BOLETÍN DEL 29 DE MAYO DE 2009
 
 
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TEXTO COMPLETO
 
España y vivienda
 
BANCOS PODRÍAN OBLIGAR A FAMILIAS A HIPOTECAR OTROS BIENES
El Mundo - 07 de abril de 2009
 
SI EL PRECIO DE LA VIVIENDA CAE UN 20%

La OCU lo considera un 'atropello' La medida cubriría la relación entre el valor real y la cantidad hipotecada El FMI augura que el descenso de precios será de entre el 15% y el 20%


La delicada situación que atraviesa el mercado inmobiliario hace que algunos de los ciudadanos que compraron su vivienda en la parte más alta del ciclo, en la primera mitad del pasado año, se encuentren ahora con que su vivienda vale menos de lo que pagaron por ella. Y puede ser peor. El FMI auguró el pasado jueves que el precio de los pisos puede caer en España hasta un 20%.

En ese caso, y si la vivienda está hipotecada, el consumidor se puede enfrentar a la tesitura de estar pagando un crédito mucho más caro de lo que en realidad vale su piso. La tentación de dejar de abonar las letras es evidente y, ante esa situación, el Gobierno ha buscado garantías para el sector financiero.

Así, en el decreto que desarrolla la nueva ley del mercado hipotecario, se permite a las entidades financieras exigir al ciudadano que hipoteque otros bienes si el precio de la vivienda se reduce. La ley hipotecaria se hizo para abaratar los cambios de estos préstamos, pero su desarrollo esconde esta medida. El decreto está sometido a consulta pública y su redacción no difiere en buena medida de la legislación hoy vigente. Sin embargo, entre los consumidores sorprende que el Gobierno "se ponga del lado de la banca" con una disposición que es un "atropello".

La redacción del decreto, aunque farrogosa en algunos puntos, es bastante comprensible: "Si por razones de mercado o por cualquier otra circunstancia el valor del bien hipotecado desmereciese de la tasación inicial en más de un 20%, la entidad financiera acreedora, acreditándolo mediante tasación efectuada a su instancia, podrá exigir del deudor hipotecante la ampliación de la hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la relación exigible entre el valor del bien y el crédito que garantiza".

Los precios aún no han caído Es cierto que el precio de la vivienda, por el momento, no está cayendo de media en España -aunque el FMI augura que el descenso será de entre el 15% y el 20%- pero sí se aprecian ya descensos en ciertas zonas del país, en las que el boom urbanístico ha sido más intenso. Es el caso de muchas zonas de la costa levantina, del litoral andaluz o del extrarradio de las grandes ciudades, donde hace un año se pagaron precios que hoy son impensables.

A eso se une otro problema. Las tasaciones, que ahora se ajustan notablemente al valor real, han estado en España durante muchos años infladas. Era la época en que se creía que los pisos valían mucho más de lo que ahora se evidencia. Ese hecho sirvió para que el volumen de los préstamos fuese más alto sin necesidad de que los bancos tuviesen que provisionar cantidades adicionales.

La ley limita al 80% el valor de tasación La ley limita al 80% del valor de tasación el importe del préstamo que se puede conceder con cargo a una vivienda. Si el valor de la tasación es mayor, el cliente recibe más dinero y el banco cobra más en intereses. La legislación también permite llegar al 95%, como límite máximo, en el caso de que existan 'garantías personales adicionales', es decir, un aval, o 'un seguro frente al impago'. Se introducen exigencias más fuertes porque los bancos deben provisionar más fondos si rebasan el límite del 80%.

Muchos ciudadanos se podrán ver reflejados en realidades como ésta. Una casa comprada hace año y medio por 180.000 euros, para la que recibió un préstamo de 190.000, gracias a una tasación de 200.000 euros. Ese ciudadano puede encontrarse con que el banco decida hacer otra tasación de ese piso -curiosamente las entidades financieras suelen tener sus propias tasadoras- y que ésta arroje un resultado de 160.000 euros.

La tentación de dejar de pagar El hipotecado se enfrentaría a la devolución de un préstamo de 190.000 euros más intereses, por una casa que vale 160.000. Ante situaciones similares producidas años atrás en países del entorno español, como el Reino Unido, muchas familias optaron por dejar de pagar la hipoteca.

Con una tasación inicial de 200.000 euros y una segunda de 160.000, la diferencia sería ya del 20% fijado en el decreto. La cantidad quizá se vea como una posibilidad excesiva, pero la distancia es de poco más del 10% sobre el valor real del piso (180.000 euros) cuando se compró, lo cual, en determinados puntos del país, ya se está produciendo.

¿Consecuencia? En función de este decreto, el banco o la caja de turno pueden obligar al cliente a hipotecar otros bienes, ya que su casa ya no cubre el valor de lo que está pagando por ella. ¿Y qué bienes se pueden hipotecar? La respuesta es otra vivienda o recurrir al aval, ya que el valor de otros objetos de cuantía, como puede ser un coche, se deteriora de forma mucho más rápida y no sería aceptada por la entidad financiera.

El decreto lleva fecha de 11 de marzo, apenas dos días después de las elecciones. Está sometido a consulta pública hasta el próximo 25 de abril, tiempo suficiente para que el Ministerio de Economía reciba alegaciones y su responsable, Pedro Solbes, ya ratificado en el cargo, decida modificar este polémico punto.

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VIVIENDA AVALARÁ AL 50% LOS CRÉDITOS PARA COMPRAR VPO
CincoDías.com - 29 de mayo de 2009
 
en 2009 y 2010. Ninguna familia solvente sin crédito para pagar su vivienda protegida (VPO). Ésa es la máxima con la que trabaja el Departamento de Beatriz Corredor para pactar con la banca la financiación del plan 2009-2012. Por ello, el ministerio avalará con 6.000 millones el 50% del importe de las hipotecas de VPO que se suscriban este año y el que viene.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció ayer la creación de una línea de garantías por la que el ministerio compartirá el riesgo de los nuevos préstamos para la compra de VPO. Además, adelantó que ya se ha firmado la orden de convocatoria para seleccionar a las entidades financieras que colaborarán en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, por lo que los bancos y cajas interesados en este mercado tendrán a partir de ahora un plazo de 10 días para presentar sus planes de colaboración en VPO.

Corredor explicó que en estos momentos la mayor dificultad en el acceso a la vivienda es la obtención de crédito y que "la peor hipoteca es la hipoteca que no se da". Por ello, el Gobierno plantea ahora este nuevo incentivo con el objetivo de que "las entidades que ahora le están diciendo no a una familia cuando pide un préstamo para comprar una VPO, le den un sí". Así, el Gobierno garantizará la compra de estas casas a unas 100.000 familias españolas "solventes y responsables" para facilitar que obtengan la hipoteca. Esta nueva línea de garantías o avales será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y cubrirá el 50% del importe de los préstamos que se concedan para la adquisición de VPO. De este modo, el Ejecutivo calcula que se movilizarán hipotecas por valor de 12.000 millones de euros, de los que 6.000 millones tendrán ese aval público, que se pagará con cargo a los presupuestos del Ministerio.

Fuentes oficiales explicaron que la garantía será temporal y su duración será variable en función del grado de compromiso de las entidades con la financiación de la compra de VPO en el marco del plan 2009-2012. "Lo lógico es que el aval se mantenga durante los primeros años de vida del crédito, cuando es más probable la morosidad. El límite establecido con carácter general para todas las entidades es que se avalará hasta un máximo equivalente al 3% de la morosidad de la cartera de créditos para VPO", indicó Marcos Vaquer, subsecretario de Vivienda. Según los últimos datos disponibles, el porcentaje de préstamos dudosos de los hogares para adquisición de vivienda asciende al 2,36%, porcentaje que se reduce significativamente en el caso de las hipotecas de casas con algún grado de protección. Estas mismas fuentes resaltaron que no sólo podrán beneficiarse de estas garantías las hipotecas sobre VPO de nueva construcción, sino aquellas que procedan del stock de pisos de renta libre que permanecen sin vender y que al bajar sus precios se reconvierten en viviendas protegidas. "Adoptamos esta medida porque el Gobierno tiene confianza en las familias; está convencido de su responsabilidad y de su capacidad para hacer frente a sus obligaciones y no queremos que se conviertan en las víctimas finales de la crisis financiera internacional", explicó la ministra.

Teniendo en cuenta los trámites que aún restan para que esta medida pueda aplicarse, el Ministerio calcula que los primeros créditos con estas garantías empezarán a concederse el próximo mes de julio.

Premio para las entidades que concedan más préstamos

Una de las principales novedades del convenio de financiación del plan 2009-2012 es que el Ejecutivo pretende premiar a los mejores bancos y cajas en materia de VPO. Para ello, tendrán la consideración de "entidades preferentes" aquellas que hayan concedido préstamos convenidos para vivienda protegida por encima de los 75 millones de euros, así como las que incrementen el volumen anual de sus concesiones de créditos en 20 millones o más.

El premio a ese mayor grado de compromiso será la posibilidad de tener mayores garantías en la nueva línea de avales con la que se persigue que se faciliten los préstamos, el privilegio de participar en la Mesa de Seguimiento Financiero del plan y su reconocimiento de cara al público con la asignación de un distintivo específico como entidad colaboradora preferente, "el equivalente a un sello de calidad", según el Ministerio. Aplicando ese perfil al plan actual habría entre 9 y 12 entidades.

Mercado refugio para capear los tiempos revueltos

El sector de la construcción trabaja con la hipótesis de que este año se entregarán 600.000 casas y apenas se iniciarán unas 200.000, por lo que el paro seguirá aumentando a cifras de escalofrío. Por ello, el Ministerio de Vivienda ha decidido echar toda la carne en el asador, entiendiendo éste como el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Corredor recordó ayer que la VPO es un valor refugio no sólo para el mercado inmobiliario, ahora que los promotores no optan por edificar nuevos pisos hasta no vender el stock, sino también para el sector financiero.

Este tipo de viviendas, las protegidas, suponen ya el 50% de todas las iniciadas en el último trimestre de 2008. Además, los expertos coinciden en que cuentan con una demanda asegurada y bajos índices de morosidad. Con la aprobación del nuevo programa plurianual, se ha ampliado la posibilidad de adquirir una VPO a las familias con ingresos de hasta 48.000 euros.

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LA VIÑETA: VACACIONES 'A ESCOTE' EN EL MINISTERIO
Cartas a la Plataforma - 29 de mayo de 2009
 
Un simpatizante nos ha enviado estos documentos que ha encontrado en la web contrataciondelestado.es. Se trata de un concurso público urgente por importe de 99.870 euros para la obtención de los alojamientos vacacionales de los que parece será, si no todos, una buena parte de los cargos y funcionarios del Ministerio de Vivienda.

El epígrafe de actividad bajo el que se adjudica es "Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación". Se ve que es bastante 'edificante' que una institución que es corresponsable de en este país haya muchas personas sin un sitio digno donde dormir, si tenga dinero para pagarles a sus trabajadores el apartamento de las vacaciones con piscina y parking a costa el erario público.

Juzguen por vds. mismos:











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ZAPATERO ACHACA LA BURBUJA INMOBILIARIA A DEDUCCIÓN FISCAL
EuropaPress.es - 12 de mayo de 2009
 
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró esta tarde que la desgravación fiscal por vivienda "para la clase media y alta" que el PP impulsó en 1999 ha sido la causa fundamental de la burbuja inmobiliaria, porque su "efecto pernicioso" llevó a duplicar su impacto en la renta de los ciudadanos, del 20% al 41% en los últimos diez años, mientras que sus beneficios se trasladaron directamente al precio de los inmuebles y no a las familias.

En respuesta al líder del PP, Mariano Rajoy, durante el Debate del estado de la Nación, Zapatero defendió en estos términos su decisión de restringir los beneficios fiscales actuales a las rentas inferiores a 17.000 euros anuales y suprimirlas completamente a partir del umbral de los 24.000 euros. "No tiene nada que ver con castigar a la clase media", aseguró.

Zapatero incidió en que precisamente este endeudamiento de las familias es una de las causas principales, junto a la dependencia energética, del endeudamiento exterior de la economía española, a lo que se suma el fuerte incremento en 10 años de la población activa en el sector.

En este sentido, explicó que el empleo en la construcción se multiplicó por 2,5 en este periodo, pasando de 1,1 millones de trabajadores a 2,7 millones en 2007, lo que justifica la fuerte destrucción de empleo generada con el 'pinchazo' de la burbuja e impone la necesidad de un cambio de modelo productivo. "No podemos consentir que cuando la economía suba al ritmo anterior, la construcción residencial también lo haga" sentenció.

Zapatero defendió que durante la anterior legislatura su Ejecutivo trató de "cambiar lo que estaba pasando", potenciando el alquiler y la vivienda protegida, lo que, a su juicio, supone una política "mucho más activa que facilita la equidad social", al contrario que la desgravación fiscal de la vivienda que reclaman los 'populares.

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THE ECONOMIST CRITICA GOBIERNO ESPAÑOL SUBVENCIONAR COMPRA
Idealista.com - 17 de abril de 2009
 
Entre otros

La revista semanal The Economist realiza una severa crítica a los países (incluido España) que tienen una política de subvenciones que anima a la compra de viviendas. En su opinión, hay obsesión por encontrar culpables de la crisis actual y no para de apuntarse a banqueros, fraudes y aseguradoras, pero existen unos culpables que han contribuido tanto como esos grupos: los gobiernos que han gastado una enorme cantidad de millones en medidas que favorecían la compra de casas y que han contribuido a un boom de la vivienda, que en su declive actual está creando una crisis desconocida en décadas.

En algunos países como Estados Unidos, Irlanda o España hay una política fiscal que favorece el pago de las hipotecas mediante desgravaciones. Otros, como Reino Unido, en los que también reduce la fiscalidad por la venta de vivienda habitual (algo que también ocurre en España), mientras que también hay ejemplos de países en los que se dan créditos cómodos para comprar casas, ayudan a los que quieren comprar su primera casa y animan a las personas más desfavorecidas a comprar su vivienda.

El semanario justifica que los países tradicionalmente han subvencionado la compra de casas por diferentes motivos que van desde favorecer la estabilidad a predisponer al ahorro pasando porque los hijos de personas con una casa en propiedad tienen un mejor rendimiento escolar que los que están de alquiler.

Sin embargo, viendo ahora las consecuencias, The Economist subraya que se ha comprobado que los beneficios de los subsidios "son menores de los previsto y daños creados mucho mayores". En su opinión, el respaldo de los gobiernos a la compra de viviendas ha propiciado un aumento de los precios de las casas, ha provocado que muchos usen sus casas como garantías para créditos de otros bienes, ha disparado el consumo de forma exagerada y han amplificado los daños cuando la burbuja inmobiliaria ha explotado.

Ahora, los gobiernos están repartiendo dinero a mansalva para combatir la crisis financiera, incluyendo de nuevo a la vivienda. Algunas medidas son justificadas, pero otras dificultan la tarea.

A medio plazo, sugiere The Economist, los gobiernos con estas políticas deberían dar un severo recorte a los subsidios para la vivienda y tratar las ganancias obtenidas por la compraventa de casas como una inversión más. Además, pide a los países que estén pensando en crear instituciones para fomentar vivienda en posesión que tome nota de los desastres que ha provocado en algunos países.

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MÁS DE MILLÓN DE ESPAÑOLES ENTRE 30 Y 34 SIGUE CASA PADRES
Cotizalia.com - 13 de abril de 2009
 
 
La vivienda en España es un problema. También para los jóvenes. Así lo muestra el hecho de que más de un millón de españoles entre 30 y 34 años siga viviendo en casa de sus padres, según el Observatorio Joven de la Vivienda en España (Objovi). Los datos de este observatorio, dependiente del Consejo de la Juventud, dan idea de la cantidad de jóvenes que se encuentran entre los excluidos residenciales en este país: más de la mitad de los 11.335.571 españoles que tienen entre 18 y 34 años, no puede independizarse. En total, son 6.100.000 los que no están emancipados. De éstos, 3.200.000 tienen entre 18 y 24 años y 1.900.000, entre 25 y 29.

Otra de las nada halagüeñas de las conclusiones del Objovi es que la emancipación residencial de los jóvenes, frente a lo que había sucedido entre 2003 y 2006, cada vez avanza a pasos más cortos. En un año, el total de personas jóvenes emancipadas en España ha aumentado un 2,05%, llegando incluso a descender un 4,38% entre los menores de 25 años. De esta manera, la tasa de emancipación de los jóvenes en España ha pasado del 45,8% del segundo trimestre de 2008 al 46,2% del tercero. Esta tasa corre el riesgo de empeorar en los próximos meses, merced a la evolución del mercado laboral, que se ceba con los más jóvenes.

En cualquier caso, este país no se ha caracterizado por facilitar la accesibilidad a la vivienda a los jóvenes, ni aún en los momentos más boyantes. En el horizonte temporal de los últimos veinte años, el mercado de la vivienda en España ha pasado por fases de fuerte expansión y fases de claro estancamiento, cuando no recesión, que han tenido un impacto directo sobre el crecimiento económico del país. Sin embargo, de acuerdo con el Objovi, "para las personas jóvenes, estos vaivenes en el sector no han posibilitado, en ningún período, gozar de unas oportunidades óptimas para acceder a una vivienda libre en propiedad".

Comprar una vivienda libre supone un esfuerzo del 87,6% del salario de un joven

Desde finales de 1988 una persona joven en España siempre tendría que haber aportado más del 30% de su salario, la ratio máxima de endeudamiento que se considera como viable, para afrontar el pago inicial de la compra de una vivienda libre. Si a principios de los noventa el esfuerzo financiero que supondría la adquisición de una vivienda libre hubiera superado más de la totalidad del salario neto de una persona joven, entre 1997 y 2005 éste se situó alrededor del 50%. Desde entonces, el coste de acceso a la vivienda en propiedad ha ido ascendiendo rápidamente hasta alcanzar, en el tercer trimestre de 2008, un importe que equivaldría al 87,6% del salario neto que una persona joven trabajadora y al 54,4% de los ingresos de un hogar joven.

Una especificidad del año 2008 es que el progresivo alejamiento de la población joven de las condiciones de acceso impuestas por el mercado de vivienda no se ha producido, como era habitual a partir de 1997, por la subida en el precio de los productos inmobiliarios, sino por un endurecimiento de los requisitos exigidos para formalizar un préstamo hipotecario.

Ante este panorama, existe la alternativa del alquiler. Sin embargo, y siempre según el Observatorio Joven de Vivienda, la oferta actual no es tan holgada como la que podía existir veinte años atrás, "ni se distingue precisamente por su óptima accesibilidad económica, ni por su transparencia, ni, en ocasiones, por sus aptas condiciones de habitabilidad".

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Congreso aprueba creación de fondo estatal para hipotecados
ElEconomista.es - 27 de mayo de 2009
 
 
El Pleno del Congreso aprobó esta noche con el voto en contra del PSOE una iniciativa del PP consensuada con CiU, PNV y BNG que contempla, entre otras medidas, la creación de un fondo financiado por el Gobierno y gestionado en colaboración con las comunidades autónomas para atender las situaciones derivadas de la vulnerabilidad de las familias sobreendeudadas por sus hipotecas, como consecuencia de la crisis.

El texto, aprobado por 170 votos a favor y 160 en contra, y 7 abstenciones, supone la segunda derrota consecutiva del PSOE en la sesión de esta noche, gracias al pacto logrado entre 'populares' y CiU para la creación del mencionado fondo, así como para el establecimiento de un nuevo sistema de ayudas públicas para al subsidiación de préstamos hipotecarios para la financiación de la adquisición de vivienda habitual.

La iniciativa exige Gobierno se coordine con las comunidades para habilitar la financiación necesaria a los ayuntamientos en las ayudas sociales, e introduce el matiz de que estas prestaciones sean "reintegrables" si se producen "cambios sustanciales en la situación económica y patrimonial de sus beneficiarios. Lea aquí la noticia completa.

Además, el Congreso ha instado al Gobierno a promover las medidas necesarias para incrementar la transparencia en el sistema financiero y eliminar la impunidad de los paraísos fiscales. Lea aquí la noticia completa.

Además, se ha aprobado una proposición no de ley del PP que instar al Gobierno a recuperar el recorte de 185 millones de euros en las partidas destinadas a gastos sociales y seguridad ciudadana dentro los 1.500 millones que el Ejecutivo acordó reducir en los Presupuestos Generales del Estado para 2009 para hacer frente al aumento de las prestaciones por desempleo. Lea aquí la noticia completa.

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El Gobierno revisa el tipo de interés de las hipotecas VPO
El País - 15 de mayo de 2009
 
 
La medida, que se ha retrasado, afecta a unos 600.000 propietarios de este tipo de viviendas.- La propuesta sale a la luz dos días después de que Zapatero anunciase un cambio en la política de vivienda

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, la actualización de los tipos de interés para los préstamos cualificados concedidos por las entidades de crédito en el marco de los últimos planes de vivienda. La revisión, que se ha retrasado respecto al plazo establecido, se realiza en este momento para que los adjudicatarios de vivienda protegida puedan beneficiarse de la rebaja de los tipos de interés registrada en el mercado en los últimos meses.

Así, la actualización beneficiará a unos 600.000 adjudicatarios de vivienda protegida, que en la mayoría de los casos no habrían conseguido una mejora si la revisión se hubiese realizado en el primer trimestre del año, tal como se ha hecho en ejercicios anteriores, según informa el Ministerio de Vivienda en un comunicado y tal y como ha avanzado la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se ha adelantado al jueves porque mañana es fiesta en Madrid.

El anuncio se produce dos días después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciase en el debate sobre el estado de la nación un cambio en la política de vivienda.

Las reducciones, según el plan

En concreto, para los beneficiarios del plan de vivienda 2005-2008, el nuevo tipo de interés pasa del 5,09 por ciento al 4,01%, lo que significa que "un propietario con una hipoteca media de 110.000 euros a 25 años se ahorrará 1.200 euros anuales", dijo De la Vega. En cuanto a los beneficiarios del plan de vivienda 2002-2005, el nuevo tipo de interés baja del 5,13% al 3,74%.

Para los programas 1997 del plan de vivienda 1996-1999 y 1994 del plan 1992-1995, el tipo de interés pasa del 3,02 por ciento al 4,46%, en el primer caso, mientras que para el segundo caso pasa del 3,11 al 4,46%. El Ministerio de Vivienda subsidiará la diferencia que se produzca si el nuevo tipo supone un pago superior para el prestatario del que le hubiera correspondido sin la revisión.

Con estos acuerdos, alcanzados hoy por el Consejo de Ministros, las entidades de crédito que concedieron los préstamos aplicarán sin coste alguno para el prestatario los nuevos tipos de interés.

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Vivienda se aprieta el cinturón: elimina el pago desocupados
Cotizalia.com - 27 de abril de 2009
 
 
elimina el pago de la renta a los propietarios de pisos desocupados

La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) ha decidido 'apretarse el cinturón' y ya no pagará la renta a los propietarios mientras sus viviendas se encuentren desocupadas, ya que esta garantía era un gasto que "económicamente no se podía mantener", según indicaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Vivienda.

Esta modificación ya se está incluyendo en los nuevos contratos, mientras que aquellos propietarios que encomendaron sus viviendas a la SPA con anterioridad seguirán disfrutando de este pago durante el tiempo que reste en sus contratos.

La SPA ha dejado constancia de esta modificación en la denominación del producto que ofrece: los antiguos propietarios seguirán disfrutando del 'Alquiler Garantizado', mientras que los nuevos contratarán este 'Alquiler con Garantías'.

Según Vivienda, otras de las razones para esta modificación responden a que el mercado del alquiler ha cambiado desde la puesta en marcha de la SPA, en abril de 2005, hasta el punto de que "el mercado de entonces no tiene que ver con el que hay ahora".

Así, hace cuatro años el mercado necesitaba ciertos incentivos, como el del pago de la renta en caso de desocupación, mientras que ahora no son necesarios o lo son otros, que vienen a cubrir iniciativas como las reformas legislativas en marcha para agilizar los desahucios o la Renta Básica de Emancipación.

Además, desde el Gabinete dirigido por Beatriz Corredor se apunta que esta modificación tiene un efecto neutro para el propietario, por cuanto sencillamente no se le paga una renta mientras no se da uso a su piso, y, sin embargo, deja intactos el resto de los servicios añadidos para el propietario, como los seguros ante impago o por destrozos en el inmueble una vez se encuentra un nuevo inquilino.

Este recorte del gasto debería aliviar financieramente a una SPA que en los últimos meses sufre una morosidad creciente, lo que ha llevado a realizar un "control exhaustivo" de los impagos, como ha reconocido su presidenta, Nieves Huertas, en aras de reducir los costes.

Además, la SPA también ha realizado otros 'retoques' en sus cuentas, como la reducción de las retribuciones con los agentes colaboradores, para ajustarlas a las que se cobran en el mercado libre.

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El BNG reclama agencias públicas de tasación
EuropaPress.es - 04 de mayo de 2009
 
 
porque las sociedades actuales "no son independientes" de los bancos. Pérez Bouza alerta de "controvertidas" relaciones de "connivencia de intereses" entre tasadoras, inmobiliarias y entidades financieras

El senador del BNG por designación autonómica, Xosé Manuel Pérez Bouza, presentó en la Cámara Alta una iniciativa en la que reclama al Gobierno central que, en colaboración con las autonomías, impulse agencias públicas de tasación para ejercer sus funciones cuando lo solicite el consumidor, frente a las actuales sociedades tasadoras que, a su juicio, no actúan "con independencia" de los bancos.

Pérez Bouza alertó de las "controvertidas" relaciones de "connivencia" que mantienen las entidades financieras, las sociedades de tasación y las grandes inmobiliarias, y se mostró convencido de que estas conexiones son responsables "en buena parte" del estallido de la burbuja inmobiliaria en España, cuyas consecuencias pagan ahora el conjunto de los ciudadanos.

Como ejemplo de estas relaciones, el senador nacionalista recordó que los bancos participan y controlan hasta 13 tasadoras que, en el año 2007, concentraron el 47 por ciento de las valoraciones inmobiliarias realizadas y el 52 por ciento del importe de las operaciones. Concretamente, aludió a Tinsa, Sivasa, Servas, Tasamadrid, TasaGalicia, Tabimed o Valoraciones y Tasaciones Hipotecarias (VTH), todas ellas "con accionista mayoritario o relevante" vinculado a bancos y cajas de ahorro.

"JUEZ Y PARTE"

"Esta relación de juez y parte en la valoración y concesión de créditos va en detrimento de los ciudadanos", sentenció Pérez Bouza para resaltar, al tiempo, que en un momento de crisis económica estas sociedades desempeñan un papel "fundamental" a la hora de valorar los activos inmobiliarios y, por tanto, en la "solvencia" de las entidades financieras.

En este contexto, el senador nacionalista advirtió de que la imparcialidad de las tasadoras "entra en duda", por lo que instó al Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero a "regular" un modelo de sociedad que cumpla los principios básicos de "indepedencia, objetividad, y apoyo al consumidor" recogidos en la Constitución española.

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ICV proponen una ley que impedirá el sobreendeudamiento
Finanzas.com - 06 de mayo de 2009
 
El grupo parlamentario ER-IU-ICV ha presentado una proposición de ley sobre el derecho a la vivienda, que impedirá el sobreendeudamiento hipotecario de las familias, así como los embargos de los salarios por parte de las entidades financieras.

En rueda de prensa en el Congreso, el secretario general de ICV, Joan Herrera, explicó hoy que ha presentado ante la Cámara Baja este proyecto de ley que, en caso de ser aprobado, impedirá a las entidades financieras la concesión de créditos por importe superior al 40 por ciento de los ingresos familiares (el 35 por ciento a partir de 2010).

Asimismo, la legislación limitaría a 30 años el plazo de amortización de la hipoteca en su concesión por parte de las entidades financieras, periodo que posteriormente se reduciría a 25 años.

De esta forma, Herrera explicó que se pretende reducir progresivamente el precio de la vivienda libre, al tener que adaptarse a la capacidad de compra de los ciudadanos.

Así, con el fin de evitar el crecimiento especulativo de los precios de la vivienda, la norma prohibiría la concesión de créditos hipotecarios si superan el 80 por ciento del valor de mercado de la vivienda libre, o el cien por cien, si se tratara de una vivienda protegida.

Además, considera que el salario de las familias es "inembargable" por parte de las entidades financieras, en el caso de impagos de los créditos hipotecarios, siempre que estos ingresos no excedan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En caso de embargo, los propietarios de la vivienda podrán solicitar que les sea alquilado el inmueble, durante cinco años como máximo, por una renta equivalente a las de la zona, o también podrán pedir quedarse en régimen usufructuario vitalicio.

Como alternativa al embargo, los propietarios podrán proponer la liquidación aplazada y progresiva de la deuda, con ajuste a sus ingresos.

Asimismo, el texto busca que el Gobierno prime fiscalmente la vivienda protegida frente a la libre, el alquiler frente a la compra y los inmuebles ocupados frente a los desocupados.

De esta forma, pide la anulación de las deducciones fiscales a la compra de vivienda libre o el recargo de hasta un 250 por ciento en los impuestos que afecten a inmuebles desocupados.

Por otro lado, crea la figura del Servicio Público de Vivienda, a través de la creación de parques públicos permanentes en alquiler, y apuesta por la promoción de vivienda protegida calificada de por vida y vendida en derecho de superficie.

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Herrera (ICV):“penalizar la vivienda vacía y mal conservada“
idealista.com - 06 de abril de 2009
 
 
el secretario general de iniciativa per catalunya verds (icv) y portavoz de la comisión de vivienda en el congreso, joan herrera, asegura en una entrevista para idealista news que hay que reglamentar las penalizaciones en el ibi de las viviendas vacías o mal conservadas, como una propuesta para salir del parón inmobiliario

icv apuesta por favorecer fiscalmente la rehabilitación y el alquiler, a través de la devolución del iva en la producción de vivienda de alquiler y de la reducción al 7% del iva en rehabilitación . “la fiscalidad tendría que priorizar su apoyo al alquiler en lugar de la venta y a la ayuda selectiva a sectores más desfavorecidos en el acceso a la vivienda”, asegura herrera, que añade que “la subvención indiscriminada en el irpf a la compraventa sólo propicia subidas de precios y perjudica el alquiler”

para este partido político el derecho a la vivienda tiene que ser la máxima prioridad del gobierno español. “tendría que dotar al mercado de la vivienda de una mejor financiación hasta llegar al 2% del pib, pues en la actualidad sólo llega al 0,84% del pib, y en 2012 tendríamos que llegar al 1,5% del pib”, argumenta herrera

el secretario general de icv también reclama que los patrimonios públicos del suelo y de la vivienda se destinen preferentemente a promover el derecho a la vivienda. “los importantes stocks de suelo de los ministerios de defensa, como cuarteles, del ministerio de fomento, como infraestructuras, no pueden seguir siendo destinados a financiar otras actuaciones, sino a hacer frente al grave problema de acceso a la vivienda”, señala

en cuanto a la rehabilitación de inmuebles que, según el gobierno, creará puestos de trabajo y reactivará el sector, icv ha propuesto al gobierno un plan de rehabilitación ecológica de viviendas con una dotación de 2.000 millones de euros al año. “el objetivo es contribuir a la mejora del parque de vivienda en la rehabilitación energética e hidrológica de 500.000 viviendas al año y mejorar la eficiencia energética de los edificios y, así, ofrecer una alternativa al sector de la construcción en el actual cambio de ciclo económico”

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CC.OO. exige la negociación inmediata para llegar a un pacto
europapress.es - 07 de abril de 2009
 
 
por la vivienda con todas las administraciones

CC.OO. exigió hoy la negociación inmediata con todas las administraciones para llegar a un pacto por la vivienda y crear patrimonios públicos de suelo con destino a viviendas públicas protegidas y viviendas en alquiler.

De esta manera, el sindicato considera que se recuperará y potenciará una política pública de vivienda "que la aleje de la especulación del suelo y de los precios", señaló su portavoz, Francisco Naranjo, quien indicó que "la vivienda está perdiendo la consideración como activo financiero y valor de inversión".

A su juicio, esto hace necesario "una intervención social y política que corrija los desmanes del mercado inmobiliario, al tiempo que se devuelve a la vivienda su carácter de bien esencial para los ciudadanos españoles".

CC.OO. valoró los datos sobre hipotecas constituidas en la región a lo largo de enero de 2009, según los cuales el número de hipotecas se redujo un 35 por ciento respecto al año anterior con un total de 6.069 viviendas.

Naranjo señaló que la hipoteca media madrileña para comprar una vivienda se redujo un 15,3 por ciento respecto al año anterior, situándose en 154.704 euros en enero de de 2009 respecto los 182.825 euros de 2008. Además, apuntó que la hipoteca media madrileña se encuentra todavía casi un 27 por ciento por encima del importe medio de la media nacional, que se encuentra en 122.091 euros.

El volumen de dinero prestado por bancos y cajas de ahorros en Madrid para comprar una vivienda se aproxima a los 939 millones de euros, lo cual supone un 45 por ciento menos que el año anterior.

Así, Naranjo reiteró que la caída del mercado inmobiliario, el alto endeudamiento de las familias y el incremento del desempleo "están pasando factura" en el sector de la construcción, lo cual se percibe en el descenso del dinero prestado para hipotecas, la caída de su importe medio y la propia disminución de la compraventa de viviendas y del número de viviendas hipotecadas.

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Llevan al Supremo el 'aguinaldo fiscal' a los banqueros
LibertadDigital.com - 21 de abril de 2009
 
 
El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda contra la "ilegalidad" de la rebaja de la tributación de los directivos y socios de las entidades financieras aprobada por el Gobierno, que lo considera un "tema menor".

Según informó el secretario general del sindicato, José María Mollinero. La impugnación de Gestha al Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, se basa en la extralimitación del reglamento por "sobrepasar" lo dispuesto por la Ley de Renta y por "la discriminación que representa el dar un aguinaldo a los banqueros, y no a los socios o administradores de la pymes", explicó Mollinero.

La impugnación de Gestha al Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, se basa en la extralimitación del reglamento por "sobrepasar" lo dispuesto por la Ley de Renta y por "la discriminación que representa el dar un aguinaldo a los banqueros, y no a los socios o administradores de la pymes", explicó Mollinero.

Gestha tiene ahora hasta el próximo domingo 26 de abril para formular la demanda y presentar sus alegaciones contra la modificación del Reglamento, aprobada mediante disposición final tercera de la Ley 36/2006 de medidas para la prevención del fraude fiscal.

Mollinero recordó que el Gobierno no incluyó esta rebaja fiscal a los banqueros en el proyecto de Reglamento, por lo que ni los técnicos de Gestha ni el Consejo de Estado "pudieron analizar este precepto", mediante el que el Gobierno "beneficia a un grupo selecto de personas sin tener habilitación legal".

El Alto Tribunal podría tardar cerca de cuatro años en resolver el recurso, durante los que no se paralizará la aplicación de la rebaja impositiva a los banqueros.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre rebajar la tributación de los directivos y socios de las entidades financieras cuando obtienen rendimientos de capital mobiliario de sus propias entidades, de tal forma que, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2008, dichos rendimientos tributarán al 18% en el IRPF y no al 43% establecido en la Ley 35/2006 del IRPF.

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Cajas y bancos impiden se beneficien del descenso euribor
Invertia.com - 01 de mayo de 2009
 
 
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) acusó hoy a las cajas de ahorros y a los bancos de estar realizando "maniobras" para impedir que los consumidores se beneficien mínimo histórico del Euribor (1,77%).

"A pesar del nuevo mínimo histórico del Euribor a 1,77%, Adicae calcula que más de la mitad de las hipotecas no se beneficiarán de este descenso por maniobras de las entidades de crédito", recalcó la asociación en un comunicado.

Adicae indicó que bancos y cajas están colocando entre sus clientes productos de inversión "arriesgados haciéndolos pasar por seguros, que garantizan un tope máximo en caso de una subida de tipos".

La asociación agregó que la necesidad de miles de consumidores de renegociar su hipoteca está provocando "presiones para imponer límites a la bajada de tipos", incluso en las solicitudes de aplicación de la moratoria hipotecaria aprobada por el Gobierno.

Así, Adicae ha interpuesto las reclamaciones correspondiente ante el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que se acabe con estas "indeseables y perjudiciales" prácticas.

"Exigimos a estos organismos que actúen y abandonen su actitud pasiva y complaciente frente a los continuos escándalos hipotecarios cometidos fraudulentamente por bancos y cajas de ahorros contra los derechos de los consumidores", recalcó Adicae.

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La Justicia da más poder a los bancos para embargar
Expansión.com - 24 de abril de 2009
 
 
bienes de los hipotecados. Dos autos embargan tanto la finca hipotecada como el resto de bienes del deudor y de sus fiadores, procesos que hasta ahora no se acumulaban.

Vía libre para embargar todos los bienes del moroso que adeuda una hipoteca. Ante la crisis, la Justicia ha ampliado los procesos de reclamación de deudas hipotecadas, por lo que ahora permite acumular el procedimiento de ejecución ordinario al hipotecario, cuando, hasta ahora, la jurisprudencia lo negaba. De esta forma, a la subasta de la finca del deudor se le suma ahora el procedimiento ordinario, que aunque es más lento que el hipotecario, puede embargar todos los bienes del moroso, e incluso, de sus fiadores.

La mayoría de los beneficiados por esta nueva tendencia son las entidades financieras, aunque también afecta a las empresas que participan en operaciones de garantía hipotecaria. Hasta ahora, era suficiente con la subasta de inmuebles, que siempre subían, pero la caída del mercado hace que, o no lo sea o la subasta no se realice. La acumulación de bienes –que puede sumar más fincas, acciones, maquinaria, mercancías, etc.– ofrece más garantías al acreedor.

Según los expertos, esta ampliación es una tendencia procesal y ligada a la coyuntura económica a la que pueden sumarse en el futuro algunas audiencias provinciales. Así, los juzgados de Primera Instancia de Rubí y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) se han pronunciado en sendos autos de 18 de noviembre de 2008 y de 9 de marzo de 2009, respectivamente.

De esta forma, el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Rubí estima el recurso de una caja de ahorros que podrá embargar, además del inmueble hipotecado objeto del procedimiento, el resto de bienes del deudor.

Y el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Vilanova i la Geltrú trae a colación el artículo 1.911 del Código Civil, que establece que “del incumplimiento de sus obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros”.

En consonancia con éste, el artículo 105 de la Ley Hipotecaria establece que “la hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones y no alterará la responsabilidad ilimitada del deudor que establece el artículo 1.911 del Código Civil”. Por lo tanto, entiende el juez, “la garantía hipotecaria de la que goza el acreedor sobre una finca del deudor principal no debería ser óbice para que pueda dirigirse, tanto contra el resto de sus bienes, como contra todos los bienes de la fiadora”.

Y concluye el auto: “El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que luego se dirijan contra los demás, mientras no se cobre la deuda por completo”.

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Las autonomías compran 10.764 pisos a las promotoras
El País - 21 de abril de 2009
 
para pasarlos a VPO. La operación representa el 1,4% del 'stock' de casas invendidas, que son 800.000

Las viviendas de obra nueva siguen amontonándose. En el mejor de los casos, ya son cerca de 800.000 las casas que siguen sin poderse vender. La cifra no hace más que engordar, lo que inquieta sobremanera a las inmobiliarias, que acaban de pedir a las administraciones que adquieran estos pisos para realizar política de vivienda.

Sin embargo, las comunidades llevan cerca de un año desarrollando esta medida, sin gran éxito hasta ahora. Las ocho primeras autonomías en ponerla en marcha sólo han conseguido comprar 10.764 pisos del mercado libre para convertirlos en vivienda de protección oficial (VPO). Es decir, el 1,4% de las existencias totales.

Entre las adquisiciones directas y otras fórmulas para comprar pisos, como nuevas figuras protegidas con precios máximos más altos, algunas comunidades han iniciado el camino. Andalucía es la autonomía que más pisos ha captado (3.940), seguida de Cataluña (2.038), Canarias (1.000), la Comunidad Valenciana (840), Castilla-La Mancha (800) y Baleares (400).

La Comunidad de Madrid está desplegando también esta posibilidad. De momento, ha captado unos 1.700 pisos, pero no para transformarlos en VPO, sino para convenir los precios y asegurar la financiación. En otras comunidades consultadas, como Aragón o Extremadura, no han llegado peticiones de los promotores, mientras que en Cantabria sólo han adquirido 46 viviendas.

El presidente de la patronal del sector, José Manuel Galindo, reclamó el viernes al Ejecutivo que les comprara los pisos que tienen sin vender. El día anterior ya lo había pedido el vicepresidente de la asociación, Enric Reyna. Si no se deshacen de estas casas, argumentó, no se pueden reiniciar las obras paradas, poner en marcha nuevos proyectos e incluso cumplir los planes de vivienda. Pero el Ministerio de Vivienda fue tajante. "El Gobierno no se lo ha planteado en ningún momento", dijo la directora general de Arquitectura y Vivienda, Anunciación Romero.

En realidad el Gobierno central ya abrió la puerta a esta posibilidad cuando la ex ministra del ramo Carme Chacón reformó el Plan Estatal de Vivienda 2005- 2008. El Ejecutivo pasó a considerar que "vivienda usada" es la que lleva más de un año en el mercado, en vez de dos; se subieron los topes del metro cuadrado de las viviendas de precio concertado en las grandes ciudades y se previeron ayudas.

Pese a que la casi 11.000 viviendas adquiridas pueden no parecer muchas, el economista y ex secretario de Vivienda de la Generalitat, Ricard Fernández, cree exitosa esta cifra. "En relación al stock es poco, pero hay que compararlo a la promoción de vivienda protegida. La compra de pisos libres para convertirlos en públicos no debe hacerse para reducir las casas sin vender, sino para que el ciudadano pueda acceder a la vivienda", asegura. Si se compara con los pisos sociales construidos en 2008 en España, los adquiridos a promotores privados suponen un 11%.

El presidente del lobby inmobiliario G-14, Pedro Pérez, considera que esta política corresponde a una "dinámica coherente" con el parón del mercado, puesto que la demanda se acumula por las dificultades de las familias para obtener hipotecas, las dudas sobre la evolución de los precios y el aumento del paro. "Si hay tantos pisos sin vender, ¿por qué hacer más? La reforma de Chacón iba en buena dirección, pero su transposición a los planes autonómicos va con retraso", sostiene.

Cataluña, Canarias y Baleares compraron viviendas a través de ofertas públicas. La Generalitat calculó que con esta fórmula se ahorraba tiempo y dinero. Estimó que costó el 98% menos, porque sólo hacía de mediadora entre propietario y comprador. Aun así, se hizo con 317 pisos de los 500 que esperaba comprar. El resto, hasta los 2.038, corresponden a una nueva figura de precio tasado. Reyna tachó esta semana la oferta pública de "fracaso" porque los precios de compra no eran "realistas".

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El Estado no puede comprar pisos y soportar el mantenimiento
Adeces.org - 24 de abril de 2009
 
Los promotores no se adaptan a la crisis y carecen de un nuevo modelo de negocio. ADECES rechaza la propuesta de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE). La acusación de competencia desleal a los bancos es insostenible

ADECES (Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales) rechaza de plano la propuesta de la Asociación de Promotores Constructores de España que requiere al Estado para comprar pisos en “stock” y soportar el coste de su mantenimiento, bajo el pretexto de la creación de empleo y practicar una política social, es decir, destinarlos a determinado tipo de demanda en régimen de venta o alquiler. Según la patronal esta propuesta supondría la creación de un círculo virtuoso: dar salida a un 'stock' "injusto desde el punto de vista social e ineficiente económicamente", eliminar riesgo a los bancos, prestar política social de vivienda y ayudar a las empresas inmobiliarias y, por ende, al empleo.

Sin embargo, para ADECES, lejos de esta supuesta perfección, la propuesta representa un círculo vicioso porque:

a.- El Estado se convertiría en propietario de viviendas, con la obligación de colocarla en el mercado, gestionarla y, en su caso, mantenerla.

b.- El Estado intervendría de forma directa, si adquiere un número significativo de la bolsa de viviendas en “stock”, en el mercado inmobiliario, determinando los precios y condiciones de alquiler o venta. Desde ADECES hemos manifestado en múltiples ocasiones que la satisfacción del derecho de acceso a la vivienda digna no debe garantizarse a través de la propiedad mediante los programas de protección oficial.

c.- No hay ninguna razón para pensar que el Estado tenga más facilidades para vender o alquilar viviendas que la iniciativa privada.

d.- Si el Estado puede pagar los créditos subrogados de los promotores mediante la venta o el alquiler de los pisos adquiridos de la bolsa, ¿por qué no pagan los promotores sus créditos con las entidades mediante la venta o el alquiler de los pisos que tienen en “stock”?.

e.- Tampoco hay razón para que el Estado adquiera parte de los pisos en stock a los promotores bajo el pretexto de la creación futura de empleo, ya que la bolsa de viviendas seguirá existiendo independientemente de quién sea su propietario, porque no hay todavía una recuperación suficiente de la confianza de los consumidores en la economía para animar el mercado inmobiliario.

Con esta propuesta, los promotores inmobiliarios lo único que demuestran es que siguen creyendo que por unos u otros motivos la sociedad y las administraciones públicas son cautivos de su modelo de “generar riqueza”. Siguen en la misma línea que ya inauguraron tiempo atrás cuando opusieron resistencia a la leve mejora de las normas térmicas o acústicas, o cuando el anterior presidente de la gran patronal afirmó ante la Comisión de vivienda que antes de seguir bajando los precios regalaría las viviendas al banco. En ese caso, ADECES, ya advertía en que confiaba en que el banco bajará los precios y se adecuará a las posibilidades del mercado.

Los promotores tienen que adaptarse al momento para generar liquidez y poder definir un modelo de negocio sobre unas bases diferentes a las que alimentaron la burbuja inmobiliaria: apuesta por la rehabilitación, incorporación del mercado de vivienda a satisfacer necesidades sociales e individuales como la eficiencia energética y la calidad acústica y la preservación de los recursos.

Por último, ADECES, no quiere dejara pasar la advertencia lanzada por APCE y respecto a la supuesta competencia desleal que practican bancos y cajas que venden más baratos los pisos que ejecutan. Resulta realmente llamativo que se acuse de competencia desleal a quienes están tratando de recuperar parte del dinero prestado, bajando los precios, para adecuar las condiciones de venta a las circunstancias de un mercado paralizado, y sin embargo no sean desleales quienes lanzaron mensajes al mercado señalando que los precios ya habían bajado todo lo posible.

En toda esta polémica ADECES no quiere olvidar el más de medio millón de pisos de segunda mano que también están por vender y crean situaciones agónicas para muchas familias que han comprado otra vivienda y todavía no han vendido la suya.

Para más información: Carmen Rodríguez 914667051-655319004 www.adeces.org

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Los partidos obtienen el 70% de sus recursos de la banca
Expansión.com - 19 de abril de 2009
 
 
Las formaciones declararon recursos por valor de 66,6 millones de euros en las pasadas elecciones generales. De ellos, 44,6 millones corresponden a créditos bancarios.

Siete de cada diez euros que gestionan los partidos políticos son deuda. Es decir, el 67% de los recursos de los que disponen. Las formaciones declararon fondos por un valor total de 66,6 millones de euros, de los que 44,6 millones corresponden a créditos bancarios, según un informe del Tribunal de Cuentas aprobado el pasado 26 de marzo y en el que se fiscalizan las cuentas de los partidos que se presentaron a las elecciones generales del 9 de marzo de 2008.

El estudio, al que ha tenido acceso este periódico, señala que la mayoría de las formaciones ha cumplido con las obligaciones que impone la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Sólo Nafarroa Bai ha superado el límite máximo de gastos. El resto de las formaciones políticas se ha quedado por debajo.

Los partidos que tienen un mayor endeudamiento son las dos mayoritarios, PSOE y PP, que son, a su vez, los que cuentan con un mayor volumen de recursos. Su situación financiera contrasta, por ejemplo, con la del PNV, que no tiene deuda contraída con los bancos. Los populares deben 16,9 millones de euros, de los 22,5 a los que ascienden sus recursos. Mientras que los socialistas adeudan 14,2 millones, frente a los 19 millones a los que asciende el volumen total de fondos.

Sólo dos partidos aseguran haber percibido aportaciones privadas, UPyD –que financia las campañas electorales con bonos, debido a la dificultad que tiene para acceder a los créditos bancarios– e IU. La ley obliga a declarar cualquier donativo que supere los 6.000 euros. Los de menos cuantía no tienen que ser hechos públicos.

En total, los partidos gastaron 67,7 millones de euros, según lo dispuesto en el informe, de los que 41,6 millones corresponden a operaciones ordinarias –gastos ocasionados por la campaña electoral: desplazamientos y actos políticos, entre otros–, y 26,1 millones, a la actividad de envío de propaganda electoral.

Para sufragar estos gastos, que están subvencionados, los partidos tienen que adelantar la mayor parte del dinero y endeudarse, ya que la Administración entrega casi todos los fondos a posteriori, una vez que se han celebrado las elecciones y teniendo en cuenta los resultados obtenidos. En las elecciones de 2008, los anticipos electorales ascendieron a 15,7 millones de euros, de acuerdo con el informe del Tribunal de Cuentas.

Los consejeros de la institución señalan, en relación con la tesorería electoral, que todas las formaciones han cumplido con las normas legales que establece la LOREG. Las irregularidades detectadas son menores y están relacionadas con pagos fuera de plazo o la forma en la que se abonaron determinados gastos electorales. “No obstante, las cantidades afectadas no representan en todos los casos un porcentaje relevante sobre el conjunto de los ingresos y gastos electorales declarados”, asegura el informe.

Los partidos están obligados a presentar ante esta institución un documento de ingresos y gastos justificados después de cada cita electoral. La función del Tribunal de Cuentas es velar por el cumplimiento de la LOREG y denunciar cualquier irregularidad cometida por las formaciones políticas. El documento ha sido remitido a los partidos para que formulen las alegaciones y presenten los documentos que consideren pertinentes.

Las cifras

PP

Los recursos del principal partido de la oposición ascienden a 22,5 millones, de los cuales 16,9 son deuda. El gasto de los populares rozó el límite, ya que alcanzó los 15,5 millones de los 16,5 de los que podía disponer. Dedicó 8 millones al envío de propaganda electoral.

PSOE

Los fondos de la formación en el Gobierno alcanzan los 19 millones de euros y su deuda supera los 14 millones. Los socialistas también se quedaron a un millón del límite del gasto, 13 millones frente a los 14 permitidos,y destinaron 6,2 millones al envío de propaganda.

IU

Los recursos de Izquierda Unida son cuatro veces inferiores a los del PP y tres a los del PSOE. Pero, pese a ello, su endeudamiento casi asciende a la mitad de los fondos.

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Los bancos tendrán que vigilar a los políticos
El País - 04 de abril de 2009
 
 
para prevenir el blanqueo. La nueva ley reconoce el alto riesgo de lavado de dinero de los cargos públicos

Un día después de que los líderes más importantes del mundo acordaran en la cumbre de Londres del G-20 reforzar la lucha contra los paraísos fiscales, el Gobierno ha decidido volcarse en la prevención del blanqueo de dinero procedente de actividades ilícitas. Y a la hora de analizar a los posibles criminales, el Ministerio de Economía se ha fijado en un colectivo muy concreto: el de los políticos.

La directora general del Tesoro, Soledad Núñez, presentó ayer el anteproyecto de ley de prevención del blanqueo de capitales y de financiación del terrorismo. Se trata en realidad de la trasposición de una directiva europea y de la tercera ley que trata de prevenir esta actividad. Pero Bruselas no obligaba al Gobierno español a poner el foco sobre las "personas físicas, españolas o extranjeras, que desempeñen o hayan desempeñado funciones públicas importantes, así como sus familiares más próximos". Es decir, los políticos. Y el nuevo texto sí lo hace.

El Gobierno ha querido ser más ambicioso, y por tanto los políticos pasarán a ser, si el anteproyecto de ley se aprueba en su redacción actual, personas sobre las que se aplicará una "diligencia reforzada".

La razón es que este colectivo tiene un alto riesgo de blanqueo de capitales o financiación del terrorismo. "La actividad de los políticos entraña más riesgo de cometer estos delitos que el resto de la sociedad", señalaron los responsables del ministerio.

Y es que basta seguir el rastro que deja el lavado del dinero para tirar de la madeja y encontrar delitos más graves. Tanto el caso Gürtel, la trama corrupta que infesta el interior del PP, como los implicados en la mayor operación contra la corrupción realizada nunca en España, la Operación Malaya, incluía el blanqueo acompañado de una ristra de delitos varios.

El Gobierno, que en principio tenía pensado incluir entre los colectivos sometidos a especial vigilancia sólo a los políticos extranjeros, ha cambiado finalmente de opinión y ha metido en el saco también a los españoles. Sigue así los consejos del GAFI, el organismo internacional contra el blanqueo, que había recomendado que la directiva europea afectase también a los políticos del propio país. Bancos, cajas y el resto de entidades que la ley denomina "sujetos obligados" tendrán listados de sus clientes que se dediquen a la política. Para ello, la ley les autoriza a crear ficheros con los datos identificativos de los afectados y, lo que es más, la posibilidad de consultar los ficheros preparados por las otras entidades convertidas en gran hermano.

Pero el asunto no se queda ahí. Porque el texto de la ley añade a continuación que los políticos que pasen a formar parte de estos ficheros no tienen derecho a saberlo. "Los sujetos obligados podrán recabar la información disponible acerca de las personas del medio político sin contar con el consentimiento del interesado, aun cuando dicha información no se encuentre disponible en fuentes accesibles al público". Este punto es de los más polémicos de la nueva normativa.

A continuación, el anteproyecto señala: "Los datos contenidos en los ficheros creados [...] únicamente podrán ser utilizados para el cumplimiento de las medidas reforzadas de diligencia previstas en esta ley, no pudiendo emplearse para otra finalidad distinta".

Y como con los políticos no bastará la vigilancia habitual que ya se ejerce sobre el resto de ciudadanos, estas entidades tendrán que poner en marcha unas cuantas medidas. Entre otras, "disponer de procedimientos adecuados para determinar si el cliente es del medio político", "adoptar medidas para saber el origen del patrimonio con los que realizará la operación" o "llevar a cabo un seguimiento reforzado y permanente de la relación de negocios".

La ley menciona algunos de los cargos que tendrán que andarse con ojo a la hora de lavar sus vergüenzas: jefes de Estado, de Gobierno, ministros, secretarios de Estado o subsecretarios, parlamentarios, miembros de tribunales supremos, tribunales constitucionales u otras altas instancias judiciales, miembros de tribunales de cuentas o de consejos de bancos centrales, embajadores, altos funcionarios de las Fuerzas Armadas, y miembros de órganos de administración, gestión o supervisión de empresas de propiedad pública.

La nueva norma obliga a ciertas entidades, principalmente bancos y cajas, a suministrar información sobre actividades que por su naturaleza puedan presentar un riesgo más elevado de blanqueo. Cita, por ejemplo, la actividad de banca privada, el envío de dinero y el cambio de la moneda.

El nuevo proyecto legislativo contempla todos aquellos delitos de blanqueo de capital, mientras que el texto todavía en vigor sólo incluye los que conllevan penas de prisión de más de tres años.

La especial atención a los políticos no es la única novedad del texto, que ahora debe pasar a audiencia pública. En este periodo, los colectivos afectados podrán presentar alegaciones, para pasar más tarde al Consejo de Ministros. Se unen dos nuevos colectivos a la lista de aquellos que están obligados a vigilar la posibilidad de una actividad delictiva: los registradores y las entidades prestadoras de servicios a empresas. En esta lista están ahora entidades de crédito, aseguradoras, gestoras de fondos de pensiones, notarios y un largo etcétera que incluye hasta casinos y joyeros.

Más controles

- Sujetos obligados. Desde grandes bancos o aseguradoras hasta pequeñas joyerías o anticuarios tienen que informar de las operaciones sospechosas que detecten. La ley incorpora ahora a esta lista a notarios y prestadoras de servicios a empresas.

- Diligencia reforzada. Los siguientes cargos tendrán una especial vigilancia: jefes de Estado, de Gobierno, ministros, secretarios de Estado, parlamentarios, miembros de tribunales supremos, incluyendo los del Ministerio Fiscal, etc.

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Parque público en alquiler: ahora o nunca
CincoDias.com - 01 de abril de 2009
 
 
La crisis económica está afectando a todos los sectores, pero se está cebando, en particular, con el de la construcción residencial. Las causas están bastante explicadas, lo que es más complicado es acertar con las soluciones, especialmente con el principal problema: una política de vivienda que facilite el acceso a una vivienda digna.

Si se hace un análisis histórico, uno se encuentra con un cierto monólogo en la aproximación al problema. Durante décadas se ha intentado potenciar la compra de vivienda a través de distintos instrumentos: ayudas fiscales, subvenciones a la entrada del inmueble, subsidiación de tipos de interés para el promotor, etc. La mayor parte de estas ayudas han provocado un alza de precios, dada la rigidez de la oferta de vivienda, que ha añadido aún más dificultad al acceso para numerosos segmentos de población.

La solución pasa, por tanto, por una doble apuesta: más mercado profesional de alquiler y más vivienda social. Desde la óptica del mercado profesional de vivienda en alquiler, este Gobierno ha dado un salto de gigante con la reforma legislativa de las sociedades de arrendamiento, de los fondos inmobiliarios, de la mejora fiscal para inquilinos y empresas privadas que hacen vivienda social en alquiler, etc. Pero desde el punto de vista de la vivienda social en alquiler se ha avanzado poco. En un momento en el que la intermediación inmobiliaria prácticamente ha desaparecido, especialmente aquella que surgió dedicada al alquiler a raíz del nacimiento de la SPA y que ahora se maltrata, en el que los fondos inmobiliarios atraviesan una crisis sin precedentes y que la legislación sobre Socimis puede no ser la más adecuada en estos momentos, corremos el riesgo de que el mercado de alquiler vuelva a la clandestinidad y a la opacidad.

Los resultados empíricos sobre la apuesta por la vivienda social únicamente en alquiler son contundentes. Por ejemplo, la eliminación de la desgravación por compra de vivienda supondría un aumento de un 6,4% de la tasa de vivienda en alquiler y reduce simétricamente la de compra. Esta incidencia es mayor en las zonas urbanas (5,1%) y menor en las rurales (1,3%). Por deciles de renta, la incidencia sobre la tasa de vivienda en propiedad en las zonas urbanas aumenta con los ingresos, lo que dice poco a favor de la equidad de esta medida fiscal.

Si tenemos en cuenta el montante total estimado para 2009 en los Presupuestos Generales del Estado de la desgravación por compra de vivienda habitual (4.576 millones de euros), por cada incremento del 1% en la tasa de vivienda en propiedad, el Estado se gasta 492,1 millones. Este tipo de ayudas resultan ser onerosas para el Estado, y apenas solucionan el problema de acceso a la vivienda a las personas con menos recursos.

Un simple ejercicio algebraico nos dice que si el montante total de gasto fiscal en la desgravación por compra de vivienda del año 2008 (3.876 millones) se hubiera dirigido a la subvención del coste medio del alquiler anual de un hogar en España (4.860), se podría haber apoyado a 6,3 millones de hogares que no pagarían nada por habitar un vivienda en alquiler. Dicho de otra forma, por lo que 5,8 millones de hogares se ahorran un promedio de 690 al año, se podría financiar el acceso a una vivienda durante un año a 6,3 millones de personas. Esto implicaría que se debería incrementar el parque en 4,2 millones de viviendas para poder hacer frente a esta contingencia, lo que supondría elevar el porcentaje de vivienda en alquiler en España al 40%, lo que nos equipararía a los países más avanzados de Europa.

Este análisis es todavía más claro si uno estima el número total de personas a las que se apoya si uno construye una vivienda social para la compra o para el alquiler. En el primer caso, con una hipoteca media de 25 años, se está apoyando a una familia, frente a una potencialidad de cinco o más familias si uno considera que la rotación se efectúa cada cinco años.

En conclusión, en estos momentos es más barato, equitativo y eficiente generar de una vez por todas un amplio parque de vivienda pública que aporte estabilidad a los precios futuros y acceso a un gran número de personas que lo necesitan. Aliviaría también la presión que sufren las promotoras con pisos sin vender y a los bancos que han tenido que incorporar a sus activos muchos inmuebles. Por supuesto, aquí es esencial la colaboración entre los ámbitos público y privado, tanto en el esfuerzo de compra como en la gestión del alquiler futuro.

Alejandro Inurrieta. Delegado Federal Secretaría Economía y Empleo CEF-PSOE

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La crisis hipotecaria y el derecho a una existencia digna
Rebelion.org - 05 de mayo de 2009
 
 
Uno de los rostros más dramáticos, aunque mediáticamente menos visibles, de la crisis actual es la situación de las miles de familias que corren el riesgo de quedarse sin vivienda por no poder pagar la hipoteca. Según el Consejo General del Poder Judicial, a lo largo del año 2009, unas 84.214 unidades familiares pueden llegar a afrontar procesos de desahucio. Muchos de los afectados son personas que, debido a la deficiente regulación del sistema crediticio español, no sólo pueden verse en la calle, sin empleo ni casa, sino que además pueden seguir manteniendo su deuda con los bancos. La gravedad de este asalto en toda regla a derechos sociales básicos contrasta con la pobre respuesta ofrecida por las instituciones, sobre todo si se la compara con el activo compromiso exhibido con las entidades financieras.

Son varios los elementos que contribuyen a explicar esta desidia institucional. Uno de ellos tiene que ver con la idea, instalada en cierto "sentido común", de que el hipotecado es alguien que, al haber actuado "libremente", debe cargar con toda la responsabilidad por su actuación. "Nadie –viene a sostener este argumento- los forzó a contraer créditos que a la larga serían imposibles de pagar. Si querían ser propietarios, deberían atenerse a las consecuencias". Este tipo de razonamiento tiene la ventaja de que permite captar con sencillez uno de los factores que ha conducido al actual desastre. Sin embargo, oculta de manera interesada los sutiles pero férreos mecanismos que han permitido a las políticas neoliberales abrirse paso durante las últimas décadas.

Uno de los más recurrentes, de hecho, ha sido el señuelo del "capitalismo popular". La idea de fondo era que las políticas de privatización de bienes y servicios públicos permitirían a todos disfrutar de recursos básicos en calidad de "propietarios" y no de simples "clientes" del Estado, lo cual aseguraba un control más "seguro" y "eficiente" de los mismos. No se trataba, por tanto, de garantizar derechos sociales, sino derechos patrimoniales, convirtiendo a los ciudadanos "de proletarios, en propietarios", como se jactaba la propaganda oficial. El Reino Unido de Margaret Thatcher, es sabido, fue un sofisticado laboratorio de este tipo de iniciativas. Para involucrar a los trabajadores en las políticas de privatización, se les ofrecían acciones de las empresas privatizadas. Así, quien perdía su empleo podía sentirse compensado por un súbito y eufórico acceso a la “propiedad” de la empresa. La trampa, sin embargo, no tardaba en manifestarse. En un mercado con fuertes barreras de entrada y marcadas asimetrías en el acceso a la información, el “trabajador accionista” acababa vendiendo sus activos y se encontraba, de la noche al día, sin empleo, sin acciones, y a merced de unos poderes privados que, en parte, habían conseguido hacerlo “cómplice” de su violenta acción de despojo.

Pese a sus peculiaridades, la actual situación de emergencia habitacional no es ajena a este tipo de procesos. Durante décadas, los responsables de las políticas de vivienda se encargaron de hacer del Estado español uno de los que, habiendo construido muy por encima de la media europea, menos ha dedicado a la promoción de vivienda pública asequible. La práctica inexistencia de otras vías de acceso a una vivienda que no fueran la compra hizo que muchas personas consideraran que la única opción "segura" y "eficaz" para disponer de la misma era convertirse en "propietario privado". Las instituciones públicas desplegaron todo un arsenal de medidas que justificaba esta percepción: impulsaron la desgravación fiscal de la compra, debilitaron la posición del inquilino en la legislación sobre arrendamientos urbanos, consintieron la desregulación del mercado hipotecario, permitiendo hipotecas a 50 años, desarticularon controles básicos sobre el sistema crediticio, y renunciaron al fomento de otras formas de tenencias ampliamente difundidas en otros países europeos, como el alquiler social o la cesión de uso.

Inmobiliarias, bancos y cajas no hicieron, en realidad, sino aprovecharse de esta deliberada política institucional de apuesta por la "propiedad privada" y de desincentivo de otras formas de tenencia segura y asequible. Amparados por la extendida percepción de que alquilar era "tirar el dinero", dedicaron todo su aparato propagandístico a crear la ilusión de que se podía ser "propietario" aunque ello supusiera comprometer un porcentaje exorbitante de los propios ingresos (más del 40%, en muchos casos).

En un contexto así, parece un despropósito presentar los contratos celebrados como el inequívoco producto de la "autonomía de la voluntad" de las partes. Una mirada más realista, por el contrario, permite reconocer en los acuerdos suscritos la fisonomía clásica de los contratos por adhesión, caracterizados por una notoria asimetría en la información disponible por las partes y por la inclusión más o menos disimulada de cláusulas abusivas. La lista de irregularidades es amplia: sobrevaloración de los pisos con el objeto de inflar el precio y aumentar la deuda contraída; contratación obligada de seguros caros e inútiles; utilización de avales cruzados entre los mismos deudores; intereses variables referenciados al Euribor más unos diferenciales desorbitados; información sesgada sobre los posibles aumentos en la hipoteca. Todo ello con una finalidad inequívoca: optimizar los beneficios y sortear los controles de riesgo al que todo sistema crediticio razonable debería someterse.

Lo llamativo, con todo, es que a pesar de las condiciones fraudulentas en que se pactaron muchas de estas hipotecas, el índice de morosidad de las familias ha permanecido, al menos hasta ahora, increíblemente bajo. A diferencia de los bancos, que ante el estallido de crisis han apelado prestos al socorro público, las familias endeudadas han cumplido los compromisos adquiridos mientras han dispuesto de un empleo y los intereses se lo han permitido. Cuando han dejado de hacerlo, la violencia del poder privado se ha manifestado en toda su crudeza. En la misma línea de los empresarios que exigen la reducción de salarios a pesar de los cuantiosos beneficios obtenidos, las entidades financieras exigen mantener la deuda con intereses muchas veces usurarios. La amenaza, en caso de no acceder al chantaje, es similar: en un caso, el despido; en el otro, el desalojo fulminante.

A pesar de su papel en la generación de la actual situación, o precisamente por eso, las soluciones ofrecidas por las instituciones públicas han sido inofensivas. La medida estrella adoptada por el gobierno estatal ha sido la llamada "moratoria ICO; una moratoria que no cuestiona el aumento abusivo de intereses y que ni siquiera es obligatoria para los bancos. El hecho de que hasta el momento apenas se hayan acogido a ella poco más de un centenar de personas es un indicio claro de sus limitaciones.

Naturalmente, esta asimetría en la reacción institucional se explica, en el fondo, por el descomunal desequilibrio de los intereses en juego. Después de todo, la actual crisis hipotecaria también es el producto de décadas de un capitalismo contra-reformado que ha consentido la irrupción de oligarquías económicas cuyos intereses se encuentran sólidamente salvaguardados por instituciones públicas y privadas de diverso tipo. Por el contrario, los intereses de los hipotecados, al igual que los de los parados y los de muchos colectivos a los que la crisis ha colocado en abierta situación de vulnerabilidad, exigen una articulación más lenta y compleja. En algunos casos, porque se trata de migrantes que ni siquiera pueden presionar al poder político con su voto o que se encuentran paralizados por la espada de Damocles de una eventual pérdida de residencia legal. En otros, porque se trata de personas abrumadas por el peso de años de privatización de la resistencia, de mensajes de "sálvese quien pueda" y de unos sindicatos cuyos reflejos frente a este tipo de conflictos se encuentran hace tiempo anquilosados.

Con todo, la mercantilización de todas las esferas de la vida a la que tiende el actual capitalismo desembridado, no ha dejado de generar inéditas aunque embrionarias formas de resistencia. Las plataformas de afectados por las hipotecas, recientemente conformadas en ciudades como Madrid o Barcelona, al igual que las plataformas de desocupados, son una prueba de ello. Sus demandas son elementales pero incisivas: paralización de los desahucios, tanto de las familias hipotecadas como de los avalistas, hasta que se encuentre una solución a su situación; garantía del acceso de los afectados a justicia gratuita para defenderse de los procesos de ejecución; regulación de la dación en pago, de manera que si el banco se queda la vivienda, la deuda quede saldada, como de hecho ocurre en otros países de la Unión Europea o en Estados Unidos; expropiación o compra a un precio justo del parque de viviendas hipotecadas de primera residencia con el objeto de destinarlas a un parque público de viviendas de alquiler; realización de una auditoría pública sobre el funcionamiento del mercado hipotecario; establecimiento de los mecanismos y las reformas necesarias para sacar a la vivienda de los mercados especulativos y convertirla en un derecho para todos.

El impulso de estas medidas y la consiguiente democratización del sistema crediticio exige, naturalmente, franquear los arraigados privilegios con los que un puñado de poderes privados (bancos, inmobiliarias, agencias de calificación de deuda) ha sabido hacerse en las últimas décadas, no sin la inestimable colaboración de diferentes instancias públicas. Pero exige, también, revertir muchos de los mitos que años de "capitalismo popular" han impreso a sangre y fuego en la experiencia de millones de personas. Uno de esos mitos es que la única forma de acceder a una vivienda digna y segura es a través de la "propiedad privada". El otro es que la vivienda puede ser objeto de especulación y una fuente de rentas tan legítima como cualquier otra. Aunque no puede hacerse de la noche al día, la única manera creíble de erradicar estas creencias es mostrando, por un lado, que es factible garantizar el derecho a la vivienda a través de otros regímenes de tenencia seguros y eficientes, como la propiedad cooperativa, el alquiler social, la cesión de uso o el usufructo. Y por otro, inscribiendo esa lucha en un programa más amplio de universalización de derechos sociales capaces de resistir el actual “cercamiento privado” tanto en la esfera del trabajo formal -en la fábrica, en la empresa- como fuera de ella -en el ámbito doméstico, en el barrio, en el espacio urbano sin más-. Estos “viejos” y “nuevos” derechos sociales que cabría sustraer a la arbitrariedad tanto del mercado capitalista como del Estado tienen que ver con cuestiones tan elementales como la salud, la educación, el agua, el transporte, los comedores públicos, las guarderías infantiles, la reducción de la jornada laboral o el disfrute de una renta básica.

A pesar de las dificultades subjetivas que encierra un cambio “político-cultural” de esta índole, es innegable que la crisis ha mejorado las condiciones objetivas para hacerlo posible. No es impensable, incluso, que un programa de reinvención de lo “público” y de los “bienes comunes” pueda calar entre las generaciones más jóvenes, nacidas ya en un contexto de pertinaz precariedad y ajenas a las mieles del mito propietarista. En última instancia, proteger a quienes tienen una vivienda o un empleo precarios, o a quienes carecen de techo o de ingresos básicos, no es sólo una manera de contrarrestar enraizadas prácticas especulativas y situaciones de explotación: también es una forma de distribuir con justicia las responsabilidades derivadas de la crisis y de actualizar el viejo derecho de todos a llevar una existencia digna.

Gerardo Pisarello es miembro del Comité de Redacción de SINPERMISO.

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Desgravar se va a acabar
El País - 19 de mayo de 2009
 
 
El anuncio de la eliminación de la desgravación a la vivienda, aunque sea parcial y con efectos retardados, es un paso en la dirección correcta. No hay duda de que la intensidad de los tradicionales incentivos fiscales a la compra de vivienda en España ha colaborado decisivamente a la creación de la mal llamada "cultura de la propiedad", distorsionando la decisión entre compra y alquiler. La anunciada equiparación entre las dos formas de tenencia puede contribuir a vencer la negativa percepción social del alquiler. Además, el necesario adelgazamiento del sector de la construcción liberará recursos para otros sectores más productivos, y el fomento del alquiler permitirá mejorar la movilidad de los trabajadores y reducir distorsiones que dificultan el ajuste en el mercado laboral. En todo caso, si el objetivo es realmente favorecer el alquiler, el presidente del Gobierno debería haber anunciado a renglón seguido que todas las viviendas de protección oficial que se construyan en el futuro serán de alquiler (dado que sigue insistiendo en construir VPO pese al enorme inventario de viviendas sin vender). Con el peso que en los próximos años tendrá la VPO, este mecanismo sería un procedimiento muy directo de fomentar el alquiler.

El objetivo evidente de retrasar el fin de la desgravación hasta 2011 es intentar animar la demanda de vivienda hasta entonces para reducir el enorme inventario acumulado. El truco no es original. Con el mismo objetivo, la Administración de Obama ha incluido una desgravación fiscal del 10%, hasta un máximo de 8.000 dólares, para compradores de primera vivienda en este año. No es la primera vez que el Gobierno español mira al otro lado del Atlántico para sus actuaciones económicas. La deducción de los famosos 400 euros fue aprobada después de que la Administración de Bush mandara cheques de 600 dólares a las familias. Por desgracia, no se esperó a ver la nula efectividad de esta medida.

¿Será efectivo ese aplazamiento para aumentar la demanda de vivienda? Pues dependerá de la dinámica de los precios en este periodo. El comprador cuya renta supere el umbral de la desgravación deberá comparar la posible bajada de los precios más allá de 2010, con el ahorro que obtendría al poder beneficiarse de la desgravación. Si los precios bajan al ritmo que dice el Ministerio de la Vivienda, aún queda mucho recorrido (y tiempo de ajuste) y quizá será más conveniente esperar aunque pierdan la desgravación en el futuro. En un escenario de bajadas de precios lentas pero sostenidas, al estilo japonés, el incentivo de la desgravación "ahora o nunca" sería mínimo. Aunque la competencia entre inmobiliarias y bancos por colocar el stock de viviendas que acumulan podría acelerar la caída de los precios.

A su vez, la dinámica de los precios se verá afectada por la efectividad de la medida pues un impacto colateral que podría tener posponer la eliminación de la desgravación, si fuera mínimamente efectiva, sería mantener un ritmo de caída de los precios de la vivienda menor del que se observaría si se eliminara de forma inmediata (dado que los precios descontarán la desgravación hasta 2010 sin límites de renta).

Otros motivos que cuestionan la efectividad de ese retraso son las dificultades de financiación y los problemas de inconsistencia temporal. Aunque los tipos están cayendo rápidamente para préstamos hipotecarios en vigor, para nuevos préstamos no se observa este efecto. La disminución de la cuota mensual neta de la desgravación no puede compensar la vuelta a los estándares tradicionales para la concesión de créditos. También existe un problema de credibilidad. Nada impide que llegados a finales de 2010 el Gobierno decida extender la desgravación otros dos años o incluso indefinidamente. Por último, puede existir un efecto psicológico que incite a la compra ("que me quedo sin desgravación") aunque, racionalmente, no fuera lo más conveniente. La incertidumbre sobre las ventajas de esperar a que los precios bajen más en el futuro puede jugar también a favor de una compra impulsiva.

En resumen, el sector de la vivienda presenta claras anomalías, como una ínfima proporción de alquiler, un gran número de viviendas desocupadas o una excesiva producción. Si finalmente se elimina la desgravación a la compra de vivienda se habrá dado un paso importante en su normalización.

José García Montalvo es catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra.

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El gran saqueo
El País - 12 de mayo de 2009
 
 
Como comprenderán fácilmente, no tengo la costumbre de leer informes del Parlamento Europeo ni de ningún otro Parlamento; sin embargo, a instancias de un amigo jurista, he leído un documento que les recomiendo si les gusta la literatura de terror: se trata del informe elaborado por la diputada danesa Marguete Auken sobre "el impacto de la urbanización extensiva en España en los derechos individuales de los ciudadanos europeos, el medio ambiente y la aplicación del Derecho comunitario". Es un texto de 30 páginas que se puede leer tanto como un relato espeluznante cuanto como un pequeño tratado acerca de las peores conductas en materia política y moral.

De hecho, yo introduciría el informe de la señora Auken como lectura obligatoria en escuelas y universidades, y además, exigiría su conocimiento detallado previo a todo candidato a ocupar un cargo público. Ustedes se preguntarán por qué muestro tanto entusiasmo por ese documento redactado con la falta de gracia que caracteriza a este tipo de escritos, y la respuesta es que puede considerarse un espejo contundente que refleja, sin florituras ni hipocresías, la abyección incrustada sórdidamente en nuestra vida pública.

Lo que de entrada llama más poderosamente la atención es la conspiración del silencio que rodea al asunto y que se explica por la vergonzosa alianza de los eurodiputados socialistas y populares españoles en el momento de rechazar el informe de Auken que, no obstante, fue aprobado por el Pleno del Parlamento Europeo a finales del pasado mes de marzo por 349 votos contra 110, con 114 abstenciones. Una arrolladora mayoría a la que se opusieron hasta el final populares y socialistas, tan lamentablemente estos últimos que, según informaron los periódicos al día siguiente de la votación, Michael Cashman, socialista también él y autor de un informe previo sobre el tema, acabó votando a favor de la resolución.

Leído el escrito no extraña en absoluto aquella conspiración de silencio, pues son tantos quienes quedan retratados que apenas es comprensible que un escándalo de tales dimensiones haya podido oscurecerse con permanente disimulo durante décadas. Fíjense, además, que, condenada España severamente por la impunidad que ha rodeado a la corrupción, tampoco con posterioridad nuestros foros parlamentarios se han hecho eco de la resolución europea y, cómplices entre sí los diversos partidos, ha continuado la alegre política de poner la cabeza bajo el ala.

Personalmente, la sensación más desagradable que me ha quedado tras la lectura del informe Auken es que el gran saqueo, la devastación sistemáticadel litoral español, y no sólo del litoral -una devastación que afectará a varias generaciones, las cuales señalarán a la nuestra como culpable-, es algo acaecido durante la democracia y no antes, en el franquismo. Los destrozos heredados de éste se han multiplicado, en las décadas democráticas, hasta límites insoportables. La conclusión no es difícil: nuestra democracia ha sido tan débil y tan poco vigilante que ha aupado una auténtica antidemocracia que pone en cuestión, como actualmente se está comprobando, muchos de nuestros supuestos avances.

Esta idea inquietante se desarrolla exhaustivamente en el informe con una relación minuciosa de hechos igualmente inquietantes cuyos protagonistas tienen en común la codicia, una concepción mafiosa de la política y un sentimiento de impunidad que resulta tanto más irritante por el descaro con que se manifiesta. De hacer caso a Auken, y al Pleno del Parlamento Europeo, la responsabilidad del desastre se propaga por todos los círculos del Estado español, desde el más general al más local. En este peculiar relato de terror se cita con la misma dureza a la Generalitat valenciana en manos de los populares que a la socialista Junta de Andalucía, tuteladora de diversos pillajes en Almería y sustentadora, por acción u omisión, de esa peculiar joya de la corona de la corrupción que ha sido Marbella. Al igual que sucede con todo buen relato de terror hay también en el texto pasajes cómicos, como las trampas que diversos funcionarios tienden a las comisiones de investigación enviadas desde Bruselas o las aireadas protestas de castizos alcaldes quejosos con la intromisión de las narices nórdicas en las suculentas recalificaciones de los terrones mediterráneos.

A estas alturas, y con murallas de hormigón por todos lados, sabemos perfectamente que sólo a la sombra de políticos ventajistas ha podido tejerse la telaraña de especulación y codicia de la que ahora parecemos lamentarnos. Sin embargo, lo grave es que ya lo sabíamos. Estos años de destrucción del territorio del patrimonio han transcurrido a la vista de todos. Bastaba coger el Euromed para comprobar lo que ocurría en la costa castellonense o alicantina; bastaba atender al vértigo de los precios de las viviendas, presentado a menudo como signo de nuestro progreso colectivo, para percibir que algo nauseabundo se cocinaba a nuestro alrededor.

¿A nuestro alrededor? Con su crudeza estilística Marguete Auken pone el dedo en la llaga al describir la corresponsabilidad de los ciudadanos en la callada aceptación del delito. Es cierto que a la cabeza del cortejo de la corrupción han marchado políticos vendidos, especuladores o avariciosos y prestamistas fraudulentos, pero ¿y tras ellos? Conchabados promotores inmobiliarios, concejales e instituciones financieras, ¿qué hacían los jueces? Según Auken, poco, y lo poco que hacían lo hacían tan lentamente que es como si no hicieran nada. La policía iba en consonancia con los jueces. Pero tampoco los otros estamentos ciudadanos ofrecieron resistencia. Los medios de comunicación han reaccionado tarde y los ciudadanos han acabado horrorizándose como consumidores más que como ciudadanos.

Hasta aquí el relato de terror con que la señora Auken ha descrito vivamente, con ingenuidad nórdica y con toda la razón del mundo, el gran saqueo de lo que pertenecía al futuro por parte de nuestros modernos depredadores. Casi nada más se puede añadir al cuadro trazado que, en buena medida, explica las dramáticas percepciones sobre la actual crisis económica.

Aunque bien pensado, quizá sí se puede añadir algo: el gran saqueo material de todos esos años, generador de enormes fortunas y de daños irreparables, no habría sido posible si, paralelamente, no hubiéramos incurrido en el gran saqueo de las conciencias al que ahora denominamos "falta de valores", "novorriquismo" y cosas semejantes, pero que en los años opulentos, o que creíamos opulentos, estableció una férrea cadena de complicidades entre estafadores y futuros estafados, vinculados unos con otros por el sueño del dinero -sueño, luego, pesadilla para las víctimas- y por la confusión entre bienestar y beneficio. Gracias, señora Auken.

Rafael Argullol es escritor.

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Viviendas para separados sin hipoteca durante un año
deminorias.com - 23 de abril de 2009
 
 
El proyecto SeparadoSinCasa busca facilitar el acceso a una vivienda digna a aquellos que se enfrentan a una ruptura matrimonial, bie seran separados o divorciados. Contempla contemplan desde un 40% de descuento sobre el precio de la vivienda,a estar un año sin pagar hipoteca.

deMinorias.com

Un 40% de descuento sobre el precio final de la vivienda y un año gratis de hipoteca. Es la filosofía con la que surge el proyecto SeparadoSinCasa, que surge para facilitar la búsqueda de una vivienda "digna" a personas que se enfrentan a las dificultades económicas que implica una ruptura matrimonial, especialmente en tiempos de crisis. La persona interesada gestionará on line su búsqueda de vivienda previa acreditación de su condición de separado Más de 30 promotoras inmobiliarias se han sumado a esta iniciativa puesta en marcha por el grupo Ternum.

Sus responsables subrayan los beneficios del proyecto en todas las partes implicadas en el negocio inmobiliario: promotoras, entidades financieras y, sobre todo, compradores. Desde el portal SeparadoSinCasa, la persona interesada gestionará su búsqueda de vivienda previa acreditación de su condición de separado.

Una vez escogido el inmueble, la persona que adquiere la vivienda no desembolsará ninguna cantidad de dinero durante el primer año, incluyedo gastos de notario, IVA y las doce primeras cuotas del préstamo hipotecario.

De esta forma, el comprador adquiere como máximo dos deudas. Una, la hipotecaria, con el banco y, la segunda, con la promotora que deberá liquidar al año o será refinanciada a cuatro años. Y, en cualquier caso, la propiedad del inmueble corresponderá desde el principio al comprador.

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La Caixa alquilará 1.000 pisos sociales
El Periódico de Catalunya - 01 de abril de 2009
 
 
procedentes de promociones inacabadas. La entidad ofrecerá las viviendas principalmente a familias con niveles de renta bajos

La Fundació La Caixa ha decidido ampliar su programa de vivienda asequible con mil nuevos pisos que se construirán en solares comprados a empresas inmobiliarias de toda España que se han visto obligadas a congelar promociones debido a la crisis económica.

El director general de la Fundació La Caixa, Jaume Lanaspa, ha explicado hoy en rueda de prensa que "la crisis es un momento de dificultades, pero también de oportunidades", en referencia a la posibilidad de reactivar promociones congeladas y traspasar su gestión a la Obra Social para facilitar a los ciudadanos el acceso a una vivienda.

La Caixa destinará 150 millones de euros al proyecto, con los que construirá en los próximos cuatro años mil nuevos pisos de alquiler destinados a familias.

Sin límite de edad

Los pisos se destinarán a personas de cualquier edad con bajos niveles de renta, especialmente familias. De esta manera, el programa de Vivienda Asequible se abre a un nuevo segmento de población, ya que hasta ahora solo podían acceder los menores de 35 años y los mayores de 65.

"Nuestra obligación es identificar necesidades sociales y ofrecer soluciones", ha manifestado Lanaspa, que ha aclarado que cuando se puso en marcha el proyecto su objetivo era "facilitar la emancipación de la gente joven y el acceso a una vivienda digna para las personas mayores", y ahora pretende "llegar a otros segmentos de la sociedad afectados por la crisis".

60 metros cuadrados

Los pisos tendrán un mínimo de 60 metros cuadrados, con dos o tres habitaciones, plaza de aparcamiento y trastero, para que sean adecuados para familias.

La primera promoción serán 150 pisos que se construirán en Sentmenat (Vallès Occidental) y que se alquilarán por "unos 525 euros al mes, por debajo del máximo permitido para los pisos de promoción oficial, que es de 880 euros", según Cabré.

Además, los beneficiarios de estas adjudicaciones tendrá opción de compra al cabo de diez años y parte del alquiler contabilizará como pago del precio del piso.

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Casa verde y lista en dos semanas
20 Minutos - 16 de abril de 2009
 
 
Ya está aquí la casa del futuro: ecológica, modular, de rápida construcción y mucho más barata que una tradicional.Se llama 'Green Box' y está diseñada según la arquitectura sostenible.



Una casa prefabricada, que se integra perfectamente en la naturaleza, con un bajísimo coste de construcción (unos 550 euros por metro cuadrado, la mitad del de una vivienda convencional), sin consumo energético y sin generar residuos. Es el último prototipo de vivienda sostenible, se llama Green Box (caja verde), se construye en sólo 15 días y es obra del arquitecto Luis de Garrido.

La vivienda, que se está construyendo en Barcelona desde primeros de mes, será presentada oficialmente en Nueva York el próximo martes, aunque serán los visitantes de la Feria Internacional de la Construcción (Construmat 2009) los que podrán verla de cerca -del 20 al 25 de abril en el recinto ferial Gran Vía de Barcelona- por dentro y por fuera.

Diseñada por Luis de Garrido, elegido arquitecto del año 2008 por la International Steel Building Association y el American Institute of Architects, la vivienda pretende ser un referente internacional de la nueva arquitectura, ya que cumple con todos los indicadores de arquitectura sostenible: tiene un consumo energético cero de energía convencional, y se autorregula térmicamente debido a su diseño bioclimático y al aprovechamiento de la energía geotérmica y solar.

Además de su carácter ecológico, la Green Box tiene una estructura arquitectónica muy flexible. El interior es completamente diáfano, y su estructura permite compartimentar el espacio de acuerdo con la voluntad de sus ocupantes.

Puede convertirse en oficina, residencia, apartamentos, museo, sala de exposiciones... La vivienda puede ampliarse, reducirse o modificarse en cualquier momento, de forma sencilla y sin necesidad de obras.

Todos los componentes de la vivienda son reutilizables y no generan residuos -las piezas se sujetan por gravedad o presión de unas sobre otras y con tornillos-. Y sólo hacen falta cinco personas para instalar los módulos que integran la casa.

Un jardín en el tejado

Lo más llamativo de la Green Box es su cubierta ajardinada inclinada -por la que se puede pasear- y su jardín vertical.

La cimentación es de hormigón armado, con una cámara de aire subterránea que permite que se enfríe el aire en verano y que se caliente en invierno. La casa se calienta gracias a sus grandes superficies de vidrio orientadas al sur y a su calefacción por suelo radiante solar.

Sólo hace falta tener una parcela en la que instalar la casa. Y si se quiere cambiar de lugar de residencia, no hay problema: se puede desmontar y montar la Green Box tantas veces como se quiera, sin residuos y en sólo dos semanas.

Hacia un nuevo modelo

La Green Box será el centro de atención de Construmat. Pero habrá mucho más: todas las novedades en materiales de construcción e ingeniosas propuestas de arquitectura e interiorismo orientadas hacia un nuevo modelo de respeto al medio ambiente. De hecho, la feria está organizada por la Asociación Nacional de la Arquitectura Sostenible y de la Vivienda del Futuro.

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Economía y laboral
 
EL PRECIO DE LA VIVIENDA ACELERA SU CAIDA Y DESCIENDE UN 9,7
Finanzas.com - 15 de abril de 2009
 
 
en Marzo. En las capitales se redujo en un 10,2% al cierre del primer trimestre

El precio de la vivienda aceleró su caída en el mes de marzo, con un descenso del 9,7% respecto al mismo mes de 2008, lo que supone siete décimas más que en el mes anterior, cuando descendió un 9%, según el Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles (IMIE) elaborado por Tinsa.

Esta caída, que sitúa al indicador en los niveles de marzo de 2006, se suma a las que se vienen sucediendo desde diciembre de 2007, fecha desde la cual el descenso acumulado del precio de la vivienda alcanza el 11,5%.

El IMIE pone de manifiesto, además, que el pasado mes de marzo dos de los cinco subíndices territoriales presentaron descensos superiores a la media general.

Así, el precio de la vivienda en la costa mediterránea descendió un 11,5%, mientras que en las capitales y grandes capitales se redujo en un 10,2% al cierre del primer trimestre. Ya por debajo del 9,7%, el precio de los inmuebles descendió un 9,6% en las áreas metropolitanas.

Por su parte, el precio de la vivienda descendió un 8,9% en la categoría del resto de los municipios, mientras que la caída fue del 8,3% en el caso de los archipiélagos balear y canario.

Atendiendo a los descensos acumulados desde los picos de cada subíndice, destacan el de la costa mediterránea, con una corrección del 16%, así como el de los municipios de las áreas metropolitanas, con una caída del 12,6%, y el de las capitales y grandes ciudades, que alcanza el 12,3%.

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EL PRECIO DEL ALQUILER BAJA UN 9% EN MARZO
EuropaPress.es - 21 de abril de 2009
 
 
El coste de la vivienda en alquiler en España se redujo un 0,7% durante el mes de marzo respecto al mes anterior y acumula ya una bajada del 9% en el último año, tras registrar nueve meses consecutivos de caídas, según los datos ofrecidos por el portal inmobiliario y del hogar Facilisimo.com.

Además, el descenso acumulado en el conjunto del primer trimestre fue del 2,3%, una caída que contrasta con el incremento del 3,42% que sufrieron durante el mismo periodo de 2008.

Así, arrendar un piso de 70 metros cuadrados a nivel nacional tiene un coste de 7,63 euros al mes por metro cuadrado, lo que supone una cuota mensual de 534 euros para el ciudadano.

Si se tiene en cuenta que una hipoteca para una vivienda similar se traduce en una cuota de 711 euros al mes (Euríbor al 1,909% con un diferencial del 0,75% a 25 años), alquilar ese inmueble supone un ahorro mensual del 177 euros todos los meses, es de decir, un 24,9% menos que la hipoteca.

Por comunidades, Extremadura se convirtió en marzo en la comunidad autónoma con los alquileres más baratos de España, con un coste de 5,27 euros por metro cuadrado al mes, seguida de Murcia (5,68 euros) y Castilla-La Mancha (5,8 euros). Por el contrario, el País Vasco registró los alquileres más altos, con una media de 10,59 euros al mes por metro cuadrado, por encima de Madrid (10,51 euros).

Entre las CC.AA. en las que descendió el precio de los alquileres en el mes de marzo, destacó Galicia, con una caída del 3,59%, seguida de Canarias (-3,2%), Aragón (-2,6%), País Vasco (-2%), Comunidad Valenciana (-1,5%), Murcia (-1,1%), Cataluña (-0,57%), Madrid (-0,57%), Andalucía (-0,54%) y Cantabria (-0,11%).

Frente a estos descensos, sólo siete comunidades autónomas terminaron marzo con un incremento en el coste de sus arrendamientos, comenzando por Extremadura, que sufrió un aumento del 6,94%, seguida de La Rioja (+1,41%), Castilla-La Mancha (+1,15%), Asturias (+0,96%), Baleares (+0,9%), Castilla y León (+0,89%) y Navarra (+0,8%).

Sólo en el primer trimestre, el precio de los alquileres bajó en todas las CC.AA. a excepción de Extremadura (+13,25%), Canarias (+3,13%), Asturias (+0,77%) y Castilla-La Mancha (+0,05%).

Las caídas más notables se registraron en País Vasco (-10%), Cantabria (-8,4%), Aragón (-6,6%), Comunidad Valenciana (-4%), Murcia (-3,9%), Cataluña (-2,8%) y Madrid (-2,49%). A continuación se situaron Navarra (-2%), Castilla y León (-1,2%), La Rioja (-0,84%), Baleares (-0,73%), Andalucía (-0,66%) y Galicia (-0,55%).

LOS PRECIOS CAEN EN MADRID Y CATALUÑA

En cuanto a Madrid, el metro cuadrado de alquiler cuesta 10,515 euros al mes, lo que supone una mensualidad de 736 euros, después de haber experimentado un descenso del 2,49% en el primer trimestre del año.

Durante estos primeros tres meses del año, Pozuelo de Alarcón ha sido el municipio donde más se abarató los inmuebles en alquiler, con un descenso medio del 16,52%, mientras que en lado opuesto se situó San Fernando de Henares, que vio cómo se encarecían sus viviendas en alquiler un 16,41%.

En el caso de la comunidad catalana, el primer trimestre del año cerró con un abaratamiento de los alquileres del 2,8%, de modo que arrendar una casa de 70 metros cuadrados en Cataluña supone un gasto mensual de 688 euros.

Por provincias, Lleida es donde más bajaron los alquileres de precio, con una caída del 9,51% durante los tres primeros meses de 2009. En la distancia le siguieron Barcelona (-2,78%), Tarragona (-2,23%) y Girona, que apenas contempla un descenso del 0,51%.

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PRECIOS DE VIVIENDA EN ESPAÑA SIGUEN SOBREVALORADOS UN 44%
Expansión.com - 19 de abril de 2009
 
Segun The Economist. Los precios de la vivienda en España seguían sobrevalorados en un 44% al cierre de 2008, después de que registraran su primer descenso 'oficial' en 15 años, al caer un 3,2%.

Además, España se encuentra en los puestos de cabeza de la OCDE en sobrevaloración de sus viviendas, sólo superada por Holanda, con una ratio del 54%.

Así lo refleja un ranking publicado por el diario 'The Economist', del que se desprende que los precios de la vivienda deberían descender casi a la mitad para poder ajustarse a su valor real.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) ya aseguraba en su informe anual sobre España publicado en 2007 que el precio de la vivienda se encontraba sobrevalorado en un 30%, mientras que el Banco de España ha avisado en más de una ocasión de que este porcentaje podría superar el 20%.

El precio de la vivienda libre descendió un 6,8% en el primer trimestre de 2009, hasta los 1.958,1 euros por metro cuadrado, lo que supone a una vuelta a los valores que presentaba en el segundo semestre de 2006. Además, este descenso fue del 3% en términos intertrimestrales.

Con todo, esta caída podría ser mayor, según la mayoría de las voces del sector. Así, los promotores indican que los precios han descendido ya alrededor de un 20% y que ya queda poco margen de ajuste.

Por su parte, desde el Ministerio de Vivienda se asegura que el precio de los inmuebles "está convergiendo" con su valor real, e incluso indica lo ideal es acompasar la evolución de los precios de los inmuebles a los del IPC, que en el mes de marzo descendió un 0,1%, más de 6,5 puntos porcentuales menos que la vivienda libre.

Es el momento del alquiler

Por otro lado, The Economist plantea un debate sobre los beneficios de las viviendas en propiedad y el peso que deben tener en el parque de viviendas. Según indica, por un lado, un amplio parque en propiedad podría suponer ''a priori'' una mayor acumulación de riqueza para las familias.

Sin embargo, añade que "los costes son mayores que los beneficios" y que a la vista de la caída del valor de la vivienda en los grandes mercados, este argumento "parece tan débil como los precios de la vivienda".

Dicho esto, pone énfasis en uno de los mayores problemas que arrastra la crisis, el desempleo. Así pues, señala que "los mercados laborales tienden a ser más rígidos a medida que aumenta el número de viviendas en propiedad" y presentan mayores incrementos en el desempleo.

Según concreta, países como España, Irlanda o Grecia han presentado grandes incrementos en el número de viviendas en propiedad entre las décadas de los 80 y los 90 y también presentan altas tasas de paro.

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LO DE ESPAÑA NO ES UNA BURBUJA INMOBILIARIA, ES UN ZEPPELÍN
Idealista.com - 08 de abril de 2009
 
el diario expansión está estos días midiendo el alcance de la burbuja inmobiliaria con varios artículos. en el último, explica cómo los precios que se alcanzaron no tenían sentido y para ello compara los ratios de sueldo y precios de casas de españa con otros países que también han vivido una burbuja inmobiliaria

así, explica que una casa promedio en Estados Unidos cuesta 195.000 dólares, cuatro veces el salario promedio del país. En Reino Unido, una casa de media cuesta 197.000 libras, cinco veces el salario promedio. sin embargo, en España una casa nueva de 80 m2 costaba en el 2007, 230.000 euros (según la Sociedad de Tasación), 12 veces el salario promedio que es de 19.000 euros (según el INE). esto le lleva a concluir que: "lo nuestro no es burbuja, es zeppelín"

con estos datos encima de la mesa explica que es "no hay modo de pagar un piso de 230.000 euros con un salario promedio por hogar (suponiendo que ambos cónyuges trabajen) de 2.000 euros netos al mes", ya que una hipoteca de 180.000 euros a 30 años cuesta 760 euros al mes si los tipos están al 3%. sin embargo, la cuota se dispara a 1.100 euros si los tipos suben al 6%

De hecho, añade el diario, "se está destinando a pagar el piso más del 50% de los ingresos mensuales, y esto no ocurre en ningún otro país de nuestro entorno". su conclusión es que "para que se reactive la construcción, primero hay que vender pisos y, para ello, los precios tendrán que bajar y bastante, en torno a un 30% para que con un 30% del salario se pueda pagar razonablemente la hipoteca"

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ESPAÑA SERÁ EL ÚLTIMO PAÍS EUROPEO EN SALIR DE LA RECESIÓN
El País - 05 de mayo de 2009
 
según Bruselas. La Comisión Europea prevé 10 trimestres seguidos de contracción económica

España es el país europeo que más tardará en salir de la crisis. Los datos conocidos y el pronóstico sobre la evolución del PIB son negativos para los 10 trimestres que van desde mediados de 2008 hasta finales de 2010, según las proyecciones presentadas ayer por la Comisión Europea. A finales del próximo año, España será el único país de la UE que seguirá en recesión, según la estimación de Bruselas.

Las cifras de la Comisión empeoran los recientes pronósticos del FMI y el Banco de España, al anticipar un retroceso del 3,2% en el PIB de este año. Y confirman que la caída interanual en el conjunto de la UE será mayor (-4%), lastrada por el hundimiento de las exportaciones alemanas. Pero mientras se augura una débil recuperación para la UE en la primera mitad de 2010 (la tasa interanual quedaría en el -0,1%), España enlazará otros cuatro trimestres en tasa negativa, con lo que el PIB, en la comparación interanual, caería otro 1%.

A estas alturas ya se percibe claramente que la crisis económica está siendo mucho más destructiva en Europa que en Estados Unidos, donde la actividad caerá este año el 2,9%. Japón, también penalizado por el colapso del comercio, retrocederá un 5,3% según la estimación de Bruselas. China crecería aún un 6,1%, un ritmo inferior al 9% de 2008.

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia, señaló ayer que "la economía europea se halla en medio de la recesión más profunda y generalizada de la posguerra". Pero apuntó que "ya se ha superado la fase de caída libre". En su opinión, los peores momentos fueron "el cuarto trimestre de 2008 y el primero de 2009" y mantuvo que la situación "empieza a estabilizarse".

El comisario confía en que "las ambiciosas medidas adoptadas por los Gobiernos y bancos centrales en estas excepcionales circunstancias detengan la caída de la actividad económica este año y permitan una recuperación el siguiente". Bruselas desveló ayer que el impacto de los planes de recuperación del conjunto de la Unión para 2009 y 2010, ascenderá al 5% del PIB de la Unión, un punto más de lo calculado hasta ahora. Los planes nacionales de recuperación representan un 1,8% del PIB; los estabilizadores automáticos (menor recaudación fiscal y más ayudas sociales sobre todo a los desempleados), un 2,7% y las medidas extra presupuestarias el 0,5%.

En la intervención pública ante la crisis, hay que destacar los planes de salvación a los bancos y demás entidades financieras en 19 países que han supuesto operaciones de recapitalización por valor de 300.000 millones de euros y las garantías bancarias ofrecidas, en una cuantía de tres billones de euros. Sobre este punto, Almunia insistió en que "es necesario eliminar con la mayor celeridad posible los activos tóxicos de los balances de los bancos y proceder a la recapitalización de estos últimos, en su caso".

Sin duda el impacto más dramático de la crisis se producirá en el mercado laboral. Bruselas calcula que entre este año y el siguiente se perderán unos 8,5 millones de puestos de trabajo en los Veintisiete, lo que prácticamente neutralizará el empleo creado entre 2006 y 2008. La UE cuenta actualmente con 20 millones de desempleados.

"Llegaremos a 26,5 millones de desempleados, que es una terrible perspectiva y sospecho que habrá más", advirtió el presidente del Partido Socialista Europeo, (PES), Poul Nyrup Rasmussen. El dirigente socialista indicó que es "el momento de un nuevo plan de recuperación para Europa" y pidió a la Comisión que "proponga nuevas inversiones para el crecimiento".

Según Bruselas, la tasa de paro en la UE se situará este año en el 9,4% de la población activa y en el 10,9% el siguiente. En 2010, España alcanzará el 20,5%, la más elevada de la Unión. "Vamos a hacer todo lo posible para que no se cumplan estas previsiones", comentó ayer la vicepresidenta segunda, Elena Salgado, antes de asistir a la reunión del Eurogrupo.

Almunia evitó pronunciarse sobre si hacían falta nuevos planes de recuperación, pero advirtió que, en el supuesto de que fueran necesarias más iniciativas de estímulo fiscal, "deberían ser coordinadas a nivel europeo".

La adopción de nuevas medidas de gasto público encuentra serias dificultades por la capacidad real de pago de muchos países, que han visto ya dispararse los niveles de déficit y deuda pública. Un total de 20 países superarán este año el límite del 3% de déficit público, que para el conjunto de la Unión se situará en el 6% y en el 7,3% el siguiente. También aquí España figura entre los países con más dificultades con una previsión del 8,6% y el 9,8%, respectivamente, que Almunia calificó de "preocupante". Irlanda y Reino Unido alcanzarán el 15,6% y el 13,8%, respectivamente, el próximo año.

Las ayudas a la banca elevan la deuda

El coste de la crisis pasará factura también a las próximas generaciones. Además del aumento del déficit público, la diferencia entre los ingresos y gastos anuales, la crisis está generando un fuerte aumento de la deuda pública que en 2010 alcanzará el 79,4% del producto interior bruto (PIB) en la UE y el 83,8% en la zona euro, frente al límite del 60% que requiere el Tratado. Los niveles más preocupantes se producirán en Italia, (116,1%); Grecia, (108%) y Bélgica (100,9%).

La Comisión estima que entre 2008 y 2010 el aumento de la deuda pública será de 18 puntos porcentuales. En 2008, las causas de este incremento son las operaciones de recapitalización de la banca y créditos a las empresas, que suponen un 3,4% del PIB. Para el periodo 2007-2010, estas ayudas al sector financiero y empresarial representarán el 5,6% del PIB de la UE.

Otro factor será el aumento de los déficit primarios anuales (saldo presupuestario sin intereses), que al aumentar del 2,3% este año al 3,3% el siguiente necesitará la emisión de más deuda para financiarlos.

Un tercer generador del aumento de la deuda es el llamado efecto bola de nieve. Éste tiene en cuenta el gasto por intereses de la deuda acumulada, que, en relación a un PIB inferior y a una mínima inflación, da unos ratios mayores.

Como aspecto favorable figura la reducción de los tipos de interés, que se han recortado 300 puntos básicos, hasta el 1,25%, en medio año y que probablemente volverán a bajar el próximo jueves.

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¿ESTAMOS EN CRISIS? BANCOS Y CAJAS AUMENTAN SU BENEFICIO
Invertia.com - 21 de abril de 2009
 
 
en febrero respecto a 2008

Las entidades financieras españolas hacen, de momento, caso omiso a las peticiones de prudencia en las cuentas de resultados. Bancos y cajas de ahorro ganaron en febrero 1.100 millones de euros, un 14,5% más que en el mismo mes del año anterior y casi el doble del dinero destinado a provisiones con las que cubrir la mora. De hecho, la cobertura para insolvencias se ha reducido a una tercera parte en un año hasta el 62%. “Aunque los créditos morosos se han incrementado a un ritmo constante, no descartamos una aceleración en los próximos meses dado el brusco aumento en los niveles de desempleo en el país, que se debería seguir reflejando en las cifras de calidad de activos”, comenta Espirito Santo. “El crecimiento de los préstamos continuó su tendencia de reducción, mientras que el constante crecimiento de los depósitos confirma el proceso de desapalancamiento actual del sector financiero”.

En datos objetivos, la inversión crediticia del sistema financiero cayó un 0,15% en dato mensual hasta 1,86 billones de euros por el descenso cercano al 30% en la concesión de nuevos préstamos, tanto a hogares como a empresas. Por otro lado, la mora crediticia subió al 4,18 desde el 3,84% en un mes, es decir, otros 5.700 millones de euros pasaron a clasificarse como activos dudosos, según cifras del Banco de España. Las cajas, como es habitual, cuentan con una mora superior (4,84%) a la de los bancos (3,45%).

En este contexto, choca que las entidades hayan ganado más dinero durante el pasado febrero en comparación al mismo mes del año anterior. Bancos, cajas y cooperativas obtuvieron un beneficio neto de 1.126 millones, un 14,5% más que los 983 millones de 2008. A pesar de este incremento, el balance de los dos primeros meses del año deja un descenso del 22% en los beneficios, desde 2.721 a 2.110 millones. Banesto, primera entidad española en presentar cuentas, ganó el 3% menos en el primer trimestre.

Esta estrategia contrasta con las recomendaciones de principio de año del presidente de la CECA, Juan Ramón Quintás, que pidió a las cajas que “castiguen al máximo” los beneficios (se refería a 2008, aunque son perfectamente aplicables al presente ejercicio) para aumentar las reservas con la transferencia de provisiones no obligatorias. De momento, y a falta de conocer los datos trimestrales, el mensaje ha caído en saco roto, sobre todo entre los bancos.

Las entidades destinaron durante febrero sólo 600 millones de euros a provisiones para un total de 1.477 millones en 2009. Por lo tanto, el ritmo de crecimiento de esta partida es inferior al de la generación de beneficios y está muy por debajo del repunte de la morosidad. En sólo un año, la cobertura de préstamos dudosos ha caído del 183% al 62% y todo apunta a que este ratio continuará deteriorándose.

Dentro de los datos generales del sector, existen algunos matices que advierten una política más conservadora por parte de las cajas de ahorro respecto a los bancos. Las primeras han destinado 717 millones a provisiones en el año, frente a los 745 millones de beneficio, en tanto que los segundos ganaron 1.100 millones por los 651 millones con los que engrosaron las provisiones. A pesar de esta tendencia, los bancos tienen a febrero una cobertura de impagos del 77,5%, por el 53% de las cajas.

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FMI: 20 BANCOS ESPAÑOLES PODRÍAN SUFRIR PROBLEMA SOLVENCIA
Expansión.com - 27 de abril de 2009
 
La crisis económica puede agotar las reservas del sector financiero español. Así lo cree el Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha analizado la solvencia de bancos y cajas de ahorros y sus potenciales necesidades de capital adicional dentro de su revisión anual sobre la economía española.

El FMI, que prevé que la recesión dure hasta 2010 y que la tasa de paro roce el 20%, calcula que, antes de que estallara la crisis del crédito, el sector financiero español contaba con un exceso de reservas de 24.000 millones de euros.

El FMI teme que este colchón, que hasta ahora ha permitido al sector sortear la crisis sin turbulencias extremas (salvo la intervención de Caja Castilla-La Mancha), puede evaporarse si se cumplen sus previsiones. El Fondo ha llegado a esta conclusión tras realizar un test de estrés a las 53 principales entidades financieras españolas (ocho bancos, cuarenta cajas de ahorros y cinco cooperativas).

De estas 53 entidades, cuya identidad permanece en el anonimato, un máximo de veinte pueden tener que necesitar capital adicional para poder operar. El importe de los fondos propios que deberían captar asciende a 3.200 millones de euros como máximo, según el FMI, que ha declinado explicar a EXPANSIÓN cómo se repartirían estos 3.200 millones entre las 20 entidades afectadas.

Activos dudosos

Este cálculo se apoya en el análisis de los préstamos de dudoso cobro de los bancos y cajas y en cómo pueden verse afectados estos créditos -hipotecas, créditos a los promotores y otros préstamos- si se cumplen determinadas hipótesis que el FMI baraja (caída nominal de los precios de la vivienda del 16% desde mediados de 2008 a finales de 2009, tasa de paro del 15%, tipos de interés real del 4% al término de este año, inflación ligeramente por debajo del 2% y mantenimiento del volumen de deuda del sector privado en relación al PIB).

En función de estos parámetros, el FMI establece dos escenarios potenciales de comportamiento de los préstamos de dudoso cobro, que pueden llegar a alcanzar el 6,3% del total de la cartera crediticia en el cuarto trimestre de 2009 (hipótesis más optimista) o el 10% (hipótesis más negativa). Actualmente, la mora del sector está en el 4,12%. En el primer escenario, el más optimista, sólo tres entidades tendrían problemas y tendrían un coeficiente de solvencia inferior al 8% (mínimo exigido por el Banco de España). Estas tres firmas deberían captar entonces 30 millones de euros en capital adicional. En el segundo escenario, el más negativo, veinte entidades tendrían el coeficiente por debajo del 8% y deberían captar entre las 20 los mencionados 3.200 millones.

La institución dirigida por Dominique Strauss-Kahn admite que esta cantidad es “relativamente pequeña” aunque advierte que “si un pequeño número de bancos es percibido como problemático la confianza puede erosionarse y las dificultades pueden elevarse para las entidades financieras”, asegura el FMI en su informe sobre la economía española. Esta coyuntura puede provocar que se produzcan nuevos procesos de fusiones para preservar la estabilidad del sistema.

Fondo de rescate

Los 3.200 millones que como tope necesita el sistema financiero español son muy inferiores a los entre 30.000 millones y 50.000 millones que el Gobierno está barajando para dotar al fondo de rescate de la banca. Fuentes del FMI explican que esta diferencia es tan grande porque la iniciativa del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero busca reactivar el flujo del crédito con un paquete de medidas muy amplias, en el que las inyecciones de capital directas a la banca no tienen por qué absorber el grueso de proyecto.

Además, la institución monetaria advierte que sus test de estrés fueron realizados con información pública (sin conocer los datos internos que maneja el Banco de España) el pasado diciembre. El Fondo sostiene que, desde entonces, la economía ha empeorado, por lo que no descarta que la cifra de los 3.200 millones pueda quedarse pequeña finalmente.

Sin barreras a las fusiones de cajas

El FMI considera que la restricción al crédito y la competencia por los depósitos puede restar salud al sector financiero español. La institución sostiene que, en este contexto de reducción de rentabilidad y de mayor exigencia de capitalización, se producirán consolidaciones de cajas de ahorros. El Fondo pide a los Gobiernos que eliminen las barreras a las fusiones entre entidades de distintas autonomías.

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Volver a tasar los activos inmobiliarios llevaría a quiebra
elconfidencialdigital.com - 06 de abril de 2009
 
 
de bancos y cajas: 330.000 millones de euros en créditos a promotores VS 180.000 millones de fondos propios

Expertos del sector inmobiliario alertan de que si se volvieran a tasar los activos que han ido acumulando las entidades, el sistema financiero quebraría. Destacan que bancos y cajas acumulan 330.000 millones de euros en hipotecas y créditos concedidos a promotores, frente a los 180.000 millones de euros que suman los fondos propios del sistema bancario español. “Si se tasaran los activos inmobiliarios de bancos y cajas a los precios de hoy, quebraría el sistema bancario español”, asegura Miguel Rico a El Confidencial Digital, responsable de la promotora especializada en VPO MRA, en relación al volumen de riesgo inmobiliario (crédito) en manos de promotores

El responsable de la constructora navarra se basa en datos proporcionados por el Ministerio de Vivienda y la Asociación Hipotecaria Española (AHE) para hacer esta afirmación y recuerda que “sólo el volumen de crédito en manos de promotores asciende a 330.000 millones de euros, mientras que los fondos propios del sistema bancario español se sitúan en torno a 180.000 millones”.

“La diferencia, unos 150.000 millones de euros, se la deben a otros sistemas bancarios y a terceros”, añade el presidente de Miguel Rico y Asociados. “Antes este negocio tenía tal nivel de rentabilidad –cercana al 45% sobre la inversión realizada en suelo- que todos se han lanzado a endeudarse para construir o promover vivienda”, resume.

Desde el sector financiero, así como varios técnicos del Ministerio que dirige Beatriz Corredor confirman estas cifras y reconocen que el pinchazo del ladrillo les está generando graves problemas, no sólo los “más inmediatos, como la morosidad y el creciente desempleo”, sino también “aquellos a los que nos estamos enfrentando ahora, principalmente la absorción de activos inmobiliarios”.

Es precisamente la búsqueda de una salida a ese excedente de activos inmobiliarios lo que está provocando un alejamiento de los bancos de su negocio tradicional hacia la promoción y gestión inmobiliaria.

Directivos de consultoras inmobiliarias como Aguirre Newman o Richard Ellis apuntan que

las entidades de crédito aún están analizando qué hacer con los activos, principalmente suelo y vivienda, para gestionar esta saturación. Prueba de ello es el número creciente de subastas de viviendas, promociones especiales para empleados y clientes –véalo aquí- o creación de filiales para gestionar el patrimonio inmueble de los bancos y cajas, señalan fuentes cercanas a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA).

“No se trata de una solución nueva, ya que este tipo de movimientos ya se ha visto en crisis anteriores”, matiza un técnico de la Asociación Española de Banca (AEB). Eso sí, añaden desde las inmobiliarias, “el volumen de activos y excedente es bastante superior”. “Las experiencias en crisis anteriores de los bancos creando estructuras para gestionar activos inmobiliarios no fueron fructíferas”, recuerdan por su parte desde la AHE.

Son varias las entidades que se han lanzado a abrir su propia inmobiliaria para dar salida a la cartera de promociones de viviendas adquiridas a cambio de cancelaciones de deuda al promotor, denuncian desde varias empresas del sector.

Algunas de las que ya están en marcha, Aliseda, del Banco Popular, Altamira, del Santander o Anida, del BBVA. También cajas como LaCaixa tienen este tipo de subsidiarias (ServiHabitat en el caso de la caja presidida por Isidro Fainé o Reser Subastas, de Caja Madrid).

Rico añade que en España hay 700.000 viviendas construidas sin vender, y suelo financiado para construir otros cinco millones más, por lo que se pregunta cuántas se van a consumir al año. Cabe destacar el cálculo que aportan los investigadores del Instituto Nacional de Estadística (INE), quienes apuntan que el ritmo de creación de nuevas unidades familiares, y por tanto de compra de nuevos inmuebles, roza los 300.000 anuales “en circunstancias normales”.

Fuentes del sector inmobiliario explican a ECD que los promotores “no tiene dinero para urbanizar ni para nuevos proyectos” y que están “sobre-hipotecados”. Directivos de MRA añaden que “durante el boom, incluso los suelos baratos se han refinanciado para nuevas inversiones o para el mantenimiento de las estructuras”.

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España tardará 2 años crisis inmobiliaria 'más aguda' mundo
ElEconomista.es - 07 de mayo de 2009
 
 
España sufre una crisis inmobiliaria "más aguda que ningún otro país del mundo", que aún tardará dos años en superar para que el sector de construcción de viviendas vuelva a la normalidad, según aseguró hoy el empresario Juan Miguel Villar Mir. La inmobiliaria es además sólo una de las "tres crisis" que actualmente atraviesa el país, junto con la financiera y la de pérdida de competitividad frente al resto de países de la UE.

Respecto al sector inmobiliario, Villar Mir considera que padece "hipertrofia", esto es, presenta una dimensión "demasiado grande para la economía española".

Según sus datos, en los últimos años se ha construido el doble de viviendas de las que se demandan en España (casi 800.000 unidades al año frente a una demanda de unas 400.000) y la facturación del sector en España equivale a alrededor del 19% del PIB. Esta tasa duplica la del 9% de otros países europeos, la del 10,7% de la UE de los 27, y la media mundial del 9,2%.

¿Más descuentos? Ello ha derivado en que, según el empresario, las inmobiliarias y los bancos se encuentren actualmente con el "problema" de sumar un stock de viviendas pendientes de venta de un millón de unidades, "cifra equivalente a la demanda de tres años".

En este sentido, recomendó a las inmobiliarias vender estas viviendas "cuanto antes y con los descuentos que sean precisos, aunque les parezcan elevados, porque la cosa puede ir a peor". "Un stock de un millón de viviendas constituye un tapón de tres años para que el mercado vuelva a la normalidad. Ya ha pasado un año, pero quedan dos en los que el sector de la vivienda atravesará dificultades", auguró.

De esta forma, calcula que la actividad del subsector de construcción residencial se reduzca a la mitad (un 50%) en el actual ejercicio. Dado que esta actividad a su vez constituye el 35% del total del negocio constructor español, Villar Mir estima que éste caerá más de un 10% en el conjunto de 2009, el doble del 5,1% que, según sus datos, se habría reducido en 2008, y pese al impulso que el Gobierno pretende dar al segmento de infraestructuras.

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Es una situación explosiva, el paro alcanzará a 6 millones
Finanzas.com - 23 de abril de 2009
 
 
El ex presidente de PWC culpa de la crisis económica a "la codicia de todos"

El ex presidente de PricewaterhouseCoopers España, Miguel Angel Fernández de Pinedo, ha manifestado su preocupación especial por la "situación explosiva" del paro en España, que "alcanzará los seis millones" de trabajadores. "Eso no se recompone en cuatro o cinco años", ha señalado.

El ex directivo ha ofreciado una charla a los participantes del Programme for Leadership Development (PLD) de Deusto Business School, de cuyo Consejo es miembro y a quienes señaló que "la salida de la crisis no comenzará antes del último trimestre de 2010".

Fernández de Pinedo considera que España "tiene muy mala salida" de la crisis económica, por la "situación explosiva" del paro y una clase política "a la que no le interesa lo que no es políticamente rentable", entre otros obstáculos.

En su opinión, la causa de la actual situación ha sido "la codicia de todos: el ciudadano que firma una hipoteca que no va a poder pagar, el empleado del banco, el absurdo sistema de incentivos, las autoridades monetarias, y un Gobierno que no ha querido ver la crisis, por los motivos que sean, y que no puede decir ahora que no podía hacer nada ante el endeudamiento de familias y empresas".

Además, se mostró inquieto ante un tejido empresarial "estrangulado en lo financiero", que "no puede competir fuera", aunque alabó la fortaleza de las grandes empresas españolas, "no más de una docena", que operan con éxito en el mercado globalizado. Respecto al sistema financiero dijo que "la prueba de su solidez se verá cuando la morosidad esté en su momento más alto, habrá bancos y cajas que tendrán problemas".

Según expresó, "el país está demasiado bancarizado, habrá una reestructuración, pero el sistema aguantará". También lo espera del país, aunque "deberá hacer frente a una reconversión de la economía que llevará muchos años".

En su opinión, las claves serán la mejora de la competitividad a través de la reducción de los costes laborales, la identificación de nuevos nichos de negocio y, sobre todo, "el desarrollo tecnológico aplicado a todos los sectores".

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Ordóñez alerta de un posible déficit de la Seguridad Social
Expansión.com - 16 de abril de 2009
 
 
El gobernador discrepa del optimismo del Ejecutivo, que aún defiende "la salud del sistema de pensiones", y tilda de "absolutamente espectacular" la tasa de paro en España.

"Negar que hay un problema de sostenibilidad en el sistema de pensiones es absurdo». Así de contundente se mostró ayer el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, durante su intervención ante la Comisión del Congreso de los Diputados para la renovación del Pacto de Toledo, el acuerdo político que, desde 1995, busca la viabilidad del sistema de pensiones.

El gobernador advirtió de que el impacto de la recesión económica "también se ha dejado sentir en las cuentas de la Seguridad Social", cuyo superávit "del 1,3% del PIB, a cierre de 2008" "podría incluso desaparecer durante este año". La previsión del Gobierno, en cambio, es que las cuentas del organismo del que dependen las pensiones futuras de los españoles acabe el año con un saldo positivo del entorno del 0,3% del PIB.

Tras señalar a los diputados que este cambio de escenario es "el primer mensaje" que deben trasladar a la opinión pública, Ordóñez abogó por emprender reformas estructurales "sin dilación".

Por ejemplo, retrasar la edad legal de jubilación "como Alemania que la ha llevado desde los 65 años a los 67 años" o "ampliar significativamente" el número de años de cotización necesarios para el cálculo de la pensión. Frente a los 15 años que se tienen en cuenta en España, un gran número de países de la UE "Finlandia, Polonia o Portugal" lo han aumentado a la totalidad de la vida laboral. "El Pacto de Toledo no supone que no se deba reaccionar [...] , todo lo contrario", achacó Ordóñez.

Pero las recomendaciones del gobernador, alineadas con las máximas clásicas de la OCDE, no acabaron ahí. Cualquier cambio en pensiones debe complementarse con "otras reformas estructurales". Ordóñez apuntó que "el recorrido al alza del déficit público no puede ser ilimitado", pues supone una carga excesiva para las generaciones futuras . La clave para volver a unas cuentas saneadas pasa, a su juicio, por abordar una reforma "urgente" en el mercado laboral, aquejado por una tasa de paro "del 15,5%" "absolutamente espectacular y absolutamente distinta" a la del resto de socios comunitarios.

Precisamente, el director general del Servicio de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, advirtió ayer al Gobierno de que "no queda margen" para reavivar la economía con más gasto.

En una entrevista con el periódico norteamericano, The Wall Street Journal, el directivo de la institución recalcó que el margen para recurrir al gasto público o a recortes fiscales es "inexistente", a no ser que se contrarreste con medidas que reduzcan el déficit presupuestario a medio plazo. De no hacerlo así, "nos encontraremos en una situación en la que tendremos que aplicar medidas restrictivas cuando la economía continúa en una fase de contracción, intensificando aún más la situación".

A este respecto, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, admitió ayer que "nadie sabe ni cómo ni cuándo terminará la recesión".

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El Gobierno sigue empeñado en gastar lo que no tiene
Negocios.com - 30 de marzo de 2009
 
 
España se hipoteca todavía más. El Ejecutivo endeuda al país en 30.000 millones para financiar el déficit público. En el mes de marzo, el endeudamiento se ha incrementado en casi 14.000 millones de euros por el déficit y los planes contra la crisis.

El Gobierno está decidido a superar la crisis cueste lo que cueste. Aunque para ello dirija a España a toda máquina a romper con todos los criterios de estabilidad presupuestaria marcados por la Unión Europea. En los tres primeros meses del año, el Tesoro ha realizado una macroemisión de deuda jamás conocida en la historia de los mercados de capitales españoles con el objetivo de financiar el enorme agujero presupuestario que se abre en este ejercicio. El departamento financiero del Estado ha colocado letras, bonos y obligaciones por importe nada menos que de 30.346 millones de pesetas. La ratio de deuda sobre PIB registra de esta forma una subida de casi tres puntos en el primer trimestre y supera ya el 42%.

Al ritmo que impone el Ejecutivo, a mediados del próximo año, España podría suspender la asignatura de sostenibilidad de la deuda, al rebasar el nivel del 60% sobre el PIB. El ritmo de endeudamiento que marca el Tesoro es insostenible: en febrero se incremento el endeudamiento del Estado en 14.411 millones y en marzo, en 13.897 millones.

Mejor posición

España se halla en mejor posición que la mayoría de los países europeos. Este año, se espera que Italia alcance el 109,3%, seguida de Grecia (96,2%), Bélgica (91,2%), Hungría (73,8%), Francia (72,4%) y Alemania (69,6%).

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, manifestaba recientemente en una entrevista al Financial Times que España cuenta con margen para afrontar la crisis. Pero a este ritmo de endeudamiento, este margen de maniobra se le va a agotar mucho antes que acabe la legislatura.

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Los 27 aprueban formalmente expedientar a España
Publico.es - 27 de abril de 2009
 
 
por su déficit excesivo

Los Veintisiete aprobaron hoy formalmente la apertura a España de un procedimiento sancionador por su déficit excesivo y dieron al Gobierno hasta 2012 para reducirlo por debajo del 3 por ciento del PIB.

Los ministros de Finanzas de la UE (Ecofin) dieron su visto bueno a la propuesta de la Comisión Europea a principios de mes, en un encuentro informal celebrada en Praga, y hoy los titulares de Exteriores, en reunión formal en Luxemburgo, se encargaron de la ratificación oficial de la decisión.

Los Veintisiete también dieron hoy su respaldo formal a la apertura de sendos expedientes por déficit excesivo a Francia, Grecia e Irlanda.

Las autoridades españolas tienen a partir de ahora un plazo de seis meses para notificar al ejecutivo comunitario las medidas que tiene pensado adoptar para reconducir el déficit.

Según el calendario establecido por Bruselas y ratificado por los Veintisiete, España deberá empezar a corregir el déficit ya el año que viene, siempre que la situación económica empiece a mejorar, con el objetivo de situarlo por debajo del umbral del 3% del PIB en 2012.

El año pasado y tras tres ejercicios consecutivos con superávit, las arcas públicas españoles tuvieron un saldo negativo del 3,8% del PIB.

Además, tanto la Comisión como el Gobierno español esperan que continúe por encima del límite que marca el Pacto de Estabilidad los próximos tres años.

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El BE desvela múltiples irregularidades en la gestión de CCM
periodistadigital.com - 01 de mayo de 2009
 
 
El informe de la Inspección del Banco de España sobre Caja Castilla La Mancha (CCM) es demoledor. Pone al descubierto "graves errores y carencias" en la gestión desde 2007, como operaciones concedidas a personas vinculadas al grupo para otros proyectos y un excesivo riesgo en el sector inmobiliario.

Ello obligó a unos ajustes por valor de 1.102 millones de euros en la cuenta de resultados a 31 de diciembre de 2008. Asimismo, responsabiliza directamente al presidente, Juan Pedro Hernández Moltó, e incoa expediente a los consejeros de los ejercicios 2007 y 2008, incluidos, pues, los del PP, que dimitieron en febrero.

Explican Miguel Angel Noceda e Iñigo de Barrón en El País que en el informe, que entró en el registro del Banco de España el 29 de abril, la Inspección descarga toda una batería de irregularidades y vicios en la organización, el control interno y los excesos de concentración:

"La estructura organizativa no contaba con líneas de responsabilidad clara y definida".

Subraya que, aunque el presidente no tenía funciones ejecutivas, "en la práctica presidía la Comisión Ejecutiva, el Comité de Dirección y realizaba funciones de gestión de forma directa".

A la Comisión de Inversiones la desnuda:

"No ha velado por el cumplimiento de los objetivos que su reglamento establece, no realizaba contraste con estrategia alguna, no tenía en cuenta la capacidad financiera de la caja, no informaba al Consejo de Administración o comunicaba las decisiones con posterioridad".

Y al director general y el control de riesgos más de lo mismo:

"No han limitado las demandas de financiación de las sociedades participadas y no se han apreciado en el entorno del control interno una segregación de funciones bien definida".

Enumera las siguientes prácticas:

- La carencia de políticas de seguimiento de las inversiones se ha traducido en graves carencias de control y ha llevado a que se cometan graves errores de gestión, sobre todo en participaciones minoritarias en sociedades cotizadas, que suponen en torno al 50% del total de las inversiones.

- Concentración en el sector inmobiliario, que, unido al crecimiento de la inversión crediticia, ha hecho que se supere el límite del 35% marcado por el propio Consejo en junio de 2005.

- No se produce la necesaria independencia entre el análisis de riesgos y los intereses de la sociedad solicitante, destacando operaciones en las que se financia la práctica totalidad de la inversión para adquirir participaciones en sociedades relacionadas con la entidad y operaciones concedidas a personas vinculadas con la entidad en otros proyectos por un importe de riesgo elevado en relación con su capacidad de devolución.

- Ausencia de un cuadro de mando adecuado para la toma de decisiones, lo que provocó que la financiación mayorista sobre el total fuera del 39%.

- El seguimiento de la inversión crediticia se hacía con retraso y sin profundidad.

- La auditoría interna no recibía la atención necesaria de los servicios centrales.

Según la Inspección, "todos esos problemas hacen que la caja supere el límite de concentración de riesgos con empresas del propio grupo no consolidable y con otro grupo económico, ascendiendo el exceso a 168 millones".

Asimismo, denuncia que no incluyó a las sociedades multigrupo, por lo que el exceso adicional se aproximaría a 290 millones, "alcanzando los riesgos con las sociedades del grupo no consolidado el 44% de los recursos propios de la entidad".

El informe desglosa las actuaciones de CCM:

- Relativas a la contabilización y deterioro de las inversiones de CCM Corporación y otras participadas. La Inspección cuantifica en 309,8 millones de euros el ajuste. De ellos, 221,9 provienen del deterioro del valor de los activos en 35 de las participadas, especialmente en inversiones inmobiliarias. A esa cifra hay que añadir 14,5 millones de gastos financieros indebidamente activados; minusvalías por valor de 36,1 millones en una sociedad cotizada (presumiblemente Metrovacesa) y ajustes por 37,3 millones propuestos por Ernst & Young. - Relativos al deterioro de la inversión crediticia. Tras analizar los 125 clientes con créditos por más de 16 millones, una cartera de 4.011 millones, la conclusión es que nada menos que el 30% se consideran dudosos, el 34%, subestándar y otro 20% requiere seguimiento especial. De los 125 acreditados, 93 presentan "algún tipo de debilidad". El Banco de España pide reclasificar 902 millones como dudosos y ajustar la cuenta de resultados por 579,5 millones.

- Relativos al incumplimiento de los requerimientos de la anterior inspección. Con fecha 21 de octubre de 2008 se emitieron los requerimientos de una inspección sobre las cuentas de 2007 y se instaba a reconocer el deterioro de las participaciones en inmobiliarias a 30 de septiembre de 2008 por 196 millones, que se elevaron a 212 millones a final de año. El Consejo contestó el 15 de diciembre que se había acordado "encomendar a la dirección general la adecuada contabilización de las minusvalías". Pese a eso, la entidad las recogió como ajuste dentro del patrimonio neto, en lugar de la cuenta de resultados.

- Los ajustes anteriores arrojan unas pérdidas después de impuestos de 740 millones y una reducción de recursos propios por valor de 598 millones, muy por debajo del mínimo exigido.

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Las subastas judiciales de pisos y solares se disparan
El País - 15 de abril de 2009
 
 
por los impagos. La crisis triplicó el año pasado los procesos, que siguen subiendo cada mes

A los juzgados de Primera Instancia e Instrucción del País Vasco se les acumulan las tareas. Por si no se encontraban ya un tanto agobiados por el incremento de casos junto a los pendientes de sentenciar, ahora tienen que hacer frente a las subastas de viviendas y solares. En los últimos meses los casos de impago de créditos hipotecarios motivados por el avance de la crisis económica y su correlato de morosidad han irrumpido en los despachos de los secretarios judiciales con fuerza, y eso que las ejecuciones bancarias de las garantías hipotecarias se utilizan sólo como el último recurso al que echan mano bancos y cajas. En esta coyuntura en la que las propiedades se deprecian, comprar los pisos de créditos morosos supone un mal negocio incluso para las instituciones financieras.

Si hace cinco años las subastas de bienes inmuebles resultaban algo casi exótico en los juzgados -en el último trimestre de 2004 se celebraron en todo el País Vasco apenas diez-, sólo durante el pasado marzo los juzgados atendieron 31 casos.

El tirón ha sido cuestión de 15 meses. En el primer semestre de 2006 las subastas seguían en un nivel bajo, con 31 casos en toda Euskadi. En 2007 se registraron 49 procesos, algo normal, según fuentes judiciales. Sin embargo, en 2008 se triplicaron hasta llegar a 150. Y siguen subiendo. Sólo en el primer trimestre de este año ya se han registrado 60 procesos.

"Se ha notado un incremento importante de subastas", asegura la secretaria del Juzgado de Instrucción número 3 de Bergara, María Jesús Egido. El pasado miércoles, subastó un piso de Mondragón por apenas un tercio del importe de la hipoteca. Se lo adjudicó el banco que había concedido el crédito. "En estos tiempos ya no vienen los subasteros", aseguran fuentes de todos los juzgados consultados. Ya no hay pujas y la mayoría de casos se resuelven en aopenas un minuto.

Los subasteros celebraban antes lo que en el argot se denominaba subastilla. Se reunían en algún bar cercano al juzgado y se repartían los lotes o los pisos, que luego revendían a mejor precio. Además de los cambios legales que limitaron su actividad, ahora no hay mercado, y nadie se arriesga a nuevas depreciaciones del mercado inmobiliario. Quienes empiezan a cargarse con un parque de pisos y solares indeseado son los bancos y cajas, pese a saber que les resulta muy mal negocio.

Las entidades de crédito, una vez que se adjudican el piso en el juzgado, anotan como valor neto la diferencia entre la parte del crédito no pagada y la provisión de fondos que han hecho por concederlo. En la actual crisis se están registrando cada vez más casos en que el valor del inmueble o el solar en el mercado es menor que el valor neto anotado por el banco o caja que concedió la hipoteca. Incluso en ese caso reducen la morosidad, pero esa depreciación les obliga a provisionar de nuevo.

Fuentes financieras reconocen que el tipo de hipotecas concedidas a partir de 2004, con cadencias de pago de hasta un año e importes prestados superiores al 100% del valor tasado de la compra, pueden dar más de un disgusto a las entidades de crédito.

Los juzgados no son los únicos que subastan bienes. Cuando una empresa va mal, una de las primeras cosas que deja de pagar son las cotizaciones a la Seguridad Social.

El mayor número de bienes subastados coinciden con el mapa de la explosión del ladrillo en España: Murcia, Valencia, Andalucía y Cataluña. Sólo en abril la Seguridad Social va a sacar a puja en Euskadi otros 19 inmuebles.

Un Porsche de saldo

- Coches. Las subastas de bienes muebles también se han disparado por la crisis. El 25 de mayo salen a puja en un juzgado bilbaíno un Porsche por 3.730 euros; dos Rolls Royce, uno por 27.500 y otro por 13.200 euros, un Maserati por 17.600 o un Ferrari por 29.000 euros.

- Motos. El 30 de abril se subastan dos Derbi por 1.700 y 665 euros en Bilbao, en la Sección Primera de la Audiencia. También una BMW por 8.000 euros

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La banca tiene 9.000 millones en pisos de morosos
Expansión.com - 25 de mayo de 2009
 
 
cinco veces más que en 1994

La banca se mira en el espejo de la crisis de 1994 para encontrar una salida al actual atolladero inmobiliario. Como hace quince años, las entidades están enfrascadas en la gestión y venta de los inmuebles adquiridos como consecuencia de los impagos.

El sector confía en repetir la experiencia de entonces, cuando, superada la recesión, logró deshacerse de los inmuebles con plusvalías.

Sin embargo, el actual escenario tiene tintes característicos. En términos absolutos, el volumen de la cartera inmobiliaria de la banca supera con creces el alcanzado en 1994. Los seis principales bancos y cajas por tamaño (Santander, BBVA, La Caixa, Caja Madrid, Popular y Bancaja) declararon a cierre del primer trimestre inmuebles por 9.078 millones.

A finales de 1994, la cartera adquirida por impagos ascendía a 1.840 millones (306.000 millones de pesetas). Este alza se explica por el mayor valor de la vivienda y el suelo; el crecimiento de las entidades (Santander y BBVA no se habían integrado en 1994 con BCH y Argentaria); y la explosión del crédito (que eleva los importes absolutos de impagos). Según datos del Banco de España, los préstamos a promotoras y hogares para la compra de vivienda ascendían en 2008 a 940.000 millones, frente a los 75.600 millones de euros de hace quince años.

Peso relativo

En términos relativos, sin embargo, el parque inmobiliario de la banca todavía no alcanza las proporciones de hace tres lustros. En aquella época, los inmuebles adjudicados de estas seis entidades representaban, en términos conjuntos, el 0,69% de sus activos totales, que rondaban los 265.200 millones de euros (44,1 billones de pesetas). En la actualidad, este porcentaje se sitúa en torno al 0,40%. Por entidades, el peso en balance de los inmuebles también es hoy inferior al de hace quince años, en términos generales.

Pero los expertos prevén que los porcentajes de todo el sector sigan subiendo hasta igualar o incluso superar los de la anterior crisis. “Faltan varias oleadas de adjudicaciones de activos de las inmobiliarias y la de los particulares. Éstos no tienden a la dación en pago sino que luchan por su vivienda hasta el final”, explica Mikel Echavarren, consejero delegado de la firma de asesoramiento Irea. “Las adquisiciones [de inmuebles por parte de la banca] no han hecho más que empezar”, apunta otro experto.

Por otra parte, las provisiones constituidas tampoco son equiparables. Actualmente, la banca está dotando en torno al 10% del valor de los activos adjudicados. Hace quince años, el colchón fue superior. A finales de 1994, por ejemplo, Santander se había adjudicado inmuebles por un importe bruto de 88.936 millones de pesetas. Por éstos provisionó 20.696 millones, el 23,2%. Las dotaciones de Caja Madrid se elevaron a 23.900 millones de pesetas, en torno al 40% del valor de la cartera.

“Es posible que las entidades estén adjudicándose los activos a precios ya rebajados”, indican en una firma. Esto reduce la diferencia entre el precio que el banco ha “pagado” por el inmueble y su valor de mercado, lo que rebaja el importe a provisionar. Echavarren apunta otro aspecto. El sector financiero tiene hoy un colchón de provisiones (las dotaciones genéricas constituidas en los años de bonanza) con el que no contó en la anterior recesión, que cogió a la banca totalmente desprevenida.

El sector, más realista

El actual contexto, con todo, también presenta características que juegan a favor de las entidades. En la recesión previa, la mayor parte de los inmuebles adquiridos fueron viviendas de particulares adjudicadas por vía judicial, lo que dilató el proceso. Ahora, el grueso de los inmuebles llega tras alcanzarse acuerdos de pago con las promotoras, lo que agiliza la adquisición y venta de las viviendas. Echavarren también resalta que las entidades tienen hoy una visión más realista que hace tres lustros, cuando se negaban a vender los inmuebles por debajo del precio de tasación y eran reacias a financiar la compra por parte de terceros de los activos adjudicados. A su vez, los menores tipos de interés (entonces estaban en el 8% frente al 1% actual) y la mayor capacidad de endeudamiento de las familias favorecerán la aparición de compradores de los pisos.

Pero la suerte del sector financiero no depende tanto de las viviendas como de la ingente cartera de suelo que está adquiriendo. El suelo es hoy un activo ilíquido y su potencial comprador es uno: el sector promotor, que aún adeuda a la banca 300.000 millones. “Tarde o temprano, las entidades tendrán que volver a prestar a las inmobiliarias para que les puedan revender el suelo, aunque sea con pérdidas. Si no, el suelo acabará arrastrando a la banca”, concluye Echavarren.

¿A cuánto asciende realmente la cartera de las entidades?

El importe real (no el declarado) de la cartera inmobiliaria de las entidades sigue siendo una incógnita, un año después de iniciarse el proceso de adjudicación de activos por parte del sector. Algunos bancos y cajas de ahorros no hacen públicos datos al respecto; otros no los actualizan trimestralmente; y la mayoría sólo está facilitando en las presentaciones de resultados los importe de los inmuebles canjeados de manera voluntaria a cambio de saldar deuda pendiente.

Es decir, muchas entidades no están declarando las viviendas ni el suelo que se están adjudicando por vía judicial, pese a lo relevante de estos importes. Las memorias registradas en la CNMV revelan que, si se añaden los activos adjudicados judicialmente, la cartera inmobiliaria de algunas entidades llega a ser hasta un 27% superior a lo declarado.

La consecuencia directa de no saber cuántos activos se han canjeado es que tampoco puede concretarse el saldo de la deuda pendiente, especialmente, la del sector promotor. En función de los importes declarados, el volumen de estos préstamos debería situarse entre 300.000 y 315.000 millones.

“Pero en los próximos dos años va a ser imposible devolver esta deuda”, indica un experto. La caída de la actividad en el sector, la propia reducción de la estructura de las inmobiliarias (tras ceder parte de sus activos a la banca) y la agresiva competencia de las entidades en la venta de inmuebles forzarán una refinanciación masiva de esta deuda. “La banca no puede asumir una morosidad de 300.000 millones”, dicen en una firma.

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La banca ya no quiere más viviendas
El País - 01 de mayo de 2009
 
 
Para las entidades de crédito, los pisos son un quebradero de cabeza en su gestión del día a día

Las entidades financieras ya tienen bastante con su propia crisis. La recomposición de sus carteras, la morosidad y el reordenamiento del sector van a marcar las pautas de 2009 y 2010, y los bancos están informando de forma privada a las inmobiliarias de que no están dispuestos a asumir más carteras de inmuebles en pago de deuda, lo que significa vender como sea con descuentos reales.

Y es que las entidades financieras prevén en los próximos meses un incremento de las suspensiones de pagos procedentes de otros sectores empresariales, que se traducirá en un crecimiento de impagados. El aumento del paro se va a sentir con más virulencia en los créditos dudosos, lo que repercutirá a su vez en la tasa de morosidad y en la solvencia, algo que la banca española teme por su repercusión internacional.

El FMI declaró hace unos días que los bancos españoles necesitarían captar 3.200 millones de euros adicionales para fondos propios, y así sortear la crisis. El diagnóstico se hizo tras realizar un test de estrés a las 53 principales entidades financieras (ocho bancos, cuarenta cajas de ahorro y cinco cooperativas). Los cálculos se apoyaban en el análisis de los préstamos de dudoso cobro de los bancos y cajas y en cómo pueden verse afectados estos créditos -hipotecas, créditos a los promotores y otros préstamos- si se cumplen determinadas hipótesis como una caída nominal de los precios de la vivienda del 16% a finales de 2009, tasa de paro del 15%, inflación ligeramente por debajo del 2% y mismo volumen de deuda del sector privado en relación al PIB.

Sobre Europa, sin contar la banca británica, el FMI asegura que las entidades necesitan entre 375.000 y 725.000 millones de euros de capital adicional "no sólo para compensar pérdidas, sino para lograr el índice más estricto de apalancamiento y el mayor nivel de capitalización que exigen en este momento los mercados en vista de la incertidumbre que rodea las valoraciones de activos y la calidad del capital".

En España, la morosidad de los créditos concedidos a empresas y particulares alcanzó el 4,12% en febrero, su nivel máximo desde enero de 1997. El volumen total de créditos dudosos de cobro del sistema asciende a 77.653 millones de euros en febrero, lo que significa que se ha multiplicado por cuatro en apenas un año, tras pasar del 1,05% (20.116 millones de euros) al citado 4,12%, y eso que no recoge la morosidad de los establecimientos financieros de crédito (ECF), con tasa de impagos muy elevada.

En este contexto, las entidades no creen que se pueda asumir más cartera de activos inmobiliarios para su venta, puesto que, aunque en menor medida que si estuviera en balance como deuda, no deja de suponer un quebradero de cabeza para la gestión del día a día. Los expertos del sector prevén que la morosidad continúe aumentando en 2009, un año en el que podría llegar hasta el 9%.

Las advertencias no son oficiales, pero coinciden en el tiempo, y no es casualidad, con una reactivación de las campañas de comercialización con descuento por parte de diversas empresas, y con el mensaje insistente del sector de que los descuentos en las ventas ya superan el 20%. A esto hay que sumar la sorprendente petición por parte de la patronal hacia el Ejecutivo. Su presidente, José Manuel Galindo, ha propuesto sin éxito la compra por parte del Gobierno de paquetes procedentes del stock de casas en venta, a las que el Estado daría "un uso social", vía alquiler, y subvencionadas, con el fin de hacerlo atractivo a la banca.

Comercialización especializada

Algunas empresas han intensificado su labor de comercialización, incluso con la búsqueda de nichos específicos. El grupo Ternum prevé lanzar una oferta de viviendas para separados y divorciados con descuentos de hasta el 40% y pago aplazado, denominada "Separadosincasa". Osuna va a ofrecer descuentos a todos los miembros de la comunidad universitaria de la Universidad de Jaén en el alquiler de apartamentos de su propiedad.

Metrovacesa ha puesto en marcha una iniciativa comercial por la que ofrece descuentos desde el 15% y hasta el 55% en un total de 270 viviendas ubicadas en Alicante, Almería, Barcelona, Cádiz, Castellón, Madrid, Málaga, Murcia, Sevilla, Valencia y Valladolid, siempre que la compra se cierre antes del 30 de abril.

El primer Rastrillo Inmobiliario Roan, que se celebró los pasados 23 y 26 de abril, ofreció más de 500 viviendas en la capital y en la costa mediterránea con descuentos de hasta el 50%, en parte procedentes de activos adjudicados. Atendió 5700 peticiones de información y cerró 184 ventas que podrían llegar 300, según el Grupo.

En paralelo, Galindo se ha mostrado partidario de alcanzar acuerdos entre los promotores y las entidades similares al firmado con el Santander, por el que el banco se ha comprometido a apoyar con créditos las ventas de los promotores y éstos a rebajar el precio. El presidente de la Apce indicó que la patronal negocia con algunas entidades acuerdos parecidos, aunque no desveló de qué bancos y cajas se trata.

El 'stock' no deja de crecer

El stock o excedente de pisos sin vender en manos de promotores sigue creciendo; los empresarios calculan que tendrán cerca de 800.000 viviendas sin colocar en el mercado. Carlos Ferrer-Bonsoms, director de suelo y residencial de la consultora Jones LangLasalle, fue más allá al cuantificar en cerca de un millón el stock en venta. El directivo, que presentó esta semana el informe de inversión anual de la consultora, estimó que cerca de un 10% del producto existente de costa es "invendible", por ser proyectos de ubicación discutible o a precios disparatados. Además, y según sus cálculos, entre un 5% y un 7% más del stock disponible es de difícil venta. Unos argumentos que coinciden con la opinión expresada por la ministra de Vivienda hace unas semanas, en las que aseguraba que no todo el stock de casas promovidas hasta la fecha tiene encaje en el mercado, aunque hubiera demanda.

El presidente de la patronal Apce, José Manuel Galindo, insistió en que un elevado stock de vivienda "es injusto" desde el punto de vista social, porque a pesar de la demanda son inmuebles inutilizados; y desde el punto de vista económico, dado que el coste de la deuda de estas viviendas paralizadas ascenderá a casi 4.600 millones de euros en 2009, según sus datos. Además, la caída en la construcción de nuevas casas en 2008 y 2009 supondrá la destrucción de casi un millón de puestos.

Ante esta situación, el presidente de Apce planteó semanas atrás la posibilidad de que el Estado lance una oferta pública para comprar estas viviendas y dedicarlas a políticas sociales. El propio Galindo subrayó que esta propuesta "no ha encontrado receptividad en el Ministerio", un hecho que fue ratificado el mismo día de la presentación. La directora general de Arquitectura y Política de Vivienda, Anunciación Romero, aseguró que "no se ha planteado en ningún momento la compra del stock existente".

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Los promotores alquilan su stock con rebajas de más del 30%
Expansion.com - 12 de abril de 2009
 
 
La escasa demanda de viviendas en propiedad y la relajación del euribor que referencia también alquileres obligan a las inmobiliarias a arrendar su excedente de pisos con descuentos.

"El precio de los pisos en alquiler ya está bajando". Son muchos los agentes del sector inmobiliario que han repetido esta frase en los últimos meses, pero todos se han topado de bruces, mes tras mes, con los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que sigue constatando subidas superiores al 4%.

Los alquileres ya ocupados -que sólo renuevan el contrato del inquilino con una subida máxima del IPC- sí se aprecian.

Pero está cayendo el número de operaciones cerradas en este segmento. Sin embargo, el parque total de arrendamientos no se encarece tanto como señala el INE (4,1% en febrero), según estiman los expertos.

Las que sí están registrando grandes descuentos son las viviendas que los promotores no consiguen vender y sacan al mercado del alquiler. No en vano, el stock de las empresas inmobiliarias supera el millón de unidades.

En contraposición con lo que ocurre con las viviendas a la venta, los promotores sí que aplican fuertes descuentos a estos arrendamientos. De hecho, están superando el 30%. "Una forma eficaz de evitar el concurso de acreedores es alquilar las viviendas por el precio del gasto financiero que conllevarían", señala José Antonio Pérez, subdirector general del Instituto de Práctica Empresarial (IPE). Según el IPE, entre el 15% y el 20% del stock en venta se está empezando a alquilar. "Antes se encarecían los pisos porque había muy poco stock en alquiler", señala Javier García-Mateo, director de análisis e investigación de mercados de Aguirre Newman.

El procedimiento de rebajas es sencillo, y ya lo están llevando a cabo muchas compañías. El interés hipotecario (el euribor más un diferencial) sirve de espejo para calcular la renta del piso. Si la vivienda en venta cuesta 300.000 euros, una hipoteca al 80% del valor (240.000 euros) con el tipo más alto que aplicó la banca, el de septiembre (6,265%), arrojaría un gasto en intereses de 15.036 euros.

Esta cifra, dividida por 12 meses ofrecería una cuota de referencia para el alquiler: 1.253 euros. Con esos precios no les salía rentable ni al consumidor ni al promotor, que no alquilaba apenas pisos.

Pero la bajada del euribor ha hecho que los promotores se vean obligados a tirar los precios del alquiler para poder competir con las (pocas) nuevas casas hipotecadas. El tipo bancario de febrero, del 4,324%, obliga a los constructores a ofrecer cuotas de alquiler de 864,8 euros para esa casa tipo de 300.000 euros. Es decir, un 31% menos. Ante la imposibilidad de vender, y a la espera de nuevos estímulos para el alquiler con opción a compra, muchas inmobiliarias están cogiendo aire gracias a esta fórmula.

Además, "ahora los inversores que compraron casas en pleno boom residencial se encuentran con la imposibilidad de venderlos, así que deciden alquilarlos para obtener, al menos, unos ingresos al año", añade García-Mateo.

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'Las finanzas son un sistema de corrupción global'
Publico.es - 04 de mayo de 2009
 
Catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla. Firma una denuncia radical de la crisis financiera y del hundimiento de los valores morales

Juan Torres, catedrático de Economía de la Universidad de Sevilla, acaba de publicar La crisis financiera. Guía para entenderla y explicarla. Un pequeño libro en el que de manera clara y sucinta acerca a los ciudadanos lo que está ocurriendo en el mundo y por qué. Pero va mucho más allá. Es la denuncia de una crisis moral y un intento de "animar a los ciudadanos a levantar su voz, y decirle a los poderosos que hasta aquí hemos llegado".

¿Sufrimos las consecuencias de un pecado de omisión?

Lo ocurrido es el resultado de un modo de actuar que no hubiera sido posible sin la complicidad de los gobiernos y bancos centrales que miraban para otro lado. Son los gobiernos, como este, los que ponen las líneas telefónicas para facilitar operaciones financieras oscuras en Gibraltar.

¿Decir eso no es ir demasiado lejos?

Si Gibraltar tiene 30.000 habitantes y el Estado español le da 100.000 líneas está proporcionándole los medios para funcionar como paraíso fiscal. Si la Unión Europea firma convenios con paraísos fiscales está facilitando su existencia. Prácticamente, todas las entidades financieras tienen sedesen ellos. El Instituto para la Obra de la Religión, que es el banco central del Vaticano, es un paraíso fiscal. Son instrumentos imprescindibles para hacer lo que han estado haciendo los bancos.

Es usted muy crítico con las medidas de rescate del sistema financiero...

Porque es una supeditación de los gobiernos a los intereses bancarios. Están inyectando dinero a través de los bancos, y estos lo usan para salvar sus cuentas. No llega a la economía real. Los ciudadanos pagaremos impuestos para apoyar a los bancos, para que estos, a su vez, financien a las empresas sus expedientes de regulación de empleo. Porque también es cierto que muchas empresas están usando la crisis para tapar un mal gobierno semejante al de los bancos.

Desde los gobiernos mantienen que sería catastrófico no hacerlo.

Salvar el sistema financiero no es salvar a los bancos. El sistema se ha hundido porque los bancos se han dedicado a especular sobre bases falsas. Y eso ha provocado hambre. Hemos visto en multitud de bancos ofertas para que la gente invierta aprovechándose del alza de precios de los mercados alimentarios. Son los inversores especulativos los que provocan el hambre, y es criminal que se usen los recursos para sostenerlos. Y más aún darles dinero para que ganen más dinero.

Muchos dirán que es un planteamiento demagógico.

En mayo del año pasado la FAO reclamó 6.000 millones de dólares para atender hambrunas inmediatas. Sólo se recaudaron 4.000. Si es demagogia decir que no dan dinero a la FAO para que luche contra el hambre y, sin embargo, dan miles de millones de dólares a los bancos, para que luego paguen grandes primas a sus directivos o para salvarle la cara a los bancos que han perdido dinero en la pirámide de Madoff Los ciudadanos tenemos que reclamar el fin de esa inmoralidad, no dar un euro más a bancos corruptos que se llevan el dinero a paraísos fiscales, que financian actividades puramente especulativas, mientras hay tanta gente padeciendo.

¿Una crisis económica apoyada en una crisis moral?

Claro. Esta crisis pone sobre la mesa los valores morales sobre los que está montada nuestra civilización. Los ciudadanos tienen que saber que la Iglesia tiene paraísos fiscales, y que los terroristas, traficantes de armas y banqueros corruptos también tienen facilidades para instalarse en los paraísos fiscales. Las finanzas se han convertido en un sistema de corrupción global con la complicidad de gobiernos e instituciones.

¿Tiene propuestas concretas para el cambio?

Prohibir los paraísos fiscales, desincentivar la especulación con impuestos, dotar a los gobiernos de capacidad de maniobra, controlar los movimientos de capitales Pero no será posible si los ciudadanos no tienen poder para exigirlo. Los planes de Obama, que son relativamente moderados, están siendo atacados sin piedad, y modificados, por la derecha y los poderes financieros. Hay que reclamar el fin de esa situación inmoral en la que se encuentra la economía mundial.

¿Qué pueden hacer los ciudadanos para vencer a esos poderes?

Salir a la calle, votar a los partidos que defienden estas ideas, poner su dinero en los llamados bancos éticos, no en los especulativos. Puede lograrse por vías pacíficas y democráticas, pero diciendo que no con contundencia.

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«Así toma el pelo la banca al Estado» (lo dice un banquero)
El Mundo - 10 de mayo de 2009
 
 
Las necesidades de liquidez están provocando picaresca en bancos y cajas en un momento en que el Estado ha movilizado recursos en su apoyo. Las prácticas con aval del Tesoro y con los clientes de las sucursales no son nada edificantes.

Lástima. Él no quiere que se le identifique para no meterse en líos como le ha ocurrido al presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que ha culpado de la crisis a «los años de Zapatero» sin saber que se le estaba escuchando con micrófono abierto. Pero el presidente de una importante entidad financiera de España describe así la situación en una conversación real con este diario. «Este primer semestre será aún bueno para bancos y cajas. La razón es simple: la mayoría de los clientes con hipoteca lo tienen a tipo variable y no se les cambia hasta que toca, normalmente un año después. Así que la mayoría está aún pagando intereses a más del 4% por la subida de tipos del año pasado, cuando tenemos el Euribor ahora al 1,6%. Por eso nos está creciendo el margen financiero. También tiene su efecto en la cuenta de resultados una fórmula con la que el sector está tomando el pelo al Estado».

¿Tomando el pelo? «Sí, porque estamos lanzando emisiones con aval del Tesoro, pero en vez de colocarlas a inversores extranjeros, que es de lo que se trataba, nos las estamos comprando unos a otros y vendiendo deuda pública. Nos renta más tener bonos de la rural Cajamar al 3% con aval del Tesoro que un bono del Estado a tres años, que te da el 2%. Pero lo mejor es que luego vamos con estas emisiones al Banco Central Europeo que, claro, te las acepta como garantía al ver detrás al Estado y te prestan al 1,5% y menos con buen margen de rentabilidad».

La Caixa abrió el fuego el pasado enero con una emisión de 2.000 millones en bonos avalados que, al menos, colocó mitad en España, mitad fuera, pero luego han ido entrando en la carrera Caja Madrid, Popular, Bankinter, Pastor, Caixa Catalunya y las principales cajas con el resultado -deprimente para lo que era el objetivo inicial- de que una media del 75% de las emisiones se queda en casa.

Los 90.000 millones (15 billones con b de pesetas) que ha puesto el Gobierno a disposición de bancos y cajas como aval no está sirviendo para que las entidades financieras españolas puedan colocar sus emisiones en el exterior y, por tanto, captar el necesario dinero extranjero que España necesita para salir de la crisis. Además, hay que rezar para que el presidente del BCE, Jean Claude Trichet, no se canse de aceptar el aval público español sin imponer recortes.

El decreto de avales fue elaborado por el secretario de Estado de Economía saliente, David Vegara, y la directora general del Tesoro, Soledad Núñez. Y lo pactaron con el Partido Popular. Unos y otros admiten que no es ideal lo que está sucediendo, pero sí ayuda a resolver el problema prioritario que es inyectar liquidez al sistema. Si el aval, por el que el Estado cobra, sirve para que las entidades españolas se puedan enchufar más fácilmente al BCE, lo dan por bueno.

Tampoco se queja el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez (Mafo). Para él, todo lo que sea no tener que intervenir de momento en otras entidades, mejor que mejor. Ya tiene bastante con la Caja de Castilla-La Mancha, donde ha tenido que improvisar al frente al veterano ejecutivo de la Kutxa Xabier Alkorta, pidiéndole que salve lo que pueda en seis meses.

El caso es que las dos medidas estelares del Gobierno para apoyar a la banca, el languideciente Fondo de Adquisición de Activos Financieros y el programa de avales, han tenido deficiente resultado. Así que la nueva ministra, Elena Salgado, tendrá que meditar muy mucho cómo diseña el nuevo fondo de apoyo al sector con dinero público sobre el que intercambia borradores con Mafo. Vegara sigue en el cargo, pese a que anunció el 9 de abril que continuaría un mes.

El plazo se cumplió ayer, pero Salgado llegó el viernes al Consejo de Ministros sin tener el sustituto. En las quinielas aparecen, entre otros, el doctor en Económicas César Molinas -otro ex, como Salgado, de la etapa Borrell- o el actual secretario general de Política Económica, Ángel Torres.

El cargo comporta marrones sin fin. «Lo malo es el segundo semestre. El dato de paro puede ser de vértigo echando aún más leña a la morosidad, muchas entidades lo van a pasar mal», prosigue el banquero.

Horror pero, de momento, la decena de bancos y cajas más importantes de España han ganado en conjunto sólo el primer trimestre de este año 5.000 millones de euros. Es un 18% menos que el pasado año, pero una pasta desconcertante para los ciudadanos. En el mismo periodo -con brotes verdes de miniapertura de grifo en las últimas semanas- ha continuado la contracción del crédito a los españoles. Se quejó de eso el vicepresidente de CEOE, Arturo Fernández, en la asamblea de CEIM del pasado miércoles.

Sería suicida obligar a la banca a conceder créditos a quien no los puede devolver, y es cierto que la economía española se ha endeudado hasta el disparate y que no hay que repetir el error, pero bancos y cajas deben de extremar un comportamiento responsable.

Es bochornoso que se hayan ganado hasta una carta del missing presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, por colocar a mansalva en sus sucursales a clientes desinformados las llamadas participaciones preferentes y otros productos que les convienen. No les explican bien que son arriesgados con tal de colocárselos para financiarse. Cómo será que la CNMV dice al sector en su carta que «las recomendaciones personalizadas de un determinado producto financiero sin ajustarse al marco legal vigente (...) pudiera ser una práctica frecuente en la relación con la clientela en la amplia red de oficinas de que disponen las entidades financieras». ¡Sin ajustarse al marco legal y frecuente!

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España 'subprime'
Expansión.com - 28 de abril de 2009
 
 
Eduardo Martínez Abascal, viejo amigo, eterno cuantificador, viene contando verdades como puños, semana tras semana, en la contraportada de EXPANSIÓN. Abundando en sus ideas, vale la pena dar un paso más y preguntarse si el "zepelín inmobiliario" no es más bien crediticio.

Yo creo que sí. Y me baso para ello en un ilustrativo gráfico aportado por D. Alejandro Macarrón Larumbe en la conferencia que pronunció el pasado 25 de marzo de 2008 en el Círculo de Crítica Política del CEU. En él es patente que la crisis, contra lo que se viene diciendo, tiene culpables y resulta fácil saber dónde buscarlos. Desde 2004, año en que los españoles optaron por el socialismo, los problemas se han disparado. Ha resultado ser verdad que, mientras discutíamos la ley de matrimonio homosexual, el divorcio exprés y el estatuto de Cataluña, se infló el zepelín. No antes. Su origen es socialista y tiene que ver con quienes nos gobiernan. Es crediticio, no inmobiliario.

La creación de dinero sin inflación ha sido posible porque no la ha hecho el Gobierno emitiendo billetes –no puede sino consintiendo a las entidades de crédito que saturasen, no la bolsa, sino la economía. Para eso se han valido de los inmuebles y de ahí que el ‘zepelín’ parezca inmobiliario cuando no lo es.

Inmueble y garantía

En el crédito hipotecario, lo esencial –aunque últimamente parecía lo contrario– no es que se revalorice el piso, sino que se devuelva el dinero. El inmueble es la garantía, no el negocio. Por eso existe la regla del 80% y otras: no se puede prestar más de cierto porcentaje del valor de tasación. Por lo menos en teoría.

Pero ¿cuál es el valor de tasación? Sesudos y caros estudios hechos caso por caso han permitido a muchos españoles obtener dinero para comprar una o más viviendas. Pero esos estudios del supuesto valor del inmueble, que se hacían por ministerio de la Ley, no venían nunca acompañados de otro sobre la influencia del tiempo en la rentabilidad del préstamo. No creo que ninguna entidad haya asesorado sistemáticamente a los compradores, sobre todo de vivienda, pero también a los pequeños promotores, sobre el valor futuro de los pagos que iban a realizar.

Eduardo Martínez Abascal recuerda que para una hipoteca de 180.000 euros a 30 años la cuota mensual es de 760 euros al 3%. Y al 6% de 1.100 euros. Pero aquí falta un cálculo, que él sabe hacer mejor que nadie. Y es que al 3% dentro de 30 años el piso tiene que valer 442.231 euros sólo para que el comprador se quede igual que ahora.

Pero al 6% el valor futuro, para quedarse igual, tiene que ser de 1.084.063 euros. Lo cual quiere decir que muchos compradores de vivienda a crédito, si suben los tipos de interés, incluso si pueden pagar las mensualidades, han comprado un préstamo carísimo y que no compensa. Y aún añado que Eduardo es benevolente. Porque es carísimo dar hipotecas a 30 años. Y sin embargo ha sido el estándar del mercado.

La hipoteca de antes, a 15 años, supone que el activo ha de valer 282.138 euros a los 15 años. Y esto sí es razonable. Y al 6% tiene que valer 441.737 euros. Claro que las cuotas mensuales serían de 1.243 euros al 3% y de 1.519 euros al 6%. Pero ni a las entidades financieras ni al Gobierno les interesaba informar de esto porque no hubiera habido ni ‘zepelín’, ni crecimiento, ni comisiones para los empleados.

Hipotecas y valor de los activos

Todo esto ha sido posible porque lo que se ha hipotecado no ha sido el activo adquirido sino el sueldo del adquirente. Desde 2004 hasta 2008 el crédito hipotecario debió llamarse "hipoteca esclavizante" porque el valor del activo daba igual: lo importante era si el adquirente y su mujer tenían trabajo. El zepelín crediticio ha sido tan rápido y tan generalizado –todo el mundo ha entrado en el negocio porque quedarse fuera era empobrecerse relativamente– que se han hipotecado rentas de trabajo, no activos. El sueldo era el verdadero cálculo de la garantía.

La permisividad, cuando no complicidad del Gobierno, con esta inflación crediticia hacía que el sueldo actuara como ‘crédito puente’: como el activo inmobiliario estaba llamado a revalorizarse por el continuo aumento del crédito en circulación, el sueldo operaba como ‘garantía puente’, mientras el activo se revalorizaba. Cuando pasaba el tiempo, ya daba igual: entonces ya sí el valor presente del activo acababa siendo suficiente para justificar un esfuerzo de renta con tanto valor futuro.

Explosión del zepelín

El efecto es que gran parte de la renta nacional está hipotecada. Pero el mercado se ha parado. O más bien, el ‘zepelín’ ha explotado. Y ¿ahora que? Porque el efecto económico del desajuste que nos ha traído el Gobierno presidido por el Sr. Rodríguez Zapatero es el paro. Y los parados no pueden pagar hipotecas.

Es lo que pasa por haber concedido crédito pensando que la garantía se revalorizará indefinidamente: que el problema no lo tiene el que toma prestado, sino el que presta porque él mismo especula con el préstamo. La política antipatriota del socialismo, yerma de fortaleza para parar la inflación crediticia, nos ha convertido, no en un país con viviendas subprime sino en un país sub prime.

El gráfico del paro creado por el Gobierno socialista obliga a buscar un remedio y además a encontrarlo rápido, como acertadamente dijo el Sr. Quintás en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados. Pero no puede ser –no debe ser– refinanciar los errores cometidos por los ‘cobradores de bonus’.

Si a un comprador de vivienda a 30 años se le ha vendido un crédito financieramente insufrible, el riesgo de la entidad de crédito –asumido contractualmente igual que los pagos mensuales– es que en vez de cobrar tenga que ejecutar la garantía. Lo malo es que incluso en circunstancias normales el coste de ejecución de un inmueble hipotecado, aunque no se publica oficialmente, está entre el 35% y el 40% del principal y, por tanto, a la entidad le compensa quedarse con el piso.

Diagnóstico

Si el diagnóstico del problema es que el valor futuro del parque inmobiliario hipotecado no es realista porque se basa en ratios de crecimiento irreales y en el error de las entidades al pensar que la garantía iba a revalorizarse rápido y, además, que nunca iba a haber un paro del 18% (y aumentando), el ‘zepelín’ sólo se puede desinflar gradualmente convirtiendo las entidades de crédito en inmobiliarias.

Sus activos en balance disminuirán mucho de valor, pero sus cuentas de resultados aguantarán si el adquirente por ley y no por contrato puede devolver el inmueble perdiendo el importe que ya pagó, y pagando una renta para permanecer en el piso (que antes era suyo y ahora es del banco), que además puede enajenarse.

Si el paro sigue aumentando al ritmo que lo hace, el sistema de Tribunales, que ya no puede responder de los concursos, porque los Tribunales no están pensados para arreglar macro-crisis, tampoco resultará suficiente para salvar a quienes tengan que poner en el mercado a la vez gran cantidad de activos inmobiliarios. Hasta aquí el último episodio del ‘zepelín’ del ‘Estado del Bienestar’, el paraíso en la tierra prometido por el socialismo.

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La cigarra y la hormiga
Cartas a la Plataforma (J. Lisazo) - 01 de mayo de 2009
 
 
La prensa anuncia: “ EEUU se engancha a la alta velocidad, dentro de un plan de modernización y renovación de infraestructuras viarias, tomando como modelos los ejemplos de España y Francia”.

El gobierno Obama hace una reserva de 49.000 millones de euros para el desarrollo de infraestructuras (reparación de puentes, autopistas y lanzamiento de la alta velocidad) a repartir entre los 50 estados de la Unión .

El articulista exclama: “Toda una revolución de llevarse a cabo” y Obama alerta a sus compatriotas: “No se trata de ninguna visión extravagante del futuro”.

Un programa a medio plazo, que en su primera fase hasta el 2.012 supondrá una inversión de 6.000 millones de euros para mejorar las líneas de pasajeros existentes: “una primera piedra que servirá para mejorar las vías y señalización actuales para poder alcanzar los estándares de alta velocidad europea”.

Está inspirado en el modelo español, como dice Obama, pero matiza: “....a diferencia de lo que ha sucedido en España, en la que el desarrollo del AVE implica la construcción de nuevas rutas ferroviarias, en muchos casos, la mejora de los actuales trazados valdría para alcanzar los estándares de alta velocidad europeos.”.

Estas nuevas rutas nos van a costar a cada ciudadano parado y no 5.435 euros pues el programa PEIT del gobierno Zapatero asciende a 250.000 millones de euros. También es a medio plazo, pues en 2.005 anunciaba: “ para 2.010 España estará a la cabeza mundial en alta velocidad por delante de Francia y Japón”.....

Ante un presupuesto tan elevado en momentos de crisis, parece disculparse ante sus ciudadanos –me refiero a Obama-, a pesar de presentarlo como una inversión rentable a favor de un transporte sostenible y de carácter social, asequible y no sólo para élites.

Un presidente que por su coherencia convence hasta la oposición, no necesita tanto hablar de lo que hace, porque lo que resuelve supera a las palabras. Tiene claro que las inyecciones de dinero a empresas y bancos, es la parte de sacrificio que se carga a los ciudadanos para paliar la crisis, ya que ese dinero sale de sus bolsillos. El resto de medidas, como “adelgazar” la administración, bajar el techo salarial de altos cargos a 5.000 dólares al mes, revisión de pensiones vitalicias y de incapacidad, reducción de gastos de defensa, atajar el fraude fiscal y aplicar una fiscalidad progresiva con subidas de impuestos en los tramos de ingresos altos, controlar márgenes comerciales en artículos de primera necesidad, etc. entiende que es el esfuerzo o “sacrificio” que corresponde a la administración. Y lo cumple......me refiero a Obama.

Ante una coyuntura de crisis como la actual, la mesura y transparencia en la utilización del dinero público, son las mejores herramientas para la recuperación de la confianza en nuestros gobernantes y la mejor fórmula social para salir de la crisis; la salida que anuncia el gobierno Zapatero: “una salida social”…. nos lo explique.

 
 
Mendigos por la hipoteca
El País - 27 de abril de 2009
 
 
La crisis genera una nueva mendicidad de inmigrantes y autóctonos por deudas

Antes del verano, un 3,9% de la población ya vivía en la peor situación económica posible, y el 17% de los valencianos era pobre. Pero la crisis está llevando esto a terrenos desconocidos. "Las peticiones de ayuda a Cáritas han aumentado en un 80%", explica Jordi Garcés, director del Centro de Investigación Polibienestar, especializado en las políticas sociales. Hay centros y parroquias en los que esas peticiones han crecido un 100%. El balance de 2007 indicaba que las siete entidades que componen en Valencia el llamado Equipo Interinstitucional de Trabajo con Personas Sin Hogar atendieron a 1.108 personas. En 2008, el Centro de Acogida e Inserción para Personas sin Hogar del Ayuntamiento de Alicante atendió a casi 1.700 usuarios. Todo va a complicarse cuando se revise la actual temporada. Más cuando las plazas de albergue en Valencia son poco más de 300.

Hay en España, según Cáritas, hasta 30.000 mujeres y hombres sin techo. "Dentro de la atención por exclusión", explica Garcés, "el 70% suelen ser extranjeros". "Pero, por primera vez desde hace ocho años, aumenta la atención a españoles en el ámbito de la pobreza". Se trata de gente que, por el seísmo económico, ha perdido el trabajo y ha ido cayendo, hasta la eventual exclusión severa. Casos como el del mendigo atacado ferozmente en Alicante hace poco. Sin embargo, en palabras de Charo Castelló, de la Fundació Tots Units, que se dedica a la inserción sociolaboral de los más necesitados, "otras veces se trata de gente que pide para comer porque lo poco que tiene lo usa en el alquiler o la hipoteca". "El exceso de peticiones en comedores sociales", explica, "suele responder a ello".

"Hemos venido teniendo en nuestro país un 30% de empleo precario", insiste. "Cuando eso se ha venido abajo, ha golpeado hasta llevar a la calle a gente de varios grupos: quienes hacían de peones -con un alto grado de inmigrantes-; quienes llegaban al mercado laboral desde la exclusión [por drogas u otros problemas]; y, finalmente, quienes, aunque con mayores posibilidades que los dos primeros grupos, vivían al límite de sus deudas". Por tanto, no hay que pensar ahora que quien mendiga está obligatoriamente tocado por el alcohol, por la enfermedad mental o por la discapacidad (pese a que, tradicionalmente, haya habido problemas de este tipo hasta en el 80% de los casos). Casos como el de un inmigrante con serias taras físicas que ha dicho a la policía de Castellón que fue obligado mafiosamente a mendigar, se compatibilizan hoy con los de unos mendigos de apariencia casi pulcra que parecen estar en la calle de manera accidental.

Le sucede a un hombre viejo del terreno que se pasea por el pueblo de Catarroja con un carrito de supermercado con sus pertenencias, que saluda a los vecinos, y a quien se recuerda en una situación muy diferente. Otro, en este mismo pueblo, más joven, va hurgando metódicamente en contenedores y se espera en las tiendas para que le den lo que sea. A veces lleva patas de pollo cogidas de la mano: le valen para hacer caldo. "La crisis te va jodiendo hasta que acabas así", comenta otro, español, aunque hijo de portugueses, en la puerta de un supermercado cercano a la capital. "Antes era camarero, pero ya no tengo nada". Cuenta más de 40 años y duerme en casa de un conocido. Otros, pernoctan donde les pilla. María, por ejemplo, que no sabe ni la edad que tiene, dice que lo hace "en una chabolita en el campo". Mendiga desde hace tiempo en la valenciana Plaza del Ayuntamiento, más a la vista imposible. "Pero ahora es muy difícil, ya hay demasiada gente pidiendo, vienen de muchos países, y ya no recoges ná". A pocos metros, hay un joven del Este, que no habla español, solicitando limosna en la puerta de un espacio fashion que vende zapatillas a 200 euros. Más lejos, una mujer de 50, española, intenta vender pañuelos de papel a los coches. "Te ganas a veces 5 o 6 euros", dice una chica rumana, de 22 años, que mendiga todos los días frente a un supermercado de barrio. "Pero como mi marido a veces trabaja en algo, tenemos un techo". "Hay nuevas situaciones de riesgo", explica Jordi Garcés, "y vemos cómo la mendicidad está pasando de lo individual a un perfil de familias que se quedan sin recursos". "Esto perjudicará especialmente a los hijos pequeños". "Y hay otros nuevos grupos de riesgo", insiste. "Se trata de las mujeres de menos de 35 años, con familia monoparental y en paro", finaliza, "y las mujeres de más de 55 años que están solas y sin trabajo".

Derecho, no caridad

Con los problemas que afectan al sistema económico, quizá pueda parecer que no se puede hacer gran cosa desde las Administraciones para paliar los desastres personales de la crisis. "Pero no es tan difícil, si se entiende que en el centro de todo debe estar la dignidad de las personas, no la acumulación de dinero", opina Charo Castelló, de la Fundació Tots Units. "La gente tiene derecho a vivienda y comida, darles eso no es caridad, es una obligación política". En este sentido, "no vale con subvencionar esa misión a las entidades de caridad para que lo hagan ellas, nosotros cumplimos una función, pero mucho de lo que hacemos es cosa de Ayuntamientos y de departamentos administrativos, que deben afrontar ese deber". "A veces pasan meses hasta que se conciertan entrevistas con gente que necesita obtener la renta mínima, y eso es evidente que podría subsanarse". "Además", insiste, "las entidades bancarias o empresariales que hagan obra social deberían encargarse de los pobres en este momento de urgencia, y deberían ser persuadidas políticamente para ello". "En las obras públicas deberían emplearse como trabajadores a los colectivos de exclusión, no vale con destinar mucho dinero a comedores: la alimentación es un parche", opina. Por su parte, Jordi Garcés, director del Centro de Investigación Polibienestar, propone "un plan quirúrgico para paliar, a través de una lista nominal, la situación de las familias que estén en mayor riesgo de exclusión". "Los servicios sociales tienen conocimiento de quienes están en este peligro, y sería una manera de ir evitando males mayores". "Aparte", añade, "los bonos para medicamentos, comedores escolares, pañales, leche, ropa y todo lo que sea de necesidad en los niños, se vuelven muy necesarios para las familias en situación más difícil".

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La clase media que vivió más allá de sus posibilidades
El Mundo - 08 de abril de 2009
 
 
vuelve a la realidad de la pobreza

La melena de Mari Cruz está coronada por unas gafas de sol de diseño, el recuerdo de una época que ya es pasado. "Mis padres lo tuvieron mejor", lamenta mientras pone un plato de cerdo en su azulada bandeja de plástico. Se encuentra en el primer comedor municipal abierto en Móstoles para ayudar a un ejército de personas que está en paro. Hace un par de años no se imaginaba en esta tesitura.

"Si lo llegamos a saber..." Madre de tres hijos, ex empleada de una empresa de 'catering', come con otros despedidos, muchos de ellos inmigrantes ecuatorianos y rumanos que perdieron su empleo al inicio de la crisis.

A punto de cumplir los cuarenta, Mari Cruz y su marido Antonio solían comer cada semana fuera de casa, aunque la diferencia era notable: cenaban en restaurantes. Hundidos por la crisis, como otros cientos de miles de hogares, han pedido que sus apellidos no aparezcan en el reportaje.

Están al borde la pobreza, umbral que la Unión Europea sitúa en ingresos de menos de 550 euros por cabeza. Su subsidio por desempleo es de 1280 euros, pero sus hipotecas, créditos al consumo y pagos con tarjeta de crédito suman más de 1.300 euros al mes. Comer en el comedor les supone ahorrar 150 euros para poder alimentar así a sus hijos.

Esta pareja pertenece a una generación de españoles que formó parte de las clases medias gracias a las facilidades del crédito en la eurozona y lo bien pagado que estuvo durante años el sector de la construcción, pero cuya suerte ha virado con el pinchazo de la 'burbuja del ladrillo'. Sus deudas se acumulan mientras se recrudece la feroz recesión española.

El colapso de la construcción ha coincidido con el auge del endeudamiento español. La deuda media de los hogares en 2007 sumaba un 130% de su renta disponible frente el 60% del año de la adopción del euro.

Con sólo la educación secundaria y sin experiencia fuera del sector de la construcción, los españoles como Antonio no están preparados para el ambicioso plan del presidente José Luis Rodríguez Zapatero de establecer en los próximos cinco años los pilares de la economía del país en el desarrollo tecnológico.

Mari Cruz quiere un futuro mejor para sus hijos, la educación que nunca tuvo, o al menos que permanezcan en el colegio hasta completar su formación, algo que contrasta con los informes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico: España es uno de los países con las más altas tasas de abandono de cualquier país desarrollado, uno de cada tres alumnos en España no finaliza la enseñanza obligatoria a los 16 años.

"Este lugar no es la respuesta, necesitamos trabajos", lamenta airadamente Antonio. El comedor de Móstoles fue creado por el Partido Popular mostoleño para ayudar a los parados, un 16% de la población activa.

Por si fuera poco, el futuro es menos alentador que el presente. El pago de muchos subsidios por desempleo acabará, dejando en la pobreza a mucha gente acostumbrada a un tren de vida insostenible.

"La crisis está teniendo un efecto devastador sobre la clase media y clase media baja, que ahora están perdiendo un nivel de vida que han llegado a dar por sentado", explica Ismael Crespo, analista político del Instituto Ortega y Gasset.

"El resultado será el aumento de la delincuencia sobre las clases no afectadas por el desempleo", agrega.

Se acabó la ayuda por paro

A Antonio le queda año y medio de prestaciones por desempleo, pero José María García Martínez y otro millón de parados se han quedado sin estas ayudas. Y los que quedan. Por ello, el aumento de la delincuencia es un riesgo que se hace más real cada día que pasa.

"En el comedor estoy bien, pero si continúa el hambre empezaré a pensar mal y miraré cómo salir a la calle y robar", dijo García Martínez, de 33 años, a un inmigrante ecuatoriano cuya casa se la ha quedado el banco con el que se hipotecó.

Según la ONG católica Caritas, España es uno de los países de la Unión Europea con las tasas de pobreza más altas, 8,5 millones de personas, un 19% de la población. No obstante, la cifra podría aumentar ante la perspectiva de que el paro alcance a cinco millones de ciudadanos.

Cerca de la mesa de García Martínez está Victorio Sánchez Castillo, quien ha dejado de pagar su segunda hipoteca, un préstamo con el que compró una vivienda de verano en Alicante. Un camarero critica esto al afirmar que muchos españoles han vivido más allá de sus posibilidades, aunque culpa a los inmigrantes de haber "robado" los puestos de trabajo.

Más de cinco millones de inmigrantes han ayudado a duplicar el ingreso per cápita en la última década, pero ahora compiten con los españoles por unos empleos que ahora se pagan por mucho menos que hace un par de años.

No obstante, más allá de unos roces, el miedo a una crisis xenófoba aún no ha aflorado. "No veo problemas sociales dramáticos", afirma el profesor Pere Puig de la escuela de negocios Esade. "Lo que veo es una crisis psicológica que estrangula la economía", agrega.

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Comunidad de Madrid
 
ASAMBLEA A FAVOR DE QUE SE CANCELEN HIPOTECAS POR VIVIENDA
realestatepress.es (Comunidad de Madrid) - 26 de mayo de 2009
 
 
A diferencia de lo que ocurre en los países anglosajones, en los que cuando se ejecuta la hipoteca y el valor del bien ejecutado no es suficiente para pagar la deuda y el prestamista debe conformarse; en España puede recurrir a embargar otros bienes patrimoniales del deudor, así como sus ingresos presentes y futuros.

La Asamblea de Madrid ha dado luz verde, con los votos a favor del PP e IU y la abstención del PSOE, una proposición no de ley que pide al Gobierno de la nación una reforma normativa que garantice que las personas que pierden su casa por no pagar la hipoteca cancelen en ese momento su deuda hipotecaria.

El diputado autonómico y coordinador general de IU-Comunidad de Madrid, Gregorio Gordo, promotor de la iniciativa, destacó que ésta podría beneficiar a las 76.000 familias que, según sus cálculos, serán desahuciadas este año como consecuencia de la crisis.

Gordo explicó que se trataría de implantar el modelo del mundo anglosajón donde, si el precio de la vivienda desciende por debajo del valor de la hipoteca, el deudor la puede entregar al banco y dar por cancelada la deuda pendiente de cobro. A su juicio, la situación económica española, con más de un millón de familias con todos sus miembros en paro, hace que el Gobierno deba adoptar esta medida con urgencia"

Los precios de la vivienda descendieron una media del 6,8% en el primer trimestre de este año, según la estadística que elabora el Ejecutivo. La mayoría de expertos no duda que las rebajas serán mayores este año y el que viene, por lo que el riesgo de que el valor del inmueble no cubra la deuda pendiente es más real cuanto mayor sea el porcentaje del valor de tasación que se ha solicitado como hipoteca.

Por ello, no es de extrañar que el texto aprobado inste al Gobierno a la modificación de cuantas normas sean precisas" para cambiar la realidad actual y también pida la "regulación de un seguro de garantía de pago hipotecario para la primera vivienda familiar. El PP en la Asamblea respaldó estas dos cuestiones, siempre y cuando la suscripción del seguro sea voluntaria.

La propuesta de IU incluía, además, la creación de un organismo público supervisor del sistema de tasaciones utilizado por las entidades de crédito y de un Fondo de Garantía hipotecaria dotado inicialmente con 500 millones de euros,pero el PP -con mayoría absoluta en la Cámara- no aceptó esos otros dos aspectos.

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Móstoles ofrece viviendas de alquiler para jóvenes por 250€
eldigitaldemadrid.es (Comunidad de Madrid) - 01 de mayo de 2009
 
 
El alcalde de Móstoles, Esteban Parro, acompañado por el Teniente de Alcalde de Desarrollo de la Ciudad, Alberto Rodríguez de Rivera, ha entregado hoy las llaves de las primeras 60 viviendas sociales construidas con alquileres mensuales de 250 euros, incluida la comunidad de vecinos.

Parro ha felicitado a los primeros adjudicatarios de esta iniciativa, pionera en España, que, a través de la creación de un Registro Permanente de Solicitantes de Viviendas en Arrendamiento (RESVA), permite optar a los sorteos de 436 viviendas de esta tipología que se harán en la ciudad, que se adjudican por un periodo improrrogable de cinco años.

El Alcalde ha recordado que “se trata de un proyecto de una gran trascendencia social, destinada, por el nivel de ingresos, a los denominados mileuristas, que podrán acceder a una vivienda de calidad con un alquiler mucho más barato que en el mercado libre”.

“En una situación de crisis como la actual, estas viviendas surgen como una alternativa real para el problema de emancipación que tienen los jóvenes, pues los adjudicatarios tendrán la ocasión de acceder a pisos que tienen unos precios impensables en el mercado libre y, a la sazón, capacidad de ahorro, durante cinco años, para acometer la adquisición de su piso en el futuro”.

Se trata de la promoción número 34 impulsada por el Instituto Municipal del Suelo de Móstoles, emplazada en el nuevo barrio Móstoles Sur, entre las calles Hércules y casiopea.

Todas las viviendas constan de salón, cocina, un dormitorio, un baño y plaza de garaje, y tienen superficies que oscilan entre 41,25 m² a 41,83 m². La superficie construida en residencial de la promoción alcanza los 3.865,67 m² y la construida bajo rasante 2.090,72 m².

En total, son 3 viviendas para personas con movilidad reducida, 6 viviendas para mayores de 65 años , 2 viviendas para personas situación de riesgo , 2 viviendas para personas con sentencia judicial de separación o divorcio sin asignación del uso de la vivienda que constituía la residencia habitual y 47 viviendas para jóvenes de hasta 35 años.

El Plan Municipal de Vivienda 2004-2008 está integrado por cinco promociones destinadas al arrendamiento, con 436 pisos, de los cuales 173 serán sorteadas el próximo mes de mayo.

Durante los últimos años, el Ayuntamiento ha impulsado 1.923 viviendas de promoción pública municipal, muchas de ellas situadas en Móstoles Sur, donde se están construyendo 8.230 viviendas, el 77 por ciento de ellas con algún tipo de protección; y se están desarrollando 2.008 viviendas en régimen de alquiler con opción a compra, junto a la Comunidad de Madrid

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Agencias públicas de alquiler sólo arriendan 1.000 pisos/mes
El País (Comunidad de Madrid) - 13 de abril de 2009
 
 
Gobierno, Comunidad y Ayuntamiento compiten por dar el mismo servicio

Hace un par de años, cuando el ladrillo vivía su época dorada, muchos ciudadanos, especialmente los jóvenes, no podían acceder a una vivienda porque los precios eran prohibitivos. Pero ahora, cuando el sector languidece, tampoco: los precios no caen lo suficiente y además los bancos han cerrado el grifo de las hipotecas. La solución mágica propuesta con insistencia por las administraciones antes y ahora es el alquiler. Para ello, hace unos años se lanzaron a crear y promocionar sus agencias de arrendamiento de pisos. Desde la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) del Ministerio de Vivienda hasta el Plan Alquila del Gobierno regional o la Agencia Municipal del Alquiler del Ayuntamiento de Madrid. La idea era garantizar las rentas a los caseros, asustados por la morosidad, mediante seguros y mecanismos de intermediación y arbitraje.

Las tres administraciones compiten entre sí por captar caseros e inquilinos para engordar sus estadísticas. El resultado no ha cubierto las expectativas. En los últimos 14 meses, desde enero de 2008, las tres agencias alquilaron 14.617 pisos, poco más de un millar al mes de media. Una cifra ridícula si se considera que en la región hay 351.756 casas en alquiler, el 12% de los más de 2,8 millones de pisos del parque de viviendas de la región. Pese a los pobres resultados, las tres agencias públicas de alquiler libran una feroz guerra de cifras entre ellas. Los datos de las tres administraciones son concluyentes: el Plan Alquila de la Comunidad de Madrid consiguió 5.945 contratos de alquiler desde enero de 2008 en toda la región. En el mismo periodo, la agencia municipal arrendó 5.033 pisos sólo en la capital y la Sociedad Pública de Alquiler estatal (SPA), suscribió 3.639 contratos de alquiler en la región.

Las tres oficinas públicas de alquiler reciben críticas de los usuarios por ofrecer menos soluciones de las prometidas. Aunque aseguran que sus rentas son entre un 10% y un 30% inferiores a las del mercado, en la práctica es difícil conseguir gangas. "Consulté en la Sociedad Pública de Alquiler (SPA) y en la oficina municipal pero no logré nada. Sus requisitos eran muy exigentes", cuenta Marcos García, de 28 años, que finalmente encontró un piso a través de Internet. La casualidad quiso que la casa estuviera registrada en la agencia estatal, pero la ayuda de los gestores fue casi nula. García se queja de la paradoja de estas agencias: "Exigen altas rentas para conseguir alquileres baratos".

El precio medio de los alquileres del Plan Alquila regional es de 674 euros, un 30% menos que el del mercado. La renta media de la agencia estatal en Madrid es de 615 euros, aunque para el inquilino se le añade una comisión por la gestión. Pero la oficina estatal garantiza un precio un 10% inferior al del mercado. Un alivio si el usuario encuentra una vivienda que se ajuste a sus necesidades.

Entre tanto, las administraciones se acusan entre ellas. La consejería de Vivienda del Gobierno regional acusa a la agencia estatal (SPA) de malgastar el dinero público por mala gestión. "Durante 2008, la SPA registró unas pérdidas de 6,5 millones de euros", lanzó la semana pasada el director general de Vivienda del Gobierno de Esperanza Aguirre, Juan Van-Halen, en una nota de prensa. La propia ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, ha reconocido que la situación de la SPA es preocupante porque su patrimonio es inferior al 50% del capital, una de las causas de disolución prevista en la ley de sociedades. La agencia estatal acumula unas pérdidas de 21,2 millones de euros en sus cinco años de existencia. Las acusaciones del Ejecutivo autonómico van más allá y sugieren que las operaciones que firma la SPA son muy escasas. "Casi la mitad que el órgano regional", deslizan desde el Gobierno autonómico.

El Ayuntamiento de Madrid también saca pecho frente a la agencia estatal. "Las dos oficinas municipales gestionan 10.639 viviendas desde su constitución en 2006, frente a las 9.561 que administra la SPA en toda España", lanza el Ayuntamiento en un comunicado envenenado. "No se pueden comparar las cifras", se apresuran a explicar en el Ministerio de Vivienda. "La agencia regional y la municipal son grandes bolsas de vivienda en alquiler que ponen en contacto a propietario y arrendador ofreciéndoles unas garantías a ambos", justifican. A cambio el organismo estatal cobra una comisión a propietario e inquilino por la gestión. "Nuestra agencia es un instrumento político para fomentar el mercado de alquiler. La SPA es otro agente del mercado. El propietario firma un contrato con la agencia y el arrendatario también trata con la agencia que garantiza las rentas. Entre ellos no hay contacto", precisan.

Lo que omite el Gobierno regional es que de las más de 27.000 personas interesadas en el plan, sólo un 22% ha conseguido una vivienda. La Comunidad de Madrid convierte en unidades familiares a los arrendadores para poder contabilizar más usuarios favorecidos por el plan. Además, el 38% de las 9.550 casas inventariadas por la Comunidad aún no han sido alquiladas.

La mayoría de estas viviendas se alquilan a menores de 35 años. Cerca de un 80% de las casas gestionadas por la oficina municipal y el 70% de las viviendas del plan regional van a parar a menores de 35 años.

Parece que las administraciones no han tenido en cuenta que tres de cada cinco usuarios que viven de alquiler en Madrid suscriben un contrato temporal, siendo esta cifra casi 10 puntos más que la del resto de España. La movilidad en Madrid es superior y se buscan contratos cortos, según datos de la oficina de estadística de la Comunidad de Madrid. Esto dificulta las rentas estables, lo que buscan las oficinas de alquiler.

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Destituida por 'caso Gürtel' la cúpula de la EMVS - Boadilla
El País (Comunidad de Madrid) - 09 de abril de 2009
 
 
La Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMVS) de Boadilla del Monte ha quedado descabezada. Después de que prácticamente toda su cúpula directiva resultase imputada hace dos meses en la trama de corrupción del caso Gürtel, el Ayuntamiento resolvió el lunes la destitución del gerente de la EMVS y diputado autonómico Alfonso Bosch Tejedor (PP), acusado de delitos de cohecho y tráfico de influencias.

A Alfonso Bosch, junto a los parlamentarios autonómicos Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco, el TSJM les atribuye cobros de hasta 1,2 millones de euros procedentes del entramado de empresas de Francisco Correa a cambio de la adjudicación de contratos. En la EMVS de Boadilla figuran adjudicaciones a empresas investigadas en la trama corrupta, como Rústicas MBS o TECONSA.

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Los 'sin techo' atendidos en Madrid crecen un 40%
20 Minutos (Comunidad de Madrid) - 16 de abril de 2009
 
 
durante el pasado invierno. 2.254 indigentes acudieron a los servicios de atención municipales, frente a los 1.635 del invierno anterior.El perfil medio de estas personas continúa siendo el mismo: varón, solitario, extranjero, en la cuarentena y sin trabajo. Dos tercios de los 'sin techo' atendidos eran extranjeros.

El binomio crisis y un invierno más crudo de lo habitual ha provocado que el número de personas sin hogar que han recurrido a las ayudas dispuestas por el Ayuntamiento de Madrid durante la recién finalizada Campaña del Frío aumentara un 37,68% respecto al año anterior.

En total, 2.254 personas sin hogar acudieron a estos servicios, frente a las 1.635 de la campaña anterior, de las que dos tercios eran extranjeros, cada vez más numerosos en este tipo de dispositivos.

Por el contrario, el incremento de las plazas para la atención de estas personas en el municipio ha reducido en casi un 15%, alrededor de un centenar, las personas que duermen habitualmente en las calles de la capital.

En el tercer y último recuento nocturno, realizado el pasado 3 de marzo, hubo más voluntarios buscándolos, 657, que personas sin techo, 535, también con más extranjeros, un 59% frente a un 53% de junio de 2008.

El perfil medio de estas personas continúa siendo el mismo: varón, solitario, extranjero, en la cuarentena, sin trabajo y duerme en las calles de la almendra central de la ciudad.

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Desahucian a un anciano de 100 años de edad de alquiler
EuropaPress.es (Comunidad de Madrid) - 03 de abril de 2009
 
 
Una sentencia del juzgado de 1ª Instancia e Instrucción nº5 de Alcorcón obliga a un anciano de 100 años a abandonar el piso donde vive en alquiler desde hace doce años.

Su familia, que considera "inhumana" la situación, ha llegado a ofrecer más de los 513 euros mensuales que les cobraba el dueño, un vecino de la misma calle que vive sólo seis números más abajo que alega que, aunque aprecia "mucho" a su inquilino, su hijo de 36 años necesita la vivienda.

Cuando Joaquín, dueño del inmueble, acudió al piso para comunicarle a Manolo que ya no podía seguir viviendo allí, el anciano, por aquel entonces con 99 años, estuvo tres días en cama con la fiebre alta. "Es inhumano y cruel, con la edad que tiene mi padre, después de 12 años de alquiler y con 100 años de edad, una persona humana diría vamos a esperar un poquito porque es cuestión de tiempo", opina Adela, una hija de Manolo que vive en el mismo portal.

Con cuatro hijos, 12 nietos, 14 bisnietos y dos más que están en camino, Manolo puede andar y "esto de aquí", dice señalándose la cabeza, "funciona igual que siempre". Sin embargo, después de un centenario a sus espaldas, los achaques de la edad obligan a su hija Adela a estar "hipotecada" en ayudarle en lo que puede, ya que está solo desde que su mujer muriese hace diez años y ella tiene osteoporosis y artrosis.

Además, Adela argumenta que sino fuera por la cercanía de su casa, no podría ayudarle. De hecho, para las tareas pesadas, se sirve de la asistencia social a domicilio dos días en semanas. Derecho que podría llegar a perder en caso de cambiar de residencia, ya que necesita dos años de censo para mantenerla, según subrayan sus familiares.

"NOS CRUZAMOS CON ÉL POR LA CALLE Y BAJA LA CABEZA"

Una vez que el dueño le comunicó que quería la casa vacía, un apartamento de un dormitorio, baño y salón con cocina integrada, en octubre de 2008, el alquiler les es devuelto continuamente, ya que el número de cuenta ha sido cerrado y, desde entonces, se lo giran a Joaquín con el mismo resultado, a pesar de que vive a escasos metros de la casa. "Nos lo cruzamos por la calle, él baja la cabeza y no dices nada porque yo no soy violenta, pero estoy muy irritada", comenta Adela.

Sus familiares dicen no entender la sentencia desde un punto de vista humano, aunque se resignan, puesto que el contrato ya ha vencido. "Me parece muy cruel, el señor tendrá sus razones y lo apoya la ley, pero humanamente esto no es justicia", valora Adela.

Sobre la posibilidad de que Manolo vaya a una residencia, sus familiares subrayan que se puede valer por si mismo y que tardaría poco tiempo en morir de pena. En cuanto a tenerlo en su casa, el propio Manolo explica que todos sus hijos tienen a su vez hijos y nietos viviendo con ellos. "Hay residencias y sitios donde a lo mejor están mejor porque tienen más medios para estar atendidos", apunta el propio Joaquín, dueño del piso en una entrevista telefónica.

El hasta ahora arrendador asegura que aprecia "mucho" a Manolo, pero que también le "da pena" su hijo que "es ante todo, lo primero" y que vive en su casa con sus padres a pesar de ser "mayorcito". Así, corrobora lo dicho por los familiares de Manolo, ya que asegura que no quiere más dinero por el alquiler, sino el piso una vez "pasado el tiempo correspondiente". De momento, los familiares han recurrido la sentencia a sabiendas de que lo tienen complicado, pero se resignan porque la "ley no es justa".

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Catalunya
 
CiU reclama parque de viv. pública de alquiler y usufructo
ADN.es (Catalunya) - 29 de abril de 2009
 
 
El grupo municipal de CiU ha reclamado que Barcelona disponga de un parque de vivienda pública de alquiler y usufructo, acelere la construcción de nuevas viviendas sociales y que el Ayuntamiento de Barcelona asuma "un nuevo rol de avalista".

Esta mañana, el presidente del grupo municipal Xavier Trias ha ofrecido una rueda de prensa en el Ayuntamiento para valorar los planes de vivienda del Ayuntamiento coincidiendo con el último día para la presentación de alegaciones al Plan de Vivienda de Barcelona (PHB) 2008-2016.

"La visión que tenemos es muy crítica, y hemos presentado muchas alegaciones", ha dicho el presidente del grupo de CiU, qque considera que el "objetivo del PHB 2008-2016 debe ser que Barcelona disponga de un parco de vivienda de alquiler y usufructo que garantice el derecho al acceso a una vivienda digna".

Trias también ha propuesto introducir nuevos programas para poner en el mercado de alquiler viviendas "inadecuadas" para las necesidades de sus residentes y propietarios para poder reciclarlos y ponerlos a alquiler y que se destinen parte de los terrenos del Cuartel del Bruc a construir una villa universitaria.

En opinión de Xavier Trias, el anterior Plan de Vivienda 2004-2010 "ha sido un fracaso, no ha cumplido los compromisos y la situación en estos años, lejos de mejorar, ha empeorado".

El líder nacionalista ha explicado que el plan 2004-2010 fijaba construir 22.000 viviendas, "pero en el 2010 estarán construidos sólo 13.985, que quiere decir que se habrán dejado de hacer 8.015", y, ha subrayado, "esta cifra es muy dura".

Según Trias, aunque el plan 2008-2016 prometa la construcción de 24.000 pisos, el gobierno municipal debe asumir la construcción de estas viviendas pendientes, por el que su verdadera aportación será de 15.985 viviendas nuevas.

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La Generalitat prohíbe construir pisos de menos de 40 metros
Finanzas.com (Catalunya) - 08 de abril de 2009
 
 
por decreto

Los pisos nuevos que se construyan a partir de ahora en Cataluña deberán tener una superficie mínima de 40 metros cuadrados, en vez de los 30 actuales, en cumplimiento del decreto que ha aprobado hoy la Generalitat y que regula las condiciones de habitabilidad de las viviendas.

El decreto, que incorpora diversas novedades respecto a la normativa actual, impide de esta manera que en Cataluña se construyan los "minipisos" que propuso en 2005 la entonces ministra de Vivienda María Antonia Trujillo, concebidos como estancias protegidas de entre 30 y 45 metros cuadrados en régimen de alquiler destinadas a los jóvenes.

Eso en el caso de la obra nueva, ya que en las viviendas usadas el decreto de la Generalitat sigue fijando un mínimo de 20 metros cuadrados de superficie útil, mientras que en las casas construidas antes de 1984 se permiten espacios de 15 metros cuadrados, siempre y cuando el inmueble no sea vendido o transmitido.

La nueva normativa establece también que los pisos han de ser aptos para la ocupación de dos personas y han de estar adaptados a discapacitados, que han de ser capaces de desplazarse de forma autónoma por los espacios de uso común.

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Comunidad Valenciana
 
Un piso de 90 habitaciones
diarioinformacion.com (Comunidad Valenciana) - 15 de mayo de 2009
 
 
Un hotel de Alicante ofrece a personas solas y parejas la posibilidad de vivir en el establecimiento por 375 euros al mes

Las compañías aéreas de bajo coste "democratizaron" el volar en avión a permitir a las personas asiduas hasta entonces al tren o al autobús poder viajar a Londres sin pasarse 24 horas de viaje. Hasta ahora vivir en un hotel era algo parecido a volar en los 70, reservado para ricos, actores, deportistas o ejecutivos. La caída de la ocupación agudiza el ingenio y un hotel de Alicante, el Albahía de la Albufereta, comercializa desde abril habitaciones "anticrisis" ofreciendo la posibilidad de vivir en el establecimiento con todas las comodidades por 375 euros al mes.

Un hotel de Alicante, el Albahía en la primera línea de la Albufereta, ha puesto en marcha una iniciativa para abrir nuevos nichos de mercado ofreciendo la posibilidad de vivir en el establecimiento desde 375 euros al mes, precio por el que el cliente (una o dos personas) tiene derecho a disfrutar de una habitación con baño completo incorporado, nevera, caja fuerte, armario empotrado, conexión wifi, luz y agua, siempre que se reserve para un mínimo de tres meses. La oferta puesta en marcha por la directora, Mari Luz Poveda, comenzó a aplicarse a primeros de abril y está siendo un éxito, ya que de las 30 habitaciones elegidas para desarrollar esta iniciativa "anticrisis" siete ya están reservadas y con inquilinos y unas ocho en negociaciones, según apuntó Poveda. La propuesta puesta en marcha por el Albahía (3 estrellas) resulta innovadora en cuanto que las habitaciones se están comercializando públicamente, según apuntaron fuentes de la Asociación Provincial de Hoteles de Alicante, que admitieron que vivir en un hotel no es lo normal, aunque haya casos.

En Alicante y en el resto de la Costa Blanca siempre se ha podido residir en un hotel pero se trataba de una práctica reservada a gente especial y con dinero, como fue el caso, por ejemplo, en los años 70, del entrenador gallego del Hércules, Arsenio Iglesias, que pernoctaba en el hotel Maya -hoy Cris- durante toda la temporada. Un caso similar al del Albahía se da también en el Meliá de Alicante, donde algunos propietarios de las habitaciones han optado por vivir en el complejo. En el campo de golf de Bonalba (Mutxamel), el hotel El Alba ofrece a touroperadores la posibilidad de que los turistas puedan pasar largas temporadas en la planta 4 del establecimiento donde existen habitaciones dúplex equipadas con cocina, según apuntó ayer Tiste Orozco, director comercial del hotel.

El Albahía -antiguo hotel Adoc- pertenece desde hace 13 años a la división hotelera del Grupo Fuertes (El Pozo). Cuenta con 93 habitaciones y una ubicación privilegiada frente al Mediterráneo, aunque las habitaciones de la promoción no dan al mar. En Alicante, la ocupación hotelera ha caído un 17% desde que comenzó el año y los hoteles prácticamente no levantan cabeza desde la salida de la Volvo Ocean Race. Para afrontar la situación, la directora del hotel Mari Luz Poveda planteó a la iniciativa a la empresa.

Condiciones

El precio del alquiler incluye el cambio semanal de la lencería y toallas del baño y una limpieza general de la habitación cada dos semanas. A partir de ahí el inquilino puede contratar desayunos y comidas -existe un menú diario de crisis por 7 euros-. "Nadie nos ha pedido cocina. Sí una zona para lavar la ropa y de hecho vamos a habilitar un habitación con lavadoras y secadores que funcionarán con monedas", subrayó Poveda. El precio medio de una habitación en el Albahía este mayo es de 50 euros al día.

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Canarias
 
Más de 1.500 personas piden ayudas para el arrendamiento
EuropaPress.es (Canarias) - 06 de abril de 2009
 
 
de viviendas en los últimos 6 meses en Granadilla (Tenerife)

La Oficina de Vivienda Joven y Vacía de Granadilla de Abona, puesta en marcha hace seis meses por el Ayuntamiento, a través de la Concejalía de Vivienda y la Consejería de Vivienda y Bienestar Social del Gobierno de Canarias, ha atendido a un total de 1.532 usuarios desde que abrió sus puertas en las oficinas del Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) en San Isidro.

La concejal de Vivienda, María Candelaria Rodríguez González, resaltó en un comunicado los buenos resultados que desde que abrió sus puertas ha tenido la bolsa de vivienda joven y vacía, cuyo objetivo esencial es ayudar, facilitar y asesorar sobre las subvenciones y determinadas solicitudes concernientes a la vivienda. Agregó que las solicitudes que se han hechas hasta la fecha son, en su mayoría, concernientes a las subvenciones al inquilino para el arrendamiento de viviendas, rentas básicas de emancipación, ayudas al alquiler para jóvenes canarios y para propietarios de viviendas desocupadas y puestas en alquiler, entre otras.

Por su parte, la alcaldesa, Carmen Nieves Gaspar Rivero, explicó que se trata de una apuesta de trabajo para facilitar el acceso real a la vivienda y establecer las líneas de una política de vivienda "adecuada" a las demandas sociales de Granadilla de Abona y propiciar así el derecho a acceder a una vivienda "digna" a aquellas familias del municipio que disponen de menos recursos económicos.

Añadió que es nuestra obligación llevar a cabo acciones tendentes a facilitar el acceso a la vivienda mediante la cesión del suelo al Instituto Canario de la Vivienda para la realización de este tipo de actuaciones que garanticen la mejora de la calidad de vida y el mayor bienestar de nuestros vecinos.

El mayor número de solicitudes se han registrado en el mes de febrero, con 311, seguidos del mes de marzo, con 249; los meses de octubre y noviembre, con 237, y en diciembre con 221. El mayor número de peticiones son las referidas a las subvenciones y ayudas, registrándose un total de 156 desde que se puso en funcionamiento la oficina.

La concejal de Vivienda animó a la ciudadanía a hacer uso de este nuevo servicio totalmente gratuito, "ya que a través de este servicio se facilitan los trámites a la ciudadanía a través de una forma más personalizada y directa con el vecino, al que se le informan de todas las ayudas contempladas en el Plan Canario de la Vivienda, desde el alquiler hasta la rehabilitación, adquisición de primera vivienda y la autoconstrucción".

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Andalucía
 
La pareja desahuciada se manifestó apoyada por una treintena
DiariodeCadiz.es (Andalucía) - 25 de abril de 2009
 
 
El edil de Bienestar Social aclara que el matrimonio ha estado atendido "dentro de nuestras competencias"

El matrimonio desahuciado por no afrontar el pago del alquiler de su vivienda se manifestó ayer apoyado por una treintena de personas que les acompañaron desde la puerta del colegio Salesianos hasta el Ayuntamiento. La comitiva pedía una vivienda digna para Juan José Avilés y Rocío Gómez, sin hogar desde que dejaran de pagar el alquiler de la vivienda que ocupaban a causa del despido laboral del primero de ellos. La pareja ha protagonizado en estos días varias protestas, llegando a dormir un par de noches ante la Oficina del Parque Público de Vivienda de la Junta de Andalucía y posteriormente 'acampara' ante la puerta de la Casa Consistorial.

Una vez en la plaza de San Juan de Dios, Juan José Avilés, padre de tres hijos de los que se están ocupando sus abuelos en estos días, declaró que llegaban a la puerta del Ayuntamiento "a hacer un poco de fuerza para ver si alguien se digna a escucharnos y nos da una solución". Avilés reconoció no haber obtenido respuesta por parte de las administraciones públicas, a excepción del concejal de Bienestar Social, José Macías, que les ha ofrecido la fianza y dos meses que piden para alquilar una casa. "Pero la cuestión es que sin una nómina no hay posibilidad de acceder a una vivienda, explicaba Avilés. Según éste, la alternativa "sería acceder a una vivienda de protección oficial o a un puesto de trabajo que me proporcione una nómina".

Desde el Ayuntamiento, José Macías destacó ayer que el matrimonio "ha estado atendido en todo momento dentro de nuestras competencias". Macías, que destacó el esfuerzo municipal en cuestiones sociales durante la crisis, recordó que el Consistorio, según su política habitual, ofreció a la pareja el pago del mes de fianza y el abono del porcentaje de las sucesivas mensualidades del alquiler según los baremos de los servicios sociales municipales. El edil hizo hincapié en que el Ayuntamiento "no puede hacer excepciones ni conceder privilegios porque hay muchas familias con los mismos o más problemas y un trato de favor sería injusto".

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Una familia en paro vive en la calle con sus tres hijos
europapress.es (Andalucía) - 24 de abril de 2009
 
 
tras ser desahuciada

Una familia gaditana con tres hijos pequeños se han visto obligados a instalarse frente a las puertas del ayuntamiento de la localidad.

La familia se ha quedado en situación de desempleo y ha sido desahuciada por no poder pagar el alquiler de la vivienda en la que residían.

Así lo explicó, en declaraciones a Europa Press Televisión, el padre de familia, Juan José Avilés, quien explicó que todo empezó "un día" con "una llamada" telefónica por la que le comunicaban que "debido a la crisis actual había menos trabajo", motivo por el que prescindían de él.

"De un día para otro me vi sin trabajo, con tres niños pequeños y un alquiler que pagar, lo que nos llevó al desahucio", lamentó. Sin embargo, durante un tiempo encontró el apoyo de familiares y amigos que acogieron a esta familia gaditana en su casa aunque, como aseguró este hostelero en paro, "el roce diario crea pequeños conflictos", a lo que añadió que no está dispuesto a perder "lo poco" que le queda, su familia".

Además, indicó que no podían hacer responsables de su situación económica a los demás, porque los gastos se multiplican por cinco. Así, aseveró que "si antes se compraba una bombona al mes, ahora serían dos" porque son "cinco más", a lo que sumó que con "la comida, el agua y la luz" pasa lo mismo.

DESESPERAICÓN ANTE EL AYUNTAMIENTO

Por ello, "tras ocho meses" sin que nadie le dé "una posible solución", Avilés decidió hace unos días instalarse frente a las puertas de la Casa Consistorial junto a su mujer. "Aquí permaneceré hasta que encuentre una solución", reconoció desesperado.

Según este ciudadano, el ayuntamiento se ha prestado a pagar "la fianza y los dos meses" que hay que entregar para acceder a una vivienda en alquiler donde vivir con sus hijos y su mujer, pero insistió en que es "prácticamente imposible" encontrar una vivienda "en la que no pidan una nómina".

Por ello, señaló que no piden dinero, sólo "un trabajo asegurado" para poder acceder a una vivienda digna, a pesar de que con la debacle económica lo único que ofrecen es "trabajo sin papeles".

Por último, Avilés hizo un llamamiento a la población para que "todo aquel que se vea en la misma situación" asista a la manifestación que esta familia ha convocado para el próximo viernes en la localidad gaditana.

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Vecinos de siete barrios acamparán desde hoy frente al Ayto.
DiariodeSevilla.es (Andalucía) - 19 de abril de 2009
 
 
Mantendrán la protesta hasta el domingo para que sus derechos de alquiler sean respetados

Varios representantes vecinales de barrios de Sevilla acamparán hoy frente al Ayuntamiento de Sevilla para protestar por el precario estado en el que se encuentran sus viviendas. Estos vecinos proceden de barriadas como San Bernardo, La Bachillera, Parque Alcosa, Puerta Carmona, Jesús, María y José, Triana y Begoña.

El portavoz de los afectados y de Coordinadora de Barrios en Lucha, Carlos Serrano, señaló que esperan la asistencia de varias decenas de simpatizantes y afectados que a partir de las 18:00 de hoy colocarán tiendas de campaña, pancartas y mesas informativas. La protesta concluirá el domingo a las 12:00 con el desmontaje y la posterior manifestación hasta la Alameda de Hércules.

Estos vecinos han mantenido recientemente una reunión con el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, que se comprometió a mediar con el Ayuntamiento para solucionar cada caso particular. Así, la Junta de Andalucía mediará con responsables de Urbanismo para tratar de formar una comisión de seguimiento de cada problema.

Las demandas de los asociados se centran en derechos que consideran "importantes", como la revisión de la Ley de Arrendamiento Urbano, una moratoria en los desalojos, la despenalización de la ocupación de viviendas o una inversión pública tendente al alquiler "progresivo" y "asequible".

Esta protesta se suma a la que llevaron a cabo en enero los inquilinos de varios edificios de las calles Guadalcanal y Valdearco de Begoña. Los manifestantes, en que aquella ocasión, se concentraron 12 horas frente al Consistorio, hasta donde llevaron sus muebles, para pedir una solución al desahucio de un grupo de familias de la zona.

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Familias gitanas ocupan 34 apartamentos vacíos en Mijas
DiarioSur.es (Andalucía) - 14 de abril de 2009
 
 
Alegan que los inmuebles se encontraban abandonados y en mal estado mientras ellos carecen de un techo para vivir. Guardia Civil y Policía Local, a la espera de que un juez se pronuncie

Apenas unos kilómetros separan la barriada mijeña de Molino de Viento de la zona residencial La Cala Hills. A un lado, 25 viviendas sociales habitadas por una media de tres familias por piso. Al otro, un complejo de 34 apartamentos de dos dormitorios con áticos y amplias terrazas, garaje, recinto cerrado con jardines, piscina,... y vacío. Una ocasión que ha sido aprovechada por una treintena de familias de etnia gitana para ocupar la urbanización Golden Hills, cuya construcción se paralizó hace algo más de dos años después de que el promotor fuera embargado, de forma que la promoción -prácticamente acabada- pertenece ahora a una entidad financiera.

La ocupación tuvo lugar la tarde del domingo. «Estábamos paseando y vimos que aquí no vivía nadie y que todo estaba abierto, así que decidimos instalarnos», narra uno de los nuevos inquilinos. En total, rondan las 150 personas, pertenecientes a jóvenes familias con varios hijos a su cargo. «Los mayores se han quedado en Molino de Viento y los más jóvenes nos hemos venido aquí», afirman. Reconocen que su actuación no es la más correcta, aunque la justifican aludiendo a la necesidad de contar con «un techo para vivir». «Muchos de nosotros estamos viviendo con nuestros padres, hermanos e hijos, y así no se puede estar», añaden.

Justificación

Antes de proceder a la ocupación en masa, quisieron advertir sobre sus intenciones. Para ello, mostraron a las patrullas de la Policía Local y de la Guardia Civil que desde entonces merodean la zona un escrito que aseguran haber presentado en los juzgados de Fuengirola, en el que figuran los nombres y DNI de 33 personas. En este documento exponen que tras visitar las viviendas y comprobar «que se encuentran abandonadas, con las puertas destrozadas, sin luz ni agua y los baños destrozados», han optado por ocuparlas. Un documento cuya credibilidad ha sido puesta en duda por la Policía Local, ya que no figura ni el número de registro ni el sello que acrediten su presentación en un juzgado.

Sin embargo, para estas familias resulta más que suficiente para seguir adelante. Por eso continuaban ayer con la mudanza sin reparo alguno pese al continuo ir y venir de patrullas de la Benemérita y la Policía Local desde que una llamada de un vecino les pusiera al tanto de la situación. «Mientras el juez no dé la orden, nosotros no podemos hacer nada, sólo estar pendientes de que no se produzcan incidentes», reconocía un agente.

Gestión municipal

En términos similares se expresaba ayer el alcalde de Mijas. «Mañana -hoy para el lector- vamos a ponernos en contacto con la Subdelegación del Gobierno para que establezca un protocolo de actuación porque estos hechos se exceden de las competencias municipales. En cuanto se establezca ese protocolo, actuaremos en consecuencia», avanzó Antonio Sánchez. Además, quiso dejar claro que las viviendas «no están abandonadas, sino embargadas porque no se llegaron a terminar», añadió el primer edil, que tuvo conocimiento de los hechos mientras se encontraba en Sevilla en una reunión de la ejecutiva del PSOE-A. Ajenos al probable desalojo, los ocupadores se esmeraban ayer en adecentar las viviendas. «Los pisos están completamente abandonados y en muy mal estado, y mientras, nosotros en la calle», argumenta uno de ellos para justificar su actuación. «Estamos limpiándolo todo para poder quedarnos aquí», añade.

Entrar en la urbanización no les ha resultado demasiado difícil, puesto que los tres edificios que conforman el complejo carecen de vigilancia. Accedieron a los apartamentos incluso por la puerta principal, que en algunos casos estaba abierta, aunque también lo hicieron en otros a través de la terraza de los bajos, según ha podido saber este periódico.

La situación también ha alertado a los vecinos de esta zona residencial de Mijas Costa, próxima al núcleo urbano de Las Lagunas. Durante la jornada de ayer fueron muchas las llamadas registradas en la Jefatura de la Policía Local en las que los residentes del entorno mostraba su preocupación por el cariz que estaba tomando el asunto.

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Ex alcalde afronta 30 años de cárcel y 111 de inhabilitación
El País (Andalucía) - 20 de abril de 2009
 
 
por prevaricar

El ex alcalde de Valle de Abdalajís (Málaga, 2.908 habitantes), Tomás Gómez Arrabal, del Partido Popular, se enfrenta a una petición del fiscal de 30 años de prisión y 111 de inhabilitación para cargo público por doce delitos continuados de prevaricación urbanística. El Ministerio Público también acusa a otros cuatro concejales de la localidad, a los que se pide un total de 51 años de cárcel por participar en las juntas de gobierno local que concedieron numerosas licencias de obra ilegales entre 2001 y 2004, informa Efe.

El fiscal entiende que dichas licencias se concedieron "a sabiendas de que los expedientes administrativos incoados para ello, no se habían tramitado por el procedimiento legalmente establecido". Los imputados otorgaban las licencias pese a que los expedientes no contaban con los preceptivos proyecto técnico y de actuación de las obras. En todos los casos el técnico municipal había emitido un informe en el que advertía de la necesidad de que se aportar tales documentos.

El secretario de la Corporación también advirtió a los ediles de que los expedientes no reunían los requisitos necesarios para otorgar las licencias. A pesar de los citados informes, los acusados concedieron las licencias "a sabiendas de que por tratarse de una resolución contraria a derecho resultaban ser totalmente arbitrarias e injustas", dice el fiscal.

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Galicia
 
EL DEFENSOR DEL PUEBLO INVESTIGA LAS AYUDAS AL ALQUILER
FaroDeVigo.es (Galicia) - 27 de abril de 2009
 
tras recibir 30 quejas de gallegos. Más de 3.000 jóvenes en la comunidad que tienen aprobada la solicitud para la renta de emancipación no cobran los 210 euros y otros 2.000 esperan la resolución de su petición

Un año después de la entrada en vigor de la Renta de emancipación, de las ayudas del Ministerio de Vivienda a los jóvenes para el alquiler, los trámites administrativos para hacerse con los 210 euros siguen siendo un calvario para miles de gallegos. Miles de casos que tienen concedida la subvención, pero que todavía no cobran; miles de casos también en los que el solicitante espera todavía la resolución de su expediente. El retraso ha llevado a una treintena de demandantes a presentar una denuncia ante el Defensor del Pueblo, que ante el incremento de quejas desde la comunidad y desde el resto de España –casi 200– está investigando la gestión de las ayudas. “La Institución –apunta– ha apreciado una serie de disfunciones, como demoras en la tramitación y en el pago de las ayudas, que abortan un buen número de emancipaciones, ya que sin las cantidades a que se tiene derecho la emancipación no es factible”.

De las más de 228.400 solicitudes presentadas en España para las ayudas al arrendamiento hasta el pasado 31 de marzo, 19.704 son de jóvenes gallegos, según los últimos datos que maneja el Ministerio de Vivienda, tutor del plan, aunque de los procesos administrativos –desde la recepción de las peticiones hasta su valoración– se encargan las autonomías. Casi un 90% están ya resueltas: 4.680 con un dictamen negativo y 11.298 cumplen con todos los requisitos establecidos, como estar por debajo de los 30 años, con ingresos que no superen los 22.000 euros brutos anuales y llevar al menos seis meses trabajando.

Pero no todos los que tienen una resolución favorable están cobrando. 3.018 están a la espera. Hay 8.379 solicitudes para las que el departamento dirigido por Beatriz Corredor ya ha verificado el pago del alquiler –un requisito imprescindible– y prácticamente todas, 8.280, reciben ya el dinero. Un 56,4% son mujeres y un 43,6%, hombres. “El Ministerio de Vivienda –explican desde el Gobierno central– mantiene unos complejos y necesarios mecanismos para efectuar los pagos de la Renta Básica de Emancipación así como los exhaustivos controles para garantizar que quien la recibe es quien tiene derecho a hacerlo”. En esos “complejos” procedimientos participan, además del propio ministerio y la Xunta, las cajas de ahorros y bancos, la Agencia Tributaria, la Seguridad Social y la Dirección General del Tesoro y Política Financiera. A falta de conocer los detalles que el Defensor del Pueblo presentará próximamente, durante la presentación de su informe de 2008, sólo 8 de las 30 denuncias de jóvenes gallegos por los retrasos en la tramitación y el cobro de los 210 euros no han sido admitidas. Otras cuatro están pendientes de más información.

¿Cuáles son las principales conclusiones de las investigaciones del equipo de Enrique Múgica? Lo primero que el Defensor del Pueblo destaca es el hecho de que mientras que las comunidades tienen establecido un plazo para la instrucción y resolución de las solicitudes, el pago de las ayudas, que es competencia del Ministerio de Vivienda, no tiene límite de fechas. “Por otra parte –continúa el organismo– cuando procede el reintegro de cantidades el beneficiario ha de pagar intereses de demora, por lo que el Defensor del Pueblo considera que debería figurar también el derecho de los beneficiarios a esos mismos intereses cuando la Administración no le paga dentro de los tres meses siguientes, además de posibles indemnizaciones por perjuicios”. Sobre el polémico asunto de los plazos, una observación más. A falta de uno concreto en la normativa que marque cuándo hay que dictar la resolución provisional, el Defensor del Pueblo entiende que se debe aplicar “el supletorio general de tres meses” y que en todo caso, la resolución definitiva no debería retrasarse más de dos.

“En suma –concluye en su primer análisis el organismo–, y aunque las investigaciones prosiguen pues siguen llegando muchas quejas, la Institución opina que el Ministerio debe regular con mayor precisión y detalle el trámite del pago de la Renta Básica de Emancipación, una vez que ha dictado resolución favorable, de la que se pueda deducir un plazo para que el pago se realice”. Lo que, según el Defensor del Pueblo, tiene que estar acompañado de información para el solicitante sobre las consecuencias del retraso en el pago y de la tramitación para reclamar posibles intereses o indemnizaciones. El informe sostiene que si no se ponen en práctica estas medidas “se frustraría la finalidad de la subvención”, la de facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna en régimen de alquiler para contribuir a una “temprana emancipación” y “mayor movilidad laboral”. Durante el primer trimestre del año, los beneficiarios de las ayudas se incrementaron un 57,24%, según el Ministerio de Vivienda. En toda España hay ya 99.323 jóvenes que están cobrando las ayudas con un importe de 182,3 millones de euros. La mayoría, 176,7 millones, corresponden al pago de mensualidades y aval y otros 5,6 millones para pagos de préstamos de fianza.

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Una anciana denuncia a la Xunta por dilapidar sus bienes
El País (Galicia) - 15 de mayo de 2009
 
 
La mujer fue incapacitada y obligada a vender por la décima parte de su valor un edificio catalogado de Vilagarcía

Mercedes Rodríguez Mouriz fue incapacitada durante tres años hasta que la Justicia rectificó el error y reconoció su cordura en 2006. Para entonces su patrimonio, un edificio de doble fachada situado en el centro de Vilagarcía, que estaba catalogado como patrimonio que había que preservar, fue demolido y reconstruido por la Xunta con todos los parabienes de jueces y fiscales en un proceso plagado de irregularidades.

La anciana acaba de presentar una demanda contra dos de los responsables de la Fundación Galega para a Tutela de Adultos (Funga), dependiente de la Xunta. Durante su errónea incapacidad, esta institución se apresuró a vender su casa. Hasta en siete ocasiones, Mercedes le ha reclamado sin éxito, por vía judicial, la devolución del patrimonio y la de sus enseres personales, de los que hoy en día se desconoce el paradero.

Según el informe pericial, el valor del solar se tasó en 549.577,28 euros. Sin embargo, la Funga, encargada de la tutela de la mujer, acordó, como oferta más ventajosa, que la empresa Promociones Domicres, S.L., que volvió a construir un inmueble en el solar, le entregase 55.000 euros, más un piso de 60 metros cuadrados, en la primera planta. El piso lo valoraron en 67.000 euros y tampoco le fue entregado. La compraventa la formalizan Fernando Jaime Quinza-Torroja García, como responsable de la Funga, y José Manuel Domínguez Crespo, apoderado de la mencionada constructora.

Un caso insólito que paso a paso se detalla en una demanda de 54 folios, que tendrá que resolver un juzgado de Santiago, determinando el grado de responsabilidad penal en la que pudieron incurrir los representantes de la Funga, así como el resto de las personas, incluyendo los jueces y los fiscales, que acordaron su incapacitación e intervinieron en la venta de su patrimonio.

Desde 2004, Mercedes Rodríguez emprendió una cruzada ante los tribunales pidiendo justicia. En octubre de 2002, alegando que el estado del edificio en el que vivía sola y que heredó de sus padres se encontraba en estado ruinoso, dos policías la sacaron de su casa, a la que nunca regresó. La llevaron al juzgado número 1 de Vilagarcía, donde se inicia la declaración de su incapacidad, sin el dictamen vinculante del médico forense quien, sorprendentemente, no la reconocería hasta dos meses después.

Para la defensa de Mercedes, que entonces tenía 80 años, "el episodio más escandaloso" del proceso se produce el 28 de febrero de 2003, cuando se celebra el juicio con el que la declaran incapaz, a pesar de que no compareció ni el letrado de la Xunta ni ningún representante de la Funga (que actuaba como su defensora judicial), ni el médico forense. Tampoco comprenden cómo se promovió el proceso sobre la base de que no se conocía la existencia de familiares, cuando posteriormente se demostró que no era cierto.

Pero "la mayor irregularidad", para la defensa de la anciana, es "que el mismo día que el fiscal presenta la demanda de incapacidad, el juez de Vilagarcía dispone darle traslado a la persona presuntamente incapaz para comunicarle en su domicilio que podía comparecer en el proceso". "¿A quién le dieron traslado?, ¿y en qué domicilio, si Mercedes Rodríguez estaba internada en un centro sanitario por orden judicial?", pregunta la denuncia.

Y también se subraya el hecho de que la incapacidad de Mercedes se declara judicialmente el 18 de marzo de 2003 y un mes antes, el 10 de febrero, la Funga, "después de hacer una dejación de sus obligaciones al no comparecer en el juicio", presenta un escrito al juzgado. En éste pide autorización para iniciar los trámites de venta del edificio, sobre el que no existía declaración de ruina. "No se comprende tanta desidia y negligencia por parte de esta institución, que tendrá que rendir cuentas ante la Justicia y decir qué ha hecho con los muebles y objetos personales de la tutelada", continúa la demanda.

En contra de su voluntad, Mercedes Rodríguez no sólo fue desalojada de su domicilio sino que pasó casi tres años de su vida internada en un centro psiquiátrico en Beariz (Ourense). Uno de sus primos, que vive en Santiago, inició su búsqueda cuando fue a visitarla y se topó con la casa demolida.

Cuando el juzgado autoriza a la Funga la venta del edificio, ésta le presenta las diferentes ofertas que ha recibido pero propone como "la más ventajosa para los intereses de la tutelada" la del arquitecto técnico José Lino Rodríguez Márquez. Sin embargo, se le adjudica a Promociones Domicres, S.L., una empresa que hizo constar que entregaría 42.100 euros al efectuarse la compra, aunque no lo hizo.

La denuncia plantea muchos interrogantes sobre los motivos que indujeron a la Fundación para a Tutela de Adultos a rechazar mejores ofertas, como la de Provao, S.L., que, además, se presenta al juzgado con posterioridad a las otras. También se hace constar la propuesta de Construcciones Mesejo, S.L., donde se advierte de que el edificio estaba incluido en el catálogo de elementos a conservar en unas determinadas condiciones que se detallan en una ficha adjunta.

Si el edificio estaba catalogado y no declarado en ruina, Mercedes Rodríguez pide que se investigue "cómo se permitió semejante irregularidad, qué connivencia tenía el arquitecto técnico, al parecer municipal, con la empresa adjudicataria Domicres. Y si el juez autorizó la propuesta de esta empresa, tal y como se la presentó la Funga, por qué se cambia cuando se eleva a documento público el 27 de julio de 2004", en todo lo relativo a las compensaciones, aunque pírricas, que recibiría la anciana.

El 19 de enero de 2009, el juzgado de Vilagarcía requiere por séptima vez a la Funga para que, "de inmediato", ponga a disposición de Mercedes Rodríguez Mouriz todo su patrimonio. Su última respuesta es lo más sorprendente: "Esta fundación no tiene en su poder patrimonio alguno, lo único que podríamos entregar es la copia simple de la escritura de compraventa".

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Castilla y León
 
«En España hay cien casas vacías por cada persona sin hogar»
diariodeleon.es (Castilla y León) - 22 de abril de 2009
 
 
El profesor Pedro Cabrera participa hoy en la jornada de personas sin hogar que organiza la Concejalía de Bienestar Social

La crisis no puede convertirse en una «excusa» para abandonar las políticas sociales, ni siquiera las destinadas a quienes «venden poco» políticamente como las personas sin techo. Así lo manifiesta el profesor de la Universidad Pontificia de Comillas en Madrid y autor del principal estudio sobre las personas sin hogar realizado en España, Pedro José Cabrera, que hoy participa en la jornada de personas sin hogar organizada por la Concejalía de Bienestar Social.

Actualmente entre 25.000 y 30.000 personas viven sin techo en España, unas 1.500 en Castilla y León, señala Cabrera, una cifra que puesta al lado de las tres millones de viviendas vacías da un resultado estremecedor: «En España hay cien casas vacías por cada persona sin hogar». Para este experto la mejor manera de ayudar a las personas sin techo «por parte de la ciudadanía, es no mirarlas de forma estereotipada y no pensar que viven en la calle porque quieren y, en lugar de dar limosnas, pagar los impuestos y exigir haya políticas sociales y que los ayuntamientos estén dotados de plazas en albergues y otros recursos residenciales y de integración, cosa que, hoy por hoy, no sucede».

Pronostica que la crisis económica «no va a echar a gente a la calle de repente, pues va a funcionar primero el círculo de relaciones» y cree que la situación tendría que «prolongarse mucho tiempo» para que se produjera ese efecto. No obstante, considera que es «un momento idóneo» para «multiplicar los recursos de alojamiento residencial y el acompañamiento social y residencial» para prevenir el aumento de personas que se pueden ver obligadas a vivir en la calle en caso de que la situación económica empeore. «Tenemos la suerte de que la ciudadanía está sensibilizada», agrega. Cabrera afirma también que la «mendicidad organizada» por parte de mafias, sobre todo extranjeras, «no tiene nada que ver» con las personas sin techo: «La gente que lo pasa mal no se muestra públicamente de forma tan ostentosa».

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País Vasco
 
Kepasakonlakasa se concentra mañana durante el sorteo de VPO
Deia.com (País Vasco) - 29 de abril de 2009
 
 
en Donostia a favor de una nueva política de vivienda

La Asamblea por una Vivienda Digna de Gipuzkoa Kepasakonlakasa se concentrará mañana delante del velódromo de Anoeta, donde se efectuará un nuevo sorteo de vivienda protegida VPO, para exigir "un cambio en la política de vivienda" e instar a la sociedad a que "se movilice" en esta materia, ya que "no se trata de un problema particular, sino de una carencia social".

La Asamblea por una Vivienda Digna de Gipuzkoa Kepasakonlakasa se concentrará mañana delante del velódromo de Anoeta, donde se efectuará un nuevo sorteo de vivienda protegida VPO, para exigir "un cambio en la política de vivienda" e instar a la sociedad a que "se movilice" en esta materia, ya que "no se trata de un problema particular, sino de una carencia social". En un comunicado, Kepasakonlakasa indicó que esta movilización comenzará a partir de las 18.30 horas mientras se celebre el mayor sorteo de VPO registrado en Donostia hasta la fecha, que calificó de "enormemente insuficiente".

En este sentido, recordó que se sortearán 510 viviendas en alquiler y derecho de superficie mientras se alcanza la cifra de 6.479 solicitantes, lo que supone que "5.969 personas seguirán sin una solución ante el problema de la vivienda".

En este contexto, Kepasakonlakasa instó al Ayuntamiento donostiarra a buscar "otras vías de solución", ya que "de las 10.500 viviendas que se iban a sortear hasta 2011 se va por 1.170" y parece "difícil que en los próximos años y ante la situación económica actual se vayan a construir las que faltan".

A su juicio, se deben tomar "medidas inmediatamente" para alcanzar "una solución efectiva" que deben centrarse "en la movilización e intervención de las viviendas vacías", y en una "revisión de la fiscalidad". Por todo ello, animó a la gente a que muestre "su desconformidad" ante la actual política de vivienda mañana a partir de las 18.30 horas en el velódromo de Anoeta.

Durante esta concentración, Kepasakonlakasa entregará un "premio" a la persona que lleve más tiempo esperando una VPO en Gipuzkoa para que "aunque no le toque una vivienda, por lo menos no se vaya con las manos vacías".

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Región de Murcia
 
Detenidos por corrupción el gerente de Urbanismo de Lorca
El País (Región de Murcia) - 05 de mayo de 2009
 
 
y un notario. La operación en la localidad murciana se ha producido a raíz de una investigación sobre una urbanización en un paraje protegido.- Los arrestados están acusados de de cohecho y prevaricación

La Policía Nacional ha detenido en Lorca (Murcia) al gerente de Urbanismo del Ayuntamiento de esta ciudad, Manuel Alfonso Guerrero, y a un notario, Sebastián F.R, como supuestos autores de delitos de cohecho y prevaricación, según han informado fuentes cercanas a la investigación.

La operación, que continúa abierta, se remonta a varios "meses atrás" y se ha desencadenado como consecuencia de unos indicios que surgieron a raíz de la investigación del proceso de urbanización del paraje protegido de La Zerrichera (Aguilas). Antes de acceder al cargo de gerente Guerrero ocupó la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo de la Comunidad Autónoma de Murcia.

Los arrestos los ha efectuado la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de la Policía, en colaboración con agentes de la Jefatura Superior de Murcia, por orden de un Juzgado de Lorca, que ha decretado el secreto del sumario.

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Aragón
 
Las presiones de la trama de La Muela llegaron altas esferas
El Periódico de Aragón (Aragón) - 21 de abril de 2009
 
 
Hasta el presidente de Prisa y el ministro Rubalcaba figuran citados en el sumario de La Muela. Las presiones que ha ejercido la trama de la Operación Molinos para intentar conseguir sus propósitos han llegado hasta las más altas esferas de poder, autonómico y nacional. Y no siempre procedentes de la principal encausada, la alcaldesa del municipio María Victoria Pinilla.

Según se desprende de las intervenciones telefónicas que durante más de un año efectuó la Policía, José Carlos Fernández Delgado, el propietario de la empresa madrileña Brocover y actualmente en prisión, llegó a conseguir información del PSOE a través del presidente de Prisa, según le explica a Pinilla en una conversación que mantuvieron el 6 de mayo del 2008.

"Me ha llamado el presidente de Prisa, que ha hablado con gente del PSOE de Zaragoza. No me ha dicho con quién pero con alguien mu gordo (...) Le dijo que tenía un amigo que había hecho inversiones y quería saber cómo estaba... Y le han dicho... Dile a tu amigo que se salga de la operación. Este proyecto está envenenado y jamás va a salir... Y me ha dicho que hay una importante guerra montada entre el PAR y el PSOE... Están a guantazo limpio".

El proyecto al que hace referencia tiene que ver con los terrenos que Fernández Delgado había comprado por 30 millones de euros, con el compromiso de que iban a ser recalificados, por los que tenía que discurrir la circunvalación de La Muela. El plan fue paralizado por el Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón (COTA) y es una de las cuestiones que más quebraderos de cabeza ha dado a Pinilla y a otros imputados en la trama.

Los problemas con este plan, que el dueño de Brocover y otra de las imputadas, María Jesús Velilla, hacen suyo --"nuestro plan", dicen-- llevó al primero y a la alcaldesa a mover todos los hilos que tenían a su alcance para intentar desbloquearlo.

Fernández Delgado, en Madrid, donde tiene ubicadas sus empresas, y Mariví Pinilla, en Aragón. A primeros de mayo, la alcaldesa de La Muela ya considera que tiene "un problema con el COTA". Por lo menos así se lo hace saber a su compañero de partido y alcalde de Cuarte, Jesús Pérez, en una conversación telefónica. "Tengo un problema con un plan parcial ¿A quién toco? ¿Quién tiene más poder, Biel o Boné?", le dice.

Pinilla llegó a hablar con el vicepresidente de la DGA, José Ángel Biel, a quien le pide que dé "un toque" para que "incluyan el plan parcial en la COT...", pero este le recomendó hablar con su jefa de gabinete; previamente lo había hecho con el consejero de Industria, Arturo Aliaga, al que cariñosamente llama "Arturico".

GESTIONES PARALELAS

En paralelo a estas gestiones de la alcaldesa, el dueño de Brocover llevaba su particular guerra con María Jesús Velilla, propietaria de Gestión Urbanística Zaragoza y madre de otro de los implicados, Antonio Royo, guardaespaldas del consejero de Medio Ambiente, Alfredo Boné.

El escolta, en una conversación con Fernández Delgado, alude a una persona (sin ponerle nombre) que le va a decir si el plan de la variante se va a tratar en la próxima reunión de la comisión. "Le entré como me dijiste, que mi madre tenía una inversión gorda, que había metido a otras personas y nos estaban apremiando los plazos...". "Cuando le he dejado en casa me ha dicho: Toño, tranquilo que lo hablamos mañana, que no hay problema...".

A través de las conversaciones intervenidas, el empresario madrileño se muestra desesperado por las continuas "mentiras" de Pinilla, a la que insulta en varias ocasiones. Su mayor preocupación es que para avalar el crédito de 30 millones ha hipotecado su patrimonio personal y los plazos empiezan a agobiarle.

Así se lo hace saber también a la hija de Velilla, a la que vuelve a reproducirle la conversación con "el dueño de Prisa" y cómo éste habla con el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, quien a su vez obtiene información, dice, de Marcelino Iglesias.

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Se duplican los 'sin techo' que vagan por Zaragoza
Que.es (Aragón) - 16 de abril de 2009
 
 
Un equipo de 40 voluntarios de la Cruz Roja peinan las calles por la noche para ofrecerles comida y abrigo. Calculan que hay unos 100 y se concentran en el centro y el Casco

La cara más dramática de la crisis empieza a dejarse ver en las calles de Zaragoza. Las organizaciones que procuran alimentos, alojamiento y medicinas a los más necesitados detectan una avalancha de peticiones y se temen lo peor para los próximos meses. "Las dificultades que está viviendo la gente se han empezado a notar especialmente en la demanda de comida, hasta el punto de que ya se puede hablar de saturación", indica el director del Albergue Municipal, Gustavo García. En él se alojan "unas 150 personas cada día" y tienen especialmente problemas "en los apartamentos y viviendas protegidas en las que duermen familias completas, donde tenemos que hacer encaje de bolillos".

Hasta ocho durmiendo en un cajero

"Recorremos la ciudad entre las 21.00 y las 01.00 horas", explica Susana Royo, coordinadora de la unidad UMES de la Cruz Roja. Les ofrecen a los 'sin techo' café y galletas y les informan de dónde pueden dormir. "Hemos visto hasta ocho durmiendo en el mismo cajero", indica.

"Son más jóvenes y vienen porque se les acaba el paro"

"La gente que acudía a la Hermandad del Refugio estaba entre los 50 y 70 años; ahora tienen entre 30 y 40", explica su director. Manuel Marqueta, que avisa de que acogen a muchos jóvenes que "lo único que les falta para convivir en sociedad es un trabajo". Las razones que llevan a las personas a acudir al Refugio también están cambiando: "Antes era gente trashumante, ahora vienen porque se les acaba el paro, se separan de su pareja y no tienen recursos para salir adelante".

"Las ayudas de emergencia se han duplicado desde verano"

Las parroquias de Valdefierro, San Pablo y el Casco son donde Cáritas ofrece más ayudas de emergencia en Zaragoza. No obstante, "nos encontramos con muchos más casos y no se salva ningún barrio, ni siquiera Parque Goya o Valdespartera", señala el director, Carlos Sauras. Cuentan con "muchos trabajadores de la construcción que se han quedado en paro", entre los que "los inmigrantes se han visto muy afectados". Afortunadamente, "también ha crecido la solidaridad".

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IU reclama que se destinen los acuartelamientos a VPO
europapress.es (Aragón) - 14 de abril de 2009
 
 
los terrenos de los acuartelamientos Alfonso I y de la Merced de Huesca

El portavoz parlamentario de Izquierda Unida (IU) en las Cortes de Aragón, Adolfo Barrena, presentará mañana en la comisión de Obras Públicas una Proposición no de Ley al objeto de que los suelos disponibles en el antiguo acuartelamiento Alfonso I y antiguo cuartel de la Merced de la ciudad de Huesca sean destinados a alquiler y VPA. Una iniciativa presentada a propuesta de la portavoz del grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Huesca, Trini Rincón.

En concreto, IU solicitará al Gobierno de Aragón que estos terrenos sean únicamente destinados a vivienda protegida y alquiler. Una propuesta que la formación política de izquierdas realiza porque "hoy, al ya difícil acceso a una vivienda digna, resultado de la distorsión especulativa de los últimos años, se suman los efectos de una profunda crisis económica generalizada y el sector de la construcción sufre una pérdida constante y alarmante de puestos de trabajo", explicó Barrena.

Una de las principales medidas señaladas tanto desde el Gobierno autonómico como el central para hacer frente a esta situación es el fomento de la vivienda protegida. "Sin embargo, en el caso concreto de la ciudad de Huesca, una buena parte de los suelos de La Merced y del Alfonso I, va a ser destinado a vivienda libre", añadió Adolfo Barrena.

Tras la cesión en el caso del Alfonso I, de una parcela a cambio de la urbanización del área y el destino del 70 por ciento a VPA, según las declaraciones del Director General de Vivienda meses atrás, el resultado será que de un total de 630 viviendas aproximadamente, sólo dos tercios se destinarán a vivienda protegida, argumentaron desde IU.

Trini Rincón consideró que "es decir, que el compromiso gubernamental de fomento de la vivienda de protección que garantice el derecho básico de acceso a una vivienda así como el impulso al sector que combata la pérdida de puestos de trabajo, se contradice seriamente con estas decisiones políticas".

Por todo ello, en este momento, en el que todavía no se ha realizado la adjudicación completa de las parcelas, Izquierda Unida exigió a la Diputación General de Aragón que aplique con la práctica la voluntad política expresada por los gobiernos socialistas español y aragonés, destinando el 100 por cien del suelo de los antiguos cuarteles a VPA.

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Extremadura
 
2 familias de Badajoz acampan frente a la casa de Fdez. Vara
regiondigital.com (Extremadura) - 22 de mayo de 2009
 
 
Los dos matrimonios se encuentran desde el miércoles frente a la casa del presidente de la Junta en la capital extremeña con pancartas y mobiliario de campistas.

Desde el miércoles dos familias de Badajoz permanecen frente a la casa del Presidente Autonómico, Guillermo Fernández Vara, en Mérida para solicitar una vivienda "digna". Los dos matrimonios iniciaron la protesta el miércoles a las 10 horas y, en principio, es de carácter indefinido. Ambas familias han afirmado a Europa Press Televisión que han dormido en el "suelo arropados con mantas". Además, las familias están recogiendo firmas de apoyo ante la situación que están viviendo.

Cabe señalar, que lo que están reclamando es un cambio de domicilio, ya que les concedieron una Vivienda de Protección Oficial en la barriada de "Los Colorines", pero que se han visto forzados a abandonar, ya que es un barrio peligroso, sobretodo para los niños.

Según las informaciones de Europa Press Televisión, fuera de las cámaras, los afectados han dicho que Vara se ha interesado por ellos y que les han comentado por la situación que pasan.

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Golpe al fraude de las VPO
Telecinco.es (Extremadura) - 04 de mayo de 2009
 
 
Esta vez no quieren que haya ningún disturbio. 50 policías se despliegan en uno de los barrios más conflictivos de Plasencia, en Cáceres. Su misión: proteger a los operarios que van a desalojar viviendas públicas ocupadas ilegalmente.

En algunas ocasiones las viviendas de protección pública se dan a personas que las han obtenido falseando datos. Incluso, a veces, nunca las llegan a habitar. Porque realmente nunca las han necesitado. Esperan con ella o bien sacar provecho, o dejarla para utilizarla a su capricho. Como por ejemplo, vaciarla por completo puertas, lavabos, etc. Y después entregársela a otra persona. El problema es cuando el desalojo tiene lugar en un sitio problemático. En este caso en un barrio de la periferia de Plasencia. Para evitar los disturbios que se produjeron 5 años atrás. Esta vez la policía despliega a 50 agentes para ejecutar 10 desahucios. En otras ciudades estos desalojos podrían haberse convertido en una batalla campal aquí se desarrollan de una forma ordenada y sin un solo incidente. Al mando del espectacular operativo policial está el comisario Clemente Castaño que señala que: "muchos de los que desalojamos cuentan con familias muy numerosas que se avisan entre sí".

El año pasado se construyeron en españa cerca de 70.000 viviendas protegidas. Sólo falta saber cuántos de sus beneficiarios realmente las merecen. Curiosamente, se sabe cuantas se construyen lo que las administraciones no hacen es publicar las que tienen que desalojar por fraude.

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Comunidad foral de Navarra
 
VIVIENDA DIGNA DESACONSEJA LA COMPRA DE VLPL
Redacción PVD (Comunidad Foral de Navarra) - 13 de mayo de 2009
 
 
La plataforma por una vivienda digna de Navarra mediante un comunicado en su página web, así como por un correo electrónico a todos sus simpatizantes, desaconseja la compra de las "viviendas libres de precio limitado", viviendas creadas en el proyecto de Ley Foral de Medidas Urgentes en materia de Urbanismo y Vivienda, que el Parlamento de Navarra comenzará a discutir mañana jueves. Será el primer asunto que debata y vote el jueves el pleno de la Cámara.

La plataforma por una vivienda digna de Navarra ya calificó en su momento como "inmoral e inconstitucional" el proyecto de Ley Foral de Medidas Urgentes en materia de Urbanismo y Vivienda.

A juicio de la plataforma es "inmoral" definir la vivienda libre de precio limitado ahora que las viviendas no se venden y no haberlo hecho anteriormente, cuando eran los ciudadanos y los jóvenes en particular los que debían hipotecarse por cantidades escandalosas para acceder a una de ellas.

La Plataforma por una vivienda digna de Navarra se preguntaba entonces, y se sigue preguntando ahora, por qué ni el gobierno ni los promotores pusieron límite a la sobrevaloración de los inmuebles hasta límites inalcanzables para la mayoría de los jóvenes, convirtiendo la vivienda en un lujo y no en un derecho y ahora en cambio sí que lo hace para evitar la necesaria caída de precios. El proyecto de ley ,añaden, intenta evitar la "necesaria corrección" en los precios del sector inmobiliario.

La plataforma alega que el precio de las viviendas libres de precio limitado, pactado hace tan sólo unos meses en unos 225.000 euros (37,4 millones de las antiguas pesetas),ya está "totalmente desfasado" en un mercado inmobiliario donde el precio de la vivienda baja cada día que pasa.

La PVD aconseja a los posibles compradores de la nueva modalidad de vivienda libre de precio limitado, que valoren y analicen los indicadores inmobiliarios de los últimos meses, antes de tomar cualquier decisión.

Indican que el precio de la vivienda aceleró su caída en el mes de abril, con un descenso del 10,1% respecto al mismo mes de 2008, lo que supone casi medio punto más que en el mes anterior, cuando descendió un 9,7%, según el Índice de Mercados Inmobiliarios Españoles (IMIE) elaborado por Tinsa.

Así mismo la plataforma aconseja informarse sobre la tendencia en el precio de la vivienda, donde muchos indicadores vaticinan nuevos descensos. Añaden además que ya hay muchos bancos e inmobiliarias que están rebajando sus pisos (Realia, Parquesol, Vallehermoso, Metrovacesa,Roan, La Caixa, etc.), algunos incluso hasta en un 50%.

Concluyen que "a su juicio" la nueva tipología de vivienda libre de precio limitado, definida dentro del proyecto de Ley Foral de Medidas Urgentes en materia de Urbanismo y Vivienda, no responde a la realidad del mercado actual y desaconsejan su compra.

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Cantabria
 
Exinterventor CastroUrdiales plantea disolución consistorio
elconfidencial.com (Cantabria) - 22 de abril de 2009
 
 
El ex interventor del Ayuntamiento de Castro Urdiales Fernando Urruticoechea, arropado por la Asamblea para una vivienda digna "V de Vivienda", ha planteado hoy la disolución de este Ayuntamiento y el nombramiento de una Comisión Gestora ante una presunta trama de corrupción en el Consistorio.

En rueda de prensa, Urruticoechea ha recordado que el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, tránsfuga del PRC, fue acusado de prevaricación, falsedad y malversación en relación con la construcción de una promoción de viviendas y el último informe del Tribunal Constitucional, referido al período 2004-2006, desvela un "caos absoluto" en la gestión económica y administrativa de la Corporación.

Urruticoechea ha explicado que este informe, que llegará al Congreso antes del verano, revela "la inexistencia de controles sobre la contratación y cualesquiera otras actuaciones públicas, así como el incumplimiento sistemático de los requisitos legales en la gestión urbanística".

Dado que, según ha asegurado el ex interventor, la corrupción afecta a toda la Corporación, "la única solución" pasaría por la disolución del Ayuntamiento y ha recordado que el artículo 61 de la Ley de Bases de Régimen Local establece que "esta disolución sólo la podrá acordar el Consejo de Ministros, por sí mismo, o a petición del Gobierno de la comunidad autónoma correspondiente".

El ex interventor ha considerado que la actual situación de Castro Urdiales es equiparable a la del Ayuntamiento de Marbella, disuelto por el Consejo de Ministros el 7 abril de 2006.

Ha señalado que las tres razones que el Consejo de Ministros esgrimió para la disolución del Ayuntamiento marbellí -"el incumplimiento sistemático de la legalidad, la inactividad del Ayuntamiento y la situación procesal de distintos cargos- también se dan, una por una, en el caso de Castro Urdiales".

Urruticoechea ha señalado que esta disolución es necesaria para que "los ciudadanos piensen que cuentan con un Estado real de Derecho y que se hace algo en la lucha contra la corrupción".

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La Rioja
 
El Gobierno pagará la mitad del alquiler a deshauciados
LaRioja.com (La Rioja) - 14 de abril de 2009
 
 
La ayuda se completa con incentivos al promotor para alquilar pisos en 'stock'

El consejero de Obras Públicas y Vivienda, Antonino Burgos, anunció ayer que su departamento pagará la mitad del alquiler a las familias que, al quedar en paro alguno de sus miembros, no puedan hacer frente al pago de su hipoteca y sean desahuciadas de su casa. Burgos avanzó en concreto «dos medidas excepcionales» por la actual crisis económica, con el objetivo de «ayudar a las familias que se encuentren en situaciones económicas difíciles».

Por un lado, a las personas que hayan sido desahuciadas se les ofrece pagar la mitad del alquiler del nuevo piso al que tengan que irse, con un máximo de 250 euros al mes. Además, la Consejería pone a su disposición la bolsa de alquiler de vivienda para encontrar el precio más accesible. Estas medidas de ayuda tendrán un plazo de vigencia de dos años, que pueden ser prorrogables, y están dirigidas exclusivamente a los propietarios de viviendas, es decir, no para quienes están en la actualidad en alquiler, ni para quienes ya estén recibiendo alguna ayuda como las contempladas en el Plan de Vivienda.

Por otro lado, Burgos anunció también un incentivo destinado a los promotores, a quienes el Gobierno riojano abonará novecientos euros al año por vivienda que saquen al alquiler, siempre que los precios sean «razonables». Burgos explicó que el Gobierno entiende que estos precios de irían hasta los 450 euros en el caso de las viviendas de 90 metros y hasta 350 euros al mes en el de las de setenta. Las dos medidas son, según explicó el consejero, «complementarias entre sí, ya que incide en la oferta y la demanda». Los tres objetivos básicos son ayudar a las familias en dificultades; poner el mercado de vivienda a unos precios acordes con la situación económica; y facilitar a los promotores la salida de las viviendas que tienen paradas.

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