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PROMOTOR RECIBIRÁ 6.000 EUROS POR CADA VIVIENDA EN ALQUILER

La Vanguardia - 24 de diciembre de 2007

Modificaciones del plan estatal (2005-2008) en su último año de vigencia. La medida se aplicará sólo a los pisos que lleven como mínimo un año en venta

El Gobierno está decidido a potenciar el mercado de alquiler en España. Por ello, prepara una serie de modificaciones del Plan Estatal de la Vivienda (2005-2008) para su último año de vigencia, encaminadas a su reactivación. Una de las nuevas fórmulas que se ha diseñado, ante la actual crisis del sector residencial - provocada por el parón que sufre la venta de la vivienda libre- es que los promotores conviertan en pisos de alquiler a precio concertado aquellos que han quedado sin vender en distintas promociones. Para reconvertir este stock y ampliar el parque de viviendas en régimen de arrendamiento, se le dará al promotor hasta 6.000 euros a fondo perdido por cada vivienda que ponga en este mercado.

La gestión de estas viviendas la llevará a cabo alguna filial de la propia promotora, aunque si la sociedad inmobiliaria lo prefiere puede ceder estos pisos a la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y esta se encargará de gestionarlos. Una de las condiciones imprescindibles es que estos pisos hayan estado durante un año sin vender desde su edificación.

Ningún organismo público ni privado tiene la cifra exacta de cuántos pisos con este requisito hay en stock, pero alguna de las grandes inmobiliarias estima que en las promociones entregadas hace meses llave en mano, el porcentaje de pisos sin vender estaba en una horquilla de entre un 10% y un 20%. Esta cifra se ha incrementado en las promociones que se están entregando en la actualidad y oscila entre un 20% y un 30%.

Según el último informe inmobiliario del BBVA, presentado esta semana, hasta octubre de este año había 520.000 viviendas nuevas en venta y 4,2 millones de unidades de segunda mano. Esto no significa que todas ellas vayan a sufrir el cambio, pero muchas de ellas podrían quedarse sin propietario.

Por otra parte, según el Observatorio Estatal de la Vivienda en Alquiler (OEVA), en España sólo hay 1.791.475 viviendas en régimen de alquiler, de las que un 58,1% se concentran en tres comunidades autónomas, con Catalunya a la cabeza, con un 25,7%; seguida de Madrid (18,5%) y Andalucía (13,9%).

El último borrador de esta modificación y una batería de nuevas propuestas se envió el pasado viernes a los departamentos correspondientes de las distintas comunidades autónomas, a los promotores, al Consejo de la Juventud y a todos los actores implicados para que lo revisen durante estas Navidades.

Está prevista la celebración de una conferencia sectorial de todas las comunidades autónomas a principios de enero del 2008 en la que se redacte el texto definitivo. Es previsible que el PP trate de bloquear esta conferencia, pero el PSOE tendrá posiblemente mayoría para sacarla adelante.

Después, en uno de los primeros consejos de ministros se aprobará el real decreto para que la batería de nuevas medidas entre en funcionamiento el próximo año, antes de las elecciones.

Otra de las opciones que se le ofrecerá al promotor es vender a precio de protegida vivienda libre que tiene en su cartera. Para que se pueda calificar como protegida habrá que haber tenido que pasar sólo un año, y no dos como sucedía hasta ahora. Con esta medida, se persigue incentivar la demanda, ya que existe un perfil de comprador que sí está dispuesto a comprar vivienda a precio razonable y que, además, se puede acoger a las ayudas para la entrada, así como a préstamos con tipos de interés más interesantes que en el mercado libre.

Como el objetivo del Gobierno es incrementar, sea como sea, el parque de viviendas en régimen de alquiler, hasta ahora, también estaba previsto dar ayudas de 6.000 euros a los propietarios de viviendas vacías que las pusieran en el mercado para alquilarlas. La normativa vigente tenía varías restricciones que se han eliminado, entre las que destacan, eliminar los metros máximos de la vivienda (hasta ahora fijados en 120 metros cuadrados) o tener que alquilar la vivienda a un precio establecido.

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FACUA ACUSA A CHACÓN DE CEDER ANTE LOS PROMOTORES

El Mundo - 09 de enero de 2008

La Federación de Consumidores en Acción (Facua) acusa al Ministerio de Vivienda de "ceder" ante las presiones de los promotores privados al incrementar de los 728 euros a los 760 euros por metro cuadrado el módulo de vivienda protegida, que sirve de referencia para establecer los precios de VPO.

Facua se refiere así a las quejas de los promotores que apuntan a que el actual precio del módulo no es suficientemente atractivo ni rentable como para que éstos se lancen a la construcción de viviendas protegidas.

Esta medida se incluirá en el Real Decreto para la flexibilización del Plan de Vivienda 2005-2008, que se aprobará el viernes 11 de enero en el Consejo de Ministros, según ha anunciado la ministra de Vivienda, Carme Chacón.

Para Facua, el incremento del precio del módulo de VPO supone "adaptarse" a los intereses de los promotores privados y no a los de los usuarios.

En este sentido, precisa que los promotores "quieren hacer creer" que el actual precio del módulo no es atractivo, cuando la realidad es que "ya lo es".

Así, Facua considera que, en esta situación, el Gobierno debería, en lugar de incrementar este precio, impulsar la construcción de VPO entre los promotores públicos que, en su opinión, tienen "perfecta capacidad" para hacerlo.

Facua: El Gobierno también cede ante la banca

Por otro lado, Facua también arremete contra la decisión del Ministerio de Vivienda de incrementar el tipo de interés de los préstamos convenidos que concede a compradores y promotores, del 4,35% al 5,09%, ya que entiende que supone un adaptación a la evolución al alza del euríbor y se aleja de los intereses de los usuarios.

Así, desde Facua se insta al Gobierno a no incrementar el tipo de interés de estos préstamos y, en su lugar, plantear a la banca que, si quieren pactar estos créditos con el Ministerio, han de establecerse tipos "realmente" inferiores a los del mercado.

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CC.OO. DICE REFORMA DEL PLAN BENEFICIARÁ MÁS A PROMOTORES

El Confidencial - 11 de enero de 2008

CC.OO. dijo que las modificaciones que el Ministerio de Vivienda introducirá en el Plan de Vivienda 2005-2008 --mediante un Real Decreto que prevé aprobar mañana el Consejo de Ministros-- están más encaminadas a beneficiar a los promotores, ante la desaceleración del sector de la construcción, que a aportar soluciones a aquellos ciudadanos que no pueden acceder a una vivienda.

Así, el sindicato concreta en un comunicado que el Gabinete dirigido por Carme Chacón parece haber acometido esta reforma "más como una medida orientada a paliar el efecto que está teniendo sobre la economía la ralentización del crecimiento del sector de la construcción, especialmente a ayudar a dar salida al 'stock' de viviendas construidas y en proceso de construcción que actualmente no encuentran venta en el mercado", que favorecer el acceso de los ciudadanos a una vivienda.

En este sentido, la organización liderada por José María Fidalgo apunta que "el constante aumento de los precios de la vivienda protegida --de los 728 euros a los 758 euros en este caso-- para hacerla más atractiva al sector promotor no es la solución que precisan la gran mayoría de trabajadores". Por el contrario, añade, "se echa en falta (en el Decreto Ley) alguna referencia al esfuerzo salarial que éstos tienen que seguir realizando para acceder a una vivienda".

Así, según los datos aportados por CC.OO, este esfuerzo es de 7,1 salarios brutos en la compra de una vivienda de 70 metros cuadrados, y de 10,2 salarios brutos en el caso de inmuebles de 100 metros cuadrados. Por último, el sindicato afirma que es "difícilmente entendible" la reforma del Plan de Vivienda precisamente en su último año de vida.

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LA VIÑETA: CORRUPCIÓN INMOBILIARIA

Redacción PVD (PeterPan2006) - 12 de enero de 2008

Gracias a PeterPan2006 por todos sus videos de denuncia.

LOS DUEÑOS DE LOS PISOS SUBEN EL ALQUILER POR LAS AYUDAS

La Voz de Galicia - 12 de enero de 2008

Los menores de 30 años que tramitan la renta del Gobierno central denuncian aumentos en los precios

La ayuda de 210 euros otorgada por el Ministerio de Vivienda para facilitar la emancipación de los jóvenes menores de 30 años empieza a generar algunos efectos distorsionadores en el mercado del alquiler, tal y como pronosticó el propio Solbes. La iniciativa, que desató fuertes críticas por su supuesto carácter electoralista, ha movilizado a miles de jóvenes, que tramitan estos días sus solicitudes.

Muchos de los que ya tienen un contrato de arrendamiento de importe más bajo, entre 250 y 400 euros, han visto cómo los propietarios han decidido subir el precio al saber que los inquilinos percibirán una ayuda de 210 euros. Así lo explica Jorge Carballal, que trabaja en Padrón y vive en A Estrada. «A mí me viene muy bien: tengo un alquiler de 280 euros, pero la dueña ya me ha dicho que tendrá que incrementarme la mensualidad unos 40; yo salgo ganando igual», explica satisfecho el joven mientras sale de la oficina.

Gran parte de las solicitudes que se gestionan estos días en Galicia son de menores de 30 años que ya viven alquilados. Y son ellos los que empiezan a notar las subidas. Los que todavía no se han emancipado tienen un mayor desconocimiento sobre los precios del mercado. El repunte inflacionista no solo lo perciben los jóvenes. También las agencias inmobiliarias lo empiezan a constatar. Los intermediarios creen que el aumento del valor de los alquileres se debe a que el programa del Gobierno central obliga al arrendador a facilitar a la Administración sus datos bancarios, es decir, a alquilar el piso por la vía legalmente establecida. Eso implica que el propietario del piso debe declarar al fisco unos ingresos que antes podía ocultar, lo que aumenta su deuda con Hacienda. «Al tener que pagar más en la declaración tratan de compensarlo subiendo la renta de alquiler o firmando un contrato nuevo», explica Rafael Rodríguez, presidente de la Asociación Gallega de Agencias Inmobiliarias.

Las empresas que intermedian en estas operaciones, sin embargo, advierten de que el repunte puede calificarse de leve y que obedece también a un fuerte incremento de la demanda por el efecto llamada que tiene la renta de emancipación. «La gran hiperinflación se produjo con la Bolsa de Aluguer del PP: no había límites en el precio y se daban ayudas de hasta el 50%», recuerda Rafael Rodríguez. La Consellería de Vivenda, que se encarga de gestionar en Galicia el programa impulsado por el Gobierno central, mostró desde un inicio un cierto recelo a esta iniciativa. El departamento que lidera la nacionalista Teresa Táboas, de hecho, fijó un límite máximo al alquiler subvencionable de los pisos: 600 euros para las siete ciudades y 500 euros para el resto.

Preguntado por las quejas de los jóvenes gallegos sobre el incremento de precios, el Ministerio de Vivienda se mostró claro: «Si la iniciativa tuviera carácter universal sí sería muy inflacionista, pero se circunscribe a un colectivo concreto, que gana hasta 22.000 euros, y es difícil que eso se note en el conjunto del mercado».

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EL GOBIERNO SE PLANTEA AYUDAR A LAS INMOBILIARIAS

Expansión.com - 12 de enero de 2008

Las principales empresas cotizadas del sector reclaman al Ejecutivo la concesión de financiación pública a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), ante la negativa de los bancos a seguir inyectando liquidez en la actividad.

El Ejecutivo se está planteando seriamente la posibilidad de salir al rescate de las inmobiliarias que, en la actualidad, atraviesan por graves dificultades a la hora de conseguir financiación. Los grandes grupos inmobiliarios –reunidos en torno al denominado G-14, la nueva asociación sectorial presidida por Fernando Martín, propietario de Martinsa Fadesa– han acudido al Gobierno, en representación del sector, para solicitar ayuda financiera de carácter público ante la restricción de préstamos que están aplicando las entidades crediticias, debido, entre otros motivos, a la crisis de liquidez por las hipotecas subprime en EEUU.

Tras numerosas reuniones mantenidas con la Oficina Económica del Gobierno, el Ministerio de Economía, y el Partido Socialista, destinadas a transmitir al Gobierno la crítica situación por la que atraviesa el sector, las inmobiliarias intentan persuadir ahora al Ejecutivo para que dé luz verde a la concesión de financiación pública al sector inmobiliario a través del Instituto de Crédito Oficial (ICO), según fuentes consultadas por EXPANSIÓN. Pedro Pérez, ex secretario de Estado con Carlos Solchaga y actual secretario general del G-14, se perfila como un influyente mediador entre las partes.

La situación del sector se agrava día a día. Y es que, los bancos no sólo se muestran reticentes a la hora de financiar nuevos proyectos inmobiliarios, sino que, incluso, “no renuevan las condiciones de créditos ya contratados”, afirman. Además, los graves problemas que han mostrado últimamente algunas de las grandes promotoras para hacer frente a su elevada deuda han encendido la luz roja del Gobierno, ante la posibilidad de que quiebre alguna de estas empresas antes de las elecciones del 9 de marzo.

Aún no hay un acuerdo firmado, pero se trabaja en la idea de abrir líneas de financiación especial (créditos blandos) a las promotoras. “El objetivo es que, ante las restricciones de liquidez, el ICO suavice la problemática de financiación que vive el sector, asumiendo un mayor protagonismo, en línea con el papel que ha desarrollado en las últimas décadas”, explican. De momento, el nuevo Plan de Vivienda, aprobado ayer, contempla la vivienda a precio tasado (VPT) como una vía para dar salida al stock de pisos.

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CAMPAÑA: ACTUEMOS JUNTOS Y JUNTAS POR LA VIVIENDA DIGNA

ampaign.hic-net.org - 01 de enero de 2008

Otro Mundo es posible

¡BUSCANDO HITOS!

Buscando actividades que cubran las siguientes áreas temáticas:

Luchando contra:

los desalojos y cualquier violación de los derechos a la vivienda y a la tierra, la especulación financiera y la corrupción, los efectos negativos de la privatización del suelo, la vivienda, el agua y los servicios públicos. Luchamos por:

la ciudad inclusiva, la vivienda digna y accesible, la seguridad de la tenencia la sustentabilidad de nuestro entorno. Geográficamente estamos buscando actividades en Asia (especialmente Asia del Sudeste), América Latina y Caribe, América del Norte, África, Europa, Medio-oriente y Australia.

Para mas información:

Alianza Internacional de los Habitantes - info@habitants.org

Habitat International Coalition - hic@hic-net.org

Forum Autoridades Locales - fal@andaluciasolidaria.org Adjunto encontrarán también el logo de la Campaña “¡Actuemos Juntas y Juntos por la Vivienda Digna!”. Los impulsamos a ponerlo en sus sitios de web y a asociarlo a todas sus actividades.

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CORTINAS DE HUMO

Redacción PVD Valencia - 12 de enero de 2008

Con el titular “El Plan de vivienda se pone al día” la joven Ministra Chacón dota con 75 millones más su programa. Se beneficiarán 250 Mil familias dice ella.

¿Qué hay realmente detrás del plan? Regalar 1200 Millones a los alquiladores mientras que solo serán 504 al año a los jóvenes entre 22 y 30 años, los demás a tomar viento a la farola Málaga. No solamente se prima a los propietarios de pisos si no que se extienden a los promotores. Claro que están contentos El lobby inmobiliario conocido como el G 14, consideran la medida “oportuna y positiva” La joven ministra se atreve a decir que la medida “no perjudica a nadie” hay que tener valentía para hacer esta afirmación sin que nadie se sienta ofendido y la ministra la tiene.

Muchos de estos jóvenes no llegarán a tiempo de cobrar esas “ayudas” 210 € por las trabas administrativas, cuando vengan a cobrar ya se les habrá pasado la edad de 30 años, y los de más edad ¿Qué? En el caso de la comunidad Valenciana, el Sr. President Camps quiere que se jubilen esperando ya que les pide 11 impresos para acceder a las ayudas. Una vergüenza.

Desde la Plataforma Vivienda Digna de Valencia consideramos que realmente lo que se persigue con todas estas medidas es consolidar los actuales precios de los alquileres así como perpetuar los precios abusivos de las viviendas.

Si realmente quisieran ayudar a esos miles de jóvenes y otros no tan jóvenes con salarios bajos, situaciones de paro y pensionistas al borde de la misaría, una de las medidas que tendrían que tomar es el control y la limitación abusiva y humillante a la que son sometidos todos los que tienen una hipoteca o están apunto de tenerla. Claro que de algún sitio tienen que salir los 200 Mil € anuales que Botín le dará al Sr. Rato por sus consejos. Totalmente humillante para la sociedad. Si la joven Ministra quisiera ayudar, recabaría la complicidad de todo el Consejo de Ministros, con el Presidente a la cabeza, empezando a construir Viviendas de Protección Oficial y creando una Banca Pública para gestionar las hipotecas de todos aquellos que quisieran recurrir al Estado para que fuera él que les diera ese servicio publico que tenemos derecho constitucionalmente. Esto estamos dispuesto a defenderlo en el foro que quieran y demostraremos, que no hay en España ningún piso que valga lo que por el hacen pagar, por que es de todos sabido, que están súper valorados entre un 35 y un 45%.

Lo demás son cortinas de humo que tras ellas al igual que si de una película de “indios” se tratara, están los especuladores los usureros y los exterminadores del territorio. Por todo ello pedimos la asistencia a la manifestación del día 26 de enero, 17,30 horas en la Plaza de San Agustín, como día Mundial de lucha por las cuestiones sociales, convocado en todo el Mundo por El Foro Social Mundial.

Firma Antonio Montero Zarco Con DNI 19.390.625-S como portavoz de La Plataforma por una Vivienda Digna de la Comunidad Valenciana

El Gobierno sale al rescate del sector inmobiliario

BolsaCinco.com - 09 de enero de 2008

Con ayudas directas a los compradores

El Gobierno incluirá en el Plan Estatal de la Vivienda 2005-2008 (PEV) la modalidad de alquiler protegido con opción a compra, que ya existe en algunas comunidades autónomas, como parte del conjunto de modificaciones del citado plan que serán aprobadas el próximo viernes en Consejo de Ministros. Así prevé la concensión de ayudas a los compradores de vivienda usada entre 4.000 y 12.000 euros.

Así lo anunció hoy la ministra de Vivienda, Carme Chacón, antes de la celebración del Consejo Estatal del Plan y de la Conferencia Sectorial, en las que se cerrarán los cambios que se van a introducir en el PEV.

Según explicó Chacón, esos cambios tienen un doble objetivo: por el lado de la demanda, que más familias con rentas medias puedan beneficiarse de las ayudas establecidas en el PEV, tanto para la compra como para el alquiler; y por el lado de la oferta, que las promotoras tengan más posibilidades para poner en el mercado los "stocks" de vivienda.

Entre los cambios, la actualización de las tablas de precios establecidas en el PEV para todo tipo de viviendas (libres, protegidas y de precio concertado) para que se ajusten más a la realidad, de tal forma que el precio básico en base al cual se hallan todos los demás subirá de 728 a 760 euros por metro cuadrado.

En lo que respecta a los propietarios, se eliminará el limite de superficie y aumentará el de renta para acceder a la ayuda de 6.000 euros prevista para quienes alquilen sus pisos vacíos, ya que ahora sólo se puede obtener esa subvención si el piso no pasa de 120 metros cuadrados y el alquiler no excede en más de 5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (el Iprem anual es de 5.999,40 euros). Por su parte, los inquilinos tendrán también más facilidades para conseguir la ayuda de 240 euros mensuales para pagar el alquiler.

Además de impulsar el arrendamiento, se fomentará la compra de viviendas de segunda mano, para lo que se incrementarán los precios máximos de viviendas libres cuya compra está subvencionada, al tiempo que se reducirá a un año el plazo para que un piso nuevo pueda ser considerado usado. Con esta iniciativa, las promotoras que no vendan sus casa en el plazo de un año tendrán la posibilidad de ajustar los precios a los máximos establecidos para vivienda usada, de tal forma que los compradores puedan acogerse a las ventajas establecidas en el PEV.

Esas ventajas son una ayuda para la entrada que oscila entre los 4.000 y 12.000 euros en función de la renta y la edad, una ayuda mensual para afrontar la cuota de la vivienda que depende de los ingresos familiares y un préstamo a 25 años con un interés inferior al del mercado, que en la actualidad es del 4,35%, aunque con los próximos cambios será ajustado al 5,09%. Asimismo, los constructores tendrán más facilidades para que las promociones que no hayan salido a la venta puedan ser calificadas como vivienda protegida (VPO).

Por otra parte, se mejorarán las condiciones del préstamo para la rehabilitación integral de viviendas, así como de centros históricos y urbanos. En línea con ese objetivo, se creará la figura denominada "Área de renovación urbana", que posibilitará el desarrollo de VPO en los centros de las ciudades, algo que hasta ahora no era posible en las áreas de rehabilitación.

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CCOO critica que sistema fiscal siga beneficiando propiedad

El Mundo - 02 de enero de 2008

frente al alquiler. Hasta un 90% de las deducciones son para la compra.

CC.OO. ha asegurado que los beneficios fiscales en el IRPF asociados a la vivienda son un mecanismo "injusto e ineficiente", ya que hasta un 90% de ellos se destina a sufragar la compra, mientras que un mínima parte priman el alquiler.

Según señala en un comunicado el sindicato liderado por José María Fidalgo, estos beneficios son injustos porque benefician en mayor medida a las personas con mayor capacidad de gasto en vivienda y con mayores tipos impositivos y cuotas íntegras, mientras que las personas con menores ingresos y por tanto, menor gasto absoluto en vivienda y menores retenciones y tipos impositivos, se benefician en mucha menor medida de estas deducciones.

Asimismo, señaló que son ineficientes porque este tipo de deducciones, tal y como están planteadas, suponen una transferencia de rentas desde los Presupuestos Generales del Estado (PGE), "pagados por todos", a los propietarios que venden o alquilan las viviendas y que previsiblemente se apropian de dichas ayudas vía incremento de precio.

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Gobierno impide a los hipotecados el cambio libre de entidad

Expansión.com - 07 de enero de 2008

La nueva ley hipotecaria limita la libre capacidad de elección de los deudores para trasladar su crédito a otra entidad mediante la subrogación. El banco podrá retener a su cliente igualando la oferta de la competencia.

A partir de ahora, los deudores hipotecarios lo tendrán mucho más difícil para trasladar su préstamo a otro banco en su búsqueda de condiciones crediticias más ventajosas. La nueva ley hipotecaria, que entró en vigor el pasado 9 de diciembre, nació con el objetivo de abaratar los costes a la hora de suscribir una hipoteca, así como de ampliar la capacidad de elección de las familias en el momento de contratar un crédito, según anunció a bombo y platillo el propio Gobierno. Sin embargo, muchos expertos denuncian que la letra pequeña de la reforma muestra que el cumplimiento de ambos fines dista mucho de la realidad.

Y es que, la nueva norma ni abarata en exceso, ya que no contempla rebajas fiscales –ver EXPANSIÓN del pasado 17 de marzo–, ni flexibiliza el mercado hipotecario en un ámbito tan importante como el de la subrogación crediticia de acreedores. Los clientes que quieran acudir a un segundo banco con la intención de mejorar las condiciones de su hipoteca verán mermada su libre capacidad de elección para trasladarse de entidad, según los expertos jurídicos consultados por EXPANSIÓN.

A diferencia de lo que ocurría con la anterior normativa, un “sutil cambio” en la redacción definitiva del texto establece que, en caso de que exista una contraoferta por parte de una segunda entidad, el primer banco tan sólo deberá declarar ante notario que iguala o mejora dicha oferta para impedir a su cliente el libre traslado de su hipoteca. Ahora, es el propio banco quien decide en última instancia, en lugar del deudor, que puede estar interesado en cambiar de entidad por múltiples motivos, más allá de los financieros –desde un mal servicio hasta la propia cercanía física de la segunda sucursal–.

“De este modo, un banco con malos servicios o simplemente peores que la competencia verá blindados sus préstamos, pues siempre podrá retener a sus clientes en contra de su voluntad, a menos que el deudor solicite una nueva hipoteca para cancelar la antigua”, según fuentes jurídicas. Esta última opción siempre ha existido, sin embargo, a diferencia de la subrogación hipotecaria, conlleva “más costes, especialmente de impuestos y de gestión bancaria”.

De este modo, el Gobierno, a diferencia de lo anunciado, se ha decantado por una modificación legislativa “pro banca, en una ley que supuestamente se inclinaba siempre en beneficio del consumidor”, añaden los expertos. Aunque la reforma introduce mejoras técnicas y reduce comisiones, en este caso, “restringe los derechos que antes sí tenía el consumidor”.

Un caso concreto

Antes...

· La ley de 1994 sobre subrogación de hipotecas habilitó un mecanismo nuevo para que un deudor pudiera cambiar su crédito de banco con costes reducidos.

· El cliente acudía a un banco B para mejorar las condiciones de su hipoteca. Tras negociar con el particular, B le ofrecía una oferta vinculante que, inmediatamente comunicaba a la entidad A (acreedor del crédito) para que certifique el saldo pendiente –cuánto quedaba por pagar del préstamo–, así como los intereses y comisiones vigentes.

· Si la entidad A no expedía dicha certificación en el plazo de 15 días naturales, perdía todo derecho y su cliente podía formalizar sin más la subrogación (trasladar su hipoteca) con la entidad B.

· Sin embargo, en caso de certificar el saldo pendiente, el banco A disponía de 15 días naturales para tratar de convencer a su cliente de que no se fuera, contraofertando nuevas condiciones (novación del préstamo). Durante ese plazo, el particular no estaba, pues, ni obligado a subrogar la hipoteca (trasladar el préstamo a la entidad B) ni a firmar un nuevo crédito mejorado con A. Tan sólo podía dedicarse a escuchar los cantos de sirena de A a fin de ver mejoradas sus condiciones o servicios bancarios. · En todo caso, aunque A mejorara, incluso, la oferta de B, el deudor, tras dicho plazo, decidía libremente si quedarse (novación) o trasladar su crédito (subrogación).

... y ahora

· La nueva reforma hipotecaria, que acaba de entrar en vigor, cambia el eje del sistema en el ámbito de la subrogación hipotecaria de acreedores.

· El cliente de la entidad A acude a un segundo banco (B) para mejorar sus condiciones hipotecarias. Al igual que con la anterior normativa, se mantiene un plazo de 15 días naturales durante el cual el deudor no podrá, aunque quiera, trasladar su hipoteca a B (subrogación).

· Sin embargo, el cambio consiste en que, durante dicho plazo, la entidad A, sin ni siquiera tener que negociar directamente con su cliente, podrá notificar notarialmente que iguala la oferta de B o, incluso, la mejora.

· La mera igualación de la oferta de B permite a la entidad A retener a su cliente obligatoriamente por ley, a pesar de que mantenga la intención de subrogar su hipoteca con B. Así, la norma no admite que el deudor pueda cambiarse de entidad, y no sólo con el objetivo de ver mejoradas sus condiciones financieras, ya que el cliente puede estar interesado en cambiar de banco por múltiples razones: descontento con el servicio, mala relación personal con el director de su sucursal, productos financieros más atractivos, ubicación de la entidad crediticia, etc.

· Al no poder subrogarse, el cliente deberá solicitar una nueva hipoteca con B y cancelar la antigua con A, con unos costes superiores a la subrogación.

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Vivienda estudia construir casas destinadas a alquiler

El Mundo (Su Vivienda) - 13 de diciembre de 2007

Con cesión de uso hereditario. La fórmula no tiene precedentes en España y el proceso estará en manos de cooperativas

Ni exactamente propietarios, ni propiamente inquilinos. La dificultad de acceso a la vivienda ha aupado la imaginación al poder, y del baúl de los recursos nacen ahora nuevas variantes para que el derecho a disponer de un hogar esté cada vez más al alcance de todos.

Es en esta coyuntura de dificultades en la que cobra fuerza una nueva propuesta: construir viviendas en régimen de cooperativa con suelo cedido por la administración, que a su vez lo ha recibido de los promotores privados conforme a la legislación vigente. Nada nuevo, si no fuera por la salvedad de que los hogares estarán destinados al alquiler -no a la compra- e incluyen el derecho a ser trasmitidos a los herederos en primer grado de manera indefinida.

La iniciativa ha sido presentada por la Federación de Cooperativas d'Habitatges de Cataluña (FCHC) en las Jornadas de Cooperativismo de Vivienda, recientemente celebradas en Madrid con la presencia de la ministra Carme Chacón.

La idea bebe de las fuentes del cooperativismo clásico, pero incluye una serie de radicales novedades que ya han propiciado que Chacón se interese por el tema hasta el punto de admitir que se trata de «una buena opción».

Ni compra, ni alquiler

«No es compra, puesto que la propiedad del suelo sigue siendo de la administración, ni es alquiler, porque el periodo de arrendamiento es vitalicio, lo cual dota de mayor seguridad al -llamémosle así- inquilino», explican desde la Federación de Cooperativas de Cataluña.

La principal virtud de la nueva fórmula es que el factor con más peso en el encarecimiento de la vivienda en la actualidad, el precio del terreno, no repercute sobre el ciudadano que, si bien no se convierte en propietario, dispone del derecho de uso de la misma por tiempo ilimitado o por periodos muy largos, no menos de 50 años.

Esta cesión de uso transmisible es una absoluta novedad en España. «De momento, todo lo que digamos son conjeturas en base a nuestros estudios, porque no hay nada legislado al respecto. Es más, será necesario modificar algunas leyes para que recojan esta innovadora posibilidad», apuntan desde Cataluña.

Sobre la mesa de trabajo de los redactores de la propuesta se barajan diversas fórmulas para llevarla a buen puerto. Una de las que puja con más fuerza prevé que, una vez cedido el terreno a la cooperativa, que asume íntegramente el proceso de construcción, ésta traspase a su vez el derecho de uso y disfrute a los cooperativistas intervinientes.

Serán éstos los que se harán cargo de la subrogación del préstamo hipotecario solicitado por la cooperativa con el fin de construir el inmueble, una cantidad a la que tendrán que añadir de forma vitalicia una cuota para el mantenimiento del edificio.

Y hasta aquí el proyecto en su fase de elaboración. Todo depende ahora de las negociaciones que se establezcan entre el Ministerio de Vivienda y las asociaciones de cooperativistas. Según ha sabido SU VIVIENDA, ambas instancias mantienen en la actualidad «conversaciones preliminares» al respecto. Sin embargo, desde el departamento que dirige Chacón se ha advertido de que las modificaciones normativas necesarias no estarán listas hasta la próxima legislatura.

Así las cosas, las diferentes cooperativas de España insisten en las bondades del modelo, al que consideran «autosuficiente», toda vez que son los propios beneficiarios los que pactan cada extremo del proyecto y los que se responsabilizan de su adecuado funcionamiento.

En cuanto a los requisitos para hacerse con uno de estos hogares, los diseñadores de la iniciativa apuntan que se trata de un recurso para favorecer el acceso a un hogar en tiempos de dificultad, dado el actual precio de los pisos y el empeoramiento de las condiciones bancarias para el contratante de un crédito. «Una opción para rentas bajas y medias-bajas», concretan.

En la actualidad, y dado el inusitado ritmo constructivo de los últimos años, el sector cooperativista ha quedado relegado en el podio del volumen total de hogares que se inician en España. «Las cifras se desvirtúan por el actual 'boom' del sector, pero en un año 'normal', como fue 2002, las hogares en régimen de cooperativa supusieron algo así como el 5% del total de viviendas emprendidas y un 25% de las de protección oficial», refiere Salvador Riera, vocal de la cooperativa Lloc Nou, en Barcelona.

El espíritu cooperativista

«Somos agrupaciones de personas con el único objetivo de favorecer el acceso a la vivienda en el marco de un proceso empresarial autogestionado, siempre con la referencia de la economía social, no lucrativa», explica Riera. Estos «actores de lo inmobiliario» ofrecen, según su versión, «viviendas a precio de coste, sin añadidos en el precio».

Con respecto a su penetración en el mercado, Madrid y las provincias limítrofes encabezan el 'ranking' en número de viviendas, con un 30% del total. Le siguen Valencia (20%), Andalucía (10%) y Cataluña (8%).

En este momento, 52.000 hogares de este tipo se encuentran en construcción o en fase de inicio inminente, mientras que otras 61.000 están a la espera de suelo disponible.

«Quiebras y corrupción son recuerdos del pasado». Según Salvador Riera, esa mala imagen se ha superado gracias, sobre todo, a la introducción de las gestoras profesionales en los proyectos. «Las cooperativas delegan en ellas la supervisión del mismo, introduciendo así grandes márgenes de profesionalidad que incrementan el nivel de confianza».

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IU rechazó el incremento del precio de vivienda protegida

MadridDigital.info - 11 de enero de 2008

El Grupo Parlamentario de IU, ante el anuncio de la ministra Carmen Chacón de que se aprobará un aumento del precio máximo de vivienda protegida en el Consejo de Ministros, consideró que “las medidas en materia de vivienda que está tomando el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, coinciden con las que viene realizando el gobierno de Esperanza Aguirre”.

"Desde hace tiempo venimos denunciando en la Asamblea de Madrid, las presiones que el sector inmobiliario privado y las grandes constructoras vienen realizando al gobierno regional del PP para que el módulo de la vivienda protegida se incremente, sobre todo ahora que se ha ralentizado la actividad en la vivienda libre”, recordó el portavoz de IU en la Comisión de Vivienda de la Asamblea de Madrid, Gregorio Gordo.

“Pero con sorpresa nos encontramos con que Chacón se ha adelantado a Esperanza Aguirre y a preferido adaptarse a los intereses empresariales antes que a los de las personas que no pueden acceder al derecho a la vivienda” ha agregado el diputado.

Para Gordo, “con medidas como el incremento del módulo de vivienda protegida de 728 euros a 760, y con el aumento del tipo de interés de los préstamos convenidos, que se concede a promotores y compradores, que en la práctica significa una adaptación a la evolución al alza del euríbor, el Ministerio de la Vivienda también adapta su política de vivienda a la que padecen los madrileños y madrileñas con las de Esperanza Aguirre”.

En este sentido, el legislador de IU ha declarado que lo que debería hacer el gobierno socialista, en lugar de incrementar los precios del módulo y de los intereses de los préstamos convenidos, es “impulsar la construcción de viviendas protegidas a través de la promoción pública, ya que los precios actuales de este tipo de viviendas hacen perfectamente posible su promoción, generando incluso, recursos para las Administraciones Públicas que las desarrollan, y garantizando el acceso a una vivienda digna y asequible, ya sea en compra o en alquiler, tal y como recoge el artículo 47 de la Constitución”. (Redacción)

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Llamazares cita como asignatura pendiente derecho a vivienda

Diario de Mallorca - 31 de diciembre de 2007

El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, contrapuso ayer, en rueda de prensa en Gijón, el balance "crítico" hecho por su partido sobre la legislatura frente al "triunfalismo" del PSOE y el "catastrofismo" del PP. Llamazares señaló que, pese a que se han avanzado en cosas como el modelo de Estado, aún quedan asignaturas pendientes, siendo las más importantes la injusticia social, el derecho universal a una vivienda o las políticas sociales.

A este respecto, criticó que el PSOE haga balance "sin ningún tipo de autocrítica", mientras que el PP dice que la única solución es su llegada al poder. Llamazares lamentó que la política económica y el modelo de desarrollo del Gobierno no se distingue de la de la derecha. Es más, añadió que son "intercambiables" los ministros de ambos partidos. Para el dirigente político, estos ministros se caracterizan por ser "sesudos economistas", pero que, en cambio, no están comprometidos políticamente.

Llamazares también incidió en la política de la vivienda, que, en su opinión, es una de las "más claras" asignaturas pendientes. Según él, en España, donde se construyen cerca de 900.000 viviendas anuales, casi la suma de las de los países más importantes de Europa, se da la paradoja de que es donde más demanda de vivienda hay entre los jóvenes y las rentas más bajas. Unido a ello, criticó el sistema de cheques-bebé o cheques-vivienda, que se aplican "linealmente", sin tener en cuenta las rentas. A su juicio, es un modelo fracasado, ya que el propietario de la vivienda lo que hará es subir el precio. Por ello, indicó que se debe reconocer el derecho universal a la vivienda.

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Renta básica ¿Medida social o sostenimiento inversión?

Rebelion - 05 de enero de 2008

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos. Artículo 47 de la Constitución Española de 1978

El PSOE, a través de su ministra Chacón, a cargo de un ministerio estrella (propio de la sociedad del espectáculo en el que estamos inmersos), nos ha vendido la idea de que con una ayuda de 210 euros para jóvenes (que han de tener entre 22 y 30 años, que han de cobrar menos de 22.000 euros y unas cuantas trabas mas) conseguirán paliar en alguna medida su precaria situación vital. Renta básica de Emancipación se atreven a llamarla.

A simple vista toda ayuda es bienvenida. Pero parémonos un poquito, que según mi abuela las prisas no son buenas consejeras.

Pongamos un ejemplo. Desde que un amigo –llamémosle Juan Nadie- supo que 22.000 euros era el límite de ingresos, y dado que él cobra anualmente 23.200, anda pensando pedir a su Jefe que le degrade de Oficial de Primera a Auxiliar, que aunque le paguen 1.200 euros menos anuales, conseguirá recuperar esa cantidad mas otros 1320 con las ayuditas de marras. Me parece que su jefe estará encantado con la idea.

¿Pero realmente esa supuesta ayuda será tal para mi amigo Juan Nadie o cualquier otro joven?. Supongamos que Juan Nadie tiene 22 años y accede a esta ayuda. Tendrá ocho años por delante para “disfrutar” de ella. Pero resulta que como se emancipó con 18 años (esto suena a ciencia ficción) le toca renovar su contrato de arrendamiento el año que viene y qué creéis que hará su casero –José Especulador- que lee la prensa y oye la radio por lo que sabe que Juan Nadie (y todos los Juan Nadie disponibles) ingresarán 210 euros extras por pagar su alquiler… Eeeeefectivamente, actualizarle la renta con una subida que se llevará esos 210 o gran parte de ellos (o muchos mas). Es decir, que la ayuda no irá a los bolsillos de Juan Nadie, sino directamente a su humilde casero, que se gana la vida con el sudor de su frente (de la frente de Juan Nadie, se entiende).

Juan Nadie pensó en alquilar un piso entre cuatro amigos que cumpliesen los requisitos de la ayuda, ya que así alcanzarían los 800 euros, precio usual de la vivienda de alquiler en Madrid (en muchos casos de un par de habitaciones). Pero grande ha sido su decepción cuando le han avisado que la ayuda no es por peticionario, sino por piso (por cada piso de Juan Especulador), así que si Juan comparte con otros tres, a cada uno le tocará una ayudón 52’5 euros mensuales.

Andaba yo con estas cuitas cuando me topé con esta noticia: http://www.publico.es/033535/200000/interesados.

Mi tendencia a la obsesividad y mi preocupación por mi compañero de cervezas Juan Nadie me llevaron a otra reflexión. Si los de este periódico no son unos mentirosos manipuladores, no sería de extrañar que si en 48 horas se han interesado por estas ayudas alrededor de 200.000 jóvenes, en los próximos días esta cantidad podría duplicarse. Supongamos que, finalmente, tengan acceso a esta ayuda 150.000 jóvenes (esto habrá que comprobarlo en los próximos meses para ver si mis conjeturas tienen sentido). Si esto es así, cada mes el Estado Español desembolsará en ayudas (que en última instancia se llevarán los José Especulador del reino) una cantidad cercana a los 31’5 millones de euros. Es decir, anualmente 378 millones de euros.

Como decimos en Canarias: “¡Chaaaacho, chaaacho, chaaacho!”.

Si esto fuese así, sinceramente creo que estamos tirando el dinero público y desaprovechando una oportunidad de dar una solución real al problema de la vivienda en todo el Estado, y no sólo la de los jóvenes entre 22 y 30 años. ¿Por qué?. Pensemos ahora en El Pocero, el pocero bueno, el de Fuenlabrada (no el de Seseña). Esa persona que ha impulsado cooperativas de vivienda en Madrid que han construido y entregado pisos en urbanización con piscina por menos de 600 euros el metro cuadrado. Repito, en Madrid (ver: http://www.publico.es/033535/200000/interesados o http://www.youtube.com/watch?v=w04UY3BWzRk).

Pues yastá, que diría mi abuela. Las cuentas salen claras. El primer año nos podemos dedicar a construir los famosos y polémicos minipisos (esos de 30 metros cuadrados). Con el presupuesto de 378 millones de euros, El Pocero Bueno puede construir aproximadamente 21.000 viviendas al año que podrían dedicarse al alquiler a muy bajo coste (¿qué tal 200 euros mensuales?... al año, el Estado recuperaría 8’5 millones de euros del dinero invertido –sobre estas 21.000 viviendas-).

Alguno dirá, pero es que sólo da solución a 21.000 de los jóvenes mientras que la ayuda es para 150.000 jóvenes. Efectivamente, pero este dato hay que tomarlo con la cautela pedida por mi abuela. El hecho de inyectar anualmente 21.000 viviendas públicas de alquiler tendrá un efecto directo e inmediato sobre el precio de mercado del alquiler –ajustándolo a la baja-, que se acentuará en los años siguientes… cabe preguntarse si realmente es esto lo que quieren los gobiernos que estamos sufriendo en este país (tendría que serlo, pues nuestra Constitución de 1978 les obliga a ello). Además, en aproximadamente 8 años habríamos usado ese dinero para empezar a tener un parque inmobiliario público de alquiler que se acercaría ligeramente a la media de los países europeos de nuestro entorno. Y no sólo con los micropisos, sino con viviendas mas amplias para parejas sin hijos, y parejas con hijos, y ancianos… que también lo estamos pasando jodido. Y aún así seguiríamos estando por debajo de la media de la Europa de referencia (Suecia, Francia, Alemania, etc).

Las ayudas que nos plantean suponen simplemente trasladar una importantísima cantidad de dinero público (según esta hipótesis podríamos hablar de casi 4.000 millones de euros en 10 años) a los bolsillos de los arrendadores, que en muchísimos casos son los mismos especuladores que han acaparado gran número de las viviendas construidas en el último decenio y, por tanto, responsables de la actual situación. Y pasados estos 10 años no nos quedará nada.

Pero no sé si este gobierno está con Juan Nadie o con José Especulador. Estaremos atentos.

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Una casita de cartón para Chacón

El Mundo - 15 de enero de 2008

Los jóvenes auguran una "inevitable escalada del precio de los alquileres". Denuncian "la catastrófica situación del derecho a techo en España"

Asamblea 'V de Vivienda' entregará el próximo miércoles a la ministra de Vivienda, Carme Chacón -embarazada de tres meses-, una "casita de cartón (...) acorde con las dimensiones" de "su futuro retoño", en denuncia por "la catastrófica situación del derecho a techo en España" y "la inevitable escalada del precio de los alquileres".

Según informa la Asamblea, varios activistas de la Asamblea acurdirán al Ministerio de Vivienda, sobre las 19.00 horas, para dejar en la recepción este singular 'regalo'.

En palabras de la organización, "mientras que para cualquier bebé una casita acorde con sus dimensiones es otro juguete más, para muchos adultos este tipo de casitas es lo único a lo que pueden aspirar".

"Este regalo para el niño de Chacón es también una respuesta al tono electoralista y demagógico de su madre, que hace meses anunció públicamente su embarazo para después ponerse a sí misma como ejemplo del éxito de las políticas de conciliación y de igualdad del Gobierno socialista", afirmó V de Vivienda. Además, la organización ciudadana espetó a la ministra de Vivienda que "si cree que su situación se puede extrapolar a la de la mujer española trabajadora media, o bien es de otro planeta (...) o simplemente es una maestra del populismo".

Además, V de Vivienda sostiene que las ayudas de 210 euros para el alquiler, que contempla la Renta Básica de Emancipación impulsada por Chacón, provocarán una subida del 10% en el precio de los alquileres por la mayor liquidez de la demanda.

Por ello, la organización volvió a pedir "un parque totalmente público de viviendas en alquiler a precios asequibles", para lo que consideró necesario dar un uso social a las viviendas vacías.

Asamblea estatal a primeros de febrero

En el acto de entrega se darán también a conocer los detalles de la asamblea estatal de organizaciones por el derecho a una vivienda digna que tendrá lugar los días 1, 2 y 3 de febrero, para analizar la situación actual de este movimiento, anunciar la nueva manifestación prevista para el 1 de marzo, y configurar un programa de reivindicaciones de V de Vivienda a nivel nacional.

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Solbes,el ministro intocable de la legislatura del superávit

Rebelion.org - 14 de diciembre de 2007

“Con un Gobierno socialista, no habrá superávit mientras tengamos déficit social”, afirmó Zapatero en un debate sobre política económica en 2003. Hoy, el Gobierno presume de superávit mientras siguen los problemas sociales.

No importa si se está leyendo un editorial de El País o un artículo de ABC, si se mira Telemadrid o se escucha la SER. Es posible encontrar elogios a Pedro Solbes en Libertad Digital o en Público. Como si del rey se tratase, la prensa española suele dejar al margen de sus batallas al vicepresidente económico.

En un artículo titulado El sesgo liberal de los medios de información, el profesor Vicenç Navarro arremete contra esta costumbre. En concreto, destaca la nula repercusión que tuvieron las declaraciones en las que Pedro Solbes aseguraba que la política de la que estaba más orgulloso era la de no haber aumentado el gasto público durante su mandato. Las palabras no acaban de sorprender del todo en un político que se define con la chocante fórmula de “socialdemócrata liberal”, pero tal vez llamen la atención si se cae en la cuenta de que el Estado español mantiene el gasto público más bajo de la UE-15, o que Rodríguez Zapatero prometió que con un Gobierno socialista no habría superávit sin resolverse antes la falta de desarrollo social.

No ha sido así. Hoy el Gobierno alardea de un superávit del 1,8%. Los desplantes de Solbes a las propuestas del Ministerio de Vivienda o de Educación son saludados como ejercicios de “rigor y seriedad”, y el continuismo con la política de Rodrigo Rato (a su vez continuista con la llevada por Solbes en los gobiernos de González) se manifiesta incluso en detalles como que los cambios de personal en el ministerio han sido mínimos, de forma que se han mantenido casi todos los directores generales del ministro saliente. En lo que toca a política fiscal, el mayor ejemplo pudo verse en la reforma de 2007. “Hay quien de forma muy gráfica ha calificado esta operación como la ‘tercera reforma fiscal del Partido Popular”, escribe el economista Daniel Raventós, quien apunta que “las dos reformas impositivas del PP -ofende a la inteligencia del lector el recordarlo- favorecieron a las rentas más altas”.

La última reforma, que llegaba después de que el Gobierno optara como socios por PNV y CiU en lugar de IU y ERC, suponía entre otros un recorte del tipo máximo (el de las mayores fortunas). “Los Amancio Ortega pueden estar tranquilos”, apunta Raventós. Para Vicenç Navarro, ante la falta de críticas, “el dominio del pensamiento liberal en los medios de información explica la situación paradójica de que sean los tres ministros de Economía de los tres últimos gobiernos responsables de la autoridad del gasto público, los más populares del Gobierno”. A su juicio, la escasa atención mediática que despiertan hechos como que, según datos de Eurostat, España invierta un 28% menos por persona en protección social que el resto de socios comunitarios, tiene unas claras raíces. “Una de las causas más importantes de esta pobreza del gasto público es el enorme poder que el 25-30% de renta superior de la población (lo que solía llamarse burguesía) ha tenido históricamente y continúa teniendo en la cultura mediática y política del país”, apunta Navarro.

Con cuatro décadas de carrera en organismos económicos, Pedro Solbes conoce de primera mano estos factores históricos. De hecho, sus primeros pasos no fueron los de un comprometido socialista opuesto a la dictadura, sino que su carrera comienza bajo la dictadura en 1968, en el puesto de subdelegado y delegado regional de Comercio en Valencia hasta 1973; un trabajo como técnico del Estado franquista que le llevó también a ser consejero de la Misión de España ante las Comunidades Europeas.

Tanto entonces, como después con Leopoldo Calvo Sotelo, González después y actualmente Zapatero, el vicepresidente económico ha cultivado la imagen de “ortodoxo” y amante del rigor presupuestario. Pero, como indica Navarro, sólo se habla de que el Estado interviene cuando interviene a favor del gasto social, no cuando lo hace en beneficio de otros intereses. El caso español, donde entre los años 2000 y 2005 los salarios han descendido un 0,3% mientras las empresas han visto aumentar sus beneficios un 73% entre 1999 y 2006, deja ver sin muchas dificultades cuánto hay de “socialdemócrata” y cuanto de “liberal” en el vicepresidente Solbes.

El ‘ortodoxo’ que reprende a los ‘derrochadores’

Según señala Navarro, uno de los episodios más ilustrativos sobre la postura económica de Solbes se produjo el pasado septiembre, cuando el vicepresidente económico rechazó el coste presupuestario de algunas medidas sociales por parte de ministros socialistas, como el plan de salud bucodental para niños del Ministerio de Sanidad o las ayudas al alquiler del Ministerio de Vivienda. De nuevo, en la prensa, columnistas económicos aplaudieron la seriedad del ministro ante estos supuestos derroches. “Tal avalancha de comentarios negativos”, indica Navarro, llevó a Zapatero “a aclarar con tono defensivo que tales medidas sociales restarían sólo unas dos décimas al superávit actual del 1,8% del PIB”. Desde entonces, se ha especulado sobre si Solbes se presentaría o no a las siguientes elecciones, molesto además por las diferencias con el ex director de la oficina económica de Moncloa, Miguel Sebastián. Al final, Solbes se presentará de nuevo como número dos, pero antes ha aclarado que desea ‘garantías reales’ de que las propuestas del PSOE serán “financieramente asumibles” y de que dispondrá del control del área económica del Gobierno. De nuevo, el principio de que la política no interfiera en la economía, como si fueran cosas distintas.

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7 de cada 10 hipotecados culpa Gobierno de la subida tipos

El País - 27 de diciembre de 2007

Un sondeo revela las crecientes didicultades de los titulares para abonar las cuotas de los préstamos

Aunque el Gobierno de Zapatero tenga poca mano, más bien ninguna, en la negociación de los tipos de interés a los que los bancos se alquilan el dinero y su posterior incidencia en el precio de las hipotecas, el 70% de las personas con un crédito para comprar casa en vigor opina que la responsabilidad de las subidas en este índice es del Gobierno, según los datos de la Encuesta sobre el Mercado Hipotecario realizada en octubre por la Agencia Negociadora de Productos Bancarios. El sondeo también destaca que un 14% de los encuestados se ha visto obligado a retrasar el pago de una o varias mensualidades.

Asimismo, el 51% de los entrevistados piensa que los tipos seguirán subiendo durante los próximos meses, mientras que sólo un 13% considera que no lo harán más, porque "ya han subido suficiente".

Los resultados de la encuesta subrayan las dificultades que tienen los españoles para llegar a final de mes y revelan que un 14% de los entrevistados se ha visto obligado a retrasar el pago de su hipoteca en al menos una ocasión en los últimos doce meses, en consonancia con los datos oficiales, que muestran un incremento de la morosidad.

En este marco, el grupo de población con más dificultades es el de personas con edades comprendidas entre los 25 años y los 34 años.

Además, el estudio también confirma que crece el pesimismo respecto al mercado inmobiliario, ya que un 44% de los encuestados cree que tardaría entre 12 y 18 meses en vender su vivienda, mientras que sólo un 23% estima que el tiempo sería de seis meses, y hasta un 10% opina que necesitaría dos años para encontrar un comprador.

La encuesta de la Agencia Negociadora de Productos Bancarios, que se elabora dos veces al año, fue realizada en octubre de 2007 a un millar de personas de entre 25 y 65 años con hipoteca en vigor.

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Vivienda, estadísticas y otras falsedades

El País - 31 de diciembre de 2007

Los expertos dudan de la fiabilidad de los datos sobre precios, compraventas y construcción de pisos

Cuando este periódico se puso en contacto con un analista para que valorara las estadísticas trimestrales sobre la evolución del precio de la vivienda, éste respondió: ¿A qué datos te refieres, a las que son ciencia ficción? El comentario quizás es un poco exagerado, pero refleja un malestar evidente entre los que se dedican a escudriñar las tablas que -en teoría- reflejan el número de casas que se construyen, las compras que se realizan y las tendencias de precios.

Ejemplos hay para todos los gustos. Porque, ¿cómo puede ser que los precios del segundo trimestre del año, cuando el sector asistía alarmado a una importante caída de las ventas, subieran más que los del tercer trimestre de 2006?

Tampoco parece creíble que en pleno boom del ladrillo, años en los que, según todos los afectados, se vendían pisos sin ningún esfuerzo, se hubiera generado una importante bolsa de viviendas sin vender. Pero esto es lo que se desprende de los datos de compraventa que elabora el ministerio y las viviendas terminadas que contabilizan los notarios. Si se comparan estas cifras en el periodo 2004-2006, se descubren unas 600.000 viviendas pululando en un limbo fuera del mercado que nadie sabe dónde están.

Y es que, en cualquier reunión con promotores, la mención a la mala calidad de las estadísticas de lo que rodea a la vivienda se ha convertido en un lugar común. Incluso el director del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, criticaba en una entrevista las "carencias en la información sobre el montante y la evolución de las estadísticas de vivienda, construcción y suelo".

Las lagunas estadísticas no se quedan en una discusión para eruditos que estudian series infinitas de números. Tienen un efecto real. Porque la evolución oficial de los precios se elabora con los datos que proporcionan los tasadores, y este método tiende a magnificar las tasas de crecimiento. Y, como apunta el profesor de la Pompeu Fabra José García Montalvo, los datos inflados afectan a las expectativas de los posibles compradores, que pudieron entrar en el mercado para especular por los elevados beneficios de la época del boom. Es decir, que la calidad "horrorosa" de las estadísticas contribuyó al recalentamiento que ha vivido el sector en los últimos años.

La práctica de sobrevalorar una tasación para poder obtener una hipoteca que cubra la totalidad del piso hace que las estadísticas de precios magnifiquen la realidad.

El ex presidente del Banco Hipotecario Julio Rodríguez no sólo considera que la calidad de los indicadores es manifiestamente mejorable, sino que faltan algunos datos básicos para hacerse una idea de lo que ocurre alrededor del ladrillo. "El problema más importante es la ausencia de estadística de ventas. Menos mal que los registradores contabilizan las compraventas, porque si no, no tendríamos ni idea de las operaciones que se cierran", asegura.

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La piqueta de la justicia no funciona

El País - 09 de enero de 2008

El Gobierno cántabro se ve incapaz de ejecutar las sentencias de demolición. Es la comunidad del norte que más ha sufrido el urbanismo predador. Más de 500 viviendas con sentencias firmes de derribo son la prueba más contundente del daño causado por el ladrillo. Muchos parajes son ya irrecuperables. La reciente ley de protección del litoral se ha volcado en el futuro.

Es, con diferencia, la comunidad de la costa norte más castigada por el urbanismo salvaje. Algunos de sus municipios del litoral, como Castro Urdiales o Noja, poco tienen que envidiar al símbolo de la masificación y lugar de culto al hormigón que es Benidorm. El Plan de Ordenación del Litoral (POL) de 2004 estableció por primera vez en Cantabria unas reglas del juego sobre la mesa de los intereses inmobiliarios y puso fin a la locura. Pero para entonces el mal ya estaba hecho.

El ladrillo ha enterrado para siempre hermosos parajes en la costa oriental, la que ya no tiene remedio, debido fundamentalmente a la presión turística, sobre todo del País Vasco, que ha sembrado el litoral cántabro de segundas residencias mientras conserva en buen estado su propia franja costera. Porque el daño que causan los desmadres urbanísticos es, por naturaleza, irreversible, definitivo. Lo saben bien en esta comunidad que acumula más de 500 viviendas con sentencias firmes de derribo por incumplir todo tipo de normas medioambientales. Casi la mitad corresponden a Argoños, un municipio de menos 1.500 habitantes. Todas llevan años sin ejecutarse.

Los jueces han sido contundentes en Cantabria, y la administración, laxa. Algunas de las sentencias firmes de derribo se remontan al año 2000, pero las casas permanecen en pie y así seguirán mientras dure el tira y afloja entre la administración, los compradores de las viviendas y los ecologistas.

La Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (Arca), la que ha llevado las urbanizaciones a los tribunales, reclama la inmediata ejecución de las sentencias y advierte de las consecuencias de seguir dilatando su cumplimiento: "Es un problema gravísimo. Todo el Estado de derecho queda reducido a la nada si no se hacen valer las normas, si no se cumple el dictamen de un juez. La gente tiene la percepción de que levanta su casita en el medio de una playa y no pasa nada. Al no ejecutar las sentencias, la administración lanza el mensaje de que se pueden legalizar. Y la administración no puede ampararse en las víctimas, que son sus víctimas, para no cumplir las normas. Las casas tienen que ser derribadas y los compradores indemnizados. Porque en realidad, las víctimas de una urbanización que destroza un paraje natural somos todos. Legalizarlas saldría mucho más caro", explica José Ángel Herrera, vicepresidente de Arca.

El consejero de Urbanismo de Cantabria, José María Mazón, admite la presión de los afectados, no aclara si el Gobierno regional va a tomar alguna medida para forzar los derribos y, aunque asegura que "las sentencias están para cumplirlas", contempla la "legalización de algunas" de las viviendas: "Los compradores son gente inocente, gente a la que hay que indemnizar y eso va a costar muchos millones. Además, nadie quiere demoler viviendas. Los tribunales lo exigen pero llevarlo a cabo no es nada fácil porque las empresas no quieren complicarse la vida por un derribo que tampoco les supone grandes ingresos. Faltan medios para poder ser drástico. Debería haber una agencia nacional para ejecutar las sentencias de derribo. Cuanto más cerca del problema estás, más difícil solucionarlo".

Mientras, cerca de 2.000 afectados siguen viviendo en sus urbanizaciones moribundas, pagando sus hipotecas. Reunidos en la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) organizan todo tipo de actos -marchas de protesta, manifestaciones y hasta obras de teatro- buscando la solidaridad ciudadana y el desgaste de la administración. De momento, con éxito. Los vecinos de los 144 chalés en la Playa de la Arena (Arnuero), levantados sobre un encinar protegido - "un gran bosque enteramente suyo, una ría para usted, una playa junto a su hogar", anunciaba la promotora en 1991- son los que más cerca han estado de las excavadoras. En noviembre pasado llegó a haber una empresa adjudicada para la demolición de las viviendas, Erri Berri, pero tras ganar el concurso de derribo, comenzó a recibir cientos de cartas y llamadas telefónicas de los vecinos de la urbanización advirtiendo de las vidas que iban a destrozar si llevaban las máquinas a su puerta. Finalmente, Erri Berri desistió.

Pero por difícil que esté resultando hacer el borrón para empezar la cuenta nueva, la costa cántabra afronta el futuro con una potente herramienta de protección del entorno, el POL. "Nos ha dado mucha tranquilidad por sus dos frentes. Por un lado, protege el territorio y ha conseguido salvar lo que quedaba por salvar. Y por otro, establece unas normas de ordenamiento urbanístico para el futuro. Llegó a tiempo para paralizar más de 30 sectores urbanísticos volcados en primera línea de playa y ha conseguido que casi ningún ayuntamiento haya presentado planes de ordenación a la espera, supongo, de que lleguen tiempos mejores", afirma Herrera.

"Antes del POL no había ningún instrumento jurídico para proteger la costa. Había mucho recelo a poner normas, pero la nueva ley no deja margen para las dudas. Está todo dibujado, por colores, dónde se puede construir, y dónde no. Las mejoras que ha traído el POL no se ven porque su objetivo es que no haya más aberraciones. Y efectivamente, desde septiembre de 2004, que es cuando lo aprobamos, no ha habido más sentencias de derribo", afirma Miriam García, ex directora general de urbanismo de Cantabria y madre del POL.

Sólo se escapó un ayuntamiento, Piélagos, el municipio que se ha hecho célebre por su "dentellada al monte", tal y como describieron los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) la urbanización de 400 viviendas que autorizó el consistorio en el Alto del Cuco, en el entorno del Monte de la Picota y junto al Parque Natural de Liencres. "En el tiempo que estuve trabajando como directora general de urbanismo es lo que más daño me ha hecho a la vista y es la espinita que me llevo clavada. El alcalde aprobó el plan parcial de la urbanización deprisa y corriendo para adelantarse a la aprobación del POL, y lo consiguió. Eso sí, haciendo oídos sordos a un informe desfavorable de Comisión Regional de Ordenación del Territorio y un requerimiento", asegura García.

Las obras en Alto del Cuco están paradas cautelarmente. El TSJC anuló en abril del año pasado el plan parcial de la urbanización, incrustada en un monte rebanado para chalés con desniveles de hasta 17 metros y en un enclave muy expuesto visualmente desde el litoral. La promotora, Fadesa, ha recurrido ante el Supremo. Arca también ha recurrido todas las licencias de construcción para que las viviendas sean derribadas.

El Informe Destrucción a Toda Costa 2007 de Greenpeace sitúa hoy la principal amenaza en los puertos deportivos, "el auténtico punto negro de la política costera del ejecutivo cántabro" y cita cuatro ejemplos en Castro Urdiales, Laredo, Suances y San Vicente de la Barquera, todos proyectados "sin la más mínima sensibilidad ambiental". La organización ecologista advierte también de la contaminación que provocan 24 municipios costeros carentes de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

Los temores de Arca vienen por otro lado. "Lo que realmente nos da miedo y por donde creemos que va a venir la amenaza en el futuro es lo que llaman Proyectos Singulares de Interés Regional, grandes complejos de ocio con hoteles, restaurantes, parques temáticos, auspiciados por el Gobierno autonómico mediante leyes ad hoc. Como en Los Monegros. Los tiempos han cambiado, han mejorado", asegura Herrera. "Ya no existe aquella figura del alcalde- promotor, el POL ha creado una disciplina urbanística y la sensibilidad social es mayor, pero ¿de qué sirven las leyes de protección del territorio si el Gobierno se reserva la posibilidad de ponerlo todo patas arriba para complacer a una iniciativa privada y crear unos cuantos puestos de trabajo?".

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La corrupción urbanística

Xornal.com - 10 de enero de 2008

Leemos en muchos medios de comunicación que la corrupción es el gran problema del mercado inmobiliario español, según el último informe del Observatorio de la Vivienda. El informe reciente, del pasado año, de la ong más importante y pionera en la lucha contra la corrupción en el mundo, "Transparencia Internacional", sitúa la acción de los ayuntamientos como el principal problema de España desde el punto de vista de la corrupción urbanística.

¿Cómo es posible que se lleguen a esas situaciones?, sí en realidad la Constitución española, concretamente en su artículo 47, ordena a los poderes públicos que promuevan las condiciones necesarias y que establezcan las normas pertinentes para hacer efectivo el derecho de los españoles a una vivienda digna y adecuada, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general, para impedir la especulación.

Es notorio y público que, en cualquier tertulia o reunión de café, entre amigos, compañeros de trabajo o familiares, se comenta el posible "enriquecimiento ilícito" de ciertos responsables públicos, en algunos municipios de nuestro país, gracias a poder contar con información privilegiada, por tráfico de influencias, por ser funcionarios públicos y al mismo tiempo propietarios o colaboradoras de empresas inmobiliarias, etc..

Como ciudadano de a pié me entristece que se compare a algunos municipios del Barbanza, por ejemplo, con lo sucedido en la localidad malagueña de Marbella, con la pura y dura corrupción urbanística, cuando los grupos políticos que lo hacen también forman parte de las propias Corporaciones Locales y están en la obligación de poner en conocimiento de la Xunta, la Fiscalía o los propios Tribunales de Justicia las presuntas irregularidades urbanísticas, ya que de lo contrario entre la ciudadanía se está creando un sentimiento general de que todos son iguales y todos están compinchados con este tipo de prácticas, nada recomendables para quienes dicen representar y defender los intereses generales y que dentro de pocas semanas van a volver a pedirles el voto.

¿Cuándo podremos conseguir, en la mayoría de los municipios, un desarrollo urbanístico sostenible, a la honestidad y transparencia de la gestión pública que no de lugar a ningún tipo de duda sobre la seriedad de sus gobernantes por parte de los vecinos?. Sinceramente creo que, para una mayoría es más importante el enriquecimiento fácil y rápido que la propia honradez y humildad.

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El poder económico

El Confidencial - 30 de diciembre de 2007

Cualquiera que sea el resultado de las elecciones el nueve de marzo de 2008, el gobierno entrante va a enfrentarse a uno de los panoramas económicos más complicados de los últimos años. La tardía concreción de todas las amenazas que se han ido incubando a lo largo de esta legislatura, y parte de las anteriores, supondrá un punto de inflexión y un cambio respecto al silencio administrativo que, erróneamente, ha caracterizado la política económica nacional del último quinquenio. Mientras la locomotora española tiraba, el ‘virgencita, virgencita que me quede como estoy’ se convirtió en máxima de actuación a nivel general. Las cifras lo respaldaban. Sin embargo los días de vino y rosas parecen haber llegado a su fin. Y con ellos, la posible complacencia gubernamental. A partir de este punto, la tarea no es, ni mucho menos, sencilla. Hay demasiados frentes abiertos simultáneamente. Y demasiado profundos. El reto de reinventar España, económicamente hablando, va a estar encima de la mesa a lo largo del próximo año natural y los siguientes. Lo que no sabemos es si habrá suficiente imaginación y compromiso como para afrontarlo con garantías.

España arranca el ejercicio con un cúmulo de excesos que hasta ahora sólo reconocían los organismos internacionales y medios de reconocido prestigio. Exceso de endeudamiento privado, tanto de consumidores como de corporaciones. Exceso de déficit comercial. Exceso de inflación. Exceso inmobiliario, de oferta, de precios y de peso de la actividad constructora residencial en términos de Producto Interior Bruto. Exceso de inmigración en la creencia generalizada que aquí hay café para todos, pero con churros y bollería industrial y artesana. Los círculos virtuosos lo son mientras que la proposición de partida es válida. Si no, nacen viciados en su origen. Y mientras aquí se cantaba el “España es cojonuda” a coro entre administraciones públicas, entidades financieras, promotores y demás interesados en que el show no se parara, la génesis real del milagro español era virtual. De ahí los excesos. Por una parte, tipos de interés artificialmente bajos, pensando en Alemania, cosa del pasado. Por otra, los fondos estructurales europeos que han dejado ya de responder al epíteto que los define. Flor de unos años que vuelve su mirada al Este de Europa. Por último, un boom residencial que ha creado una sensación de riqueza cuya única concreción concreta, para muchos, es un ahogo financiero del que ahora se preguntan cómo salir. Menudo panorama.

La capacidad de actuación del gobierno, sea del signo que sea, se verá limitada por dos premisas iniciales. No controla la moneda, ni los tipos de interés. Esto es: no puede influir en el precio del dinero, ni puede utilizar la depreciación de la divisa para que nuestra economía gane competitividad. Por tanto, su manera de planificar la actividad económica a futuro se ha de basar en dos tipos de medidas: de política fiscal y administrativas, actuaciones que tendrían que venir complementadas por una serie de iniciativas que fomenten la excelencia en todos los ámbitos de la sociedad, empezando por la educación, siguiendo por la sanidad y concluyendo por las infraestructuras.

Menos ingresos y más inflación

Respecto a la primera, la tentación de hacer uso del superávit presupuestario para luchar contra el panorama económico español parece inevitable a estas alturas de la crisis. No va a quedar más remedio. Y la caída de los ingresos fiscales, derivados de la menor actividad económica, unido a un aumento de las prestaciones públicas, volverá a situar la palabra déficit en primera plana del vocabulario económico nacional. Por su parte, y de cara al control de la inflación, se harán imprescindibles medidas de liberalización real de la economía que sirvan para fomentar la competencia y la formación adecuada de los precios. Por último, veremos salir conejos de la chistera con objeto de corregir la debacle inmobiliaria que ya está aquí.

Respecto al mercado de acciones, el nuevo entorno internacional va a afectar también a las compañías españolas cotizadas en bolsa. Los frutos de la diversificación internacional, que hasta ahora habían servido como excusa frente al debilitamiento de la economía local, no van a ser tan abundantes como en el pasado. Y es que cada vez son más las voces que claman que el desdoblamiento de la actividad económica entre naciones emergentes, al alza, y países desarrollados, en declive, es más una quimera que una realidad efectiva.

No ha habido tiempo para que los mercados en vías de desarrollo alcancen tamaño y autonomía suficiente como para resistir los embates de una desaceleración del mundo industrializado. Va a haber una efectiva ralentización económica internacional que afectará a los intereses nacionales por el mundo. ¿En qué medida? No se puede saber de antemano. Las consecuencias de lo que, en su día, comenzara como una crisis hipotecaria norteamericana de dimensiones restringidas, y que ha pasado con el tiempo a situarse en el nivel de emergencia financiera global, son impredecibles. Sólo hay, a diciembre de 2007, una realidad evidente. La incapacidad mostrada hasta ahora por las autoridades monetarias para atajarla de un modo efectivo, vista la insuficiencia de las bajadas de tipos de interés o de las inyecciones de capital.

El 2008 será por tanto un año de mangas remangadas y decisiones dolorosas por lo que respecta a la actividad económica española. Toda crisis supone una oportunidad histórica. Confiemos que así lo entiendan quienes tienen un su mano el devenir futuro de este país.

La gran cuestión que se plantea es si va a haber o no un desdoblamiento real de la actividad económica general entre economías desarrolladas, en declive, y emergentes, al alza.

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