Villepin promete que todos los franceses podrán acceder a un alojamiento digno en 2012
Francia reconocía el derecho a la escolaridad laica, pública y gratuita para todos, así como la cobertura médica universal. Ahora, por decisión del primer ministro Dominique de Villepin, los franceses también tendrán derecho legal a la vivienda. El próximo 17 de enero el Gobierno presentará una ley sobre la cuestión. "En una primera fase, que entrará en vigor a finales de 2008, beneficiará a las personas en situaciones de extrema dificultad, sobre todo los SDF (sin domicilio fijo), pero también a los trabajadores pobres y mujeres solas con niños", dijo Villepin.
El primer ministro precisó el horizonte 2012 "para que la ley se aplique a todas las personas o familias que viven en lugares insalubres o indignos".
Nicolas Sarkozy, en uno de sus discursos pre-electorales, había sugerido la posibilidad de poder "presentar un recurso ante la ley" en caso de no encontrar una vivienda digna adecuada a los medios de cada ciudadano. El movimiento Les enfants de Don Quichotte (Los hijos de don Quijote), que desde el 16 de diciembre organiza campamentos de tiendas "solidarias" con los SDF en pleno centro de París -y de Lyon, Aix-en-Provence y Toulouse- "ha sido un elemento acelerador" de la decisión gubernamental, reconoce Villepin.
Se calcula que entre 80.000 y 100.000 personas viven en Francia como SDF. El presidente Chirac, al ser elegido por primera vez en 1995, ya dijo querer "convertir en prioridad el problema de quiénes carecen de alojamiento", pero los informes sobre la cuestión elaborados en 2002, 2003 y 2005 quedaron sin respuesta.
Es más, el actual Gobierno conservador congeló una ley votada por los socialistas el año 2000 que obligaba a todos los ayuntamientos a disponer de un mínimo de un 20% de viviendas sociales en sus municipios, y a lo largo de 2005 el Estado sólo ha financiado la construcción de 7500 apartamentos destinados a personas con un muy bajo nivel de ingresos.
El "derecho a la vivienda", como el "derecho al trabajo", es reconocido por el ordenamiento legal francés desde 1946 pero hasta ahora era un derecho del que nadie era legalmente responsable. Según Villepin, "el Estado garantizaría ese derecho" pero pudiendo siempre "delegar la materialización de la responsabilidad en las colectividades territoriales que lo deseen".
El primer ministro, al dar cuenta de esta nueva iniciativa parlamentaria -que será adoptada antes del 22 de febrero, cuando el Parlamento concluye los trabajos de la actual legislara-, derivada de un informe que encargó a los expertos hace seis meses, dijo que la ley sitúa el derecho a la vivienda al mismo nivel que las grandes conquistas como la educación y la sanidad gratuita y universal, "y hará de Francia uno de los países más avanzados del mundo en derechos sociales".
Construcción de viviendas
El ministro responsable de Cohesión Social, Jean-Louis Borloo, que tiene entre sus responsabilidades el hacer posible la construcción de viviendas sociales necesarias -se calcula en tres millones los franceses mal alojados-, reconoció "haber tomado como modelo la ley votada por el Parlamento escocés"; y Villepin subrayó que "los franceses a veces también sabemos ser pragmáticos e inspirarnos de iniciativas anglosajonas".
Para Les enfants de Don Quichotte "se están dando pasos que pondrían fin a un sistema montado sobre la provisionalidad. Hay que ofrecer estabilidad, alojamientos", dijo Jean-Baptiste Legrand, presidente de la asociación. En su manifiesto o programa Les enfants exigían "un plan Marshall" para la gente que duerme en la calle, incluyendo abrir las 24 horas del día los dormitorios de urgencia, aumentando las viviendas sociales, requisando viviendas vacías y convirtiendo el derecho teórico a la vivienda en derecho exigible.
Y también en Málaga, Zaragoza, Oviedo, Logroño, Zamora, Segovia, Granada, Pamplona, Coruña, Vigo, Salamanca, Burgos, Gasteiz , Palma, Lleida, Cartagena, Alicante y muchos otros sitios de los que no hemos conseguido videos.
Sigan echando la culpa al empedrado sin hacer nada, señores políticos.
IU-ICV ha presentado en el Congreso una proposición no de ley para que se ‘reconozca y desarrolle’ el derecho ‘subjetivo’ y ‘universal’ a una vivienda digna, recogido en la Constitución española, tomando como ejemplo la propuesta del Gobierno francés para que este derecho pueda ser exigido por los ciudadanos ante los tribunales.
En un comunicado, la formación coordinada por Gaspar Llamazares señala que ‘los esfuerzos de los Hijos de Don Quijote’ --colectivo de los 'sin techo' que obligó forzó Gobierno francés a tomar esta iniciativa tras acampar en diversas ciudades galas-- ‘ha dado sus frutos’.
Con este referente, IU-ICV considera que la ‘escalada desorbitada’ de los precios de la vivienda en España, sumada a la especulación urbanística o a la proliferación de viviendas vacías, así como a una ‘elevada pobreza relativa’, ‘exige la necesidad de contemplar el derecho a una vivienda digna’.
En este sentido, demandó a los poderes públicos ‘políticas activas’ que hagan efectivo el derecho a una vivienda digna recogido en el artículo 47 de la Constitución española, y apuntó que los estatutos autonómicos de Cataluña y Andalucía son ‘dos buenos ejemplos en la pretensión de avanzar en el derecho a la vivienda digna y a su reclamación ante la Administración y la Justicia’.
En su opinión, el precepto constitucional ‘no puede considerarse como una mera declaración programática, sino como una verdadera directriz constitucional, y el derecho que sanciona no se agota, ni mucho menos, en facilitar el acceso a una vivienda en propiedad, sino que la protección alcanza también el uso y disfrute, con independencia del título jurídico que los fundamente’.
Según la propuesta presentada por IU-ICV, el calendario de aplicación del derecho habrá de priorizar, en consonancia con la propuesta francesa, la situaciones más graves, como la de los 'sin techo'.
En el caso francés, el proyecto de ley será aceptado previsiblemente por el Consejo de Ministros de mañana, para su posterior aprobación por el Parlamento antes del 22 de febrero. Sin embargo, de ser aprobado, tendrá dos fases de aplicación, una a partir de 2008, en beneficio de los 'sin techo', trabajadores con rentas más bajas o madre solteras, y otra, a partir de 2010, para el resto de familias que no cuenten con una vivienda digna.
El derecho exigible a la vivienda: una reivindicación sensata y realista
Residir en una vivienda digna es una necesidad básica, un derecho fundamental que, al igual que la educación o el acceso a la sanidad pública, tiene que ser reconocido para todos. Por lo tanto el derecho a la vivienda debe ser “exigible”. Mientras Francia acaba de anunciar su intención de promulgar una ley en este sentido, Escocia lo aplica de manera progresiva desde 1987 queriendo llegar en 2012 a un verdadero derecho exigible y universal.
Los poderes públicos son el garante del derecho a la vivienda y el Gobierno Vasco, tiene las competencias suficientes y la obligación de impulsar hoy la universalidad de este derecho.
Para ello se requeriría en primer lugar una evaluación permanente y pública de las necesidades cuantitativas y cualitativas de vivienda, a nivel comunitario y local, para fijar los objetivos a conseguir. A continuación, se debería crear un servicio público de la vivienda con representantes de usuarios, propietarios, políticos y técnicos de las diferentes administraciones implicadas, que se encargaría de coordinar y facilitar la aplicación concreta de este derecho exigible a la vivienda.
Para ello, se plantean dos niveles de actuación: un ente público donde solicitar el acceso a una vivienda, y que sería la encargada de examinar la situación del solicitante y encontrar una solución de vivienda adaptada a sus necesidades de forma rápida y eficaz. Si el primer paso no resultara efectivo, el derecho se exigiría ante un tribunal que podría obligar a la administración, si procede, a suministrar una vivienda al solicitante.
La situación actual de la vivienda representa un coste económico, social y ecológico considerable e insostenible a largo plazo, y las medidas a tomar no deben de ser parches transitorios. La aplicación del derecho exigible a la vivienda necesita una planificación progresiva de varios años que movilizaría a todos los actores de la vivienda, priorizando a las categorias sociales vulnerables, para luego extenderse al conjunto de la población. Este plan sería compatible con otras acciones por parte de los poderes públicos, como una ley que limite la duración de las hipotecas, el fomento de medidas para el alquiler de viviendas, la intervención en el mercado privado o el aumento del alquiler de VPO, entre otras, que faciliten el acceso al mercado de la vivienda.
El acceso a la vivienda no es un problema individual que deba ser gobernado por el mercado, es un derecho social de la ciudadanía. Que sea exigible no es una utopía sino una reivindicación sensata, digna y realista como lo demuestran los casos de Escocia y Francia.
LAS PERSONAS DE ENTRE 18 Y 34 AÑOS TIENEN QUE DESTINAR EL 64,3% DE SUS INGRESOS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PISO, SEGÚN DATOS DEL OBSERVATORIO JOVEN DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA
María Martín tiene 28 años, dos carreras universitarias, tres años de experiencia laboral en Dublín y en París, un trabajo por las mañanas (de siete a tres), otro por las tardes (de cuatro a siete) y ninguna casa. Su pluriempleo apenas le reporta 1.000 euros mensuales, una escuálida nómina que le veta el acceso al trampolín residencial, tanto en venta como en alquiler.
Aunque esta veinteañera residente en Madrid tiene rostro real, sus rasgos casi podrían configurar el retrato robot del joven español. Hasta tal punto se ha vuelto familiar la precariedad de los que no alcanzan las 35 primaveras que su expulsión del mercado inmobiliario amenaza con dejar de ser noticia. ¿Quién no tiene una 'María' entre sus familiares o conocidos o, directamente, lo es?
Lo novedoso es que algunos 'sin techo propio', '' lejos de quedarse en el domicilio familiar lamentándose de la distancia kilométrica que los separa de la emancipación, han decidido pisar el asfalto para reclamar su derecho a un hogar, previsto en la mismísima Constitución Española. Bajo una misma bandera que reza 'No podemos volver a casa por Navidad porque todavía no nos hemos marchado de ella', una treintena de localidades repartidas por toda la Península están llamadas a ser mañana, en vísperas de la Nochebuena, escenario de manifestaciones por una vivienda digna.
Cifras
Probablemente lo de menos serán las cifras de asistencia que cosechen estas protestas, siempre con su habitual baile dependiendo de quién echa la cuenta. Las que importan son las que sostienen que los trabajadores de entre 18 y 34 años deberían dedicar el 64,3% de su salario para poder comprarse un piso en el mercado libre, según los últimos datos que maneja el Observatorio Joven de Vivienda en España (Objovi).
«Es sólo un indicador teórico de lo que tendría que pagar, de media, el que quiera adquirir una vivienda», explica el sociólogo Joffre López. «Esto no significa que nadie pueda acceder a una casa, sino que sólo pueden hacerlo unos pocos. Cuanto mayor es este índice, más son los que se quedan fuera del mercado», agrega este experto.
El mapa de acceso residencial en Madrid es todavía más accidentado. Los jóvenes capitalinos tienen que invertir el 79,9% de su nómina para poder firmar las escrituras de un piso de 109.000 euros, «lo que además significa que o es muy precario o está muy lejos de la Comunidad», apunta David González, responsable del Área de Emancipación del Consejo de la Juventud de la región madrileña.
La opción del alquiler
La alternativa del arrendamiento tampoco es la llave para abrir las puertas del paraíso residencial. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los alquileres de vivienda en España se han encarecido un 4,4% durante los últimos 12 meses, es decir, 1,8 puntos más que la tasa registrada por el Índice de Precios de Consumo (IPC). Esto significa que las rentas de las casas crecen a un ritmo sensiblemente más acelerado que el coste de la vida.
Y para la tercera opción de alcanzar la independencia residencial, la de ser adjudicatario de una vivienda de protección oficial, la suerte desempeña un papel más que protagonista. Del lado de Felipe, madrileño de 28 años, se ha puesto precisamente en el último sorteo de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS), cuyos resultados se conocieron el pasado lunes.
Todavía con un nudo de emoción en la garganta, este joven relataba que lleva tres años presentándose a concursos públicos porque el mercado libre está completamente fuera del alcance de su sueldo 'mileurista'. «Rezaba para que me la dieran», aseguraba nada más conocer que le había tocado un 'gordo' antes del 22 de diciembre.
En el otro lado de la balanza, el que más pesa, los que tendrán que seguir probando suerte mientras vuelven a comer turrón sin moverse de casa de sus padres. «Después de cinco años intentándolo pensé que éste tenía que ser mi momento», se lamentaba Alejandra, bióloga de profesión con más de un lustro en horas de laboratorio a sus espaldas, al cerciorarse de que su nombre no figura en las listas del Ayuntamiento madrileño.
Como Alejandra, seis de cada 10 jóvenes españoles no podrán volver al hogar familiar por Navidad porque aún no se han ido.
Acaba el año con la corrupción urbanística convertida en estrella mediática, después de tanto silencio; utilizada como arma arrojadiza en la lucha partidaria, con mucho ruido, pero con escasa reflexión sobre los motivos que la impulsan. La premura de los comentarios periodísticos no ha impedido que voces interesadas arrimen el ascua a su sardina reclamando la recentralización de las competencias urbanísticas, hoy en manos de los ayuntamientos, con el argumento de una supuesta mayor impermeabilidad de la Administración estatal o autonómica a la corrupción. Un planteamiento que no entra en el fondo de la cuestión: ¿cuáles son los motivos de la epidemia de corrupción urbanística que se extiende (casi) por doquier? Sin una reflexión sobre sus causas mal podremos proponer medidas, salvo que se trate de aprovechar el río revuelto para conseguir otro tipo de objetivos.
La corrupción urbanística está vinculada al hecho de que las decisiones de la Administración en esa materia generan inmensas plusvalías. Como por arte de magia, o cual milagro multiplicador de panes y peces, un acuerdo municipal que recalifique unos terrenos supone instantáneamente un aumento de su valor que desborda los márgenes de beneficio de cualquiera otra actividad o negocio. No hace falta invertir, ni producir nada; una simple decisión administrativa milagrosamente multiplica el precio del suelo. Y entonces, ¿por qué estas plusvalías que asombrosamente crea la Administración no son incorporadas a su patrimonio, máxime si estamos hablando de una Administración democrática que, como nos recuerda Hacienda cuando de cobrar se trata, somos todos?, ¿por qué se regalan a unos particulares que nada han hecho para apropiárselas? Ésta es la clave de la corrupción urbanística, su última ratio: una decisión de un organismo público hace que el precio de suelo multiplique su valor instantáneamente. Como cínicamente decía hace poco un concejal de Urbanismo pillado in fraganti en un pueblo de la Comunidad de Madrid, su voto no iba a ser gratuito, y añadía con total desparpajo, que si hay regalos para unos agentes urbanos -que nada han hecho para merecerlo-, él también quería participar.
El urbanismo moderno, el de la sociedad industrial, el único que tenemos y conocemos, se construye con el objetivo central de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, dotándolos de equipamientos, de las infraestructuras que mejoran el hábitat urbano. Eso justifica que la Administración intervenga y regule un sector económico del volumen y la fuerza de la construcción -pese a las reticencias y resistencias que ya en el siglo XIX se oponen-. Pero en el último cuarto del siglo XX estos principios fundacionales se han alterado, se han corrompido: el urbanismo deja de ser fundamentalmente un servicio guiado por el interés de los ciudadanos para transformarse en una potente herramienta al servicio del sector inmobiliario, su desarrollo, crecimiento y enriquecimiento. Si no entendemos este cambio, estaremos condenados a pensar que la corrupción urbanística, como patología social, es resoluble exclusivamente en términos de represión penal. Mientras el urbanismo sea conceptuado y gestionado como una máquina de enriquecimiento, de fomento económico, existirá la corrupción urbanística, porque ese negocio inmobiliario, a diferencia de otros, requiere la intervención de los poderes públicos, o los solares seguirían siendo campos o montes.
La corrupción urbanística no acabará mientras la práctica del urbanismo no recupere lo que fueron sus objetivos fundacionales, hoy abandonados. Los planes han dejado de preocuparse por la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos (¿quién se atreve a plantear hoy una intervención para hacer la ciudad más amable, más acogedora, más vivible?), y han sustituido estos objetivos que fueron los que dieron sentido y vida al urbanismo por otros: por la competitividad, la captación de inversiones, el marketing urbano? El análisis de lo que los anglos llaman key words (palabras claves) en los planes e intervenciones urbanísticas contemporáneos lo confirman plenamente.
Júntense las dos razones expuestas: un urbanismo que ha abandonado sus objetivos, su razón de ser, para ponerse al servicio del sector inmobiliario (el urbanismo a la carta preconizado en la LRAU), y la ausencia de mecanismos que permitan que las plusvalías generadas por las decisiones urbanísticas queden en manos de quien las toma, y la corrupción está servida. Pero no se hable de corrupción urbanística, ni se presente como un problema que deba ser combatido exclusivamente por vía de la represión penal. Estamos ante un proceso de perversión del urbanismo, una evolución que inevitablemente nos aboca a la corrupción inmobiliaria. La corrupción urbanística no es más que la consecuencia de la corrupción del urbanismo.
FERNANDO GAJA I DÍAZ
www.terracritica.org
Arquitecto, profesor de urbanismo de la Universidad Politécnica de Valencia.
El PSOE confirmó hoy su intención de 'dar prioridad' en los primeros meses de 2007 a la reforma de la Ley de Financiación de Partidos, que viene siendo reclamada por el Tribunal de Cuentas desde hace años y que fue uno de los compromisos del presidente José Luis Rodríguez Zapatero. Eso sí, los socialistas aseguran que se necesitará 'la aceptación' del PP, que ya dio su visto bueno hace un año a uno de los principales escollos: la prohibición de las donaciones anónimas.
Según explicó el secretario general del Grupo Socialista en el Congreso, Julio Villarrubia, la 'percha' de la negociación será la proposición de ley que presentó en su día ERC, que hace un año fue tomada en consideración por unanimidad en el Pleno del Congreso, y a la que se presentaron enmiendas parciales el pasado mes de junio.
NI DONACIONES ANÓNIMAS NI DE EMPRESAS
Esta iniciativa de los republicanos regula dos vías de financiación a los partidos: las aportaciones públicas para su funcionamiento, los procesos electorales y sus grupos parlamentarios, y las donaciones privadas, que deberán proceder de personas físicas (no empresas), que no podrán ser anónimas y que no excederán de 30.000 euros anuales para un mismo contribuyente, con posibilidad de desgravar.
Esa prohibición de las donaciones anónimas es uno de los puntos que había hecho imposible la reforma, pues las formaciones de izquierda (PSOE, ERC e IU-ICV) chocaban con las resistencias del PP y de los nacionalistas catalanes y vascos, principales beneficiarios de esta vía de financiación. Sin embargo, en el debate de hace un año el PP anunció la aceptación de la supresión de las donaciones anónimas, en aras del consenso.
EN ENERO, NEGOCIACIONES.
Aún así, la reforma no se aceleró, sino que tuvieron que pasar seis meses hasta que los grupos presentasen en junio sus enmiendas parciales a la propuesta de ERC. Y pese a estar publicadas las enmiendas, la Ponencia no ha llegado a constituirse, con lo que el debate sigue sin tener fecha.
Mediante una técnica que identifica cualquier elemento casi a ras de suelo. Hasta ahora se desprende que los alrededores de las grandes ciudades son los lugares de más riesgo de nuevos ladrillazos. España quedará totalmente fotografiada a mediados de 2007.
El Ministerio de Economía y Hacienda ha dispuesto de una serie de aviones que se encargarán de fotografíar España desde el cielo, para detectar los posibles fraudes urbanísticos desde su fase más temprana, según informa El País.
De esta manera, los inspectores del Catastro (dependiente de dicho Ministerio) dispondrán desde mediados de 2007 de una herramienta más para atajar cualquier ladrillazo.
Se tratará un mapa aéreo de España, obtenido a partir de una técnica denominada ortofotografía, con la que se podrá identificar cualquier elemento con una altura superior a 50 centímetros respecto del suelo.
Los alrededores de las ciudades más dinámicas, como Madrid, concentran buena parte de los proyectos sin identificar, donde "la mayoría de proyectos escapan al fisco", según explica el director general del Catastro, Jesús Miranda.
Dicha información servirá a Hacienda para ponerse en contacto con las comunidades autónomas y ayuntamientos para comprobar si disponen de los permisos reglamentarios de la obra solicitada.
Por el momento ya han sido ortofotografiadas Andalucía, Murcia, Cantabria y parte de Cataluña.
La reforma fiscal abre la puerta a que la venta de pisos tribute al 43% frente al 18% del ahorro. Los expertos denuncian la arbitrariedad de la norma y alertan de las discusiones que generará la nueva regulación.
La efervescencia del mercado inmobiliario se ha dejado sentir en la redacción de la nueva ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que entra en vigor el 1 de enero. Los redactores de la norma han aprovechado la reforma para introducir un cambio en el tratamiento de las operaciones de compraventa de inmuebles con el que, según los expertos fiscales consultados, “se busca poner coto a los pelotazos en el sector”.
Es un cambio aparentemente pequeño, pero de gran calado: se elimina la regla por la que es necesario que exista local y empleado para que la compraventa de inmuebles tenga la consideración de actividad económica; o, dicho de otra manera, las transacciones inmobiliarias se podrán considerar actividad económica, aunque no se tenga esa estructura mínima de personal y local.
La gran diferencia entre una cosa y otra son veinticinco puntos más o menos de tributación. La venta de un inmueble, si no es resultado de actividad económica, tributaría en el IRPF en concepto de ganancia patrimonial; esto es, estaría gravado desde enero con un 18%, el tipo fijo para todos las rentas del ahorro (plusvalías, intereses, dividendos y seguros). Los rendimientos por actividad económica que presume la reforma, sin embargo, tributan según la tarifa general del impuesto, hasta un máximo del 43%.
Con este cambio, el equipo de Pedro Solbes ha buscado una fórmula práctica para atacar las amplias plusvalías de las que pueden beneficiarse las promotoras. En muchos casos, estas sociedades, una vez acabada la obra, se disuelven, y el empresario trata de vender los inmuebles como si fueran de su propio patrimonio, buscando una menor tributación.
Con esta modificación, se ha trasladado a la ley del IRPF lo que ha venido siendo en los últimos tiempos la posición de la Dirección General de Tributos, que en sus consultas más recientes ya había abierto la puerta para la eliminación del requisito de local y empleado, equiparando de algún modo la actividad particular con la del promotor.
Litigiosidad
Los expertos fiscales consultados por EXPANSIÓN, no obstante, alertan de que la eliminación de la regla general sobre actividades económicas para la compraventa de inmuebles puede abrir un frente de litigiosidad con Hacienda. “Se van a generar muchas discusiones, porque va a haber más margen para la interpretación a la hora de definir la frontera entre una cosa y otra, que tendrá que demostrarse caso a caso”, alegan los expertos fiscales.
“El Ministerio de Hacienda podrá decidir lo que quiera: al eliminar la regla puede decirle al contribuyente que en vez de considerar los ingresos de la operación como una ganancia patrimonial se trata del fruto de una actividad económica, lo que supone triplicar su gravamen... Máxime cuando las plusvalías que se obtienen ahora en este sector son ingentes”, explican los expertos consultados. La consideración de cuándo el contribuyente se encuentra en una situación u otra, y, por consiguiente, si tendrá que pagar más o menos en el IRPF, “va a estar en función de circunstancias más específicas, como la habitualidad de las transacciones”.
El cambio en la consideración de la compraventa de vivienda complica también la planificación fiscal porque la reforma tiene repercusión en otros impuestos. Los inmuebles declarados como empleados en actividad económica están exentos en Patrimonio o pueden tener derecho a reducción en Sucesiones y Donaciones, por lo que, al desaparecer la regla de local y empleado, puede perderse el beneficio fiscal.
En la mayoría de los casos se trata de particulares que compraron la vivienda sobre plano y que tratan de venderla antes de la entrega de llaves sin que conste su nombre La nueva Ley de Prevención del Fraude Fiscal obliga a identificar a los implicados y los medios de pago
Hacer trampas cuando se compra o se vende un inmueble para pagar menos impuestos se ha convertido en una misión cuanto menos complicada. Las notarías de Málaga ya han comenzado a registrar casos en los que las transacciones se interrumpen ante la negativa de alguna de las partes a identificar los medios de pago o a aparecer en la transacción. Generalmente, son las empresas promotoras o los propios bancos los que piden volver a estudiar la operación ante la posibilidad de salir salpicados frente a Hacienda.
El notario y delegado del Colegio en Málaga, Joaquín Mateo, trata de ilustrar con un ejemplo uno de los casos que más dudas presenta a la hora de formalizar las escrituras de compraventa de un inmueble, sobre todo tras la entrada en vigor de la Ley de Prevención del Fraude Fiscal, el pasado 1 de diciembre.
«Una promotora A vende un piso a un particular (B), que a su vez lo transfiere a otro (C). La inmobiliaria transmite a B en 100.000 euros y le quedan por pagar 80.000. B da el pase a C, mediante una cesión del contrato de compraventa, a cambio de una cantidad, de manera que recibe lo ya satisfecho más 10.000 euros de beneficio. Y C se compromete a pagar a A los 80.000 euros y se subroga a la hipoteca». Es la técnica conocida como «dar el pase», y que ha supuesto pingües beneficios para los inversores.
Intermediarios visibles
Si todas las partes hacen los deberes irá sobre ruedas. La dificultad está en que habitualmente el sujeto B, el que compró sobre plano y pretende vender antes de la entrega de llaves, no quiere aparecer para evitarse los cuantiosos impuestos. Y la empresa está obligada a reflejar al primer comprador. Ahí llegan los problemas.
En el caso de las cesiones, Mateo alega: «Es imposible que el primer comprador desaparezca, porque hizo unos pagos a la promotora que hay que identificar. Y ésta podría ser colaboradora del fraude y tener incidencias penales. La norma dificulta muchísimo los pases y tengo noticias de que en los contratos privados se están eliminando las cláusulas que lo autorizan».
Andrés Tortosa, decano del Colegio de Notarios, reconoce que en sus oficinas, en Granada, también ha recibido casos de este tipo. «El que vende no quiere aparecer, y hay problemas. Esto es precisamente lo que pretende la ley, controlar este tipo de revalorizaciones». Tortosa recuerda que esas transacciones tienen que quedar registradas y tributan al 7%, además de incluirse como ganancia patrimonial en la declaración de la renta, en torno al 20 o el 30%, con lo que se reduce sustancialmente el margen de ganancia para este tipo de inversores.
No obstante, aunque la ley lo ha complicado, Mateo afirma que estas situaciones estaban ya planteadas en la calle y en las notarías desde hace al menos tres años. Los bancos son los más reacios a participar en el juego, para evitar ser acusados de colaborar con el fraude fiscal.
Menos inversores
Los fedatarios públicos advierten de que una primera consecuencia de la norma será la reducción del mercado de inversores. Marcial Bellido, director del Instituto de Práctica Empresarial (IPE) y experto en el mercado inmobiliario, constata que la norma ayudará a que las operaciones sean más transparentes y a reducir el fraude fiscal. Sin embargo, rompe una lanza en favor de los inversores. «Compran cuando todavía no hay nada hecho y otros no lo hacen, se anticipan y luego venden a alguien que lo ve ya construido. También ocurre en la Bolsa, no se debe ir contra el especulador».
Pero, al tiempo, reconoce que estas prácticas ayudan a inflacionar el sector, al crear «un stock de vivienda que no tiene uso». Sobre la incidencia en los precios, considera que la menor demanda en el mercado puede traer aparejada una leve reducción, y recuerda que el 20% de las adquisiciones se hacen como inversión. «Ya no se compra con tanta alegría».
José Antonio Pérez, profesor del Área de Mercado Inmobiliario del IPE, es más crítico. Entiende que la ley llega tarde y no resuelve el dilema principal, que es la existencia de dinero negro. «Es el gran problema del mercado inmobiliario y la ley poco puede hacer en el contrato entre privados». A su juicio, los promotores serios ya prohibían la cesión de contrato. «Los precios han hecho que desaparezca la reventa en Málaga. Los casos de ahora son coletazos de los que compraron hace dos años».
Dinero negro
Los propios notarios reconocen importantes dificultades para controlar los pactos entre particulares para ocultar dinero. Basta con que ambas partes estipulen un precio de escritura y el resto se entregue en negro, para reducir los impuestos. «Esto no evita que haya acuerdos tapados donde se produzca ocultación de dinero», reconoce el decano. Llegado este punto, Mateo advierte: «Habría que preguntarse por qué se defrauda. La carga impositiva es muy alta y a veces una cantidad pequeña de impuestos es la diferencia entre poder comprar una vivienda y no poder». Por ello, reclama que las ganancias derivadas del mayor control del fraude sirvan para reducir los impuestos a las rentas más bajas.
Nicolás Delgado, gerente de la inmobiliaria Roda, rechaza estas prácticas, ya que, a su juicio, suponen una merma de la transparencia en la operación. «Somos muy exigentes con la calidad. El consumidor debe recibir toda la información y a las viviendas de pase no se les puede aplicar este precepto. Las empresas serias no hacemos el juego, todo debe ser muy legal».
Delgado considera que beneficiará al sector. «Puede acabar con la especulación. Más que bajar los precios, el coste de la vivienda se aproximará más al coste real del mercado, lo que beneficiará a todos. Estas prácticas hacían daño a la personas que pagaban ese dinero y luego no se declaraba».
Al tiempo, este experto indica que la nueva normativa llevará al sector inmobiliario a un nivel de profesionalidad muy superior, lo que redundará en una mayor confianza de los usuarios.
Coincidiendo con las fiestas navideñas, la oenegé Cáritas presentaba la campaña para el presente año bajo el lema 'Los derechos humanos son universales. Las oportunidades deberían de serlo'. Una campaña que pone el acento en el derecho de las personas a una vivienda digna, como elemento constitutivo de la dignidad de todo ser humano.
La campaña quiere también llamar la atención sobre las dificultades a las que se enfrentan amplios grupos sociales a la hora de acceder a una vivienda. Especialmente, en unos momentos en los que sigue subiendo alrededor del 10 %.
Cáritas quiere denunciar las condiciones políticas, sociales y económicas precarias que impiden el acceso y el mantenimiento de una vivienda en condiciones adecuadas.
La especulación inmobiliaria la convierte en un artículo de lujo y la oferta de alquileres es escasa o muy cara. Esta organización no gubernamental solicita el compromiso de las administraciones locales y autonómicas en la adquisición de alquileres sociales y la mejora de las condiciones de habitabilidad de las casas.
CCOO afirmó hoy que el Gobierno usa de 'un modo insuficiente' los instrumentos legislativos y presupuestarios que tiene a su disposición para controlar la subida del precio de la vivienda, y lamentó que se limite a actuar 'sin incidir en las causas de fondo' del problema.
En un comunicado, CCOO reconoce que el Gobierno tiene limitada capacidad de intervención en la vivienda al ser competencias transferidas a las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos.
No obstante, reclama al Ejecutivo un mejor uso de la iniciativa legislativa en aspectos fundamentales como el suelo -que supone el 50 por ciento del precio final de la vivienda- y de la gran capacidad de intervención que le da el gasto público estatal destinado a vivienda en los Presupuestos Generales del Estado.
Además, CCOO se pregunta si 'tiene sentido regular el precio de servicios básicos (luz, agua, teléfono) y no hacerlo con la vivienda en la que se reciben todos esos suministros'.
Para el sindicato, el problema no es la falta de viviendas sino su desorbitado coste o alquiler, por lo que no sirve nada defender que la solución pasa por 'liberalizar' y 'colonizar' más suelo para construir y vender más viviendas que se mantendrán vacías por sus propietarios.
Por último, denuncia el 'brutal trasvase de rentas' desde la clase trabajadora hacia el 'oligopolio del ladrillo' en los últimos años.
El boom del desarrollo de la vivienda hace millonarios, en muchas zonas de España, de norte a sur y de este a oeste, pasando por el noroeste y suroeste. Mientras, muchos ciudadanos no pueden acceder a una vivienda digna ni, tan siquiera, hacer frente al alquiler.
Es muy aconsejable que la política sobre los alquileres de pisos se modifique y, se exija que sean entregados en buenas condiciones a los inquilinos, así como se realice un seguimiento y adopten, cuantas medidas se requieran para que las cifras de pisos vacíos no sean tan alarmantes.
La opinión pública recoge, de forma insistente, los casos de corrupción y de delitos hacía la población española. No hay día que salte la noticia del pelotazo: unos pocos nos están demostrando, que España es un país muy rico.
Las estadísticas sobre los salarios viene a reflejar, que la media que gana el trabajador se sitúa - su poder adquisitivo-, en términos del año 1997, y que son necesarios los ingresos de trece años de trabajo, para pagar una vivienda.
La clase política no demuestra interés, en resolver la situación, y el Gobierno Central no acaba de hilvanar soluciones, así como en Aragón, ¿estallará el escándalo ó la trama financiera en torno al ladrillo?.
¿Cómo van a explicarse las organizaciones políticas, ante las próximas elecciones, para resolver el gran problema que tenemos con la vivienda?.
En Alemania, un grupo de expertos económicos, abogan por aplicar aumentos salariales, para que el consumo se ponga en marcha y, se mantenga fuerte el despegue económico.
España es diferente y, año tras año, nos dicen que hay que pactar salarios moderados, para contribuir a mantener una economía competitiva; como si los salarios, que cada día pierden poder adquisitivo, fueran los responsables de la falta de acierto, de las políticas que impulsan los empresarios y los gobiernos de turno.
Los responsables de las políticas sociales y económicas, contribuyen a generar un caldo de cultivo propicio, para salir a la calle, como así está ocurriendo en zonas de España: Oviedo (Asturias), Seseña (Toledo)….
Al ciudadano se nos presiona demasiado: la electricidad con subidas excesivas, el IBI y lo más reciente el precio del billete del AVE.
Todo son componendas económicas y malversaciones que repercuten y no cubren las necesidades reales; ni nuestra Comunidad de Aragón, con su actual esplendor, profundiza en las necesidades del ciudadano aragonés.
Ni el llamado Estado de Derecho de España, donde la Constitución, que acaba de cumplir 28 años y, refleja el derecho que tenemos las personas a la dignidad; la vivienda forma parte fundamental en el desarrollo de la persona y de la familia. Los poderes públicos la olvidan, cuando, de forma constante, vemos lo que ocurre a nuestro alrededor y, las políticas que dicen impulsar, no resuelven ni el presente y el futuro lo contemplan de pasada.
Por todos los sitios surgen buscadores de ladrillos. Ahora mando yo y, mis amigos, debemos hacernos millonarios. España es un país rico, para unos pocos, con los impuestos de todos.
El título del artículo de hoy quizás pueda parecer un tanto sensacionalista. Lo reconozco, pero responde literalmente al comentario realizado días atrás en Madrid por el relator especial de Naciones Unidas en materia de vivienda, el arquitecto indio Miloon Kothari, quien en una reciente visita a España, alertado por las noticias de corrupción que llegaban a la sede central de la ONU, acaba de poner el dedo en la llaga de una situación que en algún momento terminaría por aflorar.
Quizás lo más trascendente de la situación general de especulación urbanística esté en que afecta a muchas personas, no sólo las rentas más bajas, que, por su causa, no pueden acceder, como quiere el artículo 47 de la Constitución, a una vivienda digna y adecuada. Es decir, la corrupción empobrece a la mayoría y enriquece a una minoría que se aprovecha de la especulación, del pelotazo. En el fondo, si queremos salir de este penoso ambiente, es menester individualizar sus causas y trazar un programa integral por establecer la ética también en este sector. De lo contrario, seguiremos en el mundo de los parches y de la ausencia de voluntad para solucionar los verdaderos problemas que aquejan a la gente. Para ello, hay que entrar a fondo en la financiación de los partidos, en la naturaleza de las competencias urbanísticas, en el diseño de la atribución de poderes entre las diversas administraciones, en el modelo educativo, en la asignatura de la ética ciudadana, en la función de la familia y los valores y, sobre todo, en la crítica al consumismo y al feroz individualismo que traen consigo estilos de vida para los cuales todo tiene un precio.
Las recomendaciones de Kothari, tras conocer nuestra realidad urbanística, son ciertamente preocupantes: entre el 20 y el 25 % de la población española se encuentra en situación de exclusión del derecho a una vivienda digna y adecuada por su alto precio. Se trata de una estimación que pone en tela de juicio la eficacia de las políticas desarrolladas en la materia y la necesidad de tomar medidas porque, según el experto de la ONU, la especulación en España es la más grave de Europa.
Es posible que estas noticias nos suman en una cierta tristeza al comprobar que no somos los mejores en todo. Es más, que existen materias en las que somos de los peores del globo. Entre las posibles medidas a emprender, el relator especial de la ONU propone, en sus observaciones preliminares, reducir las subvenciones fiscales a la compra de vivienda, pues según datos recientes de la OCDE estas políticas bajan los precios de la vivienda entre un 15 y un 30%.
Por si fuera poco, el señor Kothari afirmó que la corrupción urbanística detectada hasta el momento es la punta del iceberg de una manera mafiosa de proceder ligada a la recalificación de terrenos. Por eso, reclamó una mayor aplicación de la ley penal y la vigilancia del Gobierno de la nación sobre las actividades urbanísticas de los poderes territoriales. También pidió la paralización de las recalificaciones en curso hasta la aprobación de la nueva ley, que el Gobierno se preocupe del acoso inmobiliario, en cuya virtud los propietarios intentan que los inquilinos que pagan rentas antiguas abandonen las viviendas y que se atienda debidamente a los inmigrantes en materia de vivienda que, en ocasiones, habitan espacios indignos de la condición humana.
Un buen rapapolvo que nos debe hacer pensar y actuar. Primero, reconociendo la realidad y después, diseñando un plan estratégico de regeneración ética y cívica. Y actuando con coherencia en el marco de las cualidades democráticas que nos exige nuestra conciencia de ciudadanos que aspiramos a que la persona sea el centro del orden político, social y económico, no el dinero o el poder, como algunos pretenden.
¿Se acuerdan?: qué felices seremos los dos…viviendo en mi casita de papel. Se acabó el ladrillo visto, el cemento oscuro y agresivo, las columnas oxidadas de hierro. Ha triunfado la papiroflexia: escribes un poema, doblas el papel en cuatro, en ocho, en no sé cuántos pliegues y te sale una barquito que dispara versos a las estrellas y palomas que arrullan los claveles y aviones que chorrean jazmines sevillanos. Y con un asesoramiento ministerial de la vivienda construirás una casita de treinta metros cuadrados. Los besos juntos, juntas las caricias y juntas las alegrías.
Derecho a una vivienda digna, dice la Constitución.
La dignidad no se mide por metros, dice la Ministra.
Tiene Vd. razón. La dignidad no ocupa superficie. Es vertical como los cipreses, como los tallos de la luz No me preocupa la dignidad, Ministra. Me preocupan las penas. No hay lugar para ellas en los treinta metros cuadrados. Y no quisiera dejarlas fuera por si el viento, por si la nieve, por si la lluvia. Por si alguien me las roba creyendo que las penas del otro siempre son más leves que las propias. A lo mejor el ladrón no las riega, no las alimenta, no contempla sus rosas azules. Y Las penas se mueren de pena, de lejanía, de abandono. Las quiero junto a mí, Ministra. Pero no me caben. Pena de hombre solo, olvidado. Con versos desordenados por las esquinas. Con soledades colgadas de perchas como si estuvieran ahorcadas. Con indiferencias sentadas en los taburetes. Con complejos impares, boca arriba en la cama. Con manos sin cintura. Con cuerpo sin cuerpo, con manos palpando vacío solo.
No me caben las penas, Ministra. ¿Y qué hace un hombre sin sus penas? A Usted quisiera yo verla, acomodando su hermosa estructura, rodeada de órdenes ministeriales, reales decretos, guardaespaldas, tentaciones deshonestas del tres por ciento. Pero sin una pena que llevarse a los labios.
¿Lo aguantaría? Estoy seguro que exigiría a la Ministra de la Vivienda, que se exigiría a sí misma, unos ventanales anchos, unas celosías abiertas de par en par y una terraza sembrada de geranios, claveles y pensamientos morados.
Dignidad aparte, le agradezco los treinta metros cuadrados. Me voy a echar a andar por los caminos grandes, bajo lunas inmensas, abrazado a mis penas grises, negras, mis penas humanas y humanizantes. Seguro que habrá un olivo de sombra redonda para reposar el cansancio, el inmenso cansancio de ser hombre.
CASAS baratas, así se titulaba a principios del siglo XX una de las leyes progresistas promovida por los destacados pensadores del Instituto de Reformas Sociales. Ahora en el XXI hablar de casas baratas es emplear un oxímoron, dado el fracaso de las políticas urbanísticas en su objetivo de promoción del acceso a la vivienda. Aunque hoy las casas son, por lo general, mejores que las construidas para los obreros hace cincuenta o cien años, también se han encarecido extraordinariamente, obligándonos a muchos españoles a sacrificar nuestros ahorros y nivel de vida para poder disfrutar del derecho a la intimidad en el propio domicilio.
Un derecho constitucional -el de tener una vivienda digna y adecuada- puede ponerse en entredicho a la vista de los precios de los pisos. Y los resultados no hacen pensar que la intervención de los poderes públicos con competencias sobre la cuestión, que son los autonómicos y locales, esté mejorando mucho las cosas. Ni siquiera la entrada en juego del Estado, mediante la creación de un discutible ministerio, ha servido para resolver el problema, porque si la Constitución y las leyes dicen que esto compete a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos, quizás sea porque estos entes son los que están más cerca del problema, y deberían disponer de todos los medios para resolverlo.
El urbanismo es uno de los principales mecanismos a emplear para conseguir el abaratamiento de la vivienda, pues las decisiones de planeamiento, recalificación y ejecución podrían servir para evitar el encarecimiento del suelo y garantizar una equitativa distribución de beneficios y cargas entre los propietarios y la comunidad. No están estas potestades, aunque a veces parezca lo contrario, para hacer millonarios a unos pocos (cuando se enriquecen de un día para otro, comprando hoy terrenos baratos y vendiendo mañana muy caro), desviando las plusvalías generadas por la actuación pública (al permitir construir donde antes estaba prohibido) a los bolsillos de especuladores y aprovechados
Otra técnica diseñada para favorecer el acceso de todos a viviendas dignas es la protección oficial (VPO). Los tan costosos pisos hoy sucesores de las viejas casas baratas habrían de estar pensados para facilitar que personas con recursos inferiores a los de la media (pues son los que más difícil lo tienen) vieran una oportunidad, a pesar de su desventaja económica, de conseguir con esfuerzo (no como regalo) un lugar donde vivir. Todos tenemos derecho por lo menos a un piso, y nadie deja de tenerlo ni tiene menos derecho por ser hijo de un servidor público. Tampoco tiene más, y el acceso debe producirse en condiciones igualitarias, equitativas y transparentes.
Lo importante sería que hubiera para todos los que más lo necesitan vivienda, y se conocieran las reglas del reparto de beneficios, como establecía una proposición de ley de 1878, en plena Restauración (un período por cierto con bastante corrupción administrativa, aunque no sé si tanta como la que hoy sufrimos). Entonces la adjudicación se hacía por rifa, conectada con la Lotería Nacional, entre trabajadores a jornal -lo explica en un libro reciente Pedro Ortego Gil-, pagándose en concepto de arrendamiento media peseta diaria, si la casa valía 1.000, y una diaria, si valía 2.000 (las más caras). Así poco a poco se iba adquiriendo la propiedad, y si no se cumplía con el pago, pues se volvía a rifar.
Hoy quizás sería excesivo volver a un régimen como el de aquella época, pero sí se hacen necesarias medidas más inteligentes (o menos interesadas) que las aplicadas hasta ahora para resolver el problema de la vivienda. No estaría de más que se multiplicaran las agencias municipales de alquiler, en lugar de intentar promover este mercado desde un ministerio en Madrid; tal vez no sobrarían más incentivos (en lugar de desincentivos) a la ocupación de las casas vacías, o a la restauración de las viviendas en mal estado, o a la formalización de contratos de arrendamiento con opción de compra.
Las aporías del derecho a la vivienda, de las que hablaba hace veinte años una excelente tesis de Ricardo García Macho, podrían ser superadas. Pero la voluntad política necesaria para hacerlo no parece haber sido tan fuerte como debiera en los últimos tiempos. Las administraciones locales han quedado atrapadas en sus propias contradicciones financieras, como las generaciones, en un conflicto de intereses entre quien vende y quien compra vivienda. Porque los que ganan más dinero con el suelo y los pisos sobrevalorados no se paran a pensar que a otros les cuesta mucho pagarles, tal vez porque sus herederos no tendrán problemas para comprarse una casa.
RICARDO RIVERO ORTEGA/PROFESOR TITULAR DE DERECHO ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Son muchos los movimientos que están surgiendo en nuestro país a raíz del problema de la vivienda. La especulación y los fraudes urbanísticos están consiguiendo que la compra de una vivienda se esté convirtiendo en un lujo traducido en hipotecas que duran toda una vida. La juventud lo ve cada vez más oscuro o la hipoteca cada vez más eterna, pero ¿por qué no hay una cultura de alquiler en este país?
Poseer una vivienda propia proporciona una seguridad y estabilidad que por casi toda la población es bien deseada, pero si los precios de las viviendas están por las nubes y siguen subiendo es porque la gente joven no renuncia a poder adquirir una vivienda, si hay que pagar más por comprar se paga, el alquiler está visto como tirar dinero, y en parte es lógico.
Gran cantidad de propietarios de viviendas en alquiler pagan la mensualidad de su hipoteca con el precio del alquiler. Cuando haya pasado un tiempo y la hipoteca esté completamente pagada, el propietario sólo obtendrá beneficios y puede hasta retirarse. Cuesta lo mismo comprar que alquilar, así que tan sólo alquila quién está en una ciudad de forma temporal, por estudios o por trabajo y compartiendo piso, son menos los que deciden vivir una vida de alquiler.
Pero ¿cómo ha conseguido el precio de alquiler en el mercado igualar al de compra? La respuesta a esto creo que en parte la tienen las segundas viviendas vacías. Aproximadamente el 15% (Octubre 2005) de las viviendas españolas están vacías, por diferentes razones, de las que algunas estará justificada su situación y otras que simplemente están siendo utilizadas para especular.
Si todas estas viviendas se ofrecieran en alquiler, el efecto producido sería un aumento considerable de la oferta de alquiler, y esto por la ley de la oferta y la demanda repercutiría en un descenso del precio del alquiler hasta que el precio se adaptase a la demanda. En términos reales, más gente viviría de alquiler.
Pero como el alquiler de vivienda y la compra pueden ser considerados bienes parcialmente sustituibles, quién vive de alquiler no paga una hipoteca y habrá gente que decida vivir de alquiler toda la vida, esto repercutiría en una disminución de la demanda de compra de vivienda.
Por la misma ley de oferta y demanda, si la demanda disminuye, el precio disminuye también, o al menos deja de crecer.
Uno de los problemas que nos encontramos a la hora de tomar medidas en el asunto es la veracidad de los datos que manejamos. Parte de las viviendas que se cuentan como vacías realmente no lo estaban porque el censo pasó varias veces cuando nadie se encontraba en el domicilio o algunas que cuentan como ocupadas, realmente no lo están.
Pero la solución real del problema de las viviendas vacías pasa por conseguir que las personas que cuentan con una segunda vivienda desalojada pasen a alquilarla. Hay distintas iniciativas como esta realizada en el País Vasco que “premia” a quién decide alquilar su segunda vivienda desalojada con ayudas para rehabilitarla y sanearla, pero ¿por qué no intentar también la solución en el sentido contrario?
Si se aplicase un impuesto sobre las segundas viviendas desalojadas mucho mayor que se aplique en la actualidad muchos pisos dejarían de ayudar a la especulación inmobiliaria y entrarían dentro del mercado. Este impuesto tendría que ser considerablemente alto, y creo que estaría justificado debido a lo necesario de una vivienda, a que cómo se dijo antes, es un derecho constitucional. ¿Por qué no se aplica? Tal vez por lo impopular que resultaría entre la población que se viese afectada por él, los que tienen más de una vivienda.
La solución además de pasar por construir más viviendas cada año, también necesita que seamos eficientes con las viviendas que ya existen y con el censo de estas, porque si no conocemos la situación actual no podremos actuar, y tampoco podemos permitirnos ese derroche de viviendas para que unos cuantos hagan el negocio de su vida. Uno de los pocos negocios que se saben hacer en este país, especular.
España no es una excepción y el exceso de oferta afectará a los precios
En España, muchos ciudadanos consideran que el mercado de la vivienda es una excepción al comportamiento de las leyes de la oferta y la demanda. Están de acuerdo en que, en otros bienes y activos (como el petróleo, las acciones y los bonos), el precio sube cuando la demanda supera a la oferta y baja en caso contrario. No obstante, según ellos, este comportamiento simétrico no tiene lugar en el mercado residencial.
Para la sabiduría popular, el precio de la vivienda sube tanto cuando la demanda excede a la oferta, como cuando esta supera a aquella. Pero no considera idénticas a ambas situaciones. En la primera, la subida supera a la tasa de inflación del periodo. En la segunda, dicho incremento se sitúa por debajo de la inflación. Ningún manual de Economía refleja la excepcionalidad de dicho comportamiento, pero casi nadie se opone a esa visión de funcionamiento del mercado residencial español.
DISCREPO de la sabiduría popular. El mercado de la vivienda en España no tiene ninguna característica singular para constituir una excepción de las leyes de oferta y demanda. Debido a ello, el precio de la vivienda baja cuando existe un exceso de oferta y los propietarios y promotores se convencen de que, para tener más posibilidades de venta, deben reducir los precios inicialmente establecidos. Creo que esta situación tendrá lugar en el 2007. En concreto, espero una reducción del precio de aproximadamente un 4%. Y este no será un año excepcional, pues es muy posible que el valor de mercado de las viviendas siga reduciéndose en los próximos.
Mi opinión se sustenta en tres motivos: un elevado estoc de viviendas sin vender; una reducción esperada de la demanda y una gran oferta prevista. El primer aspecto ya lo ve en las calles del país cualquier persona que preste un mínimo de atención a su entorno. Hay una proliferación de propiedades con el cartel "en venta", inexistente en los periodos inmediatamente precedentes. En obra nueva, escasas promociones se venden en su totalidad sobre plano. Y cada vez es más frecuente observar cómo, en el momento de constitución de la correspondiente comunidad de propietarios, más de un 50% de los pisos de la misma aún son del promotor (especialmente en las provincias de Madrid, Málaga y Alicante).
En vivienda usada, principalmente en las ciudades de Barcelona y Madrid, ha crecido espectacularmente el número de pisos que están a la venta desde hace más de un año. Ambas situaciones se observan porque en el 2006, aunque no bajó el precio de la vivienda en España, la absorción de la oferta por parte de la demanda sí que lo hizo de forma sustancial.
En el 2007, la demanda de viviendas sufrirá una significativa reducción. En la realizada por motivo de uso, las principales causas estarán relacionadas con la disminución de la capacidad financiera de las familias y con un menor crecimiento de la ocupación. En el primer caso, el factor clave será la evolución alcista de los tipos de interés. Una previsiblemente moderada desaceleración del PIB en Estados Unidos, unido a la subida del IVA en Alemania (del 16% al 19%) y a la probable confirmación de la recuperación de la demanda interna de su economía, pueden provocar que el euríbor a un año (principal índice hipotecario) alcance el 4,75% este año. El menor vigor del consumo privado (gasto de las familias) y la reducción del número de viviendas iniciadas generarán una inferior creación de empleo. Esta situación retrasará en un número significativo de parejas el cambio de una vivienda de alquiler por otra de propiedad o la emancipación del núcleo familiar original, mediante la adquisición de un piso.
En el caso de la demanda para inversión, el elevado exceso de oferta y la subida prevista de tipos de interés provocarán la reducción de la misma. El primer factor hará prácticamente imposible dar el pase (comprar y vender, obteniendo una elevada plusvalía, sin llegar a escriturar la vivienda). El segundo provocará que muchos inversores patrimonialistas, que destinan el piso adquirido al arrendamiento, ya no puedan pagar la cuota hipotecaria generada por la vivienda comprada con el importe del alquiler recibido. En la actualidad, la demanda por motivo inversión, especialmente la de carácter especulativo, se está trasladando al Este de Europa. Para muchos especuladores, ahora el Eldorado Inmobiliario ya no se encuentra en España, sino en los nuevos países de la UE (Polonia, Hungría, Rumanía).
PREVISIBLEMENTE, en el año 2006 el número de viviendas visadas rozará las 925.000 unidades. Constituirá un récord histórico y más que cuadruplicará el observado en el último año alcista del anterior boom inmobiliario (en 1991 se visaron 210.000 viviendas). Esta elevada oferta responde principalmente a tres causas: las grandes facilidades crediticias otorgadas a los promotores por parte de las entidades financieras (en algunas ocasiones, el importe del crédito cubre el precio del solar y el IVA generado); la creencia de numerosos promotores de que el precio de la vivienda no puede bajar en España; y la entrada en esta actividad de numerosos advenedizos atraídos por los elevados beneficios obtenidos por el sector en años anteriores. Aunque el número de residencias visadas disminuirá en el 2007, las 725.000 nuevas unidades continuarán siendo superiores a la demanda prevista (alrededor de 350.000 viviendas).
Por tanto, si tiene intención de adquirir un piso, tenga paciencia. Mire, compare y, sólo si encuentra una auténtica oportunidad, compre. En caso contrario, espere. Tendrá suficientes oportunidades en los próximos años para encontrar la residencia que desea. En cambio, si ha invertido recientemente en vivienda, no se lo piense dos veces: póngala en venta. Es posible que el próximo año le paguen menos de lo que obtendría en la actualidad.
Gonzalo Bernardos, Director del máster de Asesoría
y Consultoría Inmobiliaria de la UB.
“La economía española está inmersa en un boom. Sobre todo su mercado inmobiliario, con precios que han crecido más del 180% en la pasada década”. Así comenzaba un demoledor editorial, titulado Deconstruyendo España y firmado por Bret Stephens, de la edición de ayer de The Wall Street Journal(WSJ), el mismo día en que Zapatero viajaba a Nueva York para presentar sus recomendaciones sobre el Plan de Acción para la Alianza de Civilizaciones ante la Asamblea General de la ONU.
“La realidad es que todas las fiestas se acaban, o al menos, decaen. En este caso, el mercado inmobiliario del tigre ibérico muestra defectos estructurales a los que el gobierno de centro-izquierda ha prestado escasa atención”, prosigue el WSJ.
El diario estadounidense destaca el consumo de los españoles, mucho del cual va a parar al ladrillo. “Los precios siguen subiendo, aunque a un ritmo menor. En España, menor significa precios que a finales de septiembre aún se acercaban al 9,8% respecto al año anterior”, se asombra el editorialista.
Más dramático incluso, según el WSJ, es el boom paralelo que vive la construcción. Sólo este año se construirán 800.000 nuevas viviendas, más del doble que en Francia, que posee 17 millones de habitantes más y donde los precios de las viviendas alcanzaron una respetable subida del 128% en los pasados 10 años.
El porcentaje de propietarios ronda el 85%. “Compradores de segundas residencias, domésticos o extranjeros, no serán capaces de mantener una demanda de 800.000 viviendas al año”, asevera el diario. Y recuerda que más del 80% de las hipotecas españolas son variables, lo que significa que los aumentos de los tipos del Banco Central Europeo se traducen en mayores pagos mensuales.
Los bancos huyen de las constructoras
El editorial tampoco obvia la corrupción, que también eleva los precios. “¿Cuánto puede durar el boom?”, se pregunta. “Muchos de los mayores bancos del país parecen pensar que poco, lo que explicaría el hecho de que hayan estado vendiendo sus participaciones en las principales constructoras”, se contesta.
La opinión concluye que España encara un doloroso reajuste económico: “Una corrección inmobiliaria tendría un gran impacto sobre la economía, cuyos dos motores son el consumo interno y la construcción. Éste es un ciclo que se retroalimenta y que podría derivar en un frenazo brusco”.
“La construcción no es el tipo de industria que da productividad para competir en una economía globalizada. Una vez que se frena, será difícil recolocar en otro sitio el exceso de mano de obra. El primer ministro, José Luis Rodríguez Zapatero, parece contento de continuar con las reformas introducidas por sus antecesores. Pero, a menos que Madrid lo evite, al boom español le seguirá pronto la familiar mediocridad del pasado”, finaliza.
Ayer, Blas Calzada, ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que ahora coordina el comité asesor del índice Ibex, consideró que el BCE tendrá que subir los tipos de interés si quiere evitar que se forme "una doble burbuja", bursátil e inmobiliaria, y que "estalle de mala manera". A día de ayer, el Euríbor, al que están referenciadas la mayoría de las hipotecas españolas, marcó el 3,942%.
El crecimiento del 25% del saldo hipotecario oculta el repunte de la tasa de dudosos
Enseptiembre de 2006, el porcentaje de préstamos dudosos sobre el volumen de crédito total subió al 0,412% desde el 0,385% de agosto. Al analizar estos datos la primera conclusión que se obtiene es que, si bien es cierto que la morosidad ha crecido, no lo ha hecho de forma significativa. Es más, si la comparación se lleva a cabo respecto a septiembre de 2005, esta primera impresión cobraría aún más fuerza, dado que en ese mes la tasa de dudosos sobre el crédito total era del 0,408%.
Sin embargo, la realidad es bien distinta. La morosidad ha aumentado y, además, de forma virulenta, muy especialmente en lo que se refiere a hipotecas. Enseptiembre de 2005, el volumen de crédito para adquisición de vivienda con garantía hipotecaria era de 383.580 millones de euros, según la Asociación Hipotecaria Española (AHE). De ellos, 1.545 millones de euros tenían el calificativo de “dudosos”, es decir, sus “dueños” se retrasaban, en mayor o menor medida, en el pago puntual de sus correspondientes cuotas mensuales.
En septiembre de 2006 (últimos datos oficiales), el volumen de crédito hipotecario para adquisición de vivienda con garantía hipotecaria alcanzó los 481.099 millones de euros, un 25,4% más que un año antes. De ellos, eran ya 1.949 millones de euros los “dudosos”; sobre ellos no hay garantía plena de cobro. El aumento de esta cifra respecto a septiembre se situó, por tanto, en el 26,14%.
El hecho de que en términos interanuales la morosidad global de los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda haya crecido tan ligeramente ?en septiembre de 2006 se situaba en el 0,405% frente al 0,402% de un año antes? se explica porque “aún” ?según reconocen los expertos? “se mantienen tasas de crecimiento en el volumen hipotecario por encima del 25%, lo que tapa el fuerte incremento de la morosidad. Este problema se hará algomás relevante a partir del próximo año, para el que se esperan tasas de crecimiento en el crédito hipotecario cada vez más moderadas, entre el 14% y el 18%, como consecuencia de una estabilización de la demanda residencial”.
Preocupación
Desde el Banco de España se han empezado a lanzar mensajes que demuestran “cierta preocupación”. Ensu último Informe de Estabilidad Financiera, explica que “a pesar de que las ratios de morosidad están en niveles muyreducidos, conviene señalar que se están produciendo crecimientos en el volumen de activos dudosos, en algunos casos, a tasas elevadas.
Así, para el conjunto de entidades de depósito se observa que los activos dudosos del crédito al sector privado residente están aumentando al 10,2%, en relación con la situación de relativa estabilidad previa al cambio contable. Por segmentos de negocio, el crecimiento de activos dudosos es particularmente elevado en el crédito al consumo (31,8%), mientras que en la financiación para adquisición de vivienda y en el crédito a empresas el aumento es menor”.
La máxima autoridad monetaria advierte igualmente que “conviene recordar que acostumbra a existir un desfase temporal entre la concesión del crédito y su eventual entrada en mora, desfase que depende, entre otros factores, de la fase cíclica en que se encuentra la economía; fase que para la economía española, al igual que para la mayoría de países en los que operan las entidades de depósito españolas, es en estos momentos claramente expansiva”.
El Banco Central Europeo (BCE) ha publicado hoy su boletín mensual correspondiente a diciembre. En este informe, la entidad asegura que los riesgos para la estabilidad de precios se encuentran al "alza" y que la política monetaria "sigue siendo acomodaticia" ya que los tipos de interés continúan situados en "niveles bajos".
El BCE subió la semana pasada los tipos de interés oficiales de la zona del euro hasta el 3,5%. El incremento, el sexto consecutivo en un año, deja el precio del dinero en su nivel más alto desde noviembre de 2001. El presidente de la entidad, Jean Claude Trichet, ya apuntó en aquel momento, en las explicaciones posteriores a la reunión del Consejo de Gobierno, que el precio del dinero que podría aumentar en una pequeña cuantía de nuevo en 2007 para mantener bajo control la inflación.
Actuación firme
El BCE mantiene el mismo discurso en el boletín mensual que ha publicado hoy. La entidad señala que existen "riesgos al alza para la estabilidad de precios a medio plazo", que la política monetaria "sigue siendo acomodaticia" ya que considera que los tipos "permanecen en niveles bajos", que el crecimiento monetario y del crédito es "dinámico", y que la situación de liquidez de la zona del euro es "holgada". "Por tanto, de cara al futuro, actuar con firmeza en el momento oportuno resulta esencial para garantizar la estabilidad de precios a medio plazo", aclara.
El banco se muestra optimista respecto a la situación económica de la zona euro. Considera que la recuperación de la región tiene un "carácter más generalizado y autosostenido" y que el crecimiento mantendrá su dinamismo durante el último trimestre del año.
Previsiones
El BCE ha elevado sus previsiones de crecimiento para la zona euro. Prevé un avance del 2,2% en 2007, tras crecer un 2,7% este ejercicio. En 2008, anticipa un 2,3%, por encima de lo que espera el mercado. En cuanto a la inflación, ha rebajado las previsiones para 2006 hasta el 2,2%, al 2% para 2007 y al 1,9% para 2008.
A pesar de la mejora en las previsiones, el BCE considera que otros datos a los que presta especial atención, como los agregados monetarios M3 (dinero en circulación) o el crecimiento del crédito sugieren riesgos de inflación a medio plazo.
Con todas estas referencias en el panorama, los analistas apuestan porque la entidad tome una decisión alrededor del mes de marzo; una vez que cuente con información detallada sobre la evolución de la economía en el primer trimestre. El consenso es que entonces se lleve a cabo una nueva subida que sería la única del año, aunque varios bancos, como, Barclays Capital, Merrill Lynch, o BBVA, apuestan porque el pico del ciclo de subidas de tipos sea el 4%.
Crece un 23% en el último año y roza los 900.000 millones
Las hipotecas de hogares, empresas y Administraciones Públicas se situaron a final de noviembre al borde de los 900.000 millones de euros, con lo que prácticamente igualaron el Producto Interior Bruto español (PIB), que ronda los 950.000 millones.
Según los últimos datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el volumen total de hipotecas ascendía en noviembre a 896.042 millones de euros, un 23,8% más que 12 meses antes.
Ese crecimiento porcentual es el más bajo marcado en tres años (desde noviembre de 2003), aunque por sí solo no refleja la desaceleración porque cuanto más alto es el volumen más difícil es mantener los incrementos relativos.
De hecho, los expertos consultados creen que el negocio hipotecario sigue por el momento muy boyante en España, sobre todo por la pujanza de las empresas, aunque esperan que durante 2007 se desacelere, castigado sobre todo por la subida de los tipos de interés.
A por el billón de euros
La Asociación Hipotecaria espera un crecimiento de entre el 14 y el 18% durante este año -frente al 23,5% esperado para 2006-, con lo que el volumen total superará el billón de euros por primera vez en la historia.
La desaceleración que empieza a apuntarse se refleja principalmente en las hipotecas de los hogares para la compra de vivienda, que, según los últimos datos del Banco de España, crecieron en octubre un 20,8%, muy por debajo del conjunto de las hipotecas.
El crecimiento constante del precio de la vivienda y las subidas de tipos de interés están retrayendo a muchas familias a contratar nuevos préstamos, circunstancia que no se refleja por el momento en las empresas, que siguen aumentando sus créditos impulsadas por el crecimiento de sus beneficios.
De los datos facilitados por la Asociación Hipotecaria se desprende, además, que las cajas de ahorros y las cooperativas de crédito siguen concediendo hipotecas a un ritmo muy superior al de los bancos.
Entre noviembre pasado y el mismo mes del año anterior, las hipotecas de las cajas crecieron un 28,9%, hasta 488.972 millones de euros -excluidas las titulizaciones-, mientras que las de las cooperativas aumentaron un 24,3%, hasta 53.517 millones, y las de los bancos, un 20,3%, hasta 320.051 millones.
En términos absolutos, las cajas concedieron sólo en noviembre el doble de hipotecas que los bancos, pues entregaron a sus clientes 9.217 millones, frente a los 4.735 millones de la banca.
La ralentización de las ventas obliga a los vendedores a rebajar los precios.
No han llegado los Reyes, pero el inmobiliario ya está de rebajas. Los vendedores de pisos han empezado a rebajar los precios para conseguir cerrar sus ventas. Con rebajas medias del 5%, que pueden llegar a ser del doble en los pisos más grandes, la caída de la demanda ha dado todo el poder negociador a los compradores
Las mayores rebajas se dan en grandes urbes como Barcelona y Madrid, en segunda mano, pisos caros y viviendas turísticas
El comprador vuelve a ser el rey en el mercado inmobiliario, después de casi una década en la que "las casas no se vendían: se despachaban", según reconocen con cierta añoranza agencias y promotores. Y con su renacido poder, en un mercado en que los pisos tardan más en venderse, el comprador ha impuesto el regateo y su corolario: los descuentos. Rodrigo B., un joven que está "medio buscando" un piso con su pareja en la zona alta de Barcelona, asegura que "en los pisos que me gustan yo doy ofertas inferiores en más de 100.000 euros y sin mucho marear consigo rebajas de 70.000 euros. Pero cada semana que pasa me parece más claro que los descuentos en unos meses serán más grandes" por la urgencia por vender que detecta en algunos propietarios. "Me he encontrado varios vendedores que tienen que vender primero para poder comprar otro piso, y a su vez la cadena continúa hacia arriba. Y eso significa que si se para una sola de las ventas, pueden dejar de venderse tres o cuatro pisos", señala.
"Muy pocos pisos se venden ya por el precio de salida", reconoce Fernando Rodríguez de Acuña, gerente del despacho R. R. de Acuña Asociados, especializado en estudios inmobiliarios. Según Rodríguez, la rebaja media en las viviendas normales ronda el 10%, pero "puede ser muy superior en las viviendas más caras, las situadas en los nuevos barrios de las ciudades y las de las zonas de costa". Según otras fuentes, como la inmobiliaria Tecnocasa, la rebaja existe, pero en las zonas más consolidadas (los barrios populares y de clase media de las grandes ciudades) no es muy elevada y se sitúa entre el 3 y el 5%.
Fernando Rodríguez señala que las rebajas se producen ante el alargamiento de los plazos de venta y es especialmente factible conseguirlas en la compra de una vivienda de segunda mano. "Los promotores ajustan los precios a los costes y han asumido créditos en función de los ingresos que preveían obtener con la venta. Si rebajan precios, reducen directamente su margen, por lo que son muy reacios a bajar el precio. Los particulares que tienen prisa por vender, y especialmente los inversores, en muchos casos tienen fuertes plusvalías acumuladas que son un buen colchón para aplicar un descuento". Con el paso de los meses, sin embargo, los promotores también aplican descuentos a los pisos nuevos, explica Rodríguez, ya que "acabada ya la promoción y entregados los pisos, los promotores han de empezar a devolver el principal de los créditos que han suscrito para financiar la obra, por lo que les supone una fuerte carga tener pisos acabados sin vender".
Tecnocasa coincide en que la ralentización de las ventas da más margen de negociación a los compradores que tantean a ver si pueden comprar el piso que les gusta más barato. Según un portavoz de la firma, "los compradores intentan bajar el precio para cubrir los gastos asociados a la compra (impuestos, gastos registrales y de constitución de la hipoteca), más o menos el 10%". La firma reconoce que la urgencia por vender el piso para comprar otro presiona a algunos compradores, "pero las entidades financieras ofrecen ahora hipotecas para estos casos, que permiten moratorias de pagos o pagar sólo los intereses de las dos hipotecas mientras no se venda la vivienda antigua. Estas fórmulas permiten vender sin ahogos".
Un estudio elaborado por Tecnocasa en colaboración con la Universitat Pompeu Fabra sobre 26.000 pisos comercializados por esta empresa entre el 2005 y el 2006 señala que esa "urgencia por vender" se refleja en que los mayores descuentos de los precios se producen en los 30 primeros días de poner un inmueble en venta (el precio baja un 2,5%). Luego vuelven los descuentos a partir de los cuatro meses, cuando la rebaja supera el 5%, para tratar de agilizar la venta de los pisos que quedan atascados.Teconocasa asegura que sus plazos de venta (de 95 días de media) y sus descuentos "son menores que la media del mercado porque trabajamos con el propietario para que ajuste el precio a su valor real antes de ponerlo a la venta. Un piso fuera de precio tarda más en venderse, genera costes de publicidad y de personal y no resulta rentable para la empresa". Pese a esta política, la inmobiliaria constata que "nuestro plazo medio de venta de un piso ha aumentado un 50% en dos años".
Según la inmobiliaria, los pisos con mayores descuentos medios son los de Alicante (5,8%), Valladolid (5,6%), Madrid (4,9%), Barcelona (4,8%) y l´Hospitalet de Llobregat (4,5%), ciudades donde los precios de la vivienda han alcanzado ya niveles muy altos. La firma destaca también que los descuentos son mayores cuanto mayor es la antigüedad de la vivienda y cuanto mayor es su precio de salida o su superficie.
Los descuentos son especialmente importantes y frecuentes en las segundas residencias, y sobre todo en las zonas más recalentadas de la Costa del Sol y la Costa Blanca. Una inmobiliaria, Re-Max, fue pionera este verano en lanzar una campaña de rebajas con descuentos de hasta el 10% en el 30% de los pisos que comercializaba en Santa Pola (Alicante). Según fuentes inmobiliarias, cerca del 40% de las viviendas a la venta en la zona de Mijas (Costa del Sol) ha bajado precio en los últimos meses.
Los trabajadores españoles cobraban al cierre del tercer trimestre del año una media de 1.553 euros brutos, una cantidad similar a la registrada en 1997 y que demuestra que en los últimos nueve años los españoles no han mejorado su poder de compra.
Así lo asegura el Indicador Laboral de Comunidades Autónomas de la empresa de trabajo temporal Adecco, elaborado por el IESE, que señala que el salario real (el que descuenta el efecto del incremento de los precios) experimentó en el tercer trimestre su octavo descenso interanual consecutivo (de un 0,7 por ciento) y continuará reduciéndose en los próximos trimestres.
De hecho, prevé que al cierre de diciembre sea un 0,5 por ciento inferior al de diciembre de 2005, mientras que en marzo del próximo año habrá disminuido el 0,2 por ciento en variación interanual.
Los madrileños, con mejor salario
Por Comunidades Autónomas, Madrid era en la que más se cobraba a finales de septiembre, con una media de 1.872 euros, seguida de País Vasco (1.797 euros) y Cataluña (1.670 euros).
Por el contrario, la región con una menor remuneración era Galicia, con un sueldo medio de 1.324 euros, pese a que fue la única que lo incrementó, el 0,4 por ciento. La Comunidad Valenciana y Andalucía figuraban a continuación, con 1.383 euros y 1.392 euros, respectivamente.
La contratación temporal gana la partida
En cuanto a otras condiciones laborales, el Indicador Laboral de Comunidades Autónomas revela que la tasa de temporalidad registrará su primer descenso en cuatro años al cierre de 2006 y continuará a la baja, ya que, en los tres primeros meses de 2007, tres de cada cuatro nuevos empleos serán indefinidos.
Según la escuela de negocios, "en los próximos meses se prevé que los empleos fijos tengan mayor protagonismo que los temporales, mientras que los empleos por cuenta propia mantendrán un ritmo de expansión similar al actual, por lo que serán los contratos temporales los que perderán espacio".
De acuerdo con los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), que elabora el Ministerio de Economía, la tasa de temporalidad se situó en el 34,6 por ciento al cierre del tercer trimestre del año, una cifra récord que se debió a que los empleos temporales continuaron creciendo a mayor ritmo que los fijos, pese a registrar una fuerte desaceleración.
No obstante, los efectos de la reforma laboral, que entró en vigor el pasado 1 de julio, hacen que la escuela de negocios crea que "la tasa de temporalidad puede mostrar sus primeros descensos interanuales en cuatro años" y situarse en el 33,5 por ciento en el último trimestre de 2006 (con una caída interanual de dos décimas).
Más puestos de tabajo
Esto se debe a que se crearán 413.000 puestos fijos entre octubre y diciembre, un 3,9 por ciento más que en el mismo período de 2005, mientras que los contratos temporales ascenderán a 151.000, con un aumento del 2,8 por ciento, y el número de autónomos se elevará en 89.000 personas, el 2,6 por ciento más.
De cara al primer trimestre de 2007, espera que la tasa de temporalidad se coloque en el 32,7 por ciento, con un descenso de siete décimas, gracias a que 3 de cada 4 nuevos empleos serán fijos, un "hecho que no ocurre desde comienzos de 2003".
Menos optimistas son las previsiones del IESE sobre creación de empleo, que indican que continuará desacelerándose al pasar de un crecimiento interanual del 3,7 por ciento en septiembre al 3,4 por ciento en diciembre y el 3,2 por ciento en marzo, lo que representa "la menor incorporación de trabajadores de los últimos 4 años".
Paro: la tasa más baja desde 1979
En cuanto al paro, que según la EPA se situó en el 8,1 por ciento al cierre de septiembre, la menor tasa desde 1979, el IESE espera que la tasa se consolide entre el 8 por ciento y el 9 por ciento durante los próximos trimestres, "tras leves disminuciones en el colectivo de desempleados", del 0,2 por ciento al cierre de diciembre y el 1,2 por ciento en marzo de 2007.
Respecto al peso de los inmigrantes en el mercado laboral español, la escuela de negocios señala que la ocupación de los varones extranjeros crece casi 16 veces más rápido que la de varones españoles, mientras que en las mujeres registra un crecimiento siete veces más importante que el empleo de las trabajadoras españolas.
Al mismo tiempo, la presencia de extranjeros en el mercado laboral español alcanza niveles máximos entre los jóvenes, que suponen el 15,8 por ciento del total de ocupados en España con edades comprendidas entre 16 y 24 años.
Salario bruto medio de las seis comunidades en las que se basa en estudio de Adecco:
Ciudades Salario bruto medio
Madrid 1.872 euros
País Vasco 1.797 euros
Cataluña 1.670 euros
Andalucía 1.392 euros
Comunidad Valenciana 1383 euros
Galicia 1.324 euros
La protesta de los sindicatos de los funcionarios para pedir un aumento salarial acaba con cortes de tráfico y pintadas en coches oficiales y en la casa del jefe de la Policía Local
Los funcionarios de la capital están en pie de guerra. Quieren que sus sueldos se equiparen a los del resto de los trabajadores de los ayuntamientos de la Región y están dispuestos a todo. Así lo demostraron ayer durante una manifestación que duró unas tres horas en la que exigían un "convenio digno". Los ánimos estaban tan caldeados que los bomberos, uno de los colectivos convocantes de la protesta (también estaban la Unión de Policías Locales, SIME, CC OO y UGT), acabó asaltando el ayuntamiento de Murcia al grito de "¿Quién paga la hipoteca?".
Hacia las diez de la mañana unos 250 manifestantes se concentraban en la Glorieta de España, a las puertas del Ayuntamiento, para reivindicar mejoras laborales y salariales. La protesta, que tenía como objetivo apoyar el proceso de negociación que las organizaciones sindicales mantienen con la concejalía de Medio Ambiente y Personal, desembocó en una manifestación por las calles de la ciudad que obligó a cortar el tráfico una hora. La protesta coincide con el proceso de negociación que mantienen los sindicatos y la concejalía de Personal que dirige Pilar Megía. La mesa de negociación se reunirá hoy para debatir la revisión laboral.
Los manifestantes portaban dos pancartas en las que se podía leer 'Por un buen servicio público para el ciudadano. Convenio digno', y otra en la que exigían 'Queremos mejorar para la subida hipotecaria poder pagar'.
Durante la protesta quemaron una caja de cartón y se hicieron notar durante tres horas con sus gritos y bocinas pero, sobre todo, por la espectacular entrada de un coche escala de los bomberos al que alguien llamó y que se introdujo en medio de la Glorieta y en la plaza Martínez Tornel. Asimismo, fuentes del Consistorio denunciaron que se lanzaron petardos contra la recién restaurada fachada del Ayuntamiento y que un grupo de manifestantes pintaron con grafitis dos coches de la concejalía de Cultura aparcados enfrente del Almudí y la casa del jefe de la Policía Local, Ángel Marín. Este último hecho fue lamentado por la UPL.
Según indicó el representante de CC OO, Alfonso García, "en las cuatro últimas reuniones con la Corporación no hemos logrado ningún acercamiento. Pedimos un aumento de 116 euros durante los próximos tres años para equipararnos al resto de funcionarios municipales de la Región. Estamos a la cola porque hemos sufrido congelaciones salariales muy rígidas en el 94 y el 97. Es una situación insostenible teniendo en cuenta lo que suben los precios y la cesta de la compra".
El representante de UGT, Antonio Jiménez, explicó que la corporación municipal "tiene las negociaciones bloqueadas". En este sentido, especificó que las negociaciones "han empezado muy tarde, van muy lentas y no vemos sensibilidad por parte del Ayuntamiento para culminar el proceso". El portavoz del SIME, Pedro López, expresó su intención de alcanzar un acuerdo antes de las elecciones municipales y autonómicas.
Hacia las once y media los manifestantes acudieron a la plaza Martínez Tornel y a la puerta de la iglesia del Carmen y cortaron el tráfico provocando un caos toda la mañana. Después regresaron a la puerta del Ayuntamiento. En medio del fragor, un grupo de cinco bomberos se coló a través de la cafetería.
Pero, la cosa no quedó ahí. Minutos después, los bomberos empujaban las puertas del edificio y a algún que otro funcionario para tratar de entrar. Mientras las bocinas, los gritos y los petardos continuaban en el exterior, medio centenar de bomberos logró colarse. Recorrieron todo el edificio hasta llegar al despacho del concejal de Bomberos, Remigio López, que no estaba. Durante su 'paseo' gritaron consignas en contra del concejal. Algunos aseguraron que si las negociaciones no marchan bien instalarán una tienda de campaña en la Glorieta.
Hace un año aproximadamente la fiebre urbanística y el desmadre de cementación del territorio estaban en su máximo apogeo, pero apenas había debate político y social al respecto. Después de cinco años de verdadero desquicie inmobiliario, el llamado quinquenio de la euforia , se habían ido desarrollando distintos procesos locales de resistencia al Tsunami urbanizador español, principalmente las denominadas plataformas por la defensa del territorio, pero su incidencia en la esfera y el debate público se circunscribía, en todo caso, al ámbito local. Parecía imposible romper la “espiral del silencio” con que los grandes medios protegían los fortísimos intereses económicos y financieros que impulsan y se benefician del Tsunami. La sociedad española asistía complaciente a un fenómeno que beneficia a una parte sustancial del cuerpo social, en torno a un 20-30%, los sectores propietarios de más de una vivienda, que veían revalorizarse sus patrimonios, y a los capitales internacionales, mientras que está significando un verdadero terremoto social en la estructura de rentas para el resto, pues más de un 40% de la población española está fuertemente endeudada con hipotecas. Y más de un 30% de ella ni siquiera tiene capacidad para endeudarse con el fin de acceder a una vivienda, al tiempo que el mercado de alquiler se ha convertido en una salida minoritaria, tan solo posible para los sectores de mayor poder adquisitivo. La población más joven, o emigrante, con trabajos crecientemente precarios, va quedando cada vez más al margen del mercado, o de poder satisfacer de una manera mínimamente digna sus necesidades habitacionales. Cada vez pues más viviendas, y cada vez peor alojados, teniendo que destinar una cada día mayor cantidad de las rentas salariales a la vivienda.
España se ha convertido en la cumbre de la burbuja inmobiliaria mundial, durante el periodo 1998-2005, según la OCDE, y en el país de la UE con más viviendas por mil habitantes, con más viviendas vacías (más de tres millones), y con más viviendas secundarias (una cifra aún mayor). La construcción de segundas residencias está orientada en una importante medida a la demanda externa de alto poder adquisitivo de los países ricos, principalmente comunitarios. Tanto de los que deciden retirarse a España a pasar los últimos años de su vida, más de un millón ya (la “Florida europea”), como a los que vienen a comprarse su segunda, tercera o cuarta residencia, especialmente en los lugares más privilegiados y cálidos de la geografía española. Y a ello se ha sumado una demanda adicional de fondos de inversión, de pensiones e inmobiliarios, y un más que abundante dinero negro nacional e internacional, ante las perspectivas de revalorización y las posibilidades de lavado en el sector inmobiliario, todo ello incentivado por la ley urbanística de 1998 del PP, la ley del “todo urbanizable”. Una entrada pues en tromba del capital nacional y especialmente extranjero (lícito o criminal), que acudía al sector urbanístico español ante la fuerte subida de los precios de los productos inmobiliarios, de primera y segunda residencia. Y en el caso de esta última se ha producido un verdadero estallido de nuevas macrourbanizaciones de muy baja densidad, con campo de golf aparejados, que han servido para revalorizar la vivienda vacacional como producto de inversión. Se vayan o no a utilizar las viviendas, y se vaya o no a jugar al golf. Más de quinientos campos de golfo inundan ya nuestro territorio, y otro número similar se apresta para hacerlo en breve (aunque no parece que lo vayan a lograr los que los promueven, como veremos). El enorme impacto territorial y ambiental de toda esta sin razón es fácil de adivinar, máxime porque la explosión inmobiliario-constructora ha tenido lugar especialmente en aquella parte del territorio español con más escasez en recursos hídricos: archipiélagos, arco mediterráneo, y mitad Sur de la Península Ibérica.
Pero la maquina inmobiliaria-constructora (y destructora) no sólo se ha desarrollado en esos espacios “privilegiados”, sino que ha alcanzado a todo el sistema de ciudades español, en especial a las grandes metrópolis, y muy en concreto a Madrid (la región metropolitana europea que más ha crecido en los últimos años), y también a gran parte de los pequeños núcleos a través del turismo rural, así como a la cornisa cantábrica y a la fachada atlántica gallega, e igualmente se ha proyectado hacia numerosos enclaves de montaña de gran valor paisajístico, turístico y deportivo (áreas de ski). El cemento para nada tiene mal de altura. Lo cual ha quedado también claro por la irrupción de megaconstrucciones de oficinas en las principales metrópolis, que se alzan desafiantes hacia el cielo, rompiendo con los anteriores sky lines mas “mesurados”. Todo ello se ha visto incentivado por una abundantísima construcción de infraestructura de transporte (autopistas, aves, metros subterráneos y en superficie, ampliación y construcción de nuevos aeropuertos, creación de superpuertos y de un sinnúmero de puertos deportivos, etc.), así como por la proliferación de áreas logísticas en los espacios urbano-metropolitanos. Y estas infraestructuras han posibilitado un nueva expansión, sin precedentes, de la lengua de lava urbano-metropolitana, que está arrasando con nuestro paisaje natural y cultural de siglos, así como con terrenos de importante valor agrícola. Un crecimiento en mancha de aceite, y ahora también a saltos, en forma de piel de leopardo, con predominio del chalet adosado y viviendas unifamiliares, sazonado también por una proliferación de centros comerciales por doquier. Un modelo irracional basado en la construcción y el consumo, de gran impacto ecológico, pero que por el momento genera empleo y doblega conciencias. España estaba siendo engullida por el cemento, pero parecía que nadie se enteraba, o que mucha gente asentía, y que nadie decía nada. Las voluntades políticas locales y regionales estaban siendo compradas por el enorme poder corruptor del dinero, mientras que toda España se estaba convirtiendo en una inmensa Marbella, y la cultura de la especulación penetraba en gran parte del cuerpo social. Eso era así hasta hace un año, aproximadamente. Pero de repente todo ha estallado. ¿Cómo ha ocurrido y qué pasará?
Ya a lo largo del año pasado, se empezó a articular de una manera efectiva una considerable protesta social ciudadana, de un contenido muy plural, en muchas zonas del territorio (principalmente en el País Valenciano, Murcia, muchas zonas de Andalucía, y en numerosos enclaves de los archipiélagos). Bajo el lema del “No se vende” la protesta social intentaba la defensa del territorio, ante el avance imparable del Tsunami. Pero a pesar de todo su eficacia parecía limitada, si bien este movimiento estaba sentando las bases para una resistencia más efectiva posterior, a través de una mayor repercusión social. Y quizás uno de los puntos de inflexión del estallido del debate público en torno a este tema fuera la irrupción en escena de la Operación Malaya. Un juez sensible se atrevía a poner entre rejas a toda una corporación municipal, la de Marbella, destapando una corrupción urbanística política y un enriquecimiento privado sin parangón, y el Estado se veía obligado a intervenir disolviendo el gobierno del ayuntamiento. El escándalo explota, ocupando primeras páginas en los periódicos, y el debate llega (distorsionado, por supuesto) hasta a los programas del corazón de las cadenas de televisión. En paralelo también se empiezan a organizar de forma muy espontánea movilizaciones de sectores juveniles por una vivienda digna en las principales metrópolis, que llegan a adquirir también una gran visibilidad mediática. Mientras tanto las condiciones de contorno que habían posibilitado la irrupción del Tsunami urbanizador empiezan a cambiar: paulatina subida de los tipos de interés, fuerte alza del precio del petróleo, y cierta ralentización de la entrada de capitales foráneos, al tiempo que el encarecimiento de las hipotecas empieza a hacer que aflore el enorme malestar social acumulado, hasta entonces invisible e inaudible. Y ante el clamor social en aumento, desde el gobierno se empieza a modificar también, dentro de un orden, el marco legal e institucional que había sido una de las causas principales de todo este dislate.
A partir de ese momento, vamos a asistir a un rosario de estallidos de escándalos urbanísticos, una verdadera mascletá que atraviesa toda la geografía española de Norte a Sur, y de Este a Oeste, incluyendo por supuesto los archipiélagos. No hay día que no nos desayunemos, en este último periodo, con un nuevo escándalo político y el pelotazo especulativo subsiguiente. Y también tiene lugar una explosión paralela del debate político-social en torno a esta locura urbanística que parecía que había atontado y amordazado a la población en su conjunto. Ambos procesos se realimentan mutuamente, alentando la movilización ciudadana. Y todo ello se ve incentivado también por un rifirrafe político en que los principales partidos utilizan, o se ven obligados a usar, como arma arrojadiza, los escándalos urbanísticos entrando en una dinámica del “y tú más”. Lo cual ceba aún más la proyección mediática y social de los escándalos, y hace que el debate ciudadano en torno a esta cuestión pase al primerísimo plano de la actualidad política, a pesar de todo el ruido de fondo del debate “antiterrorista” en torno al llamado proceso de paz del país vasco propiciado por el PP. Y es de suponer que de aquí a las elecciones municipales de mayo del año que viene el debate político-social en torno a esta cuestión no haga sino acentuarse. Ante este estado de cosas la Federación Española de Municipios se ha visto obligada a saltar a la arena pública para decir que no todos los ayuntamientos están salpicados por la corrupción urbanística.
En los próximos meses esta dinámica es seguro que se profundice además porque el marco que propició todo este desmadre va a seguir cambiando aún más: por las subidas de tipos de interés previstas en el próximo horizonte, por el probable encarecimiento de los precios del petróleo (entrada en el escenario del “pico del petróleo”, y todo lo que ello supone ), lo que puede endurecer adicionalmente la política monetaria, por el estallido de la burbuja inmobiliaria mundial que todo ello comportará (ya ha empezado en EEUU, lo que tendrá consecuencias globales) y porque el capital foráneo parece que se está retirando ya claramente de los destinos urbanísticos en el territorio español. Una razón es porque la evolución de los precios, y de las revalorizaciones por consiguiente, había empezado ya a flexionar en su subida claramente en el último año. Pero otra importante razón también es que el capital es muy temeroso ante el creciente clima de movilización social, presión mediática, e intervensionismo institucional consiguiente. La época de que lo imposible era posible, es decir la transformación urbanística de cualquier espacio a cualquier precio, parece que ha tocado a su fin. Y ya se resienten claramente los principales artífices de la cultura del pelotazo. El “pocero” incentiva a los trabajadores de su macrourbanización a manifestarse ante el alcalde de Seseña, para la levantar la paralización de la actuación, y se querella contra él por el quebranto económico que está sufriendo. Se ha frenado en seco la venta de pisos en su nueva “ciudad”, y no sabe cómo va a hacer frente a la montaña de créditos que ha contraído. Los promotores protestan porque al tirar de la manta de los escándalos se puede ir al garete el negocio inmobiliario. En mi opinión la burbuja inmobiliaria ha empezado ha estallar, aunque por el momento tan solo estemos en una importante inflexión del Tsunami.
Ante todo este panorama, la movilización ciudadana se organiza y promete ir in crescendo en los próximos meses. Es más, se está promoviendo una confluencia de las movilizaciones por la defensa del territorio con las manifestaciones por una vivienda digna, y ambas pretenden converger en Madrid, después de un proceso de movilización y concienciación social local y regional, para principios de mayo del año que viene, poco antes de la cita electoral, para obligar al poder político a dar una respuesta ante este estado de cosas, pero sin esperar gran cosa de él. Es más toda esta marea será un elemento más en la deslegitimación adicional del mismo, que lleva años produciéndose. En definitiva, solo desde la movilización y concienciación ciudadana será posible frenar este estado de cosas, y solo así también se podrá reorientar, a través de complejos procesos moleculares desde abajo, el desastre territorial que nos ha legado estos últimos años de tsunami urbanizador. Este libro al que este texto sirve como prólogo es una muy buena muestra de la diversidad de dinámicas de resistencia ciudadana a todo este desastre, que es preciso que frenemos entre todos cuanto antes, para poder enderezar nuestro futuro.
Madrid, diciembre, 2006
PD: El 23 de diciembre han salido a la calle, en más de veinte ciudades del Estado, miles de personas denunciando la creciente precarización de la vida y el derecho a una vivienda digna, lo que ha tenido una considerable repercusión política y social. Como se ha apuntado en el texto, es de prever que la movilización social continúe en aumento de aquí al mes de mayo.
Ramón Fernández Durán
Miembro de Ecologistas en Acción
Un ejemplo de como se da un pelotazo URBANÍSTICO, que no es patrimonio de una sola persona naturalmente sino que requiere la colaboracion de politicos municipales y autonómicos que den seguridad al inversor de que un erial medio arado, por el mero tramite de clasificar su suelo como urbanizable, aumenta su valor exponencialmnte.
Eso aparte de haber provocado una gran corrupción también genera la superclasificación de áreas rústicas ahora en pueblos pequeños, pero que estan en las zonas de influencia de las grandes ciudades, aumentando desproporcionadamente de forma que genera graves carencias de infraestructuras, agua, saneamiento, etc. etc. y produciendo a la larga un impacto ambiental de consecuencias imprevisibles.
El artículo 47 de la Constitucion Española regula este tema, cosa que ha sido ignorada sistemáticamente por los poderes políticos.
Últimamente y ya se ve en Francia y el España empieza a notarse, empieza a notarse un movimiento organizado de jóvenes sobre todo que se rebelan ante una situación ilegal y abusiva que hipoteca a un pueblo y ha generado una burbuja inmobiliaria cuya explosión, porque por ejemplo falle algunos de los factores que la mantiene, podria ocasionar una gran crisis económica y emocional.
Se ve que no hay mucho interés en resolver el tema atacándolo en su génesis pero ya hay algunos coletazos; por ejemplo en el país vasco se pretende poner un impuesto a la vivienda vacía, de forma que obligue indirectamente a que miles de pisos salieran para venta y alquiler, regulándolo según las leyes del mercado, cosa que hasta ahora no ha ocurrido sino que alegando un peregrino argumento de que la carestía era causada por la falta de suelo, se han clasificado miles de metros cuadrados sin prever antes conmo abastecer o depurar el agua y como acceder por vías racionales a esos suelos que pueden alojar muchas más personas que el núcleo urbano del pueblo.
Si hay alguien que ha llegado al final, le felicito...
Desde antes del verano de 2006, miles de personas han salido a la calle en diferentes ciudades españolas para denunciar una realidad intolerable: centenares de miles de ciudadanos no tienen acceso a algo tan elemental cono una vivienda en la que poder desarrollar una vida libre y digna, muchos más subsisten ahogados por hipotecas abusivas e interminables, las condiciones laborales paralelamente
se deterioran y agravan aún más el problema. En la práctica, pues, el artículo 47 de la Constitución de 1978, que teóricamente garantizaba el derecho a la vivienda de todas y todos, se convierte en papel mojado.
Ello coincide con la aparición en los medios de comunicación de un sinnúmero de casos de corrupción urbanística repartidos por toda la geografía nacional, sin ser éstos más que la punta del iceberg del gran saqueo de riqueza pública al que viene siendo sometido este país desde hace décadas por bancos, constructores y promotores inmobiliarios con la aquiescencia cuando no abierta cooperación de diferentes poderes públicos. En suma, el lucro desmedido de unos pocos sobre la base de un
urbanismo desaforado, insostenible ecológica, social y económicamente y profundamente irracional, es posible por y a la vez es causa de la vulneración del derecho a la vivienda de la inmensa mayoría.
Sólo medidas radicales que desmantelen la inmensa trama de intereses económicos que hay tras el urbanismo y el mercado inmobiliario en nuestro país harán posible acabar con el actual estado de cosas. La lucha por la vivienda digna y contra la corrupción son en el fondo la misma lucha, según concluía en informe del Comité Federal del PCE de 18 de noviembre de 2006.
Para abordar tales materias convoca el PCE estas jornadas, abiertas no sólo a sus militantes, sino a personas y organizaciones sociales que quieran diagnosticar la realidad con nosotros y diseñar una estrategia de transformación.
Como su padre en la ficción, Los Hijos de Don Quijote quieren que Barcelona sea una de las etapas de sus andanzas. Tres representantes de esta oenegé, que ha revolucionado Francia con su denuncia de la falta de viviendas dignas, llegaron ayer a la capital catalana para extender el movimiento fuera de las fronteras francesas.
Los enviados de los Hijos de Don Quijote a su aventura catalana han mantenido ya contactos con asociaciones humanitarias de Barcelona, donde se pondrán en contacto con las personas sin techo que duermen en las calles para lanzar un movimiento de solidaridad y llamar la atención sobre su situación. Prevén instalar el miércoles o el jueves, en un lugar céntrico de Barcelona que no quisieron revelar a EL PERIÓDICO, un campamento similar al que desde el 16 de diciembre ocupa un tramo de las dos riberas del canal Saint-Martin, en París.
Todo comenzó en la segunda quincena de octubre del 2006 cuando Augustin Legrand y dos amigos decidieron pasar la noche al raso junto a personas sin domicilio fijo (SDF), como se las conoce en Francia. El 2 de diciembre, intentaron montar un campamento en la plaza de la Concordia, pero fueron desalojados por la policía. Dos semanas más tarde, el campamento logró asentarse en el canal Saint-Martin.
"El primer día fueron 80 tiendas. Muchos SDF vinieron por iniciativa propia o porque mi hermano, en las seis semanas que durmió con ellos en diversos lugares de París, les animó a que vinieran", explica Jean-Baptiste Legrand, dirigente del movimiento junto a Augustin. La repercusión, a través del boca a oreja y de internet, fue inmediata. Numerosos parisinos durmieron en el campamento y actores como Jean Rochefort o Béatrice Dalle lo visitaron.
Un derecho esencial
En una mañana fría pero soleada, Augustin y Jean-Baptiste Legrand tenían montado ayer su cuartel general en la terraza del bar Chez Prune. El número de tiendas de campaña alcanza ya las 300.
Augustin, actor de profesión, es un gigantón de dos metros de altura. Vestido con anorak y unos vaqueros rasgados de arriba abajo, que sujeta con una bufanda anudada a la pierna, atiende a una televisión japonesa. "El derecho a una vivienda digna debe convertirse en esencial como el de la enseñanza o el de la sanidad", dice. "En Francia existe el delito de no asistencia a persona en peligro, por el que puedes ser condenado. Pero aquí --señala hacia el campamento-- hay personas enfermas, y no se hace nada".
Un recorrido por el campamento le da la razón: en una tienda se puede leer "Aïcha, discapacitada desde hace 30 años"; en otra, "Nabila, discapacitada, 10 años sin techo"; en otra, cuatro miembros de una misma familia reclaman desde un cartel trabajo y vivienda. Lo mismo pide Laval, nacido en Isla Mauricio, de profesión pintor, que lleva 20 años viviendo en Francia y tiene los papeles en regla. O Musa, originario de Marruecos, que ha trabajado de geómetra en los 21 años que lleva en Francia. "En mayo me quedé sin domicilio. Me fui de vacaciones, dejé el apartamento a un amigo y cuando volví ya no tenía apartamento", explica sin más detalles.
Entre 80.000 y 100.000 personas son SDF en Francia, según las oenegés, que cifran en tres millones las personas mal alojadas. Las cifras oficiales son mucho más optimistas. El primer ministro, Dominique de Villepin, habló ayer de 20.000 SDF y de 100.000 personas con vivienda en malas condiciones. Su Gobierno aprobará el próximo día 17 la anunciada ley que permitirá reclamar en los tribunales al Estado una vivienda en condiciones y que ha sido propiciada por los Hijos de Don Quijote.
"Esta ley --opina Jean-Baptiste Legrand-- es un gran paso porque dentro de cinco años el Estado no podrá negar a nadie un espacio digno, pero hay que esperar que no se desnaturalice con las enmiendas parlamentarias".
"Don Quijote tenía ideales y voluntad de cambiar las cosas. Él luchaba contra los molinos, pero nosotros, que somos sus hijos, hemos aprendido que hay que luchar por unas cosas concretas", dice Jean-Baptiste después de reclamar, mientras llega la aplicación de la ley, "acuerdos para sacar a esta gente de la calle".
Después de dos años compartiendo piso decido que me gustaría vivir sola (¡con 29 años!), aunque eso suponga dedicar casi la mitad de mi sueldo a pagar un alquiler. Encuentro entonces un "estudio" de 40 metros cuadrados por 650 euros al mes y me decido a hacer el esfuerzo. Entonces empieza lo bueno: me dan en la inmobiliaria un modelo de contrato en el que se describe minuciosamente todo lo que conlleva alquilar su piso.
Para empezar, es imprescindible un aval bancario por la cantidad de ocho mensualidades (5.200 euros que debo depositar en el banco como mínimo un año más 15 euros al mes que le pago al banco por hacerme el favor de guardarme mis 5.200 euros, más 50 euros de gastos por el notario que firma el aval), además de un mes de fianza (650 euros) y una mensualidad para la inmobiliaria (650 euros). Esto quiere decir que antes de poder entrar a vivir al maravilloso piso que he encontrado, tengo que tener disponibles 6.730 euros (y soy mileurista). Si uno sigue leyendo el contrato se encuentra con gastos adicionales: debo pagar una parte proporcional de los arreglos que se hagan en la casa (si hay que arreglar el tejado de la vivienda debo pagar por ello, aunque no soy la propietaria), el IBI del piso, los suministros de electricidad, agua y gas, así como los gastos que se ocasionen de contratación y de mantenimiento, debo contratar además un seguro a terceros y, por si fuera poco, el propietario se reserva el derecho de arreglar o no los daños que se produzcan en la casa (gastos que por otra parte vamos a compartir).
En definitiva, después de echar las cuentas decido que a lo mejor no estoy tan mal compartiendo piso, y que, además, lo que yo creía que era un derecho en un país que construye cada año el mismo número de casas que Reino Unido, Alemania y Francia juntas, resulta que no es más que un lujo, y los mileuristas no estamos para lujos.
Las plazas de garaje con trastero, de adquisición obligatoria, se calculan en 22.000 euros
El pleno del Ayuntamiento de Alaquàs ha aprobado la venta de un solar de 1.198 metros cuadrados a la empresa Futur Habitat por un precio de 690.000 euros, con el objetivo de que construya viviendas de protección oficial, de régimen general. La oferta que presentó esta promotora es la que ha resultado mejor valorada entre cinco aspirantes.
Con esta operación ya son tres solares los que el Consistorio ha enajenado en pocas semanas para la construcción de VPO, dentro de un proyecto de desarrollo urbano por el que se han de construir en los próximos años 1.069 viviendas, de las que 766 serán protegidas y 303 de renta libre.
En los tres solares mencionados se han de edificar un total de 165 VPO. Se distribuirán en tres edificios de ocho alturas más ático, con subsuelo para aparcamiento y plantas bajas comerciales. Incluso los áticos se adjudicarán a los vecinos a precio de piso protegido.
De hecho, según la información de la Oficina Municipal de la Vivienda -creada para gestionar este desarrollo urbano-, se calcula que estas primeras 165 viviendas de promoción municipal saldrán a la venta por precios que van desde los 65.647 euros (vivienda de 59 metros cuadrados y una sola habitación), hasta los 100.107 euros (pisos de 90 metros cuadrados de tres habitaciones). En el caso de los áticos, los precios van de los 76.125 a los 95.880.
A estas tarifas hay que añadir el IVA y el precio de adquisición obligatoria de la plaza de garaje con trastero, que se ha calculado en unos 22.000 euros. Con todo, la cifra resultante en casi todos los casos es casi la mitad de lo que en la actualidad cuesta una vivienda de renta libre en el municipio y también inferior a muchas de segunda mano que se ofertan. Según diversas fuentes del mercado inmobiliario consultadas, los pisos libres en Alaquàs están entre 180.000 (ya muy escasos) y 240.000 euros, según las dimensiones.En las promociones se ofrecen hasta ocho tipos diferentes de vivienda, según los metros y el número de habitaciones, incluidos pisos adaptados para discapacitados. Además, se han establecido cuatro tipos de áticos. La mayor oferta es de pisos de tres habitaciones de entre 80 y 89 m2.
La oficina ha recibido más de 3.000 solicitudes de información en los meses anteriores y a partir de ahora comienzan las visitas para formalizar las peticiones.
Remax anuncia la rebaja de pisos por no poder venderlos.
Si se rebajan los zapatos, por qué no los pisos. Algo así tuvieron que pensar en la inmobiliaria Remax antes de decidirse a lanzar una campaña de rebajas en toda su red. Y así, a través de estos particulares 'saldos', que comenzarán el próximo lunes y finalizarán el 31 de enero, ofrecerán a sus clientes 1.060 propiedades de distinta tipología y ubicación con descuentos medios de 10.000 euros, un 4%.
En realidad, la inmobiliaria ya probó el año pasado este sistema gracias a un pionero, Juan Marhuenda, propietario de una oficina de Remax, en Santa Pola (Alicante). El éxito fue tal, con un incremento en las ventas de enero de un 30% y un efecto de promoción para el resto del ejercicio, que la central decidió extender este modelo a todo el territorio.
Así, este año se han unido a la campaña 68 oficinas de Remax en toda España, y Andalucía es la Comunidad Autónoma con más "ofertas" por número de pisos y agencias, seguida de Valencia y Canarias.
La reducción de precio está formalmente autorizada por los propietarios que han querido participar en esta campaña. Para ello, han firmado un contrato de exclusividad con esta franquicia y suscrito un acuerdo en el que consta el precio anterior y el rebajado y el fin de la campaña. Además, estos contratos han sido presentados ante notario para garantizar el precio rebajado al cliente final.
La iniciativa también incluye descuentos en garajes, que van desde los 500 hasta los 1.000 euros. En el caso de las viviendas, las rebajas se sitúan entre 1.000 y 300.000 euros. Este último descuento, el mayor, se ha producido en una finca, valorada en 1,3 millones de euros, situada en Las Palmas de Gran Canaria.
Cuesta más vender los pisos
Según el presidente de Remax, Javier Sierra, este tipo de campañas es posible porque "el mercado está registrando una corrección", que "no crisis", donde los precios "no van a bajar" y cuesta más vender los pisos. No obstante, admitió que los propietarios que se quieren desprender de sus pisos "se dan cuenta de que tienen que rebajar los precios", algo que, de hecho, ya lo hicieron el año pasado.
Esta situación, que tiene lugar después de "uno de los boom inmobiliarios más largos de los últimos tiempos", provocará que la "mitad de las agencias inmobiliarias desaparecerán". Aunque no ve una caída en los precios, Sierra sí reconoce que "ya no pueden subir mucho más", y advierte de que "algún que otro promotor lo va a pasar mal".
Un minipiso de cartón y madera en la Plaza de la Constitución reclama una vivienda digna para los jóvenes.
Los redondelanos que ayer pasearon por el centro urbano mostraron su sorpresa por una "chabola" de 30 metros cuadrados instalada en plena Plaza de la Constitución. No se trataba de un caso de infravivienda a escasos metros de la casa consistorial, sino de una original protesta de la Organización Activista de Redondela, con la que trataba de llamar la atención sobre las dificultades de los jóvenes para acceder a la vivienda.
Durante toda la mañana, los miembros del colectivo ciudadano fueron construyendo el "minipiso" con madera, cartón y plásticos, y después lo amueblaron con enseres reciclados procedentes de contenedores. Sofá, mesa, cama, water... No faltó de nada, excepto espacio. "Queremos que la gente compruebe de que es casi imposible vivir dignamente en sólo 30 metros cuadrados", explica Joaquín Fernández, uno de los miembros de la organización.
La iniciativa "Construamos o dereito á vivenda e loitemos contra o ladrillazo" también llamó la atención sobre la especulación urbanística. "Pretendemos concienciar a los ciudadanos de que Redondela es uno de los municipios gallegos con los precios de las viviendas más elevados, en algunos casos similares a los de Vigo, con unos precios que se duplicaron en los últimos cinco años", afirma Joaquín. Además, el portavoz del colectivo asegura que un 18 por ciento de los pisos se encuentran vacíos, según los datos del Instituto Galego de Estatística, mientras que las familias dedican cada vez un mayor porcentaje de sus ingresos al pago de la vivienda. "Es evidente que este acto no cambiará la política urbanística en el municipio, pero tratamos de despertar la conciencia de los ciudadanos y dar el primer paso para cambiar una situación insostenible", puntualiza.
La Organización Activista de Redondela también colocó en un panel fotografías de edificios de "dudoso" gusto arquitectónico, de inmuebles en estado de ruina en pleno centro urbano e incluso algún caso de supuesta ilegalidad urbanística.
En 2001, el último año con datos fiables, existían en la comunidad 230.000 inmuebles sin residentes ·· Se estima que la mitad de las nuevas viviendas se compran únicamente como inversión
Pese a que para muchos el acceso a una vivienda digna se ha convertido en misión imposible, el número de pisos vacíos en la comunidad no para de crecer. Según los datos del último censo de población realizado por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en 2001, existían 228.372 viviendas sin habitantes en Galicia. De ellas, un 79% estaban en perfecto estado para residir en ellas.
Sin embargo, estas cifras probablemente se queden cortas hoy en día. En los últimos seis años, según los datos del Colegio de Arquitectos, se han concedido licencias para otras 204.000 residencias y algunos analistas consideran que la mitad de lo que se construye actualmente en España se destina directamente al mercado de la especulación.
El concepto de vivienda ha adquirido aquí un nuevo significado. "En muchos lugares del mundo sólo se entiende la compra para residir, pero en España por un condicionante cultural se ve también como una inversión", explica Benancio Salcines, director del máster de Banca y Mercados Financieros de la Universidade de A Coruña y la Escuela de Finanzas.
Y es que, siempre que se cuente con el dinero necesario, todo son ventajas. La rentabilidad supera cuatro veces la de una cuenta bancaria a plazo. Además, aunque la Bolsa se ha despertado y este año está subiendo por encima del precio de los pisos, invertir en el parqué siempre es más arriesgado. "Aquí nunca se ha vivido un crack inmobiliario y desde hace muchísimo tiempo siempre han subido los precios, por lo que la percepción de los inversores es que se trata de una jugada segura", explica Santalices.
Los "pasapiseros"
Desde la Plataforma por una Vivienda Digna se denuncia, sin embargo, que el enriquecimiento de unos está poniendo en peligro el derecho constitucional a la vivienda del resto de la población. La asociación ha llegado a bautizar a los especuladores como "pasapiseros". El modus operandi es el siguiente: se compra la vivienda sobre plano. Se espera a que se construya y se vende, preferiblemente antes de escriturar para evitarse, además, los impuestos que gravan la plusvalía obtenida por la venta. En sólo dos años se estaban obteniendo beneficios del 36% y el desaceleración actual de los precios los sitúa en un 24%.
"El mercado se ha dividido en dos", explica José Luis Carretero, portavoz de la Plataforma por una Vivienda Digna. "Hay gente que necesita vivienda para vivir y no puede pagarla y otra que sí puede pagar ciertos precios aunque no necesita la vivienda y excluye del mercado al resto", añade.
En opinión del profesor de la Universidade de A Coruña Benancio Salcines, la aparición de franquicias de inmobiliarias en toda España está contribuyendo a extender estas prácticas. Antes si un inversor madrileño quería adquirir una vivienda en Galicia lo tenía difícil sin desplazarse a la comunidad. Sin embargo, hoy en día las agencias madrileñas cuentan con información detallada sobre nuevas promociones en cualquier punto del país, lo que facilita mucho las cosas.
LAS SOLUCIONES
Un impuesto alto o la expropiación de casas deshabitadas
La reactivación del proyecto de ley de vivienda en Cataluña ha vuelto a reabrir el debate sobre los pisos vacíos. La Generalitat contempla el supuesto de "expropiar temporalmente" los que lleven más de dos años deshabitados para sacarlos al mercado de alquiler.
La polémica no es nueva. Hace unos meses la ministra de Vivienda calmó el revuelo provocado por una información que aseguraba que el proyecto de ley del suelo contemplaba una opción parecida. María Antonia Trujillo negó que se fuesen a expropiar los inmuebles e indicó que la intención de su departamento era incentivar a los propietarios para que pusiesen sus pisos en alquiler.
Desde la Plataforma por una Vivienda Digna se critica que las políticas públicas vayan destinadas precisamente a ayudar a los propietarios en vez de tratar de conseguir que la mayor parte de la población tenga un acceso a la vivienda. "No hay medidas reales para atajar el problema porque la clase política se está beneficiando de ello, no hay interés real en arreglarlo", subraya José Luis Carretero, portavoz de la asociación. Carretero se muestra escéptico sobre la posibilidad de cumplimiento de la ley catalana. "Si no se destinan los recursos suficientes para ejecutarla y controlar realmente los pisos que están vacíos no servirá para nada", indica tras recordar que "estamos hartos de ver leyes que no se cumplen".
Más sencillo
Para la Plataforma que representa la mejor solución sería que se impusiese un impuesto alto sobre las viviendas vacías, "es mucho más sencillo que expropiar los pisos", señala.
La idea que se quiere aplicar en Cataluña tampoco es nueva. En los países nórdicos o en Holanda funciona algo parecido. "En los Países Bajos tienen problemas de falta de suelo y al año de estar una vivienda deshabitada o la alquilas o el Estado la alquila por ti", explica.
Para Carretero es inconcebible que en un país en el que se construyen más del triple de pisos que en Francia existan cinco millones de ellos vacíos y sea cada vez más difícil para los jóvenes y las clases sociales más bajas acceder a una vivienda en propiedad .
LAS CLAVES
El blanqueo de dinero negro
El sector inmobiliario se ha convertido en el refugio perfecto para el dinero negro. Los propios notarios han reconocido que el 40% de las transacciones de viviendas que se realizan en España se hacen con dinero en B. Según las estimaciones del sindicato de técnicos de Hacienda, hasta 23 de cada cien euros que circulan en Galicia responden a la economía sumergida. La mayor parte en la vivienda.
Miles de personas que especulan
Según el economista coruñés Benancio Salcines, la especulación en Galicia y en España está muy repartida. "Hay miles de personas que compran una o dos viviendas para especular", explica. Salcines afirma que los grandes inversores suelen tener su cartera diversificada y optan por los inmuebles, pero también por la Bolsa u otro tipo de valores.
Un 40% reconoce haber hecho negocio
Un reciente estudio de la Fundación de Cajas de Ahorros confederadas, Funcas, señala que el 37,2 por ciento de los españoles reconocen que ellos mismos, sus familiares o sus amigos, participaron en la compraventa de viviendas con el único fin de hacer negocio. España cuenta con la dotación de viviendas más elevada de Europa con 510 por cada mil habitantes.
Falta aún la entrada de inmigrantes
En Galicia no se ha producido todavía la entrada masiva de inmigrantes, que en otras partes de España ya está influyendo en el mercado inmobiliario. Aquí representan el 1,5% de la población y la media estatal está en el 10%. Adquieren los pisos más viejos, con lo que sus propietarios pueden venderlos y no se paraliza el boom del ladrillo.
Nueve años de sueldo íntegro
El precio medio de los pisos en España equivale ya a nueve veces el salario anual, según un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas). Además, el esfuerzo que una familia con un solo salario en casa tiene que hacer para adquirir un piso de 90 m2 es del 45% de su renta disponible .
Yo no sé si los conspicuos inspectores que investigan la catedral después de los últimos descalabros, se habrán dado cuenta; pero en algún retablo, en alguna hornacina de piedra, tiene que haber un hueco de donde falte una figura o imagen. Porque yo la he visto. La he visto paseando no muy lejos de allí, con su barba gótica y su chambergo de fieltro, con sus harapos medievales a fuerza de mugre, con un rostro tallado por cinceles de hielo y una querencia instintiva por el rincón y el soportal. Yo lo imaginaba un santo inquieto, aburrido ya de las melodías celestiales del órgano, intrigado por el pop, el rock o el rap del pub. O tal vez un pícaro goliardo de algún capitel obsceno, harto de los olores del incienso y con ganas de probar otras narcosis o husmeando fisgón frutas prohibidas del otro lado de las tapias del paraíso. Y lo imaginaba también, llegada la noche, de vuelta al abrigo de su nicho o su hornacina, puntual al recuento de Dios Padre. Pero pronto supe que no; que, aun a riesgo de arresto, él prefería el cobijo de un cajero automático de algún banco o algún banco de la plaza, a la frialdad de la piedra y a la penumbra misteriosa del templo. De modo que en el inventario los investigadores podrán darlo por desaparecido, víctima de robo o pulverizado por una caída como la de las gárgolas. Pero yo sé que él anda por ahí mendigando, mientras le llega la edad de la pensión que le procure una cama en cualquier posada barata.
Alguien, contemplando estos días el nacimiento de la plaza de San Marcelo, se quejaba de lo repetitivo de la instalación, siempre el mismo escenario, siempre la misma mula y el mismo buey, siempre el mismo portal… Y acusaba de falta de imaginación y modernidad a nuestros organizadores de eventos culturales. Como si no hubiera más ojos que los aburridos suyos ni cada año niños nuevos (pocos) para quienes siempre es novedad lo de siempre.
No le sería muy difícil, no digo imaginar, ver escenarios navideños nuevos. Si no el tradicional belén, ahí tiene el cajero automático donde duerme el mendigo o el piso cutre donde se hacinan inmigrantes o la eterna casa paterna donde se consume una juventud sin hogar propio. Nuevos escenarios donde los mismos personajes, no interpretan, viven los eternos dramas del desamparo. San José y la Virgen sin lugar en el mesón posada son hoy el mendigo de marras durmiendo en el cajero automático o los inmigrantes hacinados en míseras viviendas. Hasta el niño Jesús es hoy el joven de 30 años, que sigue recibiendo el aliento de la mula y el buey en casa de sus padres. Sin piso donde vivir, ni sueldo que se lo pague.
El domingo lo escenificaban unos jóvenes en la plaza de San Martín. Denunciaban los 14.000 pisos vacíos en nuestra ciudad (y más en construcción) de los 3,1 millones en España, y la precariedad de un futuro de hipotecas de por vida, en el mejor de los casos. Anunciaban así la celebración este sábado en todo el Estado del día de 'Lucha por una Vivienda Digna'.
Dos mil años de historia y las mismas figuras en otros belenes.
El Departamento de Vivienda y Asuntos Sociales del Gobierno vasco apuesta por gravar con un canon de nueve euros diarios los pisos vacíos el primer año, lo que equivaldría a 270 euros al mes. Esta tasa se incrementaría hasta los 12 euros diarios el segundo año, según defendió ayer el responsable de esta consejería, Javier Madrazo, quien pretende introducir esta medida en el Anteproyecto de Ley de Vivienda que está elaborando el Ejecutivo de Vitoria.
El objetivo de este canon es lograr que los propietarios de estas viviendas decidan arrendarlas. Madrazo argumentó que es un lujo 'inadmisible' que existan casas desocupadas 'cuando hay tantas personas que necesitan un piso'. La propuesta es una iniciativa de IU-IB, partido minoritario en el Gobierno de coalición con PNV y EA. Las dos formaciones nacionalistas afirmaron ayer desconocer esta medida.
Por su parte, Eudel, la asociación de municipios vascos también negó tener noticias del proyecto, pese al papel protagonista que deberán jugar los ayuntamientos. La idea es que sean los consistorios los responsables de crear un registro municipal de pisos vacíos. Para su inclusión en ese listado se tendría en cuenta que no haya nadie empadronado en la vivienda y otros indicios como el bajo consumo de agua o electricidad.
Los municipios cobrarán el 50% del canon, además de una cuantía adicional por los servicios de control y fiscalización. En el País Vasco se estima que existen más de 50.000 viviendas desocupadas.
Vecinos de Vitoria se concentrarán hoy en la plaza de la Virgen Blanca para reivindicar el derecho a una vivienda digna. La movilización tendrá lugar entre las 20.00 y las 21.00 horas.
Este grupo de ciudadanos apuesta por la potenciación de los alquileres económicos como medio para frenar la carestía de los pisos. Además, defiende la creación de un impuesto especial a los propietarios de las casas desocupadas.
El colectivo, que todavía no ha sido bautizado con ningún nombre, denuncia «las consecuencias de la especulación inmobiliaria» que «nos obligan a pagar hipotecas vergonzantes o alquileres sangrantes». Por ello, demanda la aprobación de una nueva legislación «que regule la duración máxima de las hipotecas y su adecuación a los ingresos salariales del hipotecado».
«El pago de la vivienda son hace pobres a nosotros, a nuestros amigos, hermanos o vecinos», censuran.
La búsqueda de más calma también lleva a los "urbanitas" a abandonar la ciudad. Aunque la población de Euskadi está estancada se aprecia una migración interna
Aire puro y, sobre todo, menos hipoteca. Son las dos razones que están transformando la realidad de muchos pueblos de Euskadi, que están viendo aumentar su población en los últimos años con nuevos vecinos procedentes de las capitales.
Según los últimos datos facilitados por el INE, el crecimiento de la población en la Comunidad Autónoma Vasca está casi estancado. Concretamente, el año pasado creció sólo un 0,4%. Los movimientos de poblaciones, en cambio, se realizan en el interior y, cada vez, en mayor proporción, desde los grandes núcleos urbanos hacia los pueblos de menor tamaño.
Así lo han notado en pequeñas poblaciones alavesas como Alegría, cuya cercanía a Gasteiz ha dado mucho trabajo en los últimos años a los funcionarios que se encargan de actualizar los censos. Los cuatrocientos nuevos vecinos que han hecho superar este año los 2.500 habitantes en Nanclares -también a diez minutos en coche de la capital alavesa- son otro ejemplo del éxodo urbano. Las cifras revelan un movimiento similar en Gipuzkoa y Bizkaia, donde los jóvenes también huyen de los precios de la vivienda, no sólo de las capitales, sino también de importantes núcleos comarcales, como Tolosa o Gernika.
Lo hacen para asentar su hogar en localidades cercanas con casas más baratas, como ha ocurrido en Mutiloa (donde el censo creció un 19% el año pasado), Ikaztegieta (15%), Belauntza (6,23%), Sondika (2%) o Mendata (8%).
Eso sí, el aumento de vecinos no se nota sólo en las cifras del padrón. Y es que las pequeñas poblaciones receptoras ofrecen una fotografía bien distinta a la de hace una década.
El temor a desertizarse ya no quita el sueño a los habitantes de pueblos pequeños, que observan cómo los alrededores del lugar en el que nacieron crecen con nuevas siluetas de chalés y casas unifamiliares con jardines privados y vallados.
«Urbanizar el campo»
La tendencia de huir de la ciudad no significa que Euskadi se esté ruralizando sino, más bien, todo lo contrario. «Estamos urbanizando los pueblos y el campo». Es el análisis que realiza Lorenzo Vicario, profesor de Sociología Urbana en la Facultad de Económicas, en Sarriko.
«Los pueblos ya no son tan pueblos. Las zonas acaban siendo urbanas porque la gente no va allí a trabajar en el campo», reconoce Vicario, quien subraya un riesgo incipiente: «Convertir los pequeños pueblos en simples dormitorios».
La falta de integración en la vida del pueblo es una de las quejas más comunes entre los "nativos" a los que les cuesta relacionarse con sus nuevos vecinos. «Hacen la misma vida que en la ciudad: van a comprar en coche a los centros comerciales de la periferia de los grandes núcleos y llevan a sus hijos a las escuelas de la capital», observa Vicario.
Así pues, los precios de la vivienda pesan más que el modo de vida rural en la balanza de quien decide cambiar la urbe por el pueblo.
Jardín y buena carretera
La calidad de vida que ofrece una casa en comparación con los pisos de los grandes núcleos es otro de los factores que mueve a muchas familias hasta los pueblos. «Un chalé adosado bien comunicado con la capital es sinónimo de bienestar en nuestra sociedad», apunta Lorenzo Vicario en este sentido.
Es la nueva realidad de Euskadi, lejos ya del poder que atraía a grandes masas hacia las capitales y los núcleos industriales. «Ahora ya casi nadie se mueve por trabajo, la mayoría lo hace sólo por razones residenciales», recuerda el sociólogo.
No en vano, el País Vasco se coloca en la cola del resto de comunidades cuando se habla de crecimiento demográfico, sólo por delante de Galicia, Extremadura y Asturias.
Por contra, Murcia, Valencia y Catalunya fueron las autonomías que más población ganaron el año pasado, según el estudio del INE, que cifra el aumento de población de estas comunidades en un 2,6%, 2,4% y 2%, respectivamente, es decir, dos puntos por encima de Euskadi.
Por territorios, también Bizkaia, Gipuzkoa y Araba están a la cola, con un crecimiento que en ningún caso llega al 1%, frente al 5% de Guadalajara o al 3,8% de Almería.
La oposición en bloque pide la destitución del concejal de Urbanismo, Jorge Ibarrondo; el alcalde, por su parte, sigue defendiendo su labor.
Las sospechas de corrupción y falsificación de documentos que planean sobre el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (gobernado por el PP) han hecho hoy perder los nervios al alcalde de Alfonso Alonso.
Hace unos días, fue la denuncia de irregularidades en la construcción de unos chalets. Ayer, el concejal de EA, Antxon Belakortu, destapó otra presunta irregularidad urbanística, que se suma a la relacionada con la subida de precio de los chalets bioclimáticos de Ibarrondo.
Belakortu aseguró que el Ayuntamiento concedió una licencia de construcción de siete chalets en Alí, en contra de los informes de los técnicos municipales que alegaban, según el concejal, que la constructora no cumplía la ley. Además, según aseguró, "pillaron con las manos en la masa" al director de Urbanismo y a funcionarios introduciendo un nuevo expediente.
Hoy ha sido el portavoz del PNV, Mikel Martínez, quien ha echado más leña al fuego. Ha acusado al equipo de Alonso de "prácticas de mobbing y amenazas" a funcionarios para que avalen los "informes a la carta".
El alcalde de Vitoria-Gasteiz, Alfonso Alonso, visiblemente enfadado, ha negado las acusaciones de los grupos de la oposición, al tiempo que ha anunciado que emprenderá acciones legales contra el portavoz municipal del PNV.
José Luis Martín dirigía los destinos de Seseña cuando 'El Pocero' recibió luz verde a sus ambiciosos planes urbanísticos. Pero él también ha construido un importante patrimonio.
José Luis Martín Jiménez fue alcalde de Seseña entre 1987 y 2003. Un sillón al que saltó desde el volante del taxi, un Renault 12 con licencia, que conducía antes de embarcarse en la vida política. Este vehículo era la única propiedad que tenía a su nombre cuando, con 39 años, accedió a la alcaldía de esta pequeña localidad, que por aquel entonces apenas contaba con unos 1.600 habitantes. Pero, en cuestión de dos años, la suerte de José Luis Martín cambió radicalmente.
Primero adquirió una vivienda de protección oficial (VPO), que todavía hoy es su primera residencia, y, poco a poco, fue construyendo un generoso patrimonio que, 19 años después, asciende a 14 propiedades. Una fortuna compleja de amasar, teniendo en cuenta que su sueldo como alcalde fue de 1.500 euros al mes durante los últimos 8 años que estuvo al frente del consistorio. Antes, se reducía a 1.100 euros.
Ladrillo a ladrillo
Cuando llevaba seis años en la alcaldía, el ex alcalde comenzó a construir su patrimonio. A pesar de que su mujer no trabajaba, y de que sus hijos eran adolescentes, en 1995 adquirió una finca urbana de 300 metros cuadrados a nombre de sus vástagos en Seseña. Fue el pistoletazo de salida a su particular aventura inmobiliaria, cuyo embrión es la sociedad Servicios y Desarrollos Culturales Norte.
En 1997, los dos hijos mayores José Luis Martín fueron nombrados administradores de esta empresa. Dos años después, el socio único de esa sociedad cambia y se hacen cargo de la empresa el por entonces alcalde y su mujer. Un momento que, además, coincide con un aumento de capital de 117.515,90 euros, 19,5 millones de pesetas de aquel entonces.
Esta empresa, en su memoria de constitución, lleva declarada la promoción inmobiliaria por cuenta propia. Sin embargo, en su objeto social aparece la asistencia a ancianos, niños, jóvenes, disminuidos psíquicos y físicos. Unas labores que siempre han quedado relegadas en beneficio del lucrativo negocio inmobilario. Sobre todo, desde que Francisco Hernando, El Pocero, aterrizó en Seseña.
De hecho, hasta 1997, la única propiedad a nombre de José Luis era la VPO donde vivía. Aunque su sueldo como alcalde era el único ingreso declarado que tenía la familia; ese mismo año sus hijos compraron un local comercial en Vélez-Málaga. El año siguiente, 1998, la familia se adentró en una espiral de adquisiciones: una vivienda de 87 metros cuadrados en Vélez-Málaga, a nombre de los hijos; una finca de 219 metros cuadrados en Seseña, a nombre de la empresa; y otra finca a nombre de José Luis y su mujer, de 490 metros cuadrados, en Seseña.
Suficiente, debió pensar el ex alcalde, que paró la compra de inmuebles hasta que irrumpió en escena Francisco Hernando Contreras, propietario de ONDE 2000, que también dio empleo a uno de los hijos de José Luis Martín, Óscar.
'El Pocero' entra en escena
Es precisamente en 2000 cuando José Luis recupera su apetito comprador: adquiere una plaza de garaje en Torre del Mar y una vivienda de 120 metros en Vélez-Málaga, a nombre de Servicios y Desarrollos Culturales Norte; un solar de 259 metros cuadrados con una vivienda de 157 metros cuadrados más a su nombre, el de su mujer y uno de sus hijos; y otro solar de 273 metros cuadrados con una casa de 157 metros cuadrados a nombre de otro de sus hijos. Estas dos últimas propiedades, curiosamente, corresponden a la primera promoción que El Pocero construyó en Seseña.
En 2001, José Luis adquirió una finca de 1.150 metros cuadrados en Borox, un pueblo cercano a Seseña, a nombre del más pequeño de sus hijos, que dos años después construyó una vivienda de 41 metros cuadrados en ese solar. En 2002, el ex alcalde compró otra vivienda, de 67 metros cuadrados, enfrente del paseo marítimo de Málaga, con sótano, trastero y garaje a nombre de la empresa.
A pesar de todas estas adquisiciones, el dato que más llama la atención sobre los beneficios que le reportaba a José Luis ser alcalde está en el depósito de cuentas de la sociedad Servicios y Desarrollos Culturales Norte. Casualmente, en 2003, año en el que se aprueba la construcción del Residencial Francisco Hernando, la empresa de José Luis alcanza un beneficio de 442.400 euros. Esta cifra supone multiplicar por tres el beneficio cosechado un año antes.
Pero todavía más sorprendentes son las cuentas de la sociedad del ejercicio siguiente. En 2004, el mismo año que José Luis Martín perdió la alcaldía y el Plan de Actuación Urbanizadora (PAU) de El Quiñón, donde se construye el Residencial Francisco Hernando, se aprueba, esa misma empresa registra unas pérdidas superiores a 30.000 euros.
Sigue la investigación
Todas estas propiedades fueron denunciadas por Izquierda Unida, partido que actualmente dirige el consistorio de Seseña, en la Fiscalía Anticorrupción, como anexo a la denuncia que presentó el pasado 14 de julio de 2006. Unos datos que han llevado a los investigadores a personarse en el Ayuntamiento de la pequeña localidad toledana para recabar más datos.
Unas pesquisas que amenazan con levantar todavía más sospechas sobre las supuestas irregularidades que ha habido en Seseña y que apuntan directamente hacia El Pocero y la ciudad de 13.500 viviendas que le aprobó el Ejecutivo de Martín en pleno desierto toledano. Sobre todo, porque el ex alcalde cuenta todavía con más propiedades, que hasta ahora no habían salido a la luz.
Según ha destapado elEconomista, José Luis Martín ha seguido engordando su patrimonio tras abandonar la alcaldía. Cuando salió del consistorio, cobró el paro durante una temporada. Pero los vecinos de Seseña están convencidos de que esos ingresos no explican sus nuevos beneficios.
Negocios inmobiliarios
Al poco de estar en paro, empezó a dedicarse a lo que realmente le gusta: el mundo inmobiliario. Nadie ha sabido precisar a elEconomista en qué consisten exactamente sus negocios, aunque la mayoría de las fuentes consultadas aseguran que es comisionista o que vende terrenos. También afirman que hace negocios con representantes de otras localidades cercanas a Seseña, como Borox, que se encuentra en plena expansión urbanística, o Carranque.
Independientemente del trabajo que haya realizado desde su destitución como alcalde, lo que sí reflejan los documentos es que su habilidad para adquirir inmuebles no cesa.
En febrero de 2004 se inscribe en el registro de Madrid la empresa Eurogestion Proyectos, cuyo administrador único es José Luis Martín Jiménez. El capital social pasa de 3.000 a 60.000 euros gracias a la aportación de la finca de 1.150 metros cuadrados de Borox a nombre del más pequeño de sus hijos. Al año siguiente, esta sociedad adquiere una finca de 8.090 metros cuadrados en Dosbarrios, localidad cercana a Seseña.
Pero, otra vez, los datos más relevantes se obtienen del depósito de cuentas de la sociedad: en el ejercicio 2004, la empresa registró unas pérdidas de 19.000 euros. Unos números rojos que no impidieron a la empresa adquirir, un año más tarde, la finca de Dosbarrios. Además, durante ese ejercicio, el activo de la sociedad pasa de 76.000 euros a€1.135.000 euros en 2005, sin haberse registrado ninguna operación.
Pero la operación más ambiciosa del ex alcalde se cerró en 2005 y se llevó a cabo a través de la empresa Servicios y Desarrollos Culturales Norte. Se trata de un terreno urbano situado en Colmenar de Oreja (Madrid), con una superficie de 2.401 metros cuadrados, donde José Luis Martín ha construido un precioso chalé.
Coches de lujo
El emporio inmobiliario que ha construido José Luis Martín en apenas una década no es el único interrogante que los vecinos de Seseña se plantean. El ex alcalde es conocido en su pueblo por su opulento estilo de vida. Han sido muchos los testigos que le han visto invitar en un bar a la barra entera, sin importarle el dinero. También muchos paisanos aseguran haberle visto pasear en coches de todo tipo.
Él mismo reconoció en una ocasión, a un periodista, que tenía un Audi A8. Sin embargo, en Seseña le han visto con un Mercedes, que algunos aseguran que le regaló Francisco Hernando, con un Mini, un Escarabajo y un Berlina familiar. Fuentes muy cercanas a José Luis también han comentado a elEconomista que, posiblemente, en Málaga tenga más coches.
Una lujosa flota automovilística, inalcanzable para un sueldo de 1.500 euros al mes. Sobre todo, cuando ningún otro miembro de la familia puede justificar grandes ingresos.
Sin embargo, en el pueblo de Seseña nadie ha sabido responder una sencilla pregunta. Aunque trabaje en el lucrativo mundo de las intermediaciones inmobiliarias, ¿quién le paga esas comisiones tan provechosas y, sobre todo, con base en qué operaciones?
En un pleno extraordinario, convocado a petición del Grupo Socialista. Se ha aprobado con el apoyo de IU y del PSOE, y la abstención del PP
El pleno del Ayuntamiento de Seseña ha aprobado, con el apoyo de IU y del PSOE, y la abstención del PP, los proyectos para el abastecimiento de agua y electricidad a la urbanización de 13.508 viviendas que construye el promotor Francisco Hernado 'El Pocero' en la localidad toledana. El constructor había amenazado con despedir a sus 3.000 trabajadores —que se manifestaron para pedirlas— si no tenía las licencias en enero.
En un pleno extraordinario, convocado a iniciativa del Grupo Socialista, se dio luz verde a la aprobación por urgencia de estas dos infraestructuras, necesarias para conceder las licencias de ocupación de los pisos. Una aprobación aplazada el 27 de noviembre pasado, al suspender la sesión el alcalde, Manuel Fuentes (IU), por las recusaciones y querellas que contra él y su equipo de gobierno presentó la promotora de Hernando, ONDE 2000.
Fuentes, que tiene presentada una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por presuntos tratos de favor en la aprobación de la macrourbanización, cuando el PSOE gobernaba, ha explicado que siempre ha querido facilitar a los compradores que vivan en sus viviendas en las mejores condiciones, y que llevó a pleno estas infraestructuras en cuanto tuvo los informes preceptivos.
El alcelde Apuntó que el suministro desde Almoguera no se pondrá en marcha hasta 2009 o 2010, y señaló que, aunque se ha aprobado la línea de suministro eléctrico de media tensión de 15 kilovoltios, habrá que modificar el Plan Especial de Infraestructuras (PEI) que lleva aparejado el PAU del Quiñón.
El PP critica el cambio de actitud de IU
Felipe Sancho, portavoz del PSOE, grupo en el que dos concejales se abstienen en los asuntos relacionados con ONDE 2000 por ser trabajadores de esta empresa, ha indicado que en contra de lo que auguraba el alcalde, la Junta de Castilla-La Mancha ha sido capaz de garantizar el suministro de agua con la conexión de Almoguera, mientras que el Ayuntamiento no ha hecho lo que le competía.
Por su parte, la nueva portavoz del PP, Asunción Fructuoso, ha recriminado el cambio de actitud del alcalde Fuentes en torno a El Quiñón respecto a cuando IU estaba en la oposición, como también que trajera a pleno estos asuntos "presionado por el Grupo Socialista".
Fructuoso, que aseguro que sigue sin entender la rapidez con que se tramitan los asuntos relacionados con El Quiñón, preguntó si ello se debe al "tratamiento de ayuntamiento socialista" que Fuentes negoció con la Junta.
Además, el pleno rechazó, con los votos de IU, el recurso de reposición del Grupo Socialista contra el acuerdo de pleno de 30 de octubre por el que se desestimó el PAU industrial de Los Albañales, promovido también por ONDE 2000 y que supondría la creación de más de 1,5 millones de metros cuadrados de suelo industrial.
Acusaciones y contraacusaciones
El recurso sólo fue apoyado por los dos concejales del PSOE que pueden votar en asuntos relacionados con esa empresa, mientras que una de sus ediles se abstuvo por su relación con ONDE 2000, al igual que los cuatro del PP. Previamente, se tuvo que decidir si los miembros del equipo de gobierno y el alcalde, contra los que Hernando tiene presentadas querellas por calumnias y prevaricación, podían votar en este punto.
Fuentes consideró que no existían razones para privar a sus ediles del derecho a votar, mientras que en su caso lo sometió al criterio del pleno. Dos concejales del PSOE apoyaron que Fuentes no pudiera intervenir y otros dos se abstuvieron, mientras que cuatro ediles de IU votaron en contra de su recusación, al igual que los del PP.
Sancho le dijo al alcalde que pedía la anulación de ese acuerdo porque no se puede llevar a pleno un PAU que está en exposición pública y que no tramita el Ayuntamiento. Fuentes, a su vez, expresó sus sospechas sobre la "connivencia" que hay entre el portavoz del PSOE y ONDE 2000, "porque hace la misma argumentación que el empresario en su recusación a los miembros del equipo de gobierno".
"Todo esto huele a podrido", dijo Fuentes. En el pleno también tomaron posesión como nuevos concejales del PP, Isabel Domínguez en sustitución de Hernández Cornejo, y Juan Carlos Fernández Pérez, sustituyendo a Víctor Manuel Hernández Navas, también dimitido.
El Coordinador local de IU, "Chema" Moreno Ponce, ha asegurado que el problema de la vivienda será uno de los principales motivos para las futuras movilizaciones sociales y juveniles, movilizaciones que en Murcia se están articulando en torno a la Plataforma por una Vivienda Digna. Moreno ha anunciado que invitará a los jóvenes de la Región y los miembros de la Plataforma ha conocer de primera mano la experiencia de Rivas-VaciaMadrid, municipio gobernado por IU que es vanguardia en la promoción de viviendas protegidas.
"Si un municipio como Rivas ha puesto a disposición de los jóvenes viviendas por 102.000 €, Molina de Segura debería poder hacer más y por menos dinero", ha afirmado el Coordinador de IU, "Chema" Moreno, en una rueda de prensa en la que ha lanzado "un órdago contra la especulación inmobiliaria" invitando a los jóvenes de la región a conocer de primera mano la experiencia del municipio madrileño gobernado por IU. Moreno Ponce ha advertido que la fuerte subida del precio la vivienda en los últimos diez años, de un 250%, junto con el número de inmuebles vacíos, que favorecen la especulación, "están provocando que un número cada vez mayor de personas en todo el país muestren su descontento en la calle, en manifestaciones que, seguro, cada vez serán más habituales y numerosas".
Por su parte, el Concejal de IU, David Hernández Castro, ha ratificado las palabras del Coordinador denunciando que las políticas de vivienda llevadas a cabo tanto por el PP como por el PSOE benefician de una manera clara a las promotoras y a los especuladores. El motivo es la cobardía que muestran ambos partidos a la hora de tomar medidas en el ámbito de la vivienda protegida, y en concreto, ha denunciado que en el último pleno ordinario celebrado hace dos días ambos partidos, PP y PSOE han votado en contra de la moción presentada por IU que defendía el apoyo a las reivindicaciones de la Plataforma por una Vivienda Digna, que en su manifiesto recoge medidas como el aumento del IBI a los inmuebles vacíos.
Las subvenciones del Principado para la renta, compra y rehabilitación han llegado a más de 34.000 personas Manuel Orviz defiende, en un debate en Canal 10, que el arrendamiento debería desgravar igual que la compra
En lo que va de legislatura, más de 5.000 jóvenes asturianos han recibido ayudas para el alquiler de su vivienda. De hecho, es el colectivo que se lleva el mayor porcentaje de las subvenciones que concede el Principado de Asturias. Así lo explicó ayer el director general de Vivienda, Manuel González Orviz, durante su intervención en el programa 'La lupa' de Canal 10. No es el único dato que ofreció. Así, en lo que va de legislatura (concretamente, hasta el 31 de octubre de este año) las ayudas, que no sólo se dirigen al alquiler sino también a la compra y a la rehabilitación, han llegado a más de 34.000 asturianos.
Son los números de la intervención que lleva a cabo el Ejecutivo regional para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes, colectivo que, según estudios nacionales, dedica más del 60% de sus ingresos a la vivienda. Y con los jóvenes tuvo la oportunidad de debatir Orviz. Eduardo Garrido, de la Plataforma Vivienda Digna, y Beatriz García, del Sindicato de Estudiantes, pidieron al representante regional una mayor intervención en el mercado privado. Ayer lo hicieron en la televisión, pero el próximo día 23 lo harán en la calle, respondiendo a una convocatoria de concentraciones en todo el país, similar a otras anteriores. ¿El objetivo?: «Que la vivienda deje de ser un privilegio, porque es un derecho». Después de esa fecha, la plataforma empezará a trabajar en otros aspectos y otro tipo de convocatorias.
Tanto los portavoces de los jóvenes como el director general de Vivienda centraron el debate en el alquiler. Orviz, porque está convencido de que debería tener un «trato preferencial. ¿Si la compra desgrava, por qué el alquiler no?». Y los jóvenes, porque aseguran que «por menos de 450 euros es casi imposible encontrar algo digno». Según sus datos, el alquiler más bajo está en los 350 euros al mes, lo que supone «una dificultad enorme para muchos jóvenes que cobran 680 euros». La situación se complica cuando es una persona sola la que debe afrontar el gasto.
300 pisos en Vipasa
Por eso, Orviz insistió una y otra vez en la necesidad de conseguir «un cambio cultural» a favor del arrendamiento de la vivienda, para que el precio de un alquiler no sea el mismo que el de la cuota de la hipoteca. Un cambio complicado, a la vista de las cifras. La iniciativa del Principado de poner pisos en el mercado del alquiler a través de la sociedad pública Vipasa ha conseguido movilizar 300, cifra «claramente insuficiente» según reconoció el propio director general. Uno de los objetivos del programa es «dar seguridad» a los propietarios de los pisos, con la garantía de que encontrarán la vivienda en las mismas condiciones.
Aunque todos coincidieron en que la falta de seguridad no es el único motivo por el que más de 50.000 viviendas permanecen vacías en Asturias. «El modelo de construcción de pisos en la última década ha sido el refugio de inversión, sin importar la finalidad social», dijo el director general quien, no obstante, defendió que en Asturias «hemos avanzado algo en emancipación». Pero en ese avance, explicó, no sólo influyen las posibles ayudas al acceso a la vivienda, sino también «el empleo y la estabilidad en él».
Tanto Beatriz García como Eduardo Garrido solicitaron una mayor intervención de las administraciones públicas porque «es la única manera eficaz de que se puedan poner límites a los precios». Ese nivel de intervención vendrá marcado en gran medida por la Ley del Suelo que negocia el Ejecutivo central y que «marcará el modelo de política de vivienda de este país», dijo Orviz. Uno de los objetivos de esa ley debería ser conseguir abaratar el precio del suelo. En este sentido, el director general aseguró que el modelo de suelo urbanizable prioritario «está dando ya resultados, porque los ayuntamientos tienen ya un 30% de ese suelo destinado a vivienda protegida».
La región sigue encontrándose «a la cola» en lo que se refiere a emancipación juvenil por el precio de los pisos
Los jóvenes cántabros de entre 18 y 35 años tendrían que destinar un 68,6% de su salario para adquirir una vivienda libre, según los datos del Observatorio Joven de Vivienda del Consejo de la Juventud de España (OBJOVI) correspondientes al segundo trimestre de 2006. Este informe, dado a conocer ayer por el Consejo de la Juventud de Cantabria (CJC), también señala que los hogares jóvenes, con mayor solvencia económica, destinan el 41,8% de sus ingresos al pago de la vivienda.
Por otro lado, Cantabria sigue encontrándose «a la cola» en emancipación juvenil residencial, aunque según el Consejo de la Juventud, desde finales de 2004 se está produciendo «un ascenso muy notable, superior al de la media de España», en la proporción de jóvenes emancipados. Según indicó el responsable de Empleo y Vivienda del CJC, Víctor Saúl San Millán, la región se ha situado por delante de Asturias en el segundo trimestre de 2006.
Para el CJC, esta evolución al alza de la emancipación «tiene mucho que ver con lo ocurrido en el mercado de trabajo», al ser Cantabria «una de las pocas comunidades autónomas en las que la mayor ocupación laboral de la población joven no está repercutiendo en una extensión progresiva de la temporalidad». En este sentido, San Millán señaló que, en el último año, el volumen de jóvenes cántabros con contrato indefinido ha crecido un 18,7%, mientras que los niveles de temporalidad han permanecido «estables» (+0,38%).
No obstante, el Consejo de la Juventud continúa denunciando «la precariedad laboral de los jóvenes» y pide «políticas efectivas» para solventar este problema. Asimismo, San Millán recordó la existencia del movimiento social 'Plataforma para una Vivienda Digna' que continúa luchando para conseguir la emancipación de los jóvenes en mejores condiciones.
El responsable de Empleo y Vivienda del CJC señaló que pese a la ralentización en el precio de la vivienda, el esfuerzo económico que deben realizar los jóvenes para acceder al mercado de la vivienda «ha vuelto a aumentar» por el aumento de los tipos de interés hipotecarios.
Según San Millán, en el segundo trimestre de 2005 una persona joven tenía que destinar un 16,41% menos de su salario para comprar una vivienda libre y un 13,75% menos un hogar joven.