Las concentraciones y manifestaciones tendrán lugar en las principales ciudades de toda España el próximo sábado 24 de marzo. La cita es a las cinco de la tarde en la mayoría de ellas (ver cuadro anexo).
Hemos pasado mucho tiempo sufriendo el problema de la vivienda y hoy día sabemos mucho más de él. Sabemos que no es sólo un problema, que son varios problemas los que directamente e indirectamente están relacionados con la praxis del urbanismo y la política económica que se practica en este país. También sabemos que esos problemas han provocado una legión de afectados de toda índole, tantos que sin mencionar especialmente a amplios sectores de la población, probablemente todos los ciudadanos en mayor o menor medida están viendo minorada su calidad de vida por el efecto conjunto de estas problemáticas. También conocemos que este abanico de problemas se asientan en multitud de causas y hoy día, ya podemos incluso determinar, que si hay alguna causa que destaca por encima del resto es la actividad política –por acción u omisión negligente en según que casos-, en torno a este asunto.
Y en este sentido, ante la gravedad de un problema que está apartando a millones de personas de satisfacer la necesidad vital de tener un techo bajo el que formar un proyecto personal, que nos está trayendo un sinfín de abusos y fraudes, que está provocando continuos atropellos medioambientales, que nos está adentrando en una peligrosísima espiral de insostenibilidad, que condiciona el crecimiento económico al expolio de una buena parte de la sociedad, que constituye una de las principales preocupaciones de la ciudadanía, que está provocando las llamadas al orden desde diversos organismos internacionales, que está generando un total descrédito de nuestras instituciones democráticas y un largo y doloroso etcétera; la respuesta de nuestros próceres es una inexplicable e inadmisible escasez de debate político en torno a esta cuestión desde las distintas instancias gubernamentales (gobierno central, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos) fruto de la cual, seguimos sin medidas dirigidas a tratar de encaminar esta gravísima situación –una de las más graves del Mundo según la propia ONU-. Por ejemplo, a día de hoy:
- Habiendo pasado más de un año desde la presentación del informe del Observatorio de la Vivienda en el Congreso, en el que se apuntaba que algunos mecanismos de financiación institucional relacionados con la gestión del suelo están íntimamente relacionados con la corrupción urbanística y con el encarecimiento de las viviendas, seguimos sin ninguna medida que asegure la gestión imparcial, participativa y transparente del suelo. Ni siquiera se ha intentado suprimir o acotar el uso indiscriminado del “impuesto-urbanismo” por parte de nuestras administraciones, que es lo que las ha convertido en las primeras especuladoras y lo que está provocando una transferencia de rentas sin precedentes.
- Se siguen incumpliendo sistemáticamente las promesas en cuanto a la oferta de viviendas de protección oficial y seguimos con una oferta ridícula en relación a otras décadas de la historia reciente y respecto al volumen total de las construidas. Por si eso fuera poco, son viviendas cada vez más alejadas de los costes de construcción y gestionadas bajo unos sistemas de adjudicación y control que causan que en muchas ocasiones, no se utilicen precisamente para satisfacer la necesidad de alojamiento de los más necesitados.
- Seguimos sin ninguna medida que esté provocando impactos significativos en la puesta en circulación del inmenso parque de viviendas vacías, que es único en el Mundo y producto de una sobreproducción escandalosa. En España sobran muchas viviendas y, sin embargo, se da la paradoja de que una gran parte de la población tiene serias dificultades de acceso a éste bien de primera necesidad. Ante esta rocambolesca situación, ni siquiera se plantea que al menos los grandes propietarios de viviendas sin uso conocido –lo mínimo exigible- reviertan en la sociedad parte del inmenso daño que social, medioambiental y económicamente están provocando con su acaparamiento incontrolado. Es más, las propuestas que se lanzan últimamente en este sentido están encaminadas a destinar el dinero de todos, una vez más, a subvencionar y proteger a los que más tienen.
- Se sigue aplicando una política fiscal que bonifica la inversión inmobiliaria y que alienta y permite el sobreendeudamento familiar, en vez de tratar de acotar ambos y que las ingentes sumas monetarias que se dedican a fomentarlos, se dediquen a cosas realmente productivas, como por ejemplo satisfacer directamente la necesidad de alojamiento de los más necesitados bajo unas condiciones de esfuerzo familiar razonables.
- Seguimos con una laxitud palpable en el control del inmenso fraude, abusos y corrupción relacionados con la vivienda. Ni siquiera se ha tratado de aumentar la transparencia del mercado inmobiliario y mercados anexos o de mejorar la información y garantías que deben tener los consumidores ante la satisfacción de una necesidad vital que supone unos esfuerzos financieros considerables.
- Se siguen sin buscar y fomentar alternativas a este perverso y agotado modelo de desarrollo económico.
Todo ello es inadmisible y ante esta situación sólo cabe hacerse dos preguntas ¿Por qué? y ¿Hasta cuando? seguidas de dos peticiones. A la ciudadanía, que no acepte como normal una situación que es anormal a todas luces, y a nuestros representantes políticos en todas sus instancias, que hagan un ejercicio de responsabilidad dejando al margen las luchas ideológicas y políticas, y se pongan de acuerdo de una vez por todas para impulsar de manera decidida y uniforme desde las distintas administraciones, una política que dote de contenidos al artículo 47 de la Constitución Española y que vaya dirigida a resolver los problemas reales que tiene la población respecto a la vivienda.
Y como medio para conseguir ese ejercicio de responsabilidad, animamos a todos los ciudadanos a manifestarse el próximo sábado 24 de marzo (ver anexo con las ciudades incluidas en este llamamiento) para exigir cambios profundos en materia de vivienda por parte de todas las administraciones públicas. Recordamos además que este no es sólo un problema que afecte a los más jóvenes o a las familias más desfavorecidas, este asunto está poniendo en juego el futuro de todos nosotros y por lo tanto es responsabilidad de todos reclamar soluciones urgentes a nuestros gobernantes.
ANEXO: LISTADO DE CIUDADES INCLUIDAS EN EL LLAMAMIENTO
DE LA PLATAFORMA POR UNA VIVIENDA DIGNA
A Coruña. Manifestación. Pza. María Pita. 17:00h. Convoca: Asamblea por la vivienda digna de A Coruña.
Albacete. Concentración. Pza. del Altozano. 17:00h. Convoca: Mesa contra la precariedad juvenil de Albacete.
Alicante. Concentración. Pza. de Toros de Alicante. 17:00h. Convoca: Plataforma Alicante por una Vivienda Digna.
Barcelona. Manifestación. Pza. Catalunya. 17:00h. Convoca: Asamblea por el derecho a la vivienda de Barcelona.
Bilbao. Manifestación. Plaza del Ayuntamiento. 17:00h. Convoca: Plataforma por una Vivienda Digna de Euskadi
Cáceres. Concentración. Kiosco de la música de Cánovas. 12:00h. Convoca:Asamblea por una V. Digna de Cáceres.
Castellón. Concentración. Plaza del Ayuntamiento. 17:00h. Convoca: Plataforma por una Vivienda Digna de la Comunidad Valenciana
Cieza. Concentración. Esquina del Convento. 19:30h. Convoca: Asociación Cultural La Empedrá.
Cuenca. Concentración. Pza. de España. 17:00h. Convoca: Asociación Ciudadanos por la República de Cuenca.
Elche. Concentración. Pza. Baix. 17:00h. Convoca: Plataforma por una Vivienda Digna de Elche.
Gijón. Concentración. Plaza del Parchís. 17:00h. Convoca: Plataforma por una Vivienda Digna de Asturias
Las Palmas. Manifestación. Plaza de las Ranas. 17:00h. Convoca: Plataforma por una Vivienda Digna de Canarias
León. Concentración. Plaza de San Marcelo. 17:00h. Convoca: Plataforma por una Vivienda Digna de Castilla y León
Logroño. Concentración. Plaza del Mercado. 19:00h. Convoca: Plataforma por una Vivienda Digna de La Rioja
Madrid. Manifestación. Puerta del Sol. 17:00h. Convoca: Convoca: Asamblea por una Vivienda Digna y contra la Precariedad.
Murcia. Concentración. Pza. de Santo Domingo. 17:00h. Convoca: Asamblea de Murcia por una Vivienda Digna.
Pamplona. Manifestación. Plaza del Castillo. 17:00h . Convoca: Ciudadanos a título particular.
Oviedo. Concentración. Pza. del Ayuntamiento. 18:00h. Convoca: Asamblea de Asturias por una Vivienda Digna.
Salamanca. Concentración. Plaza del Liceo. 17:00h. Convoca: Plataforma por una Vivienda Digna de Castilla y León
San Sebastián. Concentración. Alberdi Eder. 17:00h. Convoca colectivo Kepasaconlakasa.
Sevilla. Manifestación. Pza. Nueva. 19:00h. Convoca: Asamblea por una Vivienda Digna de Sevilla.
Teruel. Concentración. Pza. de San Juan. 17:00h. Convoca: Ciudadanos a título particular.
Valencia. Manifestación. Plaza de San Agustín. 17:00h. Convoca: Plataforma por una Vivienda Digna de la Comunidad Valenciana
Vitoria. Concentración. Pza. de la Virgen Blanca. 12:00h. Convoca: Ciudadanos por el derecho a la vivienda.
Zaragoza. Manifestación. Pza. de Aragón. 19:00h. Convoca: Asamblea por una Vivienda Digna de Zaragoza.
NOTA: Al margen de las ciudades incluidas en este llamamiento, es posible que haya otras ciudades en las que los ciudadanos salgan a la calle bien convocados por otras organizaciones o bien espontáneamente a manifestar su descontento. Para obtener más información sobre convocatorias en otras ciudades pueden vds. consultar la página www.viviendadigna.es
Hace casi dos años de la tristemente conocida viñeta "dinero negro, fraude y vpo" que en aquella ocasion, recogía un reportaje con camara oculta de Antena3 y véase lo que hemos avanzado. A plena luz del día y con total impunidad:
España ha sido el país europeo que más viviendas nuevas ha puesto en el mercado durante los últimos cinco años, un número mayor que toda la vivienda construida en Francia, Alemania e Italia juntas. En todo caso, una cantidad superior a la demanda procedente de la formación de nuevos hogares, contando con la inmigración.
Sin embargo, cada vez es mayor el número de personas que tienen dificultades para acceder a una vivienda. Como señalé en el artículo de ayer, si hoy tuviesen que comprarla contando sólo con los recursos provenientes de los ingresos del trabajo y de las prestaciones sociales (desempleo y pensiones), aproximadamente el 25 % de la población estaría en esa situación. Esta dificultad la sufren ya los hijos de las clases medias. Ante esta situación, la pregunta surge de inmediato: ¿falla el mercado o fallan las políticas?
Una economía que ha sido capaz de poner en el mercado ese volumen de viviendas nuevas no puede ser un mercado donde el volumen de oferta es rígido. En todo caso, el problema de la oferta está en la tipología de la vivienda que se ha construido (superficie inadecuada y régimen de propiedad en vez de alquiler), en la localización y función de muchas de ellas (viviendas no principales utilizadas como segundas residencias en la costa y en parajes del interior y de la montaña) y en los precios (astronómicos en relación con las rentas de los colectivos más débiles).
Pero en esa inadecuación de la oferta han tenido mucha influencia las políticas públicas. Por un lado, por la inacción de los poderes públicos en la promoción de vivienda adecuada para estos colectivos. Probablemente algo ha tenido que ver la espectacular mejora de las condiciones financieras del crédito a la vivienda (bajos tipos de interés y alargamiento del plazo de la hipoteca) que se produjo con la entrada en vigor del euro a finales de la década de 1990. Esas condiciones crediticias hicieron creer a nuestros gobiernos que el mercado por sí solo era capaz de suministrar independientemente vivienda a todo aquel que la demandase, independientemente de su nivel de ingresos. La famosa frase de Francisco Álvarez-Cascos afirmando que si los precios subían era porque la gente podía comprar reflejaba esa política de laissez faire. ¿Para qué actuar desde la política pública si el mercado era eficiente?
Llevados también por esa creencia, muchos ayuntamientos se dedicaron a desarrollar lo que podríamos llamar un urbanismo fiscal; es decir, a obtener ingresos con el planeamiento urbanístico y con la venta del suelo público donde deberían haberse construido viviendas de protección oficial a precio asequible para la gente con escasos recursos o directamente pobres, para financiar (en los casos de mayor honestidad) otros equipamientos sociales, como polideportivos y todo tipo de mejoras y eventos.
Por otra parte, las políticas de vivienda estatales no han tenido, en general, el objetivo de mejorar la calidad de vida y el bienestar de los pobres y de las familias de rentas bajas. Sus objetivos básicos han sido, en primer lugar, favorecer el acceso a la propiedad de las clases acomodadas; es decir, crear una sociedad de propietarios. En segundo lugar, utilizar la política de vivienda como un instrumento de política económica para estimular el crecimiento y el empleo. Con este objetivo es indiferente para quién sean las viviendas que se construyen.
Hay muchas razones para defender que las políticas públicas incentiven a los ciudadanos a consumir más vivienda de lo que harían si no existiesen esos incentivos. Sabemos que la vivienda hace a las familias mejores padres, mejores ciudadanos y mejores vecinos. Además, se trata de una forma de ahorro que permite a sus titulares afrontar contingencias inesperadas y hacer frente a necesidades relacionadas con la vejez y la dependencia, liberando parcialmente de esa carga al sector público. Sin olvidar que las leyes protegen más la propiedad de la vivienda que otros activos en los que una familia también puede ahorrar, lo que hace de la vivienda un activo más seguro frente a contingencias como, por ejemplo, un posible embargo por impago de una multa.
El problema es que la forma a través de la cual el Estado canaliza este apoyo a la vivienda no favorece a los más pobres. Por un lado, las deducciones en el IRPF por compra de vivienda -el principal instrumento de apoyo a la misma- no tienen efecto directo sobre las familias con ingresos bajos por un motivo muy sencillo: no tienen rentas suficientes que les permitan deducir nada en el IRPF. Tanto es así que muchos hogares no llegan ni al límite de rentas que obliga a declarar.
Además, el precio de las viviendas de protección oficial (VPO) de régimen general o especial, tanto de venta como de alquiler, están por encima de lo que sería el precio asequible que deberían pagar las familias con menores recursos si dedicasen como máximo el 35 % de sus ingresos al pago de la hipoteca o del alquiler. Así, el precio asequible para una familia de rentas bajas en Barcelona en 2004 era de 68.157 euros, mientras que el precio de una VPO de régimen general era de 97.269 euros, y de régimen especial, de 70.146 euros. En los dos últimos años la cosa no ha mejorado.
La conclusión parece clara. El resultado conjunto del urbanismo fiscal practicado por los ayuntamientos, de los incentivos fiscales del IRPF y de la orientación que hasta ahora ha seguido la VPO es lo que estamos viendo: si sólo cuentan con sus ingresos actuales, los hogares de rentas bajas y las familias pobres no tienen capacidad de acceder a una vivienda digna y asequible, ya sea de compra o de alquiler. Esa es la causa de la rebelión de los mileuristas de la que les hablaba ayer.
Actualmente, ya nadie duda de que sin un mayor activismo público en el mercado de la vivienda de protección oficial (especialmente la VPO de alquiler de precio asequible), el problema de acceso para los grupos sociales más débiles irá en aumento. Para lograrlo hay que dar contenido al derecho a la vivienda del que habla nuestra Constitución. Pero el problema que se plantea al llegar a este punto es qué debemos entender por derecho a la vivienda y cómo debemos financiarlo. De eso les hablaré mañana.
Antón Costas es catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona.
Recientemente se ha presentado la Hipoteca Joven del Ayuntamiento de Madrid, que viene a sumarse a todo un ramillete de iniciativas similares ya existentes y en estudio en multitud de comunidades autónomas y ayuntamientos. El formato del conjunto de este tipo de ayudas a la compra de vivienda es muy similar: periodos de retorno muy altos de hasta 50 años, facilidades para la entrada como importes de hasta el 100% sobre el valor de tasación, avales compartidos, inexistencia de tasas de apertura, periodos de carencia, cheques supletorios, etc. Características todas ellas enfocadas a ayudar a la ciudadanía a alcanzar y a aceptar el irracional umbral de precios en relación a los salarios que han alcanzado las viviendas en nuestro país.
Ante la proliferación de estas ayudas directas y ante el gran montante económico que se destina a ellas por parte de las distintas administraciones (comunidades, ayuntamientos, Ministerio de la Vivienda, etc.), la Plataforma por una Vivienda Digna viene a denunciar que, a pesar del aparente corte social con el que son presentadas ante los ciudadanos, este tipo de medidas sólo contribuyen a sostener y aumentar los ya de por sí desorbitados precios, y por tanto, a seguir adentrándonos más en la espiral de insostenibilidad y a que la vivienda –un bien de primera necesidad- siga siendo un objeto inasequible para el conjunto de la sociedad.
Para resolver la compleja situación del mercado inmobiliario español, la intervención de la administración -en todas sus instancias- debe ir en sentidos radicalmente distintos. Por ejemplo, en el caso de las hipotecas, debe hacer justo lo contrario: limitar la cuantía y tiempos de retorno de los préstamos hipotecarios como se hace en otros países de nuestro entorno más cercano. Frente a la subvención, debe satisfacer de manera directa la necesidad de alojamiento de los excluidos; empezando por las unidades familiares con menos recursos o en situaciones más graves, potenciando la vivienda protegida, preferiblemente vía fomento del alquiler y la rehabilitación, y tratando de sacar al mercado el inmenso parque de viviendas vacías.
Las diferentes administraciones deben también impedir la especulación –un mandato constitucional- por ejemplo penalizando fiscalmente la tenencia de viviendas sin uso conocido, deben también evitar a toda costa la dependencia financiera que tienen instituciones y organizaciones sobre la planificación del suelo y, entre otras cosas, deben combatir con firmeza el alto fraude y corrupción que se sustentan sobre el mercado inmobiliario. Ninguna de estas medidas está siendo aplicada de manera decidida y uniforme a lo largo del Estado y por ello reclamamos su aplicación con carácter de urgencia e invitamos a los ciudadanos a seguir defendiendo su derecho a una vivienda digna y asequible hasta que se consiga. El próximo 24 de marzo es la siguiente cita en distintas ciudades, desarrollada por parte de diversas organizaciones entre las que se encuentra esta plataforma.
Para finalizar, a los que se hayan pensado acoger a este tipo de iniciativas, les invitamos a la reflexión sobre el esfuerzo financiero y el riesgo –y no sólo individual- que supone una hipoteca a 40 o 50 años en las condiciones anteriormente descritas y a que tengan presente en su decisión, la excepcionalidad de la situación que estamos viviendo, que podría cambiar sustancialmente a corto o medio plazo.
A pesar del creciente descrédito social que provoca la presión urbanizadora de ayuntamientos y autonomías, se siguen ejecutando proyectos urbanísticos que destruyen zonas naturales protegidas o desafían la lógica de la sostenibilidad demográfica. Véase el plan de construir 20.000 viviendas en el pueblo de Illescas (Toledo), hoy con apenas 17.000 habitantes, para lo cual se recalificarán 4,5 millones de metros cuadrados de suelo. En este juego incontrolado de recalificar terreno, aunque sea protegido, la Junta de Castilla y León, gobernada por el PP, ha dado dos vueltas de tuerca. Ha aprobado por ley el proyecto de construir en Soria un complejo de 800 chalés y un parque empresarial en una zona protegida, el Soto de Garray; con esta tramitación legal, el PP evita la intervención de las autoridades judiciales y se garantiza la impunidad inmediata de este caso palmario de especulación inmobiliaria. Para rizar el rizo con un sarcasmo, denomina el proyecto como "Ciudad del Medio Ambiente".
El pintoresco desafuero soriano, la ciclópea recalificación de Illescas -tan similar a la de Seseña- o los cientos de pelotazos inmobiliarios que surgen en el suelo peninsular, transmiten la imagen de que la clase política municipal y autonómica tiene comportamientos poco honrados y que está destruyendo la posibilidad de un desarrollo urbanístico ordenado del país. Son temores bien fundados. La especulación descontrolada procede en parte de las dificultades de los ayuntamientos y de los partidos políticos para financiar sus gastos e inversiones, en muchas ocasiones faraónicos y casi siempre muy superiores a sus modestos ingresos. Bastaría con cambiar legalmente la financiación de los partidos y de los municipios para apagar uno de los focos de esta avidez inmobiliaria que amenaza seriamente con desprestigiar la democracia municipal.
Mientras se consigue el acuerdo para cambiar esas leyes, se puede trabajar contra la marea constructora en otros frentes. Por ejemplo, no se entiende que los espacios naturales protegidos sean tan fácilmente asaltados por la especulación organizada. Convendría blindarlos remitiendo su cuidado a autoridades nacionales o incluso supranacionales. Se entiende muy mal que el Estatuto del Empleado Público que prepara el ministerio correspondiente socave la autonomía e independencia de los secretarios e interventores de la Administración local, llamados a controlar las arbitrariedades y corruptelas de los ayuntamientos, haciendo que puedan ser nombrados y destituidos discrecionalmente por los alcaldes que tienen que supervisar. La idea correcta debería ser precisamente la contraria, es decir, reforzar su independencia y su capacidad de denuncia poniéndolos a salvo de represalias.
Tanto como seamos capaces de pagar. El arquitecto irunés dirige, desde hace cuatro años, la sociedad pública Orubide, encargada de gestionar suelo para la construcción de VPO
Concejal en el Ayuntamiento de Irun por Izquierda Unida en la legislatura del 95, Fernando Martínez Hinojal está al frente de la sociedad pública Orubide, desde su puesta en marcha en el año 2003. Esta sociedad, formada por Visesa (Gobierno Vasco) y las Cajas de Ahorros de la CAV, se encarga de gestionar, adquirir y urbanizar suelo para la construcción de viviendas de protección oficial.
- Buscar suelo en la Comunidad Autónoma Vasca no será tarea fácil.
- No, no es fácil, porque el suelo es escaso en esta comunidad. Con las orografías que tenemos, encontrar suelos que no estén colonizados, que tengan menos de un 15% de pendiente y que no estén afectados por servidumbres de cualquier tipo es complicado. Tampoco es fácil entrar en el mercado, porque Orubide es una sociedad mixta, pensada como instrumento al servicio del problema de la vivienda, pero a la vez metida en el mercado para conseguir dinamizarlo. Tiene los instrumentos de cualquier mercantil privada, pero está al servicio del departamento de Vivienda del Gobierno Vasco para conseguir ese suelo y, realmente, no es nada fácil. A pesar de todo, desde Orubide, hemos adquirido suelo como para unas 5.000 viviendas y tenemos en marcha 20 operaciones de vivienda protegida en toda la CAV.
- ¿Podría explicar, de una manera resumida y sencilla, por qué está tan sobrevalorada la vivienda?
- Hay una razón de fondo que nadie suele mencionar, pero que creo que es muy importante, que es la política fiscal y financiera. Las viviendas libres valen tanto como los ciudadanos seamos capaces de pagar. Cuando nuestros mayores se compraban un piso, hace treinta o cuarenta años, los bancos daban una hipoteca que sólo podía ser de hasta el 60% del precio de la vivienda y que, como mucho, era a 15 ó 20 años. Además, los tipos de interés estaban más altos. Al bajar los tipos de interés, ampliar los plazos de las hipotecas casi hasta 50 años y otorgar hasta el 100% del precio de la vivienda, todos podemos endeudarnos muchísimo más y eso ayuda bastante a que suba el precio. Pero, además de los motivos financieros, están los fiscales. Históricamente, se ha potenciado desde el régimen fiscal que la gente compre y no alquile. Te sale más barato comprar que alquilar, porque desgravas. Nosotros entendemos que esa política debería de cambiar. El sistema fiscal tendría que ser un poco más socialmente solidario y potenciar otros sistemas de acceso a la vivienda.
- La vivienda hipoteca la vida. Es un problema general. Sin embargo, no hay respuesta popular. Sólo resignación.
- Es verdad que hay cierto movimiento en torno a otros problemas y que apenas lo hay con respecto a la vivienda. Todos lo vemos como una losa que nos ha caído encima y contra la que no podemos hacer nada, cuando no es cierto. Realmente, sí se pueden hacer cosas. Se puede conseguir que la política de vivienda dé un giro. Sinceramente, creo que desde el Gobierno Vasco y desde algunos Ayuntamientos de esta comunidad se están dando pasos para hacer que la vivienda no sea tanto un negocio como un derecho. En esa línea, estamos potenciando el alquiler y construyendo más viviendas protegidas.
- ¿Qué podemos esperar de estos pasos que se están dando?
- Aunque es cierto que los precios son extraordinariamente altos, en los últimos cinco años hemos notado en Euskadi, en comparación con otras comunidades autónomas, que la subida del precio de la vivienda ha sido más moderada. La media del Estado ha sido de un 52% de incremento de la vivienda libre en el cuatrienio 2002-2005, mientras que en la CAV ese incremento se ha fijado en un un 32%. Estamos entre las cuatro comunidades autónomas con menor incremento del precio de la vivienda. El hecho de que un alto porcentaje de vivienda tenga que ser necesariamente protegida ha contribuido a ello.
En la octava economía mundial los Gobiernos regionales reparten viviendas en una rifa
Es un espectáculo increíble en la España del billón de euros de PIB. Los Gobiernos regionales reparten pisos a ciudadanos afortunados en una rifa para comprar o alquilar a precios más bajos que el mercado. Una performance entre la política y el interés humano, con canciones de la película Amelie para cerrar el acto.
Varios miles de personas -cinco mil solicitudes- sentadas en las gradas de un abarrotado Palacio de Congresos y los políticos en la ceremonia de los Oscar de la VPO y el alquiler. And the winner is…
Algo más de 1.170 pisos para alquilar en los barrios de Vallecas y la Ventilla de la capital. Esperanza Aguirre subida en su atril como matrona de la idea prometiendo pisos tras la lotería de los alquileres. No se preocupen, a los que no les toquen, vamos a construir otras 80.000 viviendas.
Los allí presentes, jóvenes menores de 35 años, separados, divorciados, minusválidos y mayores de 65, todos con sueldos inferiores a los 28.000 euros anuales -además de los del cupo general- así era el escalafón establecido- vivieron una especie de sorteo de la bonoloto con griterío y escenas de alegría típicas de la Navidad en el salón de la Lotería Nacional. Réditos políticos asegurados.
Un espectáculo radiado y televisado por algunas emisoras locales con declaraciones y testimonios de reality show. Auténticos dramas sociales de jóvenes y mayores en situaciones impropias de una economía desarrollada.
Un sorteo con ordenador que permitirá a todos estos agraciados conseguir una vivienda digna en la que poder vivir en condiciones razonables, a precios asequibles, porque la alta cotización de la vivienda ha dejado fuera del mercado a colectivos enteros. Entre 250 y 400 euros el mes de alquiler, dependiendo de los metros.
Mileuristas y menosdemileuristas de todas las edades y condiciones que tienen vetado el mercado de la compraventa de vivienda, ni siquiera con hipotecas de por vida. Trabajadores que tienen prohibido acudir al mercado del alquiler porque simplemente no está a su alcance y se ven obligados a vivir en cuchitriles, aseados, pero indignos de una sociedad en la que el bienestar aparece en el frontispicio de todos los programas electorales. Para eso, para que no se cumplan.
Juani, 34 años, dos niñas, vive en 30 metros cuadrados. Duerme en el sofá cada noche. Pilar, 70 años, paga 800 euros de alquiler, gana 1.000. No llega ni a mitad de mes. Y así una retahíla de casos que muestran la otra realidad de la fiebre constructora. El boom de la vivienda y el de la construcción, que supone alrededor del 18% del PIB y da empleo a tres millones de personas, ha creado estos monstruos pese a ser el puntal de la economía.
Riqueza para todos, pero especialmente a espuertas para unos cuantos. España ingresa en la lista de Forbes, de los ricachones del mundo, gracias a los señores del ladrillo.
Y un mercado que se ha pasado de rosca, que muestra sus imperfecciones y que ha logrado situar en las grandes ciudades el metro cuadrado a unos precios directamente inaccesibles incluso para la clase media.
Jóvenes e inmigrantes han sido expulsados directamente de este mercado, así que lo que queda es esperar a que toque un piso en la Lotería del gobierno regional cuando se acercan las elecciones, que la memoria es débil.
En la octava economía del mundo tenemos un problema propio de las economías menos desarrolladas. El acceso a la vivienda -tanto en propiedad como en alquiler- no es posible para todos. De ahí estos performances políticos que rozan el reality masivo. Lo curioso es que se repite habitualmente en las distintas comunidades de la piel de toro, siempre con los políticos de turno en primera fila repartiendo dádivas a los ciudadanos. Entren en el fotomatón y disfruten.
La ministra de Vivienda aseguró que su Departamento no es partidario de aplicar ciertas propuestas autonómicas para movilizar pisos desocupados.
La ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, apuesta por "incentivar y no penalizar a los propietarios" para que incorporen sus viviendas vacías al mercado del alquiler, así como por abordar en un futuro nuevas modificaciones fiscales con el mismo fin. En declaraciones a Europa Press, Trujillo puso así de manifiesto este lunes que su Departamento no es partidario de aplicar ciertas propuestas autonómicas para movilizar pisos desocupados, como el canon sobre las viviendas vacías del País Vasco o las expropiaciones temporales en Cataluña, aunque garantizó que "el Ministerio es respetuoso con las competencias exclusivas de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos".
Más aún, la ministra aseguró que a raíz del anuncio de estas propuestas autonómicas la actividad de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) ha experimentado una "aceleración progresiva" en los últimos meses.
Según indicó, la SPA ha intermediado alrededor de 3.000 contratos de alquiler desde su puesta en marcha el 15 de octubre de 2005, de los cuales casi 1.000 fueron firmados en los dos primeros meses de 2007.
Además, precisó que la SPA está experimentando un progresivo incremento en el número de viviendas adscritas al programa de forma que, actualmente, se están integrando en la sociedad alrededor de 1.000 viviendas mensuales, mientras paralelamente se está produciendo un aumento del número de agentes colaboradores asociados a la sociedad, que ya rondan los 1.000.
Según la ministra de Vivienda, estas cifras demuestran que incentivar a los propietarios pasa por ofrecer "garantías" en los contratos de arrendamiento en forma de cobro íntegro de las rentas y el mantenimiento en buen estado de los inmuebles.
El mercado está tomando buena nota de esta consideración, según revela una encuesta realizada a 500 agencias inmobiliarias por el Programa de Fomento del Alquiler Garantizado (PFAG), en la que se asegura que el arbitraje "gana posiciones" y ya supone la fórmula de garantía utilizada en el 24,6% de los contratos que realizan las agencias inmobiliarias, mientras que los seguros suponen el 17,4% del total.
Profundizar en la reforma fiscal
La misma encuesta señala que el número de propietarios interesados en ofrecer su vivienda en régimen de alquiler creció un 10% en los dos primeros meses de 2007, mientras que los demandantes aumentaron en un 30%, coincidiendo con los primeros meses de aplicación de la reforma fiscal --en vigor desde el 1 de enero--, que contempla la exención en el IRPF de las rentas obtenidas por el alquiler de viviendas a menores de 35 años.
Trujillo consideró que esta medida fiscal "es un primer paso" para crear un parque de vivienda en el que el alquiler alcance una proporción del 50%.
No obstante, se mostró partidaria de profundizar en un futuro en la reforma del régimen fiscal de los alquileres para incentivar la puesta en el mercado de un mayor número de pisos en arrendamiento. "Tenemos que seguir avanzado, pero ya hemos dado un paso significativo", aseguró.
Trujillo también consideró necesario agilizar los juicios por deshaucio, como se ha solicitado en más de una ocasión desde las filas del PP.
Sin embargo, aseguró que "los deshaucios como juicios rápidos en el ámbito civil fueron introducidos por el PP en 2003". "Hubieran tenido tiempo para desarrollar oficinas de señalamiento inmediato (OSI) para que éstos fuesen más rápidos, pero no lo hicieron y ahora lo piden".
En este sentido, Trujillo recordó que "el Gobierno ha comenzado a implantar estas oficinas en 9 ciudades españolas para que los juicios puedan tramitarse en dos meses". Además, indicó que "actualmente se está tramitando la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que puedan resolverse estos juicios menores en la justicia de proximidad".
Si faltan a la veracidad. El Gobierno podrá inhabilitar de forma definitiva a las sociedades de tasación que hayan "faltado a la veracidad" en sus valoraciones de los inmuebles que posteriormente se utilizan como garantía de los préstamos hipotecarios.
Así se desprende del proyecto de ley de reforma del mercado hipotecario, actualmente en tramitación parlamentaria.
La nueva normativa considera esta práctica como una infracción "muy grave", que puede llevar aparejada la pérdida de homologación para prestar los servicios de tasación, además de una multa económica por importe de hasta el 1% de los recursos propios de la entidad, con un límite máximo de 300.000 euros.
Garantizar la independencia de las sociedades de tasación es uno de los principales objetivos de la nueva Ley Hipotecaria y, para ello, el Gobierno ha recogido en la citada norma un catálogo de infracciones muy graves, graves y leves, con sus correspondientes sanciones.
Es dentro de las sanciones muy graves donde se contempla la posibilidad de que las sociedades de tasación, también aquellas que pertenecen a entidades de crédito, "falten a la veracidad" en la valoración de los inmuebles o exista una "falta de concordancia con los datos y pruebas obtenidos en la actividad de valoración efectuada".
ELIMINAR LA FALTA DE INDEPENDENCIA
El Gobierno trata de eliminar así el conflicto de intereses denunciado muchas veces contra las tasadoras debido a que, en numerosas ocasiones, estas sociedades son propiedad o trabajan para las entidades de crédito que, posteriormente, en función de dicha tasación, otorgan el correspondiente crédito hipotecario. Actualmente existen en España más de cinco familias con hipoteca, que han tenido que pasar previamente por una tasación de su vivienda.
Aunque desde el Gobierno se asegura que este tipo de medidas se aprueban para garantizar la independencia de las sociedades de tasación, dada su relación o pertenencia en muchos casos al grupo financiero que le encarga la tasación, asegura que no le consta que se estén produciendo tasaciones sobrevaloradas.
Por infracción muy grave, el Ministerio de Economía y Hacienda podrá también imponer la sanción de suspensión de la homologación para prestar servicios de tasación entre uno y cinco años, y por infracciones graves, la suspensión de dicha homologación hasta un año. En el caso de la infracción grave (que también puede ser generada por "falta de veracidad" en las tasaciones), la multa asciende al 0,5% de los recursos propios de la tasadora, con un límite de 150.000 euros.
Se entenderá también como infracción muy grave que las tasadoras lleven a cabo actividades ajenas a su objeto social legalmente establecido, presentar deficiencias técnicas en la organización administrativa, su negativa a colaborar con la labor inspectora del Banco de España (éstas dos últimas también puede considerarse infracción grave) o no contar con los requisitos de titulación profesional previstos.
En el caso de las infracciones leves, que serán todas aquellas que no puedan considerarse graves o muy graves, las tasadoras recibirán una "amonestación privada" y la multa máxima podrá ascender a 60.000 euros.
REGLAMENTO INTERNO Y COMISION TECNICA
Junto con este régimen de infracciones y sanciones, la nueva Ley Hipotecaria intenta reforzar la "independencia y profesionalidad" en la actuación de las entidades de tasación y, para ello, contempla la obligatoriedad de elaborar un reglamento interno que recoja las incompatibilidades entre los directivos y administradores de dichas empresas.
Además, las entidades financieras que cuenten con servicios de tasación de una sociedad de su mismo grupo deberán también crear una 'Comisión Técnica', que controle este tipo de operaciones. Habrá, igualmente, un régimen de participaciones significativas para controlar la composición del accionariado de estas entidades. El incumplimiento de cualquiera de estas nuevas obligaciones también conllevará aparejada una infracción grave o muy grave.
Estadística ultima un IPC específico para la vivienda con datos de los notarios
El Instituto Nacional de Estadística está ultimando un indicador sobre la evolución de los precios de la vivienda, IPV, que elabora a partir de los datos de las escrituras notariales, según explicaron a ABC fuentes del INE.
El proyecto, que surgió en el seno de la Oficina de Estadísticas Europea, Eurostat, y en el que participan, junto a España, otros doce países de la Unión, ha tomado como año base los precios de la vivienda en el año 2006. El INE pretende dar a conocer los primeros resultados, correspondientes a la variación de los precios de la vivienda en el primer trimestre de 2007, en los últimos meses del ejercicio.´
Trece países
De momento, según explicaron las citadas fuentes, no se trata de una estadística obligatoria para los países de la Unión, aunque junto a España participan en esta experiencia piloto Chipre, Alemania, Grecia, Finlandia, Italia, Holanda, Francia, Polonia, Eslovenia, Eslovaquia, Reino Unido y Portugal.
De momento, se tratará de una estadística independiente del Índice de Precios al Consumo (IPC), y la Oficina de Estadística española luchará para que siga siéndolo. «La vivienda es una inversión y no un producto de consumo como los que integran la cesta de la compra del IPC», argumentan en el INE.
Lo cierto es que dada la evolución de los precios de la vivienda en España, si éstos formaran parte del IPC, la inflación se dispararía, lo que sería muy perjudicial para el conjunto de la economía española. Además, en la comparación internacional tampoco saldríamos muy bien parados.
Los datos del Instituto Nacional de Estadística se unirán así a los diversos indicadores e informes de precios de la vivienda que se publican en España, y que van desde los que hace públicos el Ministerio, pasando por los de los registradores de la propiedad, el Catastro, diferentes sociedades de tasación e incluso los servicios de estudio de las entidades financieras realizan sus propios cálculos que, por cierto, en numerosas ocasiones son muy dispares.
De hecho, a lo largo del año pasado las diferencias entre los incrementos calculados por el Ministerio de la Vivienda y los del Colegio de Registradores llegaron a cuatro puntos en algunos trimestres. Incluso el pasado mes de julio el Partido Popular llegó a presentar una moción en el Congreso de los Diputados para que el Ministerio explicara los criterios de cálculo.
Unificar datos
No cabe duda, sin embargo, de que la nueva estadística nace con el respaldo y el prestigio tanto nacional como internacional que tienen los trabajos del INE.
No obstante, para evitar que sean varias las estadísticas oficiales sobre la vivienda, no se descarta que el INE y el Ministerio de la Vivienda se pongan de acuerdo para unificar los datos y publicar una única estadística.
El nuevo IPV dará datos tanto de las viviendas nuevas como de las usadas, pero al igual que sucede con el IPC no especificará los precios, sino su variación.
El magistrado encargado del 'caso Malaya' asegura en una conferencia que los pequeños regalos a políticos son el germen de algunas tramas «Existe una escasa conciencia social sobre estos fenómenos», asegura
«Todavía existe la bolsa de dinero para entregar al responsable político, eso no lo voy a negar, pero los métodos tienden a ser más sutiles. Primero recibe una felicitación navideña de un empresario; luego le envían botellas de un gran vino, un jamón... Poco a poco le introducen en un ambiente de lujo, de ágapes, un ambiente en el que pueden verse involucradas otras fuerzas vivas, como notarios, jueces, fiscales y periodistas. Le invitan al palco del fútbol, a los toros, a hoteles en los que un empresario tiene intereses. El siguiente paso es que el responsable político vea la posibilidad participar en el negocio. Es una oportunidad, pues dentro de cuatro años quizá no esté en el poder. Y, de todos modos, si hace muchas viviendas, puede ganar las elecciones».
Así se expresó ayer en Bilbao el juez Miguel Ángel Torres, el instructor que destapó el escándalo de la corrupción de Marbella, conocido como 'caso Malaya', y que activó la operación 'Ballena Blanca' contra el blanqueo de dinero del crimen organizado. Torres llamó la atención sobre este tipo de corrupción que denominó «de baja intensidad», consistente en diferentes modalidades de pequeños «agasajos» en el sector inmobiliario.
Los delitos urbanísticos, así como las andanzas de Julián Muñoz y Roca, ocupan las portadas de los periódicos gracias a este juez de Marbella, que fue invitado por el Tribunal Superior del País Vasco a las segundas jornadas sobre 'Informar en Justicia'.
«Ya no se trata de que el político reciba dinero -explicó Miguel Ángel Torres. Una empresa de su familia puede participar en la promoción inmobiliaria. Puede ser una consultora que cobra por servicios. Aunque, a veces, el responsable del negocio se mete en política para no compartir el pastel con nadie. Se presenta como un buen gestor. O quiere ser famoso y se introduce en el mundo del deporte».
La franqueza del joven instructor hizo sonreír a las autoridades, periodistas y universitarios que le escuchaban sin dejar de tomar notas. «Existe una escasa conciencia social sobre estos fenómenos -se lamentó Torres. Cuando un político recibe dinero de un promotor, la sociedad sufre un perjuicio. Se pierde una zona verde. Y luego el promotor repercute ese dinero sobre los costes. Así aparecen los problemas de calidad de las viviendas, sube el precio del suelo».
Del juez que hizo estas reflexiones depende el destino de Roca, de Julián Muñoz, de Marisol Yagüe, de Maite Zaldívar Torres no los mencionó, aunque dijo que los escándalos urbanísticos son socialmente perniciosos porque «transmiten a la gente joven la idea de que se puede ganar mucho dinero sin tener que trabajar». Tan sólo aludió a una denuncia de malos tratos que llegó a su juzgado, una denuncia que implica a dos personas también involucradas en las tramas de Marbella. No concretó de quiénes se trataba (probablemente, Maite Zaldívar y Julián Muñoz), pero ambos le sirvieron de ejemplo para defender que los jueces que persiguen la corrupción deberían especializarse sólo en esos asuntos. «De otro modo, sabes un poco de mucho y mucho de nada».
La pista del cohecho
El juez del 'caso Malaya' también se lamentó de que las indagaciones sobre los cargos públicos corruptos se concentren en el delito de prevaricación (dictar una resolución injusta), pero no profundicen en el cohecho (soborno), cuando «el 99% de las prevaricaciones tiene motivación económica». Atribuyó esa circunstancia a que la prevaricación acarrea un castigo menor -«se van a casa inhabilitados»-, mientras que seguir la pista del cohecho es lo que puede conducir al centro de la red.
A una conclusión parecida llegó el juez cuando habló del dinero de los narcotraficantes y mafiosos. «Nos quedamos en lo que 'vende', en la incautación del alijo de droga. Pero las pérdidas del hachís se recuperan, pues se pagan a medias con el proveedor. En cambio, si desarticulas la trama global de blanqueo, desarticulas la organización. La cuestión es que el tráfico de droga absorbe la investigación, pero no se analizan los patrimonios de las personas a los efectos del decomiso», señaló.
El presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos (CSAE), Carlos Hernández Pezzi, considera que el crecimiento actual de las ciudades españolas es "insostenible" y que los municipios resultan "cada vez más incómodas" para los ciudadanos.
Hernández Pezzi expresó su preocupación por el urbanismo actual, y alertó de la creciente ocupación del suelo, de la cantidad de viviendas ineficientes y de la proliferación de casos de corrupción ligados al urbanismo.
El Consejo Superior de Colegios de Arquitectos ha promovido la creación de la Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura, con el fin de fomentar el uso de criterios sostenibles en la arquitectura y el urbanismo y de integrar a todos los sectores.
La Asociación se ha puesto en marcha en vísperas de la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación que obliga a incorporar elementos de eficiencia energética en todos los edificios nuevos.
Según Hernández-Pezzi, el Código puede servir para conseguir un crecimiento urbanístico "no despilfarrador" y generalizar el concepto de "edificio sostenible", que en la actualidad se limita -dijo- a algunos edificios singulares. Consideró además que el incremento del precio de la vivienda que supondrá la incorporación de nuevos elementos de aislamiento acústico, térmico y de eficiencia energética "será asumido muy rápidamente por el mercado". Recordó que en el sector del automóvil se han incorporado durante los últimos años nuevos elementos de seguridad, pero que las ventas no se han resentido.
Carlos Hernández Pezzi consideró que la sostenibilidad debe ir más allá de la construcción de edificios más eficientes, y apostó por que la planificación urbanística tenga en cuenta indicadores como la movilidad, la contaminación y el ruido para conseguir ciudades más sostenibles "y más cómodas".
El presidente del Consejo destacó el interés de la nueva Asociación de Sostenibilidad y Arquitectura por trabajar de forma integrada con empresas, universidades, administraciones públicas estudios o centros de investigación, con el fin de que esa transformación sea "un esfuerzo colectivo".
El director de Plataformas Tecnológicas de la Dirección General de Investigación de la Comisión Europea (CE), Ángel Landabaso, advirtió este miércoles, en declaraciones a Europa Press, que "el ladrillo está matando el futuro de España", por lo que consideró que "hay que equilibrarlo". Ello significa, a su juicio, "que no se cree en los recursos humanos y en el potencial que tenemos, por lo que quien no cree en el futuro, cree en el ladrillo".
Landabaso, quien estuvo en Murcia con motivo de la presentación del 'VII Programa Marco de Investigación y Desarrollo Tecnológico de la Unión Europea', en la sede del Cebas-CSIC, explicó que "la I+D es una actividad de riesgo empresarial, porque nace de ideas y para desarrollarla de manera que tenga un efecto económico hace falta aportar recursos".
"Estos recursos se suelen llamar capital-riesgo, continuó, y su rentabilidad en los últimos años en Europa es inferior, sensiblemente, a la rentabilidad del capital riesgo en Estados Unidos".
Al respecto, subrayó que "el poco capital-riesgo de apoyo a iniciativas -todavía inmateriales- no se ejecuta en Europa, sino que se va a Estados Unidos y es que el rendimiento del ladrillo en España y, especialmente en esta zona, es muy superior al rendimiento del capital de Estados Unidos".
No obstante, aplaudió el Plan de Ciencia y Tecnología 2007-2010 que el martes presentó el Gobierno murciano, puesto que "son noticias muy interesantes" y demuestra que "hay un ámbito de trabajo que nace y se desarrolla en las Comunidades Autónomas", por lo que consideró que "todas las noticias de lanzamiento de planes de este tipo son bienvenidos, no tanto por lo que pueda traer de actividad de un programa marco, sino por lo que pueden traer de innovación y de un futuro más brillante, no basado en el ladrillo".
Un urbanismo que se practica "abusivamente"
A preguntas de Europa Press sobre la valoración que puede hacer respecto a que los empresarios consideran un modelo de crecimiento el urbanismo, este experto en la CE puso de manifiesto que "no sólo es que lo piensan, sino que lo practican, y me quedo corto si digo abusivamente, ya que sería extraordinariamente abusivamente".
Y es que, a su juicio, "el urbanismo, como la arquitectura, el diseño, la construcción, el uso de las energías alternativas en la vivienda, los materiales y la asignación de recursos naturales para el ocio son vectores de crecimiento para el bienestar y el desarrollo", aunque apuntó que "ahora, hay que saber equilibrar el uso de todos estos recursos".
Matizó, por tanto, en que no se trata de hacer "ninguna crítica concreta a ninguna política regional o local en este sentido, sino que los modelos de crecimiento que se han seguido hasta ahora han demostrado la gran incapacidad para lanzar la economía europea en las líneas de crecimiento, búsqueda y creación de empleo, y desarrollo sostenido y equilibrado", por lo que precisó que "la receta de la I+D+i del desarrollo sostenible no es que sea buena, es que es la única".
En todo este ámbito, concretó que "la industria no juega a estas cartas, ya que les cuesta trasladarse y asumir riesgos empresariales en I+D+i", pero advirtió que "tendrán que hacerlo y habrá que buscar como acompañarla".
Por su parte, Marta Gómez Quintanilla, quien actúa como punto nacional de contacto de Alimentación, Agricultura y Pesca y Biotecnología del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), que también acudió a esta cita para presentar las primeras convocatorias en este ámbito, argumentó que "el objetivo de ir a una economía basada en el conocimiento es una respuesta a una incapacidad de ir por otra parte".
Abogó por que la "única" solución es el apoyo desde el campo de la I+D+i, y al respecto, destacó que "Murcia tiene todavía el potencial para explotar y participar en el Programa Marco, además de que aún hay mucho por hacer para aprovechar los recursos europeos y competir para obtener estos recursos".
Que en 2002. La comunidad autónoma más endeudada es Madrid, donde cada habitante debe 54.690 euros a los bancos, un 75% más que la media española y también el doble que en 2002, cuando el endeudamiento ascendía a los 27.710 euros por habitante.
El endeudamiento medio por habitante se ha duplicado desde 2002, pasando de los 15.500 euros de ese año hasta los 31.230 euros que cada ciudadano debe de media a las entidades bancarias en 2006, según los últimos datos publicados por la Fundación de las cajas de ahorros (Funcas) en sus 'Cuadernos de información financiera'.
La comunidad autónoma más endeudada es Madrid, donde cada habitante debe 54.690 euros a los bancos, un 75% más que la media española y también el doble que en 2002, cuando el endeudamiento ascendía a los 27.710 euros por habitante.
El estudio realizado apunta a una "tendencia generalizada al endeudamiento" en todas las comunidades autónomas, que se constata con el hecho de que todas las regiones españolas se hayan convertido en "deudoras" netas en 2006, cuando cuatro años antes sólo diez generaban más depósitos que créditos en términos netos.
Esta tendencia esta relacionada, según el informe, con la "importancia creciente de las disparidades regionales" en lo que se refiere a los precios de la vivienda y sus consecuencias sobre la demanda de financiación bancaria y niveles de ahorro financiero de hogares y empresas.
En este sentido, se indica que las cifras no parecen mostrar diferencias entre el tipo de servicio por comunidades, sino que constatan "la flexibilidad y adaptación del sistema bancario español a las necesidades de su clientela en cada momento".
Entre el resto de comunidades autónomas, los ciudadanos más endeudados son los de Cataluña, con 37.730 euros por habitante, seguido de los de Baleares (34.100 euros), País Vasco (32.660 euros), La Rioja (33.310 euros), Aragón (29.760 euros), Comunidad Valenciana (29.750 euros), Murcia (28.020 euros) y Castilla-La Mancha (21.080 euros). En el extremo opuesto se sitúan los de Ceuta (13.220 euros), Melilla (13.280 euros) y Extremadura (16.260 euros).
En cualquier caso, Madrid también es la comunidad con más ratio de depósitos por habitantes, con un total de 46.570 euros, aunque el estudio recalca la presencia en ella de numerosas sedes de entidades bancarias nacionales y foráneas en España. A continuación se sitúan los habitantes del País Vasco, con casi la mitad y 25.210 euros cada uno, los de Navarra (22.160 euros), Cataluña (21.830 euros), Castilla León (19.160 euros) y La Rioja (18.700 euros), mientras que los ciudadanos de Ceuta, Melilla y Canarias presentan los valores mas reducidos, con 8.980, 9.800 y 10.730 euros en depósitos por habitante, respectivamente.
Bautista soler propietario del grupo bautista soler y accionista mayoritario del valencia. El constructor, accionista de referencia de Metrovacesa, advierte de que el sector tiene que orientarse más a los servicios y menos a las viviendas. El constructor, accionista de referencia de Metrovacesa, advierte de que el sector tiene que orientarse más a los servicios y menos a las viviendas
En el mundo casi todo son casualidades. Estoy en el Valencia por casualidad y ayude a Rivero porque estaba deprimido”. Ese impulso solidario va a terminar con que Metrovacesa, el primer grupo inmobiliario europeo, va a quedar dividido en dos entidades separadas: la familia Sanahuja se quedará con la sociedad que conserva la marca y sus negocios se centrarán en España, aunque dispondrá también de una cartera de alquiler en Francia. Rivero y Soler han formado una sociedad que incluirá el patrimonio de la gala Gecina, hasta ahora propiedad de Metrovacesa y con activos inmobiliarios centrados en Francia, y le añadirán negocios inmobiliarios de alquiler en España procedentes de Metrovacesa.
La partición de la inmobiliaria es el final de la batalla que enfrentó a su principal accionista, la familia Sanahuja, con el presidente de la sociedad, Rivero. Bautista Soler fue el hombre que animó a Rivero a presentar batalla, y lo hizo porque su amigo estaba deprimido.
-¿Es habitual en usted que la esfera de lo empresarial se mezcle con el ámbito de lo personal?
-Conocía poco a Rivero, pero no me pareció bien lo que hizo la familia Sanahuja y al verle tan hundido le dije ¿por qué no presentas batalla? Me preguntó si iría con él a una contraopa y yo accedí.
-¿Se pueden tener amigos en los negocios?
-¿Por qué no? Casi todos mis negocios los tengo con amigos. En la vida empresarial vale más estar con los amigos. El enemigo de todas formas está ahí fuera.
-¿Le dolió que con la salida de Bancaja se perdiera un aliado y se rompiera el sistema de equilibrios?
-Sin duda. No me parece bien que no defendieran a una empresa valenciana y que en igualdad de condiciones apoyaran a una catalana y se lo vendieran a Lara. No tengo nada contra los catalanes, pero Bancaja, que es una entidad de ahorro valenciana, tenía que haber hecho un esfuerzo mayor para vender a una empresa valenciana.
-¿Cree que debiera haber buscado algún valenciano para vender sus acciones?
-Así es. Esa masa accionarial no debiera haber salido de Valencia, tenía que haber permanecido como representación de Valencia en Metrovacesa. La venta de Bancaja ha influido mucho para que los Sanahuja tuviesen más acciones y por eso ahora hay que dividir Metrovacesa. Yo pregunto, ¿si la Caixa hubiera tenido ese paquete habría vendido a una empresa valenciana? Pues no. En igualdad de condiciones hubiera vendido a una catalana.
-¿No es devaluar el proyecto partir Metrovacesa?
-Cuando fraccionas algo lo haces más pequeño. Pasa de ser la primera o segunda de Europa a ser más pequeña. Es una pena.
-¿No es ir contra corriente una operación de escisión en un momento en el que el sector sigue el camino inverso, la concentración?
-Pues sí. El mercado busca concentrarse. Todo el mercado. Bancos y todo tipo de empresas tienden a unir fuerzas. Aquí, habrá que repartir de forma proporcional.
-¿Qué camino seguirá la sociedad que van crean Rivero y usted con activos de Metrovacesa? ¿saldrá a bolsa?
-Estamos empezando. Cuando se empiece a construir la idea es que la nueva sociedad salga a bolsa; veremos competir a la hija con la madre.
-¿Le sorprendería que la CNMV desautorizase la operación de partición?
-A la comisión se le ha presentado toda la información que reclamaba. Si fuera a poner algún reparo tendría que haberse manifestado ya. No creo que ponga dificultades porque ha sido la voluntad de las partes.
-Pero hay accionistas minoritarios que esperan que la CNMV ponga objeciones.
-Le aclaro. Hubo en septiembre dos opas: una a 78 la acción y otra que lanzamos nosotros a 80. No llegamos a cubrir el 26%, faltó millón y medio. El que quería podía haber vendido.
-Pero a fin de cuentas se actúa por un problema entre accionistas mayoritarios y en una empresa cotizada cuanto se haga se debe orientar al interés de la sociedad
-El que se quedó podía haber vendido. Si uno no vende y luego bajan, pues no ha acertado.
-¿Cómo se compagina ser socio de referencia en la nueva sociedad inmobiliaria con la propiedad de otra constructora?
-Sin problemas. Es como el que tiene acciones de Telefónica o de Iberia. También puedo tener acciones del Santander o del BBVA y no por eso tengo que ser banquero. No tiene nada que ver. Además la gente busca el piso en la zona que quiere sin preocuparse de la marca que se lo vende.
-¿Su compromiso con la nueva sociedad tiene fecha de caducidad? ¿Es una inversión estratégica o sólo financiera?
-No sé lo que haré el año que viene, pero hoy puedo decir que nuestra ilusión, tanto de Rivero como mía, es sacar adelante esa sociedad para empezar a promocionar, construir y vender. Esa es la idea hoy, pero no sé que va a pasar. Porque además hay que tener en cuenta que en la construcción hay en estos momentos una baja de ventas de entre un 50 y un 60%.
-¿Estamos en crisis?
-El mercado está muy saturado. Se estaban haciendo unas 800.000 viviendas al año y eso es una exageración. España puede absorber hasta 400.000 la mitad de lo que se contruye. Cuando uno ya ha comprado su vivienda ¿para qué quiere otra?
-¿Cuál es la estrategia de las empresas para esquivar esa saturación?
-Trabajar en otras áreas: construir para servicios (hoteles, hospitales), construir para alquiler, porque hay gente que no puede pagarse una vivienda y tiene derecho a tener casa.
-¿Han adoptado en su grupo alguna medida ante la ralentización del mercado?
-Menos ventas. Hay que reducir. Si construías 100 ahora hay que construir 20, porque si no te vas a ahogar.
-¿Se han planteado salir fuera?
-No. Estoy construyendo en Valencia desde el año 53. Yo no salgo. Tengo 77 años y no voy a Polonia ni a Turquía, que cada uno haga lo que quiera, pero yo no salgo.
-¿Hay problema de falta de suelo?
-Sin duda. No hay suelo y eso encarece mucho la vivienda. La construcción se ha encarecido un 50% en 20 años, el solar un 500%. Con más suelo sería más barato.
-Pero ¿no se supone que se está construyendo de más?
-Sí, pero es que la base es el solar y como está muy caro, la vivienda sale cara y el poder adquisitivo de la gente no sube igual. El ciudadano se lo va pensando más, porque en efecto, los pisos están muy caros. Bancos y cajas pueden plantear fórmulas imaginativas, alargando plazos, pero en definitiva hay que pagarlo.
Un informe de una firma de analistas ligada al sector de las cajas considera que su modelo de crecimiento, basado en las hipotecas, ha creado 'desequilibrios' en su liquidez y solvencia. Además, la propensión al ladrillo les ha llevado al 'abandono' de otros segmentos de negocio como las empresas.
El 'monocultivo' hipotecario puede salirle caro a las cajas de ahorros, según el estudio. El boom inmobiliario vivido durante la última década, además de reportarles suculentas ganancias, también ha generado una 'extraordinaria dependencia' que podría convertirse en 'vulnerabilidad' si el sector de la construcción entra en crisis.
Esta es la principal conclusión a la que llega el informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI), una firma controlada en un 50% por Ahorro Corporación, el grupo financiero de las cajas.
AFI considera que las entidades de ahorro han basado su crecimiento en estrategias centradas en el volumen de negocio, sobre todo de hipotecas, y la apertura masiva de oficinas, a costa de la rentabilidad 'en muchos casos'. Esto ha provocado dos tipos de desequilibrios.
Por un lado los financieros, que se manifiestan en un 'fuerte deterioro' de la liquidez y la solvencia. La fuerte expansión crediticia, con ritmos de crecimiento anuales del 20%, no se ha acompañado suficientemente con la captación de recursos ajenos. Un claro ejemplo es la liquidez estructural, que mide la proporción de depósitos respecto a los créditos. Esta ratio, que era del 125% en 1999, ha caído al 77%.
En cuanto a la solvencia, el capital de mayor calidad en el balance de las entidades financieras representaba el 7,2% del total en 2001. Cuatro años más tarde había descendido a la cota del 6,6%.
Otros desequilibrios son organizativos. La propensión hipotecaria de las cajas les ha llevado al 'abandono' de segmentos de negocio con potencial a largo plazo, como las empresas.
Anquilosamiento
Además, al ligar la expansión a promociones inmobiliarias previamente financiadas por las propias cajas, se ha producido un 'anquilosamiento' de su función comercial y de orientación al cliente, según el informe. AFI considera que esta estrategia ha provocado que las sucursales alcancen los objetivos de crecimiento de negocio sin necesidad de realizar una acción comercial más activa.
El estudio reconoce que la dependencia al ladrillo no es exclusiva de las cajas, pero sí más 'patente' en su caso. Aún así, es optimista sobre su futuro pues cuentan con 'bastantes opciones estratégicas' para seguir creciendo.
Terapias para olvidar el boom inmobiliario
El estudio de AFI, además de alertar sobre la excesiva dependencia de las cajas hacia los préstamos inmobiliarios, ofrece una serie de vías para atenuarla. En primer lugar, recomienda a las entidades de ahorro que conviertan al segmento de inmigrantes en un objetivo 'prioritario', pues la proporción de viviendas adquiridas por extranjeros está cerca del 13% y va en aumento. Acercándose al cliente inmigrante, las cajas podrían compensar la ralentización del crédito hipotecario a españoles. Otra vía que apunta el informe para diversificar el negocio de las cajas de ahorro es su internacionalización, que les permitiría 'explotar las habilidades desarrolladas en el mercado español'. Los expertos de AFI también consideran que el sector debería volcarse más en los créditos a empresas, 'especialmente pequeñas y medianas'. La bonanza económica que está viviendo España está haciendo que las compañías estén invirtiendo en nueva tecnología y maquinaria. En los dos últimos años, este tipo de inversiones crece por encima de la construcción, lo que representa una oportunidad para las cajas. El cambio de modelo económico toma cuerpo, y las entidades no pueden obviarlo, concluye el informe.
El 77% de la vida laboral de un trabajador en activo
El mercado inmobiliario ha acabado con los viejos versos de Antonio Machado. A los ‘españolitos’ que vienen hoy al mundo ya no les acompaña ‘una de las dos Españas’, sino otra menos ideológica pero más eficaz y contundente en términos económicos. La España de las hipotecas.
Los números no dejan lugar a dudas. El plazo medio de amortización de un préstamo hipotecario se ha situado ya durante el primer trimestre de este año en 27 años. Es decir, que teniendo en cuenta que la vida laboral media se encuentra en 35 años, periodo que permite cobrar el 100% de la base aseguradora de la pensión, la hipoteca acompaña al trabajador durante el 77% de su vida laboral. Nunca antes se había alcanzado un porcentaje similar. Ni siquiera aproximado.
Para llegar a esta conclusión sólo hay que tener en cuenta que en 1990 el plazo medio de amortización de una hipoteca era de 12 años. Por lo tanto, representaba apenas el 34% de la vida laboral media de un trabajador en activo. Quiere decir ello que, en apenas tres lustros, el número de años que como media se tarda en pagar una vivienda se ha más que duplicado.
Con razón, algunos analistas del mercado inmobiliario sostienen que la verdadera explosión hipotecaria y el consiguiente boom de la vivienda no está relacionado sólo con la bajada de los tipos de interés, sino más bien con el alargamiento de los plazos para amortizar un préstamo.
Algunas entidades, de hecho, ofrecen desde hace algún tiempo hipotecas a 50 años, algo impensable no hace demasiados años, cuando el mercado era menos sofisticado.
Modificación de los hábitos de consumo
El hecho de que el plazo medio de amortización haya pasado de 12 años en 1990 a 17 en 1995; y de 22 años en 2000 a los actuales 27 tiene una indudable repercusión social, toda vez que modifica los criterios de asignación de rentas en función de la edad. Los hábitos de consumo son distintos cuando la hipoteca está pagada que cuando aún faltan 15 o 20 años. Incluso tiene repercusiones sobre la movilidad laboral de los trabajadores. En la tradición continental europea, los padres que han dejado de pagar una hipoteca destinan una parte de sus excedentes a los hijos, algo que con los nuevos plazos será más difícil de realizar.
De seguir este ritmo, en 2015 la vida laboral (35 años) será equivalente a la de una hipoteca. Y hay que tener en cuenta que la edad de jubilación real se encuentra en estos momentos en 62,7 años, lo que significa que para que pueda pagarse la hipoteca durante la vida laboral habría que adquirir una vivienda a partir de los 28 años.
En caso contrario, el pago del piso tendrá que salir de la pensión –siempre que no se alargue la edad de jubilación- o de la venta de activos.
El alargamiento de los plazos hipotecarios tiene que ver, lógicamente, con el aumento de la cuantía media de los préstamos, que han pasado de los 44.786 euros en 1990 a los 144.000 de 2007, según datos de la Asociación Hipotecaria.
La subida del Euribor en enero, la decimosexta consecutiva, que ha llevado al principal indicador para fijar el precio de las hipotecas al 4,064%, supone que aquellos que revisen próximamente su cuota mensual vean como crece en 74,65 euros de media, si bien en Madrid, Baleares y Cataluña la subida es mayor.
Si la media del Euribor en enero supuso alcanzar la cota más alta desde agosto de 2001, la evolución del indicador en febrero es aún más preocupante para los "hipotecados", ya que previsiblemente cerrará este mes en el 4,10%, o cerca de este nivel, que ya ha superado en su cotización diaria, llegando, el pasado martes, al 4,122%.
La subida del indicador la sufrirán de un modo más pronunciado las familias madrileñas, baleares, catalanas, vascas, navarras, cántabras y aragonesas, ya que el importe medio de las hipotecas constituidas en estas regiones es más elevado que en el resto de autonomías. Así, en el caso de los madrileños, la subida media llega a 104,46 euros al mes por cada 160.000 euros de préstamo a 24 años, lo que supone un desembolso de unos 1.250 euros más al año.
Esta subida de las cuotas llega a 87,09 euros al mes en las Islas Baleares -1.045 euros al año por cada 133.400 euros de préstamo-, prácticamente lo mismo que en Cataluña -87,02 euros al mes y 1.044 euros al año- y por encima de los 80,25 euros más que se pagarán al mes en el País Vasco por cada 123.000 euros de hipoteca.
Una cuota y media más al año
En prácticamente todas las Comunidades, el incremento del Euribor supone pagar al año el equivalente a una cuota y media más. Al tomar como referencia la hipoteca media constituida en enero de 2005 para la compra de una vivienda en España (114.7376 euros a 24 años de plazo), a la que se aplique la revisión del Euribor del pasado enero, la cuota experimentará un incremento de 74,65 euros al mes y de 895,8 euros al año.
Sin embargo, en Comunidades como Islas Baleares, Cataluña o País Vasco, las hipotecas que se revisen con el Euribor del pasado mes, experimentarán una subida mensual cercana a los 90 euros, mientras que en Madrid, el incremento mensual supera los 100 euros. Estas diferencias entre regiones obedece a que el importe medio de las hipotecas constituidas varía desde los 160.046 euros, que como media se piden en Madrid para adquirir una vivienda, a los 72.500 euros de Extremadura.
Las subidas medias en las cuotas mensuales serán mucho más leves en Extremadura (47,3 euros/mes), Ceuta (58,3 euros/mes), Asturias (59,9 euros/mes), Galicia (59,7 euros/mes), Murcia (62,6 euros/mes) y Canarias (63,11 euros/mes). Además de en Madrid, Baleares, Cataluña y País Vasco, la subida del Euribor se sufrirá especialmente en Navarra (79,17 euros/mes), Aragón (77,77 euros/mes) y Cantabria (77,94 euros/mes).
Del 2 al 3,5%
El Euribor a un año refleja las previsiones del mercado sobre la situación en que se situarán los tipos de interés en la Eurozona dentro de doce meses, por lo que, a mayor número de subidas previstas a uno y otro lado del Atlántico, más se incrementa este indicador. Los expertos recuerdan la política aplicada por el Banco Central Europeo (BCE) desde diciembre de 2005, para intentar controlar la inflación y la masa monetaria de la zona euro.
En virtud de la misma, el tipo de interés oficial en la Eurozona ha pasado del 2 al 3,5%, tras seis subidas de un cuarto de punto y después de que el BCE los mantuviese inalterados en su última reunión. Ante las perspectivas de incrementos de los intereses, el Euribor ha encadenado dieciséis subidas, una racha que no había vivido este indicador desde que se estableciera en 1999.
“No estamos en una etapa de recesión, puede que sí dentro de un año o dos”. Quien pronuncia estas palabras no es otro que Luis Ángel Rojo, ex gobernador del Banco de España, en el 125 aniversario de Caja Duero. Rojo, que explicó que nuestro país se encuentra en un momento económico brillante, vinculó sin embargo el devenir de la economía española y europea a la de Estados Unidos, donde crecen las alarmas de desaceleración, entre otras causas, por el pinchazo de su burbuja inmobiliaria.
El mes pasado, el precio de la vivienda de nueva construcción en Estados Unidos registró un desplome del 9,5% en relación al mismo mes de 2005. Es la mayor caída en 36 años, desde 1970. El ex gobernador del Banco de España se mostró “poco partidario del mundo inmobiliario”, pues, según él, ha estado apartando recursos y la posibilidad de avance. “No digo que esté mal, pero no es el tipo de economía que me gusta”, confesó.
Precisamente, los medios del otro lado del Atlántico se hacen eco de la burbuja española y la corrupción urbanística que lleva aparejada, especialmente en la costa mediterránea. El mismo día en que Rojo hacía estas declaraciones, The Washington Post publicaba un artículo titulado ‘Land laws on Mediterranian Cost enable a boom but bring corruption’ (Las leyes del suelo de la costa mediterránea posibilitan el boom pero traen corrupción). La información destaca que “el boom inmobiliario español de los últimos 10 años alimenta la corrupción, las actividades mafiosas, destruye ecosistemas y destroza gran parte de la costa”.
The Washington Post también hace hincapié en que en los últimos cuatro años se han levantado en España alrededor de tres millones de viviendas, el 40% de toda la construcción europea, según algunos cálculos. Boom fomentado, en parte, por los europeos del norte en busca de casas para su jubilación en el cálido Mediterráneo. Al periódico estadounidense tampoco se le escapa que “el incremento de los precios ha ayudado a crear una economía sumergida que ha atraído miles de millones de euros en fondos ilícitos”.
Los famosos ‘bin ladens’
En este contexto, cita las sospechas de investigadores universitarios de que "los traficantes de droga en el sur de España tienen inversiones en el sector inmobiliario, puesto que es un sector cómodo para blanquear dinero sin que se pregunte nada". La información recoge incluso la manera en que los “spaniards” denominan a los sospechosos billetes de 500 euros: “Bin Ladens, porque todos saben que existen pero nadie puede encontrarlos”.
La noticia se fija igualmente en las críticas del Parlamento Europeo a "ley de expropiación del suelo de Valencia", donde se celebrará en 2007 la Copa América de Vela, que entrega el control de los inmuebles privados a los promotores, dándoles los medios legales para obligar a los propietarios a renunciar al terreno o recomprarlo. Por último, The Washington Post menciona una entrevista a María Teresa Fernández de la Vega, en la que la vicepresidenta reconoce el poco control del Gobierno sobre el urbanismo, en manos de las autoridades locales.
El modelo turístico de sol y playa corre un serio peligro si prosigue el nivel de construcción en la costa. Expertos del sector debaten en Benidorm las estrategias frente a destinos emergentes como Turquía y Croacia, con precios, clima y condiciones similares a las de España, pero con un paisaje menos saturado urbanísticamente, y urgen a adoptar medidas. El vicepresidente ejecutivo de Exceltur, Alianza para la Excelencia Turística, José Luis Zoreda, explicó que "no es aconsejable crecer de forma tan rápida como se está haciendo en las zonas costeras" en la última década.
El experto enumeró varios motivos para rechazar la construcción masiva: "no es buena tanta construcción, porque la capacidad de carga de servicios no se puede soportar. Además, la oferta residencial se termina comercializando de forma alegal y compite con la legal".
José Luis Zoreda explicó que en el último año se construyeron 800.000 viviendas en España según el Ministerio de la Vivienda. "Pongamos que la mitad lo hicieron en la costa, y que una cuarta parte, es decir, 200.000 son de potencial uso turístico con una media de 4 camas de promedio. Esto nos da 800.000 nuevas camas por año. La oferta reglada actualmente es de 1,6 millones de plazas. ¿Es sostenible crecer anualmente el 50% de la oferta existente en el mercado?", se preguntó precisando que se trataba de una simple regla de tres.
Desde su punto de vista, la gravedad radica en que quienes adquieren las segundas residencias las alquilan cuando no las ocupan, lo que "crea una competencia con el hotelero, que tiene que ofrecer servicios, pagar a empleados y tener una oferta regular". La ley de la oferta y la demanda, según este experto, provoca que los precios bajen. "La construcción genera un efecto multiplicador de la economía", reconoció, "no digo que sea bueno o malo", pero "seguro que este modelo cambiará el perfil del usuario final", que, auguró "será más residente que turista, con una conducta diferente al que viene en la actualidad". Además, añadió, "puede cambiar el perfil del tejido empresarial a medio o largo plazo. Por ejemplo, ¿de qué sirve tener discotecas o pubs si el cliente es una persona de avanzada edad? ¿No sería más apropiado hacer residencias para la tercera edad?".
Otro de los ponentes en el XI Foro Internacional de Turismo que ayer arrancó en Benidorm fue Ignacio Vasallo Tomé, que en contra de la opinión del vicepresidente de Exceltur afirmó que a los turistas "lo que les preocupa es el clima". "A quien debe de preocuparle la sobreexplotación es a nosotros, que nos quedamos sin litoral", indicó. Ignacio Vasallo, gran conocedor del turismo británico, aseguró que el golf "atrae a muy pocos clientes por sí mismo, pero en el mercado inmobiliario tiene fuerza como un valor a la hora de adquirir una casa".
NUEVA YORK.- La grave crisis que sufre el mercado hipotecario ha puesto en alerta a EEUU por la posible repercusión en la economía del país y porque ha revelado el deficiente sistema de control de las entidades financieras en los últimos años.
Las alarmas saltaron el martes, cuando la propia Asociación de Bancos Hipotecarios alertó del incremento en la morosidad y el impago de los créditos para viviendas, en un momento, además, en que varias financieras atraviesan graves crisis de liquidez.
La morosidad de los créditos hipotecarios creció en el último trimestre del 2006 hasta el 4,95%, lo que hizo que la ejecución de las hipotecas -que supone la pérdida de la vivienda por parte del propietario- subiese al 0,54% un récord histórico.
Golpe a los mercados bursátiles
Esta situación no ha pasado inadvertida en los mercados, especialmente Wall Street, que ayer sufrió un duro varapalo, la segunda mayor caída en cuatro años, asustada por las posibles repercusiones que esta situación puede tener para la economía más importante del mundo.
El martes, el Dow Jones se dejó más de 240 puntos, en un retroceso que después se extendió a los mercados de renta variable europeos y asiáticos. El miércoles, en una jornada volátil, este indicador perdió el soporte psicológico de 12.000 puntos, algo que no ocurría desde el pasado 6 de noviembre.
Esta situación ha hecho recordar a los inversores más veteranos la grave crisis crediticia que se produjo en Estados Unidos a finales de los años 90, y que curiosamente también tuvo como uno de sus protagonistas a la entidad New Century, la segunda mayor entidad especializada en las hipotecas de 'alto riesgo', es decir, las concedidas a personas sin solvencia financiera y con ingresos dudosos, segmento que ha crecido de manera imparable en los últimos años.
La propia Asociación Hipotecaria reconoció que en la actualidad hay seis millones de hipotecas de este tipo, con un ratio de morosidad del 8%, casi el doble que el resto.
Para muchos analistas, precisamente el auge de este tipo de créditos ha alimentado la espectacular burbuja inmobiliaria que ha registrado Estados Unidos en los últimos años y que, de alguna manera, ha comenzado ya a desinflarse en muchos puntos del país.
Prácticas deficientes
Para la firma de análisis Standard & Poor's, la actual crisis del mercado inmobiliario ha destapado las prácticas deficientes que han desarrollado algunas entidades financieras, especialmente las especializadas en el 'alto riesgo'.
La analista Victoria Wagner, de S&P, considera que se ha producido una "tormenta perfecta" motivada por la confluencia de varios factores de riesgo, pues existe constancia de que estas entidades no solicitaban a sus clientes documentación sobre sus ingresos o activos.
Además, no les exigían una entrada para el crédito o que aportaran garantías adicionales, amén de evaluar de manera muy deficiente el historial crediticio de los clientes.
Hace solo unas semanas, el propio presidente de la Reserva Federal, Ben Bernanke, quiso quitar hierro al tema de las hipotecas de riesgo, reconociendo que le preocupan esos préstamos, así como el incremento de las declaraciones de quiebra, y añadiendo que no cree que el problema tendrá un impacto en el sistema financiero y la economía en general.
Pero la reacción del mercado financiero no acompaña las afirmaciones de la máxima autoridad monetaria, pues se ha extendido el temor de que el sistema hipotecario esté entrando en una crisis de liquidez, como ayer mismo dijo a la cadena de televisión CNBC el presidente ejecutivo de Countrywide Financial, Angelo Mozilo.
Además, los inversores temen que, debido a la alta morosidad, las entidades financieras endurezcan las condiciones para otorgar créditos, lo que causaría uno de los efectos más temidos en la economía estadounidense: una reducción del gasto de los consumidores.
Las informaciones sobre la incipiente crisis en el mercado hipotecario en Estados Unidos siguen apareciendo con cuenta gotas. Lo último al respecto es un informe que estima que en los próximos seis o siete años se producirán más un millón de embargos de viviendas, como consecuencia de los impagos hipotecarios.
El estudio, elaborado por First American CoreLogic, basa sus estimaciones en los 8,37 millones de hipotecas que fueron firmadas entre 2004 y 2006 y que tienen que ser revisadas por las últimas subidas de los tipos de interés. El valor total de estos préstamos hipotecarios asciende a 2,2 billones (españoles) de dólares.
Esto es, del total de hipotecas formalizadas entre 2004 y 2006 tanto para la compra como para refinanciar una vivienda y pendientes de ser revisadas, el 13% no serán capaces de afrontar las cuotas hipotecarias, por lo que se producirá el embargo de las viviendas.
La deuda total estimada que se espera por el impago de estas hipotecas asciende a 326.000 millones de dólares y tras los embargos y la venta de las viviendas, se estima que la pérdida para los prestamistas será de 112.000 millones, algo menos de la mitad.
Aparte de estos datos, el estudio se centra en aquellas hipotecas pendientes de revisión que son subprime (de alto riesgo) y que son a tipos irrisorios o teaser-rate, es decir, aquellas con intereses iniciales muy bajos. Un gran porcentaje de estos préstamos serán revisados al alza y estos ajustes provocarán impagos en el 32% en los préstamos teaser y el 12% en los subprime o de alto riesgo en los próximos seis o siete años.
Escaso impacto sobre la economía
A pesar de los 112.000 millones de dólares de pérdidas para el mercado hipotecario, el autor del estudio, Christopher Cagan, asegura que no provocarán una crisis económica. “Es menos de lo que gastamos en alcohol, en la lotería y en las apuestas. El precio de la gasolina tiene más impacto. Tenemos 60.000 millones de dólares al mes en déficit comercial que empequeñece esa cifra”, apunta. El estudio estima que el impacto será en torno al 0,36% del Producto Interior Bruto (PIB).
Algunos de los préstamos de los últimos años se diseñaron para permitir cuotas inicialmente muy bajas. Ahora, con la revisión de estas hipotecas a las últimas subidas de tipos, los estadounidenses se enfrentan a una presión doble. Por un lado, el incremento de las cuotas mensuales, y por otro, el estancamiento e incluso descenso de los precios de los inmuebles.
A raíz de la crisis que atraviesan algunas entidades que conceden hipotecas de alto riesgo, ayer se conoció que la confianza de los constructores estadounidenses cayó en el mes de marzo. El índice que elabora la Asociación Nacional de Constructores de Vivienda (NAHB en sus siglas en inglés) cayó hasta 36 puntos frente a los 39 registrados en febrero y los 38 esperados por el mercado.
La policía ha desmantelado una supuesta red internacional dedicada al blanqueo de capitales en el sector de la construcción de la Costa del Sol y relacionada con el tráfico de drogas en Holanda y Francia, en una operación en la que, según los investigadores, ha sido detenido un importante constructor holandés residente en Málaga. Otras tres personas han sido arrestadas en estos dos países.
En la investigación se ha podido identificar, al menos, a dos organizaciones criminales, una radicada en Francia y otra en Holanda, a las que la persona detenida en Málaga blanqueaba importantes sumas de dinero procedentes de delitos, especialmente del tráfico de drogas.
En Málaga, la actuación ha culminado con el ingreso en prisión de un relevante constructor y se practicaron cuatro registros domiciliarios, incluido el de una inmobiliaria de renombre en la capital, mientras que en Holanda hubo dos detenidos y dos registros, y en Francia, otra persona fue arrestada. Los detenidos son H.M.V.H., holandés de 59 años afincado en Málaga; N.E.B. y R.V.E., ambos de 26 años y de Holanda, y R.I.S., española de 32 años arrestada en Francia.
Entramado inmobiliario
El grupo está vinculado a un entramado societario inmobiliario y a una red de extorsión afincada en Holanda dedicada al tráfico de estupefacientes, y se ha podido demostrar su implicación en numerosos homicidios y extorsiones, según la policía.
El constructor utilizaba su entramado societario inmobiliario para ocultar el origen ilícito de los fondos, ingresando todo el dinero en una bolsa común de las sociedades, algunas de ellas pantallas, para luego transferirlo a sus dueños con apariencia de legalidad.
Según las pesquisas policiales, parte del dinero blanqueado en la Costa del Sol no se entregó "en tiempo y forma", por lo que la red, como represalia, llevó a cabo un ajuste de cuentas a uno de los socios de la organización.
Bloqueadas cuentas en 15 bancos
La investigación, iniciada el año pasado, condujo a detenciones y registros el pasado martes en Holanda, Francia y la Costa del Sol, y se neutralizó el entramado de blanqueo en España. La operación fue coordinada por la Europol a través de los puntos de cooperación internacional judicial y fiscal.
Tras esta operación se bloquearon cuentas bancarias en 15 entidades financieras y se intervinieron cuatro inmuebles, entre ellos dos fincas de grandes dimensiones, y siete vehículos de lujo.
Zapatero afirma que: España será el primer país del mundo en alta velocidad en 2010, por delante de Francia y Japón, dentro de un Plan de Infraestructuras (PEIT) que es un ejemplo de cohesión y vertebración social...... así es como se une y se fortalece España.
Para los ciudadanos supone soportar un gasto de 250.000 millones de euros; para el gobierno una inversión con un retorno asegurado de 40.000 millones, el IVA de lo que les va a facturar las empresas constructoras. Volverán a invertir los 40.000 millones y asegurarse otros 6.400 millones, etc... Así crece nuestro PIB, la riqueza del país medida en “cosa”.
Cohesión y vertebración social; no para esa mayoría de ciudadanos que se ve empobrecida bajo el umbral de la pobreza, por pérdida progresiva de poder adquisitivo. La expresión que se impone y se resisten a usar nuestros gobernantes y “oposición” es: convergencia social europea.
El gobierno incumple sistemáticamente muchas promesas electorales, en particular para la familia, como recientemente declaraba Eduardo Hertfelder, presidente del Instituto de Política Familiar (IPF), añadiendo que: en 2.006 la familia en España ha sido la gran abandonada,(ante el silencio de la derecha católica) aumentando la divergencia con el resto de Europa.
España sigue siendo el único país europeo que dedica menos del 1% del PIB a la familia, cuando Portugal con un 1,22% y Grecia con un 1,86% le superan doble y triple. Al 0,52% que gasta España en familia, el promedio de la UE-15 le supera en un 333 %.
Nuestro gasto social global sobre el PIB ha descendido mas de un 2% en los últimos 15 años; hoy es el 19% cuando el promedio EU-15 es un 28% creciente. Medido per cápita, igualmente nos situamos en la cola de Europa. Con un PIB igualado al promedio europeo y novena econo-mía mundial, es inconcebible este desamparo social por un gasto 62% del promedio de la UE-15.
Estos últimos años, el gobierno ha batido todos los record de recaudación de IVA, IRPF, beneficios de la Seguridad Social, INEM, etc. siendo la economía occidental que mas ha crecido en PIB. A su vez la población que mas se ha empobrecido por pérdida de poder adquisitivo, recortes sociolaborales, descenso del salario medio, subdesarrollo social etc. Al eco del clamor desde este platillo, pregunto a Idoia Zenarruzabeitia: ¿a costa de qué, ese crecimiento del PIB en la CAV? ¿ tiene mérito sin un progreso y bienestar social relativo al mismo?. “Ignoran” que la balanza como la contabilidad tiene dos platillos.... y el Debe social lo tienen muy sobrecargado.
“El País” en abril de 2.005 informaba: Deberíamos gastarnos alrededor de 60.000 millones de euros mas de lo que nos gastamos en protección social para alcanzar el nivel de gasto público social que nos corresponde por el nivel de desarrollo económico que tenemos.
Motivados por el IVA, practican la alquimia de convertir en inversión lo que estiman gasto, al trasvasar 60.000 millones al año de lo social a infraestructuras. Es una de las causas de nuestra divergencia y falta de cohesión y vertebración social con Europa. La otra causa es el desafecto humano y falta de conexión con lo que realmente importa al ciudadano y preocupa a las familias.
Por mi parte termino; hay que hacer sitio a otros. Tan solo he querido mostrar la injusticia y la otra cara de lo que para mi es una de las razones de nuestra bonanza económica, reafirmada por sus reiterados silencios. Una circunstancia incívica que requiere crear una Comisión Ético-Social, con el compromiso de la UPV-EHU, analistas mas acreditados y trabajadores sociales.
Ortega y Gasset diría que es la circunstancia que gobierna éste país, la que nos hace tropezar una y otra vez con la misma “piedra”........con uno mismo, le puntualizaría Unamuno.
De nada ha servido el acuerdo al que ha llegado Ana Botella, concejal de Empleo de Madrid, con la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) para sacar adelante la llamada "Hipoteca Joven del Ayuntamiento de Madrid". De nada, porque los jóvenes de la Plataforma por la Vivienda Digna le han salido al paso diciéndole que lo único que consigue con esas ofertas, que "ayudan a los jóvenes a hipotecarse durante 50 años", es "contribuir a sostener y aumentar los desorbitados precios" de las viviendas. El movimiento por una vivienda digna se inició a través de Internet convocando una sentada para el 14 de mayo de 2006.
Está claro: hay un problema con el acceso a la vivienda, el de un derecho (artículo 47 de la Constitución) convertido en un bien de lujo. Y, como casi siempre, cada problema tiene más de una solución.
Está la opción Botella: ofrecer, a través de la CAM, las mejores condiciones de compra posible. Es decir, financian el 100% del valor de tasación, cuando lo normal es el 80%. O sea, el banco presta todo el dinero (incluido IVA, gastos de notario...) y no es necesario tener un ahorro previo para la entrada. Y el plazo de devolución es de 50 años, cuando lo habitual son 40. O sea, dan 50 años para pagar la casa de su vida. Además, ofrece un interés bajito, menor al Euribor (el que marca el mercado y que no ha dejado de subir en los últimos años), durante los seis primeros meses y, después, el Euribor más un margen (los beneficios del banco) de entre un 0,35% y un 0,85% en función de los riesgos que la entidad considera que asume con el cliente.
Visto por expertos inmobiliarios es una oferta golosa, aunque se puede encontrar también en el mercado en algunas cajas. Visto por los promotores es "un producto muy bueno que no se puede encontrar en el mercado en su conjunto".
Pero la cuestión es que es un producto para comprar no recoge otras opciones para vivir en una vivienda digna. Y, por otra parte, el ayuntamiento, de ese modo, no tiene que invertir un euro en la solución del problema de acceso a la vivienda. Le basta con invitar a las cajas y bancos a hacer sus ofertas, como hizo, y publicitar la que considera mejor. Bien visto.
Sí, bien visto, si la voluntad de los jóvenes fuera comprar. Pero deja de ser una buena oferta y una buena solución cuando huyen de la opción de compra por miedo a "la condena" de la hipoteca, casi vitalicia. "La intervención de la administración debe ir en sentidos radicalmente distintos como limitar la cuantía y los tiempos de retorno de los préstamos hipotecarios, satisfacer la necesidad de alojamiento de las familias con menos recursos, potenciando las viviendas protegidas, y fomentar el alquiler grabando a quienes mantienen los tres millones de viviendas vacías en España, como ocurre en otros países. Además, crear más demanda de compra, implica más especulación y más burbuja inmobiliaria", dicen.
Dos filosofías, dos conceptos. El de Botella, que tiende a perpetuar la tendencia del español medio de tener una vivienda en propiedad, y el de la Plataforma por la Vivienda que busca vivir en un sitio digno sin hipotecarse de por vida.
LA 'HIPOTECA JOVEN'
El banco "lo da todo": 100% del valor de tasación y plazo de devolución hasta 50 años
Interés bajo: Los seis primeros meses el tipo de interés será del 3,75% y, después, el Euríbor más un margen de entre 0,35% y el 0,85%
Un grupo de activistas de la Asamblea Contra la Precariedad y por Una Vivienda Digna dormirá hoy al raso en Madrid (desde las 22:00), justo en la intersección entre Callao y la Gran Vía, para exigir su derecho a una vivienda digna.
"Mientras las administraciones públicas y los partidos políticos siguen inmersos en sus crispaciones particulares, nosotros seguimos en la puta calle, y lo que es peor, sin propuestas sólidas para atajar el problema de la vivienda", señala la asamblea en un comunicado.
Nosotros seguimos en la puta calle
Según los convocantes, el objetivo de la protesta, una vez más, es expresar su rechazo a lo que ellos consideran un incumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los españoles a una vivienda digna y adecuada.
Nueva manifestación para el sábado
Este fin de semana vuelven las convocatorias por el derecho a una vivienda digna en toda España.
Las concentraciones, que tendrán lugar el sábado 24, "se suman --como informa Viviendadigna.org-- a la realizada por la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio (CCDT) para el 5 de mayo en lo que va a ser una escalada de movilizaciones de presión a los partidos políticos de cara a las próximas elecciones municipales y autonómicas".
Rueda de prensa en Madrid
La rueda de prensa sobre la manifestación de Madrid será mañana a las 12:00 de la mañana frente al Ministerio de Vivienda, donde la asamblea informa de que tendrá lugar el sorteo de la "lotería extraordinaria de la vivienda precaria".
La Plataforma Derecho a Techo, convocante de la protesta, reclama casas para los menores de 35 años a precios asequibles
Con el lema Si no tienes vivienda, vente con tu tienda, alrededor de 50 jóvenes han acampado hoy en la explanada junto a la estación de metro de Ciudad Universitaria, en Madrid, para exigir a las Administraciones, especialmente a la Comunidad de Madrid, una vivienda a precios asequibles.
La acampada ha sido convocada por la Plataforma Derecho a Techo, constituida recientemente y que denuncia que los jóvenes madrileños se ven obligados a destinar casi el 80% de sus ingresos para poder acceder a una casa.
Las más de 20 tiendas instaladas portaban carteles con mensajes como Esta tienda en Madrid cuesta 13.000 euros (4 metros cuadrados); Acampa con nosotros. Ella no lo haría, acompañado de una foto de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, o La vivienda es un derecho, no un negocio, entre otros.
Antonio Cartier, portavoz de la Plataforma, ha reclamado la creación de un parque público de viviendas en alquiler cuyo coste mensual no exceda el 30% de los ingresos de un joven. También ha pedido un plan de choque que ponga en el mercado un importante número de viviendas protegidas, preferiblemente de promoción pública, y el establecimiento del régimen de protección pública a una vivienda durante toda su vida útil, con el fin de evitar el fraude y la especulación.
Además, Cartier ha defendido que la Administración medie entre el propietario y el inquilino, con la puesta en marcha de ayudas directas a los inquilinos para que el coste mensual de la vivienda no supere ese 30% y también para que los propietarios decidan sacar viviendas vacías al mercado de alquiler.
Según esta Plataforma, en la Comunidad de Madrid hay en la actualidad algo más de 1.600.000 jóvenes de entre 18 y 35 años, lo que representa casi el 27% de la población madrileña, y, de ellos, sólo unos 675.650 disponen de una vivienda, por lo que casi un millón de jóvenes están fuera del mercado.
El adquirir una vivienda en propiedad en Madrid capital puede llegar a suponer un desembolso mensual superior en un 50 por ciento a la opción del alquiler de un piso de la misma superficie, como ocurre en el distrito de Barajas, donde el coste de una hipoteca para una casa de 90 metros cuadrados se sitúa en 1.537 euros al mes, mientras que el alquiler es de 990 euros.
Según el informe 'Diferencias entre comprar o alquilar una vivienda en la Comunidad de Madrid', elaborado por Cohispania, sociedad de tasación y valoración, esta misma situación se produce en el distrito de Fuencarral, ya que la hipoteca de una vivienda de 90 metros cuadrados tiene un coste de 1.352 euros mensuales frente a los 896 del alquiler de un piso de igual superficie, un 51 por ciento más.
La diferencia entre comprar y alquilar piso puede situarse hasta en un 25 por ciento en el Noroeste de la región, ya que la hipoteca de un piso de 90 metros cuadrados es de 1.123 euros, frente a los 896 euros a los que hay que hacer frente para alquilar una casa de la misma superficie. El informe también muestra que por el precio de un alquiler en el distrito Centro (1.440 euros mensuales) se puede adquirir una vivienda en propiedad de la misma superficie en Arganzuela (1.396 euros de cuota de hipoteca).
Además, por el pago de la hipoteca en Villaverde (999 euros) se puede vivir de alquiler en Barajas (990 euros al mes). En lo que respecta al resto de la Comunidad de Madrid, por el precio de un alquiler en la zona noroeste (896 euros al mes) se puede adquirir una vivienda en el sureste (897 euros).
MAYORES DIFERENCIAS
Los distritos situados en el centro y norte de la ciudad son los que mayor diferencia registran. El contraste entre comprar y alquilar una vivienda tipo de 90 metros cuadrados es más acuciado en los distritos de Barajas y Fuencarral, 55 y 51 por ciento, respectivamente, frente a las diferencias existentes en distritos como San Blas y Villa de Vallecas, en los que vivir en régimen de alquiler tan sólo difiere de la compra en un 3 y en un 7 por ciento.
Asimismo, en el estudio se muestra que los contrastes entre comprar y alquilar aumentan en zonas de nueva construcción, las más caras de estos distritos, mientras que la oferta de alquiler se concentra en su mayoría en las zonas con viviendas más antiguas y con menor dotación de servicios comunitarios. El informe señala, asimismo, que en algunos distritos, como el de Fuencarral, se ha registrado una sobreoferta de alquiler, debido mayoritariamente a compras inversionistas y la ralentización de la compra-venta, lo que ha repercutido en los precios del alquiler, que se han mostrado más competitivos.
Los distritos más caros registran diferencias de dos dígitos, excepto Centro. Mientras que el distrito de Salamanca encabeza el ranking de cuota de hipoteca con 1.863 euros, es el de Centro el que registra el mayor pago mensual de alquiler, con 1.440 euros. En compra-venta, los distritos más caros de la capital son Salamanca (1.863), Chamberí (1.794), Chamartín (1.756) y Retiro (1.595).
DISTRITOS MAS BARATOS
Por su parte, los más baratos son Villaverde (999), San Blas (1.032), Usera (1.039) y Villa de Vallecas (1.104). En alquiler, a la cabeza se encuentran Centro (1.440), Salamanca (1.354) y Chamberí (1.350), mientras que en los últimos puestos se sitúan Villaverde (844), Fuencarral (896) y Vicálvaro (900).
Al analizar las diferencias entre ambos costes, dos tercios de los distritos tienen diferencias superiores a dos dígitos entre vivir en propiedad y en alquiler. Entre estos, Chamartín es el tercer distrito en diferencia si se opta por el alquiler (1.237 euros) frente a la compra (1.756 euros de cuota) y registra una diferencia de un 42 por ciento de ahorro. Salamanca, el distrito más caro de Madrid en compra-venta, se sitúa como el cuarto en el que más diferencia existe entre vivir en compra o en alquiler, con un 38 por ciento menos de renta.
Similares contrastes se registran en Chamberí, Hortaleza y Moratalaz, con un 33, 31 y 27 por ciento menos a favor del alquiler, respectivamente. Esta divergencia disminuye en el distrito de Centro, el más caro de la capital en alquiler, en el que la diferencia entre comprar y alquilar no supera los dos dígitos y sólo supone un 9% de ahorro para las familias.
MENOS DIFERENCIAS, EN EL NORTE Y EL SUR DE LA REGION
Asimismo, el informe señala que las zonas Norte y Sur de la región son las que menos diferencias presentan entre alquilar y comprar. La zona Noroeste de la Comunidad de Madrid se sitúa como la más cara en compra, ya que registra un incremento de 25 puntos si se opta por la adquisición de vivienda (1.123 euros mensuales de cuota hipoteca) frente al alquiler (896 euros al mes).
Mientras, el Suroeste, el Noreste y el Sureste registran diferencias de dos dígitos, 18, 15 y 13 por ciento, respectivamente. El menor contraste se encuentra en la zona Norte, en la que se puede vivir en propiedad por 1.003 euros, sólo un 5 por ciento más que la renta mensual del alquiler (957 euros).
ESFUERZO PARA COMPRAR VIVIENDA
El esfuerzo familiar en Madrid capital a la hora de optar por comprar o alquilar una vivienda es del 7 por ciento a favor de vivir en alquiler. Según el informe, Barajas es el distrito con la diferencia más acuciada entre el esfuerzo familiar mensual a la hora de elegir entre vivir en propiedad y asumir el coste de una hipoteca o en régimen de alquiler. Una familia que arrienda una vivienda en este distrito ahorra con respecto a la compra un 18 por ciento del conjunto de los salarios del hogar.
Un fenómeno muy similar al de Chamartín (17 por ciento), Salamanca (17 por ciento), Fuencarral (15 por ciento) y Chamberí (14 por ciento). La media del esfuerzo salarial de una familia de la capital varía en siete puntos, ya que vivir en propiedad les supone el 45 por ciento del conjunto de los ingresos familiares frente al el 38 por ciento en régimen de alquiler.
En cuanto al resto de la Comunidad, la zona Noroeste registra el mayor contraste en esfuerzo familiar, con un 8 por ciento menos de esfuerzo si se vive en alquiler que en propiedad, y las zonas Norte y Sur registran la menor diferencia, con un 2 y 3 por ciento, respectivamente.
Una veintena de miembros de la plataforma popular V de Vivienda se han encerrado hoy en Barcelona en una oficina bancaria de La Caixa para denunciar simbólicamente a las entidades financieras como unas de las responsables de que se vulnere el derecho a la vivienda en España.
Los jóvenes han decidido celebrar su asamblea en el vestíbulo de la sucursal de La Caixa situada en la calle Ciutat de Barcelona como acto de protesta por el beneficio que estas entidades obtienen a costa de las abusivas hipotecas que pagan las personas que quieren acceder a una vivienda de propiedad.
Adriá, uno de los jóvenes que permanece encerrado en el cajero, ha lamentado, en declaraciones a Efe, la 'falta de voluntad y valentía política' que existe para solucionar el problema del acceso a la vivienda, que 'debería ser un derecho' equiparable a la sanidad o la educación.
'Las decisiones políticas están coartadas por estos grupos de poder, que se están haciendo de oro a costa de las hipotecas mientras perjudican a la gran mayoría', ha señalado Adriá, que asegura que hacen falta medidas decididas para dar respuesta a este problema, como erradicar los pisos vacíos y construir más pisos de protección oficial.
Los veinticinco miembros de V de Vivienda que están en el interior de la oficina de La Caixa no tienen, por el momento, intención de abandonar las instalaciones y se plantean, incluso, pasar la noche en allí con sacos de dormir.
Para reclamar el derecho a la vivienda, esta plataforma ha convocado para el próximo sábado una manifestación que, bajo el lema 'Va a ser que no', recorrerá el centro de Barcelona y el de otras ciudades españolas como Madrid, Logroño, León, Tarragona y Toledo, entre otras poblaciones.
Los ingresos de uno de cada 4 barceloneses no alcanzan ni para una vivienda de protección oficial. Un estudio alerta de que hasta el 2016 la ciudad necesitará 30.000 casas más de las proyectadas
La opción más eficaz desde las políticas públicas es promocionar el alquiler asequible. En régimen de compra no se puede ayudar al 25% de la población, ya que, tal y como está el mercado inmobiliario, uno de cada cuatro barceloneses necesitaría la renta anual de 24 años para tener una vivienda de propiedad. Es la principal conclusión de El libro blanco de la vivienda en Barcelona, un trabajo de investigación encargado por el consistorio al catedrático de Política Económica de la Universitat de Barcelona Antón Costas, y que debería servir para consensuar las iniciativas futuras de la capital catalana en materia de vivienda.
El estudio, que fue presentado por Costas, junto al alcalde Jordi Hereu, alerta de que las familias con ingresos más bajos (el 25% de los barceloneses, que no superan los 10.000 euros anuales) deben enfrentarse a múltiples dificultades, ya que, además, en los últimos años las subidas más elevadas de los precios de compra y alquiler se han producido en los pisos que eran más baratos.
El catedrático definió el precio asequible para comprar o alquilar un piso como aquella inversión que no supera el 35% de la renta familiar. Así, señaló que el precio que podría asumir una familia de bajos ingresos para comprar es de 70.000 euros. O sea, que no pueden permitirse ni una vivienda de protección oficial, que alcanza los 97.000 euros. Pero el panorama no es más alentador si este colectivo, principalmente jóvenes y ancianos, quiere alquilar. En ese caso, el coste asequible sería de un máximo de 270 euros mensuales, cuando la oferta pública actual de este tipo de viviendas oscila entre los 293 y los 513 euros.
CAMBIOS EN LA DESGRAVACIÓN
Ante los graves problemas para la compra, el Libro Blanco, que se presentará en las próximas semanas ante el Consell de Ciutat, sugiere que la Administración debe encaminar sus esfuerzos en vivienda protegida en el parque de alquiler, ya que el colectivo más vulnerable ni siquiera se puede beneficiar del instrumento más potente de ayuda a la compra de un piso: la desgravación fiscal del IRPF. "Las familias con renta baja y media baja no tienen suficientes ingresos para deducir", explicó el experto, por lo que planteó que se creen "cheques fiscales", una ayuda directa, para paliar esta situación.
Entre otros aspectos sobre los que llama la atención el informe es acerca de que en Barcelona harán falta hasta el 2016 unas 30.000 viviendas más de las proyectadas, debido, principalmente, a los cambios de modo de vida, ya que aumentan los hogares unipersonales, y a la inmigración. El catedrático alertó de que en una década se requerirán entre 70.000 y 90.000 pisos, cuando el potencial de viviendas nuevas en la ciudad, derivadas de reformas urbanísticas, es de 57.000 casas.
Una de las fórmulas para paliar este déficit, dijo, es considerar que las viviendas de los ancianos pueden suponer un parque potencial de pisos sustituibles en el futuro. En ese sentido, propone que la Administración actúe como mediadora entre el colectivo de personas mayores y los bancos que ofrecen hipotecas inversas --aquellas en las que el anciano recibe una mensualidad que le ayuda a sufragar los gastos la dependencia sin dejar su hogar--, para que los poderes públicos les den garantías "de que pueden usar su patrimonio sin temor a quedarse sin él".
Ante el grave panorama que expuso el catedrático, el alcalde Hereu reconoció que Barcelona tiene un reto pendiente con los segmentos sociales más alejados de la posibilidad de poder acceder a una vivienda, aunque también aseguró que el ayuntamiento está creando pisos protegidos de alquiler, especialmente para jóvenes y ancianos.
Inmigrantes recientes y parejas con hijos no pueden aspirar a pisos oficiales para jóvenes. Las bolsas de promociones subvencionadas rechazan a los que carecen de contrato fijo o aval
Mientras más dificultades tiene un joven para pagar su alquiler, con menos posibilidades cuenta para recibir ayudas de las administraciones. Inmigrantes, personas que han salido de casa de sus padres y se han mudado de municipio, trabajadores que ganan menos de 750 euros y las parejas con más de un hijo no pueden optar a los pisos protegidos para jóvenes. Tampoco pueden utilizar las bolsas de alquiler sociales quienes no tengan contrato fijo o aval, según especifican las bases de acceso.
Esas mismas bases indican que los jóvenes que hayan cambiado en los últimos dos años de municipio no pueden acceder a un piso protegido en Barcelona. La restricción aumenta a cinco años en casi todos los municipios del área metropolitana, a 10 en Sant Cugat del Vallès y hasta a 25 en Mollet del Vallès. Estas exigencias premian a los vecinos más antiguos en perjuicio de los más recientes y de los inmigrantes.
"Todas las ayudas de las administraciones ponen trabas para beneficiar a sus votantes y dejar fuera a los que más las precisan. Se debería plantear una demanda contra los municipios que exigen tantos años de empadronamiento, porque es una política excluyente hacia la inmigración", explica Yolanda Rodríguez, portavoz de la plataforma Vivienda Digna. Ni el ayuntamiento ni la Generalitat han atendido las peticiones de este diario para explicar la lógica de estos requisitos de acceso.
CRECEN LAS RESTRICCIONES
En promociones recientes, el Ayuntamiento de Barcelona ya ha comenzado a exigir que los solicitantes sean del mismo barrio donde se construyen los pisos, tal y como reclaman las propias asociaciones de vecinos, mientras otros municipios han aumentado los años de empadronamiento de dos a cinco.
En una reciente promoción de pisos de la calle de Pallars, en el Poblenou, se reservaron más de la mitad de las viviendas para los jóvenes del barrio, lo que disminuyó las posibilidades del resto de vecinos de la ciudad. "Exigimos un empadronamiento mínimo cuando los ayuntamientos nos ceden el suelo y nos piden que lo solicitemos. Cuando lo compramos a un particular, no hacemos estas restricciones, porque entendemos que las oportunidades deben ser iguales para todos", explica la directora de Gestión de Vivienda de la Obra Social de La Caixa, que construyó estos pisos en el Poblenou.
Un reciente informe de la Síndica de Greuges de Barcelona urgió a la administración a aumentar los programas de vivienda para los más necesitados. Estas exigencias, como una renta mínima anual, también se están empezando a pedir en pisos de alquiler como los de la calle de Pallars. Las condiciones de la promoción exigían unos ingresos mínimos de 750 euros, pero fijaban un máximo de 3.288 euros al mes, un sueldo más que suficiente para acceder a alquileres del mercado libre.
Todas estas promociones piden a los candidatos que el coste del alquiler protegido (unos 300 euros mensuales con gastos incluidos) no suponga más del 40% de su sueldo. Por tanto, quienes cobran un salario inferior a 750 euros no pueden cumplir esta condición, ya que el porcentaje resultante es de 300 euros.
Si un joven decide concursar en las promociones abiertas a todas las edades deberá acreditar un ingreso mensual de 2.750 euros, una cifra inalcanzable para muchos de ellos. Quienes tengan más de un hijo tampoco podrán acceder a una vivienda protegida, porque el máximo que permiten estos pisos son dos personas por piso. El Ayuntamiento de Barcelona acepta "excepcionalmente" parejas con un solo hijo si es menor de edad.
Además de los pisos protegidos, las administraciones tienen otros planes para ayudar a los jóvenes a pagar el alquiler. Uno de ellos es una bolsa de viviendas con precios algo inferiores al mercado y que no exigen grandes avales como la mayoría de las inmobiliarias privadas.
El servicio, ofrecido por Prohabitatge, una entidad financiada por la Generalitat, también pone trabas a los jóvenes en condiciones más precarias: no podrán acceder a esta bolsa aquellos que no tengan un contrato fijo o no dispongan de un aval.
El que es quizá el programa menos excluyente con los más necesitados es el plan de ayuda para el alquiler de jóvenes, que pueden recibir hasta 240 euros al mes. Pero para que la Generalitat otorgue esta paga, los solicitantes deben alquilar un piso en la bolsa subvencionada. Es decir, sin contrato fijo ni aval, tampoco pueden tener acceso a cobrar esta ayuda.
La organización, cuyo cometido es defender los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos, alerta de que un elevado número de problemas relacionados con el acceso a una vivienda digna no encuentran respuesta en las instituciones.
La institución independiente de la síndica de Greuges, presidida por Pilar Maya, se ha hecho eco de los problemas de acceso a una vivienda digna en Barcelona en su último informe. La organización independiente ha pedido al ayuntamiento de la Ciudad Condal un incremento sustancial del presupuesto previsto tanto para la vivienda pública como para las políticas de apoyo al acceso a la vivienda. Asimismo recomienda al consistorio unificar el sistema de información de todos los recursos, servicios y ayudas existentes referentes a la vivienda, así como la simplificación en los trámites de solicitud. Además apunta a que se deberían revisarse los protocolos de intervención de los servicios técnicos en materia de inspección de vivienda para lograr atender las denuncias relativas a la conservación de las viviendas arrendadas lo antes posible. Esta intervención, señala, es especialmente importante en los casos de presunto mobbing inmobiliario.
La síndica de Greuges ha recordado que la realización del derecho a una vivienda digna es una de las exigencias básicas de la condición del ser humano. Es un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde 1948 y en la Constitución española desde 1978, en su artículo 47.
A lo largo del año, la institución ha recibido 74 quejas referidas a la vivienda, que representan un siete por ciento del total de las tramitadas por la Síndica de Greuges. Estas quejas expresan las dificultades que tienen los ciudadanos para acceder a una vivienda digna y adecuada, ya sea por el incremento sustancial de los alquileres o por la imposibilidad de acceder o mantener la vivienda, un elemento imprescindible de inclusión social.
La Plataforma por una Vivienda Digna de la Comunitat Valenciana ha convocado para este sábado, junto con otras asociaciones, manifestaciones en Valencia, Castellón, Alicante y Elche para exigir un cambio en las políticas de vivienda, según informaron en un comunicado.
La manifestación se iniciará en Valencia en la Plaza San Agustín, en Castellón en la Plaza del Ayuntamiento, en Alicante en la Plaza de Toros y en Elche en la Plaza de Baix. Esta iniciativa se repetirá en otras ciudades españolas como Barcelona, Bilbao, Pamplona, León, Logroño y Gijón.
La manifestación tendrá como lema "Que levante la mano el que tiene derecho auna vivienda pero no la puede pagar" y surge como respuesta "a la reiterativa dejadez de las distintas administraciones públicas para hacer efectivo el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española", señalaron.
Entre otras medidas que desde la plataforma se cree que es necesario poner en práctica destacan "el incremento significativo del parque público de viviendas protegidas a precios razonables, preferiblemente en alquiler y tratando de poner en circulación el inmenso parque de viviendas vacías infrautilizadas y desde un sistema de adjudicaciones sensato, que acote el fraude y que empiece por resolver las necesidades de alojamiento de las familias con menos recursos".
Igualmente, reclaman "actuaciones fiscales que penalicen drásticamente la tenencia de las viviendas vacías sin uso conocido y medidas económicas encaminadas a la limitación de los créditos hipotecarios que eviten el endeudamiento excesivo tal y como ya existen en otros países de nuestro entorno".
También solicitan "la lucha firme contra la corrupción institucional y privada, el fraude, la falta de transparencia y las prácticas abusivas que inciden sobre el urbanismo y el mercado de la vivienda o mercados anexos y sus consumidores" y "una gestión del uso del suelo acorde con el interés general y con criterios de sostenibilidad medioambiental y económica al margen de las necesidades de financiación de instituciones u organizaciones".
La plataforma considera necesario "el fomento real del alquiler y otras formas de alojamiento temporal como vía alternativa a la compra sustentada en hipotecas excesivas, mediante la creación de un parque público de viviendas sociales, actuaciones fiscales de aplicación homogénea en todo el territorio o cualquier otrosistema que así lo garantice".
El elevado precio de la vivienda, la construcción de vertederos o la ampliación del polígono industrial del Serrallo fueron sólo algunas de las actuaciones urbanísticas y medioambientales que centraron ayer las críticas de los colectivos que se dieron cita en Castellón en el primer encuentro de plataformas en defensa del territorio.
La plataforma Por una vivienda digna organizará el próximo 24 de marzo en Castellón un acto de protesta contra los elevados precios en el sector inmobiliario y la escasez de promociones de pisos en régimen de protección oficial. Según los últimos datos que maneja el colectivo, en el año 2006 se construyeron en la provincia 17.262 viviendas nuevas de las cuáles sólo 277 fueron de promoción pública, apenas el 1,6% del total. Es decir, que por cada 62 pisos de renta libre sólo se promovió una de VPO.
Según argumentó Carlos Guerrero, miembro de la plataforma, la mejor manera de controlar el auge de los precios en la vivienda es la promoción pública, 'pero no como un instrumento electoral ni como un donativo, sino como un derecho porque ya valen más de 130.000 euros'. Guerrero cargó contra la modalidad de vivienda concertada que se impulsa desde la Generalitat y que da derecho a adquirir varias plazas de garaje 'porque encarece los precios. Para eso ya tenemos las viviendas de renta libre que, además, no exigen la presentación de abundante documentación', afirmó.
El citado colectivo en defensa de una vivienda digna expuso sus reivindicaciones ayer en la plaza de Las Aulas junto a otra veintena de grupos dentro de la I Encuentro de plataformas, asociaciones y colectivos en defensa del territorio. Música, bailes populares y la proyección del documental de Info TV El país dels cecs amenizaron una cita a la que acudieron cientos de vecinos de Castellón durante toda la mañana. La Asociación de Vecinos y Afectados Mestrets-Borriolenc; las plataformas contra la ampliación del Serrallo, la contaminación o los diferentes vertederos proyectados en la provincia; Xúquer Viu o el colectivo de rechazo a las 14.500 viviendas previstas en Sant Jordi fueron algunos de los colectivos ciudadanos que también contaron con mesa informativa propia junto a la sede de la Diputación.
La mayor parte de ellos aprovechó el contacto con numerosos ciudadanos para continuar con las respectivas campañas de recogida de firmas. Uno de los colectivos que reunía rúbricas y repartía folletos fue la plataforma contra el vertedero de residuos de Fanzara. Su portavoz, Ana Gascó, aseguró que las adhesiones reunidas ya superan las 6.000, aunque el recuento aún no se ha efectuado.
La intención es entregarlas durante las próximas semanas en el propio Consistorio municipal, así como en la Conselleria de Territorio y en la Diputación de Castellón. 'González Pons -el conseller del área- dice que todos los expedientes están archivados pero en todos los planes de urbanismo figura el vertedero, está claro que todo es una maniobra electoral', advirtió Gascó, quien insistió en que la 'lucha' en el plano judicial seguirá hasta lograr invalidar los planes de forma definitiva.
El encuentro de asociaciones en defensa del territorio concluyó pasado el mediodía con una invitación a la manifestación que tendrá lugar el próximo 21 de abril en las tres capitales de la Comunitat y con lectura de un manifiesto apoyado por representantes políticos de EU y Bloc, englobado bajo el paraguas del Compromís pel Territori.
El texto instaba a los organizadores a mantener un 'proyecto abierto' en defensa del medio ambiente. Los colectivos recordaron la necesidad de liderar un trato 'respetuoso con el territorio, el medio ambiente y las personas y también para ser capaces de activar todos aquellos recursos que nos aseguren la posibilidad de un trabajo conjunto en defensa del patrimonio natural, cultural y humano'.
Los organizadores instaron a celebrar nuevos encuentros para poner en común 'los avances' en la defensa del territorio frente a las agresiones urbanísticas 'y crecer no sólo en cantidad, sino en la capacidad de profundizar en nuestra tarea y ser cada vez más eficientes en nuestras acciones'.
Los colectivos reiteraron el convencimiento de que su lucha 'nos debe ayudar a construir una sociedad más justa, consciente y participativa'. Según añadieron, con esa actitud creativa 'se conseguirá un futuro respetuoso hacia todo lo que nos ha sido legado y que se define por un desarrollo sostenible que preserve incondicionalmente las necesidades y el bienestar de las generaciones futuras', concluyó el manifiesto.
Colectivos ecologistas exigen una moratoria al Consell en plena «mascletà»
Miles de personas se dieron cita ayer en la Plaza del Ayuntamiento para presenciar la «mascletà» más concurrida de este arranque de la Fallas 2007. Todo un evento que fue aprovechado por más de medio centenar de activistas ecologistas para denunciar el modelo urbanístico valenciano y exigirle al Consell una moratoria. Una acción espectacular que no pasó desapercibida bajo el estruendo de la pólvora disparada por la pirotecnia Gori de Mislata.
Decenas de activistas del grupo Marfull de Acció Ecologista Agró y Compromís pel Territori aprovecharon ayer la proyección de la mascletà de la Plaza del Ayuntamiento para denunciar el actual modelo urbanístico valenciano. Los ecologista desplegaron una pancarta desde lo alto de un andamio situado justo bajo el balcón del palacio consistorial, exigiendo al presidente del Consell, Francisco Camps, una moratoria urbanística.
Precisamente, este fue uno de los momentos más tensos ya que un agente de la policía local intentó arrebatar la pancarta tirando desde una de sus puntos y desequilibrando a uno de los activistas que a punto estuvo de caer del andamio. Paralelamente, otro medio centenar de activistas distribuidos por diferentes puntos de la plaza, hacían correr entre los asistentes ala mascletà globos con nombres de diferente proyectos urbanísticos denunciados por colectivos ciudadanos. Además, otro gran globo de dos metros de diámetro se movía sobre las cabezas de los miles de congregados con la leyenda impresa de Salvem el territori.
Tras la protesta, los responsables de la misma no ocultaban su satisfacción, destacando «la buena respuesta de la gente que en todo momento nos apoyó y aplaudió, e incluso nos respaldó cuando la policía trató de arrebatarnos la pancarta».
Los dos miembros de «más alto rango» de la Comisión de Peticiones encabezan la comitiva
El Parlamento Europeo vela por la defensa de los derechos de los ciudadanos y pretende asegurar el cumplimiento de la ley de la UE, pero no juzga casos de corrupción, algo que corresponde a los tribunales nacionales. Éste es el mensaje que han enviado los dos miembros de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que estudian a partir de hoy las denuncias contra el urbanismo en España en el que visitarán al menos once localidades de la Comunitat Valenciana.
La delegación estará formada por la más alta representación de la comisión parlamentaria que ha recogido las quejas de miles de ciudadanos: su presidente, el conservador nacionalista polaco Marcin Libicki, y su vicepresidente, el socialista británico Michael Cashman. Ambos firman un escrito en el que explican en qué consiste su misión y recuerdan que ésta es la tercera visita de este tipo a España y que la realizarán «los dos miembros de la Comisión de mayor rango» . Recuerdan que «el papel que desempeña el Parlamento Europeo» tiene que ver con «la defensa y el fomento de los derechos de los ciudadanos» y con «asegurar la debida aplicación de la ley de la UE por parte de los Estados miembros y de las regiones autónomas» . No obstante, aclaran que entre sus cometidos no figura el de «investigar las alegaciones de corrupción» . Aunque admiten que han sido «extensamente denunciadas en relación a muchos proyectos urbanísticos» , afirman que éstas «incumben únicamente a las autoridades españolas, algunas de las cuales ya están tomando medidas para combatir tales amenazas» . Como muestra del interés de Cashman y Libicki, la primera reunión que celebrarán en Madrid hoy será con representantes del Gobierno central «sobre el nuevo marco legislativo nacional referente al planteamiento del uso del suelo» , según la agenda. Los dos eurodiputados constatan que el tema del urbanismo es «un tema de peso para muchos ciudadanos europeos atraídos por todo lo que España tiene que ofrecer» y afirman que es necesario que vean reconocidos sus derechos a tener «una propiedad personal y trasladarse libremente con sus familias dentro de las fronteras de Europa» .
Fuentes de la comisión parlamentaria se refirieron ayer a las acusaciones vertidas desde el Consell acerca de la naturaleza «partidista» de la misión. Señalaron que uno pertenece a un grupo de «derechas» y el otro, de «izquierdas» y añadieron que «la decisión del Partido Popular Europeo de no ir, no es nuestra» . Añaden que los europarlamentarios se reunirán con los denunciantes y con las autoridades locales.
La Plataforma por una Vivienda Digna de Canarias, recientemente creada y con sede en Las Palmas, se sumará mañana, 24 de marzo, a las manifestaciones convocadas en toda España para exigir "cambios profundos en materia de vivienda por parte de todas las administraciones públicas.
Todas las marchas partirán a las cinco de la tarde en más de cuarenta ciudades españolas, y en concreto desde la plaza de las Ranas en lo que se refiere a la capital grancanaria, mientras que hasta el momento se desconoce que haya otra prevista en Tenerife.
La Plataforma por una Vivienda Digna considera que "es responsabilidad de todos reclamar soluciones urgentes a nuestros gobernantes", tras recordar que "éste no es sólo un problema que afecte a los más jóvenes o a las familias más desfavorecidas, sino que está poniendo en juego el futuro de todos nosotros".
Señala que un año después del informe del Observatorio de la Vivienda en el Congreso, en el que se apuntaba que algunos mecanismos de financiación institucional relacionados con la gestión del suelo están íntimamente relacionados con la corrupción urbanística y con el encarecimiento de las viviendas, no se ha adoptado ninguna medida que asegure "la gestión imparcial, participativa y transparente del suelo".
Considera además que la oferta de viviendas de protección oficial es "ridícula", no se ha adoptado ninguna medida para la puesta en circulación del inmenso parque de viviendas vacías y "se sigue aplicando una política fiscal que bonifica la inversión inmobiliaria y que alienta y permite el sobreendeudamento familiar".
La Plataforma advierte también de la "laxitud en el control del inmenso fraude, abusos y corrupción relacionados con el mercado de la vivienda".
En Málaga saldrá a las 12 horas en la Plaza de la Constitución
Vivienda Lo que surgió como un movimiento ciudadano anónimo y apolítico en forma de concentraciones espontáneas convocadas vía móvil o por Internet en las que se reclamaba el derecho a una vivienda digna, lejos de ser una reclamación esporádica y puntual, está cobrando fuerza según se acercan las próximas elecciones municipales de mayo. Para este sábado 24 de marzo se han vuelto a convocar manifestaciones en diferentes ciudades de la geografía española. Ya están confirmadas en Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Oviedo, Logroño… y se esperan nuevas adhesiones, informan a EL OBSERVADOR / www.revistaelobservador.com desde la Plataforma por una Vivienda Digna. En Málaga la marcha saldrá a las 12 horas de la Plaza de la Constitución.
El espectacular crecimiento del sector de la construcción en España durante los últimos años ha traído consigo una escalada imparable de los precios de acceso a la vivienda hasta ser inasequibles para buena parte de la población; al mismo tiempo, la especulación generalizada ha propiciado que millones de casas estén vacías. La situación, que afecta especial pero no únicamente a la juventud, condujo a que el año pasado se produjeran de forma espontánea concentraciones en las principales ciudades españolas en las que se exigía el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución española, que promulga “el derecho de todos los ciudadanos del Estado a una vivienda digna y adecuada”, estableciendo que las administraciones han de velar por hacer efectivo este derecho.
Ante el evidente desprecio efectivo de este artículo, la Plataforma por una Vivienda Digna y V de Vivienda han convocado manifestaciones simultáneas este próximo sábado 24 de marzo en varias ciudades españolas en las que se reclamará el acceso efectivo de todos los ciudadanos a una vivienda. Unos actos de protesta que están previstos que se repitan de cara a los próximos comicios locales.
“Al menos que se nos oiga. Quizás consigamos que las distintas instancias del gobierno legislen en contra de la especulación inmobiliaria y consigan frenarla, o quizás no, pero lo que sí es seguro es que después de que nos oigan, nos tendrán más en cuenta y no ejercitarán la pasividad que han demostrado en este asunto durante estos últimos”, explica en un comunicado la plataforma.
En Málaga la manifestación saldrá a las 12 horas de la mañana desde la Plaza de la Constitución.
Para más información puede consultar www.viviendadigna.org
Los jueces de Sevilla ordenaron en 2006 un millar aproximado de desahucios en la capital hispalense, la mayoría de los cuales concluyeron con el desalojo de los inquilinos de los inmuebles.
El servicio común de Notificaciones y Embargos del decanato de los juzgados llevó a cabo durante el pasado año 9.997 diligencias de comisión, de las cuales el 80 por ciento se trataba de embargos y alrededor de un diez por ciento corresponde a los lanzamientos, como se conoce la acción de expulsar a una persona de un inmueble tras una sentencia firme.
La cifra de 1.000 lanzamientos acordados por los distintos jueces de Primera Instancia de Sevilla se corresponde en la práctica con el volumen de asuntos que ingresaron en ese período -1.056 procedimientos incoados por desahucio-, según los datos facilitados por el decanato. La coincidencia entre el número de asuntos ingresados y resueltos no implica necesariamente una identificación entre estos procesos, ya que en ocasiones la vista y la sentencia pueden fijarse con varios meses de retraso sobre la fecha de entrada de la demanda y figurando en la estadística del año siguiente, en función de la carga de trabajo que tenga el juzgado.
El 95 por ciento de los desahucios están motivados por el impago de las rentas de alquileres, mientras que en una menor medida se contabilizan los desalojos de cónyuges tras la separación de una pareja. La mayoría de los procesos legales de desahucio culminan con el lanzamiento de los moradores de las viviendas, aunque en un pequeño porcentaje el desalojo no llega a materializarse, bien porque las partes logren una cuerdo previo o porque cuando se va a llevar a cabo el desalojo el inquilino ha abandonado de forma voluntaria el inmueble.
La ley de Enjuiciamiento Civil que entró en vigor en el año 2003 introdujo novedades significativas en el mecanismo judicial del desahucio, puesto que antes estaba prevista la posibilidad de rehabilitar el contrato -si el inquilino pagaba la deuda- hasta el mismo día en que se fijaba la expulsión. Ahora, una vez que el caso llega a juicio y se ordena el lanzamiento, ya no hay vuelta atrás. Desde ese momento, el inquilino dispone de un plazo de un mes para abandonar el piso, aunque este plazo suele ser mayor porque hay que cumplimentar el trámite de la ejecución de la medida, lo que incluye el señalamiento del día y la hora en la que se producirá el desalojo.
El dueño del inmueble conoce de esta forma cuándo tiene que acudir al domicilio, generalmente acompañado por un cerrajero por si el inquilino no permite el acceso a su propiedad. También se informa a las fuerzas policiales para que acudan al lugar, en previsión de que pueda producirse algún tipo de incidente durante el desalojo de la persona objeto del desahucio. La ley de Enjuiciamiento Civil también prevé la retención y constitución en depósito de bienes del inquilino para hacer frente a los posibles daños y perjuicios causados en la vivienda.2 en detalle expulsión
Escenas y situaciones dramáticas
En los desahucios se producen en ocasiones escenas y situaciones muy dramáticas, sobre todo cuando las personas afectadas están enfermas o se han quedado sin recursos para hacer frente al pago de las rentas, lo que determina la expulsión forzosa. Uno de los casos más sonados que se produjo en los últimos años es el de Rosario Piudo, una anciana que fue desahuciada a principios de 2004 de su vivienda de la Plaza de la Encarnación por no haber abonado 39 euros correspondientes al alquiler. En otras ocasiones, la Audiencia de Sevilla ha llegado a revocar la orden de lanzamiento de una mujer que padecía una importante minusvalía, después de que un juez declarase resuelto el contrato suscrito con la madre de la inquilina, tras su muerte. abusos
Registro de Rebeldes Civiles
Detrás del desalojo de una vivienda no sólo hay historias dramáticas, sino que en ocasiones también se ocultan auténticos profesionales del desahucio
, personas que buscan su propio beneficio y que van saltando de alquiler en alquiler, y de lanzamiento en lanzamiento. Para combatir estos fraudes, los jueces disponen desde 2003 del denominado Registro de Rebeldes Civiles, creado al amparo de la nueva ley de Enjuiciamiento Civil y que permite conocer si una persona cambia de domicilio constantemente. notificaciones Más de 600.000 diligencias
El servicio común de Notificaciones y Embargos del decanato llevó a cabo el pasado año 687.742 diligencias, en su mayoría (599.273 diligencias) de notificación a los procuradores de tribunales. También se contabilizaron 78.472 notificaciones unipersonales, entre las que se incluyen las citaciones, emplazamientos y requerimientos a los ciudadanos. El resto (9.997) fueron diligencias de comisión.
La ciudad herculina se suma a la iniciativa de los colectivos en defensa de la vivienda digna. ¿La cita? El sábado a las 17.00 horas.
El sábado las calles españolas acogerán una nueva manifestación aunque, en esta ocasión, el lema por el que protestar no será otro que el de la vivienda digna. Tras un parón de 3 meses (desde el 23 de diciembre no se celebraba otra convocatoria de estas características) varias ciudades están llamadas a seguir esta iniciativa promovida por la propia plataforma Viviendadigna.org y que se suma a otra convocada por la Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio para el 5 de mayo.
La protesta, que cuenta con las mismas características que las organizadas anteriormente, tendrá eco en Galicia, concretamente, en A Coruña, donde se convoca a todos los manifestantes en la Plaza de María Pita el sábado día 24 a las 17.00 horas.
La operación de la Guardia Civil contra la supuesta trama urbanística de Gondomar se había trazado al milímetro desde hacía días. Todo estaba preparado para detener al mismo tiempo a los cuatro sospechosos de haber participado en el cohecho. Se había obtenido un grado de garantías de que las denuncias interpuestas podían ser ciertas y de que las pruebas eran suficientes, que no hubo dudas de seguir hasta el final.
Como señaló ayer La Voz, los agentes tenían conocimiento directo de la existencia de una cita en la que alguno de los implicados se personaría para cobrar él mismo la mordida presuntamente apalabrada. Algún incidente imprevisto, quizás la gripe repentina del edil de Urbanismo, hizo temer que el encuentro podía quedar anulado, pero eso sólo retrasó unos días la reunión.
A las nueve, en Vigo
Vigilados desde hace semanas en todos sus movimientos, según ha trascendido de fuentes de la investigación, el concejal de Cultura, José Luis Mosquera, acompañado de su pareja sentimental, Belén Fernández, se desplazó el miércoles hasta una céntrica cafetería de Vigo. Ese era el escenario neutral acordado para recibir el «regalo» presuntamente reclamado. Eran las nueve de la noche, la hora también fijada.
Alguien llevó el dinero de parte de los promotores, quizás un agente camuflado, y al recogerlo «fueron cogidos con las manos en la masa», aseguran fuentes de la investigación, exactamente con esas mismas palabras.
Según cuentan, no fue como dicen que ha ocurrido en Marbella. Esta vez no consta que hubiese bolsas de basura negras ni lujosos coches para salir pitando del encuentro.
Hasta donde se ha podido saber, todo el dinero estaba dentro de un sobre. En el momento de la detención el bolso de la mujer así lo atestiguó.
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ávila pide que declaren como imputados por el caso de la Ciudad del Golf el alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez; el secretario, Carlos de la Vega; el director general de Medio Natural, Mariano Torre; y el ex delegado de Junta en Ávila, Félix San Segundo, entonces presidente de la Comisión Provincial de Urbanismo.
El jueves se remitió el escrito al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila, que lleva el caso.
“He solicitado al juez que se reciba declaración en concepto de imputados a cuatro de los cinco denunciados por parte de las asociaciones ecologistas”, explicó el fiscal, Juan Miguel Gómez, a la Cadena Ser.
A partir de ahí deberán comparecer cuando se les llame, “declarar si lo desean, porque no tienen obligación de ello, e intervenir para defenderse de las acusaciones que pesan sobre ellos”.
Sebastián González
En cuanto al ex presidente de la Diputación y actual secretario de Organización del PP, Sebastián González, el fiscal destaca que “no hay ningún indicio” contra él. En el caso que sea imputado y dada su condición de diputado, por la que se encuentra aforado, el asunto pasaría al Tribunal Supremo.
Gómez señaló, además, que todas las personas implicadas podrían ser imputadas si se prueba que existe un delito de tráfico de influencias y “si hubo una unidad de actuación entre todas ellas en ámbitos distintos para llegar al final al resultado de construir una urbanización en una zona que afecta a un área crítica de la cigüeña negra”.
El juez debe decidir ahora si admite estas diligencias, aunque ahora también hay que esperar a la documentación procedente del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués y de la Consejería de Medio Ambiente.
Indicios de prevaricación
“Después de estudiar la documentación –explicó el fiscal jefe- he pedido la declaración para que adquieran la condición de imputados y sepan que contra ellos se dirige un procedimiento penal porque hay indicios racionales de la comisión de determinados delitos”, como son los de prevaricación y contra el medio ambiente y la ordenación del territorio.
Tras la sentencia en octubre de la modificación de las normas urbanísticas de Las Navas del Marqués, quedó anulado el proyecto de urbanización Ciudad del Golf, a raíz de lo que ocho organizaciones ecologistas y CCOO denunciaron el hecho, que a su vez fue puesto en conocimiento también de la Fiscalía Especial de Medio Ambiente.
Se les acusaba entonces de siete supuestos delitos contra la ordenación del territorio, prevaricación, tráfico de influencias, falsificación de documento público, delito contra la protección de la fauna, malversación de caudales y bienes públicos, y fraude a ente público.
El caso de la Ciudad del Golf saltó a la luz en octubre de 2006 cuando fue paralizada la tala de pinos por una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anuló el proyecto, al entender que las 210 hectáreas en las que se pretendía levantar la Ciudad del Golf, con 1.600 viviendas, dos campos de golf y un hotel, no podían ser consideradas como suelo urbanizable.
A pesar de la sentencia, el promotor del proyecto taló varios miles de pinos hasta que la Fiscalía Especial de Medio Ambiente paralizó los trabajos.
Desde la Unión de Consumidores de Castilla y León se muestran especialmente críticos con el sobreendeudamiento de las familias. Su presidente, Prudencio Prieto, reclama una intervención de las administraciones para frenar lo que «a todas luces resulta escandaloso» y echa la culpa de la situación a la política de alquiler desarrollada en los últimos años. «Retiraron el alquiler del mercado y trasladaron el mensaje de que por un poquito más el cliente se hacía con una propiedad privada», recalca. Para Prieto la 'burbuja inmobiliaria' que algunos tratan de negar «está más presente que nunca en forma de espada de Damocles» y advierte que «o la Junta, en el caso que nos concierne, toma cartas en el asunto y empieza a proteger el sobreendeudamiento de las familias para evitar embargos o esto no tiene salida alguna porque esto es una quiebra de la sociedad civil en toda regla especialmente de la juventud».
Recuerda que algunos hipotecados asumen excesivos riesgos o no contrastan bien la documentación, dejándose llevar por lo que dice el banco. Así, re cuerdan que es obligatorio contratar un seguro de hogar asociado a la hipoteca, pero no un seguro de vida, a pesar de que suele ser práctica común pedirlo también, informa Eduardo Rodríguez.
Con el lema ‘La vivienda es un derecho, no un negocio’, la Plataforma por una Vivienda Digna de Euskadi se une los actos que tendrán lugar de forma simultánea en 47 ciudades y que se caracterizarán por un marcado ambiente festivo y reivindicativo.
Bilbao. 15/03/07. La Plataforma por una Vivienda Digna de Euskadi ha convocado una manifestación el próximo sábado 24 de marzo a las 17.00 horas en Bilbao con el objetivo de protestar por la actual situación de díficil acceso a la vivienda. Con este acto, que comenzará en el Ayuntamiento de Bilbao y transcurrirá paralelo a la ría, la capital vizcaína se une a las convocatorias que tendrán lugar ese día en otras 47 provincias, entre ellas también Vitoria y San Sebastián.
Con el eslogan “La vivienda es un derecho, no un negocio”, la manifestación coge el testigo de la marcha celebrada las pasadas navidades a la que acudieron miles de personas en Bilbao. La reivindicación del 24 de marzo se caracterizará por un marcado ambiente festivo y reivindicativo, para lo cual los convocantes han realizado un llamamiento a la ciudadanía con el objetivo de que se manifiesten de forma “original”. “Es muy recomendable venir disfrazado o elaborar eslóganes propios. Así mismo, el color verde ‘esperanza’ será el protagonista y se admiten todo tipo de ‘instrumentos musicales’: silbatos, cazuelas, carracas... hacer ruido para hacernos oir. El objetivo final es poner un poco de alegría al ensombrecedor panorama que tenemos delante”, explican desde la PVD.
No en vano, según los últimos datos, España es el país en el que los pisos están más caros en comparación con el nivel de sueldos del mundo. Sin embargo, se construyen más viviendas que si se suman las cifras registradas en Italia, Alemania y Francia, “lo que nos da una idea del descomunal desfase al que se ha llegado con el negocio del ladrillo en este país”. Un desfase que, “como siempre perjudica a los ciudadanos y, sobre todo, a los jóvenes que se ven incapacitados económicamente para iniciar un proyecto de vida independiente”. En resumen, “están hipotecando toda una generación”.
Por ello, la PVD de Euskadi propone, entre otras medidas, la aprobación de una ley de hipotecas que limite la duración de las mismas; leyes fiscales, económicas y legales que fomenten la salida al mercado de las viviendas vacías, (como el gravamen de 9 euros diarios pendiente de aprobación en el Gobierno Vasco); o el aumento del parque de vivienda de por vida y de alquiler social.
Así, la Plataforma por una Vivienda Digna de Euskadi hace un llamamiento a la población para que se presente el próximo sábado 24 de marzo a las 17.00 horas en el Ayuntamiento de Bilbao. En San Sebastián la manifestación partirá a las 17.00 horas frente a los jardines de Alderdi Eder y terminará en el Boulevard, mientras que en Vitoria se ha convocado una concentración en la Plaza de la Virgen Blanca a las 12.00 del mediodía.
Ciudadanos de Vitoria denuncian la política de alquiler del Gobierno vasco con una chocolatada y reparto de octavillas
Cada vez somos más y nos gusta reivindicar con alegría y dulces. Por eso decidimos el pasado sábado 10 marzo organizar una chocolatada en pleno centro de Vitoria. A la cita acudimos todos los organizadores con 1 litro de leche y una tableta de chocolate. Incluso algunos trajeron pastas y bizcochos. Al mismo tiempo aprovechamos para colocar varias pancartas denunciando la política de vivienda del Gobierno Vasco. Estuvimos repartiendo chocolate y octavillas e informando de la convocatoria estatal del 24 de marzo entre todos los viandantes. La aceptación fue total y no quedó nada en el puchero. Todo el que se acercó obtuvo su vasito.
Somos un grupo de ciudadanos de Vitoria-Gasteiz y nos conocimos en la convocatoria del 23 de diciembre del año pasado. Muchos de nosotros no quisimos que eso quedará en algo puntual y nos hemos agrupado en un colectivo que hemos querido llamar “Ciudadanos por el Derecho a la Vivienda de Vitoria-Gasteiz” (no lo hemos formalidado ni constituido pero a veces firmamos bajo ese nombre) con el fin de hacer visible nuestro descontento.
En esta ocasión decidimos dar y darnos una suculenta chocolatada para caracterizar con un aire festivo y alegre la reivindicación del derecho a la vivienda. Al acto organizado en la calle Dato acudieron personas de todas las edades, lo cual nos permitió darnos a conocer y sumar más voluntades.
En nuestras pancartas denunciamos los alquileres abusivos que exige el Gobierno Vasco en sus promociones. Las establece a través de un organismo denominado Alokabide y en algunos casos, al sumarse diversas rentas, pueden superar el precio del alquiler de las del mercado privado.
Los medios de comunicación, prensa y radio acudieron al acto y aparte de tomarse un chocolate con nosotros nos entrevistaron. En todo momento hicimos hincapié en la necesidad de apostar decididamente por una política de alquiler al cien por cien para dejar de construir VPO en propiedad.
El chocolate calentito nos ayudó a soportar un ambiente gélido ya que las noches vitorianas son muy frías. A pesar de esto el acto se prolongó media hora más de lo previsto. Estuvimos de ocho a nueve y media de la noche.
El único inconveniente fue que tuvimos que organizar nuestra chocolatada en un lugar próximo al pensado originariamente. Una organización pacifista “Gesto por la Paz” la había ocupado con un gran escenario y varios stands. Después de comunicárselo a la Ertzaintza y descubrir que la dirección de este colectivo había olvidado comunicar su acto al Departamento de Interior(circunstancia que sí hicimos nosotros), decidimos cambiar la ubicación para no perjudicarlos. Esto produjo muchos despistes y hemos sabido después que algunos ni nos vieron, ya que los focos, luces y diversa parafernalia de Gesto impidió que a nosotros se nos viera con claridad.
A la concentración acudieron miembros de la PVD de Bilbao que no dudaron en coger el cucharón para hacer un estupendo chocolate.
El resultado a pesar de la mala suerte del cambio de emplazamiento fue un acto de reivindicación divertido. Al final, nos reunimos y decidimos que nos citaríamos con la PVD de Bilbao para conocer nuestra posible integración en la Plataforma de Vivienda Digna de Euskadi. Después de una asamblea entre algunos de los asistentes y organizadores del acto concluimos que es casi seguro nuestra participación en la Plataforma.
Hasta la fecha hemos convocado dos actos reivindicativos, enviado cartas al director a los principales diarios de Vitoria y Álava y escritos textos de opinión en la sección de tribuna libre de los periódicos más destacados de este territorio histórico. Ahora estamos creando nuestra propia página web y buscando documentación sobre urbanismo para informarnos al detalle de lo que se cuece en materia de vivienda.
Esto es todo lo que os podemos contar amigos de toda España, estamos con vosotros y sabemos que para ser más fuertes tenemos que luchar juntos huyendo de localismos.
El 24 de marzo a las 12 del mediodía os esperamos en la Plaza de la Virgen Blanca de Vitoria-Gasteiz para reivindicar el acceso a una vivienda digna legislada y recurrible ante la justicia, y por supuesto para exigir la creación de un parque público de alquileres sociales y una regulación de las rentas del mercado privado de viviendas. Son las cuestiones que exigimos haciendo valer nuestra autonomía de actuación, y sin duda uniéndonos a vosotros para conquistar una democracia real.
Crónica
José Carlos Gómez Álvaro
Ciudadanos por el Derecho a la Vivienda de Vitoria-Gasteiz
La Asamblea por una Vivienda Digna de Gipuzkoa exigirá mañana, con una 'performance' frente a las oficinas de 'Etxebide', que "se deshaga la burbuja inmobiliaria". Además el sábado celebrará una manifestación en la capital guipuzcoana bajo el lema 'La vivienda es un derecho, no un negocio'.
Según informó la Asamblea en una nota, mañana llevará a cabo, a las siete de la tarde frente a 'Etxebide' en la calle Andia de San Sebastián, una 'performance' con burbujas para pedir que "se deshaga la burbuja inmobiliaria".
Además, comunicó que el sábado, a las cinco de la tarde en el Alderdi Eder de la capital guipuzcoana, tendrá lugar una manifestación que recorrerá el centro de la ciudad bajo el lema 'La vivienda es un derecho no un negocio'. La Asamblea señaló que con esta iniciativa pretende oponerse "frontalmente contra la lógica del actual mercado inmobiliario, que permite el descontrol más absoluto de los precios de las viviendas".
"No estamos dispuestos a asumir una situación que ahoga a una multitud de ciudadanos a costa del beneficio de unos pocos, y menos cuando el problema tiene solución", añadió la plataforma. En este sentido, aseguró que sus planteamientos "no son utópicos", y "solo la desverg˜enza o la falta de valentía política pueden explicar la actual situación".
Por último, la Asamblea realizó un llamamiento a la ciudadanía a que participe en la manifestación del sábado para "exigir desde la calle el cumplimiento del derecho básico a una vivienda digna".
Y diez minutos después el comprador los 'coloca' por el doble
El precio del metro cuadrado en la localidad vizcaína de Amorebieta sube como la espuma. Tanto es así, que unos terrenos propiedad del Gobierno vasco de Juan José Ibarretxe fueron vendidos a través de la sociedad estatal Socade a la empresa de forjados Forging Products por valor de 2,18 millones de euros. Acto seguido y ante el mismo notario, Forging vendió por más del doble esos mismos terrenos a una promotora, Umpro 2000, concretamente por 5,11 millones de euros. Esto es lo que se llama dinero rápido.
La operación tuvo lugar el pasado 24 de noviembre de 2004 ante la notaría del colegiado Antonio Ledesma García, según documentación consultada por este diario. ¿El beneficiado? José Miguel Arrieta Heras, propietario de GABA XXI, matriz de Forging Products. Se da la circunstancia que Arrieta Heras es hermano de José Ignacio Arrieta Heras, ex consejero de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno del PNV de José Antonio Ardanza, según indicaron a El Confidencial fuentes políticas vascas.
Socade, sociedad pública de capital desarrollo, tal y como define el Gobierno vasco, recibió gratuitamente en 1999 la propiedad de cuatro fincas, tres de ellas calificadas como rústicas y una cuarta urbana. El 23 de julio de 2003, la secretaria del Ejecutivo regional Idoia Zenarruzabeitia Beldarrain autorizó a Socade la venta de dichos terrenos a Forging Products valorando los mismos en 2.182.093 euros, con una de esta dos condiciones: una, que la citada empresa de forjados efectuara su actividad industrial en estos terrenos; o dos, que lo hiciera en otra zona siempre que perteneciera al término municipal de Amorebieta.
Forging Products optó por la segunda opción y se comprometió a construir naves industriales donde estaba ubicada otra empresa, Sistemas de Forjados de Precisión, por entonces en suspensión de pagos. Tanto Forging como Sistemas de Forjados forman parte de GABA XXI y, por tanto, pertenecen a José Miguel Arrieta Heras, tal y como reza en el Registro Mercantil. Todo quedaba en casa, se cumplía con los compromisos adquiridos con la Administración vasca y no existía anomalía alguna.
Sin embargo, la sorpresa llegó el día de la firma de escrituras, pues si el número de protocolo de la venta de Socade a Forging era el 4.950 en la citada notaría. El de la venta de Forging a la promotora Umpro 2000 de los mismos terrenos era el 4.951. Es decir, se realizó una doble venta el mismo día y ante el mismo notario. Sin embargo, la cifra de adquisición era muy distinta: 5.108.603 euros. De esta cantidad, un millón ya había sido percibido por Umpro, según consta en un aval bancario del Banco Popular consultado. Al respecto de esta operación, Forging Products no ha querido hacer comentario alguno a este diario.
Negocio redondo y rápido
De los 5,11 millones de euros que tuvo que pagar Umpro, hay que restar 1,5 millones en concepto de las obras que Forging se había comprometido a desarrollar en los terrenos de Sistemas Forjados de Precisión. Esto es, la compañía de Arrieta Heras se embolsó 1,43 millones de euros de un plumazo. Negocio redondo.
Así las cosas, el Gobierno vasco ha perdido 2,93 millones de euros en una venta de terrenos en beneficio de un empresario allegado al partido gobernante, el PNV. Y todo con plena conciencia de ello, ya que toda la operación se realiza en presencia de José María Losada por parte de Socade, José Antonio Ros Leseduarte en nombre de Forging Products S.A., Lázaro Achotegui Sarasqueta en nombre de Sistemas Forjados de Precisión, el propio José Miguel Arrieta Heras en nombre de GABA XXI, SL que actuó como fiador solidario y Ernesto Martínez Rodríguez en representación de Umpro 2000.
Sostienen los autores que el crecimiento urbano proyectado en Getxo y Uribe-Kosta no se explica por la demografía, sino por la especulación.
Últimamente estamos viendo una avalancha de planes urbanísticos que agotan el suelo libre en los municipios con mayor calidad de vida de Vizcaya. Estos planes tienen su origen en el Plan Territorial Parcial de la Diputación, que pretende transformar de forma radical la realidad urbana a base de recalificar terrenos urbanizables y aumentar la densidad permitida en las pocas zonas rurales y naturales que nos quedan. Una decisión sorprendente para una provincia como la nuestra, que lleva más de 20 años con una población a la baja. Parece más bien un plan de los años setenta, propio del desarrollismo de una élite ilustrada, que algo a realizar en el siglo XXI codo con codo con los ciudadanos.
Vamos a echar unas cuentas: sólo en Uribe-Kosta están previstas 40.000 viviendas. Y luego están planes como el de Zorrozaurre (5.500) o el Txorierri (otras 40.000). En total, el PTP aspira a construir casi 90.000 viviendas en el área de Gran Bilbao. Y, además, hay que contar las 20.000 viviendas vacías en Vizcaya que el consejero de Vivienda del Gobierno Vasco asegura que se van a ocupar sí o sí. Pues, echando mano de la calculadora, ya vamos por encima de las 100.000 viviendas, o sea, que harían falta unos 300.000 nuevos habitantes en Vizcaya para llenarlas.
Lo crean o no, ese fue justo el crecimiento de la población vizcaína en los años sesenta: 300.000 habitantes. Pero desde los años 80 Vizcaya ha dejado crecer y pierde unos 30.000 habitantes por década. Las cuentas no salen ¿De dónde va a salir tanta gente? ¿Y por qué sale ahora la Diputación con esta fiebre urbanizadora, cuando ya no hace falta? Ya decimos que esto parece un caso de desarrollismo de los años setenta con treinta años de retraso.
El caso de Getxo es un buen ejemplo de esta súbita ansiedad urbanística que tan mal casa con la realidad. La zona de Andra Mari, núcleo histórico de Getxo -con permiso del Puerto Viejo de Algorta-, ha sido marcada para la extinción. Sus campas y caseríos, crecidos a la sombra de la iglesia, han sido elegidos para dar paso, sin ningún proceso participativo hasta el momento, a una ciudad suburbana de 25.000 personas.
En un artículo reciente, Iñaki Urquiza, concejal de Ezker Batua en el Ayuntamiento de Getxo intenta justificar una decisión tomada a contrapelo de todo: de las proyecciones demográficas, de las demandas ciudadanas y hasta del propio PGOU de Getxo, que ha tenido que ser modificado a toda prisa para legalizar los nuevos planes.
En este artículo, Iñaki Urquiza pretende convencernos de que este desaguisado no es fruto de las ansias de echarle mano a la última gran oportunidad de pelotazo urbanístico que queda en Uribe-Kosta, sino que se trata de "un cambio en la mentalidad" producto de "una visión social y política" novedosa que, aunque no lo creamos y nos parezca justo lo contrario, en realidad es por nuestro bien. Otra vez Getxo nos ofrece un ejemplo perfecto de la realidad política de Euskadi, con EB en su papel de maquilladora de las decisiones tomadas por otros, intentando justificar lo injustificable a base de acumular argumentos blandos, adobados con un tono verdecillo y socializante. En esta lógica, la reciente intervención del consejero de Vivienda nos aparece un intento desesperado de desactivar el movimiento social mediante un confuso consejo asesor urbanístico realizado a toro pasado.
La propuesta de Andra Mari es un esperpento tecnocrático e insostenible que va en la dirección contraria a los objetivos del PGOU de Getxo, tal y como los presenta el propio Ayuntamiento en su página web. El PGOU habla de crecimiento equilibrado, dedicado a resolver los problemas en los núcleos urbanos consolidados. Busca valorar la ciudad existente, mejorar los espacios libres, apaciguar los problemas del tráfico y preservar el patrimonio histórico-artístico de Getxo. La propuesta, en cambio, abandona los espacios existentes a su suerte, ignora las demandas de los núcleos consolidados, elimina los espacios libres y se carga de una vez y para siempre el principal núcleo histórico-artístico de Getxo. De paso, se las arregla para incrementar los problemas de tráfico, colocando a 20.000 personas viviendo lejos del metro, alejándoles también de la posibilidad de utilizar medios de transporte sostenibles y públicos. Y por terminar, no arregla el grave problema de la vivienda digna al olvidar que hace falta primero conocer las necesidades reales, sacar las viviendas vacías al mercado y fomentar el alquiler social.
Especialmente hiriente es la solución que se da a los actuales vecinos de Andra Mari. Sin concertación previa, se les conmina a "vender su propiedad e irse a las afueras", bajo amenaza de dejarlos aislados entre edificaciones. Por cierto, no dice a las afueras de dónde, porque en Berango ya no hay sitio y Sopelana acaba de anunciar otras 8.000 viviendas. El PTP agota el suelo hasta Lemoiz, por lo menos. Esta condena al exilio urbanístico habla a las claras de cuál es el modelo de desarrollo que promueve EB en particular y los partidos vascos tradicionales en general: nos están vendiendo el modelo americano, de suburbios aislados entre sí donde la vida vecinal no existe y el coche es esencial para moverse.
Consideramos la destrucción planificada de Andra Mari como un caso clarísimo del consenso del hormigón, dirigida por intereses especulativos que desprecian las demandas ciudadanas y no dudan en poner en peligro la calidad de vida de todo un pueblo ante la posibilidad de un buen negocio.
Florent Marcellesi es coportavoz de Berdeak y José Luis Peña, miembro de Berdeak de Getxo.
Organizaciones ciudadanas por una vivienda digna han convocado manifestaciones en 25 ciudades españolas para mañana sábado, 24 de marzo, a las 17.00 horas en la mayoría de ellas, entre las que se encuentra Guadalajara, Madrid, Barcelona, San Sebastián, Zaragoza, Sevilla y Valencia. En el caso de la capital alcarreña, la concentración tendrá lugar en la plaza Mayor y la convocatoria se ha realizado a través de carteles y correos de e-mail. El listado de convocantes incluye a las delegaciones de la Asamblea por la Vivienda Digna de A Coruña, Murcia, Asturias, así como de la Plataforma por una Vivienda Digna en Euskadi, Elche y Castilla y León, u otros colectivos como la Mesa por la precariedad juvenil de Albacete, entre otros.
La Plataforma por una Vivienda Digna demandó al Gobierno en un comunicado medidas que aseguren la “gestión imparcial, participativa y transparente del suelo”. Asimismo, denunció que “se siguen incumpliendo sistemáticamente las promesas en cuanto a la oferta de viviendas de protección oficial”.
La Mesa Contra la Precariedad Juvenil de Albacete, colectivo social no partidista comprometido con los problemas que afectan a los jóvenes, como son la obtención de un empleo en condiciones o el acceso a una vivienda digna, ha organizado una nueva concentración reivindicando este derecho para los jóvenes albaceteños.
La cita se ha cerrado para el próximo sábado 24 de marzo a las 17 horas, en la Plaza del Altozano, con el objeto de reivindicar el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución Española, que establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
La Mesa se suma así a la convocatoria que hace la Plataforma Por una Vivienda Digna (www.viviendadigna.org) a nivel nacional, asociación que lleva desde finales de 2003 luchando por una vivienda digna y asequible y por un urbanismo más justo y sostenible a medida de los ciudadanos.
Sin fórmulas
La Mesa denuncia a los gobiernos democráticos en sus diferentes ámbitos -nacional, autonómico y local- «por haberse olvidado sistemáticamente» de buscar fórmulas que garanticen la aplicación del Artículo 47 de la Carta Magna.
Este colectivo defiende que la juventud es uno de los sectores más afectados por la creciente carestía de la vivienda, lo que está provocando «un aumento desmesurado en la edad de emancipación personal, y por lo tanto un preocupante retraso en la incorporación de los jóvenes a la sociedad como ciudadanos plenamente integrados».
Francisco Hernando Contreras, administrador único de ONDE 2000, la empresa constructora de la mega urbanización de 13.508 viviendas que se está levantando en la localidad toledana de Seseña, ha vuelto a escribir una nueva página en la historia del devenir urbanístico de este país. Según ha podido saber PRNoticias, Caja Castilla la Mancha no sólo le denegó a Hernando hace meses una nueva línea de Crédito sino que resolvió con éste todas las operaciones que tenía abiertas con la Entidad, lo que provocó el enfado del constructor que salió de las oficinas dando gritos y ya ha emprendido acciones judiciales contra el presidente de la Caja, Juan Pedro Hernández Moltó, contra el Secretario General, Alejandro López Hernández y contra la propia Caja.
Según nuestras informaciones, Francisco Hernando mantenía una estrecha relación con el Jefe de zona de la Caja, al que no sólo se le ha visto salir en numerosas ocasiones del despacho de El Pocero sino que también miembros de su familia trabajaban para ONDE 2000, lo que facilitaba al Constructor el acceso a los productos financieros de la Entidad. Cuando estos hechos se conocieron en la CCM se despidió al Jefe de Zona implicado y se cortaron los negocios que había abiertos con Hernando, lo que provocó la visita de este al presidente Moltó. Una reunión en la que Hernando sacó a relucir sus buenas relaciones con el actual presidente de la Junta de Castilla La Mancha, José María Barreda y con el ex ministro José Bono para solicitar más ayudas económicas para su Residencial.
Una solicitud que le fue denegada lo que provocó la furia del Constructor que salió del despacho amenazando con emprender acciones judiciales contra el presidente. Además la Caja decidió resolver con el Hernando todas las operación financieras que tenía abiertas por entender que existe un importante riesgo en cuanto al posible pago de la deuda, algo que no se puede permitir una de las Cajas más saneadas del país con un ratio de morosidad por debajo del 0.5%.
Por ello, Hernando ha emprendido acciones judiciales contra Moltó y contra López Hernández. Como ha podido saber PRNoticias, tras la reunión Hernando entró en las oficinas de ONDE 2000 situadas en Seseña, en Camino de Ciempozuelos gritando que iba a meter a Moltó en la cárcel. Además en la denuncia interpuesta contra la Caja solicita que le sean devueltos los intereses y los gastos así como exige una indemnización por daños y prejuicios consecuencia de dejar de trabajar con ellos. Una denuncia que presumiblemente no saldrá adelante porque según fuentes del sector financiero, la CCM tiene toda la documentación en orden y la cancelación de las se ha llevado a cabo dentro del marco de la legalidad y cumpliendo estrictamente las órdenes del Banco de España.
De esta manera Hernando suma una nueva demanda a la larga lista de querellas y denuncias que tiene interpuestas con medios de Comunicación, alcaldes y concejales y demás agentes que se interponen en sus planes, lo que está provocando un desbordamiento en sus servicios jurídicos y recuerda a lo ocurrido en Villaviciosa de Odón en 1991 cuando quebró HORPAVISA.
Una situación delicada que no deja indiferente a nadie. En este sentido fuentes cercanas al entorno del ex ministro Bono ha contado a PRNoticias que la semana pasada hubo una reunión en la casa de este en Olías del Rey en la que también estuvo Eduardo Zaplana, para buscar una solución al conflicto que se acerca a su fin, más cuando El Pocero ha asegurado que si cae él va a tirar de la manta y se van a ir detrás todos los implicados en esta trama urbanística sin precedentes. Además, según hemos podido saber, Bono ya está buscando un posible comprador con 2.300 millones de pesetas para la Hípica Almenara en la que ONDE 2000 realizó unas obras de reforma que fueron la prueba presentada por IU en la FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN de que el ex ministro y el constructor mantenían relaciones más allá de ‘un plato de gulas’, como aseguró Bono en una ocasión.
El CNI (Centro Nacional de Inteligencia) sigue ya de cerca a “Caja Murcia” tras las denuncias presentadas en diversas instancias oficiales, españolas y europeas, por el abogado y presidente de la UDeRM (Unión Democrática de la Región de Murcia), Diego de Ramón Hernández, quien en pocas semanas será recibido por el nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, para hablar de estas y otras cuestiones igual de graves.
También una unidad especializada de la Guardia Civil, con sede en el Banco de España, se está ocupando desde hace tres meses de precisar el calado real de ciertas actividades muy heterodoxas de nuestra primera entidad crediticia como consecuencia de la alerta dada por el propio letrado sobre su presumible situación relativa y supuestos movimientos de capital, difícilmente comprensibles, en algún país del norte de África, al margen de su sospechosa larga presencia en islas Caimán.
Esa situación relativa de “Caja Murcia” es hoy un tema de seguridad nacional, a juicio de Diego de Ramón, por la presunta corrupción que pudiera significar una gestión “relajada” en exceso y un alejamiento significativo de su objeto fundacional, incurriendo, además, en una competencia desleal mal vista en Bruselas. Todas las miradas se dirigen por eso, ahora en exclusiva, hacia su director general, Carlos Egea Krauel, como el principal responsable de las circunstancias sobrevenidas por ciertas prácticas al ejercer un mando muy personalista y nada colegiado desde hace casi treinta años.
La opinión pública murciana ya pudo notar algo raro la semana pasada al estallar una sonada protesta de 400 trabajadores, operarios y suministradores de una subcontrata de la promotora de viviendas “Summa Inversiones Inmobiliarias” (filial de “Caja Murcia”) en el desarrollo urbanístico “El Portón de los Jerónimos”, en el noroeste del municipio de la capital regional, que dicen llevar sin cobrar desde el pasado mes de diciembre.
Si la constructora “Aplicer S.L.”, trabajando allí por cuenta de “Summa” y con la garantía de "Caja Murcia", ha suspendido pagos hace menos de un mes, será porque no le pagan, y si no le pagan, será porque "Summa", y otras como “Summa”, tampoco venden lo suficiente y no tienen liquidez, razona la gente de UDeRM.
Lo que se ha venido en llamar “la aventura inmobiliaria de Caja Murcia” tiene, no obstante, su verdadero “talón de Aquiles” en su estrecha e íntima relación financiera con “Polaris World” (también se rumorea en el subsector del turismo residencial que sus ventas reales distan mucho del mínimo que necesitaría para hacer frente a sus actuales obligaciones ordinarias de pago mientras los informes de riesgo que emite la Banca, BBVA y BSCH básicamente, no le favorecen en absoluto), empresa a la que concedió el mayor crédito de la historia de España sin las suficientes garantías y avales, y se especula también que, además, sin provisionar pese al previsible alto riesgo contraído.
Diego de Ramón piensa con cierto fundamento que “Polaris”, como tal, no está respondiendo a los vencimientos de ese gran crédito y que la asesoría jurídica de “Caja Murcia” no está procediendo, en consecuencia, contra la mercantil de Torre Pacheco en vía ejecutiva. Se sospecha que los nuevos accionistas (Banco de Valencia, Crédito Suizo e hijos de Antonio Muñoz) han entrado como minoritarios pero para garantizar los mínimos y evitar que “Caja Murcia” pudiera encontrarse en pocos meses en una situación más difícil todavía para digerir operación tan sobredimensionada para su reducido tamaño.
Mientras tanto, crece también el rumor de que algunos municipios murcianos, fuertemente endeudados con esta entidad, están cambiando esa deuda por recalificaciones urbanísticas dentro de la fuerte politización a que está sometida “Caja Murcia” desde que gobierna el PP en la Comunidad Autónoma y en la gran mayoría de ayuntamientos murcianos. La ya primera empresa de la Región tiene bastante suelo urbanizable en Águilas, Totana, Molina de Segura y Murcia, por lo menos.
En la Asamblea Regional, el diputado de IU, Cayetano Jaime Moltó, está pendiente de varias respuestas de Egea Krauel a preguntas formuladas por escrito sobre lo que realmente está aconteciendo con gran sigilo en el interior de “Caja Murcia” mientras se ha llegado a la simbólica fecha del 14 de febrero, sin decisiones estratégicas inteligentes conocidas para encontrar una salida que, más adelante, ya pudiera ser traumática si se confirman los temores desde UDeRM, de que virtualmente alguien pudiese estar “vaciando” con la socorrida explicación de los fallidos.
Por eso, fundamentalmente, ha entrado en acción el CNI y la sociedad civil se apresta a recuperar el control democrático de resorte colectivo tan importante para el bienestar de todos los murcianos, aunque sea recurriendo a la Fiscalía y tribunales de justicia si así procediese.
Una vez más, el 24 de Marzo se convocan concentraciones y manifestaciones en todas las ciudades por el Derecho a una Vivienda Digna para todos.
hipotecados, los que ya no se extrañan de la corrupción de cada día, los que seguimos sin entender que haya millones de casas vacías y que las Administraciones lo sigan permitiendo, los que pretendemos impedir que el afán de lucro de unos pocos (constructoras, inmobiliarias, bancos, políticos corruptos,…) secuestren los derechos de todos,… los que reivindicamos que se cumpla el Art. 47 reconocido en la Constitución Española, el derecho a una Vivienda Digna y Adecuada.
EL 24 DE MARZO VOLVEMOS A LA CALLE PARA REIVINDICAR EL DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA, PORQUE LA VIVIENDA ES UN DERECHO Y NO UN NEGOCIO.
EN CÁCERES: CONCENTRACIÓN A LAS 12:00 DE LA MAÑANA EN EL KIOSCO DE LA MÚSICA DE CÁNOVAS
El mismo día en que el Ayuntamiento aumentó su edificabilidad. Según ha sabido la Cadena SER, la venta fue por unos 300 millones de pesetas. La mujer del alcalde de Badajoz, Miguel Celdrán, también senador del PP, vendió por más de 300 millones de pesetas una finca el mismo día que el Ayuntamiento de esta ciudad decidió aumentar la edificabilidad permitida para esos terrenos. Según ha sabido la Cadena SER, todo sucedió en un pleno del ayuntamiento, presidido por su propio marido.
La finca tiene más de 14.000 metros cuadrados y era propiedad de la mujer del alcalde, María Leonor Fernández y sus dos hermanos. La vendieron el 5 de diciembre de 2003. Ese mismo día, el Pleno del Ayuntamiento de Badajoz, presidido por su marido, el alcalde y senador del PP Miguel Celdrán, aprobó el aumento de la edificabilidad para esos terrenos. Una medida urbanística que anuló el Gobierno de Rodríguez Ibarra el 13 de diciembre de 2004. Un año después de la compraventa.
Los terrenos los adquirió una conocida promotora de la localidad por unos 300 millones de pesetas, según los documentos a los que ha tenido acceso la Cadena SER.
Celdrán no habla
La Cadena SER se ha puesto en contacto con el alcalde de Badajoz que no ha querido hacer declaraciones. Incluso un redactor de esta emisora se desplazó hasta el Ayuntamiento de Badajoz pero Miguel Celdrán no quiso recibirle. Fuentes cercanas al primer edil han asegurado a la SER que en este caso nunca ha habido trato de favor porque la Junta impidió que se construyeran más viviendas.
Denuncias
Según el Partido Socialista de Badajoz existe una trama urbanística perfectamente diseñada en la ciudad. José Ramón Suárez, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento asegura que su partido no cree en coincidencias como estas. Que el mismo día que se autoriza la construcción de más viviendas en una parcela, ésta se venda por más de 300 millones de las antiguas pesetas.
Esta emisora también ha recabado la versión de la Constructora. Aseguran que realizaron una compraventa de suelo como otra cualquiera a precio de mercado.
Crisis institucional
El Ayuntamiento de Badajoz, gobernado por el Partido Popular, está inmerso en una crisis institucional sin precedentes. El concejal de Hacienda, Nicasio Monterde, ha presentado su dimisión tras doce años en el cargo.
Monterde subrayó que el PP estaba dirigido por un grupo de personas interesadas en mantener a cualquier precio su estatus político y económico. Sobre los presuntos escándalos urbanísticos de la ciudad Monterde, del mismo partido que el alcalde, dijo que "cuando el río suena, agua lleva."
50.000 personas recorren las calles de Palma para decir "Prou"
Unas cincuenta mil personas, entre 45.000 y 50.000 según la horquilla ofrecida por la Policía y «más de sesenta mil», según los organizadores, secundaron ayer la convocatoria del GOB y las diferentes plataformas ciudadanas y salieron a la calle para censurar la política territorial del Govern y decir «prou», es decir basta. Los convocantes consideraron un «éxito» la convocatoria y el PP (principal destinatario de las críticas) ofreció su versión poco después. A través de su portavoz Miquel Ramis, que fue delegado del Gobierno, el PP mostró su «respeto» a los manifestantes y dijo que tanto el partido como el Govern «tomarían nota», si bien consideró que las críticas no deberían ir dirigidas al PP. «Yo no descartaría -dijo anoche Ramis-, que incluso se hubiera sumado a la participación algún votante del PP ya que el número de asistentes fue respetable y nuestro partido es el más votado». Según la versión del portavoz popular, el Govern no es responsable del urbanismo de Mallorca. «Han errado el tiro, quiero recordar que el urbanismo de Mallorca es responsabildiad del Consell y de Maria Antònia Munar, que durante años gobernó con los partidos que ayer se manifestaron».
Jaume Matas, el president, vino a decir lo mismo pero no fue tan claro. El Gabinete de prensa difundió unas declaraciones en que tildó la manifestación de política y consideró que es «para cambiar sillas sin que las cosas cambien en absoluto». Según Matas, la izquierda tendría que dar apoyo a UM para gobernar y seguir haciendo la misma política. El protagonismo de la manifestación no fue de los partidos. Los líderes políticos quedaron fuera de la pancarta que encabezaba la marcha, con el lema «Prou destrucció, salvem Mallorca» y optaron por mezclarse entre los miles de manifestantes o bien por ir tras sus propias pancartas.
La manifestación se desarrolló sin ningún tipo de incidentes. La organización fue perfecta y se desarrolló según el guión previsto. Lo más espectacular, aparte de la profusión de lemas y banderas de todo tipo, todas ellas críticas con el PP y Matas (y en menor medida contra UM) fue la salida. Aunque la manifestación se inició a las seis y veinte de la tarde, eran tantas y tantas las personas que se manifestaban que la gente continuaba saliendo a las siete y veinticinco. En esos momentos, la cabecera entraba en la Plaça Major. Eso quiere decir que durante una hora entera todas las calles por las que discurrió la manifestación estuvieron ocupadas. No todos los participantes llegaron a la Plaça Major. Bastantes se quedaron por el camino, concretamente en es Born.
El paseo Vara de Rey de Eivissa será el escenario de una manifestación el próximo sábado día 24 a las 17 horas en demanda del acceso a una vivienda digna convocada en todas las grandes ciudades del país por las asambleas populares VdeVivienda.
Los convocantes aseguran que el objetivo de la propuesta es lograr que en el período «más breve posible», toda la población que lo desee pueda acceder a una «vivienda de alquiler social». Así, para garantizar este derecho, aseguran que es necesario sacar a la vivienda del mercado y del «mercadeo». «Son necesarios cambios legislativos (modificación de la Constitución), disponer de un amplio parque de alquiler social (público o interviniendo las viviendas vacías) y unas administraciones públicas no corruptas que dejen de estar al servicio de la especulación inmobiliaria», afirman.
Igualmente aseguran los convocantes que en España existen más de tres millones de viviendas vacías y animan a los que acudan a la manifestación del próximo sábado a llevar pancartas y cacerolas «para que se nos vea y se nos oiga».
