BOLETÍN DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2004
 
 
España y vivienda
 
Comunidad de Madrid
 
 
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España y vivienda
 
JUEGOS OLIMPICOS SI, NEGOCIOS NO
Mediluce.org (Madrid) - 29 de noviembre de 2004
 
Juegos sí, negocios no. No estamos contra los Juegos Olímpicos. Pero ahora “no tocan” y además este modelo es insostenible" .

En esta ciudad hace mucho tiempo que el mercado ha dejado de regular la vivienda.La regula la especulación. El mercado no existe, lo que existe es una ocupación del mercado por un grupo bastante reducido de personajes bien conocidos que han convertido Madrid en la capital de la especulación, con unos niveles de beneficio que no existen en ninguna otra actividad económica, ni siquiera remotamente. Los planes urbanísiticos diseñados para Madrid 2012 favorecen la presión sobre el suelo y sobre el valor de la vivienda.

Estas desproporciones brutales entre las viviendas vacías, la cantidad de jóvenes y gente en situación social frágil o con pocos recursos, la incapacidad de acceder a vivienda, casi 200.000 viviendas vacías, más los planes especulativos de “pelotazo” tras “pelotazo” que empiezan con la ciudad deportiva del Real Madrid, más la operación Chamartín, más este objetivo absolutamente inalcanzable y demagógico de tratar que Madrid sea la capital de los Juegos Olímpicos de 2012... es todo un entramado y una serie de intereses ajenos a los de la ciudadanía.

No estamos contra los Juegos Olímpicos. Pero ahora “no tocan” y además este modelo es insostenible. (Ver documento “Citius, altius, fortius”)

Por supuesto que estamos a favor de que una ciudad como la nuestra pueda aspirar a ser sede de estos juegos y, ojalá, también de otras actividades.

Pero lo que está detrás de esta operación es otra cosa. Hemos estudiado los planes de Madrid 2012, hemos discutido con los expertos que asesoraron a Barcelona en los Juegos Olímpicos del 92, hemos hablado con los profesionales que asesoraron al Comité Olímpico Internacional en las olimpiadas de Atenas, en las Olimpiadas de Sydney... y las conclusiones son clarísimas.

Primero, no toca que sea en España, tuvimos las Olimpiadas del 92 y, en el resto de Europa, las de Atenas. Ahora toca a otro territorio geográfico y, por tanto, todos en el COE saben que ni Madrid ni Sevilla tendrán oportunidades de ser sedes olímpicas en 2012.

Segundo, el COI promueve modelos sostenibles y al servicio de los ciudadanos. Afortunadamente el COI ha introducido en los últimos años, a la hora de evaluar las ofertas de ciudades que quieren ser sede, el contenido sostenible y medioambiental de sus planes de infraestructuras, introduciendo el criterio de sostenibilidad ecológica. Sostenibilidad no entendida sólo como desarrollo sostenible, sino desde un criterio de permanencia, perdurabilidad en el tiempo, para que aquellas estructuras que se desarrollen para la ciudad olímpica sean de utilidad real para los ciudadanos que habitan esa ciudad, no sólo para los días que duran los Juegos. Sin más, todo el plan que se ha presentado para la ciudad de Madrid no se vincula en absoluto con las necesidades reales de la ciudad.

A pesar de todo, las circunstancias no impiden que desde ahora se estén “rifando” los beneficios de este “pelotazo 2012”, que daría continuidad al pelotazo de la Ciudad Deportiva, de Chamartín, de los PAUS del norte... y que reconvertiría toda la zona norte de la capital en algo absolutamente ajeno a lo que ha sido, lo que es y lo que necesita esta ciudad para sobrevivir como centro habitable hacia el futuro. Se favorecen los intereses de los mismos que siempre salen en todas las listas de recalificaciones y de construcción, y ya se empiezan a beneficiar con algo que no va a suceder. Cuando se confirme que no será sede, se nos dirá que en el 2012 no, pero que con esta operación ya nos vamos preparando para que sea en 2016...

Esto hay que denunciarlo, y con bastante más firmeza de lo que lo está haciendo la oposición municipal en Madrid y la oposición en la Comunidad. Es sorprendente que no haya ningún planteamiento radicalmente alternativo a este concepto de ciudad mafiosa y de ciudad especulativa (“mafiosa” y “especulativa”, porque cuando es posible obtener beneficios de un 400% anual haciendo compras y ventas, cediendo y ganando licencias... algo anda raro; en una economía abierta, de mercado, esto no se logra sin la complicidad por activa o por pasiva de los que tienen que regular que esto no suceda y que tienen que responder a las necesidades a la ciudadanía de Madrid)."

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La viñeta: Esquela inmobiliaria
Redacción PVDM (Madrid) - 29 de noviembre de 2004
 
Como idea para publicar en los medios de información nacionales:



 
Las politicas de alquiler no gustan a los promotores
Europa Press (labolsa.com) (Madrid) - 29 de noviembre de 2004
 
Los promotores cree que la política de fomento del alquiler de Trujillo "no se ajusta a la realidad". El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Guillermo Chicote, aseguró hoy que la política de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, con respecto al fomento de alquiler de vivienda "no se ajusta a la realidad", y consideró una "incongruencia" la intención del Ministerio de "intentar cambiar los hábitos de los españoles".

"El objetivo del ciudadano es siempre la compra, no el alquiler, que es una opción temporal. Querer educar a la población a que cambie sus hábitos es una incongruencia", señaló a Europa Press el presidente de la APCE tras su intervención inaugural en el XXIII Coloquio Nacional de la Asociación, en la que estuvo acompañado por el secretario general de Vivienda, Javier Ramos.

En este sentido, Chicote recordó un reciente estudio elaborado en la Comunidad de Madrid, del que se desprende que el 82% de los madrileños optan por la compra de vivienda, frente a un 18% que prefiere la opción del alquiler, "que son los jóvenes y la gente con movilidad laboral", citó. "La ciudadanía no está por el alquiler y el PSOE, que se caracteriza por decir que escucha a la ciudadanía, en el tema de la vivienda no la escucha demasiado", opinó.

Asimismo, y pese a considerarlas "razonables", Chicote aseguró que las subvenciones al arrendatario y al arrendador aprobadas por el Gobierno en el Plan de Choque en materia de vivienda, tienen lugar de forma prematura, porque "primero se necesita un mercado libre y concurrente de viviendas en alquiler".

"Aprobar estas subvenciones sin tener un cierto parque de viviendas en alquiler es poner el carro delante del caballo, porque el arrendador va a cobrar al arrendatario el alquiler más la subvención, con lo cual el español no se beneficia en absoluto", explicó a Europa Press.

EL MINISTERIO APUESTA POR EL ALQUILER.

Estas declaraciones de Chicote tuvieron lugar después de que el secretario general del Ministerio de Vivienda, Javier Ramos, apostara por el fomento del alquiler para aliviar el problema de la vivienda en España. "Una mayor demanda de alquiler restará demanda a la compra y desacelerará el incremento de precios", señaló en su intervención en el Coloquio de la APCE.

En este sentido, y tras recordar que el mercado de alquiler representa algo menos del 10% del total del parque de viviendas, Ramos consideró positivo el sistema de incentivos a arrendatarios y arrendadores aprobado por el Gobierno y que será distribuido por las Comunidades Autónomas.

Por último, el secretario general de Vivienda abogó por la ceración de una agencia pública de alquiler, "que sirva de intermediación entre arrendatarios y arrendadores".

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Promotores creen demanda seguirá en 500.000 viviendas/año
Cinco Días (Madrid) - 30 de noviembre de 2004
 
 
La actual fortaleza de la demanda inmobiliaria parece que tenderá a moderarse en el corto y medio plazo, pero aun así las previsiones del sector no pueden ser más halagüeñas. Un estudio de Analistas Financieras Internacionales estima que la necesidad de casas se mantendrá en 500.000 hasta el año 2008.

El informe elaborado por Analistas Financieros Internacionales (AFI) para la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) no queda ahí.

Frente a las excelentes perspectivas de demanda calculadas para el periodo 2004-2008, los expertos sostienen que hasta 2013 la necesidad de casas de nueva construcción se mantendrá en promedio en las 430.000 unidades cada ejercicio, lo que es calificado por el estudio de AFI como 'la entrada en un proceso de normalización, tras un periodo de marcado dinamismo'. Así, el director general de AFI, Ángel Berges, aseguró ayer en la presentación de este estudio que es descartable una debacle del mercado, dada la coyuntura actual económico-financiera.

En este sentido, recordó que el hecho de que España pertenezca a la zona euro brinda al sector una gran estabilidad, por la perspectiva que existe de bajos tipos de interés a corto y medio plazo. Esta circunstancia garantiza que las cuotas hipotecarias que pagan los hogares no van a sufrir incrementos ostensibles por el momento. Desde el punto de vista macroeconómico, Berges aseguró que las previsiones apuntan a un mantenimiento del crecimiento de la actividad en parámetros muy similares a los actuales. Y las otras dos claves en base a las que AFI considera que aún le resta gran recorrido a la demanda inmobiliaria son la disminución del tamaño medio de la familia y la inmigración, 'que jugarán a favor de una mayor creación de hogares, contrarrestando parcialmente el envejecimiento de la población', añadió Berges. 'La única amenaza que vemos a esta situación podría venir por el lado del mercado laboral y no de los tipos de interés', concluyó. Otro de los aspectos que destaca el estudio elaborado por AFI es el protagonismo que está adquiriendo el mercado de segunda residencia. Berges destacó que de los flujos turísticos que se producen cada año en España, hay estadísticas que sostienen que en la mitad de los casos los turistas poseen ya de una casa.

EMPLEO

Por último, el director de Análisis del Instituto de Estudios Económicos, Gregorio Izquierdo, aseguró que 'el actual ciclo inmobiliario 'ha mejorado el bienestar de la mayor parte de las familias', gracias al incremento de actividad y empleo generados por el mismo.

Izquierdo citó otros factores como el aumento de la riqueza en más de 2,7 billones de las familias, mientras que el endeudamiento se ha incrementado sólo 0,4 billones. 'Como consecuencia de ambos efectos, el efecto riqueza ha podido suponer un aumento anual del consumo del orden de 1,5% del PIB'.

CRÍTICAS A LA POLÍTICA DE ALQUILER DE TRUJILLO

El presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Guillermo Chicote, aseguró ayer que la política de la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, con respecto al fomento del alquiler de vivienda 'no se ajusta a la realidad', y consideró una 'incongruencia' la intención del Ministerio de 'intentar cambiar los hábitos de los españoles'.

'El objetivo del ciudadano es siempre la compra, no el alquiler, que es una opción temporal. Querer educar a la población a que cambie sus hábitos es una incongruencia', señaló a Europa Press el presidente de APCE tras su intervención inaugural en el XXIII Coloquio Nacional de la Asociación, en la que estuvo acompañado por el secretario general de Vivienda, Javier Ramos.

En este sentido, Chicote recordó un reciente estudio elaborado en la Comunidad de Madrid, del que se desprende que el 82% de los madrileños opta por la compra de vivienda, frente a un 18% que prefiere la opción del arrendamiento, 'que son los jóvenes y la gente con movilidad laboral', citó. 'La ciudadanía no está por el alquiler y el PSOE, que se caracteriza por decir que escucha a la ciudadanía, en el tema de la vivienda no escucha demasiado', opinó.

Asimismo, y pese a considerarlas 'razonables', Chicote aseguró que las subvenciones al arrendatario y al arrendador aprobadas por el Gobierno en el Plan de Choque tienen lugar de forma prematura, porque 'primero se necesita un mercado libre y concurrente de viviendas en alquiler'.

'Aprobar estas subvenciones sin tener un cierto parque de viviendas en alquiler es poner el carro delante del caballo, porque el arrendador va a cobrar al arrendatario el alquiler más la subvención, con lo cual, el español no se beneficia en absoluto', explicó.

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Notarios admiten que más del 30% del precio se paga en negro
ABC (Barcelona) - 01 de diciembre de 2004
 
 
«En las salas de espera de las notarías es normal ver a los clientes contar dinero en efectivo antes de pasar a escriturar». De esta forma tan ilustrativa, Ignacio Navas, coordinador nacional del Observatorio de la Vivienda que impulsa el Consejo General del Notariado y el despacho de abogados Garrigues, reconoció ayer en Barcelona que el mercado inmobiliario escritura en general un 20% por debajo del precio pagado, con el único objetivo de dar salida a dinero negro. Esta práctica, extendida entre el 30 y el 40% de los compradores, fundamentalmente de pisos de segunda mano de pequeñas promociones, «enmascara y contribuye al espejismo» general de la evolución del precio de la vivienda en España.

«No hay estadísticas fiables de la vivienda en España», advirtió Navas al presentar los datos de las escrituradas en Cataluña, que arrojan conclusiones tales como que el precio medio de una vivienda en Barcelona (208.559 euros) está por debajo de una en Badalona (230.913). En este sentido, cuestionó el incremento de un 17% de los precios durante 2003, dado que el valor escriturado se mantiene o tiende a bajar.

Navas, que participó en la presentación de la segunda jornada del Observatorio de la Vivienda, que se celebrará hoy en Barcelona para analizar «El mercado del suelo como condicionante del mercado de la vivienda en España», indicó que «la disfunción del mercado hipotecario imposibilita conocer el precio real». Además del precio enmascarado al escriturar por debajo del precio real pagado, las sociedades tasadoras y los bancos añaden su propia acción a la «distorsión» del mercado, según denunciaron los notarios.

MEDIDAS PARA ABARATAR EL MERCADO

El coordinador del Observatorio de la Vivienda también señaló como causa de la «distorsión» el auge de los llamados «créditos totales», que permiten «financiar el cien por cien de la compra de la vivienda, los gastos y hasta los muebles» en un único producto «a precio hipotecario». Para lograrlo, «se suele aumentar el valor de la tasación, si la empresa tasadora lo permite», una práctica que también contribuye a que las entidades bancarias «cumplan sus objetivos» de aumentar el importe de los créditos que gestionan.

La finalidad del Observatorio de la Vivienda es, según sus promotores, abrir un espacio riguroso y plurar para el análisis, el diagnóstico y las propuestas que permitan solucionar los problemas del acceso y garantizar la seguridad jurídica del proceso. En este sentido, los notarios apuestan por impulsar el mercado del alquiler a precios competitivos respecto a las cuotas hipotecarias, como una de las fórmulas para reducir los precios. También piden controlar la especulación con la venta de pisos de protección oficial y medidas para que los ayuntamientos no tengan que recurrir a la venta de suelo público para conseguir ingresos.

Otra propuesta sería trasladar la venta del vuelo o superficie de viviendas a un tiempo fijado de 50 o más años, al igual que sucede con las concesiones administrativas realizadas por ayuntamientos en la promoción de aparcamientos o centros comerciales.

Respecto a la existencia de la denominada «burbuja inmobiliaria», Navas recordó que el mercado español de la vivienda «ya ha bajado en dos ocasiones: en Madrid en 1978 y en Barcelona en 1992».

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Pais Vasco: Presiones a los partidos políticos
El Correo Digital (Bilbao) - 02 de diciembre de 2004
 
El viceconsejero de Vivienda, Javier Dean, acusó ayer a los promotores de pisos de pretender «ganar más dinero» y consideró que sus propuestas respecto a la Ley del Suelo provocarían que se duplicara o triplicaría el precio del mismo. Dean aseguró además que los constructores han estado «presionando» a los grupos parlamentarios y no descartó que alguna de las enmiendas que se puedan presentar a esta Ley «vayan en línea con lo que están diciendo» los promotores.

El Departamento de Vivienda salía así al paso de las duras críticas que las asociaciones de promotores y constructores vascos realizaron el pasado martes contra el proyecto de Ley del Suelo elaborado por el Gobierno vasco al entender que agravaría el precio de la vivienda.

A su entender, es «obvio» que su pretensión es obtener mayores beneficios económicos, así como que se «revise a la baja en cuanto al volumen de vivienda de protección oficial que se obliga a incorporar en los suelos urbanizables». «Lo que están planteando con muy poco pudor es sustituir el suelo para viviendas de protección oficial por suelo para viviendas de precio superior», dijo. El viceconsejero denunció también los «enormes beneficios que obtienen las empresas promotoras».

Para Javier Dean, la petición de los constructores de aumentar el cupo de pisos tasados repercute de forma directa en el precio del suelo, «porque desgraciadamente y por una ley que aún está vigente aprobada por el PP y que aún no ha modificado el PSOE, el suelo se valora en función de lo que se va a contruir sobre él y si lo que se va a construir sobre ese suelo es más caro, el suelo vale más».

PRESIONES A LOS PARTIDOS

Tras agradecer a los constructores que ahora «hayan salido a la luz a decir lo que han venido diciendo estos meses pasados por la puerta de atrás», denunció que han estado «presionando» a los partidos con representación en el Parlamento para que presenten enmiendas e impidan que la ley salga adelante. Pese a ello, recordó que la norma no se ha paralizado y además mostró su convencimiento de que ésta será aprobada antes de que se acabe la legislatura porque «hay un compromiso muy firme del Gobierno tripartito para que eso sea así y además la sociedad vasca no aceptaría otra cosa».

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La Agencia Tributaria mete mano al mercado de la vivienda
El Mundo (Su Vivienda) (Madrid) - 03 de diciembre de 2004
 
 
Hacienda somos todos, pero, por si cabía alguna duda, en el futuro, lo seremos todavía más. Ésa es, al menos, la intención de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT), que ha elaborado un Plan de Prevención del Fraude Fiscal en cuyo borrador figuran más de 300 medidas para conseguir eliminar el fraude.

De ellas, muchas centran sus esfuerzos en el sector inmobiliario. Y sus razones tiene para hacerlo: se trata de un mercado que cuenta con «unas posibilidades de fraude enorme», según ha declarado el presidente de la Agencia Tributaria y secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.

Por eso, le interesará saber que si usted va a comprar una casa de segunda mano, no tendrá tan fácil entregar parte del importe de la vivienda en dinero negro, ya que el fisco va a aumentar la vigilancia para que eso no ocurra. Y lo mismo si tiene intención de vender una casa usada.

Hacienda tampoco se ha olvidado del alquiler. Así, si tiene una vivienda en régimen de arrendamiento y es de los que no está declarando esa actividad ni los beneficios que está percibiendo por ello, debe saber que su comportamiento puede tener los días contados, ya que éste es otro de los aspectos en los que se van a intensificar los controles.

Asimismo, la Agencia Tributaria quiere impedir que los particulares se beneficien de deducciones por su segunda vivienda, como hasta ahora venía ocurriendo, y evitar que, si va a cambiar de residencia habitual, vuelva a aplicarse nuevamente la deducción.

Pero los particulares no serán los únicos a los que Hacienda va a observar con lupa, sino que extremará su vigilancia a todos los agentes del sector.

De esta forma, las administraciones públicas, los propietarios de suelo, los promotores y urbanizadores y los agentes intermediarios tampoco estarán exentos de controles e inspecciones. Vaya, que parece que, a partir de ahora, Hacienda no va a pasar ni una, y para conseguir su objetivo, va a actuar sobre distintos aspectos. Por un lado, en el ámbito organizativo. En este sentido, entre otras cosas, tiene la intención de crear equipos de inspección especializados que recopilen información, la sistematicen y analicen para planificar con antelación todas las actuaciones que se van a llevar a cabo.

Desde el punto de vista informativo, pretende incorporar en todos los modelos de declaración en los que aparece información sobre inmuebles el número de referencia catastral de los mismos y obtener nueva información (fianzas en alquileres, sociedades de tasación), en especial, la de los promotores acerca de viviendas nuevas y ventas sobre plano.

El Ministerio de hacienda también quiere intensificar las inspecciones y las pruebas piloto así como reforzar el control de los pagos en metálico. En el borrador del Plan de Prevención incluso se plantea la posibilidad de analizar la viabilidad de obligar a que en las escrituras figure el medio de pago utilizado, prohibiendo las fórmulas genéricas de uso frecuente tales como «la parte vendedora confiesa haber recibido...».

Todo esto y mucho más se aplicará a partir del cada vez más cercano año 2005, pero antes estará sometido a información pública y a las sugerencias de toda la sociedad.

DUDAS

Los expertos consultados por este suplemento coinciden en que la intención es muy buena, aunque algunos dudan de su eficacia y temen que, finalmente, se convierta en un brindis al sol: «Me parece que la intención es muy buena, pero veo difícil, por ejemplo, querer controlar las transmisiones de vivienda entre particulares», dice el abogado Félix Bornstein.

Desde su punto de vista, «muchas de las medidas que propone Hacienda no van a conseguir perseguir el dinero negro, que es el objetivo y el principal fraude que se comete en este tipo de operaciones. El hecho de que las partes lleven los documentos de compraventa al Registro, tampoco va a solucionar nada, cuando lo importante es buscar el dinero negro en el origen de la inversión».

«Todo lo que sea perseguir el fraude fiscal es bueno, pero en el tema de la vivienda de segunda mano es muy complicado controlarlo, porque de lo que se trata es de obligar a decir la verdad, cosa a la que ahora también estamos obligados y no se consigue», dice el presidente del Consejo General de Administradores de Fincas de España y del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid, Miguel Ángel Muñoz Flores.

Se pretende que los contratos privados entre particulares se declaren en el Registro de la Propiedad, «pero los particulares podrán inscribir contratos que no son los reales, con lo que no creo que se consiga el objetivo», concluye Muñoz.

En otro de los asuntos en los que existe fraude en el sector es en el tema de los arrendamientos, en el sentido de que hay muchas viviendas que figuran como vacías cuando, en realidad, están en alquiler, aunque ese arrendamiento no se declare. En este punto, existe disparidad de opiniones. «Me parece una medida mucho más eficaz que la anterior, ya que lo que tendrían que hacer es mandar agentes tributarios a las calles para preguntar por el estado de las viviendas. Esta medida es positiva y, además, es factible», afirma Bornstein.

Algo de lo que no está tan seguro Muñoz Flores: «La propuesta en sí es muy positiva porque es cierto que este tipo de casos se dan con frecuencia, pero es difícil llevarlo a la práctica, ya que requiere mucho trabajo», afirma. «Por otra parte», continúa, «habrá que ver cómo se hacen esas inspecciones, porque tampoco hay que atemorizar a los ciudadanos».

Hacienda también va a controlar los incentivos fiscales, ya que considera que, en muchas ocasiones, se aplican deducciones a las segundas residencias, o se vuelven a aplicar las deducciones en el caso del cambio de vivienda habitual, cuando ya se ha practicado por la inversión anterior.

En este punto, Bornstein cree que se trata de una medida muy positiva «porque hasta ahora no se ejercían controles suficientes. Es muy razonable que quieran hacerlo porque en este terreno, efectivamente, hay muchas deducciones que no son legales.

«Esto ya se intentó hacer. El problema radica, tal vez, en los recursos. Para llevarlo a cabo se necesitan funciones de inspección y éstas son mucho más escasas que las que se realizan vía gestión», asegura el gerente del Registro de Economistas Asesores Fiscales (Reaf), Luis del Amo.

Desde el Reaf valoran de una manera muy positiva el esfuerzo que se quiere hacer para evitar el fraude, así como las medidas de organización, recepción de información y nueva estructuración dentro de la Agencia, pero ven difícil poder llevar a cabo todas estas medidas.

«Quieren realizar muchos de los controles por la vía de captar información y cruzar datos, y eso está muy bien porque hasta ahora había un déficit de información, pero, al final, va exigir también un proceso de inspección, que es donde vemos más difícil su aplicación».

Por otro lado, Del Amo señala que «no hay que demonizar a determinados sectores, porque eso hará que si un contribuyente de buena fe quiere entrar en él, caiga en la tentación del fraude, sólo porque ha oído que en este sector son prácticas habituales».

En lo que todos coinciden es en que estas prácticas ilegales, 'haberlas, haylas': «De haber fraude, está en las transacciones entre particulares», asegura el secretario general de la Asociación de Promotores Constructores de España, Manuel Martí, argumentando que «nosotros vendemos sobre plano y dudo de que la gente se fiara de darle dinero negro al promotor sin recibo».

RUTINA

No obstante, no parece que ese tipo de operaciones sean las únicas que generan prácticas fraudulentas, ya que Hacienda también ha elaborado otras tantas medidas para evitar el fraude en las empresas que intervienen en el sector.

En este sentido, Martí ha asegurado que el Plan de Prevención le suena a «rutina», afirmando que, a pesar que desde hace muchos años se vienen oyendo declaraciones acerca de la existencia de fraude fiscal en el sector y de que éste es objetivo prioritario para Hacienda, «nuestro sector empresarial no está siendo objeto de ningún análisis especial y si lo está, no da ningún fruto», informa Servimedia.

Asimismo, el secretario general de la patronal cree que existe cierta incoherencia en las medidas presentadas por Hacienda, en concreto, su pretensión de que se inscriban en el Registro de la Propiedad los contratos privados y pagos anticipados previos a la escritura, ya que «los documentos privados no tienen acceso al Registro de la Propiedad».

Por último, Martí ha recordado que la inscripción en el Registro es voluntaria «por lo que habría que cambiar muchas leyes antes de llegar a eso».

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Familias se benefician y disfrutan del «boom» inmobiliario
El Mundo (Su Vivienda) - 03 de diciembre de 2004
 
 
La buena marcha del sector inmobiliario ha tenido efectos muy positivos sobre la economía y las familias españolas. Pero, igualmente, un freno brusco tanto en la actividad inmobiliaria como constructora tendría consecuencias adversas no sólo sobre estos sectores, sino que se extenderían negativamente al empleo, al consumo de los hogares y al resto de la economía.

Esto es lo que se desprende de sendos estudios realizados por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y APCE, y el Instituto de Estudios Económicos (IEE) sobre la repercusión del mercado inmobiliario en la actividad económica española y sobre los riesgos de una ralentización brusca, presentados en el XXIII Coloquio Nacional de la APCE, celebrado el pasado 29 de noviembre.

Y, ¿qué es lo que podría conducir a ese parón? «El verdadero riesgo está en la disminución de la renta como consecuencia del deterioro del mercado laboral», considera Ángel Berges, director general de AFI. Así pues, según este experto, el problema no está en una subida brusca de los tipos de interés, algo que, por otro lado, no se va a producir en los próximos años.

EFECTOS POSITIVOS

La propiedad y la revalorización de la vivienda han contribuido positivamente al consumo privado a través del 'efecto riqueza', entendido como un sentimiento de mayor capacidad adquisitiva, explica AFI. El incremento en el valor del patrimonio de los hogares, debido casi en exclusiva al aumento de la riqueza inmobiliaria, ha tenido un efecto notable sobre las decisiones de consumo de las familias.

Según Gregorio Izquierdo, director del Servicio de Estudios del IEE, el actual ciclo inmobiliario ha mejorado el bienestar de la mayor parte de las familias. El conjunto de la sociedad se ha beneficiado del incremento de actividad y empleo generados por este ciclo, unos de forma directa y, el resto, a través de su impacto positivo sobre las finanzas públicas.

Las familias con ahorro inmobiliario -que son el 90% de los hogares y el 80% del ahorro- han aumentado su riqueza en 2,7 billones de euros, aunque a cambio han aumentado su endeudamiendo en 0,4 billones de euros. Como consecuencia de ambos efectos, su solvencia ha mejorado en 2,3 billones de euros, con la consiguiente supresión de restricciones de endeudamiento.

Pero, al igual que la buena marcha ha beneficiado a las familias y a la economía española, un cambio de rumbo podría perjudicarles seriamente.

¿Y SI CAMBIARA EL RUMBO? Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), no todas las familias se han beneficiado de igual modo de la situación que ha brindado el mercado inmobiliario. Por una lado, esto se ha debido a que la subida de precios ha podido deteriorar la accesibilidad de algunas familias que han quedado al margen y ahora tienen que hacer un esfuerzo mayor, tanto si optan por compra como por alquiler.

En la actualidad están en esta situación el 10% de los hogares. En segundo lugar, las familias que han comprado con endeudamiento son vulnerables ante cambios adversos en los tipos de interés o en su renta.

De ahí que, para evitar esto, las entidades financieras restringen cuantía de crédito con límites en función del valor de tasación o sobre el nivel de ingresos (generalmente inferior al 80% y al 40% respectivamente), con lo que la morosidad está en mínimos.

Pero, ¿qué ocurriría si se diera un posible parón en el sector? Una hipotética desaceleración del ciclo inmobiliario sería bastante negativa. Se perderían los efectos indirectos positivos derivados de la riqueza inmobiliaria, ya que limitaría la solvencia y capacidad de endeudamiento familiar, con la consiguiente limitación del consumo. Por último, se perdería parte de la actividad y ocupación generada de forma directa e inducida por el sector, según el Instituto de Estudios Económicos.

También tendría efectos muy negativos sobre el sistema financiero, ya que le obligaría a reducir el negocio que realiza con la financiación inmobiliaria, y podría ver incluso repuntar su morosidad.

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Sacyr, BBVA y la Operación Chamartín
Xornal.com - 03 de diciembre de 2004
 
Algunos analistas lo tienen claro: las mayores sinergias empresariales que pudiera encontrar Sacyr en el BBVA son las inmobiliarias. De hecho, como observa el diario Cinco Días, en el informe anual de la segunda entidad bancaria española aparecen más de una docena de empresas inmobiliarias en las que participa el BBVA. Pero si hay una empresa inmobiliaria que llama la atención del grupo Sacyr Vallehermoso es Desarrollo Urbanístico de Chamartín (Duch), participada por el BBVA y el grupo gallego San José. El BBVA posee el 72,5% de esta empresa que gestionará la llamada Operación Chamartín, el mayor proyecto urbanístico en España.

Hasta tal punto se ha convertido en una pieza clave del intento de incursión de Sacyr en el BBVA que el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular, Vicente Martínez Pujalte, pidió explicaciones al Gobierno sobre esta operación en particular. La operación urbanística "parece que es lo que está sustentando esta operación económica", dijo el político popular.

La Operación Chamartín supone la ampliación del Paseo de la Castellana en 2,8 kilómetros hacia el Norte. De los tres millones de metros cuadrados sobre los que se actuaría, dos terceras partes se destinarían a viviendas y oficinas, lo que supondría una inversión global de 1.500 millones de euros. Según Cinco Días, la compra del 3,1% del BBVA sería 250 millones más barato.

El hecho de que la Operación Chamartín pueda ser la clave, o no, del movimiento de Sacyr sobre el BBVA es algo que sólo tiempo desvelará. Pero lo que es innegable --como reveló el ABC-- es que este proyecto urbanístico ha estado en la cabeza del presidente de Sacyr-Vallehermoso, Luis del Rivero, quien contaba y cuenta con Juan Abelló para conseguirla.

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El duopolio español
Hispanidad - 02 de diciembre de 2004
 
 
No todo lo que es verdad es demostrable, pero sí bastante argumentable. En la operación de compra del 3,1% de BBVA por parte de la constructora Sacyr, no hay buenos, todos son malos, porque han primado el interés y la ambición, y la ambición siempre es enemiga de la verdad. Todos los implicados, personas, empresas e instituciones van a salir tocados del envite. Tocados, al menos en su prestigio.

Vamos con la sarta de mentiras:

1. ¿Es una operación gubernamental? Sí, lo es. Se juntan al menos varios intereses: el del PSOE -en especial el asesor monclovita Miguel Sebastián- por cargarse a Francisco González como presidente del BBVA, el del PP y el Banco de España por mantenerle para fastidiar al PSOE, el de Luis del Rivero, ambicioso constructor, por hacerse con el BBVA, el de una serie de socios por hacerse con un importantísimo activo inmobiliario y el de Emilio Botín por comerse el BBVA.

2. Hablando de inmuebles, ¿la Operación Chamartín es la clave? Pues, creo que no. En efecto, todos los millonarios tienen mucho interés en la Operación Chamartín (para nuestros amigos hispanos, enterramiento de las vías del tren en el centro de Madrid y construcción de miles de viviendas sobre ellas). Es verdad que Juan Abelló, Luis del Rivero, Florentino Pérez y el propio FG (por cierto, estos dos últimos andan un poco reñidos) quieren participar en Chamartín, pero también lo es que, a estas alturas, hay al menos cuatro instituciones que tienen mucho que decir, y que pueden hacer que Chamartín sea un gran negocio o una castaña: El Ayuntamiento de Madrid (PP), la Comunidad (PP), el Ministerio de Fomento (PSOE) y los tribunales, en nombre de los antiguos propietarios de los terrenos urbanizables. No, el BBVA es premio suficiente sin ninguna Operación Chamartín.

3. Sacyr tiene razón en que el señor FG dirige despóticamente el BBVA con un Consejo de Administración sumiso y un equipo directivo temeroso de sus frecuentes accesos de ira y de su falta de respeto al trabajo ajeno. Para un presidente que apenas entiende el negocio, la arrogancia no constituye la mejor carta de presentación. ¿Qué se puede hacer con un 3%?, preguntan los defensores del BBVA. Pues, por ejemplo, mucho más que con el 0,5% que no alcanza todo el actual Consejo de Administración del banco. La historia de FG es ésta: llegó al cargo por el dedo de Rato, invirtió muy poquito de su patrimonio en acciones, expulsó a todos sus enemigos y ahora sigue siendo un presidente al que le importa un bledo no ser propietario.

4. El Gobierno no ha intervenido en la operación. Mentira, el Gobierno es el inspirador y acicate de la operación. Tanto es así que Luis del Rivero volvió del Banco de España, el pasado viernes 26, asombrado de que no les dieran el visto bueno de forma inmediata. Si le auspiciaba el Gobierno...

El Gobierno Zapatero tiene un talante tan agresivo como oscuro. Lo único que le importa es vengarse de Aznar (verdadera obsesión de Mr. Bean) y que nadie se atreva a echarle un pulso. Toda la parafernalia sobre el diálogo y la tolerancia no esconde más que las conspiraciones habituales para imponerse en todos los ámbitos: político, económico y cultual. Zapatero está creando una maquinaria de poder mucho más perfecta, y más cruel con sus enemigos, que la de Felipe González.

5. El Banco de España se ha limitado a cumplir la legalidad vigente. Mentira. El Banco de España ha bloqueado la operación. Caruana ha salvado el cargo de FG, que ahora se volverá un poco más despótico de lo que ya es. El emisor se ha jugado su prestigio para el futuro. Jaime Caruana, hombre de la órbita PP, ha jugado a favor de su ex compañero FG, que no es de ninguna órbita ideológica (FG sólo es “fegista”), pero quién sabe dónde están sus apoyos y dónde sus enemigos. El Banco de España sabía que su “acuse de recibo” bloqueaba la operación, y que una operación de este tipo no puede mantenerse, no ya tres meses, sino tan siquiera tres días sin quemarse.

6. ¿Puede confiar el pueblo español en que sus medios le informen debidamente sobre el trasfondo de la batalla? Ni de broma. BBVA y SCH (insisto, está detrás de la operación) son no sólo grandes anunciantes, sino dos grandes financiadores de los grandes editores. El País se ha alineado con el Gobierno y con el SCH; el resto ha preferido ir contra Sacyr, pues, no en vano, FG y su dircom, Javier Ayuso, se dedican a repartir dinero con la manguera a todo tipo de medios y a intentar asfixiar económicamente a los rebeldes. De medios y de lobbys de comunicación. Ayuso ha sacado la chequera y ha fichado a todos los lobbys, incluidos los “lalos” (Lalo Azcona), que han venido trabajando para el Santander. Sacyr se ha quedado con José Luis Sanchís, famoso por sus campañas políticas en Iberoamérica y, curiosamente, por sus tendencias “conservadoras”.

En resumen, con la operación Sacyr-BBVA se ha puesto de manifiesto el alineamiento político, económico e informativo en el que vive el país. España es hoy un oligopolio. Mejor un duopoli o estás con el PP o estás con el PSOE, o estás con la “beautiful people” o estás con la “biutiblú”, o estás con Polanco o estás con la prensa progre de derecha (El Mundo, Vocento y Recoletos)... o estás con Sacyr o estás con BBVA. O estás con el Madrid o con el Barça (esta opción es mucho más profunda y filosófica que las anteriores). Y el que no está ahí, querido amigo, no figura en el “Who is who”.

Y todo ello no me preocuparía mucho, de no ser porque el duopolio es también mental. En otras palabras, el pensamiento español también es oligopolista, alineado, falto de ecuanimidad. En este país, lo único políticamente incorrecto es el Cristianismo.

Eulogio López - Director Hispanidad

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El papel del municipio en las politicas de vivienda
El Mundo (Madrid) - 30 de noviembre de 2004
 
 
La evolución del mercado libre de la vivienda y la poca construcción de vivienda protegida en los últimos años está dificultado la incorporación a los nuevos hogares de los sectores más desfavorecidos. Desde 1998 los precios de la vivienda han subido siete veces más de lo que han subido los ingresos familiares. Son los ayuntamientos quienes por su cercanía al problema de los vecinos/as han ido asumiendo las competencias que no tienen atribuidas y que corresponden a las comunidades autónomas.

Una de las políticas municipales más importantes y que más incide en el modelo de ciudad es la urbanística. El urbanismo traza y proyecta el desarrollo de las ciudades. Necesitamos una legislación que asigne al suelo un valor no especulativo, que se considere un bien social y no un producto de mercado. Hace falta una política activa sobre los desarrollos de suelo, con intervención pública.

Como responsables municipales nos preocupa la consolidación de los barrios urbanos que, bien en cascos antiguos o zonas periféricas, necesitan rehabilitarse para evitar el deterioro del parque de viviendas, su adaptación a las nuevas normativas de ahorro energético, accesibilidad, habitabilidad y mayor confort de la ciudad.

Estando de acuerdo con las medidas de choque del Ministerio de Vivienda, como responsables municipales pedimos: 1. Una mayor presencia municipal en el diseño de los planes de vivienda estatales y autonómicos. 2. Premiar los criterios de sostenibilidad, impulsando la rehabilitación y revitalización de los barrios. 3. Concertar entre las tres administraciones un programa de suelo con titularidad pública, que se destinará a la construcción de vivienda pública en alquiler y de VPP para venta. 4. Solicitar del Gobierno la retirada del Real Decreto Ley 4/2000, crear un grupo de trabajo con la intervención de las tres administraciones, representantes de organizaciones sociales y del sector inmobiliario, que proponga una ley del suelo y sobre expropiación forzosa. 5. Solicitar al Gobierno central la concesión de subvenciones, hasta el 50% del coste de las actuaciones y que tramite una reforma de la legislación arrendaticia a fin de incrementar la seguridad jurídica y patrimonial de las partes, reintroduciendo la desgravación fiscal a los inquilinos, eliminada en 1998. 6. Mayor agilidad en la aprobación de los PGOU, así como delegar en los ayuntamientos las posteriores acciones urbanísticas que desarrolla el mismo.

No se pueden practicar exclusivamente políticas de vivienda en base a nuevas construcciones, se deben examinar acciones para que aflore el parque de viviendas desocupadas que materialice un auténtico plan de vivienda en régimen de alquiler con ayudas fiscales que lo incentiven.

Manuel Robles es miembro de la Comisión de Urbanismo y Vivienda de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Fuenlabrada (Madrid).

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La miseria de la hipoteca en la vejez
This is money (Londres) - 01 de diciembre de 2004
 
 
Millones de propietarios que creen que sus casas les reportarán un jarro lleno de oro cuando se retiren, en cambio, podrían terminar con durísimas privaciones.

La mitad de los 10 millones de británicos hipotecados, podrían seguir pagando sus letras cuando alcancen la jubilación y sin un trabajo a tiempo completo, las cuotas podrían ser un collar de piedra alrededor de sus cuellos.

El estudio del Abbey National muestra que la proporción de propietarios que estarán pagando sus hipotecas cuando se retiren, ha pasado del 26% de 1992 al 47% de hoy en día.

Con el boom de la propiedad, muchos compradores han tenido que caer en grandes hipotecas que sólo podrán pagar después de un largo periodo de tiempo. En el pasado, las parejas de los años 50 o 60, tomaban préstamos más cortos -quizás 15 o 20 años- pero ahora son de 25 años.

El banco Abbey también ha encontrado que el 71% de los propietarios de vivienda, dependen de que su vivienda suba de precio. La mayoría de propietarios con bajos ingresos, confía en el valor de su propiedad.

El director de clientes, Angus Porter ha afirmado: "nuestra preocupación es que mucha gente confia en el valor de su propiedad en vez de ahorrar e invertir para la vejez a largo plazo". "Empezar a poner dinero ahora en unas bases habituales, asegurará tener una ayuda real en el futuro".

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Comunidad de Madrid
 
UGT y CCOO rechazan el Plan de Vivienda de la CAM
Ania (Madrid) - 03 de diciembre de 2004
 
 
A juicio del Grupo Sindical del Consejo Económico y Social de Madrid, formado por CCOO y UGT, los proyectos de Decreto del Plan de Vivienda no dan respuesta adecuada a la preocupante realidad social y económica del problema de acceso a la vivienda en Madrid, cuya demanda de solución se ha convertido en un auténtico clamor social.

Las medidas contempladas por estos proyectos de Decreto, junto a la inadmisible y escandalosa subida del precio medio de la vivienda protegida llevada a cabo por el gobierno de Esperanza Aguirre, son medidas que parecen ir más dirigidas al interés de los promotores inmobiliarios privados que al de los ciudadanos madrileños realmente necesitados de ayuda para acceder al mercado de la vivienda.

En este sentido, el Grupo Sindical ha rechazado de plano el Informe aprobado en el CES, respaldado por el grupo empresarial y los "expertos" de la presidenta regional. CCOO y UGT en un voto particular han plasmado los aspectos que consideran especialmente criticables:

·La creación de una nueva figura, la Vivienda de Protección Pública de Precio Limitado (VPPL), cuyas características y precio tienden al mercado de la vivienda libre, al permitir y pretender dar salida con mayores ganancias para los promotores privados a los suelos destinados a vivienda protegida por el planeamiento urbanístico.

·La falta de actuaciones reales en materia de mejora e impulso del mercado de alquiler de viviendas nuevas y de segunda mano.

·La creación de la figura del alquiler con opción a compra (más que "opción", "obligación", en la medida en que si no se ejerce la opción se pierden las cantidades entregadas a cuenta durante siete años), que no es sino una simple venta diferida a un precio que dobla el que se derivaría de la simple aplicación del módulo.

CCOO y UGT, a través de sus portavoces Jaime Cedrún, de CCOO del Grupo Sindical y vicepresidente del CES, y Jesús Torres, portavoz de UGT, reiteran la exigencia de abordar el problema de la vivienda a través de un Pacto Social consensuado con todos los agentes sociales y económicos. Sólo así se podrán definir y adoptar políticas capaces de dar respuesta urgente a uno de los primeros problemas sociales de la región.

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La subida VPO pone en la calle a adjudicatarios de la CAM
El Mundo (Su Vivienda) (Madrid) - 03 de diciembre de 2004
 
 
El aumento de los costes para los módulos de VPO comienza a afectar a los compradores de vivienda protegida, algunos de los cuales se declaran «incapaces» para poder asumir los precios de sus nuevas casas, ubicadas en promociones que han obtenido su calificación provisional en las últimas dos semanas, y sobre las que ya se aplican los precios de los nuevos módulos.

La Comunidad de Madrid publicó el 15 de noviembre en el BOCAM un aumentó del 24,8% en el coeficiente máximo aplicable a las VPO de menos de 110 metros cuadrados, de 1,25 a 1,56. De esta manera, el Gobierno regional establecía un coeficiente único para todas las viviendas (sobre las mayores de 110 metros ya se aplicaba este tipo) y fijaba unos precios que, según la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio, son «más realistas» para el mercado inmobiliario de la región y, a la vez, «asequibles» para los compradores.

A efectos prácticos, este aumento significa en muchos casos un incremento en los costes finales que los madrileños tienen que asumir a la hora de adquirir una vivienda protegida. Especialmente grave resulta el caso de los compradores que ya habían reservado la compra de una de ellas, pero que no habían obtenido su calificación provisional antes del 15 del mes pasado. Estos ahora se encuentran con que los costes que tenían previstos asumir se han disparado tras la subida de los módulos.

ATRAPADO

Uno de estos afectados es R. López, un joven que, en marzo de 2003, se comprometió a la compra de una vivienda de protección oficial en la zona de Parla Este. Con el incremento en el coste de los módulos aprobado por la CAM, el precio máximo de su vivienda -de 86 metros útiles- ha aumentado ya de 87.700 a 109.500 euros.

Con este precio final, el joven ha calculado que, en el momento de la firma del contrato de compraventa con la promotora, tendrá que pagar unos 13.000 euros, 6.000 más que con los anteriores precios. Además, se verá obligado a abonar 18 pagos de 390 euros cada uno, en lugar de los de 270 euros que había previsto.

En su caso, el desembolso que tendrá que hacer será mayor que el 25% de incremento en los módulos, puesto que López ha de solicitar -como la mayoría de compradores- una financiación bancaria para afrontar el pago de las letras. El joven tenía pensado pedir una hipoteca para un periodo de unos 20 años, durante los cuales pagaría un máximo de entre 420 y 480 euros mensuales. Ahora se ve obligado a hacer cálculos de nuevo y, como reconoce, «es muy posible que no me salgan las cuentas, por lo que tendré que desistir en la compra de la casa».

Además, el joven declara sentirse «atrapado» puesto que, si finalmente renuncia a la compra de la casa, perdería la señal de 4.000 euros que ya había adelantado en concepto de reserva, en marzo del pasado año, a la promotora que construye su casa.

El problema de R. López no es un caso aislado ya que, según el Ayuntamiento de Parla, muchos de los 7.200 vecinos de la localidad están en su misma situación. Por ello, el grupo del Gobierno municipal ha interpuesto esta misma semana un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra una subida de módulos que su alcalde, el socialista Tomás Gómez, califica de «injusta». Según el máximo mandatario, los terrenos para la construcción de estas viviendas fueron vendidos teniendo en cuenta el coste del antiguo módulo, por lo que ese incremento ha de repercutir «exclusivamente», dice, «en las promotoras que desarrollen las VPO», y no en los compradores.

PARLA

Además, el Ayuntamiento de Parla ha puesto en marcha un gabinete jurídico para asesorar a todas las personas que, como R. López, se hayan visto afectadas por la subida en el precio final de sus viviendas.

Desde la Consejería de Medio Ambiente y de Ordenación del Territorio se considera que el Ayuntamiento de Parla «es libre de recurrir lo que quiera», aunque defiende la subida en el precio de los módulos en las VPO.

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La casa se lleva el 77% del sueldo de los jóvenes madrileños
20 Minutos (Madrid) - 30 de noviembre de 2004
 
 
El precio de la vivienda en la Comunidad se ha incrementado un 19,1% en un año, según el Consejo de la Juventud.

Cada vez es más caro para un joven acceder a una vivienda. Según datos del Observatorio del Consejo de la Juventud de España (CJE) referidos al segundo trimestre, el pago de la vivienda se lleva ya el 50,8% del salario de un joven en España debido, entre otras razones, a que el precio de la vivienda se incrementó cinco veces más que su salario medio. Esta cifra se eleva al 77% del sueldo si el joven vive en Madrid y quiere comprarse una casa de 100 m2 a pagar en 25 años.

El estudio destaca que el nivel máximo de endeudamiento permitido por los bancos es del 30% del sueldo y que, considerando asimismo las dificultades para alquilar, no es extraño que, en Madrid, el 34% de los jóvenes de entre 30 y 34 años vivan con sus progenitores, cifra que se dispara al 96% entre los 18 y 25 años. Éstos y las mujeres (con sueldos inferiores) son los que más dificultades tienen para comprar una casa.

El precio medio de una vivienda libre en España es de 161.463 euros, lo que equivale a un incremento interanual del 17,42%. En Madrid este aumento fue del 19,1%, según la CJE.

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