "compartir" la inquietud del Ararteko y "respetar" su opinión. Sin embargo, matizó que sólo a medio plazo podría llegarse a un "escenario ideal" en el que haya suficientes viviendas públicas para cubrir la demanda existente a través de la adjudicación mediante listados, pero puntualizó que "aún no estamos en una situación que nos permita adjudicar en base a criterios suficientemente claros y transparentes para el resto de la ciudadanía". Citó el caso de Francia, que "está volviendo atrás en la utilización del baremo" tras las importantes revueltas registradas hace dos años en determinados barrios de viviendas sociales, para "valorar precisamente el sistema de sorteo que aquí utilizamos. No tiene sentido que cuando en Europa están pasando del sistema de baremo al de sorteo porque el primero ha generado guetos de difícil gestión, aquí vayamos en sentido contrario".
En cuanto a la promoción de vivienda protegida en alquiler, el viceconsejero recordó que constituye "una prioridad del Gobierno vasco, que ha colocado a Euskadi al nivel de la Unión Europea en promoción de este tipo de régimen en los últimos años, aunque Europa nos saque aún muchas traineras porque lleva en el alquiler público desde la Segunda Guerra Mundial", matizó.
El impulso al alquiler ha ido cobrando fuerza en los últimos años, de manera que tres de cada diez viviendas iniciadas en Bizkaia y Gipuzkoa se destina actualmente al alquiler, mientras que en Araba es ya el 44%.
VIVIENDA DIGNA
Justo la postura contraria es la que mostró ayer la Plataforma para una Vivienda Digna, uno de cuyos miembros manifestó a este periódico que es "básico" que "toda la VPO sea de alquiler" porque es una injusticia que "con dinero de todos" se financien esas viviendas. También se mostró de acuerdo con el Ararteko en su crítica a los sorteos. "Los derechos no se sortean", es uno de sus lemas.
El frenazo del sector es superior al del conjunto de España, aunque las inmobiliarias descartan un 'crack'
La temida 'burbuja' inmobiliaria pierde aire a marchas forzadas. Más de una década de disparado crecimiento ha inflado de forma espectacular los precios, que ya están a punto de tocar techo, mientras los tipos de interés continúan su imparable escalada. Resultado: la venta de viviendas se frena en seco. O mejor dicho: entra en declive. Y con fuerza. En el País Vasco se desploma a un ritmo anual del 16,7%. Las transacciones realizadas en los últimos doce meses sumaban 29.673 a finales de marzo, casi 6.000 menos que a esas alturas del ejercicio anterior, según datos oficiales del Colegio de Registradores de la Propiedad. La caída en el conjunto de España también es apreciable, aunque menos: un 11,48% en ese periodo.
El 'enfriamiento' del sector es palpable tras una 'fiebre' del ladrillo que ha dejado a las familias endeudadas hasta las cejas: tienen créditos pendientes por valor de más de 830.000 millones de euros, más de 1,2 billones de pesetas. Y, lejos de moderarse, la ralentización va a más. El pasado año, el primero en el que se redujeron las compras desde que estalló el 'boom' a mediados de los 90, la caída fue del 15,2% en el País Vasco y del 7,1% en toda España. En apenas tres meses el retroceso se ha acelerado de forma apreciable.
«Cada vez cuesta más tiempo vender un piso», admite Iñaki Egurrola, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Vizcaya. ¿La causa? Su carestía, responde. Después de una etapa en la que los precios se doblaban en cinco o seis años, lo que convirtió el sector inmobiliario en una alternativa de inversión con más rentabilidad y menos riesgo que otros mercados como la Bolsa, «se están empezando a estabilizar», explica. Ya apenas dan más de sí. «Caminamos hacia un ajuste, hacia una contención, pero no creo que bajen», subraya.
Una oferta limitada
No es posible que lo hagan, defienden los promotores. Al menos, en Euskadi, donde la oferta es muy limitada por las restricciones de la Ley del Suelo, que obliga a destinar hasta un 75% de las nuevas construcciones a viviendas protegidas. Ello empuja al alza el precio de las libres y disuade a numerosos empresarios de invertir en esta actividad al no considerarla rentable, sostienen responsables de la patronal. Ése es, a su juicio, uno de los factores que justifican una caída de las ventas superior a la media nacional. El País Vasco sólo absorbió en el primer trimestre un 3,61% de las transacciones realizadas España, un porcentaje que apenas representa la mitad de su peso en la economía nacional y muy alejado también de su nivel de población. En consecuencia, el parón inmobiliario es más acusado en la comunidad autónoma.
A ello contribuyen unos precios muy por encima a los del resto de España, que se reflejan en el importe de las hipotecas: 171.412 euros de media entre enero y marzo, según datos de los registradores, es decir, 30.000 más que en el conjunto del país.
Los bajos tipos han permitido a las familias, durante años, acceder a pisos con costes prohibitivos a cambio de endeudarse al límite -o casi- de sus posibilidades. Pero la persistente escalada del euríbor, que acumula veinte meses al alza -esta semana ha trepado hasta el 4,51%-, ha eliminado esa ventaja, ha disparado las luces de alarma en miles de hogares y empieza a frenar el consumo.
El 98,8% de los créditos destinados a financiar una vivienda son a interés variable. El tipo medio aplicado en el primer trimestre fue del 4,33% en Euskadi. A finales de 2005 era del 3,06%. Como consecuencia de ello y del volumen más elevado de las hipotecas, la cuota mensual ha pasado en ese periodo de 670 a 883 euros. O sea: un ascenso del 31,7%. En dinero contante, 2.556 euros más que hay que destinar cada año a pagar los recibos del banco o la caja, lo que obliga a recortar gastos de otro lado.
Plazos más largos
Ese aumento, aunque apreciable, se ha visto amortiguado por otro arma para hacer frente a la escalada de los pisos: alargar al máximo el plazo de los préstamos para reducir los pagos de cada mes. Los españoles los han 'estirado' en tres años -hasta los 27 años y 10 meses de media- desde el primer trimestre de 2005, según el Colegio de Registradores de la Propiedad.
Egurrola descarta un estallido de la 'burbuja' inmobiliaria, un hundimiento de las ventas de tal dimensión que desplome los precios de los pisos y los sitúe en el mercado por debajo del importe de las hipotecas que pesan sobre ellos. La crisis, si llega, «afectará en primer lugar al mercado de las segundas residencias», apunta. Es decir, a las zonas con una mayor capacidad turística, entre las que no está Euskadi. «Si alguien tiene que apretarse el cinturón, empieza por prescindir del ocio», explica el responsable de las inmobiliarias vizcaínas.
En la vivienda usada, «los propietarios todavía se resisten a bajar los precios que fijan; sobre todo, si no tienen prisa en vender», añade. «Quizás se percibe ahora una mayor facilidad para limar el último 'pico' y cerrar una transacción, pero sin grandes 'alegrías'». El principal problema, a su juicio, lo tienen los jóvenes, para quienes acceder a una casa en propiedad se ha convertido en casi un imposible... salvo que les sonría la fortuna en un sorteo de Etxebide.
El Gobierno de Castilla la Mancha crea "El libro del edificio", que facilitará a los usuarios de la vivienda la defensa de sus derechos.
El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno regional, Fernando Lamata, aseguró hoy que el Libro del Edificio, que recoge las características físicas, técnicas y jurídicas de un inmueble y cuyo Decreto fue aprobado ayer por el Consejo de Gobierno, facilitará a los usuarios la defensa de sus derechos frente a terceros, ya que conocerán “al detalle” cuáles son las garantías que tiene que tener esa vivienda.
A juicio del portavoz regional, se trata de una medida “muy importante para asegurar y facilitar la conservación y el mantenimiento de los edificios destinados a vivienda en la región”, ya que, de esta manera, “se podrá conocer y cuidar mejor las instalaciones y exigir, en su caso, los derechos cuando haya alguna deficiencia de la que tuviera responsabilidad un tercero”.
Lamata indicó que los bienes que adquirimos suelen estar acompañados de un manual de instrucciones, con sus características y garantías, “pero no es así en la principal inversión que hacemos en nuestra vida, la vivienda, y el Libro del Edificio vienen a cubrir esta demanda”.
La documentación del Libro del Edificio, explicó, contendrá tres apartados. Una primera carpeta de documentación identificando el edificio, los registros de garantías generales y específicas, y los datos de todos los agentes que han intervenido en la vida del edificio; otra con los registros de calidad, donde se resume todo el control de calidad que se ha realizado sobre los materiales, la ejecución del edifico y sus servicios; y la última con instrucciones de uso y mantenimiento, con un plan que debe recoger todas las instalaciones específicas y la necesidad de actuar sobre cada una de ellas.
El Decreto tiene un plan de aplicación de tres meses desde su publicación, aunque la Consejería de Vivienda y Urbanismo colaborará durante ese tiempo en la aplicación del Decreto a través de distintas guías y programas informáticos de ágil uso y formalización homologada, que se distribuirán entre los profesionales del sector.
Contra la violencia machista, todo el peso de la ley
Por otro lado, se ha autorizado al Gabinete Jurídico de la Junta de Comunidades a ejercer la acción popular en el procedimiento penal por malos tratos, derivado del presunto asesinato de una mujer, el pasado día 17 de junio, en Talavera de la Reina (Toledo).
“El Gobierno regional condena rotundamente la última muerte por violencia de género y la rechaza, porque es inaceptable en un sociedad democrática y libre como es la española y la de Castilla-La Mancha”, afirmó Lamata, quien insistió en que “aún queda mucho por hacer para superar esta lacra y para conseguir que no haya más muertes”.
Además, entre otros acuerdos, se ha aprobado la firma de dos convenios de colaboración con los consorcios provinciales de prevención y extinción de incendios de Guadalajara y Cuenca; un gasto superior a 1.254.000 euros para las obras de reforma y ampliación del Hospital de Hellín (Albacete); el Decreto que regula el Libro del Edificio de Castilla-La Mancha; así como cinco Decretos que establecen los currículos de las enseñanzas profesionales y elementales de Música y Danza, además de las de Idiomas en sus niveles básico, intermedio y avanzado.
la iniciativa se enmarca en la campaña 'ni un metro cuadrado más de hormigón'. En la página web hacen referencia a Guenduláin, Tudela, Fontellas, Milagro, Ablitas, Egüés y valle del Queiles
La asociación Ecologistas en Acción denunció ayer siete casos de "especulación urbanística" que se están prudiciendo en Navarra dentro del acto de presentación de la campaña Ni un metro cuadrado más de hormigón que se va a desarrollar a nivel nacional. A su entender proyectos como "la nueva ciudad de Guenduláin, la Eco-city con campo de golf de Tudela, la ciudad de vacaciones de Milagro, la urbanización de lujo y el campo de golf en el cerro de Valperturna de Fontellas, el proyecto de la Laguna de Lor, las casetas de ocio del valle del Queiles o el caso de Egüés" son muestras de que Navarra "no somos esa isla que a veces nos quieren presentar los políticos. Navarra no es ajena a los fenómenos especualtivos. Es significativo que teniendo casi 300.000 viviendas disponibles para unos 600.000 habitantes, a muchos de nuestros representantes políticos les parezca que todavía son necesarias muchas más" argumentó el portavoz de Ecologistas en Acción en la Ribera, Rafael Sánchez.
La campaña que Ecologistas en Acción va a poner en marcha a nivel del Estado trata de recoger todos los casos de grandes proyectos del país que ellos califican de "especulativos". Para ello han creado una sección dentro de su página web www.ecologistasenaccion.org donde aparece un mapa en la que se pueden seguir los distintos proyectos de cada comunidad con una ficha del mismo.
Esta campaña ha sido elaborada de forma conjunta entre este colectivo y la Plataforma Por una Vivienda Digna. A su juicio, "el binomio urbanismo-construcción es la principal causa de transformación y la destrucción del territorio, ya que a la ocupación directa de las nuevas áreas urbanas se añade la necesidad de nuevas infraestructuras, afectando en ocasiones a espacios con importantes valores ambientales y hasta protegidos".
La sección creada en su página web permite la participación de la ciudadanía, que reclamaron desde este colectivo. "Necesita de un constante desarrollo y actualización. Vamos a tratar de que la gente colabore y nos envíe datos de otros proyectos que conozca", explicó Sánchez.
En este sentido, señaló que el hecho de que las urnas hayan reforzado a todos los alcaldes que apostaban por estos proyectos que los ecologistas califican de "especulativos" no significa que los ciudadanos respalden estos proyectos. "Lo que pasa es que la gente no está concienciada. En ningún sitio se tienen que congratular de la especualización. También Gil durante unos años fue el rey de Marbella con unos casos que eran flagrantes, pero mantener esas corruptelas ha llevado a la desparición del Ayuntamiento. El político que se piense que tiene carta blanca para seguir con la especulación está muy equivocado".
El Euribor cerrará mayo en el 4,35% tras subir una décima respecto a abril. El mercado inmobiliario se enfría. Así lo demuestran los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que revelan que la hipoteca media dedicada a la compra de vivienda se abarató en marzo en ocho provincias, entre ellas Navarra, donde bajó un 9%. La hipoteca media en la Comunidad foral fue de 146.715 euros, ligeramente por debajo de la media nacional -147.268 euros, tras crecer un 6,3% anual-.
El Euribor cerrará el mes de mayo en torno al 4,35%, una décima por encima del mes precedente. El indicador hipotecario encadena así 20 meses consecutivos de ascensos. El principal índice de referencia de los créditos hipotecarios no alcanzaba una cota tan alta como la actual desde mayo de 2001, cuando cerró en el 4,52%. Si se confirma este dato, el Euribor registraría un avance de un punto en términos interanuales, ya que en mayo de 2006 cerró en el 3,30%.
Las dificultades del sector han quedado patentes en el Salón Inmobiliario de Madrid, el más importante del mundo, que se celebra estos días. Las promotoras e inmobiliarias se ven obligadas a regalar vacaciones o coches para tratar de colocar sus pisos. En marzo, el número de viviendas hipotecadas (116.636) cayó un 3,46%. En lo que va de año, el retroceso es del 1,75%.
El tipo medio, en el 4,5%
El cambio de tendencia se aprecia también en el dinero concedido en esos contratos, que mientras en marzo de 2006 aumentaba a un ritmo del 25%, hoy lo hace a un exiguo 2,6%. El negocio hipotecario en general también ha perdido vigor, pues el préstamo medio -concedido para cualquier cosa, no sólo para la compra de vivienda- se situó en marzo en 162.265 euros, lo que supone un 3,7% más que doce meses atrás, cuando la cifra repuntaba un 19%. La rebaja del crédito medio para la adquisición de una casa en algunas regiones es un buen botón de muestra del cambio de ciclo.
En La Rioja, el contrato se sitúa en 120.151 euros, lo que supone un descenso interanual del 12,26%. Abaratamiento que se ha registrado también en Teruel (5%), Zaragoza (10,6%), Guadalajara (7,12%), Lérida (2%), Toledo (9,6%), Castellón (6%) y Álava, donde el retroceso fue del 8,6%.
Los sufridores de hipotecas, acuciados por las condiciones del mercado, se han volcado a renegociar sus contratos. Si hace un año eran menos de 16.000 los titulares de créditos sobre pisos los que pasaban cada mes por su sucursal para intentar una ventaja, hoy ese número roza ya los 20.000. Pero el escenario ha cambiado para todos, y bancos y cajas también sufren la presión de los tipos.
En marzo sólo lograron mantener los intereses de sus contratos los titulares de hipotecas a tipo fijo. De media, la ganancia fue de 0,43 puntos porcentuales. En el caso de las hipotecas a tipo variable, no sólo no se lograron avances, sino que tras la modificación de las condiciones pactadas el tipo aumentó en promedio un 0,35%.
El mercado sigue dominado con holgura por las cajas de ahorro, que a lo largo del mes concedieron el 61,2% de los contratos y el 57,9% del dinero prestado. Los bancos se tuvieron que conformar con el 30,2% del pastel y el 35% del capital financiado. El interés medio de las primeras asciende al 4,51% mientras el de los segundos se sitúa en el 4,48%.
Barañáin y Burladason los municipios con más necesidad de vivienda en la comarca. El 62,92% de las 8.237 solicitudes validadas en el 2006 por VINSA para Sarriguren no alcanzaban 2,5 veces el IPREM .
Pamplona. El 61,71% de la demanda de vivienda protegida procede de Pamplona. Así lo demuestra un estudio realizado por VINSA sobre las 8.237 solicitudes validadas en la campaña del 2006 para 2.256 viviendas protegidas (la mayoría en Sarriguren). En los últimos años la capital navarra ha perdido habitantes y, de paso, electores (3.001 en cuatro años) que han ganado poblaciones como Egüés, Huarte, Berrioplano, Orkoien... La razón: el crecimiento urbanístico de la Comarca y la escasa oferta de VPO en Pamplona (por falta de suelo y porque los nuevos desarrollos han tenido un contenido mínimo en vivienda social).
El 39,98% de los solicitantes de dicha campaña tenían entre 25 y 30 años, casi el 26% entre 30 y 35. Un 81,49% estaban solteros, el 57,87% vivía con los padres y un 59,62% tenía cuenta vivienda. La pirámide poblacional de Pamplona, es decir su distribución por edades, registra un importante sector de habitantes entre 25 y 40 años (el 25,25%). Sin embargo, la pirámide varía en función de los barrios y municipios, admite el sociólogo Jesús Oliva. El Segundo Ensanche tienen una media de alrededor de 40 años, "una población envejecida, mientras que en el primer cinturón como Berriozar, Burlada o Ansoáin baja la media a treinta y tantos, y en el segundo cinturón depende de poblaciones, Beriáin es similar a Barañáin, y Egüés ha recibido mucha gente joven".
Para el sociólogo Jesús Oliva, existe mucha gente joven que vive en casa de sus padres, "atrapada" y sin poder acceder a una vivienda en propiedad o que vive en alquiler. "Cuando eran más jóvenes se conformaban con un piso alquilado en el casco viejo, pero cuando se casan y tienen hijos, les fuerzan a marcharse de la meseta", señala. La red familiar sigue siendo clave en muchos procesos de emancipación, incluso a la hora de poder entrar a una vivienda protegida porque "exigen una entrada económica que muchos jóvenes no tienen". Ya el hecho de tener que demostrar dos rentas con unos ingresos mínimos significa un trabajo estable, remarca.
Además, la estructura familiar se muestra en otros niveles de apoyo que explican, por ejemplo, que los jóvenes de la Rochapea prefieran una nueva vivienda en el mismo barrio o, al menos, mantener allí algunos servicios como el colegio, las instalaciones deportivas o las piscinas en su barrio de origen de modo que los padres "vayan a recoger a los niños o compartir con ellos las horas de ocio que no pueden sus padres".
Las sociedades llamadas mediterráneas como la nuestra (Italia, España, Grecia...) distan diez años de las del norte de Europa en el acceso a una vivienda joven. Sin embargo, las razones no son únicamente culturales y tienen que ver con el modelo de bienestar. "En Holanda se marchan los jóvenes de casa a los 18 años porque el Estado de Bienestar le proporciona unos recursos que aquí los suple la familia", indican. Conecta con esta idea el hecho de que en las grandes ciudades como Madrid o Barcelona se observe también una mayor "flexibilidad" de los jóvenes de clase alta a la hora de independizarse, mientras que las clases trabajadores "necesitan" más a sus padres cerca del barrio para cuidar a los niños u otro tipo de apoyos que ofrecen los abuelos (comida, recados, etcétera).
ingresos En relación a los ingresos económicos, un total de 5.183 solicitudes (62,92%) no superaban el tope de 2,5 veces el SMI (actual IPREM: 6.577,20 euros), mientras que un 26,56% (2.188) se situaba entre 2,5 y 3,5 veces el SMI. Un total de 647 tenía entre 3,5 y 4,5 veces el SMI. El techo de 4,5-5,5 veces el IPREM que se marca para competir con una VPO en régimen general lo cumplían 138 solicitantes. Apenas 81 concursantes tenían ingresos en la horquilla más alta, de entre 5,5 y 7,5 veces el SMI, dirigido a VPT. Para Oliva, de los datos se desprende que los criterios de adjudicación de una vivienda protegida no se basan en igualdad social sino en la "rentabilización, en buscar la seguridad de amortizar un piso más que llegar a gente sin recursos". "Se asume mayor riesgo a la hora de transferir una VPO, sobre todo si es gente recién llegada".
