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BANCOS PODRÍAN OBLIGAR A FAMILIAS A HIPOTECAR OTROS BIENES

El Mundo - 07 de abril de 2009

SI EL PRECIO DE LA VIVIENDA CAE UN 20%

La OCU lo considera un 'atropello' La medida cubriría la relación entre el valor real y la cantidad hipotecada El FMI augura que el descenso de precios será de entre el 15% y el 20%

La delicada situación que atraviesa el mercado inmobiliario hace que algunos de los ciudadanos que compraron su vivienda en la parte más alta del ciclo, en la primera mitad del pasado año, se encuentren ahora con que su vivienda vale menos de lo que pagaron por ella. Y puede ser peor. El FMI auguró el pasado jueves que el precio de los pisos puede caer en España hasta un 20%.

En ese caso, y si la vivienda está hipotecada, el consumidor se puede enfrentar a la tesitura de estar pagando un crédito mucho más caro de lo que en realidad vale su piso. La tentación de dejar de abonar las letras es evidente y, ante esa situación, el Gobierno ha buscado garantías para el sector financiero.

Así, en el decreto que desarrolla la nueva ley del mercado hipotecario, se permite a las entidades financieras exigir al ciudadano que hipoteque otros bienes si el precio de la vivienda se reduce. La ley hipotecaria se hizo para abaratar los cambios de estos préstamos, pero su desarrollo esconde esta medida. El decreto está sometido a consulta pública y su redacción no difiere en buena medida de la legislación hoy vigente. Sin embargo, entre los consumidores sorprende que el Gobierno "se ponga del lado de la banca" con una disposición que es un "atropello".

La redacción del decreto, aunque farrogosa en algunos puntos, es bastante comprensible: "Si por razones de mercado o por cualquier otra circunstancia el valor del bien hipotecado desmereciese de la tasación inicial en más de un 20%, la entidad financiera acreedora, acreditándolo mediante tasación efectuada a su instancia, podrá exigir del deudor hipotecante la ampliación de la hipoteca a otros bienes suficientes para cubrir la relación exigible entre el valor del bien y el crédito que garantiza".

Los precios aún no han caído Es cierto que el precio de la vivienda, por el momento, no está cayendo de media en España -aunque el FMI augura que el descenso será de entre el 15% y el 20%- pero sí se aprecian ya descensos en ciertas zonas del país, en las que el boom urbanístico ha sido más intenso. Es el caso de muchas zonas de la costa levantina, del litoral andaluz o del extrarradio de las grandes ciudades, donde hace un año se pagaron precios que hoy son impensables.

A eso se une otro problema. Las tasaciones, que ahora se ajustan notablemente al valor real, han estado en España durante muchos años infladas. Era la época en que se creía que los pisos valían mucho más de lo que ahora se evidencia. Ese hecho sirvió para que el volumen de los préstamos fuese más alto sin necesidad de que los bancos tuviesen que provisionar cantidades adicionales.

La ley limita al 80% el valor de tasación La ley limita al 80% del valor de tasación el importe del préstamo que se puede conceder con cargo a una vivienda. Si el valor de la tasación es mayor, el cliente recibe más dinero y el banco cobra más en intereses. La legislación también permite llegar al 95%, como límite máximo, en el caso de que existan 'garantías personales adicionales', es decir, un aval, o 'un seguro frente al impago'. Se introducen exigencias más fuertes porque los bancos deben provisionar más fondos si rebasan el límite del 80%.

Muchos ciudadanos se podrán ver reflejados en realidades como ésta. Una casa comprada hace año y medio por 180.000 euros, para la que recibió un préstamo de 190.000, gracias a una tasación de 200.000 euros. Ese ciudadano puede encontrarse con que el banco decida hacer otra tasación de ese piso -curiosamente las entidades financieras suelen tener sus propias tasadoras- y que ésta arroje un resultado de 160.000 euros.

La tentación de dejar de pagar El hipotecado se enfrentaría a la devolución de un préstamo de 190.000 euros más intereses, por una casa que vale 160.000. Ante situaciones similares producidas años atrás en países del entorno español, como el Reino Unido, muchas familias optaron por dejar de pagar la hipoteca.

Con una tasación inicial de 200.000 euros y una segunda de 160.000, la diferencia sería ya del 20% fijado en el decreto. La cantidad quizá se vea como una posibilidad excesiva, pero la distancia es de poco más del 10% sobre el valor real del piso (180.000 euros) cuando se compró, lo cual, en determinados puntos del país, ya se está produciendo.

¿Consecuencia? En función de este decreto, el banco o la caja de turno pueden obligar al cliente a hipotecar otros bienes, ya que su casa ya no cubre el valor de lo que está pagando por ella. ¿Y qué bienes se pueden hipotecar? La respuesta es otra vivienda o recurrir al aval, ya que el valor de otros objetos de cuantía, como puede ser un coche, se deteriora de forma mucho más rápida y no sería aceptada por la entidad financiera.

El decreto lleva fecha de 11 de marzo, apenas dos días después de las elecciones. Está sometido a consulta pública hasta el próximo 25 de abril, tiempo suficiente para que el Ministerio de Economía reciba alegaciones y su responsable, Pedro Solbes, ya ratificado en el cargo, decida modificar este polémico punto.

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VIVIENDA AVALARÁ AL 50% LOS CRÉDITOS PARA COMPRAR VPO

CincoDías.com - 29 de mayo de 2009

en 2009 y 2010. Ninguna familia solvente sin crédito para pagar su vivienda protegida (VPO). Ésa es la máxima con la que trabaja el Departamento de Beatriz Corredor para pactar con la banca la financiación del plan 2009-2012. Por ello, el ministerio avalará con 6.000 millones el 50% del importe de las hipotecas de VPO que se suscriban este año y el que viene.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, anunció ayer la creación de una línea de garantías por la que el ministerio compartirá el riesgo de los nuevos préstamos para la compra de VPO. Además, adelantó que ya se ha firmado la orden de convocatoria para seleccionar a las entidades financieras que colaborarán en el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, por lo que los bancos y cajas interesados en este mercado tendrán a partir de ahora un plazo de 10 días para presentar sus planes de colaboración en VPO.

Corredor explicó que en estos momentos la mayor dificultad en el acceso a la vivienda es la obtención de crédito y que "la peor hipoteca es la hipoteca que no se da". Por ello, el Gobierno plantea ahora este nuevo incentivo con el objetivo de que "las entidades que ahora le están diciendo no a una familia cuando pide un préstamo para comprar una VPO, le den un sí". Así, el Gobierno garantizará la compra de estas casas a unas 100.000 familias españolas "solventes y responsables" para facilitar que obtengan la hipoteca. Esta nueva línea de garantías o avales será gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO) y cubrirá el 50% del importe de los préstamos que se concedan para la adquisición de VPO. De este modo, el Ejecutivo calcula que se movilizarán hipotecas por valor de 12.000 millones de euros, de los que 6.000 millones tendrán ese aval público, que se pagará con cargo a los presupuestos del Ministerio.

Fuentes oficiales explicaron que la garantía será temporal y su duración será variable en función del grado de compromiso de las entidades con la financiación de la compra de VPO en el marco del plan 2009-2012. "Lo lógico es que el aval se mantenga durante los primeros años de vida del crédito, cuando es más probable la morosidad. El límite establecido con carácter general para todas las entidades es que se avalará hasta un máximo equivalente al 3% de la morosidad de la cartera de créditos para VPO", indicó Marcos Vaquer, subsecretario de Vivienda. Según los últimos datos disponibles, el porcentaje de préstamos dudosos de los hogares para adquisición de vivienda asciende al 2,36%, porcentaje que se reduce significativamente en el caso de las hipotecas de casas con algún grado de protección. Estas mismas fuentes resaltaron que no sólo podrán beneficiarse de estas garantías las hipotecas sobre VPO de nueva construcción, sino aquellas que procedan del stock de pisos de renta libre que permanecen sin vender y que al bajar sus precios se reconvierten en viviendas protegidas. "Adoptamos esta medida porque el Gobierno tiene confianza en las familias; está convencido de su responsabilidad y de su capacidad para hacer frente a sus obligaciones y no queremos que se conviertan en las víctimas finales de la crisis financiera internacional", explicó la ministra.

Teniendo en cuenta los trámites que aún restan para que esta medida pueda aplicarse, el Ministerio calcula que los primeros créditos con estas garantías empezarán a concederse el próximo mes de julio.

Premio para las entidades que concedan más préstamos

Una de las principales novedades del convenio de financiación del plan 2009-2012 es que el Ejecutivo pretende premiar a los mejores bancos y cajas en materia de VPO. Para ello, tendrán la consideración de "entidades preferentes" aquellas que hayan concedido préstamos convenidos para vivienda protegida por encima de los 75 millones de euros, así como las que incrementen el volumen anual de sus concesiones de créditos en 20 millones o más.

El premio a ese mayor grado de compromiso será la posibilidad de tener mayores garantías en la nueva línea de avales con la que se persigue que se faciliten los préstamos, el privilegio de participar en la Mesa de Seguimiento Financiero del plan y su reconocimiento de cara al público con la asignación de un distintivo específico como entidad colaboradora preferente, "el equivalente a un sello de calidad", según el Ministerio. Aplicando ese perfil al plan actual habría entre 9 y 12 entidades.

Mercado refugio para capear los tiempos revueltos

El sector de la construcción trabaja con la hipótesis de que este año se entregarán 600.000 casas y apenas se iniciarán unas 200.000, por lo que el paro seguirá aumentando a cifras de escalofrío. Por ello, el Ministerio de Vivienda ha decidido echar toda la carne en el asador, entiendiendo éste como el Plan de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012. Corredor recordó ayer que la VPO es un valor refugio no sólo para el mercado inmobiliario, ahora que los promotores no optan por edificar nuevos pisos hasta no vender el stock, sino también para el sector financiero.

Este tipo de viviendas, las protegidas, suponen ya el 50% de todas las iniciadas en el último trimestre de 2008. Además, los expertos coinciden en que cuentan con una demanda asegurada y bajos índices de morosidad. Con la aprobación del nuevo programa plurianual, se ha ampliado la posibilidad de adquirir una VPO a las familias con ingresos de hasta 48.000 euros.

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LA VIÑETA: VACACIONES 'A ESCOTE' EN EL MINISTERIO

Cartas a la Plataforma - 29 de mayo de 2009

Un simpatizante nos ha enviado estos documentos que ha encontrado en la web contrataciondelestado.es. Se trata de un concurso público urgente por importe de 99.870 euros para la obtención de los alojamientos vacacionales de los que parece será, si no todos, una buena parte de los cargos y funcionarios del Ministerio de Vivienda.

El epígrafe de actividad bajo el que se adjudica es "Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación". Se ve que es bastante 'edificante' que una institución que es corresponsable de en este país haya muchas personas sin un sitio digno donde dormir, si tenga dinero para pagarles a sus trabajadores el apartamento de las vacaciones con piscina y parking a costa el erario público.

Juzguen por vds. mismos:

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ZAPATERO ACHACA LA BURBUJA INMOBILIARIA A DEDUCCIÓN FISCAL

EuropaPress.es - 12 de mayo de 2009

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, aseguró esta tarde que la desgravación fiscal por vivienda "para la clase media y alta" que el PP impulsó en 1999 ha sido la causa fundamental de la burbuja inmobiliaria, porque su "efecto pernicioso" llevó a duplicar su impacto en la renta de los ciudadanos, del 20% al 41% en los últimos diez años, mientras que sus beneficios se trasladaron directamente al precio de los inmuebles y no a las familias.

En respuesta al líder del PP, Mariano Rajoy, durante el Debate del estado de la Nación, Zapatero defendió en estos términos su decisión de restringir los beneficios fiscales actuales a las rentas inferiores a 17.000 euros anuales y suprimirlas completamente a partir del umbral de los 24.000 euros. "No tiene nada que ver con castigar a la clase media", aseguró.

Zapatero incidió en que precisamente este endeudamiento de las familias es una de las causas principales, junto a la dependencia energética, del endeudamiento exterior de la economía española, a lo que se suma el fuerte incremento en 10 años de la población activa en el sector.

En este sentido, explicó que el empleo en la construcción se multiplicó por 2,5 en este periodo, pasando de 1,1 millones de trabajadores a 2,7 millones en 2007, lo que justifica la fuerte destrucción de empleo generada con el 'pinchazo' de la burbuja e impone la necesidad de un cambio de modelo productivo. "No podemos consentir que cuando la economía suba al ritmo anterior, la construcción residencial también lo haga" sentenció.

Zapatero defendió que durante la anterior legislatura su Ejecutivo trató de "cambiar lo que estaba pasando", potenciando el alquiler y la vivienda protegida, lo que, a su juicio, supone una política "mucho más activa que facilita la equidad social", al contrario que la desgravación fiscal de la vivienda que reclaman los 'populares.

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THE ECONOMIST CRITICA GOBIERNO ESPAÑOL SUBVENCIONAR COMPRA

Idealista.com - 17 de abril de 2009

Entre otros

La revista semanal The Economist realiza una severa crítica a los países (incluido España) que tienen una política de subvenciones que anima a la compra de viviendas. En su opinión, hay obsesión por encontrar culpables de la crisis actual y no para de apuntarse a banqueros, fraudes y aseguradoras, pero existen unos culpables que han contribuido tanto como esos grupos: los gobiernos que han gastado una enorme cantidad de millones en medidas que favorecían la compra de casas y que han contribuido a un boom de la vivienda, que en su declive actual está creando una crisis desconocida en décadas.

En algunos países como Estados Unidos, Irlanda o España hay una política fiscal que favorece el pago de las hipotecas mediante desgravaciones. Otros, como Reino Unido, en los que también reduce la fiscalidad por la venta de vivienda habitual (algo que también ocurre en España), mientras que también hay ejemplos de países en los que se dan créditos cómodos para comprar casas, ayudan a los que quieren comprar su primera casa y animan a las personas más desfavorecidas a comprar su vivienda.

El semanario justifica que los países tradicionalmente han subvencionado la compra de casas por diferentes motivos que van desde favorecer la estabilidad a predisponer al ahorro pasando porque los hijos de personas con una casa en propiedad tienen un mejor rendimiento escolar que los que están de alquiler.

Sin embargo, viendo ahora las consecuencias, The Economist subraya que se ha comprobado que los beneficios de los subsidios "son menores de los previsto y daños creados mucho mayores". En su opinión, el respaldo de los gobiernos a la compra de viviendas ha propiciado un aumento de los precios de las casas, ha provocado que muchos usen sus casas como garantías para créditos de otros bienes, ha disparado el consumo de forma exagerada y han amplificado los daños cuando la burbuja inmobiliaria ha explotado.

Ahora, los gobiernos están repartiendo dinero a mansalva para combatir la crisis financiera, incluyendo de nuevo a la vivienda. Algunas medidas son justificadas, pero otras dificultan la tarea.

A medio plazo, sugiere The Economist, los gobiernos con estas políticas deberían dar un severo recorte a los subsidios para la vivienda y tratar las ganancias obtenidas por la compraventa de casas como una inversión más. Además, pide a los países que estén pensando en crear instituciones para fomentar vivienda en posesión que tome nota de los desastres que ha provocado en algunos países.

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MÁS DE MILLÓN DE ESPAÑOLES ENTRE 30 Y 34 SIGUE CASA PADRES

Cotizalia.com - 13 de abril de 2009

La vivienda en España es un problema. También para los jóvenes. Así lo muestra el hecho de que más de un millón de españoles entre 30 y 34 años siga viviendo en casa de sus padres, según el Observatorio Joven de la Vivienda en España (Objovi). Los datos de este observatorio, dependiente del Consejo de la Juventud, dan idea de la cantidad de jóvenes que se encuentran entre los excluidos residenciales en este país: más de la mitad de los 11.335.571 españoles que tienen entre 18 y 34 años, no puede independizarse. En total, son 6.100.000 los que no están emancipados. De éstos, 3.200.000 tienen entre 18 y 24 años y 1.900.000, entre 25 y 29.

Otra de las nada halagüeñas de las conclusiones del Objovi es que la emancipación residencial de los jóvenes, frente a lo que había sucedido entre 2003 y 2006, cada vez avanza a pasos más cortos. En un año, el total de personas jóvenes emancipadas en España ha aumentado un 2,05%, llegando incluso a descender un 4,38% entre los menores de 25 años. De esta manera, la tasa de emancipación de los jóvenes en España ha pasado del 45,8% del segundo trimestre de 2008 al 46,2% del tercero. Esta tasa corre el riesgo de empeorar en los próximos meses, merced a la evolución del mercado laboral, que se ceba con los más jóvenes.

En cualquier caso, este país no se ha caracterizado por facilitar la accesibilidad a la vivienda a los jóvenes, ni aún en los momentos más boyantes. En el horizonte temporal de los últimos veinte años, el mercado de la vivienda en España ha pasado por fases de fuerte expansión y fases de claro estancamiento, cuando no recesión, que han tenido un impacto directo sobre el crecimiento económico del país. Sin embargo, de acuerdo con el Objovi, "para las personas jóvenes, estos vaivenes en el sector no han posibilitado, en ningún período, gozar de unas oportunidades óptimas para acceder a una vivienda libre en propiedad".

Comprar una vivienda libre supone un esfuerzo del 87,6% del salario de un joven

Desde finales de 1988 una persona joven en España siempre tendría que haber aportado más del 30% de su salario, la ratio máxima de endeudamiento que se considera como viable, para afrontar el pago inicial de la compra de una vivienda libre. Si a principios de los noventa el esfuerzo financiero que supondría la adquisición de una vivienda libre hubiera superado más de la totalidad del salario neto de una persona joven, entre 1997 y 2005 éste se situó alrededor del 50%. Desde entonces, el coste de acceso a la vivienda en propiedad ha ido ascendiendo rápidamente hasta alcanzar, en el tercer trimestre de 2008, un importe que equivaldría al 87,6% del salario neto que una persona joven trabajadora y al 54,4% de los ingresos de un hogar joven.

Una especificidad del año 2008 es que el progresivo alejamiento de la población joven de las condiciones de acceso impuestas por el mercado de vivienda no se ha producido, como era habitual a partir de 1997, por la subida en el precio de los productos inmobiliarios, sino por un endurecimiento de los requisitos exigidos para formalizar un préstamo hipotecario.

Ante este panorama, existe la alternativa del alquiler. Sin embargo, y siempre según el Observatorio Joven de Vivienda, la oferta actual no es tan holgada como la que podía existir veinte años atrás, "ni se distingue precisamente por su óptima accesibilidad económica, ni por su transparencia, ni, en ocasiones, por sus aptas condiciones de habitabilidad".

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Congreso aprueba creación de fondo estatal para hipotecados

ElEconomista.es - 27 de mayo de 2009

El Pleno del Congreso aprobó esta noche con el voto en contra del PSOE una iniciativa del PP consensuada con CiU, PNV y BNG que contempla, entre otras medidas, la creación de un fondo financiado por el Gobierno y gestionado en colaboración con las comunidades autónomas para atender las situaciones derivadas de la vulnerabilidad de las familias sobreendeudadas por sus hipotecas, como consecuencia de la crisis.

El texto, aprobado por 170 votos a favor y 160 en contra, y 7 abstenciones, supone la segunda derrota consecutiva del PSOE en la sesión de esta noche, gracias al pacto logrado entre 'populares' y CiU para la creación del mencionado fondo, así como para el establecimiento de un nuevo sistema de ayudas públicas para al subsidiación de préstamos hipotecarios para la financiación de la adquisición de vivienda habitual.

La iniciativa exige Gobierno se coordine con las comunidades para habilitar la financiación necesaria a los ayuntamientos en las ayudas sociales, e introduce el matiz de que estas prestaciones sean "reintegrables" si se producen "cambios sustanciales en la situación económica y patrimonial de sus beneficiarios. Lea aquí la noticia completa.

Además, el Congreso ha instado al Gobierno a promover las medidas necesarias para incrementar la transparencia en el sistema financiero y eliminar la impunidad de los paraísos fiscales. Lea aquí la noticia completa.

Además, se ha aprobado una proposición no de ley del PP que instar al Gobierno a recuperar el recorte de 185 millones de euros en las partidas destinadas a gastos sociales y seguridad ciudadana dentro los 1.500 millones que el Ejecutivo acordó reducir en los Presupuestos Generales del Estado para 2009 para hacer frente al aumento de las prestaciones por desempleo. Lea aquí la noticia completa.

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El Gobierno revisa el tipo de interés de las hipotecas VPO

El País - 15 de mayo de 2009

La medida, que se ha retrasado, afecta a unos 600.000 propietarios de este tipo de viviendas.- La propuesta sale a la luz dos días después de que Zapatero anunciase un cambio en la política de vivienda

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy, a propuesta de la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, la actualización de los tipos de interés para los préstamos cualificados concedidos por las entidades de crédito en el marco de los últimos planes de vivienda. La revisión, que se ha retrasado respecto al plazo establecido, se realiza en este momento para que los adjudicatarios de vivienda protegida puedan beneficiarse de la rebaja de los tipos de interés registrada en el mercado en los últimos meses.

Así, la actualización beneficiará a unos 600.000 adjudicatarios de vivienda protegida, que en la mayoría de los casos no habrían conseguido una mejora si la revisión se hubiese realizado en el primer trimestre del año, tal como se ha hecho en ejercicios anteriores, según informa el Ministerio de Vivienda en un comunicado y tal y como ha avanzado la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que se ha adelantado al jueves porque mañana es fiesta en Madrid.

El anuncio se produce dos días después de que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, anunciase en el debate sobre el estado de la nación un cambio en la política de vivienda.

Las reducciones, según el plan

En concreto, para los beneficiarios del plan de vivienda 2005-2008, el nuevo tipo de interés pasa del 5,09 por ciento al 4,01%, lo que significa que "un propietario con una hipoteca media de 110.000 euros a 25 años se ahorrará 1.200 euros anuales", dijo De la Vega. En cuanto a los beneficiarios del plan de vivienda 2002-2005, el nuevo tipo de interés baja del 5,13% al 3,74%.

Para los programas 1997 del plan de vivienda 1996-1999 y 1994 del plan 1992-1995, el tipo de interés pasa del 3,02 por ciento al 4,46%, en el primer caso, mientras que para el segundo caso pasa del 3,11 al 4,46%. El Ministerio de Vivienda subsidiará la diferencia que se produzca si el nuevo tipo supone un pago superior para el prestatario del que le hubiera correspondido sin la revisión.

Con estos acuerdos, alcanzados hoy por el Consejo de Ministros, las entidades de crédito que concedieron los préstamos aplicarán sin coste alguno para el prestatario los nuevos tipos de interés.

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Vivienda se aprieta el cinturón: elimina el pago desocupados

Cotizalia.com - 27 de abril de 2009

elimina el pago de la renta a los propietarios de pisos desocupados

La Sociedad Pública de Alquiler (SPA) ha decidido 'apretarse el cinturón' y ya no pagará la renta a los propietarios mientras sus viviendas se encuentren desocupadas, ya que esta garantía era un gasto que "económicamente no se podía mantener", según indicaron a Europa Press en fuentes del Ministerio de Vivienda.

Esta modificación ya se está incluyendo en los nuevos contratos, mientras que aquellos propietarios que encomendaron sus viviendas a la SPA con anterioridad seguirán disfrutando de este pago durante el tiempo que reste en sus contratos.

La SPA ha dejado constancia de esta modificación en la denominación del producto que ofrece: los antiguos propietarios seguirán disfrutando del 'Alquiler Garantizado', mientras que los nuevos contratarán este 'Alquiler con Garantías'.

Según Vivienda, otras de las razones para esta modificación responden a que el mercado del alquiler ha cambiado desde la puesta en marcha de la SPA, en abril de 2005, hasta el punto de que "el mercado de entonces no tiene que ver con el que hay ahora".

Así, hace cuatro años el mercado necesitaba ciertos incentivos, como el del pago de la renta en caso de desocupación, mientras que ahora no son necesarios o lo son otros, que vienen a cubrir iniciativas como las reformas legislativas en marcha para agilizar los desahucios o la Renta Básica de Emancipación.

Además, desde el Gabinete dirigido por Beatriz Corredor se apunta que esta modificación tiene un efecto neutro para el propietario, por cuanto sencillamente no se le paga una renta mientras no se da uso a su piso, y, sin embargo, deja intactos el resto de los servicios añadidos para el propietario, como los seguros ante impago o por destrozos en el inmueble una vez se encuentra un nuevo inquilino.

Este recorte del gasto debería aliviar financieramente a una SPA que en los últimos meses sufre una morosidad creciente, lo que ha llevado a realizar un "control exhaustivo" de los impagos, como ha reconocido su presidenta, Nieves Huertas, en aras de reducir los costes.

Además, la SPA también ha realizado otros 'retoques' en sus cuentas, como la reducción de las retribuciones con los agentes colaboradores, para ajustarlas a las que se cobran en el mercado libre.

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El BNG reclama agencias públicas de tasación

EuropaPress.es - 04 de mayo de 2009

porque las sociedades actuales "no son independientes" de los bancos. Pérez Bouza alerta de "controvertidas" relaciones de "connivencia de intereses" entre tasadoras, inmobiliarias y entidades financieras

El senador del BNG por designación autonómica, Xosé Manuel Pérez Bouza, presentó en la Cámara Alta una iniciativa en la que reclama al Gobierno central que, en colaboración con las autonomías, impulse agencias públicas de tasación para ejercer sus funciones cuando lo solicite el consumidor, frente a las actuales sociedades tasadoras que, a su juicio, no actúan "con independencia" de los bancos.

Pérez Bouza alertó de las "controvertidas" relaciones de "connivencia" que mantienen las entidades financieras, las sociedades de tasación y las grandes inmobiliarias, y se mostró convencido de que estas conexiones son responsables "en buena parte" del estallido de la burbuja inmobiliaria en España, cuyas consecuencias pagan ahora el conjunto de los ciudadanos.

Como ejemplo de estas relaciones, el senador nacionalista recordó que los bancos participan y controlan hasta 13 tasadoras que, en el año 2007, concentraron el 47 por ciento de las valoraciones inmobiliarias realizadas y el 52 por ciento del importe de las operaciones. Concretamente, aludió a Tinsa, Sivasa, Servas, Tasamadrid, TasaGalicia, Tabimed o Valoraciones y Tasaciones Hipotecarias (VTH), todas ellas "con accionista mayoritario o relevante" vinculado a bancos y cajas de ahorro.

"JUEZ Y PARTE"

"Esta relación de juez y parte en la valoración y concesión de créditos va en detrimento de los ciudadanos", sentenció Pérez Bouza para resaltar, al tiempo, que en un momento de crisis económica estas sociedades desempeñan un papel "fundamental" a la hora de valorar los activos inmobiliarios y, por tanto, en la "solvencia" de las entidades financieras.

En este contexto, el senador nacionalista advirtió de que la imparcialidad de las tasadoras "entra en duda", por lo que instó al Ejecutivo que dirige José Luis Rodríguez Zapatero a "regular" un modelo de sociedad que cumpla los principios básicos de "indepedencia, objetividad, y apoyo al consumidor" recogidos en la Constitución española.

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ICV proponen una ley que impedirá el sobreendeudamiento

Finanzas.com - 06 de mayo de 2009

El grupo parlamentario ER-IU-ICV ha presentado una proposición de ley sobre el derecho a la vivienda, que impedirá el sobreendeudamiento hipotecario de las familias, así como los embargos de los salarios por parte de las entidades financieras.

En rueda de prensa en el Congreso, el secretario general de ICV, Joan Herrera, explicó hoy que ha presentado ante la Cámara Baja este proyecto de ley que, en caso de ser aprobado, impedirá a las entidades financieras la concesión de créditos por importe superior al 40 por ciento de los ingresos familiares (el 35 por ciento a partir de 2010).

Asimismo, la legislación limitaría a 30 años el plazo de amortización de la hipoteca en su concesión por parte de las entidades financieras, periodo que posteriormente se reduciría a 25 años.

De esta forma, Herrera explicó que se pretende reducir progresivamente el precio de la vivienda libre, al tener que adaptarse a la capacidad de compra de los ciudadanos.

Así, con el fin de evitar el crecimiento especulativo de los precios de la vivienda, la norma prohibiría la concesión de créditos hipotecarios si superan el 80 por ciento del valor de mercado de la vivienda libre, o el cien por cien, si se tratara de una vivienda protegida.

Además, considera que el salario de las familias es "inembargable" por parte de las entidades financieras, en el caso de impagos de los créditos hipotecarios, siempre que estos ingresos no excedan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

En caso de embargo, los propietarios de la vivienda podrán solicitar que les sea alquilado el inmueble, durante cinco años como máximo, por una renta equivalente a las de la zona, o también podrán pedir quedarse en régimen usufructuario vitalicio.

Como alternativa al embargo, los propietarios podrán proponer la liquidación aplazada y progresiva de la deuda, con ajuste a sus ingresos.

Asimismo, el texto busca que el Gobierno prime fiscalmente la vivienda protegida frente a la libre, el alquiler frente a la compra y los inmuebles ocupados frente a los desocupados.

De esta forma, pide la anulación de las deducciones fiscales a la compra de vivienda libre o el recargo de hasta un 250 por ciento en los impuestos que afecten a inmuebles desocupados.

Por otro lado, crea la figura del Servicio Público de Vivienda, a través de la creación de parques públicos permanentes en alquiler, y apuesta por la promoción de vivienda protegida calificada de por vida y vendida en derecho de superficie.

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Herrera (ICV):“penalizar la vivienda vacía y mal conservada“

idealista.com - 06 de abril de 2009

el secretario general de iniciativa per catalunya verds (icv) y portavoz de la comisión de vivienda en el congreso, joan herrera, asegura en una entrevista para idealista news que hay que reglamentar las penalizaciones en el ibi de las viviendas vacías o mal conservadas, como una propuesta para salir del parón inmobiliario

icv apuesta por favorecer fiscalmente la rehabilitación y el alquiler, a través de la devolución del iva en la producción de vivienda de alquiler y de la reducción al 7% del iva en rehabilitación . “la fiscalidad tendría que priorizar su apoyo al alquiler en lugar de la venta y a la ayuda selectiva a sectores más desfavorecidos en el acceso a la vivienda”, asegura herrera, que añade que “la subvención indiscriminada en el irpf a la compraventa sólo propicia subidas de precios y perjudica el alquiler”

para este partido político el derecho a la vivienda tiene que ser la máxima prioridad del gobierno español. “tendría que dotar al mercado de la vivienda de una mejor financiación hasta llegar al 2% del pib, pues en la actualidad sólo llega al 0,84% del pib, y en 2012 tendríamos que llegar al 1,5% del pib”, argumenta herrera

el secretario general de icv también reclama que los patrimonios públicos del suelo y de la vivienda se destinen preferentemente a promover el derecho a la vivienda. “los importantes stocks de suelo de los ministerios de defensa, como cuarteles, del ministerio de fomento, como infraestructuras, no pueden seguir siendo destinados a financiar otras actuaciones, sino a hacer frente al grave problema de acceso a la vivienda”, señala

en cuanto a la rehabilitación de inmuebles que, según el gobierno, creará puestos de trabajo y reactivará el sector, icv ha propuesto al gobierno un plan de rehabilitación ecológica de viviendas con una dotación de 2.000 millones de euros al año. “el objetivo es contribuir a la mejora del parque de vivienda en la rehabilitación energética e hidrológica de 500.000 viviendas al año y mejorar la eficiencia energética de los edificios y, así, ofrecer una alternativa al sector de la construcción en el actual cambio de ciclo económico”

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CC.OO. exige la negociación inmediata para llegar a un pacto

europapress.es - 07 de abril de 2009

por la vivienda con todas las administraciones

CC.OO. exigió hoy la negociación inmediata con todas las administraciones para llegar a un pacto por la vivienda y crear patrimonios públicos de suelo con destino a viviendas públicas protegidas y viviendas en alquiler.

De esta manera, el sindicato considera que se recuperará y potenciará una política pública de vivienda "que la aleje de la especulación del suelo y de los precios", señaló su portavoz, Francisco Naranjo, quien indicó que "la vivienda está perdiendo la consideración como activo financiero y valor de inversión".

A su juicio, esto hace necesario "una intervención social y política que corrija los desmanes del mercado inmobiliario, al tiempo que se devuelve a la vivienda su carácter de bien esencial para los ciudadanos españoles".

CC.OO. valoró los datos sobre hipotecas constituidas en la región a lo largo de enero de 2009, según los cuales el número de hipotecas se redujo un 35 por ciento respecto al año anterior con un total de 6.069 viviendas.

Naranjo señaló que la hipoteca media madrileña para comprar una vivienda se redujo un 15,3 por ciento respecto al año anterior, situándose en 154.704 euros en enero de de 2009 respecto los 182.825 euros de 2008. Además, apuntó que la hipoteca media madrileña se encuentra todavía casi un 27 por ciento por encima del importe medio de la media nacional, que se encuentra en 122.091 euros.

El volumen de dinero prestado por bancos y cajas de ahorros en Madrid para comprar una vivienda se aproxima a los 939 millones de euros, lo cual supone un 45 por ciento menos que el año anterior.

Así, Naranjo reiteró que la caída del mercado inmobiliario, el alto endeudamiento de las familias y el incremento del desempleo "están pasando factura" en el sector de la construcción, lo cual se percibe en el descenso del dinero prestado para hipotecas, la caída de su importe medio y la propia disminución de la compraventa de viviendas y del número de viviendas hipotecadas.

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Llevan al Supremo el 'aguinaldo fiscal' a los banqueros

LibertadDigital.com - 21 de abril de 2009

El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso presentado por el sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda contra la "ilegalidad" de la rebaja de la tributación de los directivos y socios de las entidades financieras aprobada por el Gobierno, que lo considera un "tema menor".

Según informó el secretario general del sindicato, José María Mollinero. La impugnación de Gestha al Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, se basa en la extralimitación del reglamento por "sobrepasar" lo dispuesto por la Ley de Renta y por "la discriminación que representa el dar un aguinaldo a los banqueros, y no a los socios o administradores de la pymes", explicó Mollinero.

La impugnación de Gestha al Real Decreto 1804/2008, de 3 de noviembre, se basa en la extralimitación del reglamento por "sobrepasar" lo dispuesto por la Ley de Renta y por "la discriminación que representa el dar un aguinaldo a los banqueros, y no a los socios o administradores de la pymes", explicó Mollinero.

Gestha tiene ahora hasta el próximo domingo 26 de abril para formular la demanda y presentar sus alegaciones contra la modificación del Reglamento, aprobada mediante disposición final tercera de la Ley 36/2006 de medidas para la prevención del fraude fiscal.

Mollinero recordó que el Gobierno no incluyó esta rebaja fiscal a los banqueros en el proyecto de Reglamento, por lo que ni los técnicos de Gestha ni el Consejo de Estado "pudieron analizar este precepto", mediante el que el Gobierno "beneficia a un grupo selecto de personas sin tener habilitación legal".

El Alto Tribunal podría tardar cerca de cuatro años en resolver el recurso, durante los que no se paralizará la aplicación de la rebaja impositiva a los banqueros.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado mes de diciembre rebajar la tributación de los directivos y socios de las entidades financieras cuando obtienen rendimientos de capital mobiliario de sus propias entidades, de tal forma que, con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2008, dichos rendimientos tributarán al 18% en el IRPF y no al 43% establecido en la Ley 35/2006 del IRPF.

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Cajas y bancos impiden se beneficien del descenso euribor

Invertia.com - 01 de mayo de 2009

La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae) acusó hoy a las cajas de ahorros y a los bancos de estar realizando "maniobras" para impedir que los consumidores se beneficien mínimo histórico del Euribor (1,77%).

"A pesar del nuevo mínimo histórico del Euribor a 1,77%, Adicae calcula que más de la mitad de las hipotecas no se beneficiarán de este descenso por maniobras de las entidades de crédito", recalcó la asociación en un comunicado.

Adicae indicó que bancos y cajas están colocando entre sus clientes productos de inversión "arriesgados haciéndolos pasar por seguros, que garantizan un tope máximo en caso de una subida de tipos".

La asociación agregó que la necesidad de miles de consumidores de renegociar su hipoteca está provocando "presiones para imponer límites a la bajada de tipos", incluso en las solicitudes de aplicación de la moratoria hipotecaria aprobada por el Gobierno.

Así, Adicae ha interpuesto las reclamaciones correspondiente ante el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que se acabe con estas "indeseables y perjudiciales" prácticas.

"Exigimos a estos organismos que actúen y abandonen su actitud pasiva y complaciente frente a los continuos escándalos hipotecarios cometidos fraudulentamente por bancos y cajas de ahorros contra los derechos de los consumidores", recalcó Adicae.

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La Justicia da más poder a los bancos para embargar

Expansión.com - 24 de abril de 2009

bienes de los hipotecados. Dos autos embargan tanto la finca hipotecada como el resto de bienes del deudor y de sus fiadores, procesos que hasta ahora no se acumulaban.

Vía libre para embargar todos los bienes del moroso que adeuda una hipoteca. Ante la crisis, la Justicia ha ampliado los procesos de reclamación de deudas hipotecadas, por lo que ahora permite acumular el procedimiento de ejecución ordinario al hipotecario, cuando, hasta ahora, la jurisprudencia lo negaba. De esta forma, a la subasta de la finca del deudor se le suma ahora el procedimiento ordinario, que aunque es más lento que el hipotecario, puede embargar todos los bienes del moroso, e incluso, de sus fiadores.

La mayoría de los beneficiados por esta nueva tendencia son las entidades financieras, aunque también afecta a las empresas que participan en operaciones de garantía hipotecaria. Hasta ahora, era suficiente con la subasta de inmuebles, que siempre subían, pero la caída del mercado hace que, o no lo sea o la subasta no se realice. La acumulación de bienes –que puede sumar más fincas, acciones, maquinaria, mercancías, etc.– ofrece más garantías al acreedor.

Según los expertos, esta ampliación es una tendencia procesal y ligada a la coyuntura económica a la que pueden sumarse en el futuro algunas audiencias provinciales. Así, los juzgados de Primera Instancia de Rubí y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) se han pronunciado en sendos autos de 18 de noviembre de 2008 y de 9 de marzo de 2009, respectivamente.

De esta forma, el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Rubí estima el recurso de una caja de ahorros que podrá embargar, además del inmueble hipotecado objeto del procedimiento, el resto de bienes del deudor.

Y el Juzgado de Primera Instancia número 6 de Vilanova i la Geltrú trae a colación el artículo 1.911 del Código Civil, que establece que “del incumplimiento de sus obligaciones responde el deudor con todos sus bienes presentes y futuros”.

En consonancia con éste, el artículo 105 de la Ley Hipotecaria establece que “la hipoteca podrá constituirse en garantía de toda clase de obligaciones y no alterará la responsabilidad ilimitada del deudor que establece el artículo 1.911 del Código Civil”. Por lo tanto, entiende el juez, “la garantía hipotecaria de la que goza el acreedor sobre una finca del deudor principal no debería ser óbice para que pueda dirigirse, tanto contra el resto de sus bienes, como contra todos los bienes de la fiadora”.

Y concluye el auto: “El acreedor puede dirigirse contra cualquiera de los deudores solidarios o contra todos ellos simultáneamente. Las reclamaciones entabladas contra uno no serán obstáculo para las que luego se dirijan contra los demás, mientras no se cobre la deuda por completo”.

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Las autonomías compran 10.764 pisos a las promotoras

El País - 21 de abril de 2009

para pasarlos a VPO. La operación representa el 1,4% del 'stock' de casas invendidas, que son 800.000

Las viviendas de obra nueva siguen amontonándose. En el mejor de los casos, ya son cerca de 800.000 las casas que siguen sin poderse vender. La cifra no hace más que engordar, lo que inquieta sobremanera a las inmobiliarias, que acaban de pedir a las administraciones que adquieran estos pisos para realizar política de vivienda.

Sin embargo, las comunidades llevan cerca de un año desarrollando esta medida, sin gran éxito hasta ahora. Las ocho primeras autonomías en ponerla en marcha sólo han conseguido comprar 10.764 pisos del mercado libre para convertirlos en vivienda de protección oficial (VPO). Es decir, el 1,4% de las existencias totales.

Entre las adquisiciones directas y otras fórmulas para comprar pisos, como nuevas figuras protegidas con precios máximos más altos, algunas comunidades han iniciado el camino. Andalucía es la autonomía que más pisos ha captado (3.940), seguida de Cataluña (2.038), Canarias (1.000), la Comunidad Valenciana (840), Castilla-La Mancha (800) y Baleares (400).

La Comunidad de Madrid está desplegando también esta posibilidad. De momento, ha captado unos 1.700 pisos, pero no para transformarlos en VPO, sino para convenir los precios y asegurar la financiación. En otras comunidades consultadas, como Aragón o Extremadura, no han llegado peticiones de los promotores, mientras que en Cantabria sólo han adquirido 46 viviendas.

El presidente de la patronal del sector, José Manuel Galindo, reclamó el viernes al Ejecutivo que les comprara los pisos que tienen sin vender. El día anterior ya lo había pedido el vicepresidente de la asociación, Enric Reyna. Si no se deshacen de estas casas, argumentó, no se pueden reiniciar las obras paradas, poner en marcha nuevos proyectos e incluso cumplir los planes de vivienda. Pero el Ministerio de Vivienda fue tajante. "El Gobierno no se lo ha planteado en ningún momento", dijo la directora general de Arquitectura y Vivienda, Anunciación Romero.

En realidad el Gobierno central ya abrió la puerta a esta posibilidad cuando la ex ministra del ramo Carme Chacón reformó el Plan Estatal de Vivienda 2005- 2008. El Ejecutivo pasó a considerar que "vivienda usada" es la que lleva más de un año en el mercado, en vez de dos; se subieron los topes del metro cuadrado de las viviendas de precio concertado en las grandes ciudades y se previeron ayudas.

Pese a que la casi 11.000 viviendas adquiridas pueden no parecer muchas, el economista y ex secretario de Vivienda de la Generalitat, Ricard Fernández, cree exitosa esta cifra. "En relación al stock es poco, pero hay que compararlo a la promoción de vivienda protegida. La compra de pisos libres para convertirlos en públicos no debe hacerse para reducir las casas sin vender, sino para que el ciudadano pueda acceder a la vivienda", asegura. Si se compara con los pisos sociales construidos en 2008 en España, los adquiridos a promotores privados suponen un 11%.

El presidente del lobby inmobiliario G-14, Pedro Pérez, considera que esta política corresponde a una "dinámica coherente" con el parón del mercado, puesto que la demanda se acumula por las dificultades de las familias para obtener hipotecas, las dudas sobre la evolución de los precios y el aumento del paro. "Si hay tantos pisos sin vender, ¿por qué hacer más? La reforma de Chacón iba en buena dirección, pero su transposición a los planes autonómicos va con retraso", sostiene.

Cataluña, Canarias y Baleares compraron viviendas a través de ofertas públicas. La Generalitat calculó que con esta fórmula se ahorraba tiempo y dinero. Estimó que costó el 98% menos, porque sólo hacía de mediadora entre propietario y comprador. Aun así, se hizo con 317 pisos de los 500 que esperaba comprar. El resto, hasta los 2.038, corresponden a una nueva figura de precio tasado. Reyna tachó esta semana la oferta pública de "fracaso" porque los precios de compra no eran "realistas".

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El Estado no puede comprar pisos y soportar el mantenimiento

Adeces.org - 24 de abril de 2009

Los promotores no se adaptan a la crisis y carecen de un nuevo modelo de negocio. ADECES rechaza la propuesta de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE). La acusación de competencia desleal a los bancos es insostenible

ADECES (Asociación pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales) rechaza de plano la propuesta de la Asociación de Promotores Constructores de España que requiere al Estado para comprar pisos en “stock” y soportar el coste de su mantenimiento, bajo el pretexto de la creación de empleo y practicar una política social, es decir, destinarlos a determinado tipo de demanda en régimen de venta o alquiler. Según la patronal esta propuesta supondría la creación de un círculo virtuoso: dar salida a un 'stock' "injusto desde el punto de vista social e ineficiente económicamente", eliminar riesgo a los bancos, prestar política social de vivienda y ayudar a las empresas inmobiliarias y, por ende, al empleo.

Sin embargo, para ADECES, lejos de esta supuesta perfección, la propuesta representa un círculo vicioso porque:

a.- El Estado se convertiría en propietario de viviendas, con la obligación de colocarla en el mercado, gestionarla y, en su caso, mantenerla.

b.- El Estado intervendría de forma directa, si adquiere un número significativo de la bolsa de viviendas en “stock”, en el mercado inmobiliario, determinando los precios y condiciones de alquiler o venta. Desde ADECES hemos manifestado en múltiples ocasiones que la satisfacción del derecho de acceso a la vivienda digna no debe garantizarse a través de la propiedad mediante los programas de protección oficial.

c.- No hay ninguna razón para pensar que el Estado tenga más facilidades para vender o alquilar viviendas que la iniciativa privada.

d.- Si el Estado puede pagar los créditos subrogados de los promotores mediante la venta o el alquiler de los pisos adquiridos de la bolsa, ¿por qué no pagan los promotores sus créditos con las entidades mediante la venta o el alquiler de los pisos que tienen en “stock”?.

e.- Tampoco hay razón para que el Estado adquiera parte de los pisos en stock a los promotores bajo el pretexto de la creación futura de empleo, ya que la bolsa de viviendas seguirá existiendo independientemente de quién sea su propietario, porque no hay todavía una recuperación suficiente de la confianza de los consumidores en la economía para animar el mercado inmobiliario.

Con esta propuesta, los promotores inmobiliarios lo único que demuestran es que siguen creyendo que por unos u otros motivos la sociedad y las administraciones públicas son cautivos de su modelo de “generar riqueza”. Siguen en la misma línea que ya inauguraron tiempo atrás cuando opusieron resistencia a la leve mejora de las normas térmicas o acústicas, o cuando el anterior presidente de la gran patronal afirmó ante la Comisión de vivienda que antes de seguir bajando los precios regalaría las viviendas al banco. En ese caso, ADECES, ya advertía en que confiaba en que el banco bajará los precios y se adecuará a las posibilidades del mercado.

Los promotores tienen que adaptarse al momento para generar liquidez y poder definir un modelo de negocio sobre unas bases diferentes a las que alimentaron la burbuja inmobiliaria: apuesta por la rehabilitación, incorporación del mercado de vivienda a satisfacer necesidades sociales e individuales como la eficiencia energética y la calidad acústica y la preservación de los recursos.

Por último, ADECES, no quiere dejara pasar la advertencia lanzada por APCE y respecto a la supuesta competencia desleal que practican bancos y cajas que venden más baratos los pisos que ejecutan. Resulta realmente llamativo que se acuse de competencia desleal a quienes están tratando de recuperar parte del dinero prestado, bajando los precios, para adecuar las condiciones de venta a las circunstancias de un mercado paralizado, y sin embargo no sean desleales quienes lanzaron mensajes al mercado señalando que los precios ya habían bajado todo lo posible.

En toda esta polémica ADECES no quiere olvidar el más de medio millón de pisos de segunda mano que también están por vender y crean situaciones agónicas para muchas familias que han comprado otra vivienda y todavía no han vendido la suya.

Para más información: Carmen Rodríguez 914667051-655319004 www.adeces.org

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Los partidos obtienen el 70% de sus recursos de la banca

Expansión.com - 19 de abril de 2009

Las formaciones declararon recursos por valor de 66,6 millones de euros en las pasadas elecciones generales. De ellos, 44,6 millones corresponden a créditos bancarios.

Siete de cada diez euros que gestionan los partidos políticos son deuda. Es decir, el 67% de los recursos de los que disponen. Las formaciones declararon fondos por un valor total de 66,6 millones de euros, de los que 44,6 millones corresponden a créditos bancarios, según un informe del Tribunal de Cuentas aprobado el pasado 26 de marzo y en el que se fiscalizan las cuentas de los partidos que se presentaron a las elecciones generales del 9 de marzo de 2008.

El estudio, al que ha tenido acceso este periódico, señala que la mayoría de las formaciones ha cumplido con las obligaciones que impone la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Sólo Nafarroa Bai ha superado el límite máximo de gastos. El resto de las formaciones políticas se ha quedado por debajo.

Los partidos que tienen un mayor endeudamiento son las dos mayoritarios, PSOE y PP, que son, a su vez, los que cuentan con un mayor volumen de recursos. Su situación financiera contrasta, por ejemplo, con la del PNV, que no tiene deuda contraída con los bancos. Los populares deben 16,9 millones de euros, de los 22,5 a los que ascienden sus recursos. Mientras que los socialistas adeudan 14,2 millones, frente a los 19 millones a los que asciende el volumen total de fondos.

Sólo dos partidos aseguran haber percibido aportaciones privadas, UPyD –que financia las campañas electorales con bonos, debido a la dificultad que tiene para acceder a los créditos bancarios– e IU. La ley obliga a declarar cualquier donativo que supere los 6.000 euros. Los de menos cuantía no tienen que ser hechos públicos.

En total, los partidos gastaron 67,7 millones de euros, según lo dispuesto en el informe, de los que 41,6 millones corresponden a operaciones ordinarias –gastos ocasionados por la campaña electoral: desplazamientos y actos políticos, entre otros–, y 26,1 millones, a la actividad de envío de propaganda electoral.

Para sufragar estos gastos, que están subvencionados, los partidos tienen que adelantar la mayor parte del dinero y endeudarse, ya que la Administración entrega casi todos los fondos a posteriori, una vez que se han celebrado las elecciones y teniendo en cuenta los resultados obtenidos. En las elecciones de 2008, los anticipos electorales ascendieron a 15,7 millones de euros, de acuerdo con el informe del Tribunal de Cuentas.

Los consejeros de la institución señalan, en relación con la tesorería electoral, que todas las formaciones han cumplido con las normas legales que establece la LOREG. Las irregularidades detectadas son menores y están relacionadas con pagos fuera de plazo o la forma en la que se abonaron determinados gastos electorales. “No obstante, las cantidades afectadas no representan en todos los casos un porcentaje relevante sobre el conjunto de los ingresos y gastos electorales declarados”, asegura el informe.

Los partidos están obligados a presentar ante esta institución un documento de ingresos y gastos justificados después de cada cita electoral. La función del Tribunal de Cuentas es velar por el cumplimiento de la LOREG y denunciar cualquier irregularidad cometida por las formaciones políticas. El documento ha sido remitido a los partidos para que formulen las alegaciones y presenten los documentos que consideren pertinentes.

Las cifras

PP

Los recursos del principal partido de la oposición ascienden a 22,5 millones, de los cuales 16,9 son deuda. El gasto de los populares rozó el límite, ya que alcanzó los 15,5 millones de los 16,5 de los que podía disponer. Dedicó 8 millones al envío de propaganda electoral.

PSOE

Los fondos de la formación en el Gobierno alcanzan los 19 millones de euros y su deuda supera los 14 millones. Los socialistas también se quedaron a un millón del límite del gasto, 13 millones frente a los 14 permitidos,y destinaron 6,2 millones al envío de propaganda.

IU

Los recursos de Izquierda Unida son cuatro veces inferiores a los del PP y tres a los del PSOE. Pero, pese a ello, su endeudamiento casi asciende a la mitad de los fondos.

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Los bancos tendrán que vigilar a los políticos

El País - 04 de abril de 2009