BOLETÍN DEL 08 DE FEBRERO DE 2006
 
 
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España y vivienda
 
EL PRECIO DE LA VIVIENDA BAJARÁ UN 20% ENTRE 2007 Y 2009
El Confidencial - 08 de febrero de 2006
 
Los especuladores e inversores no obtendrán buenos resultados y abandonarán la compra de vivienda como medio de ganar dinero

El sector inmobiliario ha dejado de hablar de desaceleración moderada de los precios de la vivienda. Ahora se refieren a ella con otros términos: corrección brusca y, en concreto, correción brusca en la segunda mano. La voz de alarma proviene de un informe inmobiliario elaborado por la asesoría Forcadell y la Universidad de Barcelona (UB), del que se desprende que el precio de la vivienda en España bajará una media del 20% en el periodo 2007-2009.

Esta bajada se debe a cambios en el mercado como el menor crecimiento de la economía española, el exceso de oferta y la caída de la demanda, ya que los especuladores e inversores no obtendrán buenos resultados y abandonarán la compra de vivienda como medio de ganar dinero, según ha explicado el profesor titular de Teoría Económica, Director del Master de Asesoría y Consultoría Inmobiliaria de la UB y director del informe, Gonzalo Bernardos.

Bernardos ha asegurado que ante la pregunta de si bajará el mercado de la vivienda en España, la respuesta es "rotundamente sí", y para el periodo 2007-2009 prevé un "aterrizaje brusco", un fenómeno que ha tenido en 2005 un "año de transición", con la desaceleración de la subida de precios de la vivienda y que en 2006 empezará a materializarse para invertir la tendencia de incrementos a partir de 2007.

Bernardos ha matizado que los pisos que más bajarán serán los situados en las zonas preferentes, como el Paseo de Gracia de Barcelona o el Paseo de la Castellana de Madrid, y los de mayor número de metros cuadrados. Sin embargo, los precios de las viviendas de las periferias lejanas de las grandes ciudades o los pisos más pequeños, donde se mantiene la demanda, no estarán tan afectados por la bajada de precios; de hecho, en 2006 seguirán subiendo.

Respecto al porcentaje de bajada, Bernardos calcula un 20% de media si la economía española crece alrededor de un 1,5%. Si el crecimiento es mayor, prevé un descenso de precios menor pero caída al fin y al cabo, ya que las previsiones económicas no auguran crecimientos superiores al 3%.

Descenso de la demanda de hasta un 9,5%

Junto a la caída de precios, también se prevé un descenso en la demanda. En concreto, según los cálculos de la Asociación de Promotores y Constructores (APCE), en 2006 se demandarán unas 475.000 viviendas, lo que supondrá un descenso de entre un 5% y un 9,5% respecto a la cantidad de entre 500.000 y 525.000 pisos que, según sus datos, el mercado absorbió durante el pasado año.

El presidente de la patronal, Guillermo Chicote, explicó que los promotores están ya percibiendo la ralentización de demanda en los ritmos de venta. "Cuesta más vender, se registra un mayor número de visitas de una misma persona a un mismo piso antes de decidir su compra y descienden las ventas sobre plano", apuntó en un encuentro con la prensa. No obstante, aseguró que el sector está "alertado, pero no preocupado", porque "hoy por hoy no se registran problemas de 'stock'".

Para la patronal, el precio de los pisos se perfila como principal factor de freno de la demanda, dado que continúan activos el resto de 'motores' del mercado, tales como la creación de empleo, los bajos tipos de interés, la formación de hogares, la población inmigrante y la demanda de primera residencia para jóvenes y miembros de parejas que se separan.

El alquiler sigue subiendo

Por otra parte y al contrario de la tendencia prevista en los precios de la venta de vivienda, los precios del alquiler seguirán subiendo según Bernardos, que vaticinó un aumento del 15% en 2006 de los alquileres de pisos de entre 45 y 50 metros cuadrados y "no necesariamente bien ubicados".

Ante las previsiones de bajada de precios de venta de vivienda, el informe de la Universidad de Barcelona recomienda a inversores y promotores hacer una selección de inversiones, desplazarse al exterior o cambiar sus objetivos de compra, abandonando las zonas preferentes de las grandes ciudades y desplazándose a la periferia lejana en el caso de vivienda, o directamente cambiando al sector de oficinas o industrial, que presentarán una rentabilidad mayor.

De todas formas, Bernardos afirmó que las medianas y grandes empresas promotoras no irán a pique, sino que "sólo ganarán menos", aunque sí alertó de que habrá una reducción de la inversión en construcción a medio plazo que hará que se creen menos puestos de trabajo.

Bernardos no quiso ser alarmista y aseguró que estos cambios responden a la evolución económica cíclica y que "es normal" e insistió en que no nos encontramos en una burbuja inmobiliaria, sino en un "reajuste del mercado".

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LA VIÑETA: CABECILADRILLOS
Redacción PVD - 08 de febrero de 2006
 
 


Fuente: El Roto en El País

 
 
AYUNTAMIENTOS CONTRIBUYEN AL AUMENTO DEL PRECIO DEL SUELO
Arquitectura-Tecnica.com - 06 de febrero de 2006
 
 
Entrevista a Enrique Múgica, Defensor del Pueblo. La vivienda sigue constituyendo objeto de centenares de quejas ante el Defensor del Pueblo. La mayoría de ellas pone de relieve, según Enrique Múgica, que el acceso ala vivienda para la población con menos recursos económicos es un derecho constitucional de difícil consecución. El precio del suelo, fomentado por las frecuentes prácticas especulativas impulsadas a veces por las propias Administraciones Locales como forma de financiación, ha contribuido al fracaso de los planes de vivienda y al disparo de los precios de cualquier tipo de edificación. Así lo afirma el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica Herzog, quien considera necesario eliminar alguno de los procedimientos utilizados para proporcionar ingresos a las arcas municipales a través de la venta de suelo y reformar las haciendas locales con el fin de incrementar las disponibilidades presupuestarias de los Ayuntamientos.

>> CERCHA. La vivienda sigue siendo motivo de queja ante el Defensor del Pueblo. El pasado año han admitido más de 350 en materia de urbanismo y vivienda. ¿El porcentaje es similar al de años precedentes?

>> ENRIQUE MÚGICA. El número de quejas presentadas en esta materia es similar al de otros años y los problemas planteados son también coincidentes: dificultades de acceso a una vivienda, en especial para determinados sectores de la población, como familias con escasos recursos, jóvenes o inmigrantes, y demoras en el pago de ayudas económicas para adquisición o rehabilitación de viviendas.

>> C. Las protestas de los ciudadanos ¿se producen siempre por las dificultades de acceso a la vivienda o por problemas de construcción?

>> E. M. La mayoría de las quejas que llegan al Defensor del Pueblo en materia de vivienda se refieren, efectivamente, a dificultades de acceso y a denuncias de adquirentes por deficiencias constructivas de inmuebles con protección pública, aunque no pueden olvidarse otras que, si bien constituyen un numero inferior de reclamaciones, no son menos importantes, como la problemática de las barreras arquitectónicas y las barreras internas de las viviendas, o las cuestiones que afectan al chabolismo o la infravivienda.

Como en ejercicios anteriores, se ha vuelto a confirmar que las dificultades de acceso a una vivienda es una de las cuestiones que más preocupa a las familias, que deben destinar una importante parte de sus recursos a la adquisición de este bien, como consecuencia del incremento constante de los precios. Con todo, existe un amplio grupo de ciudadanos que sólo a través de las viviendas de promoción pública pueden acceder, habiéndose podido comprobar que la oferta es muy inferior a la demanda.

En definitiva, las quejas recibidas en nuestra Institución ponen de relieve que el acceso a la vivienda para la población con menos recursos económicos es un derecho constitucional de difícil consecución.

>> C. En el informe presentado ante el Congreso de los Diputados ha sido usted especialmente crítico con los resultados del Plan de Vivienda.

>> E. M. El Plan de Viviendas 1998‑2001 introdujo mejoras respecto a los Planes anteriores, pero los hechos demuestran que no consiguió resolver el problema de acceso, al no conseguir vencer las dificultades para fomentar la construcción de viviendas protegidas para las capas económicamente más débiles. Sin embargo, se ha producido, durante su vigencia, un importante incremento de las promociones de viviendas libres acompañadas de un desorbitado ascenso de sus precios.

Los objetivos marcados por los poderes públicos sobre volúmenes de construcción de viviendas protegidas con la entrada en vigor del citado Plan no se han conseguido, circunstancia que ha sido reconocida por la Administración en el nuevo Plan de Viviendas 2002-2005. En su exposición de motivos se constata el incremento de las viviendas libres y sus precios, mientras que las viviendas protegidas de nueva construcción han experimentado un retroceso. Además, la población con menos ingresos se ha ido encontrando cada vez en peores condiciones para acceder a una vivienda en propiedad a precios moderados.

Hay que tener en cuenta que el Plan estableció una serie de ayudas destinadas a abaratar el precio final de la vivienda, pero no consiguió frenar la tendencia al alza del precio del suelo.

Los planes estatales de viviendas constituyen uno de los principales instrumentos para que los grupos sociales económicamente más débiles puedan hacer efectivo su derecho a la vivienda digna y adecuada que consagra el artículo 47 de nuestra Constitución. Por ello, si no consiguen que se fomente la construcción de viviendas protegidas o no corrigen los fallos en el mercado de viviendas en alquiler, no puede predicarse su éxito.

>> C. ¿Contribuyen los Ayuntamientos y las Comunidades Autónomas a ese incremento del precio del suelo?

>> E. M. Uno de los motivos que justificaron la promulgación de la Ley 6/1998 de 13 de abril sobre Régimen de Suelo y Valoraciones fue sin lugar a dudas la necesidad de abaratar el precio de la vivienda mediante el incremento de la oferta del suelo urbanizable. A tal efecto, la principal novedad que contempla esta Ley es precisamente la consideración del suelo no urbanizable como una categoría de suelo reglada, en función de unos criterios clasificatorios que allí se establecen. Con la entrada en vigor del Real Decreto 4/2000, de 23 de junio, continúa el talante liberalizador y desaparece la potestad discrecional de clasificar suelo como no urbanizable que ostentaba el municipio para establecer su modelo territorial. Dicha modificación se incardina en la voluntad del legislador estatal de introducir una serie de medidas encaminadas a corregir las rigideces advertidas en el mercado como consecuencia del fuerte crecimiento de la demanda y la incidencia en los productos inmobiliarios del precio del suelo, condicionado a su vez, precisamente, por la escasez del suelo urbanizable. No obstante, la sentencia del Tribunal Constitucional 164/2001, de 11 de julio, delimita con precisión el ámbito competencial que corresponde al legislador estatal y a los legisladores autonómicos en materia de urbanismo. La base de la decisión del Tribunal es la inequívoca atribución constitucional y la estatutaria a las Comunidades Autónomas de la competencia exclusiva en esta materia, otorgándoles la capacidad de definir su propio modelo urbanístico y permitiendo que el legislador estatal únicamente fije los criterios de clasificación de suelo sin autorizarle a imponer a aquéllas un modelo territorial concreto. Por lo anterior, difícilmente va a poder alcanzarse el objetivo perseguido por la norma, esto es, el incremento de la oferta de suelo, si se carece de competencias para incidir en la definición de un modelo urbanístico que precisamente persiga ese objetivo.

Es precisamente este el motivo por el cual podemos afirmar que la incidencia del Real Decreto 4/2000 de 23 de junio ha sido más bien escasa, pues los citados fallos constitucionales dejan en manos de las Comunidades Autónomas la decisión de optar, a través de su legislación, por un grado mayor o menor de flexibilización.

En lo que a los Ayuntamientos se refiere, esta Institución, en informes anteriores, ha venido denunciando las frecuentes prácticas especulativas impulsadas a veces por las propias Administraciones Locales como forma de financiación propia, resaltándose, por tanto, la necesidad de que, por un lado, se eliminen algunos de los procedimientos que actualmente se utilizan para proporcionar ingresos a las arcas municipales a través de la venta de suelo y, por otro, se actué sobre la reforma de las haciendas locales con el fin de incrementar las disponibilidades presupuestarias de los Ayuntamientos.

>> C. La seguridad y salud laboral también preocupan al Defensor del Pueblo. ¿Qué aspectos redundarían en una efectiva prevención?

>> E. M. Cada día se construye más en nuestro país. La construcción es uno de nuestros motores económicos, si no el principal. Pero en ocasiones se sacrifica la calidad y la seguridad a los plazos de entrega de las obras y a conseguir unos precios competitivos, utilizando personal que no siempre tiene la preparación adecuada. La construcción, como la agricultura, son sectores productivos que se prestan a la utilización de peonaje poco especializado, que no tiene más remedio que aceptar las tareas más pesadas para sobrevivir. Este sector se presta también a la precariedad, temporalidad e inestabilidad en el empleo. Gran parte de las obras privadas o públicas utilizan mano de obra inmigrante. Estos trabajadores, en la mayoría de los casos, no reciben la formación adecuada para autoprotegerse frente a los descuidos o existe falta de inversión en seguridad laboral de algunos patronos de subcontratas que buscan sólo cumplir plazos con la gran empresa que les subcontrató, realizando la obra al precio más económico posible.

En esas circunstancias se hace imprescindible legislar un marco normativo que obligue a los constructores, creándose un cultura que proteja los derechos de quienes arriesgan su vida en aras del progreso y la modernidad en éste sector.

Además, debería potenciarse la acción coordinadora entre instituciones y organismos, así como el desarrollo de campañas de sensibilización, dirigidas, fundamentalmente, a los empresarios y trabajadores de la construcción, concluyéndose con un impulso imprescindible de la actuación inspectora.

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HIPOTECAS LES CUESTAN AHORA A LAS FAMILIAS 1.000 EUROS MÁS
DiarioSur.es - 06 de febrero de 2006
 
 
El Euribor tocó su mínimo histórico en 2003 y desde entonces los préstamos no han parado de encarecerse Alertan de que miles de hogares podrían caer en situación de quiebra

Los propietarios de viviendas hipotecadas han comenzado el 2006 con el pie izquierdo. El Euribor -el indicador más usado en España para fijar los tipos de interés de los créditos- cerró el pasado mes de enero al 2,833%, según los datos del mercado interbancario. Esta cifra, que debe ser confirmada ahora por el Banco de España, es la referencia más alta registrada en los últimos tres años. Un nuevo punto de inflexión que pondrá a prueba los bolsillos de las familias malagueñas. Todo apunta a que la era de los créditos baratos ha escrito, de momento, su punto y aparte.

En la Asociación de Usuarios de Servicios Financieros (Ausbanc) ya han sacado la calculadora para hacer números. Esta organización ha tomado como referencia una hipoteca de 178.000 euros a 25 años (plazo medio de las concedidas por los bancos en Málaga) y ha valorado el sobrecoste que tendrán que soportar este año los usuarios que firmaron un préstamo a mitad de 2003, cuando el Euribor se situaba en su mínimo histórico, el 2,014%. El resultado de esta comparativa indica que el ritmo alcista del índice encarecerá las letras de los malagueños que solicitaron su hipoteca hace tres años «en torno a 70 euros mensuales y 800 euros anuales», explica el delegado provincial de Ausbanc, Alfredo Martínez, quien no descarta que esta cifra se eleve «hasta los 1.000 euros anuales» para algunos clientes. Un dato nada alentador para la ya ajustada economía doméstica.

Tendencia alcista

El repunte del Euribor en enero devuelve al indicador a los niveles registrados en diciembre de 2002, cuando se situaba en el 2,872%. Este nuevo pico supone a su vez un alza de medio punto porcentual (0,521%) por encima de su valor en la primera hoja del calendario de 2005, cuando se situaba en el 2,312%.

Así las cosas, los problemas para los 'sufridores' de hipotecas llegarán a mitad de febrero, cuando el organismo dirigido por Jaime Caruana publique la cifra oficial. Si coincide con la anunciada por el mercado interbancario, durante los siguientes 30 días, quienes deban revisar de forma anual sus contratos se verán penalizados con un sobrecoste en la letra. En este caso, si se toma como referencia la hipoteca media antes reseñada, de 178.000 euros a 25 años, el usuario deberá rascar de su nómina unos 40 euros más mensuales -480 anuales- que hace un año para afrontar este reciente ascenso.

Pero no todas las familias padecerán del mismo modo este repunte de los tipos. Fuentes de la Asociación Hipotecaria Española (AHE) explican que los malagueños que contrataron su hipoteca en los años 2003 y 2004 son los que tienen más riesgo de ver cómo aumentan sus cuotas.

Ante el panorama financiero que comienza a esbozarse con el progreso de los tipos, la AHE ha recordado que el sistema crediticio español tiene una dependencia excesiva del Euribor (ocho de cada diez préstamos son a tipo de interés variable y lo toman como referencia), por lo que ha pedido al Gobierno de Zapatero que revise las normas sobre las hipotecas con el objetivo de fomentar la contratación de préstamos a tipo fijo.

Riesgo para los hogares

La tendencia alcista del Euribor ha vuelto a reavivar el debate sobre el riesgo que supone para las familias españolas su excesivo endeudamiento para comprarse una vivienda. Desde Adicae alertan de la pérdida de capacidad adquisitiva de los hogares y subrayan que el impacto de la subida de tipos es tanto más importante cuanto mayor es el importe hipotecado. De este modo, su delegado en Andalucía, Alberto Pons, recuerda que las familias de las provincias con mayores precios de la vivienda -Málaga entre ellas- son las más perjudicadas por la subida de los valores.

En los últimos años, el descontrolado precio de los pisos y los bajos tipos de interés han propiciado que los ahorradores se endeuden al límite de sus capacidades reales de financiación. Por ello, Adicae insiste en que miles de familias podrían ver comprometida su solvencia económica y caer en una situación de «quiebra» si los tipos siguen incrementándose. Un peligro al que están especialmente expuestos los hogares de Málaga, a la cola nacional en ahorro.

De hecho, la organización prevé que para finales de 2008, los tipos hayan crecido 1,5 puntos -a medio punto por año-. De cumplirse estos cálculos nada optimistas, la cuota anual de una hipoteca de poco más de 122.000 euros, podría encarecerse hasta en 1.250, según apuntan desde la Asociación Hipotecaria Española. Este nuevo escenario podría desencadenar a medio plazo una oleada de impagos. Por ello, aunque bancos y cajas cuentan con mecanismos de protección y la morosidad en España es mínima, el sector ya ha comenzado a lanzar mensajes de cautela.

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Familias destinaron entre 39,5% y el 46% de renta a compra
El Mundo - 05 de febrero de 2006
 
 
El esfuerzo financiero de los hogares españoles para acceder por primera vez a una vivienda se situó entre el 39,5% y el 46% de la renta familiar en 2005, en función de si el plazo de amortización del préstamo es de 20 ó de 25 años, según el último informe de coyuntura de la inmobiliaria Metrovacesa.

Del informe se desprende que este porcentaje es el más alto de los últimos 12 años.

Sin embargo, la persistencia del descenso de los tipos de interés ha moderado el aumento del esfuerzo, que se situó en 2005 por debajo de los niveles alcanzados en 1990 y 1991, cuando era necesario destinar el 67% y el 68,9% de la renta familiar a la compra de una casa.

El informe destaca que al cierre del año pasado las familias españolas tenían que destinar 8,46 veces un salario anual al pago de una casa, lo que representa el "mayor nivel desde que se dispone de las estadísticas precisas para obtener esta relación", explican los analistas de Metrovacesa.

Para calcular el esfuerzo financiero necesario para comprar una vivienda, la inmobiliaria ha seleccionado un hogar teórico que percibe una renta anual equivalente al salario medio de unos 18.800 euros, que adquiere una vivienda con 90 metros cuadrados construidos y un precio medio de 159.039 euros mediante un préstamo hipotecario que cubre el 80% del precio de venta del piso.

El estudio se refiere al esfuerzo correspondiente al primer año de vigencia del préstamo. El resultado es descriptivo, a juicio de los analistas, del esfuerzo necesario en el caso de los hogares jóvenes que acceden por primera vez a una vivienda.

A más entrada, mayor esfuerzo

En cualquier caso, señala la inmobiliaria, el fuerte aumento experimentado por el pago de entrada (el 20% del precio de la venta) eleva la estimación del esfuerzo de acceso que se obtiene a partir de las cuotas a pagar a la entidad prestamista.

En el informe de coyuntura Metrovacesa estima que los precios de la vivienda continuarán experimentando este año una "moderada desaceleración", aunque advierte de que el aumento todavía puede ser de dos dígitos.

El año pasado, el precio de la vivienda libre subió un 12,8%, el menor crecimiento en los últimos cuatro años, según el Ministerio de Vivienda.

Para la inmobiliaria, este año será un ejercicio con carácter más acentuado de "transición" hacia una etapa de evolución menos intensa del mercado de la vivienda que lo ha sido 2005.

Metrovacesa prevé que las viviendas iniciadas en España se situarán en torno a las 700.000 al cierre de 2006, ligeramente por debajo de 2005, como consecuencia de las posibles situaciones de exceso de la oferta en algunas zonas del litoral y del posible cambio de expectativas derivado del aumento de los tipos de interés.

Se venderán más casas en 2006

Según la inmobiliaria, este año persistirá el crecimiento de las viviendas terminadas, que rondarán las 600.000.

Además, la inmobiliaria prevé que la cifra de 900.000 casas vendidas en 2005 crecerá por encima del 5% en este ejercicio, hasta las 950.000.

La costa mediterránea y el entorno de la Comunidad de Madrid "pueden ser los puntos más dinámicos", aunque los ritmos de venta variarán según la calidad de las nuevas promociones y la relación calidad-precio.

En cuanto a la demanda, Metrovacesa afirma que seguirá existiendo una demanda "remansada" importante, procedente de los nuevos hogares que quedan fuera del mercado, para los cuales todavía resulta "imprescindible que exista una oferta significativa de viviendas protegidas o equivalentes".

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Morosidad créditos vivienda sube hasta el 0,401% en sept.
Finanzas.com - 02 de febrero de 2006
 
 
La morosidad de los créditos hipotecarios concedidos a las familias para adquirir una vivienda se situó al cierre del pasado mes de septiembre en el 0,401 por ciento, el nivel más alto desde marzo de 2003, debido fundamentalmente a la introducción de las nuevas normas de contabilidad.

Estos datos, facilitados por la Asociación Hipotecaria Española (AHE), son los primeros que se conocen desde marzo de 2005, debido a que la aplicación de las nuevas normas contables y la adaptación de las bases de datos del Banco de España a estos nuevos criterios ha "ralentizado" su publicación.

A partir de ahora, añade la AHE, subirán ligeramente las tasas de morosidad, dado que todo préstamo que haya incurrido en retraso de pago como mínimo durante 3 meses será considerado moroso, frente a la norma anterior, que permitía ampliar el plazo hasta un año atendiendo al tipo de prestatario.

Teniendo en cuenta todos estos cambios, la AHE precisa que los datos que posee de sus asociados le permiten afirmar que durante 2005, y sin tener en cuenta los efectos puramente contables, "la dudosidad hipotecaria real se ha mantenido prácticamente sin variaciones".

Por entidades, la morosidad en los créditos hipotecarios concedidos a las familias para comprar vivienda se situó en el caso de la banca en el 0,349 por ciento, mientras que para las cajas esta cifra fue del 0,388 por ciento.

Las cooperativas registraron una morosidad al cierre del mes de septiembre del 0,436 por ciento y los establecimientos financieros de crédito, del 2,024 por ciento.

En cuanto a la morosidad del total del crédito al sector privado residente (empresas y familias, fundamentalmente), los datos de la AHE señalan que al término de septiembre era del 0,819 por ciento, el nivel más alto desde marzo de 2004.

La banca registraba una morosidad en este sector del 0,710 por ciento; las cajas, del 0,762 por ciento; las cooperativas, del 1,092 por ciento, y los establecimientos financieros de crédito, del 2,300 por ciento.

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Campaña 'No Compres a estos Precios'
Redacción PVD - 06 de febrero de 2006
 
Banner para la Campaña "No Compres a estos precios"



 
El OV denuncia la persistencia de la 'corrupción'
Lukor.com - 28 de enero de 2006
 
 
Prevé una estabilización del precio de la vivienda a corto plazo y pide una reforma fiscal para incentivar el mercado del alquiler

El Observatorio de Vivienda, creado por el Consejo General del Notariado y el despacho Garrigues, denunció hoy que la práctica de la "corrupción" sigue registrándose en la contratación pública, muy especialmente en el ámbito del sector inmobiliario y en materia de vivienda y suelo, por lo que pidió medidas para luchar contra lo que supone, a su juicio, uno de los grandes problemas de este mercado.

En la presentación del primer informe de este órgano que se ha entregado a los grupos parlamentarios, el presidente de la firma Garrigues, Antonio Garrigues, afirmó que las "grandes bolsas de dinero" que genera el mercado de la vivienda se convierten en un problema de "corrupción" en ese ámbito, y que, a su juicio, afecta de manera "real" al funcionamiento de la economía española.

En concreto, el Observatorio de Vivienda pone de manifiesto la dependencia de los ayuntamientos sobre la enajenación de suelo público para obtener ingresos. Así, indica que la insuficiente financiación de las administraciones locales hace que éstas utilicen procedimientos "no objetivos" en la transformación del suelo, de manera que llegan a apropiarse de hasta el 50% de las plusvalías esperadas en esa operación.

"La falta de financiación de las Haciendas locales y la sobrecarga de competencias de los ayuntamientos han dado lugar a lo que podría llamarse un urbanismo financiero que está generando plusvalías públicas y privadas muy notables", precisa el informe, que recomienda la modificación del sistema de financiación local para combatir esta situación sin aumentar los impuestos, sino a través de una redistribución impositiva.

Así, considera que los patrimonios municipales de suelo no pueden convertirse en instrumentos "especulativos", ya que, según explica, el alza de los precios de la vivienda descansa "en buena medida" en la financiación local a través del mercado del suelo y en el sistema de planeamiento urbanístico "muy rígido".

Por ello, Garrigues solicitó un esfuerzo "multidisciplinar" y la colaboración de todos los estamentos políticos y de los agentes que participan en el mercado de la vivienda y el suelo para adoptar medidas contra esa "corrupción", como es la introducción de parámetros de transparencia en el ámbito fiscal, urbanístico e inmobiliario y la armonización de la legislación en materia de suelo.

Igualmente, el presidente del Consejo General del Notariado, José Marqueño, pidió a la Administración que otorgue a los notarios más instrumentos para luchar contra esa "corrupción", con el fin de reducir los márgenes de maniobra del defraudador.

CESION DE SUELO A VPO.

El informe, que recoge las conclusiones de unas jornadas organizadas en el periodo 2004-2005 y en la que participaron más de 100 expertos, considera que la política global de las administraciones públicas debería garantizar la suficiencia de suelo público bien localizado con destino a vivienda protegida a precio tasado, tanto pública como privada.

No obstante, advierte que los aumentos de porcentajes de cesión de suelo si no se adoptan de forma transitoria provocarán un encarecimiento de la vivienda, ya que el promotor al tener que ceder a la administración más suelo elevará el precio de la vivienda para obtener el mismo margen de beneficio que con la totalidad del terreno.

Esta recomendación hace referencia a la futura reforma de la Ley del Suelo que obligará a los gobiernos regionales a reservar un mínimo del 25% del suelo a la construcción de Vivienda de Protección Oficial (VPO), mientras que en la actualidad hay algunas comunidades autónomas que ese porcentaje es inferior o nulo.

ESTABILIDAD DEL PRECIO DE LA VIVIENDA.

Por otro lado, indica que el precio de la vivienda es el que condiciona el precio del suelo, ya que, según precisa, cualquier ayuda destinada al precio de adquisición ha sido absorbida por el precio del suelo, y añade que determinar el encarecimiento de un piso a partir del suelo, de su precio y de la supuesta escasez que determina ese precio, es una "falacia", dado que lo atribuye a la corrupción y especulación que hay en este ámbito.

No obstante, prevé una estabilización del precio de la vivienda a corto plazo, porque la gran demanda ya está abastecida y no parece, según sus cálculos, que los tipos de interés o el empleo vayan a sufrir "grandes turbulencias".

REFORMA FISCAL EN EL ALQUILER.

Otro de los temas que aborda el informe es el mercado del alquiler y para el que recomienda la necesidad de introducir cambios cualitativos y cuantitativos en la política fiscal dedicada a este tipo de viviendas, de la manera que el arrendamiento deje de estar fiscalmente "discriminado". No obstante, calcula que para reequilibrar el mercado del alquiler con el de propiedad será necesario introducir cinco millones de viviendas.

Asimismo, cuestiona el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP), ya que, en su opinión, es un tributo "ineficiente" y "anacrónico", que sólo permite a las haciendas locales ingresar más dinero, pero "infla" el precio de la vivienda de segunda mano en un momento de 'boom' inmobiliario.

Ante este panorama, el informe concluye en la necesidad de que los grandes partidos políticos sean capaces de formalizar un Pacto de Estado en materia de urbanismo y vivienda, de manera que el problema del acceso a la vivienda se "extraiga" de las manipulaciones de carácter político.

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Pisos de la SPA, 300 euros más caros de lo que dijo Trujillo
El Mundo (Su Vivienda) - 06 de febrero de 2006
 
 
El alquiler medio en la Comunidad de Madrid es de 812,82 euros

La renta media de los pisos que la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) ha captado en Madrid hasta la fecha no es de 500 euros, como la ministra del ramo, María Antonia Trujillo, afirmó recientemente durante la firma de un convenio con el ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla. Y tampoco es de 600, ni de 700 euros, sino que los pisos son, de media, 300 euros más caros -50.000 de las antiguas pesetas-.

En concreto, la renta media de las casas con las que cuenta la SPA en la Comunidad de Madrid es de 812,82 euros y asciende a 844,14 euros si los pisos se ubican en la capital. El cálculo ha sido elaborado a partir de los datos de los 165 pisos que la entidad tenía 'colgados' en su página 'web' la mañana del pasado miércoles 1 de febrero.

De esta forma, incluso la renta media de toda España, 647,03 euros, supera la cifra anunciada por la ministra.

No obstante, en la página 'web' no figuran todas las casas disponibles. Según fuentes de cercanas a la sociedad, únicamente se han 'colgado' las casas por las que nadie se ha interesado o aquellas otras que han tenido pocas peticiones de posibles inquilinos. No es de extrañar teniendo en cuenta, no sólo sus precios, sino también las ubicaciones de muchas de las viviendas.

Ubicación

Y es que, en el caso de Madrid, por ejemplo, la mitad de las casas no se ubica en la capital, sino en pueblos de la Comunidad. Valdemoro, Getafe, Galapagar, Fuenlabrada, Alcalá de Henares, Collado Villalba, Alpedrete, Bustarviejo, San Martín de la Vega, Colmenar Viejo, Móstoles, Leganés, Pinto, Fuenlabrada, Moralzarzal y Aranjuez, son algunos de los municipios donde se pueden encontrar viviendas.

Así, la casa más barata tiene 60 metros cuadrados y cuesta 540 euros, pero está en Valdemoro. Otro de los pisos más económicos -cuesta 625 euros-, tiene 67 metros cuadrados y se encuentra en el municipio de Getafe.

En el lado opuesto, el piso más caro de la Comunidad de Madrid se sitúa Algete y tiene 250 metros de superficie. Su renta es de nada menos que 1.250 euros

Ya en la capital, la vivienda con la renta más asequible tiene un precio de 700 euros y se ubica en la calle de Carranque, en la zona de la avenida de los Poblados. La parada de Metro más cercana es Pan Bendito.

En el extremo, la casa más cara de la capital no se encuentra en los distritos de Salamanca, Chamberí o Chamartín, como podía pensarse, sino en el de Ciudad Lineal. En concreto, en la calle de Castillo de Simancas (Metro Simancas). Tiene 100 metros cuadrados y su renta es de 1.100 euros.

En el resto de España, únicamente hay oferta colgada de las provincias de Alicante, Asturias, Barcelona, Cantabria, Las Palmas, Málaga y Valencia, si bien, en las capitales es donde menos viviendas disponibles hay.

Un ejemplo: sólo cuatro de los 30 pisos ofertados la provincia de Alicante se encuentran en la capital, mientras que la mayoría se reparte entre Torrevieja y Denia.

En el caso de Barcelona, únicamente tres pisos se ubican en la Ciudad Condal de los 11 disponibles en la 'web', siendo ésta, además, la ciudad con los precios medios más elevados (915 euros).

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Vivienda copa mayoría de las reclamaciones de consumidores
El Confidencial - 07 de febrero de 2006
 
 
La vivienda y las telecomunicaciones son los dos sectores que tuvieron más reclamaciones de consumo durante el año 2005, según la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU). En un comunicado, CECU señaló que durante 2005 se recibieron, según los datos aportados por sus organizaciones, un total de 259.530 consultas y reclamaciones, que suponen un incremento del 9,4% respecto a los datos del año 2004. De ese total de 259.530 casos, 195.200 corresponden a consultas, que aumentaron un 12%, y 64.330 a reclamaciones, que subieron un 1,9%.

Al igual que en el año 2004, y en proporciones similares, la vivienda y las telecomunicaciones fueron los dos sectores que se volvieron a situar a la cabeza en cuanto a un mayor número de reclamaciones.

El 24,2% de las consultas tuvieron relación con la vivienda y los problemas derivados de la compra y venta de inmuebles, alquileres, problemas de propiedad horizontal y otros, que supusieron 14.838 reclamaciones y un total de 48.095 consultas.

En segundo lugar se sitúan las telecomunicaciones, con un significativo incremento (telefonía fija y móvil o Internet), con un total de 44.794 incidencias, divididas en 33.287 consultas y 11.507 reclamaciones, seguidas de los problemas derivados del suministro de gas, que ha sufrido un considerable aumento este año, sumando 10.459 consultas y 3.459 reclamaciones.

CECU destacó las subidas en relación con el suministro de gas y la vivienda, mientras que bajaron las consultas sobre los seguros y los servicios bancarios, así como las referidas a las reparaciones de automóviles, que pasó del cuarto lugar en 2004 al octavo, con un descenso en las consultas y reclamaciones de más del 50%.

En vivienda, los problemas con los contratos, las cláusulas abusivas, el retraso en las entregas de llave de viviendas nuevas y los defectos en nueva construcción son los principales temas que han supuesto motivo de consulta o reclamación.

Y en las telecomunicaciones las incidencias se han debido básicamente a problemas al darse de baja de una compañía, contrataciones o facturaciones irregulares y conexión a Internet en las empresas que proporcionan servicios de ADSL.

Hay también un incremento en las reclamaciones referidas a las reparaciones en el hogar, que triplican sus cifras de 2004, pasando de las 2.568 de 2004 a las 7.711 en el año 2005, y en el de las agencias de viaje, que duplican sus incidencias, algo que la CECU achaca a los problemas sufridos a finales de 2004 con el tsunami del sudeste asiático y con los huracanes.

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Medio Ambiente no garantiza agua a 9 grandes urbanizaciones
Ambientum.com - 30 de enero de 2006
 
 
La Confederación del Tajo, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente que dirige Cristina Narbona, ha emitido informes desfavorables sobre nueve grandes operaciones urbanísticas previstas en la Comunidad de Madrid porque no han justificado cómo y de dónde se abastecerán de agua. Aunque estos informes no son vinculantes, afectan a millares de viviendas de una zona recalificada en la capital y cuatro urbanizaciones en Boadilla, entre otras. El Canal de Isabel II, dependiente de Esperanza Aguirre, afirma que los informes son ‘una forma torticera de controlar el urbanismo’.

Los informes negativos afectan a cuatro urbanizaciones en Boadilla del Monte, un plan del Ayuntamiento de Madrid para urbanizar una parcela de 35.945 metros cuadrados, una urbanización en Torrejón de la Calzada, un plan parcial en San Martín de Valdeiglesias, una urbanización en Sevilla la Nueva y el plan de ordenación urbana de Fuente el Saz de Jarama.

Todos han tenido la misma respuesta: ‘No se ha justificado la garantía de suministro de agua (...) para abastecimiento a la población. En tanto esta justificación no se produzca, los informes deben considerarse desfavorables’, según un documento al que ha tenido acceso este diario. Otros ayuntamientos han desarrollado operaciones urbanísticas sin consultar a la Confederación, y según fuentes de este organismo, ‘tampoco tienen garantizada el agua’.

Estos informes no son vinculantes. Los ayuntamientos y la Comunidad de Madrid podrán seguir adelante con las obras, pero fuentes de la Confederación afirman que una vez terminadas ‘habrá que ver si se les suministra el agua’. En junio de 2005, el Congreso incluyó en la ley del Plan Hidrológico la exigencia de estos informes. ‘Cuando los actos o planes de las comunidades autónomas o de las entidades locales comporten nuevas demandas de recursos hídricos, el informe de la Confederación Hidrográfica se pronunciará expresamente sobre la existencia o inexistencia de recursos suficientes para satisfacer tales demandas’.

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Economía y laboral
 
EL BE ALERTA DE LOS RIESGOS DE LAS HIPOTECAS A 50 AÑOS
El Mundo - 06 de febrero de 2006
 
 
El Banco de España sigue pidiendo prudencia y mesura a las entidades que ofertan hipotecas. El banco emisor ha alertado sobre los riesgos que puede comportar la proliferación de los préstamos de muy larga duración, como los de 50 años que han surgido últimamente.

En un mercado en el que cada vez es más habitual que las entidades ofrezcan créditos por el 100% del valor de la vivienda, el director general de supervisión financiera del Banco de España, Pedro Pablo Villasante, indicó que el límite del 80% del valor de tasación como cuantía del préstamo es "el más razonable".

"Y si este límite es razonable, también es lógico que haya ratios más exigentes en hipotecas no tradicionales", como las que tienen plazos especialmente largos, permiten diferir los pagos o ampliar el capital prestado.

"Estas hipotecas constituyen un motivo de atención para los supervisores no sólo en España", indicó el director. En su opinión, "afloran nuevos riesgos que es necesario gestionar con rigor dada la escasa experiencia acumulada", lo que exige que se deba "informar de manera adecuada a los clientes".

Villasante alertó de que el comercializar nuevos productos por parte de las entidades por simple "mimetismo" puede llevar a "relajar" los criterios de concesión de préstamos.

Se deben "mantener elevadas exigencias de control interno, mejorándolas y haciéndolas sensibles a los riesgos a que se ven expuestas nuestras entidades", así como "anticipar situaciones desfavorables y mitigar efectos adversos", afirmó el director.

Las hipotecas han alcanzado niveles de duración récord en los últimos tiempos debido a los altos precios en los que se ha situado la vivienda. Estos préstamos largos permiten acceder a unos pagos mensuales asumibles por los clientes, pese a los máximos en que se han colocado los pisos.

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Temores y esperanzas de la 'generación iPod'
CincoDías.com - 06 de febrero de 2006
 
 
Los expertos retratan a una juventud insegura, presionada, agobiada a impuestos y muy endeudada

Los jóvenes de hoy parecen atrapados en un tipo de depresión generacional. El grupo de investigación neoyorquino Demos ha publicado recientemente un libro titulado Atados: por qué los norteamericanos veinteañeros y treintañeros no pueden seguir adelante. El año pasado, el grupo londinense Reform publicó un estudio sobre la generación iPod, un juego de palabras que utiliza las letras del reproductor musical como iniciales en inglés de una generación insecured, pressured, overtaxed, debt-ridden (insegura, presionada, agobiada a impuestos y altamente endeudada).

Si hay una canción con más probabilidades de encabezar la lista de los temas iPod, ésta sería el clásico tema de los Smiths Heaven knows I'm miserable now (Dios sabe que me siento fatal ahora).

'La mayoría da por supuesto que los jóvenes de hoy están mejor que nunca con sus iPod y los vuelos baratos, pero cuando se profundiza un poco vemos que su futuro es muy problemático', dice Blair Gibbs, uno de los autores del informe Reform.

Los jóvenes recibirán de la Seguridad Social mucho menos de lo que aportan. 'El Estado de bienestar se construyó con la idea de que todas las generaciones pagarían lo mismo', explica Gibbs. 'La tendencia demográfica hace que esto sea imposible'. Aunque los jóvenes paguen altos impuestos, no recibirán atención sanitaria o educación gratuita o el mismo sistema de pensiones generoso que sus padres. Al mismo tiempo, el incremento de precios de los activos ha puesto las propiedades fuera de su alcance y el coste de la educación es prohibitivo.

Tamara Draut, autora del libro de Demos, indica que las matrículas de las universidades públicas casi se han triplicado desde 1980. Ajustado a la inflación, el sueldo medio de un joven con estudios de enseñanza secundaria ha caído a 29.000 dólares desde los 42.000 dólares en 1972.

Sin embargo, algo no suena del todo cierto sobre esta angustia generacional. La medicina está avanzando enormemente y continuará haciéndolo. La prohibición del tabaco hará que más gente abandone el hábito, lo que significa que la gente vivirá más y gozará de mayor salud.

La globalización permite a jóvenes con estudios trabajar en casi cualquier sitio, en lugar de tener que buscar un empleo en su ciudad. ¿Aburridos de Londres o Nueva York? Pruebe suerte en Moscú o Shanghai. En Reino Unido y EE UU casi todo el que quiere un trabajo puede encontrarlo. La inflación está controlada y los bancos centrales consiguen suavizar mucho más los ciclos económicos de lo que solían hacerlo antes. La hiperinflación, el paro, la crisis del petróleo de los setenta no fueron una diversión para la generación del baby boom.

La guerra contra el terrorismo y el conflicto en Irak no son más que ruidosas peleas de bar comparados con la Guerra Fría, cuando los rusos solían imprimir mapas de Londres con los nombres de las calles traducidos para que los tanques pudiesen circular por la cuidad. Hoy en día, traducen folletos para poder vender acciones en ofertas públicas de venta.

Las herencias, al menos en las clases medias, pueden ser enormes. La casa de los padres valdrá una fortuna y permitirán a más de uno jubilarse para gozar de una vida de lujo a partir de los cincuenta. De hecho, muchas de las quejas de la generación del iPod tienen una parte mucho más optimista de lo que se cree. Puede que comprar la primera vivienda sea caro, pero también significa que las herencias van creciendo.

El sondeo sobre las mayores fortunas publicado por Capgemini y Merrill Lynch en 2005 indica que había 8,3 millones de ricos en todo el mundo en 2004, y 2,5 millones de los cuales en EE UU. Hacerse rico nunca ha sido tan fácil como ahora.

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Aumenta 13% el número de expedientes de regulación de empleo
El Mundo - 06 de febrero de 2006
 
 
Hasta noviembre de 2005

El número de trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo (ERE's) autorizados por el Ministerio de Trabajo ascendió a 60.624 en los 11 primeros meses de 2005, lo que supone un aumento del 13,87% respecto al mismo periodo de 2004, según el Boletín de Estadísticas Laborales.

A pesar del repunte en el número de trabajadores afectados, las autoridades laborales autorizaron de enero a noviembre del año pasado un 15,85% menos de ERE's que en igual periodo de 2004, hasta sumar un total de 3.380 expedientes.

De esta cantidad, 2.722 expedientes fueron pactados con los representantes de los trabajadores y 658 no pactados, afectando, respectivamente, a 49.370 y 11.254 trabajadores.

De enero a noviembre de 2005 el Ministerio de Trabajo autorizó 1.681 expedientes de extinción de empleo -despidos colectivos-, lo que representa una caída del 29,1% en relación a los once primeros meses de 2004. Estos expedientes significaron el despido de 28.023 trabajadores, un 0,77% menos.

Desglose de datos

La mayor parte de los trabajadores que se vieron afectados por un ERE en el periodo enero-noviembre del año pasado lo fueron por suspensión temporal (31.818) y extinción de empleo (28.023), frente a los de reducción de jornada, donde hubo 783 trabajadores afectados.

En los once primeros meses de 2005 se autorizaron más expedientes de extinción (1.681) que de suspensión temporal (1.621) y de reducción de jornada (78).

Por sexos, los expedientes de regulación de empleo afectaron en mayor medida a los trabajadores varones (42.895) que a las mujeres (17.729), con crecimientos, respectivamente, del 15,09% y del 9,22% sobre el mismo periodo del año pasado.

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Las constructoras pujan con bajas de hasta el 35%
CincoDías.com - 07 de febrero de 2006
 
 
Las rebajas excesivas siguen siendo un problema en concursos que convoca el Ministerio de Fomento. Pese a los cambios que ha introducido este departamento en los contratos tipo para moderarlas, las constructoras siguen pujando con bajas de hasta el 35% con respecto al presupuesto de las obras e incluso con ofertas temerarias. Las constructoras medianas agrupadas en Aerco reclaman al Servicio de Defensa de Competencia que actúe para que la nueva ley ponga coto a la temeridad.

Ciertas constructoras siguen pecando de bajas excesivas, sobre todo en las obras de carreteras. Algunos de los concursos que ha licitado Fomento tras cambiar los pliegos de condiciones muestran ofertas con rebajas de más del 30% sobre el presupuesto, según los datos que maneja el sector. Esto significa que las empresas siguen con la guerra de precios que mantienen sobre todo en obras viarias y de AVE.

Por ejemplo, en un concurso para obras de conservación y explotación en la A-62 y la N-112, en Valladolid, la baja llega al 35%, mientras la media es del 18,53%. Pero lo más llamativo es que algunas de las ofertas fueron temerarias, recuerdan fuentes del sector. Copasa, Sacyr, Elsan-Pacsa (filial de OHL) y Dragados (de ACS) se distinguieron como los más agresivos. Otra muestra, con la misma baja máxima del 35% se dio en las obras en la A-63 en Oviedo, con una media mucho más alta, del 28,63%. En este concurso, empresas como Ceyd con Obras Subterráneas, Copasa de nuevo y FCC pujaron más a la baja. En comparación con las ofertas que se daban con los pliegos antiguos, las bajas máximas y medias se han atemperado pero aún no dan muestras de una moderación como tendencia, señalan fuentes del sector. En el concurso de la A-66 y de la A-67, hubo bajas de hasta el 42%.

Una oportunidad en la nueva ley

La conclusión es que la modificación que impulsó Fomento para aminorar estas ofertas agresivas aún no da grandes frutos. En agosto, se aprobaron los nuevos pliegos por los que se acotaba el límite para considerar temeraria una oferta. No puede superar cuatro puntos a la rebaja medio, frente a los 10 de antes. Las constructoras medianas, las principales afectadas por estas pujas a la baja, son optimistas. Consideran que 'aún es pronto para comprobar los efectos, que se verán a medio plazo', señalan en este segmento de empresas.

Para acabar con este problema de rebajas que rozan (o caen) en la temeridad, Aerco -Asociación Nacional de Empresas Constructoras de Obra Pública que agrupa a constructoras medianas-, ha pedido la actuación del Ministerio de Economía, a través del Servicio de Defensa de la Competencia (SDC). Estas empresas se consideran muy afectadas por las bajas agresivas porque generan 'prácticas restrictivas de la competencia'. 'No representan la realidad del mercado', añade José María Izard, gerente de Aerco. El anteproyecto de ley de contratos del sector público es una oportunidad para 'aprobar medidas que moderen las bajas'. Aerco cree que el borrador no lo deja claro y apela a la capacidad que tiene el SDC para informar en anteproyectos de normas que afecten a la competencia para que proponga cambios en la norma.

Guerras de precios

Las constructoras entraron en una espiral de bajadas de precios que tuvo su culmen el año pasado. Muchas en el sector se quejaban de que era imposible competir con rebajas excesivas que les dejaban fuera de los concursos.

El mayor reflejo de esta guerra de precios se ha dado en las obras que licitaba Fomento. En parte, según explican en el sector, porque tras un 2004 con menor ritmo de contratación de este departamento, las empresas apuraron al máximo para ganar las obras que salieron a concurso en 2005.

En agosto, Fomento cambió el contrato tipo para limitar las bajas excesivas y temerarias. Pero si ahora se aprueba la nueva ley de contratos del sector público (el anteproyecto se puede aprobar este mes), requerirá otra modificación en estos pliegos, avisan las constructoras. Así que ahora toca lidiar con un contrato tipo transitorio.

En cuanto al llamamiento de Aerco para modificar el anteproyecto, depende de si Defensa de la Competencia admite o no la propuesta y aún tiene plazo para contestar.

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¿Crisis o mantenimiento del ciclo expansivo?
Libertad Digital - 08 de febrero de 2006
 
 
La publicación de una serie de malos datos, en concreto el de la inflación, sobre la economía española la semana pasada, ha desatado una polémica sobre si se pueden interpretar en el sentido de que se ha producido un punto de inflexión negativo en nuestro crecimiento.

No hay que caer en el error, en mi opinión, de intentar sacar conclusiones de esa serie de datos, en algunos casos de un sólo mes, o incluso de un sólo trimestre, perdiendo de vista la tendencia de fondo.

I. Los últimos datos

No me parecen relevantes para el análisis ni el paro registrado, una variable condicionada por muchos factores, y entre esos la actividad económica no es la más importante, ni el paro en términos de EPA (Encuesta de Población Activa), porque la tremenda influencia de la inmigración en el conjunto total de personas que buscan empleo, le priva, también, de significación a la hora de detectar cambios en el nivel de actividad económica general.

Respecto a que el número de afiliados a la Seguridad Social se haya reducido en enero de 2006 en 32.000 personas frente a un aumento de 123.000 afiliados en enero de 2004 y 26.000 en enero de 2005, sí podría ser significativo pero, nuevamente, no podemos sacar conclusiones del dato por la situación de un colectivo importante de inmigrantes, para los que era muy conveniente estar dados de alta en la Seguridad Social en 2004 y 2005, ante la inminencia de un proceso de regularización. Conclusión, el dato del empleo nos dice poco sobre la situación de crecimiento o no de la economía en esta ocasión.

Los datos de inflación, en cambio, sí son relevantes. En 2005 el IPC terminó en el 3,7% de subida y en enero –un mes tradicionalmente de reducción por la influencia de las rebajas– ha vuelto a acelerarse, hasta un 4,2%, nada menos. Es una noticia horrorosa para el futuro. Sólo es un dato bueno, a corto plazo, para 2006, para Hacienda, que verá como se vuelven a disparar sus ingresos tributarios, pues para ella lo relevante es lo que crezca el PIB nominal y en estos momentos es posible que esté aumentando más de un 7,5% en base anual. Dinero público, pues, a corto plazo, para pagar el desmantelamiento de la unidad política y económica española; dinero para poder transferir, sin agobios, recursos antes estatales, a todas las autonomías pero, en particular, a las de los amigos, a las controladas, –gobernadas es un término demasiado fuerte y neutral–, por los nacionalistas y por el propio PSOE. Buena noticia por tanto, la de la inflación para Rodríguez Zapatero, pues le permitirá disfrazar en 2006 las consecuencias fiscales del acuerdo con los separatistas catalanes.

No tenemos todavía los datos completos de actividad económica en 2005, pero parece que la economía ha crecido un 3,4%, apoyada, como desde hace años, en el consumo (crecimiento del 4,4%) y en la construcción, pero también en una mayor inversión en bienes de equipo. Y un agujero negro en el sector exterior. En artículos anteriores había comentado la deshonestidad intelectual del Ministerio de Economía, que llegó tan lejos como para pronosticar, a mediados de 2005, que el sector exterior iba a restar sólo el 1% al PIB en el propio año de 2005, y que en 2006 el porcentaje de reducción sería incluso menor. Nada avalaba este deseo político. A pesar de la sorprendente reclasificación de los gastos de turismo, ¡¡por error previo!!, según el Instituto Nacional de Estadística. El sector exterior ha restado al menos, el 1,8% del PIB, tras haberse producido –en los últimos meses– un ligero crecimiento de las exportaciones sobre la tendencia del resto del año y una también ligera disminución de las importaciones.

El otro dato significativo que nos falta todavía es el del déficit de la balanza por cuenta corriente. Si, finalmente, se sitúa entre el 7% y el 8% del PIB, habría alcanzado una cifra de entre 63.000 y 72.000 millones de euros. Un déficit del 7% del PIB significa que España está gastando, en consumo e inversión, un 7% más de lo que ahorra, endeudándose –en consecuencia– con el exterior, para mantener ese nivel de vida y esas inversiones. Un endeudamiento que no se nota en el día a día, porque se canaliza a través de las entidades financieras, bancos y cajas, que para seguir dando créditos en España acuden al endeudamiento en el exterior, donde continúa habiendo dinero abundante y barato.

La inflación, el sector exterior y el endeudamiento están relacionados. A mayor inflación, mayor déficit del sector exterior y mayor endeudamiento. ¿Se notará en el crecimiento de 2006? Más adelante lo veremos.

En 2005, pues, la economía española ha seguido creciendo con fortaleza, especializándose, todavía más, en la creación de empleo de baja calidad utilizando para ello, en buena parte, ahorro externo.

II. Las perspectivas económicas para 2006

En los últimos meses se han producido algunos cambios que van a afectar a la actividad económica española en 2006.

En primer lugar, una ligera subida de los tipos de interés del euro. ¿Cómo cuantificar su importancia? Un cálculo imposible, aunque es posible hacer alguna consideración; una de ellas es cómo podría afectar al consumo de las familias esa subida, si se mantiene a lo largo de 2006. Si, por ejemplo, los tipos de interés de los préstamos hipotecarios subieran, en promedio, un 1%, como la deuda hipotecaria total alcanza ya los 700.000 millones de euros, eso se traduciría en 7.000 millones de euros, que habría que detraer del consumo. O, si se mantiene éste, tendría que aumentar, en la misma cantidad, el endeudamiento. Una subida más pronunciada de los tipos de interés, que llevara el tipo de intervención del BCE al 4,5%, por ejemplo, el mismo tipo que el de la Reserva Federal para el dólar, significaría una afectación de entre 14.000 y 20.000 millones de euros que sería, nuevamente, o menor consumo o mayor endeudamiento; o una situación intermedia, obviamente. Una situación de este tipo –una subida de intereses de esa magnitud– no se va a producir en 2006 y, por otra parte, todo parece indicar que el consumo se va a mantener y que lo que volverá a dispararse será el endeudamiento.

La subida de los precios del petróleo y del gas en 2006 parece inevitable y afectará al sector exterior en forma de mayor déficit. La combinación de exportaciones afectadas negativamente por nuestra mayor inflación y de importaciones en aumento por el mantenimiento del consumo y el crecimiento de los precios del petróleo y gas, deberían traducirse en un mayor déficit del sector exterior, hasta suponer un efecto negativo sobre el crecimiento superior al 2% del PIB, frente al 1,1% que ha proyectado el Ministerio de Economía, que se amparaba, para hacer esa proyección, entre otras variables, en un petróleo a 55 dólares/barril, y una inflación en claro retroceso respecto a 2005.

Por otra parte, la economía europea no mejora con claridad; en concreto, Alemania parece estancada otro año más. Y ello afecta a nuestro crecimiento de forma negativa aunque, por otra parte, garantiza que el Banco Central Europeo no va a subir significativamente los tipos de interés, con lo que podremos seguir con nuestro desequilibrado modelo de crecimiento un año más.

¿Perspectivas? Crecimiento menor del que esperaba el gobierno (frente al 3,3% proyectado es posible que nos quedemos, de entrada, en el 3%), con un mayor consumo del que dice el gobierno (esperaba un 3,5% de crecimiento y volverá a ser superior al 4%), mayor inflación (rebajar, partiendo de su amenazador dato del 4,2%, va a ser complicado), mayor desequilibrio del sector exterior (que nos costará no el 1,1% del PIB sino posiblemente alrededor del 2%) y un mayor endeudamiento global de nuestra economía.

III. El riesgo de un parón brusco

Nuestro ciclo, por tanto, sigue, y las probabilidades de un parón brusco, con retroceso en términos reales y pérdida significativa de empleo, se acrecientan. La economía española está entrando en un terreno desconocido, con desequilibrios monumentales y fenómenos de una enorme intensidad, como la inmigración, de análisis muy complicado. El resultado es bienestar, otro año, a corto plazo y, nuevamente, unos ingresos descomunales para Hacienda, y un riesgo de caída dramática de la actividad en algún momento. Ese momento de ruptura ocurrirá por causas internas, si se quiebra la confianza de los residentes en España en el futuro, ya sea por razones políticas o económicas, o por razones externas, o por una combinación de ambas.

Entre las causas internas podemos enumerar las siguientes: Estancamiento en el mercado compraventa de viviendas, ya sea con reducción de precios o con paralización de operaciones. Si eso ocurriera, el consumo disminuiría, pues los residentes en España considerarían que su patrimonio no es tan elevado como ellos habían creído.

Reducción del número de inmigrantes que están dispuestos a trabajar, lo que afectaría a toda la actividad, pero particularmente al sector de la construcción, al inmobiliario y al consumo.

Decisión de reducir su nivel de endeudamiento por parte de las familias, que consideren que no se justifica económicamente, dado el nivel de precios existente en la mayoría de activos, seguir endeudándose para invertir. Incertidumbre política por el desmantelamiento de la unidad política y económica de España.

Pero también puede haber causas externas:

Que la economía norteamericana, como desean muchos economistas progresistas desde hace muchos años, deje de crecer al ritmo que lo está haciendo.

Que la economía europea se recupere, como esperan esos mismos economistas progresistas desde hace más de diez años, lo que significaría una subida inmediata de los tipos de interés del euro y una afectación negativa para España. Que, partiendo de los niveles actuales –en torno a los 60 dólares/barril– del petróleo, su precio vuelva a subir hasta los 80 ó 90 dólares el barril. A los tipos de cambio actual (1 euro = 1,21 dólares USA), una subida adicional de 20 dólares por barril, significaría una transferencia adicional de recursos al exterior por parte de la economía española de 9.000 millones de euros, el 1% del PIB. En ese caso, el sector exterior restaría cerca del 3% del PIB, en lugar del 1,8% actual.

En conclusión, podemos seguir creciendo con el actual modelo desequilibrado, pero cada vez dependemos más de que no falle ninguno de los múltiples factores que explican y sostienen muestro sorprendente ciclo expansivo.

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Malvivir debajo de un puente
Periodico Diagonal (Burbuja inmobiliaria y mercado laboral) - 02 de febrero de 2006
 
 
Decenas de subsaharianos, trabajadores de la campaña de la naranja, duermen al raso

La ciudad de Valencia carece de un albergue donde acoger a los temporeros de la naranja. Esta situación provoca que decenas y a veces cientos de subsaharianos tengan que dormir en la calle.

Bajo el puente de Ademúz, en el antiguo cauce del río Turia y junto a un importante centro comercial, se congregan cada noche entre 50 y 300 subsaharianos. Son inmigrantes africanos con o sin papeles, que buscan dónde dormir. Llegaron aValencia trasladados o expulsados de Ceuta y Melilla y de las Islas Canarias, otros son temporeros del campo que vienen a la campaña de la naranja. Al caer la noche, empieza el trajín de los subsaharianos acomodándose los cartones y las mantas bajo la humedad del puente. Un coche patrulla pasa despacio, controlando, mirando. Hace unos meses también venía una cuba de agua y los regaba, empapando sus ropas y sus mantas. Es la política de baldeos de la alcaldesa Rita Barberá. Las ONG se hicieron eco de estas prácticas municipales y comenzaron una campaña en los medios para denunciar esta situación y pedir soluciones.

Exigir derechos

Para Mimi Boughaleb, representante del Foro Alternativo de la Inmigración, no hay una voluntad política para resolver una situación tan humanamente dramática como ésta. Su organización lleva año y medio trabajando con los subsaharianos del río y tienen claro que “no se trata de ejercer caridad si no de exigir derechos”. En marzo comenzaron a negociar la tramitación para 170 expedientes y ya han conseguido los papeles para 24. Nos dice que esperan que les concedan todos. Mientras, han abierto junto con Cáritas y otras organizaciones un centro de día donde pueden ir a comer, ducharse o lavar la ropa, pero no a pasar la noche. A pesar de que las organizaciones que trabajan con estos inmigrantes –Cáritas, Foro Alternativo para la Inmigración, Centro Arrupe, Intermón, Médicos del Mundo, CC OO y ValenciaAcoge– llevan meses pidiendo una reunión con la concejala de Servicios Sociales, Marta Torrado, ésta todavía no ha tenido lugar. Quizás la señora Torrado tenga miedo de que le pregunten sobre el Plan Integral de la Inmigración que en diciembre recibió del Ministerio de Trabajo y Servicios Sociales más de 14 millones de euros en un convenio permanente y plurianual al que la Generalitat Valenciana debería aportar cuatro millones de euros más. Dinero que no consta en los presupuestos de la Generalitat para el 2006. Dieciocho millones de euros que están en el limbo: transferidos pero no incluidos en las actuaciones de este año. Mientras, la concejala Marta Torrado hace declaraciones a la prensa afirmando que “los subsaharianos duermen bajo el puente porque no quieren pagarse una pensión, ya que muchos de ellos cobran 35 euros diarios” y que “la asistencia es complicada ya que no son indigentes que tienen preferencia en los albergues”.

La concejala de Asuntos Sociales no ha querido reunirse con diferentes organizaciones para resolver el problema

Ante lo cual dice que se ocupe el delegado de Gobierno, ya que es un tema de inmigración ilegal, que les arreglen barracones en los cuarteles del Ejército o que les instalen unas carpas en los municipios donde van a trabajar. Un par de amigas hemos bajado alguna noche a hablar con ellos. Hacía frío, se preparaban para dormir, con nuestro mal francés y su poco español hemos conversado. Son jóvenes de Mali, Ghana, Gambia, Costa de Marfil y otros países africanos. Trabajan en la naranja, cada madrugada van hasta la plaza donde esta la fuente de la Pantera Rosa o bien les recoge una furgoneta en el mismo puente donde duermen para llevarlos a los campos de naranjas. Tienen que pagar seis euros por el transporte, con independencia de que cuando lleguen allí encuentren trabajo o no. Si les cogen pueden cobrar 35 o 40 euros por una jornada de 12 horas de trabajo a destajo. Un joven de Mali nos contó que había trabajado como temporero en Lleida, en Murcia, en Huelva, en Logroño y en otros lugares, y en ninguno le habían tratado tan mal como aquí. Se queja de los ecuatorianos que le cobran el transporte y se quedan con una parte de lo que le pagan en la naranja. Llegó en una patera; viajó en coche con más compatriotas hasta Argelia y allí trabajó en la fruta para poderse pagar el resto del viaje, y finalmente llegó aquí jugándose la vida para poder trabajar y mandar dinero a su familia. Él tiene papeles que le tramitó el jefe que tenía en Huelva, pero a pesar de los papeles nadie quiere alquilarle un piso. “Cuando llamas por teléfono y se dan cuenta de que eres moreno ya no te quieren alquilar nada”, nos dice. Otro compatriota de Mali nos dice que estuvo un año viajando para llegar aquí pero que no puede contarnos nada porque ha borrado ese año de su cabeza; él ya no vive en el puente donde estuvo varios meses, ahora está en un piso cercano.

“Cuando llamas para un piso y se dan cuenta de que eres moreno, no te quieren alquilar nada”, dice un joven de Mali

Algunos de ellos, los más afortunados, encuentran un piso que comparten con más compatriotas o entran en una casa abandonada hasta que les desalojan. Un gambiano nos enseña su expediente de expulsión. Cae la noche y ya están arropados en sus mantas, con toda la ropa que tienen puesta. No queremos seguir molestando porque sabemos que mañana se levantan a las cinco para probar suerte en la naranja. Subimos a la avenida, vemos las luces del Corte Inglés y a ellos abajo y nos vamos a casa con el corazón encogido.

La excepción del cítrico

La recogida de cítricos en Valencia emplea a unas 50.000 personas y supone una excepción a la sobreexplotación laboral de los convenios del campo en el Estado español. Pese a los casos particulares de abusos laborales, la recogida de la naranja está bien pagada, con sueldos de 47 euros diarios en jornadas de cinco horas, si bien la prácticamás habitual es el trabajo a destajo. Además, según informan fuentes conocedoras de esta campaña, el convenio valenciano no registra los incumplimientos que afectan a otros convenios agrarios del Estado. Prueba de ello es la fuerte presencia de mano de obra autóctona, si bien cada vez hay más trabajadores inmigrantes.

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La riqueza de las naciones
Rebelion.org - 04 de febrero de 2006
 
 
El modelo de crecimiento español está abriendo una brecha entre generaciones

Señala sabiamente Adam Smith al inicio de La riqueza de las naciones (1776) que ésta depende básicamente de "circunstancias" entre las que destaca "la pericia, destreza y juicio con que se aplique generalmente su trabajo" y en segundo lugar "la proporción que se guarde entre el número de los que se emplean en el trabajo útil y el de los que no están útilmente empleados". Traducido a lenguaje moderno: la productividad de los factores y su utilización son los determinantes de la riqueza.

A principios del 2006 los datos de la UE confirmaban el descenso de posiciones de España en materia de innovación -- n su sentido amplio, que incluye la educación, la tecnología y la capacidad emprendedora- dando motivos para preocuparse por el presente y el futuro de la "pericia, destreza y juicio" con que podremos en el futuro ir "aplicando nuestro trabajo". Respecto a la "segunda circunstancia" señalada por Adam Smith, los recientes buenos datos de la EPA muestran cómo la tasa de empleo (ocupados sobre mayores de 15 años) ha alcanzado un máximo histórico del 52% (impulsada por una tasa del 66% entre la población inmigrante), lo que nos sitúa ya sólo diez puntos por debajo de Estados Unidos.

Olivier Blanchard, del MIT, hablaba del spanish puzzle para referirse a la creación de empleo con baja productividad, y habla ahora de "ambiguo milagro". Las razones de la ambigüedad y fragilidad de nuestro modelo se han visto ratificadas por los datos de innovación, productividad, déficit comercial y diferenciales de inflación. Claro que el PIB crece más que Europa, gracias a la construcción y el consumo. ¿Qué efectos tiene ello sobre las "circunstancias" señaladas por Smith? El nuevo presidente de la Reserva Federal, Bernanke, ha recordado de modo elegante pero claro que la inversión no sólo vale por su aportación a la demanda y al PIB sino también - y, a largo plazo, sobre todo- por su capacidad para canalizar o "incorporar" mejoras de productividad, lo que se consigue con mucha más intensidad con inversión en equipamiento y maquinaria modernizadores que por inversión inmobiliaria. Un estudio reciente de Nordhaus sobre la evolución de la productividad en Estados Unidos detecta en la construcción una de las pocas excepciones importantes a los resultados generales positivos.

Ahora que tanto se habla de solidaridad y cohesión no debería ignorarse las "brechas" que está abriendo el "modelo español de crecimiento". Por una parte, la que actúa contra empresas y personas que se desenvuelven en un entorno de dura competencia y se ven obligados a transferir recursos - vía mayores subidas de precios y costes- a los sectores o grupos beneficiarios de escaseces artificiales y regulaciones. Por otra, la que afecta a las jóvenes generaciones, que empiezan a sentirse defraudadas por la combinación de precariedad laboral y dificultades de acceso a la vivienda. Estas brechas deterioran los incentivos a la mejora de la productividad que requiere la implicación de las personas para que apliquen su "pericia, destreza y juicio" de forma dinámica y creativa. ¿Podremos recuperar la solidez en los fundamentos de la generación de la riqueza apuntados por Adam Smith antes de que lleguen peores tiempos?

JUAN TUGORES, catedrático de Economía de la UB

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Regreso al gimnasio
Levante-EMV.com - 06 de febrero de 2006
 
 
La banca y las cajas de ahorro españolas flotan desde hace unos años en una auténtica orgía inmobiliaria a la que ellas mismas han acudido en busca de cuota de mercado (y de no perderla), y entregando para ello el grueso de su inversión y un nivel de riesgo creciente tal vez no muy ponderado por sus estrategas financieros. Los reiterados avisos emitidos desde el caserón de la plaza Cibeles de Madrid no encuentran eco en las mullidas alfombras de las plantas nobles bancarias. En éstas, y aun aceptando las razones del Banco de España, prefieren hacer oídos sordos antes que ceder un gramo de negocio a la competencia.

«Alguien debería dar el primer paso, pero ninguno queremos ser el primero en hacerlo», señala uno de estos banqueros, añadiendo que el Banco de España ya ha tirado la toalla, cruza los dedos y toca madera. Ese primer paso no sería otro que cumplir dos recomendaciones de la autoridad inspectora con las que los técnicos coinciden pero que bancos y cajas han arrinconado en el desván del olvido (el negocio es el negocio). Se trataría, simplemente, de no financiar más del 80 por 100 del precio de una vivienda y no el cien por cien como hacen prácticamente todas las entidades financieras. Y, en segundo lugar, de no conceder préstamos hipotecarios a tan largo plazo. De los veinte o veinticinco años recomendados para devolver una hipoteca, el sistema ha alargado el plazo hasta los treinta y treinta y cinco años o, como alguna caja de ahorros vasca, hasta los 50.

Poco sensata, si no suicida, esta estrategia. Los consumidores apenas encuentran obstáculos en la sucursal bancaria a la hora de endeudarse de por vida, incluso tal vez por encima de sus posibilidades reales. Lo cual ha favorecido, y mucho, el desarrollo de la industria inmobiliaria y también el de la banca, aunque las consecuencias de este dispendio sean imprevisibles. Por otro lado, sigue sin freno la escalada del precio del suelo, verdadero motor de la subida de precios de la vivienda, especialmente en la Comunidad Valenciana. Un experto lo expresa gráficamente: «El metro de suelo en Valencia y sus alrededores ya es más caro que en Miami, como Madrid es más caro que Hong Kong y Barcelona que Londres.» En Valencia ya se paga un millón de euros por una hanegada (832 metros cuadrados). ¿A cuánto tiene que vender un promotor el metro cuadrado de vivienda para poder obtener su correspondiente 20 por 100 (mínimo) de beneficio? Hagan cuentas.

Y todavía hay quien rechaza la existencia de una burbuja inmobiliaria. Quienes lo duden deberían saber que el Banco de España no sólo admite su existencia sino que además ha logrado tomarle medidas. En efecto, los técnicos de Cibeles han establecido una denominada subida de equilibrio para los precios de la vivienda que marca cuál debe su nivel medio de estabilidad. La fórmula para hallar esta subida anual de equilibrio se obtiene de la suma de la inflación (3,8% en 2005) y el crecimiento del PIB (3,4% el mismo año). Por tanto, la subida media y equilibrada del precio de la vivienda en España para todo 2006 debería rondar el 7,3%. Cualquier subida por encima de esa cifra realimentará la ya pesada burbuja que acumula el sector, bien nutrida durante los últimos años. Afortunadamente, afirman los financieros, el crecimiento de los precios ha aflojado en los últimos meses y se reduce el riesgo real de una caída brusca y muy traumática. Dentro de dos o tres años, confían, la subida estará contenida en los márgenes de equilibrio ya establecidos. Y costará mucho más vender un piso.

Cosa bien distinta son los evidentes signos de aumento de la morosidad en bancos y cajas. «Estamos notando retrasos», se lamenta el director de una sucursal bancaria ante las dificultades de un número cada vez mayor de clientes para pagar los plazos de su hipoteca. En alguna entidad ya han decidido actuar con mano dura para intentar cortar en seco el problema. «A estos clientes les pedimos que refinancien el crédito en otro banco para poder alargar los plazos con cantidades más reducidas que puedan pagar. Si no lo consiguen, les proponemos que vendan la casa ahora que todavía pueden obtener cierta plusvalía por ella y antes de que se congelen los precios, dentro de dos o tres años. Si el cliente se enfada y nos amenaza con llevarse la cuenta a otro banco, no intentamos impedírselo...»

El problema, según se reconoce en el sector financiero, es que la mayoría de las entidades han perdido el músculo necesario para soportar crisis de impago de hipotecas. No están acostumbradas a ellas y no existe un protocolo de actuación. Casi nadie en la banca se acuerda ahora de los problemas del sistema financiero a principios de los años noventa para cobrar las hipotecas y actuar frente a los morosos. «Los banqueros tendríamos que ir al gimnasio para recuperar músculo ante lo que se pueda avecinar.» Y ponen otro ejemplo, dirigido a la sociedad valenciana: «La gente se cree que la alegría especulativa va a continuar siempre. No se acuerdan de cuando a final de los ochenta costaba muchísimo vender un piso de 200 metros en la calle Colón de Valencia por más de cuatro millones de pesetas. De allí venimos y hacia allí podríamos volver.» Pues adelante. Primero una ducha fría para frenar el calentón y después, al gimnasio.

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Comunidad de Madrid
 
CONCENTRACIÓN CONTRA LA SUBIDA DE LOS PRECIOS
Ania (Comunidad de Madrid) - 08 de febrero de 2006
 
 
La carestía nos hará más pobres: concentración lunes 13 de febrero a las 18h. La subida de los precios de los servicios y productos básicos, muy por encima de las subidas salariales, nos hace cada año un poco más pobres ante el silencio y la pasividad de las administraciones local, regional y estatal. Hay, sin embargo, quien no se va a callar. Si tú tampoco lo vas a hacer, súmate a la concentración que tendrá lugar el lunes 13 de febrero a las 18.30h en la Puerta del Sol.

Vivir será más caro aún en 2006. También este año las vecinas y vecinos de Madrid vamos a tener que hacer frente a una notable subida de los servicios básicos: un 4,48% en la tarifa de la electricidad; un 4,2% en la del gas; un 10,3% en el precio de la bombona de butano; el 3,3% en el transporte por carretera y en los peajes y un 4,87% en el transporte público municipal. Además, debemos soportar los incrementos municipales del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y del impuesto de circulación, las tasas del uso de las instalaciones deportivas y las de la Ordenación y Regulación del Aparcamiento (ORA). Ello sin hablar del 14% del incremento medio del precio de la vivienda, una carga añadida que agrava el nivel de endeudamiento sobre la renta disponible de las familias que, según el Banco de España, se ha duplicado entre mediados de los noventa y el año 2004.

Todas estas subidas contrastan con la pérdida de la capacidad adquisitiva de la ciudadanía como consecuencia de una inflación interanual que se ha situado en 2005 en el 3,8%, muy por encima del incremento de los salarios. Así las cosas y, a la luz de las conclusiones de un estudio elaborado por la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE), vivir será más caro en el 2006. Exactamente 669 euros más al año para una familia de tipo medio, una cifra que no andará muy a la zaga a la que tenemos que hacer frente en la Comunidad de Madrid.

El incremento de los precios de servicios claves para la economía familiar denota la falta de sensibilidad de los gobiernos local, autonómico y central ante el debilitamiento de la economía de la ciudadanía. Por ello, la FRAVM insta a las administraciones a que articulen los mecanismos necesarios para evitar estas subidas, señalando, entre otras, la aplicación del IVA superreducido (4%) a los servicios de suministro domiciliario de gas, electricidad, agua y telefonía fija en tanto constituyen servicios básicos para el desenvolvimiento de la vida cotidiana.



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900.000 JÓVENES MADRILEÑOS VIVEN EN EL HOGAR FAMILIAR
MadridPress.com (Comunidad de Madrid) - 06 de febrero de 2006
 
 
Porque "no pueden emanciparse"

El portavoz de Juventud del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid, Javier Gómez, denunció que 900.000 jóvenes madrileños siguen viviendo en el hogar familiar por la "incompetencia" del Gobierno de Esperanza Aguirre, que "da la espalda a los principales problemas de los jóvenes de la región, especialmente en aquellos asuntos que más les afectan, como son la precariedad laboral y la accesibilidad a la vivienda". Tres de cada diez jóvenes de 30 a 34 años no pueda emanciparse. En su opinión, los datos en materia de empleo "son cada día más preocupantes", ya que "la tasa de temporalidad se ha incrementado sustancialmente en los últimos años, un 8 por ciento desde que tomo posesión el Gobierno regional, situándose por encima del 29 por ciento".

Además, resaltó que la tasa de paro de los menores de 19 años sigue situándose por encima del 20 por ciento y la de los jóvenes de 20 a 24 años sigue duplicando el paro del resto de tramos de edad". "Mientras, el Gobierno regional se dedica a la autocomplacencia y al autobombo ignorando la necesidad de impulsar medidas de choque que inviertan esta situación", explicó el portavoz socialista.

De igual forma, según expuso Gómez, las acciones que Esperanza Aguirre ha impulsado en materia de vivienda, "lejos de mejorar la accesibilidad de los jóvenes a este bien, erosionará más el esfuerzo que éstos deben realizar para lograr su emancipación", porque "lejos de influir positivamente para reducir la edad de emancipación de los jóvenes madrileños, hace que éstos tengan que incrementar los ingresos que deben dedicar a obtener una vivienda".

72 POR CIENTO DE LOS INGRESOS

"En la Comunidad de Madrid, un joven tiene que realizar un esfuerzo mayor para adquirir una vivienda y debe dedicar de media el 72 por ciento de sus ingresos a adquirirla", denunció el diputado socialista, quien manifestó que "es inadmisible que nueve de cada diez jóvenes de 18 a 24 años sigan en el hogar familiar, que seis de cada diez de 25 a 29 años esté en la misma situación.

El Consejo Económico y Social reconoció en un estudio que el 98 por ciento de los jóvenes de 18 a 35 años quiere emanciparse".

Para Gómez, el Gobierno de Esperanza Aguirre "es incapaz de ofrecer respuestas eficaces que ayuden a solventar el principal problema de los jóvenes de la región, es más, se está convirtiendo en un obstáculo al representar los intereses de los empresarios y promotores".

Por ello, anunció que en el Pleno de la Asamblea de Madrid del próximo jueves interpelará al Ejecutivo autonómico sobre las medidas que ha impulsado para facilitar la emancipación de los jóvenes en la región, y exigirá un "cambio de rumbo para corregir esta situación y ofrecer una respuesta al principal problema que sufre un colectivo tan vulnerable y numeroso".

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Los municipios se rebelan: quieren un mínimo de VPO
El Mundo (Su Vivienda) (Comunidad de Madrid) - 06 de febrero de 2006
 
 
Creen que algunos pueblos dejarán de construir pisos protegidos

El anteproyecto de la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid (CAM) no complace a todos los municipios de la región. Sobre todo, en lo que se refiere a uno de sus puntos: el que limita la obligación de reservar el 50% de edificabilidad para viviendas protegidas sólo a las localidades de menos de 15.000 habitantes. De salir adelante la norma, 143 pueblos madrileños (el 70% de los municipios de la CAM) podría optar por construir únicamente vivienda libre.

SU VIVIENDA ha consultado a varios responsables municipales de pueblos con menos de 15.000 vecinos y todos coinciden: la ley debería marcar un mínimo. No obstante, han asegurado que en sus pueblos, se seguirá construyendo VPO aunque no estén obligados a ello.

FEDERACIÓN MADRILEÑA DE MUNICIPIOS Luis Partida, presidente: «El nuevo texto tiene cosas muy buenas porque agiliza la tramitación urbanística y aporta transparencia, pero el punto del 50% de edificabilidad para VPO es distinto. Se tendría que haber hecho un estudio de cada municipio porque es evidente que la reserva del 50% es excesiva en muchos casos. Debería haber un mínimo y que cada Ayuntamiento decida el porcentaje que considere oportuno, nunca por debajo de las necesidades porque los ciudadanos se lo demandarán».

GUADARRAMA Miguel Rodríguez Bonilla, concejal de Urbanismo: «La VPO tiene que seguir existiendo. A lo mejor no en un 50%, como marca la actual ley, porque puede ser exagerado para algunos pueblos, pero tiene que haber una reserva de un 25%, un 30% o la que sea porque hay una necesidad grandísima de vivienda protegida. Habrá que determinar el porcentaje en cada caso. Nuestro municipio seguirá reservando suelo en sus planes urbanísticos».

ALPEDRETE Vicente Guillén Velasco, concejal de Urbanismo: «Estamos revisando el Plan General (PGOU), pero es muy suave porque prácticamente todo el suelo del municipio está agotado y el 50% del territorio está protegido. Vamos a crear 1.629 casas y el 47% serán protegidas, independientemente de que este punto de la norma no se modifique. A lo mejor sería bueno reducir el porcentaje, pero hay que mantener una reserva mínima obligatoria para crear vivienda para los ciudadanos».

BRUNETE Félix Gavilanes, alcalde: «Nuestro municipio va a continuar adelante y a mantener el PGOU con una reserva del 50% para VPO, más que nada porque tenemos el Plan muy avanzado. En la actualidad reservamos un 43% para VPO y vamos a respetarlo. Lo que sí es cierto que el 50% puede resultar excesivo para muchos municipios, pero nosotros no nos hemos planteado cambiarlo. Lo que sí puede pasar es que algunos pueblos decidan no hacer VPO».

SAN AGUSTÍN DE GUADALIX Óscar Castillo, concejal de urbanismo: «No estamos de acuerdo en que no se obligue a todos los municipios a reservar VPO. Debería ser obligatorio para todos ya que, si no, conseguirán que en muchos municipios no se hagan casas protegidas. El año que viene, probablemente, sacaremos un nuevo Plan en el que se reflejará que el 50% de las casas que se hagan serán protegidas independientemente de lo que diga la Ley, porque no queremos que nuestros vecinos se marchen a otras localidades a vivir por problemas de vivienda».

PARACUELLOS DEL JARAMA Juan Luis Muñoz, concejal de Urbanismo. «Vamos a seguir haciendo VPO, pero no en un 50%, sino en el porcentaje necesario para dar cobertura a las necesidades de los vecinos. Pero con las viviendas que tenemos previstas vamos a superar los 15.000 habitantes, con lo que tenemos que saber qué va a pasar. La Ley debería obligar a construir VPO a todos por igual, estableciendo un mínimo, para que no haya agravios comparativos».

COLMENAREJO María Isabel Peces-Barba Martínez, alcaldesa: «Estamos elaborando el Plan General de Ordenación Urbana y en él se prevé que el 50% de las nuevas viviendas que se construyan sean protegidas, con lo que vamos a seguir adelante porque queremos facilitar vivienda protegida a los ciudadanos».

SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS Valentín Gómez, concejal de Urbanismo: «Ahora estamos obligados a hacer la misma cantidad de VPO que Alcorcón y eso es desproporcionado, pero la Ley debería establecer un mínimo, aunque sea intervencionista porque, si no, algunos municipios no harán VPO y se trata de una tipología necesaria. Nosotros seguiremos construyendo VPO, aunque probablemente no en un 50%, pero sí en un 15%-20%. Vamos a hacer VPO porque hay mucha gente que no puede acceder a una vivienda».

FUENTE EL SAZ DE JARAMA Luis Manuel Rodríguez del Pino, alcalde: «Me parece mal que la Ley no obligue a todos porque eso hará que muchos municipios estimen que sólo van a hacer vivienda libre y habrá gente que tenga que abandonar su municipio para poder comprar casa. La CAM debería abandonar esa opción. Nuestro PGOU mantendrá el 50%. Hay que pensar en las clases más desfavorecidas y yo no quiero que mis jóvenes y mis vecinos se vayan a los pueblos del sur a comprar casa».

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Ya no les sirve el dinero del alquiler para comprar el piso
20 Minutos (Comunidad de Madrid) - 06 de febrero de 2006
 
La EMV adjudicó 176 viviendas en Villaverde con la promesa verbal de que el dinero del alquiler que pagaran sus propietarios una vez que lo ocuparan se descontaría -al menos en parte- si pasado un tiempo decidían adquirirlo. El contrato dice que no es así.

La alegría que embargó a 176 familias el 30 de noviembre, cuando supieron que eran los adjudicatarios de los pisos de una promoción de vivienda de alquiler de la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) en Villaverde, se convirtió en un «mazazo» cuando el 1 de febrero abrieron el sobre en el que se fijaban las condiciones para entrar en su piso.

Todos, según cuentan decenas de afectados, habían acudido a esta convocatoria, abierta desde enero del año pasado para menores de 35 años, mujeres maltratadas y familias numerosas, convencidos de que tendrían opción a la compra de la vivienda, tal como afirman que les explicaron en la Empresa Municipal de la Vivienda.

El contrato que deberán firmar los adjudicatarios –el plazo es hasta el martes 14–, indica que la EMV podrá, «facultativamente», vender los pisos, pero, en ese caso, el dinero que hayan pagado por el alquiler será a fondo perdido.

«Nos han engañado, decían, casi al unísono, una treintena de vecinos el viernes a las puertas de la EMV. Las viviendas están en el barrio Nuevo Parque Rosales, en la calle Berrocal. Los alquileres para pisos de 60 a 80 m2 oscilan entre los 400 y los casi 700 euros, aunque los vecinos afirman que en principio les habían hablado de precios más bajos. Desde la EMV aseguran que las casas «siempre han sido de alquiler» y que «los precios los fija la ley».

El Ayuntamiento dijo que eran con opción a compra

En una información de la que se hicieron eco algunos medios en diciembre de 2004, el entonces concejal de urbanismo, Sigfrido Herráez, anunció la venta en 2005 de 2.106 nuevas viviendas y el alquiler con opción a compra de 797 pisos en Carabanchel y Villaverde. Incluso el Ayuntamiento lo anunció con una nota de prensa en la página web municipal

Ahora, los adjudicatarios saben que tienen plazo hasta la próxima semana para firmar el contrato, pero muchos se plantean no aceptar e iniciar acciones legales.

Hablan los afectados:

Susana Pérez, 27 años: «A mí me dijeron en la EMV que las personas que nos informaron eran subcontratadas y que no se hacen responsables de la información que nos dieron. Ésta era mi oportunidad de emanciparme, pero con las condiciones que nos dan no puedo coger el piso».

«Son una chapuza»: Las casas de la promoción de Villaverde, según los vecinos, tienen desperfectos. «En realidad, son una chapuza», dicen los vecinos.

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Los PAU de Madrid siguen vacíos
El Confidencial (Comunidad de Madrid) - 06 de febrero de 2006
 
 
Sólo el 10% de las viviendas tienen licencia para ser ocupadas. En el Ensanche de Vallecas todavía no vive nadie, mientras que en Los Cerros o Valdecarros, ni siquiera se ha aprobado el plan parcial.

Los nuevos desarrollos urbanísticos de Madrid están prácticamente vacíos. De las más de 200.000 viviendas previstas en el Plan General de Ordenación Urbana de 1997, sólo 19.189, poco más del 9%, ha recibido del Ayuntamiento de la capital la licencia de primera ocupación.

La situación, según los barrios es muy dispar. Por ejemplo, el Ensanche de Vallecas, el desarrollo más ambicioso respecto al número de viviendas previstas -más de 26.000-, está totalmente vacío. Sólo el 44% de las viviendas proyectadas cuenta con las licencias de nueva edificación, pero hasta diciembre de 2005 no había ninguna vivienda terminada con licencia para entrar a vivir, según datos de la Gerencia de Urbanismo del propio Ayuntamiento.

La situación no es más optimista en el Ensanche de Barajas, El Cañaveral, Los Cerros, Loa Ahijones, Los Berrocales, Valdecarros, Arroyo el Fresno o en el Parque de Valdebebas. En todos estos desarrollos, no sólo llevan varios años de retraso, sino que no hay ni una sola vivienda lista para ser ocupada, y en algunos de ellos -como es el caso de Los Cerros o Valdecarros-, ni siquiera se ha aprobado el plan parcial.

Por lo que respecta a Montecarmelo, Las Tablas, Sanchinarro o el Ensanche de Carabanchel, los desarrollos aparentemente más avanzados aunque todos ellos acumulan también retrasos de varios años, el número de viviendas totales para entrar a vivir supera las 19.100 unidades, del total de 53.657 viviendas previstas en el conjunto de todos ellos. Sin embargo, de aquellas, un importante número permanecen todavía vacías. Especialmente las viviendas de promoción privada, donde los elevados precios del metro cuadrado y la ralentización del mercado inmobiliario madrileño ya se ha empezado a sentir.

Los plazos de venta se están ampliando e, incluso, en algunos PAU, como el de Montecarmelo, algunas inmobiliarias están empezando a encontrar dificultades para vender sus promociones, reconocen desde la consultora inmobiliaria Roan. “El número de viviendas desocupadas es alto. Las tipologías de viviendas de este PAU, de tres y cuatro dormitorios, en su gran mayoría, está dificultando su venta, especialmente si se tiene en cuenta el elevado precio que ha alcanzado el metro cuadrado en este barrio”, apuntan. En Sanchinarro, Las Tablas y el Ensanche de Vallecas, también tarda más en venderse, pero la tipología de las viviendas -de uno, dos y tres dormitorios, principalmente- hace que su colocación en el mercado encuentre menos dificultades, concluyen.

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Catalunya
 
Barcelona. La infernal lógica represión...
kaosenlared.net (Cataluña) - 06 de febrero de 2006
 
 
...-acción acaba con detenidos y heridos graves.

Entre los diversos heridos (manifestantes y policias) el que està en peor estado es un municipal que se encuetra en coma



Último comunicado sobre los hechos de Barcelona en Sant Pere més Baix

Después de que este fin de semana hemos sido testigos de las jornadas por la prevención de la tortura, donde ha quedado patente la utilización sistemática de estas prácticas, volvemos a ser testigos, una vez más de la impunidad con la que actuan los cuerpos y fuerzas de seguridad.

Los hechos sucedieron el sabado 4 de febrero de 2006, aproximadamente a las 6:30h, delante del teatro okupado del Carrer Sant Pere Més Baix, en el barrio de Santa Caterina.

La policia, que estuvo presente en el barrio desde aproximadamente las 22h, decidieron a las 5h de la madrugada, comenzar con las agresiones a persones que estaban en la calle por parte de la guardia urbana.

Después de golpear brutalmente a varias personas y de disparar tres veces con fuego real, finalmente detuvieron arbitrariamente a 9 de ellas.

Según la primera versión de Joan Clos y los mass media un policia fue herido por un maceta lanzada desde el balcón del teatro. En estos momentos contamos con una nueva versión de los hechos. Esta versión fue modificada 14 horas más tarde argumentando que no fue una maceta sino una piedra lanzada entre varias personas.

Según testimonios presenciales, a uno de los detenidos lo enmanillaron de pies y manos, y le propianaron una paliza en medio de la calle entre ocho policias (entre agentes de la guardia urbana y de los mossos de esquadra) hasta las 19:30h del mismo día, este joven estaba desaparecido, y ningún policia dio información sobre su paradero o estado de salud. Este hecho, sin duda ilegal, hace que los familiares y amigos del joven han sufrido por su integridad física, igual que por el resto de detenidos.

El sábado a la tarde, los mossos de esquadra se apoderaron de Santa Catarina, creando un auténtico estado policial en el barrio. Comenzaron su particular caza de brujas contra diferentes centros sociales del barrio que no tienen nada que ver. También practicaron detenciones arbitrarias contra cualquier persona que vestia con una supuesta estética okupa.

Por otra parte, ni el grupo de apoyo a los detenidos, ni el abogado, ni los familiares tuvieron noticias hasta pasada las 22h del sábado. En estos momentos aún hay una joven desaparecida,los padres de la cual, han puesto una denuncia por desaparición.

La información que tenemos de la situación de tres personas detenidas es extremadamente grave.

Una de ellas tiene una grave contusión en la cabeza, otra tiene un ojo amoratado y un brazo vendado. La persona que se encuentra en peores condicones fue apalizada brutalmente por numerosos policias y arrastrandole hacia al punto de que se le arranco una rasta.

También tienen un brazo escayolado y el otro vendado. Las agresiones fueron lo suficientemente grave como para que fueran hospitalizados, aun así, nos consta que después de su paso por el hospital las agresiones continuaron con la impunidad que implica la imcomunicación a la que fueron sometidos.

Durante el tiempo que fueron detenidos no han recibido comida más que medio vaso de agua.

Es por esto que os pedimos, como colectivo que estaís en la lucha contra la tortura el máximo soporte ya sea difundiendo la noticia o intentando tomar parte en la investigación de las torturas que estan sufriendo las personas detenidas. Tenemos presente que muy probablemente algunas de ellas serán encarceladas, y su situación podría empeorar.

Brutal represión contra el movimiento Ocupa

 
 
80 jóvenes ocupan cuatro edificios abandonados de Barcelona
EuropaPress (Cataluña) - 01 de febrero de 2006
 
 
Unos 80 jóvenes han ocupado cuatro edificios abandonados de Barcelona situados en las calles Vallespir, Begur, Arc del Teatre y Rosselló de la capital catalana, según informó hoy a Europa Press un portavoz de la Asamblea de 'okupas' de Barcelona.

Las primeras ocupaciones de estos edificios, situados en los barrios de Sants, Badal, Eixample y Ciutat Vella, se llevaron a cabo el pasado fin de semana, días después de que los Mossos d'Esquadra practicaran varios desalojos de edificios ocupados en la ciudad.

No obstante, este portavoz negó que la acción de los 'okupas', iniciada esta semana, tenga ninguna relación con la acción policial, sino que es fruto de "una casualidad". Según sus cálculos, en Barcelona se producen de dos a tres ocupaciones semanales.

En el caso del edificio situado en el número 8 del Arc del Teatre, los 'okupas', todos mujeres, habilitarán un espacio de reflexión sobre el ámbito del sexo femenino, mientras que en el número 22 de la calle Begur se ha ocupado una edificio de una planta.

En esta última finca se habilitará la planta baja como espacio para organizar talleres y conferencias, mientras que la primera planta servirá de vivienda.

El edificio ocupado en la calle Vallespir servirá de vivienda, igual que la finca de la calle Rosselló, propiedad de una promotora que ha proyectado la construcción de nuevos pisos.

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Comunidad Valenciana
 
EL GOBIERNO RECLAMA AHORA A LA UE QUE ARCHIVE EL EXPEDIENTE
Terra.es (Comunidad Valenciana) - 06 de febrero de 2006
 
 
El Gobierno central ha enviado a la UE una carta en la que solicita que se archive el procedimiento abierto por el Parlamento Europeo contra el urbanismo valenciano porque la ley cuestionada, la LRAU, ya ha sido derogada. El Ejecutivo realiza esta petición sin haber modificado aún la ley de contratación como reclama Bruselas.

Las feroces críticas vertidas por altos cargos del Gobierno en los últimos meses contra el urbanismo valenciano tras los informes emitidos por Europa han dado un giro inesperado. Aunque durante meses el Gobierno ha mostrado su oposición frontal al urbanismo valenciano, el Ministerio de Vivienda ha remitido ahora un escrito a la Comisión Europea (CE) en el que defiende las medidas adoptadas por la Generalitat para modificar la normativa.

El departamento de Trujillo incluso reclama que se archive el expediente abierto contra la ya derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU).

Esta solicitud, formulada el pasado 11 de enero, se basa en la 'imposibilidad de seguir manteniendo la vigencia de los requerimientos de Europa sobre un objeto jurídico inexistente'. El informe detalla que la ley cuestionada 'es de ámbito y competencia autonómica' y añade que la contratación pública no corresponde al departamento de Vivienda. No obstante, señala que en aras 'a la mejor defensa del Reino de España en el procedimiento, se entiende que la contestación debe fundamentarse en el archivo del procedimiento'.

El documento de la ministra Trujillo reitera que la LRAU valenciana 'ha sido derogada expresamente por la ley 16/2005 de 30 de diciembre de la misma comunidad autónoma' y añade que el plazo señalado por el dictamen motivado 'aún no había expirado cuando la íntegra norma sobre la que se imputan los incumplimientos ya había sido derogada de manera expresa'.

Trasposición de la norma La carta remitida a la UE desde el Gobierno se envía después de que el 13 de diciembre de 2005 la Comisión Europea emitiera un dictamen en el que invitaba al Gobierno de España a que adoptara medidas para adaptar los Programas de Actuación Integrada (PAI), regulados por la LRAU valenciana, a las directivas comunitarias.

Ultimátum Fue entonces cuando el organismo europeo dio un ultimátum de tres semanas al Reino de España para ajustar la normativa estatal a estos preceptos en los que se basaba tanto la LRAU como la nueva ley (LUV). De lo contrario, la UE amenazó con llevar la nueva normativa ante el Tribunal de Estrasburgo.

El Ejecutivo central asumió entonces el compromiso de adaptar su normativa básica a la directiva comunitaria 93/37/CEE sobre los procedimientos de contratos públicos de obras. Sin embargo, pidió que el plazo se ampliara hasta el 31 de enero. La ampliación de las fechas no ha sido suficiente para que el Gobierno central reforme su normativa, un incumplimiento que pone en riesgo la legislación valenciana recién aprobada.

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Canarias
 
Casi 10.000 canarios comprometieron el 42,7% de sus nóminas
Canarias7.es (Canarias) - 06 de febrero de 2006
 
 
Pese a que el precio de los inmuebles adquiridos subió un 0,81% el año pasado, el porcentaje de los ingresos destinados a sufragarla se elevó en un 2,71% respecto al mismo periodo de 2004

Los 9.933 canarios que el tercer trimestre de 2005 adquirieron una vivienda en las Islas lo hicieron a costa de comprometer el 42,71% de sus salarios mensuales de los próximos 24,3 años, un 2,71% más que quienes suscribieron hipotecas inmobiliarias en el mismo periodo del año anterior. Y esto a pesar de que los precios de los inmuebles adquiridos sólo ascendieron un 0,81% en 2005, según los datos extraídos del último informe estadístico del Colegio de Registradores de España. El esfuerzo presupuestario de los canarios para tener casa propia es superior en 2,35 puntos al de la media de los españoles y sólo es superado por los compradores de Baleares y Madrid. A pesar de esto y de que el lujo de la vivienda en propiedad –de unos 86 metros cuadrados- supone en las Islas invertir una media de 547,5 de los 1.282 euros de ingresos declarados, la Comunidad Autónoma se sitúa en el puesto número siete en el orden de transacciones de este periodo, en términos absolutos. Si el ránking se hace teniendo en cuenta las compra-ventas durante un año, el Archipiélago avanza un puesto, situándose sólo por debajo de Andalucía, Cataluña, Valencia, Madrid y Castilla-León, es decir, de autonomías mucho más pobladas y extensas. Así, entre octubre de 2004 y de 2005, en Canarias se formalizaron 39.689 hipotecas inmobiliarias, de las que 21.284 fueron de nueva construcción, lo que la sitúa como una de las comunidades con un mayor grado de renovación de su parque de viviendas.

En el tercer trimestre de 2005, las Islas fueron una de las cuatro autonomías españolas donde se vendieron más casas nuevas (5.279, el 52,33%) que usadas (4.654), en contra de la tendencia nacional, que sitúa a las de nueva construcción en el 43,46% del total de operaciones. Y eso que la diferencia de precio entre una y otra se ha triplicado con respecto a la tendencia estatal y al año anterior, cuando la nueva sólo superaba en 57 euros a la usada. Mientras que en Canarias el metro cuadrado de las casas a estrenar costaba en el periodo analizado 169 euros más que el de segunda mano, en la media nacional, el diferencial se ha reducido a la mitad, pasando de 114 euros a 52.

361 EUROS MENOS POR METRO

Aún así, Canarias está 361 euros por debajo de la media en el precio medio escriturado del metro cuadrado de vivienda, que se situaba entre julio y octubre de 2005 en 1.450 euros, teniendo en cuenta para el cálculo la vivienda libre, la usada y la de promoción pública. De esta forma, se sitúa en el puesto número 9 en el listado de comunidades, exactamente a la mitad de la tabla comparativa. Por tanto, el precio medio de la vivienda adquirida en ese trimestre fue de 124.200 euros, de los que se financia un promedio del 87%, con lo que las hipotecas típicas rondan los 111.709 euros.

Además, el Archipiélago fue la segunda autonomía en la que menos subió el precio de la vivienda en ese tramo temporal, un 0,25%, después de Baleares, donde bajó un 2,35%. La media nacional sitúa este valor en el 16,16%, con lo que la capacidad adquisitiva para vivienda no se ha reducido tan drásticamente como en el territorio nacional, aunque -si bien es destacable que el ritmo de incremento de los salarios de los compradores también superó casi en un punto al del resto de España- los sueldos siguen siendo un promedio de 293 euros al mes inferiores, lo que explica que los canarios deban destinar un porcentaje superior de sus ingresos a la adquisición de la vivienda. Así, quienes compraron una casa en estas fechas en las Islas sólo ganan más que quienes lo hicieron en Extremadura y Galicia –donde las casas también son más baratas- y una media de 622 euros menos que los madrileños, que son los mejor pagados de España, aunque también los que más cara pagan la propiedad inmobiliaria.

No obstante, en el mismo periodo en que la vivienda sólo se incrementó en un 0,81%, los salarios lo hicieron en un 4,2% y el IPC en un 2,72%, mientras que a nivel estatal, los porcentajes fueron del 16,16%, 3,40% y 3,64%, respectivamente, ofreciendo un panorama bastante peor, con una reducción nacional de la capacidad adquisitiva en esta materia del 12,76%.

Donde las facilidades de acceso son inferiores a la tendencia nacional es en lo que se refiere a las residencias de Protección Oficial, ya que las ventas fueron en Canarias un punto porcentual inferiores a las de la media estatal. Sólo el 2,21% de las casas adquiridas en el tercer trimestre de 2005 fueron de promoción pública, esto es 220 de 9.933.

HIPOTECA TIPO

Resumiendo los datos, se concluye que la hipoteca “tipo” en las Islas se pide por un importe de 111.709 euros, con un plazo de amortización de 24,3 años, un tipo de interés del 3,13%, una cuota mensual de 547,51 euros y un porcentaje financiado sobre el valor escriturado del 87%.

Esto quiere decir que los canarios se endeudan 21.472 euros por debajo del promedio estatal para adquirir su vivienda, que pagan 361 menos por metro cuadrado, durante 1,2 años menos y con unos tipos de interés 0,05 puntos inferiores a la media.

Además, en contra de la tendencia española, los canarios dividen casi a partes iguales sus preferencias por negociar con bancos y cajas, si bien los primeros superaron a las segundas en las operaciones analizadas. Así, el 47,35% de las hipotecas se suscribieron con bancos, el 45,80%, con cajas de ahorro y el 6,85% restante con otras entidades de préstamo. Mientras, en el estudio de la situación a nivel nacional, las cajas acaparan el mayor porcentaje de operaciones, el 53,10%, los bancos, el 37,81% y el 9,09% restante de compradores se decidieron por entidades de otro tipo.

En cuanto a la tipología del préstamo, la tendencia dominante, tanto en territorio insular como en el nacional, es a favor de los tipos de interés variable, hacia el que se decantan el 96,53% de los canarios y el 97,46% de los españoles, en detrimento de los fijos.

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Andalucía
 
LA 'LEY DE LA VPO' 'CONGELA' TODO EL SECTOR INMOBILIARIO
DiariodeJerez.com (Andalucía) - 06 de febrero de 2006
 
 
"El mercado inmobiliario de la ciudad no se ha enfriado, el mercado está totalmente congelado y el movimiento de compraventa se ha reducido en un 85 por ciento". Con esta rotundidad se posiciona el sector de la vivienda y la construcción ante la Ley de Medidas para la Vivienda Protegida 13/2005 (la polémica 'ley de la VPO') y la Orden que publicó la Junta en Boja la pasada semana y que supuestamente suavizaba la acción legislativa de la primera. "El carácter retroactivo de la ley, al margen de ser inconstitucional, tiene un efecto de inseguridad tremendo y la Orden no ha hecho más que aumentar la confusión", reconocen desde diferentes agencias inmobiliarias consultadas y desde la recientemente constituida asociación para la defensa del propietario de VPO en Andalucía. Una combinación que ha dinamitado la oferta y la demanda en la ciudad y que ha provocado que las operaciones de las inmobiliarias hayan descendido un 75 por ciento desde la entrada en vigor del texto legal. "No se vende nada", reconocen desde algunas de las inmobiliarias más influyentes de la ciudad. Francisco Escot de Mistercasa explica la situación: "En general, el 50 por ciento del volumen de negocio de las inmobiliarias de la ciudad corresponde a viviendas de protección; pero es más, del 50 por ciento restante, un 25 por ciento son operaciones de compra de renta libre que va ligada a la venta de VPO".

Ningún ámbito del sector se escapa de los polémicos efectos de la ley. Muchas entidades financieras han dejado aparcadas o sin hacer un gran número de escrituras y de hipotecas desde mediados de diciembre pasado. Hay tres entidades en la ciudad que aseguran que estos movimientos han descendido un 50 por ciento a partir de la entrada en vigor del nuevo texto legal. Un directivo del Banco Santander en Jerez, Alfonso Herrera, asegura que "el mercado está paralizado porque hay mucha indecisión y todo el mundo está a la expectativa". Por su parte, María García, interventora de una oficina de La Caixa se expresa en términos similares: "Hay incertidumbre y confusión. El mercado está bloqueado".

Al mismo tiempo, muchas de las notarías de la ciudad también observan la nueva legislación con pesimismo. No en vano, el descenso en la facturación por compraventa ha disminuido en una horquilla que oscila "entre el 40 y el 60 por ciento". "Desde que la ley entró en vigor no he hecho ni una transmisión de VPO y el 'negocio' lógicamente ha descendido. Estamos a la espera del Decreto de desarrollo", apunta el notario Óscar Fernández Ayala. Los promotores también se han sumado a la protesta porque ni siquiera la demanda se atreve a acudir a los brazos de la vivienda de nueva construcción ya que saben "que no la podrán vender" y en el caso de que sea de mercado libre "son muy pocos los casos de acceso a renta libre sin antes vender su primera vivienda, una de protección", advierten.

Volviendo a la Orden, en ella se concretan, entre otras matizaciones que no contentan a nadie, los derechos de tanteo y retracto de la Junta en segundas y ulteriores transmisiones de viviendas VPO. De estos derechos 'escapan' las calificadas con anterioridad al Decreto-ley de 1978, que no tendrían limitación alguna en la compraventa. A partir de esa fecha, el gobierno andaluz establece tres divisiones basándose en los tres planes de vivienda. La primera contempla aquéllos inmuebles anteriores al I Plan Andaluz de Vivienda, esto es entre 1978 y 1992. En esos casos, sólo exigirá la comunicación oficial de la transmisión (la Junta devolverá un certificado de autorización o el silencio administrativo) y advierten que aún disponiendo del derecho de tanteo y retracto en ese caso no lo hará efectivo.

En las operaciones de pisos que se correspondan con el II y III Plan Andaluz de Vivienda (entre 1995 y 2002), la Administración andaluza sólo hará valer el derecho de tanteo y retracto en los casos de incumplimiento de las condiciones del adquiriente (que no puede tener otra vivienda y debe tener derecho de acceso a VPO) o si se produce una sobreventa en lugar del precio máximo exigido. El último tramo daría cobertura al IV Plan Andaluz de Vivienda y al actual (entre 2002 y hasta 2007). Un grupo en el que el gobierno autonómico hará efectivo su derecho de tanteo y retracto en todos los casos de acuerdo al artículo de la ley en el que se establece la comunicación de la transferencia.

En cuanto a los precios máximos que impone la nueva ley (las sanciones por sobreventa pueden ascender a 120.000 euros) se fijan conforme a unas tablas de equivalencia, en función del plan en el que están incluidas las promociones y la población. Este es uno de los aspectos más criticados de la Orden, ya que en pisos de entre 26 y 30 años la Junta permitirá la transmisión por el doble de su valor inicial. Así pues, se da la paradoja, explican desde Mistercasa, que una vivienda de 29 años en la zona de Chapín pueda costar 180.000 euros cuando el precio de mercado en la zona no supera los 150.000 euros. Y en cambio una con sólo tres años pase de 125.000 euros a costar poco más de 66.000 euros. Una retorcida contradicción como ejemplo palmario del clima de crispación latente en el sector inmobiliario y de la sensación de indefensión e incertidumbre en la ciudadanía; que "en un 99 por ciento de los casos", según reconoció la propia consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, "no quiere especular" con este tipo de viviendas.

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Cuatro focos de «okupas» siembran la alarma en Sevilla
ABC (Andalucía) - 29 de enero de 2006
 
 
Vandalismo o lucha contra la especulación de la vivienda. El movimiento «okupa» sevillano, aunque heterogeneo, despierta las quejas de vecinos y comerciantes

Maleantes, vagos o «hipies» son algunos de los calificativos con los que se definen a los «inquilinos» de las casas «ocupadas». Pero también se trata de estudiantes, trabajadores y en su mayoría jóvenes. Donde se abren las puertas pintadas con spray, termina el sistema y comienza la «anarquía regulada» de los centros sociales ocupados.

En la ciudad se localizan hasta tres focos ocupas asentados que se reparten entre la Macarena, San Bernado y la Encarnación y en los últimos días se suma la ocupación de viviendas en Torreblanca que estaban destinadas al realojo de chabolistas del Vacie. Cuatro manifestaciones del movimiento con unas maneras muy distintas de hacer las cosas.

El Centro Social Autogestionado y Ocupado (CSOA) Casas Viejas es tal vez el más antiguo, ya que desde hace cuatro años tiene su sede entre las calles Aniceto Sáenz y Antonia Sáenz, en la Macarena. Un edificio que, no falto de polémicas, resiste en manos de «okupas» como Adrián Gómez, que habla de su proyecto como una realidad que ya se palpa, aunque tiene sus consecuencias. «no es fácil vivir cada día sabiendo que la gente te considera un vago o algo peor», asegura el joven.

Ocupación como protesta social

El CSOA Casas Viejas dispone de una variada oferta de talleres, desde encuentros de malabarismo a ciclos de cine. El miembro de la asamblea de Casas Viejas considera que las buenas relaciones con el entorno «son imprescindibles» y desde que tomaron la casa «así ha sido». Sin embargo, Adrián reconoce que hace un par de años se instaló un grupo problemático que fue el causante de la desconfianza y las quejas de los vecinos. «Ahora estamos en un buen momento», valora el joven, a pesar de las quejas recibidas desde una asociación vecinal que los acusan de hacer ruído a altas horas de la madrugada.

«Desde que llegamos hemos mantenido la comunicación con la gente del barrio. Les hemos informados de nuestras actividades y cuando íbamos a celebrar conciertos, que no duraban nunca hasta después de las 12 de la noche», se defiende el joven, que asegura que han acudido a las reuniones de vecinos y que están completamente aceptados en la zona.

El COAS Casas Viejas se encuentra ubicado en unas naves abandonadas propiedad del Ayuntamiento. Sin embargo, algunos componentes del centro vive en la casa ocupa anexa a las instalaciones. «Entrar en un inmueble no es cuestión de decir aquí nos metemos» -explica Adrián-, se hace un seguimiento sobre el propietario, cuánto tiempo lleva en desuso y lo que se pretende hacer con ella. En este sentido, el colectivo mantiene que la ocupación es un sistema de lucha contra la especulación de la vivienda, porque «no es justo que existan tantas propiedades vacías mientras que mucha gente se hipoteca la vida por tener una casa».

Ante la ocupación de viviendas de protección oficial en Osuna por ciudadanos a los que no se les habían asignado, el colectivo Casas Viejas no ofrece ningún tipo de valoración, «además de no tener demasiada información del caso, no creemos que tengan que ver con nosotros». Además recuerdan que la asamblea de ocupas de Sevilla ya dejó claro mediante un comunicado de prensa que no tienen ningún tipo de implicación con ellos.

Junto al centro social, por el que pasan a diario casi 100 personas, se encuentra la casa ocupada, en la que viven hasta 13 «inquilinos», Gómez entre ellos. El joven asegura que disponen de todos los suministros, incluída una ducha de agua caliente. «A nivel de obra somos una escuela taller, nosotros hemos arreglado los pilares y tejados, además de acondicionar algunos lugares con aislantes», explica.

Unas razones menos idealistas

En otro punto de la ciudad se encuentra la casa ocupa de la Encarnación, que no tiene relación con ningún otro colectivo de este tipo. Es algo que no definen ni los propios colectivos ocupas. Lejos de talleres culturales o resistencia al sistema, los «inquilinos» de los números 5 y 6 de la céntrica plaza siguen literalmente el «vivo donde quiero y como quiero». Con la excusa de «un domicilio más digno que la calle», se han atrincherado en el edificio, al que consideran su casa y del que juran que no se marcharán hasta que les den otro lugar. La vida en el inmueble de la Encarnación es bastante complicada. En estas antiguas casas de vecinos sólo disponen de suministro eléctrico, con una instalación bastante precaria, y el agua para el aseo la recogen de la fuente de la plaza.

El discurso tampoco se parece en nada al que mantienen el resto de centros sociales. Si bien en un principio, la Encarnación fue tomada por un grupo de «okupas» con un proyecto parecido al de la Macarena y San Bernardo, pero la rotación de gente ha sido constante y los intereses han cambiado. Ninguno de los que viven allí sabe cuánta gente hay y la división entre ellos es patente.

El coordinador de la segunda planta, Antonio Norte, considera que «no estamos cometiendo ningún delito, sólo ejercemos nuestro derecho a un domicilio digno». Aunque no demasiado claro en concretar los objetivos, este joven de 23 años, que lleva más de media vida en la calle, pretende crear una asociación en la que se integre un foro libre «para que todo el mundo se exprese». Sin embargo, Norte mantiene que en más de una ocasión ha tenido que recurrir a la violencia para poner orden, a su manera.

En cuanto a la propiedad del inmueble, los «okupas» no lo tienen demasiado claro, aunque tampoco han indagado. Algunos aseguran que el Ayuntamiento lo ha expropiado, mientras que otros mantienen que aún sigue en manos de un abogado sevillano, porque hace un tiempo pasó por allí y «pagó unos 3.000 euros a uno de ellos para que se marcharan -recuerda Norte- cosa que no han hecho y además se han gastado el dinero en sus vicios y no en arreglar la casa», lamenta.

Torreblanca: Mejor «okupas» que chabolistas

Hace sólo unos días aparecía en la prensa la noticia de un nuevo foco de ocupación en la ciudad. Se trata de la entrada ilegal de varios vecinos de Torreblanca en viviendas de titularidad pública, que Emvisesa había comprado a sus antiguos propietarios. Al parecer desde el mes de junio estos «ocupas», que poco tienen que ver con los jóvenes de ideas liberales y anárquicas, se han instalado en los pisos como medida de prevención ante la posibilidad de realojo de familias chabolistas de el Vacie, una intención que la empresa municipal comunicó a los vecinos de la zona. De momento, Emvisesa mantiene un pleito con estos «ocupas» apoyados por el resto de vecinos, que prefieren que sean residentes de Torreblanca los que vivan a su lado antes que chabolistas. De hecho, una parte de las viviendas que ya adquirió el Ayuntamiento en esta zona han sido ocupadas por chabolistas y ante el miedo a que la presencia de estas personas sea mayor, los vecinos han tomado esa determinación de ser ellos quien las ocupen. En este caso la protesta que no incluye ni asambleas ni graffitis.

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Juzgan por estafar 3,2 millones 50 inversores inmobiliarios
DiarioMalagaHoy.com (Andalucía) - 06 de febrero de 2006
 
 
La Audiencia de Málaga juzgará la próxima semana a Juan Carlos M. por la presunta estafa de 3,2 millones de euros a medio centenar de inversores que le entregaron este dinero a cuenta para la adquisición de viviendas o para participar en inversiones en el sector inmobiliario. La Fiscalía reclama a Juan Carlos M. seis años de cárcel y 18 meses de multa a 30 euros diarios. La acusación pública también exige la devolución de las cantidades supuestamente defraudadas.

De acuerdo con el escrito de acusación provisional de la Fiscalía, Juan Carlos M. constituyó en febrero de 2003 la sociedad Mundo Casa Servicios Inmobiliarios para promover, vender y alquilar bienes inmobiliarios, montando a tal fin dos oficinas de comercialización en San Pedro Alcántara.

La Fiscalía sostiene que Juan Carlos M. "ideó" dos tipos de contratos: uno de compra-venta de inmuebles, en los que se exigía a los compradores a la firma del documento la entrega de una cantidad a cuenta. El segundo lo denominó contrato inversión inmueble y, según el fiscal, "de forma farragosa y minimalista" lograba que los inversores le entregaran diversas cantidades de dinero bajo la promesa de que les devolvería las cantidades sumadas a "pingües" beneficios.

Sin embargo, en ambos casos lo que presuntamente hacía el acusado era apropiarse del dinero sin devolver cantidad alguna y sin entregar ninguna vivienda.

El Ministerio Fiscal mantiene que el administrador de Mundo Casa Servicios Inmobiliarios supuestamente estafó a 20 personas que le depositaron diversas cantidades de dinero para la adquisición de pisos.

Además, otras 32 personas le hicieron entrega de cantidades que oscilaban entre los 30.000 y 288.000 euros bajo la promesa de que serían invertidas en el sector inmobiliario y devueltas con sus correspondientes rendimientos, circunstancia que en ningún caso se dio, según la Fiscalía.

Finalmente, el acusado "aparentando una solvencia de la que carecía" logró que otras dos personas le concedieran dos préstamos valorados cada uno en 180.000 euros, dinero del que "se adueñó".

En conjunto, el acusador público valora el montante de la presunta estafa en alrededor de 3,2 millones de euros, cantidad de la que exige que responda como responsable civil subsidiario la sociedad Mundo Casa.

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Galicia
 
LA XUNTA DEJA DE SUBVENCIONAR LA VIVIENDA LIBRE
La Opinión (Galicia) - 06 de febrero de 2006
 
 
La Xunta suprime la Hipoteca Xove. Los recursos del programa se destinarán ahora a promover pisos de protección oficial. "Un joven de menos de 35 años que pueda comprar una vivienda libre no creo que necesite 1.500 euros para constituir la hipoteca", dice la conselleira Teresa Táboas.

La Consellería de Vivenda ha decidido suprimir el programa de Hipoteca Xove, que había sido una de las iniciativas estrella del anterior Gobierno del PP. El departamento que dirige Teresa Táboas eliminará todas las ayudas que se destinaban a la compra de vivienda libre para concentrar el esfuerzo en aumentar la oferta de pisos de protección oficial. En opinión de la conselleira, la mejor manera de frenar el "espectacular" incremento del coste de la vivienda es sacando al mercado inmuebles más baratos, bajo algún régimen de protección, que reequilibren los precios.

La Hipoteca Xove se puso en marcha en 2003 en colaboración con varias entidades financieras con el objetivo de facilitar el acceso a un piso de los menores de 35 años. Mediante este programa, los bancos ofrecían a los jóvenes condiciones ventajosas para pagar el crédito, con un tipo de interés preferente. A ello se añadía una ayuda de la Xunta para los gastos de constitución de la hipoteca, que oscilaban entre los 1.000 y los 1.500 euros.

De la política de vivenda diseñada por el Bipartito desaparece la Hipoteca Xove como "producto bancario" y la subvención para cubrir los gastos de notaría se mantiene, pero sólo para vivienda protegida, de manera que la cuantía que se concede se reduce a 600 euros -máximo que puede costar constituir una hipoteca de un piso de protección pública, según las tarifas del Ministerio de Vivienda-.

"Un joven de menos de 35 años que pueda, por ejemplo, comprar una vivienda libre en el mercado no creo que necesite 1.500 euros para constituir la hipoteca", argumenta Teresa Táboas. Además, Vivenda defiende que de las ayudas debe beneficiarse "quien más las necesite" y, según Táboas, las rentas más bajas demandan pisos de protección pública. A este tipo de viviendas irán destinados todos los esfuerzos de la Xunta en materia de subvenciones.

Así, los jóvenes de menos de 35 años con ingresos inferiores a los 1.200 euros mensuales recibirán una ayuda de al menos 13.100 euros para adquirir un piso protegido.

Sin embargo, el número de viviendas de protección en Galicia sigue siendo insuficiente para atender a toda la demanda. Sólo el 9% de los inmuebles que se construyen en Galicia tienen el aval de la Administración pública y, por lo tanto, derecho a recibir ayudas por su compra.

Demanda "real"

Los socios del Bipartito habían recogido en su pacto de gobierno que pondrían en el mercado en esta legislatura 25.000 viviendas protegidas. La conselleira, sin embargo, asegura que antes de planificar la construcción de nuevos pisos es necesario conocer la "demanda real".

Para ello utilizarán el Registro Único de Demandantes de Vivienda Protegida, que empezará a funcionar a partir de abril. En esta base de datos, que gestionarán los municipios, se inscribirán las personas interesadas en comprar uno de estos pisos. "Así sabremos en qué municipios hay más demanda y qué tipo de viviendas se piden", aclaró Táboas.

Además de incentivar al sector privado para que construya más obra protegida, la Xunta intentará convencer a aquellos promotores que construyan pisos en el mercado libre con un precio que se ajuste a los parámetros de vivienda pública para que incorporen estos inmuebles a la red de protección oficial.

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Pisos sociales y ‘okupas’ antisistema
El Correo Gallego (Galicia) - 06 de febrero de 2006
 
 
A nadie debería extrañarle que casi la mitad de las solicitudes que cursaron varios cientos de compostelanos para acceder a una vivienda social hayan sido desestimadas por el tribunal correspondiente, ...

...porque aquí lo realmente raro es cumplir los parámetros que fija la estrictísima normativa al respecto, bien porque cobras unos pocos euros más del máximo permitido o bien porque eres un paria de solemnidad que no alcanzas el mínimo de renta exigido para pagar uno de estos pisejos, por lo que te condenan directamente a buscarte la vida debajo de un puente.

De esta forma, si Maruja y Manolo ganan conjuntamente en torno a 1.300 euros brutos al mes, o sea, caca de la vaca, ya se pueden dar por jodidillos, con perdón, a no ser que demuestren que tienen a su cargo a una suegra con demencia senil y a un hijo que se ha quedado gagá a perpetuidad después de ver un par de capítulos de Pasión de gavilanes o Frijolito. Pero la situación es peor, claro, si sólo puedes justificar unos ingresos de 300 o 400 euros mensuales, porque entonces el único recurso que te queda es seguir aislando tu chabolo de hojalata con nuevas latas recogidas en los contenedores de reciclado, o bien meterte de okupa en algún caserón abandonado. Eso, por supuesto, si los artistas alternativos, los punkies antisistema, los poetas unidos contra el capitalismo y otras faunas por el estilo, a las que el rollito de las okupaciones les pone mucho, te dejan entrar, que esa es otra historia.

A pesar de que infinidad de personas, por unas razones o por otras, siguen sin poder disfrutar de ese derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna -a ver qué matrimonio con dos churumbeles que gane conjuntamente poco más de mil euros se puede embarcar en la compra de un apartamento en una ciudad como Santiago-, cabe esperar que la próxima entrega de cien pisos sociales por parte del Ayuntamiento ayude a proporcionar un techo como Dios manda a otras tantas familias en situación casi desesperada. Ojalá todos los impuestos que pagamos fuesen destinados a causas tan justas como esta.

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País Vasco
 
MANIFIESTO POR DERECHO A UNA 'VIVIENDA DIGNA Y ASEQUIBLE'
Gara (País Vasco) - 07 de febrero de 2006
 
 
Un centenar de personas pertenecientes a distintos ámbitos sociales han respaldado un manifiesto, impulsado por siete profesores de la UPV, dos arquitectos, dos escritores, una juez y un sindicalista, en el que exigen una Ley del Suelo que "haga frente a la especulación" y que "enfrente el problema de la vivienda desde el control del desarrollo urbanístico".

Los promotores del manifiesto, que ha sido presentado hoy en Bilbo, son los profesores de la UPV Periko Ibarra, Roberto Bermejo, Angel Toña, Arantza Rodríguez, Julio Arriola, Joaquín Arriola y Pilar Garrido; los escritores Lolo Rico y Félix Maraña; los arquitectos Luis Rodríguez y Natxo Madorrán; la juez Garbiñe Biurrun; y el sindicalista Paul Nicholson.

El documento, que ha sido presentado a 110 personas, ha obtenido el respaldo de 95 ciudadanos de diferentes ámbitos de la cultura, sindical, social, religioso, político y de la judicatura, así como profesionales de la arquitectura y personas pertenecientes a colectivos sociales y ONGs.

Su objetivo, es hacer llegar el manifiesto a los grupos parlamentarios para que el Parlamento de Gasteiz "tenga en cuenta que los ciudadanos vamos a estar ahí" en el seguimiento del proyecto de la Ley del Suelo.

En el manifiesto, cuyo título es "Por el derecho fundamental a la vivienda. Por la Ley del Suelo para Euskadi", recuerdan que más de 70.000 personas están inscritas en el Servicio de Demandantes de Etxebide, "intentando acceder a una vivienda de protección oficial, ante la imposibilidad de adquirirla en el mercado libre. Un 80% de ellas son jóvenes con ingresos anuales inferiores a 21.000 euros y, en su mayoría, con empleos en precario y sueldos bajos, según destacan, para considerar que "estamos ante un asunto de emergencia, cuya gravedad se ha ido acumulando en las dos décadas pasadas y ante el que es preciso tomar medidas de forma inmediata".

El precio se ha encarecido un 250%

Asimismo, recuerdan que en los últimos diez años, el precio de las viviendas libres "se ha elevado en un 250%, mientras el coste de la construcción de las mismas ha crecido tan sólo en un 35%". En ese sentido, se preguntan "a dónde ha ido a parar esos excedentes" y denuncian que "propietarios del suelo y especuladores han aprovechado la circunstancia de que las administraciones públicas no han sabido reaccionar a tiempo para resolver el problema".

Por otro lado, critican que desde los promotores y desde otros sectores "se aboga por mayores porcentajes de viviendas tasadas, como si esta figura fuera la panacea que vaya a resolver todos los problemas".

Por otra parte, señalan que el Gobierno de Lakua ha duplicado en los últimos cinco años el presupuesto dedicado a Vivienda, alcanzando los 180 millones de euros para 2006, casi un 20% más que en 2005. Sin embargo, consideran que esa partida de dinero público "debe incrementarse" y apuntan la necesidad de "una mayor implicación fiscal y económica de las diputaciones y ayuntamientos vascos".

En ese sentido, consideran también necesaria una Ley del Suelo que "haga frente a la especulación y que enfrente el problema de la vivienda en su raíz, es decir, en el control del desarrollo urbanístico".

Ley progresista

Para los promotores de este manifiesto, es necesaria una Ley del Suelo porque es "un instrumento imprescindible para alcanzar una solución al problema de la vivienda, en el marco de un urbanismo más sostenible e integrador", así como una "herramienta básica contra la especulación, incidiendo en el precio de la vivienda a través de la regulación del mercado y los costes del suelo".

También demandan una Ley del Suelo porque "aporta la figura del agente urbanizadores, establece mayores reservas de suelo para viviendas protegidas, permitirá a las administraciones públicas desarrollar una intensa política de vivienda en alquiler y porque Euskadi se puede seguir situando a la cabeza de las políticas públicas de vivienda que se realizan en el Estado español".

Los impulsores del documento apuestan por una ley con un enfoque "progresista" y advierten de que no quieren "una Ley del Suelo cualquiera", sino una que "trate de resolver el problema que tenemos".

Por todo ello, apelan a la responsabilidad del Parlamento de Gasteiz, para que quienes representan a la ciudadanía "realicen el máximo esfuerzo de consenso, sin partidismo, olvidando el rendimiento electoral, con el horizonte del servicio común al que todos están llamados, para que el reconocimiento de los derechos sea efectivo y no era retórica constitucional".

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'Okupas' invaden un piso de la Fundación Santa María
NoticiasdeAlava.com (País Vasco) - 05 de febrero de 2006
 
 
los jóvenes protestan por la política de rehabilitación del casco histórico. El inmueble de Cuchillería pertenece a la manzana que será reformada y convertida en oficinas, talleres o un museo

vitoria. Un grupo de jóvenes que se hicieron llamar Asamblea de Okupación anunciaron ayer la invasión de un inmueble en la calle Cuchillería, propiedad de la Fundación de la Catedral Santa María, donde permanecen en protesta por los planes que las instituciones tienen para la zona.

Los okupas enviaron un comunicado en el que explicaron que, a través de esta acción, pretenden reivindicar el derecho de todo ciudadano a una vivienda digna, así como protestar por el Plan Especial de Rehabilitación Integral (PERI) del Casco Histórico, que definieron como una "excusa" para la especulación.

A su juicio, a través de este proyecto de reforma, el Consistorio gasteiztarra "expropia a los vecinos de toda la vida" y cambia la imagen de las casas para crear "un maravilloso negocio conjunto con las constructoras". Sin embargo, más allá del Ayuntamiento, el inmueble ocupado pertenece a la Fundación Catedral Santa María, también objeto de críticas por parte del colectivo. Según declaró la primera institución, la Diputación alavesa y el Obispado, integrantes de este proyecto en torno a la catedral vieja de la ciudad, son los que, empleando el templo como argumento, "controlan propiedades, casas y plazas como llamamiento al turismo y a las grandes franquicias comerciales, sin tener en cuenta lo más mínimo las necesidades de los vecinos del barrio".

Por todo ello, el grupo de okupas decidió instalarse en este inmueble con el objetivo de desarrollar un plan de recuperación de viviendas que dignifique, según ellos, la imagen y la realidad del barrio para "evitar que se le usurpe la vida al Casco Medieval". Asimismo, acusaron a las instituciones de "desinformar" a los vecinos acerca del PERI y del proyecto Katedraldea , que describieron como una forma de "llenar las calles de museos y tiendas de souvenirs". Por su parte, desde la Fundación Catedral Santa María, declinaron hacer ningún tipo de declaración, salvo que "se actuará como se suele hacer en estos casos".

Así, adelantaron que se interpondrá la pertinente denuncia que, con toda probabilidad, desembocará en un desalojo, al ser este inmueble una propiedad privada. Hace pocas semanas se produjo un caso similar en una vivienda de Aldabe donde, finalmente, los okupas fueron desalojados una noche por agentes de la Ertzaintza. La llamada Asamblea de Okupación aseguró que "¡No lo van a tener tan fácil como lo piensan!" y recordó que "no son las piedras ni los corbatudos los que habitan en este barrio", sino "sus verdaderos residentes".

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Castilla-La Mancha
 
«Hay mucha especulación en torno a la vivienda»
LaVerdad.es (Castilla-La Mancha) - 06 de febrero de 2006
 
 
-Albacete es una de las ciudades en las que más ha subido el precio de la vivienda. ¿Cree que obedece a algo?

-Castilla-La Mancha ha sido la tercera comunidad donde más ha subido la vivienda por lo que el caso de Albacete no es una excepción dentro de la línea nacional y regional. Nos parece que el precio de la vivienda, además de por el aumento de la demanda, sube también por especulación. Hay muchas viviendas compradas como medio de inversión. A veces hay una excesiva concentración del suelo edificable en muy pocas iniciativas constructoras y eso también puede influir.

-¿Cómo se ha trabajado desde el Foro sobre este problema?

-Hemos trabajado desde el inicio en tres líneas, pedir al Ayuntamiento que participe de modo directo en la construcción de viviendas protegidas; que se reserve suelo para la construcción de viviendas en cooperativa; y que establezca baremos necesarios para que a las viviendas de protección accedan todos los grupos sociales, sobre todo aquellos que más necesidad tengan.

-¿De quién es la responsabilidad de esta subida?

-Creo que el problema excede al Ayuntamiento y a la Comunidad y está también en manos de constructores y propietarios de segundas, terceras y cuartas viviendas.

-¿Qué mecanismos se pueden adoptar para paliarlo?

-La propuesta hecha por el Ayuntamiento de elaborar un nuevo Plan de Ordenamiento Municipal puede servir para encontrar algunos medios para evitar la escalada de precios. No obstante, al Foro le preocupa también el alto precio del alquiler de las viviendas, porque a ellas pueden optar los colectivos más desfavorecidos.

-Se está hablando mucho de la adaptación a la Ley de Grandes Ciudades en Albacete. ¿Cómo se valoran las medidas adoptadas?

-Valoramos de la distribución en distritos es la necesidad de descentralizar algunos servicios del Ayuntamiento para hacer más eficaz la administración local. Es necesario que se arbitren nuevos vehículos de participación como son las juntas de distrito.

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La Rioja
 
Jóvenes de 40 años
ABC (La Rioja) - 06 de febrero de 2006
 
 
El Gobierno riojano amplía hasta los 40 años el límite para acogerse a la Hipoteca Joven, un programa que mejora sus condiciones para que los jóvenes tengan más facilidades en la adquisición de su primera vivienda

En La Rioja se puede ser joven hasta los 40 y, además, beneficiarse de ello. Al menos, en lo que a políticas de vivienda se refiere. Con el fin de «llegar a más riojanos», el Gobierno regional ha aumentado hasta esa edad el límite para poder acogerse a la Hipoteca Joven de La Rioja -antes fijado en los 35 años-, un instrumento gestionado por el Instituto Riojano de la Vivienda (Irvi) con el que se persigue «que los jóvenes se beneficien de las mejores condiciones hipotecarias cuando deciden adquirir un piso en el mercado de la vivienda libre», ha señalado el consejero de Vivienda, Antonino Burgos.

Este programa lleva funcionando tres años en la Comunidad con «resultados satisfactorios», de los que se han beneficiado 1.533 jóvenes mediante la firma de 970 hipotecas. En ese periodo, se han concedido créditos hipotecarios por un total de 109 millones para que los jóvenes adquieran su primera vivienda y se han beneficiado de ayudas por importe de 608.054 euros.

«Las mejores condiciones»

Con el fin de que los riojanos «sigan siendo los españoles que mejores condiciones tienen para acceder a una vivienda», el Ejecutivo autonómico ha decidido mejorar las condiciones de la Hipoteca Joven y sus ayudas directas durante los tres primeros años, que para el consejero serán «inigualables».

Las subvenciones se han incrementado para los jóvenes de la Comunidad que compren un piso a través del programa regional.

Así, quienes decidan sumarse a la Hipoteca Joven «no pagarán intereses durante los tres primeros meses, sólo capital, y durante los 33 restantes el Gobierno de La Rioja les abonará el diferencial del 0,38; es decir, se amplía a tres años el abono del diferencial por parte del Ejecutivo con el consiguiente ahorro para el joven en el pago de las cuotas del préstamo hipotecario». También se incrementa a tres años la subvención por importe de la póliza del seguro multirriesgo.

Además, el Gobierno regional abonará el 100 por cien de los gastos de tasación de la vivienda y otorgará una subvención de 360 euros para sufragar los costes notariales y registrales.

Burgos afirma que todo ello supondrá «una mejora» de 1.925 euros de media por vivienda con respecto a la Hipoteca Joven establecida hasta la fecha, por lo que los jóvenes «podrán ahorrarse 9.150 euros». El consejero precisa que para este año las condiciones del préstamo hipotecario serán de euribor + 0,38, «las mejores del mercado hipotecario español en estos momentos».

«Ningún tipo de comisión»

No llevarán «ningún tipo de comisión por cualquier operación realizada, ni de apertura, ni de amortización, ni de cancelación, ni de subrogación».

El consejero añade que aumentará el número de entidades bancarias donde poder contratar las hipotecas -hasta ahora sólo gestionaba la Hipoteca Joven una de ellas-, de forma que se pueda elegir, ya que los solicitantes podrán dirigirse a nuevas entidades que firmen un convenio con el Ejecutivo riojano para el desarrollo y ejecución del Plan de Vivienda de La Rioja.

En este sentido, el Gobierno tiene previsto convocar un concurso público para que diferentes centros bancarios puedan acogerse a la financiación recogida en el Plan. Se seleccionarán de cuatro a seis entidades con el objetivo de que financien «no sólo la Hipoteca Joven, sino también el resto de medidas del Plan de Vivienda».

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