BOLETÍN DEL 27 DE OCTUBRE DE 2006
 
 
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España y vivienda
 
RAJOY RECHAZA LA OFERTA DEL PSOE DE PACTO CONTRA CORRUPCIÓN
El Mundo - 22 de octubre de 2006
 
Fuentes del PSOE afirman que elaborarán un decálogo que no se planteará al resto de partidos

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha afirmado que los socialistas primero crean líos y luego piden pactos, y recalcó que el único pacto válido contra la corrupción urbanística es que los corruptos "dejen de robar y que actúen la policía y los jueces".

Rajoy, que intervino en Cáceres en un acto público de apoyo al candidato del PP a la Presidencia de la Junta Extremadura, Carlos Floriano, rechazó así al pacto contra la corrupción urbanística en los ayuntamientos propuesto ayer por el secretario de Organización del PSOE, José Blanco.

"No todos somos iguales, nosotros no tenemos alcaldes que piden 40 millones de euros y los concejales del Partido Popular de Marbella están en la calle y otros y su candidata están en la cárcel", afirmó el líder del PP.

Del pacto que el PSOE le pensaba ofrecer al PP este lunes no se conocen los detalles. "Nuestra voluntad es ir a por todas caiga quien caiga", subrayó este sábado el secretario de Organización del PSOE, José Blanco.

Sin embargo, fuentes de la Ejecutiva socialista citadas por Europa Press matizan ahora esta oferta. Según explican, la dirección del PSOE aprobará mañana un decálogo de medidas contra el "urbanismo salvaje" y la "especulación urbanística" que será asumido por el PSOE y no se planteará al resto de los partidos en términos de pacto. Eso sí, la dirección socialista cree que todas las formaciones deberían asumirla y "muy especialmente el PP".

Argumentan que en ese decálogo se plantea la necesidad de una gestión racional del suelo "acabando con la política que potenció el PP durante sus 8 años de Gobierno de urbanismo incontrolado".

La dirección socialista insiste en la tesis defendida por Blanco, esto es que la situación de corrupción que se está dando "es consecuencia de un urbanismo salvaje alimentado durante los años de gobierno del Partido Popular a partir de la modificación de la Ley del Suelo" y de que "se había vaciado de contenido la Fiscalía Anticorrupción.

Este domingo también se pronunció el líder del PSOE de Madrid, Rafael Simancas, que afirmó que "el urbanismo depredador forma parte del discuro del PP y cuando surge algún escándalo, el partido de Esperanza Aguirre se dedicaa taparlo".

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PSOE PLANEA QUE EL ESTADO VUELVA A INTERVENIR EN URBANISMO
El País - 23 de octubre de 2006
 
José Blanco presenta hoy un decálogo de medidas para paliar el "desarrollo salvaje"

El PSOE presentará hoy un decálogo de medidas contra el "desarrollo urbanístico salvaje" y promoverá cambios legislativos para que el Estado intervenga, en colaboración con comunidades autónomas y ayuntamientos, en la ordenación del territorio. Para lograr ese objetivo, los socialistas aprovecharán la reforma de la Ley del Suelo, en tramitación en el Congreso, y su programa para las próximas elecciones municipales y autonómicas. En su oferta electoral incluirán la propuesta de crear comisiones mixtas formadas por el Estado, comunidades autónomas y áreas metropolitanas.

Además de la reforma de la Ley del Suelo presentada por la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, el pasado mayo y que se encuentra en el Congreso en fase de presentación de enmiendas, el PSOE prepara un bloque de propuestas, que detallará en su programa electoral municipal, para frenar "el urbanismo especulativo". Esa parte del programa, dirigida por el responsable de Ciudades, Álvaro Cuesta, cuenta ya con numerosas aportaciones para perfilar "una nueva política urbanística y del territorio". La cúpula del PSOE estima que están saliendo a la luz escándalos de corrupción porque el Gobierno ha activado mecanismos "dormidos o inexistentes" para combatirla.

El comité permanente de la ejecutiva federal estudiará hoy un decálogo contra la corrupción urbanística, que será presentada por el secretario de Organización, José Blanco. El PSOE no se dirigirá al PP para ofrecerle un pacto en torno a este asunto, sino que confía en que las medidas para atajar la corrupción urbanística sean asumidas por todas las fuerzas políticas.

Los socialistas quieren llevar con cautela el debate sobre la intervención del Estado en la ordenación del territorio porque se trata de un asunto delicado, en el que las competencias las tienen las comunidades autónomas y a los ayuntamientos les corresponde la elaboración de los planes urbanísticos. En la Conferencia Política de hace cuatro semanas, el PSOE aprobó un texto que ahora desarrollará, con vistas a incluirlo en el programa para las elecciones municipales de 2007.

Coordinar administraciones

En ese primer documento se advierte de que "hay que dar una respuesta organizativa para potenciar las áreas de influencia urbana o metropolitana para fines específicos". Y esas áreas necesitan "una respuesta supramunicipal" para la "planificación urbanística y los servicios de interés metropolitano, tales como el transporte, el ciclo hidráulico, la gestión medioambiental y de residuos, la vivienda, la seguridad y el desarrollo económico local".

Para esta tarea se hace necesario, según los socialistas, "una acción coordinada entre la Administración del Estado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos". Así, proponen crear en cada área metropolitana "una comisión bilateral integrada por la representación del Estado, y la de la comunidad autónoma y el área metropolitana respectiva".

La responsable federal de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, Soraya Rodríguez, resalta que "las comunidades autónomas tienen que asumir su responsabilidad plena en la ordenación del territorio exigiendo planes territoriales supramunicipales que fijen criterios, orientaciones y límites razonables al desarrollo urbanístico en el ámbito municipal".

En el decálogo que hoy presentará José Blanco se incluye la potenciación del fiscal especial con atribuciones en ordenación del territorio, medio ambiente y patrimonio histórico. También se propone reforzar las medidas disciplinarias de los ayuntamientos contra las actuaciones ilegales sobre suelos no urbanizables, y reforzar las incompatibilidades de los responsables políticos y administrativos relacionados con la gestión urbanística.

Los socialistas piden a las autonomías que "la colectividad participe en el aprovechamiento urbanístico atribuido al suelo urbano, cuando se generen plusvalías derivadas de una mayor edificabilidad concedida por el planeamiento". Y les reclaman que estén asegurados, por parte de las administraciones competentes, los servicios y dotaciones imprescindibles para que "el crecimiento urbanístico contribuya a mejorar el bienestar de la población".

A los ayuntamientos se les pide que eviten "la ocupación indiscriminada del territorio" y que establezcan "límites racionales al crecimiento urbano". Estos límites derivarán de la dotación de servicios e infraestructuras y de las demandas económicas y demográficas reales.

El fin del "todo urbanizable"

Los escándalos urbanísticos destapados en estos días tienen, según los socialistas, un culpable, además de la condición humana: la Ley del Suelo de 1998, promovida por el Gobierno del Partido Popular. La propuesta del actual Ejecutivo para reformar esa normativa, pendiente de que presenten enmiendas los grupos parlamentarios en el Congreso, será una de las más relevantes de este periodo de sesiones por los cambios que introducirá.

El hecho de que la ley de 1998 declarara urbanizable todo el suelo está en el meollo de los problemas actuales. Esa liberalización permitió la compra de grandes superficies de suelo a precio muy bajo, para su posterior venta a precio de terreno urbanizable, con plusvalías desmesuradas y comisiones ilegales de por medio.

La futura ley cortará ese circuito, porque se vuelve a la distinción entre suelo rural y urbanizado. Además, se atribuirá al suelo el valor de su situación actual, y no en función de la expectativa de su desarrollo futuro, como si ya estuviera urbanizado. Ahora, el propietario recibe plusvalías importantes sin que haya invertido nada en los servicios y equipamientos necesarios en un suelo urbanizado.

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LAS VIÑETAS DE IRREVERENDOS
Irreverendos.com - 27 de octubre de 2006
 
 
Esta semana os traemos una selección de viñetas del portal Irreverendos.com, en el que podéis encontrar muchas más relacionadas con la vivienda y el urbanismo:









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EL BCE PIDE LA ELIMINACIÓN DE LA INTERVENCIÓN PÚBLICA
Expansion.com - 23 de octubre de 2006
 
Para flexibilizar el mercado inmobiliario

El presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, apuesta por eliminar las distorsiones en los mercados de los inmuebles causadas por las medidas fiscales y por los programas regulatorios y administrativos para frenar el encarecimiento de las viviendas en algunos países de la zona euro como España.

Trichet ha realizado este comentario en una carta dirigida a un miembro del Parlamento Europeo, fechada el 13 de octubre y difundida en la página web del parlamento.

Preocupación

El presidente del BCE también ha advertido que la rápida subida de los precios de la vivienda en algunos países de la zona euro es un motivo de preocupación y merece ser vigilada de cerca. "En algunos países, los incrementos de los precios de las viviendas han pasado a ser tan fuertes que las autoridades nacionales han expresado su preocupación y han comenzado a implementar medidas para contenerlos".

Trichet ha expresado que "el BCE comparte esas preocupaciones y considera que el ritmo rápido de incrementos de precios de las propiedades residenciales en algunas regiones del área del euro requieren una vigilancia estrecha, dadas las potenciales consecuencias para esas regiones y para el área del euro en su conjunto".

El banquero francés considera que la flexibilidad del mercado de la vivienda aumentaría si se eliminaran las distorsiones en los mercados de los inmuebles causadas por las medidas fiscales y por los programas regulatorios y administrativos.

El Ministerio de Vivienda español anunció las emana pasada que el precio medio de la vivienda libre creció un 9,8% en septiembre en comparación con el mismo mes del año pasado, con lo que se mantiene la tendencia de desaceleración del mercado. Es la primera vez en cinco años y medio que la tasa de encarecimiento de los pisos baja de los dos dígitos.

Tipos

Respecto a la evolución de los precios, Trichet ha reiterado que "el BCE continuará vigilando muy de cerca todos los acontecimientos para asegurar la estabilidad de precios a medio y largo plazo". El banquero ha usado estas palabras para indicar que planea elevar en diciembre los tipos de interés por sexta vez en el año hasta el 3,5%.

Los aumentos de precios han sido elevados por algún tiempo, principalmente debido a un repunte sostenido de los precios del petróleo y a los incrementos en los impuestos indirectos y los precios controlados por los gobiernos.

Trichet sostiene que para lograr la estabilidad de precios, la política monetaria debe asegurar que esos incrementos de precios de "primera ronda" no alimenten las expectativas inflacionarias y se arraiguen en la estructura de costes, en los llamados "efectos de segunda ronda".

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EL MAPA DE LA CORRUPCIÓN MUNICIPAL
El Mundo - 23 de octubre de 2006
 
Cada día se transforma en España una superficie de suelo similar a la que aproximadamente ocupan tres campos de fútbol. Nuestro país, el que más viviendas construye de la Unión Europea, va también en cabeza en lo que se refiere a corrupción urbanística.

En el 'paraíso del ladrillo' los escándalos inmobiliarios se suceden a una velocidad pasmosa, sobre todo desde que salió a la luz el 'caso Malaya' en Marbella y con el definitorio horizonte de las elecciones municipales y autonómicas cada vez más próximo.

Los ayuntamientos están bajo sospecha. A la corrupción le gusta el Mediterráneo, pero seduce por igual a todos los signos políticos. Éstos son sólo algunos de los numerosos casos surgidos, denunciados o investigados en los últimos meses.

Los ayuntamientos se han convertido en la china en el zapato de la ordenación del territorio. O al contrario. Entre el 35% y el 40% del presupuesto de las corporaciones locales procede del ámbito urbanístico, y esta dependencia, unida quizá a un exceso competencial y a la simple codicia, hace muy difícil negarse a autorizar un proyecto que indefectiblemente va a repartir suculentos beneficios.

El pasado viernes, la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, reclamó "tolerancia cero" contra la corrupción urbanística, al tiempo que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) se decidía a impulsar un acuerdo con los grupos políticos, las comunidades autónomas y el Ejecutivo para que las corporaciones locales dejen de estar en el punto de mira. Mientras eso llega, éstos son algunos de los escándalos recientes:

Comunidad de Madrid

Enrique Porto. (P. Carrero)

El panorama está enfangado desde la vuelta del verano. Los socialistas están obsesionados con el ladrillo porque creen que ahí pueden hacer daño al PP en una precampaña electoral difícil, sobre todo tras el patinazo de la fallida candidatura de José Bono. Y se han empeñado a fondo en denunciar múltiples y presuntos escándalos. El caso Porto fue el más grave. El director general de Urbanismo de la Comunidad pertenecía, antes de ser alto cargo, a una empresa de arquitectos y urbanistas (Plarquin) que ha realizado muchos planes generales no sólo en Madrid, sino en toda España. Enrique Porto acabó dimitiendo cuando se desveló que él mismo tenía intereses inmobiliarios en Villanueva de la Cañada.

Tras él, vinieron los supuestos pelotazos en los que los beneficiarios eran familia de Aguirre. Operaciones legales cuyo delito era que sus protagonistas tenían lazos de parentesco con la presidenta regional, aunque las operaciones se produjeran antes de que ella tomara posesión. El PP, desde entonces, puso también el ventilador. "Si todos nos echamos mierda, perdemos todos; pero es mejor perder todos que no que pierdan siempre los mismos", explicaba un alto cargo de la Comunidad.

A partir de ahí, han salido a la luz pública el caso de Aldea del Fresno, en el que un juez ha retirado las competencias urbanísticas al alcalde socialista, o el más grave de Ciempozuelos, en el que dos ex alcaldes también del PSOE están siendo investigados por la Fiscalía Anticorrupción por blanqueo de capitales (presuntamente cobraron una comisión de 40 millones de euros e hicieron ingresos millonarios en Andorra).

Comunidad Valenciana

Cañavate. (EFE) La Comunidad Valenciana figura en los mapas de corrupción gracias, en parte, a la provincia de Alicante. El alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi (PP), está imputado por la supuesta adjudicación irregular de tres aparcamientos a un constructor afín.

En Orihuela, las sospechosas adjudicaciones de planes urbanísticos a determinados empresarios, con recalificación incluida, para construir miles de casas y varios campos de golf han llevado a Anticorrupción a sentar al primer edil, del PP, por un delito contra la ordenación del territorio. A ello, se suman las relaciones entre los constructores y el regidor, que durante meses se ha paseado con coches de lujo y residido en las casas de algunos de los supuestamente beneficiados. En las zonas rurales del municipio hay más de 8.000 casas ilegales y sólo durante este ejercicio se han levantado 600 actas de expedientes sancionadores por construcciones irregulares.

No muy lejos de allí hay otros municipios que han optado por transformar de forma masiva su huerta tradicional por viviendas. Es el caso de Catral, a cuyo Ayuntamiento (PSOE) el Gobierno valenciano le ha retirado las competencias urbanísticas, al más puro estilo Marbella, por haber tolerado la construcción de 1.250 casas en zona no urbanizable de especial protección. Cerca está Dolores, cuyo alcalde (PP) se ha visto salpicado por algunas informaciones que revelan que una empresa promotora inscribió unas viviendas a nombre de su madre.

En el interior de la provincia, no hay pueblo que no tenga previsto desarrollar un Plan de Actuación Integrada con cientos de casas. El caso más sorprendente es el de Castalla, donde campan más de 1.000 viviendas no autorizadas por la Consejería de Territorio, algo que ha reconocido el propio alcalde, del PP.

Valencia tampoco se salva. Uno de los casos paradigmáticos es Onteniente (PSOE), con 5.000 chalés ilegales; es decir, cinco veces más que Catral. La permisividad del Consistorio ha provocado que el número de chalés y adosados ilegales se haya doblado desde finales de los 90. Otros casos sonados en Valencia son los que afectan a los escasos espacios naturales que sobreviven con dificultad al auge del ladrillo: una reciente sentencia recriminó la construcción de 25 adosados en pleno Parque Natural de La Albufera, en Sueca (PSOE), mientras el alcalde socialista de Estivella sigue intentando sacar adelante un proyecto que incluye un campo de golf en la amenazada Sierra Calderona. El alcalde popular de Riba-roja del Túria, enfrascado en el polémico PAI de Porxinos (que incluye la nueva ciudad deportiva del Valencia CF) denunciado ante los tribunales, o el socialista El Puig, donde se paralizó un proyecto que multiplicaba por seis la población, son algunos de los casos más espectaculares.

Andalucía

El epicentro del terremoto urbanístico nacional se localiza en Marbella. La 'operación Malaya' ha desvelado un complejo entramado de corrupción que había echado fuertes raíces en el Ayuntamiento costasoleño desde la época del difunto Jesús Gil. El Consistorio fue disuelto y ya ha habido más de 60 detenciones. Una decena de personas sigue en prisión; entre ellos el ex asesor de Urbanismo y presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, y el ex alcalde de la corporación Julián Muñoz, así como otros cinco ex ediles. Aun siendo el más pintoresco, el de Marbella no es el único caso de escándalo urbanístico andaluz. Por ejemplo: en el caso Camas, en Sevilla, se investiga un presunto intento de soborno en el que habría participado el alcalde (IU), denunciado por una ex concejala del Ayuntamiento sevillano. El empresario Eusebio Gaviño le habría ofrecido 619.000 euros y una casa en Zahara de los Atunes a cambio de que votara a favor de una serie de recalificaciones. El propio Gaviño también ha sido acusado de organizar en la sombra una moción de censura en otro pueblo cercano, Bormujos, donde su primo es el alcalde.

En Cádiz, el Gobierno autonómico también ha arrebatado las competencias urbanísticas al Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Independientes Portuenses) tras escándalos como el de Las Beatillas, un complejo cuyo derribo parcial ya ha sido ordenado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

En Grazalema (PSOE), el ex arquitecto municipal acaba de entrar en la cárcel después de que varios constructores le acusaran de cobrar comisiones. En su currículo figura el haber permitido levantar un edificio de siete plantas que obligó a desviar el río Guadalete. En Barbate (PP), pese a las sentencias dictadas, aún sigue en pie la Casa Club Social de la Dehesa de Monteenmedio, construida sobre suelo no urbanizable y con un campo de golf sin papeles. En Córdoba, son continuas las acusaciones del PSOE contra la alcaldesa de la capital y portavoz federal de IU, Rosa Aguilar, de haber dado un trato de favor a la empresa del constructor Rafael Gómez, Sandokan, uno de los imputados en la operación Malaya. En Huelva, el PP acusa a los socialistas de haberse apoyado en una tránsfuga para gobernar Gibraleón por "intereses urbanísticos inconfesables".

En este muestreo incompleto, debe resaltarse la dimisión del ex concejal de Urbanismo del municipio granadino de Armilla, el socialista Gabriel Cañavate, tras conocerse la espectacular evolución de su patrimonio en seis años.

Castilla-La Mancha

El western manchego del verano lo protagonizó un alcalde insobornable de IU que, armado con una afortunada denuncia, se enfrentó al rey del ladrillo, Paco 'El Pocero', por un puñado de 13.500 viviendas en Seseña (Toledo).

El regidor Manuel Fuentes se atrevió contra una presunta red de corrupción urbanística destinada a obtener un pelotazo de 800 millones de euros en la que participarían el constructor, que es amigo de todo el mundo y el dueño de una de las fortunas más grandes de España, miembros del PSOE y funcionarios municipales con apoyo de la socialista Junta de Castilla-La Mancha. El final de este David contra Goliat de hormigón está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga unas actuaciones que podrían constituir un delito continuado de prevaricación, de falsificación documental y de malversación de caudales públicos.

Pero el caso sirvió para que Izquierda Unida se animara en Toledo y denunciara que el Ayuntamiento -del PP- olía "a corrupción" tras la venta de tres parcelas tan sólo dos días antes de que se paralizara el proyecto urbanístico.

Un supuesto "reparto de dinero con maletines" para "comprar las voluntades del pueblo" se conocía esta semana en Hellín (Albacete) por cortesía de las denuncias del PP, partido en la oposición, y de Ecologistas en Acción. Se trata de 680 chalés de lujo con 680 piscinas en uno de los lugares de España que tienen más problemas con el agua. Para colmo, el proyecto está en una Zona Especial de Protección de Aves y en un Lugar de Interés Comunitario. La mancha urbanística se ha extendido también hasta la provincia de Cuenca, donde está ubicado casi el 20% de las 4.636 construcciones ilegales denunciadas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil; es decir, 520 edificaciones sin papeles.

La Rioja

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja ordenó que se demoliera parcialmente un bloque de 43 viviendas en el municipio de Lardero, colindante a Logroño, que habría sido construido y promovido por una sociedad de la que el propio alcalde, del PP, es accionista. El PSOE ha denunciado que el actual Plan General Municipal recalifica el doble del actual suelo urbano.

Castilla y León

La provincia de Ávila ha saltado al primer plano de la actualidad a partir de dos casos en los que el urbanismo y el medio ambiente han entrado en colisión. En Las Navas del Marqués se pretendía construir, con el beneplácito de la Junta, 1.600 viviendas, dos hoteles de lujo y un campo de golf en un paraje declarado Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Lugar de Interés Comunitario (LIC), en el que habitan la cigüeña negra y el águila imperial. Pese a que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León prohibió la obra, el promotor inició la tala de unos 5.000 pinos. Esta semana, la Junta presentó en el TSJ un anuncio de recurso contra el fallo del tribunal, que éste remitirá al Supremo. El consistorio popular ha seguido el mismo camino.

El presidente de la asociación ecologista Centaurea, Carlos Bravo, acusó al director general de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre, (PP) de supuesta "prevaricación" en el caso de la "Ciudad del Golf" de Las Navas del Marqués (Avila), al "violar la legislación vigente" en medio ambiente. Este será uno de los argumentos que su organización planteará en los próximos días en la ampliación de la denuncia presentada ante la Fiscalía Especial de Medio Ambiente.

En Villanueva de Gómez, el conflicto se produce por una urbanización de 7.500 viviendas y tres campos de golf próxima a una zona de pinar. Consta de seis sectores, de los cuales se encuentra aprobado el tercero. Se ha autorizado el proyecto a pesar de que la Confederación Hidrográfica del Duero considera que el agua no está asegurada, ya que los vecinos se abastecen mediante cisternas desde hace dos años. Los ecologistas han denunciado la tala de 10.000 árboles y que en el corredor anidan el milano real, el milano negro y una pareja de águila imperial. Tanto el Consistorio como la Junta, ambos del PP, defienden la legalidad del proyecto. Por otro lado, el alcalde popular de Guisando ha sido denunciado porque quiere construir en pleno Parque Regional de Gredos.

Además de estos casos, en los últimos tiempos se han presentado otros proyectos urbanísticos, la mayoría próximos a la Comunidad de Madrid, que podrían ser objeto de nuevas controversias urbanísticas. Entre las localidades afectadas se encuentran Cebreros, con dos proyectos de este tipo; Piedralaves, donde se proyecta el mayor complejo de turismo rural de España, o Santa Cruz del Valle.

Baleares

Durante los últimos meses la Fiscalía se ha mostrado especialmente activa al denunciar, por presuntos casos de corrupción urbanística, a varios alcaldes y concejales del PP. La presidenta de Unió Mallorquina y principal aliada del presidente Jaume Matas, María Antonia Munar, deberá responder ante los tribunales por vender a mitad de precio (30 millones de euros) una finca pública del Consell insular de Mallorca, Can Domenge, en la que habrá 600 viviendas. Eso, pese a que una de las empresas que concursaban, la promotora Núñez y Navarro que dirige el ex presidente del Barça, había ofrecido 60 millones de euros.

Pero el récord se lo lleva el primer edil popular de Andratx, que acumula ya cuatro causas judiciales abiertas. Una por autorizar la construcción de 16 bloques de viviendas en zona supuestamente protegida y otras dos por la presunta construcción irregular de sendas mansiones, promovidas por su familia, en una de las zonas más exclusivas de la isla, Cala Moragues.

El también popular alcalde de Santa Margalida presuntamente confesó en una conversación grabada que algunos ediles de su gobierno habían cobrado 6.000 euros como comisión ilegal para recalificar unos terrenos. La grabación no tiene validez como prueba, pero la Fiscalía ha comenzado a tomar declaración a varios miembros del equipo de gobierno municipal para esclarecer el caso.

Y, en Menorca, la Fiscalía se ha querellado contra dos concejales del Ayuntamiento de Ciutadella, del PP y del Partido Menorquín, por estafa, tráfico de influencias, negociación prohibida y abuso de la función pública en una polémica permuta de terrenos.

Murcia

Sus gobernantes se defienden una y otra vez, pero Murcia es, después de la Comunidad Valenciana, el lugar donde se concentra el mayor crecimiento de superficie artificial, con aumentos superiores al 50%. Es el paraíso Polaris World; el litoral salvaje donde el agua escasea y las piscinas no paran de crecer, donde la huerta mengua y cada vez cuesta más mirar al horizonte. Murcia está unida con la Costa del Sol por el hilo de oro de la operación Malaya. El alcalde socialista de Los Alcázares dimitió tras conocerse las inversiones del marbellí Juan Antonio Roca, que a menudo citaba en sus papeles al arquitecto del municipio murciano.

Roca nació en Cartagena y se sospecha que blanqueó parte del dinero obtenido en Marbella en operaciones urbanísticas en la zona del Mar Menor. El Ayuntamiento de Murcia, del PP, ha permitido a las promotoras construir 22.000 viviendas donde estaban previstas 4.000, incluso donde estaba programado que el Ministerio de Fomento hiciese una carretera.

Cataluña

Debe ser que con la salida de Jordi Pujol de la Generalitat empezó a hundirse el oasis catalán, porque no ha sido hasta los últimos años que han empezado a aflorar escándalos urbanísticos en Cataluña. El último caso está ubicado en Salou (Tarragona). Allí la Fiscalía y el propio Ayuntamiento, de CiU, están investigando la concesión para construir y gestionar un geriátrico y pisos tutelados y la compraventa de un solar por parte del hijo del alcalde, en cuya operación ganó medio millón de euros.

También en la ciudad de Tarragona (CiU), el caso Terres Cavades ha entrado en su recta final. Un juez admitió a trámite en abril de 2005 la querella presentada por una veintena de ex propietarios de 5.000 viviendas contra el ex concejal de Urbanismo, su hermano y un constructor por delitos sobre la ordenación del territorio, prevaricación, cohecho, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad y estafa. La Generalitat paralizó el plan urbanístico y el caso se encuentra pendiente de juicio. Por otro lado, la Fiscalía ha abierto una investigación para averiguar si el secretario del Ayuntamiento convergente de Cervera (Lérida), Joan Roca, ha incurrido en un delito urbanístico. Varios de sus familiares son administradores de las cinco principales inmobiliarias que trabajan en el pueblo y se han recalificado sus terrenos de rústicos a industriales, multiplicando varias veces su valor.

Extremadura

El caso Golf Guadiana lleva exactamente un año dando coletazos en Extremadura después de que el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Badajoz denunciara a la Fiscalía presuntas irregularidades urbanísticas y solicitara la dimisión del alcalde popular y de la concejala de Urbanismo. Al parecer, se construyeron 70 viviendas en el campo de golf en lugar del apartahotel para el que se había otorgado licencia en el Plan Especial.

Galicia

El fiscal de Ordenación del Territorio de Vigo investiga el intento de recalificación de 12 fincas adquiridas en Nigrán por el presidente del Celta. Todo quedó en un mero intento, porque los vecinos del municipio pontevedrés impidieron a pedradas en junio la aprobación del Plan General de Ordenación Municipal. Tuvieron que intervenir los antidisturbios. El alcalde, del PP, es ex director general del Celta y cuñado de un yerno del presidente del club.

De más al sur es el alcalde de Tui, también del PP, para quien el fiscal pide ocho años de inhabilitación por prevaricación. El pasado febrero fue condenado por el mismo delito a otros siete años de inhabilitación, y tiene pendiente un tercer juicio por el mismo motivo, por el que se solicitan 20 años también de inhabilitación. Se da la circunstancia de que, además de alcalde, es promotor inmobiliario.

En el caso por el que se le juzga ahora concedió una licencia para rehabilitar un edificio y construir otro nuevo en una zona catalogada como Bien de Interés Cultural.

La alcaldesa socialista de Cabanas (La Coruña) ha sido condenada a ocho años de inhabilitación por conceder de forma ilegal el permiso para construir unos chalés en una zona costera. El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento socialista de Porto do Son, Juan Manuel Vázquez García, compró cuatro fincas de suelo no urbanizable que, por obra y gracia del Plan que él mismo encargó redactar, se iban a recalificar y doblar su valor.

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HAY QUE RETIRAR COMPETENCIAS URBANÍSTICAS A LOS AYUNTAMIENTO
El Confidencial - 24 de octubre de 2006
 
Ricardo Aroca, el decano del Colegio de Arquitectos de Madrid, tiene fama de no morderse la lengua. Lleva años bregando contra los disparates urbanísticos. Una realidad que atribuye al hecho de que los ayuntamientos sean competentes en materia de suelo. Está convencido de que la corrupción ha anidado en muchos municipios debido a que, cuando hay en juego millones de euros, lo lógico es que algunos ediles caigan en la tentación. No es una cuestión de legalidad sino de moralidad, asegura.

P.- ¿Habría que quitar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos?

R.- La reforma constitucional más urgente que tenemos que hacer es quitar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos, pero para dárselas al Gobierno alemán o al sueco... No es broma. La experiencia ha demostrado que la tutela por parte de las comunidades autónomas no ha servido para nada. Cuando hay miles de millones en torno a una recalificación es evidente que todo el mundo no va a ser tan puro y tan honrado como para no aceptar un soborno.

P.- ¿Cuál es el problema?

R.- No es verdad que cuanto más suelo salga al mercado, será más barato. Se ha demostrado que determinados promotores han acaparado el suelo. Probablemente, la mayoría del suelo que rodea Madrid esté ya comprado en expectativa de destino. Es decir, en espera de que pueda ser urbanizado. El suelo no es un bien que pueda moverse de sitio. Lo que está ya comprado estrangula el mercado.

P.- ¿Y por qué no se cambia la Constitución?

R.- En España es muy difícil tocar la Constitución. Si se quiere tocar es para cosas que yo creo que a la gente le importan un pito, como si vamos a tener una reina o un rey dentro de 80 años. El que los ayuntamientos controlen el urbanismo impide que haya una planificación regional. Fue un error de la Constitución creer en la bondad de los ayuntamientos. El término municipal no es un espacio idóneo a efectos de ordenación urbana. Ni siquiera lo es la comunidad autónoma. Ahora mismo, Madrid, como poco, llega desde Guadalajara hasta Toledo. Por eso, cualquier planificación del territorio supera el ámbito de la Comunidad de Madrid. De ahí que nos encontremos con actuaciones tan brutales como las de Seseña o Ávila, bordeando la región. Los asentamientos no se hacen en función del acceso a Madrid por transporte público, sino privado, cuando ya están entrando a la capital entre 700.000 y un millón de vehículos diarios, lo que es una auténtica burrada.

P.- ¿Qué remedios hay?

R.- El tema merecería una solución semejante a la que aplicaron en Holanda en los años 20 a raíz de un proceso especulativo semejante: que el derecho a construir no sea de los particulares, sino del Estado. Usted es dueño de su terreno, pero no es dueño del derecho a construir.

P.- ¿En qué medida la financiación de los ayuntamientos está detrás de los escándalos urbanísticos?

R.- El problema ha sido que en los 80 se empezaron a firmar convenios urbanísticos y eso ha abierto la caja de Pandora. Los ayuntamientos tienen que entender que si es necesario modificar el planeamiento urbanístico lo que hay que hacer es, precisamente, hacerlo, pero no firmar acuerdos con los particulares. Pongamos como ejemplo lo que pasó con las torres del Real Madrid, donde el presidente de la Comunidad, el alcalde y el presidente del club decían, sentados en una sofá, que se iban a saltar el PGOU a la torera. Fue una cosa verdaderamente fantástica. Antes de cambiar el plan, lo que tenían firmado era un acuerdo con un particular. La Operación Chamartín es otro disparate. Las infraestructuras se pagarán con las plusvalías obtenidas, lo que obligará a aumentar los volúmenes de edificabilidad. Así es como va creciendo y creciendo la espiral especulativa, como aquel personaje de Ionesco. En Madrid hay algunos municipios que ya se han comido todo el suelo.

P.- ¿Qué opina de la reforma de la M-30 y su modelo de financiación?

R.- Gallardón ha hipotecado la gestión de los gobiernos municipales durante las siguientes siete u ocho legislaturas, porque se va a pagar en 35 años. No sé si llegaremos a saber realmente lo que ha costado, ya que al tratarse de una empresa privada se ha saltado la Ley de Contratos del Estado. Esa obra es de una dimensión nacional. Los que menos la van a usar son los vecinos de Madrid. Hay millones de coches que pasan por la M-30 que solo cruzan Madrid, pero los madrileños son los que van a pagar esa infraestructura. La primera M-30 la pagó el Gobierno central. Ese afán de recibir la vía para pagarla con nuestro dinero es sorprendente. Se dice que las dos tuneladoras gigantescas estaban contratadas desde hacía dos años, lo que significa que las constructoras sabían que se iban a hacer esas obras. El problema no es que haga la reforma, el problema es lo que se deja de hacer porque no hay dinero para otras partidas.

P.- ¿Por qué ninguna empresa extranjera ha participado en la reforma de la M-30?

R.- La construcción es un negocio muy local. En Europa, las constructoras son más pequeñas porque las grandes infraestructuras ya se hicieron en los años 50 y 60. Y yo diría que hasta los constructores no están muy bien vistos, no les miran bien. En España ocurre lo contrario. En el caso de la M-30 lo que cabría preguntarse en si fue primero el huevo o la gallina. Si realmente las empresas han sido seleccionadas por el ayuntamiento o el ayuntamiento ha sido puesto por las empresas. Y no digo nada más.

P.- ¿Qué le parece la nueva Ley de Suelo? Dice el Gobierno que se va a acabar la especulación debido a que el precio se va a fijar no en función de las expectativas de revalorización sino en función de su valor real.

R.- Otras leyes anteriores han planteado lo mismo, pero luego los tribunales han dicho otra cosa. Con el margen que deja la Constitución, dudo que esa medida vaya a tener impacto. El problema que tenemos es que las competencias del Estado en materia de urbanismo son tan escasas que es muy difícil actuar. La realidad es que los justiprecios que fijan los tribunales suelen ir a favor de los propietarios del suelo.

P.- ¿En qué medida la corrupción ha anidado en el sector de la construcción?

R.- La corrupción inmobiliaria siempre ha existido. Lo que pasa es que en estos últimos 30 años la corrupción se ha democratizado muchísimo. Las cosas se hacen con mucha menos finura que cuando eran muy pocos los corruptos y los corruptores. Estamos confundiendo ilegalidades con inmoralidades, eso es lo más tremendo del caso. El problema es que cuando hay miles de millones en juego es muy difícil ser honesto, resistir.

P.- ¿Bajará el precio de los pisos?

R.- El problema es que una vez que alguien ha hipotecado su vida y la de sus hijos, cómo hacer para que valga menos. Lo ideal es que se estabilice. Aquí todo el mundo quiere que sus hijos tengan acceso a una vivienda barata, pero nos negamos a que bajen las nuestras. Estamos encantados de que el precio suba y suba.

P.- ¿Se pinchará la burbuja inmobiliaria?

R.- Si la hubiera, ya habría explotado hace muchos años. Hay datos objetivos. Uno de ellos es que a España le ha tocado jugar en la Unión Europea el papel que en Estados Unidos le corresponde a Florida. Y en Florida ha habido especulación inmobiliaria y también mucha corrupción. En el mundo financiero ya cada vez hay menos alternativas de inversión, lo que provoca que mucho dinero llegue al ladrillo. Ya no hay apenas ampliaciones de capital, pagarés de empresa e incluso las emisiones de títulos públicos son cada vez más reducidas debido a la contracción de los déficit públicos.

P.- ¿Qué le parece el pacto de Estado sobre urbanismo propuesto por el PSOE al PP?

R.- Me parece mal que se diga no a un pacto para acabar con la corrupción, pero supongo que un pacto para acabar con estas cosas no se hace a través de la prensa, sino en privado, buscando apoyos. El camino es hablar si de verdad lo que se quiere es un pacto, pero no a través de los periódicos. Si lo que se quiere es hacer al PP valedor de la corrupción dígaselo, pero no mediante este tipo de planteamientos. Una de las cuestiones que son realmente de Estado es el asunto del urbanismo.

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Rajoy propone ley de suelo liberalizadora contra corrupción
El Confidencial - 23 de octubre de 2006
 
El presidente del PP, Mariano Rajoy, propuso este lunes "mejorar la financiación de los ayuntamientos" para que no dependan tanto del urbanismo y elaborar una Ley del Suelo "liberalizadora", como la que su partido aprobó en 1998 y de la que el Tribunal Constitucional anuló dos preceptos por considerar que invadían competencias de las autonomías.

En declaraciones a la Cadena Ser, Rajoy ironizó con los tres pactos que, afirmó, le han propuesto los socialistas en 48 horas: "uno para atajar la corrupción urbanística, otro para firmar una resolución en el Parlamento Europeo sobre ETA y otro sobre inmigración". Para el líder del PP, cuando "el Gobierno organiza un lío y no sabe cómo salir de él", le dice a la oposición que hay que alcanzar un acuerdo y bromeó diciendo que le acabarán pidiendo un pacto "para designar al candidato" a la Alcaldía de Madrid.

En el plano urbanístico, insistió Rajoy, "el pacto que hay que hacer es aplicar la ley", porque, bajo su punto de vista, no se trata de hacer normas sino de hacerlas cumplir porque "la corrupción va unida a la condición humana". "Un ladrón roba igual con una ley que con otra, porque el ladrón lo que hace es violar la ley", argumentó.

También criticó que ahora el PSOE diga que "quiere atribuir competencias de urbanismo al Estado". "¡Pero si se las acaba de dar en el Estatuto de Cataluña todas a la Generalitat de Cataluña", exclamó Rajoy, quien denunció que el Gobierno actúa "improvisando" y carece de "criterio sobre nada". "Lo mismo ocurre con la inmigración. Generan un lío, rompen el pacto que teníamos y ahora nos dicen que hagamos un pacto", señaló e instó al Ejecutivo a que gobierne y deje de ofrecer pactos a la oposición cuando las cosas le van mal.

Rajoy aclaró que con estas declaraciones no está rechazando hacer pactos con el Ejecutivo, sino decir que no a "la falta de seriedad". Y subrayó que los pactos que habría que hacer son, a su entender, sobre "el tema de España" o el "terrorismo".

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El movimiento por una vivienda digna comienza a preocupar
Rebelion.org - 27 de octubre de 2006
 
El movimiento por una vivienda digna ha cobrado bastante fuerza en los últimos tiempos. Parece que a medida que un movimiento en principio marginal se convierte en social, nuevos grupos se suman a él. Algunos por que es "lo que toca", otros para sacar tajada en forma de votos, o en forma de influencia política en las anheladas "masas", y otros por influir en la dinámica de las propias luchas espontáneas e incontroladas.

Desde luego que la forma en la que se ha desarrollado este movimiento social, es casi ejemplar. Desde el principio se han desarrollado formas de organización asumidas y asumibles por el mundillo libertario, como asambleas abiertas y horizontales, acciones directas, diversidad de tácticas (al menos de momento) y un espontaneísmo bastante sano. Recuerda en sus formas y métodos a los comienzos del antiguo movimiento antiglobalización.

Igual que aquel, éste de la vivienda digna se basa en peticiones ciudadanas y ciudadanistas no muy radicales, sino facilmente asumibles por el sistema. Sin embargo, al desafiar a la propia base de la democracia del ladrillo y el hormigón, se estaba poniendo en duda todo el sistema especulador que nos oprime. La pluralidad del movimiento ha sido de momento lo suficientemente amplia para que cupieran otras opciones que proponían la okupación, la acción directa o los impagos de hipotecas.

Desde luego que le queda mucho por andar a todo este movimiento, le queda mucho por discutir y es posible que se pierda por el camino, como tantos otros movimientos sociales. Hay oscuros intereses partidistas que tratan de influir o de controlar directamente las asambleas. El asamblearismo tiene el peligro de cooptación por grupos organizados. Ya desde las primeras asambleas entraron varios grupos políticos. Algunos venían como militantes individuales de tal o cual partido, con puntos de vista propios. Luego, más tarde, se iba aclarando alguna estratégica.

Sin embargo, de momento, estos intereses de recuperación han chocado contra uno de los pilares del movimiento, su pluralidad. Su popularidad ha hecho que las movilizaciones sean cada vez más numerosas, y que sea un movimiento en el que caben otras luchas: desde los deshaucios de morosos, a campañas antiespeculación, luchas vecinales, okupas, grupos activistas, etc.

Nubarrones en el horizonte

De momento nada se ha perdido. Se ha salido de la marginalidad y eso es bastante para un movimiento que se ha forjado en meses. Pero además de intereses partidistas están concurriendo varios factores que irremediablemente influirán en la vida de este movimiento popular.

El 1 de Noviembre tenemos elecciones catalanas. Serán una antesala a la temporada de elecciones que nos espera. Recordemos por si no se sabe que Catalunya está gobernada por 3 partidos de eso que llaman izquierda. Y son grupos políticos organizados que, lógicamente, querrán seguir gobernando. En esta democracia hormigonera (como si otras democracias fueran mejores) no parece que les haga mucha gracia a los gobernantes cuando se les cuestiona su poder (o en su defecto el poder de quienes les financian).

El movimiento por una vivienda digna, es un torpedo bajo la línea de flotación de esta clase política. Sus intereses se ven en peligro y responderán en consecuencia. Hasta aquí nada nuevo bajo el sol.

De todas es sabido que la izquierda juega mucho más sutilmente que la derecha. Y es que la derecha no tiene nada que esconder. Así que los partidos del poder tienen que evitar como sea que su imagen se empañe. Si reprimen lo harán sobre grupos marginales, con nocturnidad y alevosía, y siempre criminalizando y deshumanizando a sus rivales.

Ante el auge que está tomando el movimiento se van preparando. No quieren que se les agüe la fiesta electoral. Y quieren dividir antes de que la cosa pase a mayores.

Por un lado la prensa va forjando una opinión: los okupas son violentos, utilizan tácticas de guerrilla urbana. Los de la vivienda digna son nuestros pobres hijos que tienen que pagar hipotecas enormes. Se exageran los incidentes. Se menosprecia la okupación (la táctica de Jordi Hereu, alcalde de Barcelona, es decir que la okupación carece de base social: radikales y marginales).

Se silencia la represión: los detenidos como si no existieran. Se les echa la culpa de todos los males. Las cargas policiales no existen. La acampada en Plaza de Catalunya nunca existió. La Guardia Urbana nunca "okupó" la plaza del Forat.

Por otro lado se evita el debate. No vaya a ser que la campaña (el circo) electoral se haga interesante y a la gente común y corriente le dé por participar. Se suspende la cumbre de ministros europeos de vivienda. Se bloquea la visita de la ONU para ver si es verdad que se cumple el derecho a la vivienda.

En estos momentos no sería nada de extrañar que hubiera un aumento de la represión. Está claro que los políticos prefieren un movimiento okupa y anarquista centrado en campañas pro-presos, anti-carcelarias, y anti-represivas que un movimiento que influye en el más general de la vivienda digna.

No es casual el cerco policial en la manifestación del 12 de octubre en Barcelona. Se trata de asustar. El miedo divide, dejando a mucha gente en casa. El miedo provoca división, en cuanto que nos peleamos entre nosotras por cualquier tontería. Debemos tener nuestra propia agenda, sin que nos la impongan desde arriba. Sin caer en las provocaciones, ni en las trampas que casi seguro nos van a tender.

El 28 de octubre es la conmemoración del desalojo del cine Princesa (quizá fue ese el momento en que se empezó a hablar de okupación propiamente dicha en Barcelona). 3 días después son las elecciones. Mientras tanto seguirán las acciones contra todo ese entramado especulativo.

Ante todo esto sólo queda decir, cabeza y originalidad.

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La Kutxa y la trama vasca de Marbella se beneficiarán
El Confidencial - 25 de octubre de 2006
 
 
Se beneficiarán de las recalificaciones de Ciempozuelos

La Kutxa, la caja de ahorros de San Sebastián, y el entorno vasco de Juan Antonio Roca -la trama de empresarios que opera en la Costa del Sol, Marbella, Murcia, Sevilla y Madrid-, tienen nuevos negocios a la vista. Las dos partes aparecen como beneficiarias del nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la localidad madrileña de Ciempozuelos, donde se ha destapado un presunto caso de corrupción urbanística que ha obligado a dimitir al alcalde, Pedro Torrejón (PSOE), sospechoso de haber sido sobornado, al igual que uno de sus antecesores en el cargo.

La Kutxa, según recoge su Memoria Financiera correspondiente al año 2005, participa de forma directa o indirecta en cinco sociedades inmobiliarias que operan en Ciempozuelos, y lo hace con un porcentaje verdaderamente relevante, del 43%. La caja operara a través de Ciempozuelos I, II, III, IV y V, una estructura societaria parecida a la que utilizó en Murcia para entrar en la recalificación de la finca cartagenera de Lo Poyo, donde se preveía la construcción de más de 5.000 viviendas y un campo de golf.

Junto a la Kutxa, también participa en las recalificaciones de la localidad madrileña la empresa Ciempozuelos Servicios Inmobiliarios, que tiene como accionista a la instrumental Proinsa Desarrollo Siglo XXI, que a su vez es dueña de Aguirene, la sociedad en la Agustín Aguirre, Luis Maya Galarraga y Javier Arteche, considerado de la máxima confianza de Juan Antonio Roca. En la firma Aguirene, que tiene su sede social en San Sebastián, también aparece como apoderado Rafael Requena Lavina, que a su vez es uno de los dos administradores de Ciempozuelos Servicios Inmobiliarios.

El hecho de que tanto la Kutxa como los empresarios vascos expertos en recalificaciones operen en Ciempozuelos, no parece un hecho casual, toda vez que las relaciones entre ambos grupos son algo más que estrechas. El presidente del Grupo Inmobiliario Inverlur (dependiente al 100% de la caja de ahorros guipuzcoana), Juan Manuel Garmendia Goicoechea, es socio de Agustín Aguirre en la sociedad Obarema que, precisamente, tiene la misma sede social que Aguireme, la propietaria del frontón Beti-Jai (‘siempre fiesta’ en euskera), por el que intercedió ante el ayuntamiento Montserrat Corulla, la presunta sospechosa de ser un mero testaferro de Roca.

Polémica en la asamblea de la Kutxa

Las inversiones inmobiliarias de la Kutxa provocaron el pasado viernes una viva polémica en la asamblea general ordinaria de la entidad, donde tanto los representantes del PSE/EE y de Banatuz, un colectivo compuesto por consejeros del entorno de Batasuna, pidieron explicaciones al presidente de la entidad, Carlos Etxepare, sobre la presencia de la caja guipuzcoana en los escándalos urbanísticos de Murcia.

Etxepare dijo en la asamblea que cuando Kutxa decidió participar en los proyectos “todo era legal”. La entidad, sin embargo, decidió hace unos meses, tras saltar el escándalo a la prensa, segregar los negocios inmobiliarios que compartía con la trama vasca. Ayer, El Confidencial se puso en contacto con la Kutxa, pero no obtuvo respuesta alguna.

Según dijo Etxepare en la asamblea, la nueva estrategia de la Kutxa pasa por invertir en promociones inmobiliarias inferiores a las 1.000 viviendas, muy por debajo de las proyectadas en Murcia.

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El ex jefe de seguridad de Roca cobra de la Casa Real
El Confidencial - 23 de octubre de 2006
 
Jaime Hachuel fue detenido en una de las fases de la 'Operación Malaya', pero luego fue puesto en libertad sin fianza, aunque con cargos.

La ‘Operación Malaya’ continúa dando sorpresas. Según aparece en la parte del sumario cuyo secreto ha sido levantado recientemente por el juez Miguel Ángel Torres, el jefe de seguridad de Juan Antonio Roca, Jaime Hachuel Fernández, cobra un sueldo de 1.300 euros al mes de la Casa Real.

Al mismo tiempo que percibía estos emolumentos, Hachuel trataba de evitar que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado obtuvieran información sobre los negocios del ex gerente de Urbanismo de Marbella, de quien estaba a sueldo.

Hachuel fue detenido en una de las fases de la ‘Operación Malaya’, pero posteriormente fue puesto en libertad sin fianza, aunque con cargos. Se da la circunstancia que el jefe de seguridad de Roca ocupaba un despacho en la Compañía Inmobiliaria Masdevallía, considerada una de las empresas tapadera de Roca y en la que desempeñaba un papel clave la abogada Montserrat Corulla, una de los testaferros del ex gerente de Urbanismo.

La existencia de una nómina pagada mensualmente por la Casa Real a Hachuel aparece en los escritos que remiten al juzgado de instrucción número cinco de Marbella los abogados del propio Hachuel. Éstos se quejan una y otra vez ante el juez Torres por la decisión del magistrado de proceder al bloqueo de las cuentas corrientes de su defendido, a quien, además, se le requisó una moto BMW 1100 RT, una pistola marca Walter y un revólver marca Astra; las dos armas, con su correspondiente permiso. Además de cuatro teléfonos móviles.

En uno de los escritos se pide al juez el desbloqueo de la cuenta corriente abierta en una sucursal de Cajamar, “a fin de poder atender amortizaciones hipotecarias y gastos corrientes domiciliados, y asimismo de la cantidad de 1.300 euros mensuales que percibe de la Casa Real”. Sus abogados esgrimen que el afectado “precisa de ese desbloqueo bancario y de esa percepción de la Casa Real para atender sus mínimas atenciones familiares”. Tras varias peticiones, el juez Torres finalmente accedió a desbloquear la cuenta corriente, lo que significa que continúa recibiendo sus emolumentos.

Una excedencia peculiar

Según publicó Interviú, Hachuel fue considerado desde un primer momento como el jefe de seguridad de Juan Antonio Roca, quien se refería a él como ‘el coronel’, aunque en realidad se trata de un sargento de la Guardia Real que estaría en situación de excedencia. Una excedencia verdaderamente peculiar, porque estaría remunerada. En la revista se asegura que continúa colaborando con los agentes del Centro Nacional de Inteligencia desplazados a la zona.

Su pluriempleo, como se ha dicho, le llevó también a mantener abierto un despacho en la inmobiliaria Masdevallía, tal y como admiten sus abogados en uno de los escritos remitidos al juzgado. Es más, se reconoce que Hachuel trabajaba para la inmobiliaria, lo que explicaría que dispusiera de habitáculo.

Masdevallía -de la que era gerente la abogada Corulla, también puesta en libertad con cargos- está en el centro de los negocios urbanísticos de Roca en la Comunidad de Murcia. Junto a la mercantil Condeor, está considerada como una de las sociedades instrumentales que el ex gerente de Urbanismo utilizaba para sus negocios en dicha Comunidad. Además, Masdevallía representa la conexión con la denominada ‘trama vasca’ del caso Marbella, toda vez que Lubide, una sociedad administrada por los empresarios Maya y Arteche, es la que abonaba facturas de la inmobiliaria gerenciada por la testaferro de Roca en la que trabajaba el empleado de la Casa Real.

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Corrupción, burbuja y crecimiento económico
Diario Siglo XXI - 21 de octubre de 2006
 
Hay dinámicas socioeconómicas que tienen efectos secundarios prácticamente inevitables: si nuestro crecimiento se ha basado fundamentalmente en la construcción y ha promovido movimientos especulativos, la corrupción era una consecuencia prácticamente inexcusable.

La Economía española ha cabalgado durante estos años sobre dos motores que no dependían de nuestro esfuerzo. La explosión de la economía española no nos ha hecho sudar lo suficiente para que nuestro cambio fuera sano y saludable. Como no hemos sudado la riqueza, no la valoramos lo suficiente como para exigir un reparto. Nos estamos comportando como unos ludópatas de casino. Todo el mundo cree que es un poco rico porque le dicen que su casa valdrá más. Los que las construyen y las venden se han quedado con la parte del león mientras los salarios no se homologan con Europa y la justicias redistributiva solo pide reducción de impuestos.

De una parte la situación de perceptores netos de la Unión Europea nos ha permitido un salto adelante en infraestructuras y otros elementos esenciales de la cimentación económica. Eso nos evitaba la consciencia de que una aportación extraordinaria de solidaridad para integrarnos en Europa era un factor vicario ajeno a nuestros propios méritos, que inyectaba en la economía española unos recursos que nos eran ajenos. El ladrillo y la fuerza de trabajo de contingentes inmensos de inmigrantes han hecho el resto. Ahí se ha generado una riqueza que no ha sido tan colectiva en su reparto. La afloración de inmensas fortunas de los nuevos millonarios del cemento ataca a las empresas energéticas y toman posiciones en la Economía española sin un control social de unos beneficios inducidos por todos.

La burbuja inmobiliaria es una pirámide que puede reventar cuando los grandes beneficiarios ya han vendido sus promociones convenciendo a los españoles -los más endeudados de Europa- de que una casa muy cara merecía una gran hipoteca enorme porque luego valdría más. Las empresas constructoras y los bancos se reparten el pastel y no encuentran límite en su crecimiento bursátil. ¿Alguien pensaba que un escenario así se podría levantar sin la ayuda inestimable de los grandes núcleos de corrupción urbanística e inmobiliaria?

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La locura inmobiliaria y la corrupción
El Mundo - 19 de octubre de 2006
 
Está empezando a demostrarse que la corrupción urbanística es uno de los soportes fundamentales de la inmensa burbuja inmobiliaria, que sitúa la vivienda española en unos parámetros que no tienen nada que ver con los niveles de renta ni con los salarios. En esta espiral diabólica –especulación, crecimiento desordenado de los municipios, corrupción, enriquecimiento desorbitado de una clase de nuevos ricos del ladrillo- se nos va a ir la vida a todos, pagando créditos hipotecarios de unas casas que nos gustan, ubicados en barrios que nos son ajenos y almacenados todos en celdillas de las que solo sacan provecho los constructores, los promotores inmobiliarios y una pléyade de sinvergüenzas que se acercan a la función pública para hacerse millonarios.

No puede haber piedad con quien sea sorprendido con la mano metida en el cajón del dinero. Tiene que empezar a haber una vigilancia exhaustiva sobre los nuevos millonarios que esconden los billetes de quinientos euros en unos calcetines que atesoran más de la mitad de esta moneda circulante por toda Europa. Nuestra complacencia con tanta OPA lanzada desde el negocio de la construcción e inmobiliario, de estos nuevos magnates del cemento que ahora quieren introducirse en la energía, más que admiración debiera promover interrogantes sobre la clase de control que existe en España sobre los patrimonios y las haciendas.

Si Esperanza Aguirre dice que nunca ha dictado normas para favorecer a su familia de gentes asentadas en el suelo, debe saber que no le sirven promesas de honradez en un universo de especulación en el que desde hace demasiado tiempo navega como si nunca hubiera roto un plato. Aquellos que se llenaban la boca con las consignas contra el PSOE, acusando a los gobiernos de corrupción, deben dejarse registrar los bolsillos porque están empezando a aparecer demasiado abultados para que puedan seguir desfilando por las calles de España como si no hubiera pasado nado.

Asistir al crecimiento desordenado del precio de la vivienda y seguir permitiendo organizaciones de lujo construidas en desiertos, para los que no existe agua ni urbanismo razonable, es una clara irresponsabilidad de los poderes públicos –ayuntamientos, comunidades autónomas y estado- que se hace insoportable sin medidas excepcionales que acaben con esta locura.

La desmesura del precio de las viviendas se soporta desde la ingenuidad de que todo el que tiene cuatro paredes se está enriqueciendo en este proceso especulativo. Parece que nosotros también nos hemos creído un viejo dicho latinoamericano que sitúa el aleteo de los tiburones –los corruptos que acaparan la riqueza- en una perspectiva de consuelo, que alivia porque el chapoteo salpica y algo llega para todos. Una casa vale lo que alguien esté dispuesta a pagar por ella y las pirámides económicas se derrumban cuando el precio ya es inalcanzable. En ese momento, los promotores, los políticos corruptos y los especuladores ya no tienen propiedades, se han quedado con el dinero de todos y los demás, con unas viviendas que ni siquiera nos gustan, por las que hemos pignorado nuestras vidas y a las que también estarán encadenados nuestros hijos.

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Corrupción municipal
OcioCritico.com - 27 de octubre de 2006
 
 
Sabíamos por los poetas que las cosas no existen hasta que se las nombra; lo que ignoramos es que algunos políticos quieran hacernos creer lo mismo en relación con los pelotazos urbanísticos. Teniendo a medio consistorio marbellí en la cárcel y a otros ayuntamientos bajo la lupa de la Fiscalía Anticorrupción, resulta chusco -por no emplear otra expresión- que desde la dirección del PSOE hablen de la conveniencia de firmar un pacto o 'decálogo' contra la corrupción.

La iniciativa resulta chocante porque en materia de normativa urbanística está ya todo dicho. Hay leyes, son buenas y lo que hay que hacer es cumplirlas. Todo lo demás son inventos para salir en la televisión sacando pecho, cuando, todos sabemos, que lo que tienen que hacer tanto el PSOE como el PP es deshacerse de aquellos alcaldes o concejales a los que se les vio entrar en el Ayuntamiento a pie y ahora pasean en 'Rolls-Royce'. Hablo de socialistas y populares pero, ¿qué habría que decir de los nacionalistas de CiU y aquél famoso '3%' denunciado en el 'Parlament de Catalunya' por el presidente Maragall y del que nunca más se supo? ¿Y, qué pasó en Madrid con la recalificación de los terrenos deportivos del Real Madrid -situados en pleno Paseo de la Castellana- recalificación que dio pie a otro inmenso pelotazo urbanístico? Exactamente: nada. No pasó nada. Aquí sólo pasa algo cuando algún medio de comunicación decide tirar de la manta y negro sobre blanco señala a los responsables de una determinada recalificación fraudulenta.

La sospecha de que la maquinaria municipal está engrasada con cargo a las comisiones que los ayuntamientos cobran de las constructoras, es vieja. Tan viejos como son los caminos por los que los dineros de ésas mordidas llegan a las tesorerías de los partidos políticos. Sólo nos enteramos de los casos de corrupción cuando alguno de los intermediarios mete la mano en la olla o cuando algún funcionario honrado, otra constructora que aspiraba al negocio o un secretario despechado, filtra algún nombre. Sería imposible explicar el 'boom' inmobiliario sin las mordidas consistoriales, pero es el secreto de Polichinela: todo el mundo el mundo lo sabía, pero nadie lo decía.

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España corrupta
EstrellaDigital.es - 20 de octubre de 2006
 
Henry Fielding es uno de los grandes y primeros discípulos de Miguel de Cervantes. Genial novelista, autor de obras maestras como Tom Jones o Joseph Andrews, este escritor inglés era también un artista de la sátira. Por ejemplo, en Jonathan Wild hizo una biografía de fantasía de un delincuente real para hablar de la grandeza del ser humano. Wild, un vulgar ladrón, es descrito por Fielding como un gran hombre que triunfa y es admirado por su sociedad. Una cruda crítica que iba indirectamente dirigida contra Robert Walpole, primer ministro de Gran Bretaña durante gran parte de la primera mitad del siglo XVIII.

Lo curioso de Jonathan Wild es que resulta de rabiosa actualidad. Vivimos en un mundo amoral donde la excelencia y la cualidad aristocrática se miden más por el tamaño de la cartera que por la bondad de las acciones. Grandes maestros de la Ética, como Sócrates, Aristóteles o Kant son hoy meras entradas de enciclopedia, hoy también en declarada crisis de cantidad y calidad. Hoy, sin importar qué medios hemos usado, lo único que importa para brillar en la sociedad es el modelo de nuestro coche y los metros cuadrados útiles de nuestra vivienda.

La punta de lanza de este declive moral —que se traduce en la idolatría del oro del becerro— es el mundo de la construcción. Viajes a donde viajes en España, Cataluña y País Vasco incluidos, las grúas forman parte del skyline de las ciudades. Se construye mucho, con una arquitectura mediocre, una calidad mejorable y mucho chanchullo de por medio. Parece que las administraciones locales tienen su único medio de financiación en la recalificación y adjudicación de terrenos, la mayor parte de ellas realizadas de una manera fraudulenta.

En los últimos días, el deporte preferido por los periódicos es el de destapar casos de corrupción inmobiliaria: Seseña, Ciempozuelos, Torrelodones, Villanueva de la Cañada, Murcia... según convenga siempre a la línea editorial del diario. Se nota que estamos en campaña electoral y, como suele ocurrir en España, la información se usa para desgastar al partido rival.

Lo curioso es que todos estos casos eran conocidos desde hace años, por lo menos en las tertulias de bar o café. Viajases a Madrid, Alicante, Barcelona, Pozuelo de Alarcón o Maracena, los ciudadanos enseguida te ponían al corriente sobre alguna operación inmobiliaria de dudosa legalidad. Todos “sabíamos” de la existencia de chanchullos de muy diversa consideración.

Hace ya algunos meses, no obstante, la prensa y los políticos se llevaron las manos a la cabeza por la “Operación Malaya”, que destapó la corrupción en Marbella. Todo el mundo sabía que en Marbella el GIL y demás partidos políticos habían permitido construir de una manera descabellada y desorbitada. Pero aún así el mundo de las altas esferas se mostró altamente sorprendido. Magnífico ejercicio de disimulo que dice mucho de quién dirige nuestros destinos.

Ahora, los periódicos y algunos políticos no dejan de destapar otros casos de corrupción en cualquier rincón de la geografía nacional. Ahora, sin embargo, todo se limita a acusaciones más o menos fundadas en diversos medios de comunicación e investigaciones iniciadas por la Fiscalía Anticorrupción que, según parece, existe. Pero no se detiene a nadie. La Policía aún no ha vuelto a abrir la caja de Pandora, no vaya a ser que después de una actuación el partido rival movilice sus “tropas” y comiencen a caer alcaldes, diputados y senadores como si fuesen fichas de dominó. De momento, los voceros de la prensa gritan corrupciones, pero la cosa no parece que vaya a ir a mayores. Todos tienen demasiado que perder.

La corrupción inmobiliaria, generalizada en todo el territorio nacional, afecta a ayuntamientos de toda tendencia o color. España es una especie de ciudad sin ley donde construye todo aquel que tiene recursos y contactos suficientes. Sin orden ni control. Y, como en Chicago en los años 20, comienzan a surgir enormes fortunas que se van convirtiendo en focos de poder y acaparamiento financiero. El dinero se sospecha que, en la mayoría de los casos, tiene un origen oscuro. Pero ahí está, como un depredador en un gallinero. Otra prueba del desgobierno en el que está sumida España y de la naturaleza amoral de nuestra época, donde la excelencia es cuantificable en dinero, que no en ideas ni en bondades. Época donde escritores como Fielding y novelas como Jonathan Wild vuelven a ser, trágicamente, de obligada lectura.

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Economía y laboral
 
HIPOTECAS, PAÑOS CALIENTES Y MAR DE FONDO QUE NADIE RECONOCE
BolsaCinco.com - 24 de octubre de 2006
 
Parece que todos los encargados de frenar el pánico por la subida del Euribor han salido al unísono al patio

Por imposición del supervisor, reza en la publicidad de las ofertas de productos de ahorro y de inversión de las entidades financieras que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Un recordatorio parecido que dijera que en las hipotecas las letras mensuales baratas no garantizan futuras letras mensuales baratas no hubiera estado de más –no lo estaría ahora mismo- cuando unos tipos de interés en mínimos históricos nos hacían vivir en un mundo feliz... y provisional.

Si no pasa nada y las subidas del Euribor y la ralentización del ritmo de crecimiento del precio de la vivienda no amenazan con poner en peligro el equilibrio financiero de los hogares, ¿a qué viene tanto mensaje tranquilizador? De pronto, coincidiendo con el final del salto mortal del Euribor desde el 2,22% de septiembre de 2005 hasta el 3,71% del mismo mes de este año, todos los actores del mercado hipotecario que hasta ahora habían mantenido un prudente silencio sobre la voracidad hipotecaria de los españoles entonan el “aquí no pasa nada” en su particular Fuenteovejuna.

Entidades, asociaciones, expertos y hasta el Banco de España coinciden en el mensaje. Claro que en el caso de este último nada tiene que ver el discurso de su actual gobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que quita hierro a la incertidumbre reinante, con el de su predecesor Jaime Caruana, que siempre advirtió de los importantes riesgos de un cambio de sentido del precio de dinero. Sin demasiado eco, la verdad.

Pide Fernández Ordóñez que no se dramatice sobre la situación económica de las familias españolas porque el 60% de los hogares no tiene préstamo alguno que pagar a los bancos, que las previsibles subidas de tipos de interés que se producirán en Europa serán suaves y que en los casos más extremos se podrán compensar con alargamientos de los plazos de los créditos. No dice sin embargo que plazos más largos encarecen extraordinariamente el coste final de la compra de una casa. Ni dice tampoco que las hipotecas a 40 años son ya habituales en el mercado español.

Hasta el Gobierno, cuando ya los precios han llegado a límites insostenibles, propone un gran pacto para devolver al Estado cierto control sobre el suelo, controlado por las comunidades autónomas y ayuntamientos. ¡A buenas horas! ¿No será una dosis más de populismo barato para frenar la indignación de los jóvenes que empiezan a tener problemas para llegar a fin de mes?

Son los mismos a los que no les contaron que todo lo que baja, sube, y al contrario. Los mismos que, entre los 20 y los 40 años, no han vivido en sus carnes -a diferencia de lo que ha ocurrido en bolsa- una crisis inmobiliaria. Los mismos que empiezan a descubrir solos, porque nadie se decide a decírselo alto y claro, que el mundo feliz de la letra mensual no lo es tanto.

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1 DE CADA 5 ESPAÑOLES VIVE POR DEBAJO DE UMBRAL DE POBREZA
ElEconomista.es - 20 de octubre de 2006
 
El lunes fue el día mundial contra el hambre. Y aunque los medios de comunicación nos han recordado que unos 1.200 millones de pobres viven con menos de un dólar al día, interpretamos este problema con indiferencia porque, en principio, no nos afecta. Pues bien, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en España hay alrededor de ocho millones de pobres, lo que supone casi el 20% de la población frente a los 72 millones que hay en Europa.

Uno de cada cinco españoles se encuentra por debajo del umbral de la pobreza, fijado en 523 euros de media al mes. Pero, sin duda, lo más alarmante de esta situación es que el salario mínimo en nuestro país está a tan sólo 77 euros por encima del umbral de pobreza. Y no sólo eso. Aunque las pensiones y las prestaciones por discapacidad permanente medias están un 27% y 28% por encima del límite, las pensiones por viudedad están 47 euros por debajo y se mantienen en los 476 euros de media. (Mirar tabla)

Francia nos saca los colores

A otro nivel se sitúan países como Francia. Nuestros vecinos tienen establecido un salario mínimo de 1.200 euros, exactamente el doble que el de los españoles. Así, su sueldo base se sitúa 555 euros por encima del umbral de la pobreza, fijado por el Gobierno francés en 645 euros mensuales por individuo.

Con estas condiciones de vida, mucho mejores que las de España, 3.600.000 franceses se encuentran en la pobreza.

Las más ricas y las más pobres

Por comunidades, las más pobres son Extremadura y Andalucía. El suroeste del país se lleva la peor parte. Respectivamente, un 37% y un 31% de sus habitantes viven en 'relativa' pobreza, según el INE. También son las comunidades con menor salario, calculado por horas: 16.470 euros anuales para los extremeños y 18.335 para los andaluces.

Los madrileños y los vascos son los que mejor viven: registran las proporciones más bajas. Madrid acumula un 9,5% de ciudadanos bajo el umbral y el País Vasco un 11,2%.

Las condiciones de vida de los madrileños son las mejores. Su salario anual por horas es el más elevado: 25.493 euros de media, seguido por el de los barceloneses, con 18.336 euros.

La pobreza predominante en España

La 'pobreza relativa' se refiere a la cantidad de personas que viven con “el 60% de la mediana equivalente de la renta”, según el INE. Este tipo de pobreza es la mayoritaria en España.

Para Cáritas, este alto nivel de 'pobreza moderada' vulnera el equilibrio económico del país. Y lo peor es que sus niveles llevan estancados desde los '90 y no hay premisas que indiquen que la situación se vaya a corregir.

Por grupos sociales y edad

Cáritas destaca a los sectores más afectados por la pobreza en España: las familias numerosas y los inmigrantes. Pero no debemos olvidar a otros grupos sociales que viven en una idéntica o peor situación, como los enfermos crónicos y mentales, los drogodependientes o las prostitutas. Estos sectores no sólo cuentan con escasos recursos económicos sino que, además, están marginados socialmente.

La participación en el mercado laboral es una de las mejores vías para conseguir una efectiva inserción social. Son el paro y la precariedad laboral los que aumentan el porcentaje de personas excluidas: parados poco cualificados de larga duración, jóvenes sin trabajo ni posiblidad de tener independencia, mujeres con cargas familiares, minusválidos sin apenas integración social e inmigrantes expuestos a condiciones extremas de explotación.

Por edades, según el INE, los ancianos y los niños son los peor parados: el 30% de los mayores de 65 años y el 24% de los menores de 16 años viven en la pobreza.

Pobreza absoluta

La pobreza severa, es decir, la que afecta a personas que viven con menos del 25% de la renta media por hogar, es minoritaria en nuestro país, según el último informe de Cáritas. Sin embargo, tiene como blanco predilecto a los jóvenes menores de 25 años, suponen el 65% de la población que vive en situaciones extremas.

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La morosidad de los españoles repunta por 2º mes consecutivo
BolsaCinco.com - 27 de octubre de 2006
 
 
La tasa de créditos considerados morosos de todos los concedidos por las entidades financieras a empresas y particulares se situó en agosto en el 0,678%, con lo que volvió a repuntar por segundo mes consecutivo, tras otros dos meses de descensos, según datos del Banco de España. El mes anterior, la tasa estaba en el 0,659%.

El volumen total de los préstamos de dudoso cobro sumaba a finales de agosto 9.018 millones de euros, 1.031 millones más que un año antes, para una cartera crediticia total de 1,328 billones de euros, 269.711 millones más que en el mismo mes de 2005.

Por tipos de entidades, la menor tasa de mora correspondía a los bancos, un 0,633%, levemente superior al 0,617% registrado en julio, para un volumen total de préstamos de 603.176 millones de euros. A muy poca distancia de los bancos se situaron las cajas de ahorros, con una morosidad del 0,688%, también ligeramente por encima del 0,665% de julio, para una cartera total de 652.699 millones de euros, más elevada que la de los bancos, sus máximos competidores.

La peor calidad crediticia fue, un mes más, la de las cooperativas de crédito, con una mora del 0,968%, también superior a la registrada en julio, que fue del 0,950%.

Morosidad registrada por el conjunto de las entidades financieras -bancos, cajas y cooperativas-

Mes Morosidad Enero 0,712% Febrero 0,677% Marzo 0,649% Abril 0,682% Mayo 0,679% Junio 0,655% Julio 0,659% Agosto 0,678

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Incremento del gasto familiar supera al de renta disponible
Expansion.com - 23 de octubre de 2006
 
 
La tasa de ahorro de las familias descendió ocho décimas entre 2000 y 2005, hasta situarse en el 9% de su renta disponible ajustada, según el último informe de Caixa Catalunya. Durante esos cinco años, el avance del gasto familiar superó al de la renta disponible.

El último informe sobre el consumo y la economía familiar de la caja explica que la tendencia a la baja en el ahorro de los hogares españoles ha coincidido con la "fase expansiva" que ha vivido la economía en los últimos años, que se ha caracterizado por un notable dinamismo del consumo privado.

Entre 2000 y 2005, el incremento del gasto de los hogares superó al de la renta disponible, con lo que el consumo de los hogares supuso el 91,2% de la renta disponible, frente al 90,5% registrado en el año 2000.

El informe de la entidad financiera catalana asegura que la actual tasa de ahorro de las familias es "insuficiente" para las necesidades de financiación del país, que se han duplicado en los últimos seis años al pasar de representar el 3,2% del Producto Interior Bruto (PIB) en 2000 hasta el 6,5% en 2005.

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BE avisa familias van a tener problemas si suben más tipos
BolsaCinco.com - 24 de octubre de 2006
 
 
El director general de Estudios del Banco de España, José Luis Malo de Molina, ha señalado que "existe un segmento de las familias, situado entre el 2% y el 2,5% del total, que tendrán problemas para hacer frente a una nueva subida de los tipos de interés". Malo de Molina ha hecho esta declaración a preguntas de la prensa tras dar una conferencia sobre el endeudamiento de las familias española en el Congreso de la Feria Borsadiner, que hoy acaba en Barcelona.

El director del Servicio de Estudios del Banco de España ha reconocido que "el ratio de endeudamiento ha crecido de una manera importante porque la deuda de las familias se ha incrementado muy por encima de su nivel de rentas". "En el año 2006 estamos en una ratio de deuda familiar del 115% en comparación con la media de la UE, sin embargo estamos lejos de países como Estados Unidos o el Reino Unido", ha explicado Malo de Molina en su intervención.

Este alto cargo del banco regulador explica este aumento de la deuda de las familias porque ha habido "un fuerte dinamismo del crédito a los hogares, que está creciendo con unas tasas por encima del 20%, en su mayor parte endeudamiento para la adquisición de la vivienda, impulsado sobre todo por los préstamos hipotecarios".

"La carga financiera de las familias ha crecido un 50%, lo que es bajo, porque el endeudamiento ha subido un 100% en los últimos años porque las familias han alargado el plazo de sus deudas y se han beneficiado del reciente entorno de tipos bajos", ha detallado Malo de Molina, quien, sin embargo, ha advertido de que "no obstante, alargar la vida de los créditos tiene un impacto y recorrido limitado".

Como aspecto positivo, el Banco de España señala que "ha crecido la riqueza de las familias a través de la tenencia de activos financieros, que ahora representa el 260% de su rentas disponibles, por lo que la situación patrimonial es en general muy sólida" Respecto al comportamiento del precio de la vivienda, Malo de Molina ha defendido hoy que "ha estado muy influido por el de la demanda, en un entorno de bajada de tipos y ha llevado a la percepción de que el coste de su adquisición era menor".

"El mercado inmobiliario español se ha beneficiado de la presencia de los inmigrantes y de que los no residentes pudieran encontrar más atractivo nuestro parque residencial con la entrada en vigor del euro", señala Malo de Molina, quien también ha destacado que finalmente este año "la tasa de crecimiento del precio de la vivienda está en camino de desacelerarse".

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La OCDE, sobre el ‘boom’ inmobiliario español
El Confidencial - 24 de octubre de 2006
 
 
“El efecto riqueza ha favorecido el consumo pero tiene tope”

El secretario general de la OCDE, Angel Gurría, señaló hoy que la evolución reciente de la vivienda en España "sugiere que tal vez hay un aterrizaje suave" del sector e insistió en que las fuertes subidas de precios se han sustentado en los bajos tipos de interés y en el crecimiento económico.

Gurría explicó que los datos de 2005 en España mostraban una ralentización en el aumento de los precios inmobiliarios, en un encuentro con periodistas económicos en París.

Preguntado por los riesgos de una burbuja especulativa en el sector inmobiliario de países que han tenido fuertes subidas, como Estados Unidos, Reino Unido, España o Irlanda, respondió que en los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) los precios habían subido de forma significativa en los últimos años con excepción de Alemania. Lo atribuyó al buen comportamiento de la economía y a los bajos tipos de interés reales, y sobre este último aspecto destacó en particular el caso de España.

Gurría comentó que el "efecto riqueza" generado por el tirón de la vivienda ha favorecido la progresión del consumo, pero también puntualizó que el crecimiento inmobiliario tiene un tope porque "hay límites físicos".

Constató que en países como Estados Unidos "hay un enfriamiento" del sector y precisamente por eso se prevé "un menor crecimiento" económico en 2007, pero "no la recesión".

“Si el petróleo sube a 100 dólares, repercutirá más rápido a la inflación”

El ex ministro mexicano también evitó todo catastrofismo al hablar sobre las consecuencias de los desequilibrios financieros a escala mundial, en particular por el déficit público y el exterior en Estados Unidos, compensado por la fuerte acumulación de dólares en muchos países asiáticos, sobre todo China y Japón.

"El escenario actual no es de cataclismo, sino de ralentización", subrayó tras reconocer que si los desequilibrios se agravan y sigue acumulándose tensión habrá efectos, y que aunque el déficit público estadounidense parece moderarse no ocurre lo mismo con el exterior.

El secretario general de la OCDE, que lleva casi cinco meses en el puesto, consideró que los riesgos de inflación a escala mundial son ahora más importantes que hace unos años porque la economía global funciona casi al límite de su capacidad.

"Si ahora el petróleo sube a 100 (dólares por barril), eso se va a repercutir más rápidamente" a la inflación, advirtió después de comentar que los bancos centrales están ahora más preocupados por los precios y están procediendo a subidas de tipos de interés.

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Inversión extranjera inmuebles en España desciende un 17,7%
diariosigloxxi.com - 22 de octubre de 2006
 
 
Hasta junio

La inversión extranjera en bienes inmuebles en España descendió un 17,7% hasta julio de 2006 respecto al mismo periodo del pasado año, al alcanzar los 2.755 millones de euros frente a los 3.349 millones de los siete primeros meses de 2005, según datos del Banco de España.

Por su parte, el gasto de los españoles en la compra de inmuebles en el extranjero casi se duplicó hasta julio de 2006, y pasó de 654 millones de euros en el mismo periodo en 2005 a 1.225 millones este año.

En julio se mantuvo la tendencia iniciada en 2005 en ambas partidas. Las inversiones españolas en inmuebles en el extranjero siguen creciendo a un ritmo acelerado en términos interanuales mientras que la inversión extranjera en España sigue cayendo.

Así, las inversiones provenientes del extranjero se situaron en julio en 380 millones, lo que supone un descenso del 8,21% respecto a junio y del 31,12% en relación con julio de 2005.

Por su parte, las compras de los españoles en el extranjero se elevaron en julio a 241 millones de euros, un 36,9% más respecto a julio y un 85,3% en relación con el mismo mes del pasado ejercicio.

Pese a la desaceleración que se ha producido en el crecimiento del precio de la vivienda en España durante los últimos meses, la habitual compra de inmuebles en España por parte de ciudadanos extranjeros, principalmente en las zonas costeras, se está viendo frenada por los altos precios de la vivienda.

Asimismo, el buen momento que vive la economía española está permitiendo una cada vez mayor inversión española en el extranjero en forma de bienes inmuebles.

Más aún, el gasto en la compra de viviendas en el extranjero hasta julio de 2006 casi triplica el total desembolsado en todo el año 2002 (372 millones de euros), mientras que en el capítulo de compras de viviendas en España desde el exterior, la cantidad desembolsada en el el primer semestre de 2006 sólo supone el 45,6% del total invertido en aquel año (6.036 millones de euros).

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Endeudamiento de las empresas se acerca a 950.000 millones
Terra - 22 de octubre de 2006
 
 
Las empresas españolas siguen tirando de los créditos bancarios para financiar sus proyectos y, al término del mes de agosto, las deudas que acumulaban con el sector financiero se acercaban a los 950.000 millones de euros, según los últimos datos del Banco de España.

El endeudamiento ha alcanzado en agosto una tasa de crecimiento interanual del 26 por ciento, la más alta en 12 años, y se situó en los 935.426 millones de euros, más del doble que hace cinco años.

Esta racha ascendente, que comenzó hace año y medio, tiene dos orígenes, según el director de Coyuntura de la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas), Angel Laborda.

Por un lado, las empresas piden dinero para invertir en capital fijo (equipamiento, edificios), que ha crecido 'mucho' en este tiempo.

Por otro, las compañías necesitan dinero para operaciones corporativas, que 'se han multiplicado como setas en los últimos meses', según Laborda, y acuden a la financiación bancaria para poder pagarlas.

Los analistas explican que aún no se ha llegado al límite de capacidad de la financiación de las empresas, pero el dato actual sí es 'muy alto'.

El director de Coyuntura de Funcas considera que durante los próximos dos años seguirá creciendo, por la 'buena fase económica que atraviesa España y los bajos tipos de interés'.

No obstante, a su juicio, el ritmo creciente del precio del dinero y la afectación de los créditos a los beneficios de las empresas en los próximos años hará que el ciclo termine y se entre en una fase de enfriamiento, de modo que habrá menos gasto.

Frente al fuerte incremento de la financiación que demandan las empresas, los hogares mantenían deudas con la banca por valor de 733.427 millones de euros al término del mes de agosto.

Lo más significativo es que mientras el endeudamiento de las empresas está en tasas históricamente altas, el de las familias se mantiene estable en los últimos dos años, incluso con una cierta tendencia a la baja.

En la siguiente tabla se detalla la deuda total en millones de euros de las empresas y los hogares, y el incremento interanual de la financiación, según los datos del Banco de España.

AÑO EMPRESAS (%) HOGARES (%)



====================================================

2001 450.324 18,0 322.472 12,3



2002 510.236 13,3 372.251 15,6



2003 572.606 13,5 448.723 19,1



2004 652.029 13,2 538.880 20,2



2005 796.260 21,1 651.070 20,9



2006 (agosto) 935.426 26,0 733.427 20,8

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El Santander dispara sus niveles de riesgo
El Confidencial - 23 de octubre de 2006
 
 
Con los macrocréditos a las constructoras

La alegría con la que el Santander está financiando las macro-operaciones de las constructoras en el sector de la energía le puede pasar factura. El volumen de los créditos concedidos por Botín a Acciona y Sacyr para entrar en Endesa y Repsol –unos 10.000 millones de euros grosso modo- suponen el 33% del core capital (una de las formas de medir los fondos propios) del banco a 30 de junio. Algo que, según los expertos, supone un exceso de concentración en un solo sector y dispara los niveles de riesgo de la entidad.

La normativa del Banco de España especifica que el riesgo que asume un banco con una sola empresa no puede superar el 25% de sus recursos propios. Pero es muy difícil definir los activos que se consideran “de riesgo”, y también hay una enorme complejidad respecto a cómo deben computarse los recursos propios. De ahí que sea casi imposible saber si el crédito a Acciona –el más grande de los dos, por unos 7.000 millones- supera este ratio, aunque hay algunos analistas que consideran que el Santander efectivamente ha sobrepasado ese 25%.

Sea así o no, lo innegable es que el riesgo se ha disparado para el banco, puesto que esta financiación se hace prácticamente sin recurso, es decir, con la única garantía de las acciones de Endesa compradas por Acciona o las de Repsol adquiridas por Sacyr. Lo cual implica que, en caso de impago, Santander se quedaría con las participaciones de Endesa y Repsol.

¿Qué pasa si baja la bolsa?

A priori no supone un gran problema, puesto que son compañías muy grandes y solventes, la crème de la crème. Pero no hay ninguna garantía de que sus acciones no vayan a caer en bolsa, incluso a desplomarse. Que se lo digan a Telefónica, que sigue a más de un 75% de su máximo histórico de marzo de 2000. “¿Qué pasaría si E.ON retira su OPA sobre Endesa, o si fracasa porque no alcanza el 50%, algo que no es tan disparatado tras las últimas maniobras? Pues que el valor se puede hundir en bolsa”, comenta un analista.

Una fuente cercana al Banco de España asegura que “este tipo de operaciones no se habrían consentido en otras épocas y con otros gobernadores. Porque es el Santander el que está comprando en realidad, las constructoras son meros testaferros”. “No se está teniendo en cuenta para qué se conceden esos créditos, que es para comprar acciones muy sobrevaloradas”, añade.

En todo caso, hay que mirar este riesgo con cierta perspectiva. Aunque los préstamos supongan el 33% del core capital, sólo alcanzan el 2,1% de la cartera de créditos del banco (476.591 millones de euros en el primer semestre). Por otro lado, el riesgo para el Santander sólo se haría realidad en caso de default (impago) de Sacyr o Acciona, algo que sólo ocurriría en un escenario “catastrófico”.

“Incluso en un caso tan extremo, el riesgo real que estaría asumiendo Santander no va más allá de 2.500-3.000 millones. El banco cuenta con un fondo genérico de 5.200 millones para impagados, y luego puede hacer muchas operaciones para reducir el impacto”, explica Javier Bernat, analista de Caja Madrid, quien afirma que el riesgo medio con empresas europeas está en el 30% del importe de la deuda. “Es un riesgo calculado y asumible”, concluye Bernat.

¿Qué gana Botín?

Por otro lado, el Santander está buscando formas para compartir ese riesgo, sindicando los créditos a las dos empresas con más entidades. Otras fuentes son más radicales y creen que estos préstamos sólo se justifican para operaciones a muy corto plazo; es decir, consideran que Acciona y Sacyr venderán las acciones de Endesa y Repsol sin mucha tardanza, aprovechando las plusvalías que les está proporcionando la subida de la bolsa.

Aun asumiendo esta conclusión, cabe preguntarse a cambio de qué está tomando ese riesgo Botín. Con unos tipos de interés reales negativos (por debajo de la inflación) y un diferencial mínimo sobre el Euribor, es evidente que a las empresas les interesa financiar sus operaciones con deuda, pero es mucho más difícil entender el interés de los bancos. Según un analista de una firma internacional, “Santander ha comprendido que necesita más capital para jugar en la gran liga mundial, y por eso ha vendido su cartera industrial. Pero Botín no quiere renunciar a ese ancestral poder sobre el tejido empresarial que siempre han ostentado los grandes banqueros españoles. Y una forma de tenerlo sin estar en el accionariado son estos préstamos”.

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La fábula de Inmobilandia
CincoDías.com - 21 de octubre de 2006
 
Los ciudadanos del reino de Inmobilandia llevan varios años disfrutando de una buena situación económica. Una parte importante de ellos se han dedicado estos últimos años a consumir todo tipo de bienes y servicios financiándose con sus crecientes rentas y con el recurso al endeudamiento. También, aprovechando unos tipos de interés real prácticamente nulos, han aumentado sus tenencias de inmuebles, adquiriendo una segunda vivienda y mejorando la primera. Algunos, incluso, una tercera y cuarta, porque un síntoma peculiar de la modernización de Inmobilandia es que se ha pasado de guardar los ahorros debajo del ladrillo a colocarlos en ladrillos.

Esa mayor demanda y algunas restricciones de oferta han generado enormes elevaciones en el precio de los inmuebles, que están imponiendo una sustancial transferencia de recursos desde los compradores a los vendedores de esos activos. El grave deterioro de la costa y de otros parajes ocasionado por la actividad constructora está imponiendo otro tipo de transferencias de recursos, ésta, en buena medida, de orden intergeneracional.

Con mucho, los ciudadanos más felices de Inmobilandia son los que han hecho verdaderas fortunas (ellos y las empresas que dirigen) utilizando ladrillos, hormigón y cemento para construir todo tipo de obras. Su actividad durante los últimos 10 años ha sido frenética. Gracias a la gran demanda de inmuebles del resto de ciudadanos (nacionales y extranjeros, porque el clima, la gastronomía y los cuidados espacios en los que se dedican a introducir una bolita en 18 agujeros son muy apreciados por los ciudadanos del mundo desarrollado) y a la intensidad de las obras públicas (en buena parte financiadas indirectamente por los contribuyentes de la república de Taxonia, a quien, increíblemente, los anteriores dirigentes de Inmobilandia les daban lecciones de rigor fiscal) estos afortunados ciudadanos del reino han tenido una actividad y unos resultados económicos extraordinarios. También ha contribuido enormemente a ello la incorporación a la fuerza de trabajo de Inmobilandia de extranjeros de otra procedencia y condición económica que los mencionados anteriormente.

Recientemente los prósperos ciudadanos del hormigón y el ladrillo han tenido una luminosa idea. Dedicar parte de los beneficios extraordinarios obtenidos a adquirir importantes paquetes de acciones de empresas del sector eléctrico. Parecen dispuestos a pagar precios que hace muy poco hubieran parecido desorbitados. Valga como ejemplo que en una de esas adquisiciones se ha valorado la empresa eléctrica en el doble de lo que el mercado la valoraba hace un año, antes de que empezara una interminable operación de toma de control (en Inmobilandia se acaban las obras, pero el resto de los asuntos tienden a eternizarse). Podría decirse que cambios en el entorno de una empresa pueden producir cambios muy relevantes en la valoración de la misma. De acuerdo. Pero la empresa eléctrica en cuestión ha tenido pocos cambios. Ninguno positivo y algunos negativos (elevación del precio de los combustibles y percepción de que las restricciones medioambientales pueden acabar por imponerle nuevos costes).

¿Deberían preocuparse el resto de los ciudadanos de Inmobilandia de que se hayan pagado tan desproporcionados precios? En condiciones normales no. Allá ellos con sus inversiones. Pero quizá las condiciones no sean normales. Las empresas eléctricas tienen una anormalidad, precisamente la que hace necesaria la regulación de su actividad: producen un producto básico (muy básico) en régimen de escasa competencia. La regulación en Inmobilandia consiste, básicamente, en la determinación por el Gobierno de las tarifas en la distribución eléctrica. La falta de competencia y los ingresos garantizados incentivan una inversión de las compañías menor de la óptima. Esta tendencia a la subinversión y el hecho de que las empresas eléctricas no pueden quebrar (pueden, pero ningún Gobierno lo permitiría) es lo que otorga a todo el proceso condiciones excepcionales.

Lo que preocupa a algunos ciudadanos de Inmobilandia, enterados pero pesimistas (Oscar Wilde diría que ambas características van a unidas), es que futuros Gobiernos, de cualquier color, autorizarán mayores subidas en las tarifas eléctricas, para compensar a los nuevos inversores del enorme esfuerzo financiero que están realizando y, sobre todo, para que no retrasen inversiones. Así se produciría una transferencia de recursos del conjunto de la ciudadanía a los accionistas de las compañías eléctricas.

Una nueva transferencia de recursos, menor para algunos que la que han sufrido al tener que dedicar una mayor proporción de su renta y de su esfuerzo a adquirir un inmueble, pero ésta vez afectaría a todos y cada uno de los ciudadanos.

Carlos Sebastián. Catedrático de Análisis Económico de la Universidad Complutense

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No tardará en llegar la caída brusca de los precios
ElCorreoDigital.com - 18 de octubre de 2006
 
 
RAMÓN FERNÁNDEZ DURÁN, AUTOR DE 'EL TSUNAMI URBANIZADOR'

Ramón Fernández Durán es experto en temas europeos y del capitalismo global, ex profesor de la Universidad Carlos III y miembro de Ecologistas en Acción. Vinculado al activismo social desde hace treinta años, Fernández Durán presentó ayer en Logroño su libro 'El tsunami urbanizador español y mundial'.

-¿Cómo es ese 'tsunami urbanizador'?

-Es un libro breve de intervención política que intenta situar las claves para entender la explosión de la locura inmobiliaria del país. A través del mismo planteó que esto afecta a todo el mundo y explicó lo financiero. No podemos conocer lo que acontece en el mundo de la construcción sino conocemos el ámbito financiero.

-¿Existe por tanto ingobernabilidad en las metrópolis?

-Este sector se ha convertido en el principal de acumulación de capital, sólo hay que ver la bolsa. De las once empresas más importantes de construcción del mundo siete son españolas. En 1998, con la 'ley Cascos' del 'todo urbanizable' arrancó un crecimiento urbanístico sin cuidado, un modelo de ciudad con manchas de piel de leopardo, costoso e impactante para el medio ambiente.

-¿Cuándo será el «previsible» estallido de la 'burbuja inmobiliaria' del que habla?

-No tardará mucho en llegar la caída brusca de los precios. La subida de los tipos de interés y el petróleo hará que en algún momento la gente no pueda pagar, lo que repercutirá a los bancos y, finalmente, afectará al sector. España es el país de las viviendas vacías.

-¿Cada vez peor alojados y más precarios?

-Sí. Los jóvenes son los más perjudicados por su situación económica y laboral. En España se hacen cada año unas 800.000 viviendas, más que en Gran Bretaña y Alemania, pero el 70% no puede acceder a una. Al final, tanta vivienda no soluciona el problema de la vivienda. Tan sólo el 11% está de alquiler, con precios muy altos.

-Qué opinión le merece la brigada contra la corrupción en la construcción estrenada en Málaga, Madrid y Murcia?

-Es curioso. No me creo que Hacienda no supiese lo que estaba ocurriendo en Marbella. Hay múltiples corruptelas en este país y estas brigadas van a tener mucho monte para actuar, ya que hay mucha corrupción a nivel municipal.

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Los precios en EEUU sufren la mayor caída en 35 años
Portfolio.com.co - 26 de octubre de 2006
 
 
El desplome de los precios que se presentó en septiembre se dio pese a que las ventas se recuperaron por segundo mes consecutivo.

El Departamento de Comercio informó que el precio medio de una casa nueva vendida en septiembre fue de 217.100 dólares, una caída del 9,7 por ciento frente a septiembre del 2005. Fue el mayor retroceso desde 1970. La debilidad en ese sector del mercado fue incluso mayor que la baja del 2,55 por ciento en el precio de las viviendas existentes ocurrido el mes pasado, el mayor en los anales del mercado.

El precio de la vivienda nueva bajó pese a que aumentó el ritmo de ventas, en un 5,3 por ciento a 1,075 millones de casas. Fue el segundo aumento consecutivo de ventas tras tres meses de bajas.

Este retroceso puso de relieve la severidad de la corrección en el otrora recalentado mercado de la vivienda, que logró aumentos ininterrumpidos tanto en precios como ventas en los últimos cinco años, debido en gran parte a los menores intereses hipotecarios en más de cuatro décadas.

Este año, ante el encarecimiento de las hipotecas hasta mediados de año, las ventas retrocedieron considerablemente.

El debate reside en si la desaceleración será suficiente para colocar la economía estadounidense en una recesión. La Reserva Federal, que ha reconocido la debilidad del mercado de la vivienda, el miércoles dejó inalteradas las tasas de interés por tercera vez consecutiva.

Sin embargo, el banco central no indicó si piensa iniciar una reducción paulatina de las tasas de interés ante la debilidad del mercado de la vivienda, e insistió que sigue preocupado con un nivel de inflación que considera elevado.

Por otra parte, el gobierno indicó hoy que los pedidos en cartera de las fábricas estadounidenses de bienes duraderos -aquellos de elevado precio y una vida útil superior a los tres años- aumentaron en septiembre propulsados por la elevada demanda de aviones comerciales. Fue el mayor salto en más de seis años.

El Departamento de Comercio indicó que los pedidos de bienes duraderos aumentaron el mes pasado un 7,8 por ciento a 226.700 millones de dólares, tras dos meses consecutivos de bajas. Fue el mayor aumento desde junio del 2000.

En un tercer informe, el Departamento de Trabajo dijo que el número de personas que solicitaron reclamos de beneficios por seguro de desempleo aumentó la semana pasada en 8.000 a 308.000.

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Comunidad de Madrid
 
VIVIENDA DIGNA: GRAVE PROBLEMA DONDE OTROS VEN NEGOCIO
Telecinco (Comunidad de Madrid) - 27 de octubre de 2006
 
El pasado mes de mayo surgieron las primeras movilizaciones en España para pedir viviendas dignas a precios asequibles. Entonces nacieron asociaciones para organizar este movimiento de protesta. Este sábado vuelven a la carga con una manifestación en Madrid. Asamblea contra la Precariedad y por una Vivienda Digna es una de las principales organizadoras. Diego Pacheco, uno de sus representantes, nos ha contado cómo surgieron y cuáles son sus reivindicaciones.

Asamblea por una Vivienda Digna surgió tras las primeras movilizaciones de la pasada primavera. ¿Cómo nació la idea?

Todo empezó el 14 de mayo con un mensaje anónimo difundido por Internet y por SMS. Nos reunimos en casi todas las ciudades de España mucha gente. Gente que nos volvimos a encontrar en las siguientes sentadas y que, en Madrid, después de la segunda y tercera sentada entendimos que había que organizar esto para que quedara en algo más que una anécdota si se agotaba la espontaneidad. Además, había que ayudar a las 17 personas detenidas por reclamar un derecho constitucional.

Y se hizo la primera asamblea abierta con unas doscientas personas. Se organizó la manifestación del 2 de julio y, ahora, se organiza esta del sábado 28 a las 17:00 horas en Sol.

¿Qué herramientas utilizáis para difundir vuestras convocatorias? ¿Consideras que Internet juega un papel importante en el éxito de este tipo de movilizaciones?

Internet fue en su momento uno de los grandes responsables de que la convocatoria del 14 de mayo fuera un éxito. Y es ahora el principal vehículo por el que se distribuyen nuestras convocatorias. Principalmente, porque en Internet decimos lo que queremos sin intermediarios y, quienes quieren, escuchan lo que queremos decir. Y el mensaje, como afecta a tanta gente, se reproduce por blogs y foros generando una promoción de las diferentes propuestas y convocatorias bastante efectiva.

El pasado mes de mayo miles de personas se manifestaron en toda España por el problema de la vivienda. ¿Crees que el sábado se reunirá tanta gente de nuevo? ¿Qué expectativas tenéis?

Aún más. La verdad es que sin pretenderlo hemos entrado de lleno en un momento clave. A pocas semanas de la suspensión de la cumbre europea de la vivienda, con casos de corrupción que salen casi todos los días, con los partidos políticos a pie cambiado, sin saber bien lo que hacer. La gente está cabreada y ese “cabreo” va a mover a muchos a la calle para exigir que se acabe esta política de intereses y que se empiece a trabajar para que nadie viva sin casa.

Creo que todos somos más o menos conscientes que hay muchos intereses que no quieren que esto cambie. Y que no va a cambiar si no hacemos fuerza para que cambie.

¿Por qué os manifestáis? ¿Cuáles son vuestras reivindicaciones?

Resumiendo, nuestra reivindicación principal es que la vivienda es un derecho reconocido que debe ser efectivo. No puede subyugarse a intereses de mercado, a que una persona pueda pagar lo que en ese momento el mercado diga que vale una vivienda.

“Hay muchos intereses que no quieren que esto cambie” Si el estado entiende su obligación de garantizar derechos fundamentales como la educación o la sanidad. ¿Por qué no sucede lo mismo con otro derecho fundamental como lo es el acceso a una vivienda digna?

¿Crees que las manifestaciones pueden servir de algo?

Sí, para que se visualice la protesta y reivindicación, para que más gente conozca nuestra lucha y nuestras reivindicaciones, para plantearle a esta sociedad que existe un grave problema donde otros sólo ven un negocio a costa de una necesidad básica.

¿Qué soluciones planteáis para el problema de la vivienda en España?

Abogamos, entre otras cosas, por actuar sobre los tres millones de viviendas vacías, la construcción de una alternativa pública de alquiler que no se rija por las leyes del mercado o la declaración de todo el suelo como protegido.

¿Por qué crees que el sábado debe manifestarse la gente? ¿Qué les dirías para conencerles?

Porque el problema de la vivienda nos afecta a la mayoría de la población y porque nos va el futuro en ello. Todos los que no pueden acceder a la vivienda, todos los que están hipotecados de por vida, todos los que pagan unos alquileres excesivos, todos los que han tenido que emigrar o desplazarse para poder acceder a una vivienda a un coste menos disparatado, todos los que están cansados de la corrupción imperante en las administraciones públicas, todos los que están en contra de un modelo de desarrollo urbano insostenible y que está arrasando medioambientalmente este país,… hay mucha gente perjudicada por este modelo de vivienda y urbanismo y éste no cambiara si no lo obligamos a cambiar.

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UNA MARCHA CICLISTA REIVINDICA DERECHO A UNA VIVIENDA DIGNA
MadridSindical.es (Comunidad de Madrid) - 27 de octubre de 2006
 
Una decena de organizaciones y colectivos ciudadanos de Madrid recorrieron las calles de la capital en una marcha ciclista por las calles del centro de la capital bajo el lema 'Derecho a techo, stop a la especulación' para reclamar una vivienda digna.

Los convocantes de la protesta, como la asociación Covijo, la Plataforma por una Vivienda Digna, la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), CGT, Vecinos del Sureste, Ecologistas en Acción, el Sindicato Joven de CCOO, Jóvenes de IU y el Partido Comunista de Madrid, aseguran que el problema de la vivienda tiene su raíz en "decisiones políticas".

"Unas decisiones que han convertido la vivienda en objeto privilegiado de negocio y que han llevado a un estado de invalidez a quien se plantea la compra o el alquiler de una vivienda", señalaron. Además, explicaron que "particularmente en Madrid, para un joven cualquier opción es casi una entelequia".

Por ello, las asociaciones reclamaran medidas "concretas" que garanticen "el derecho al alojamiento y que hagan frente a la especulación y al urbanismo depredador".

La marcha comenzó a las 19.00 horas en la sede del Ministerio de Vivienda (paseo de la Castellana, 112) y discurrió por la plaza d la Cibeles, la calle de Alcalá, Gran Vía, plaza de España, calle Bailén, la plaza de la Villa y la Puerta del Sol, donde se celebrará una concentración festiva animada por Bloco do Baliza y Amparanoia.



Las organizaciones reclaman la responsabilidad política de quienes, con sus decisiones, sitúan el negocio inmobiliario por delante del derecho al alojamiento, el derecho a la ciudad y el derecho a un entorno natural. Denunciamos la especulación depredadora de nuestro entorno y de nuestras condiciones de vida. La que nos condena a trabajar media vida para llenar los bolsillos de los grandes promotores inmobiliarios.

Exigimos por tanto, a los poderes públicos y a las instituciones, que se ponga en marcha una verdadera política de alojamiento, que dejen de hacer enjuagues de imagen y pomposas declaraciones de intenciones.

Reclamamos los siguientes puntos:

1.El aumento sustancial del parque de vivienda pública y protegida en régimen de alquiler, con rentas adecuadas a los diferentes niveles de ingresos.

2.Rehabilitación frente a nueva construcción.

3.Movilización de la vivienda vacía (casi 300000 en nuestra región).

4.Dignificación de la vivienda protegida y combate del fraude y del abuso.

5.Atención específica de necesidades de vivienda de la población inmigrante para evitar los abusos, el hacinamiento y la proliferación de guetos.

6.Que se “haga ciudad”. Esto es, que las promociones de nuevas viviendas sean acompañadas por la rehabilitación de las colindantes y por las infraestructuras necesarias para atender a la población.

7.Medidas contra la corrupción y el fraude urbanístico.

8.La promoción del cooperativismo de gestión y de la vivienda ecológica.

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PERJUDICADOS EN EL SORTEO DE VIVIENDA DE MÓSTOLES PROTESTAN
20 Minutos (Comunidad de Madrid) - 25 de octubre de 2006
 
 
La protesta reunió a un centenar de afectados (Jorge París). Se quedaron sin piso después de haber ganado un sorteo. El Ayuntamiento de Móstoles dice ahora que no cumplen las condiciones. Se han organizado para protestar.

Unas cien personas se congregaron ayer en Sol para protestar por el sorteo de 779 viviendas del Plan Joven en Móstoles.



Los ganadores no recibirán el piso por no vivir ni trabajar en el municipio, tal como informó 20minutos.

Hoy se sortean 218 pisos en Torrejón.

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Asamblea Vivienda Digna deja 50 zapatillas en Ministerio
Terra (Comunidad de Madrid) - 23 de octubre de 2006
 
 
Unos 25 jóvenes pertenecientes a la Asamblea Contra la Precariedad y por la Vivienda Digna depositaron hoy medio centenar de zapatillas deportivas en la puerta del Ministerio de Vivienda como muestra de rechazo a la política de la ministra María Antonia Trujillo.

'Ya es hora de que se dejen de tonterías y empiecen a hacer posible lo que hoy es imposible, que es el acceso a una vivienda digna a un coste asequible', enfatizó en declaraciones a EFE Diego Pacheco, uno de los participantes en la 'zapatillada'.

Insistió en que se trata de un 'acto simbólico' para mostrar el desacuerdo de este movimiento con la idea de Trujillo de regalar zapatillas Kelly Finder a aquellos que buscan vivienda.

La organización ha convocado una segunda manifestación para el próximo 28 de octubre a las 17.00 horas en la Puerta del Sol.

Las zapatillas depositadas hoy en el Ministerio fueron recogidas en una fiesta celebrada en Lavapiés el pasado 21 de octubre.

Entonces, también se reunió dinero para pagar el coste de la asistencia jurídica para las 17 personas que, según Pacheco, fueron detenidas en Madrid desde mayo en actos de protesta por el encarecimiento de la vivienda.

Este movimiento empezó hace cinco meses, a partir de un mensaje de correo electrónico anónimo que convocaba a una 'sentada' en todas las capitales de provincia de España.

Miles de jóvenes acudieron a esa llamada espontáneamente en la Puerta del Sol de Madrid, en la Plaza de Cataluña de Barcelona y en lugares de Valencia, Bilbao y Sevilla.

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El coche del secretario general PP a nombre de constructora
20 Minutos (Comunidad de Madrid) - 26 de octubre de 2006
 
Un incendio en el bloque donde vive Enrique Granados obligó al desalojo de 450 personas. Se inició en coche del Secretario General y según todos los indicios fue provocado. Ahora se sabe que el coche estaba a nombre de una constructora. Granados y el concesionario explican que se trata de un problema burocrático.

El coche de Granados, que quedó destrozado después del incendio de su casa el pasado domingo, está a nombre de una constructora de Valdemoro, según publica hoy el diario El País.

El modelo, un Mini Cooper descapotable, fue adquirido en un concesionario de Valdemoro, localidad en la que habita el Secretario General del PP, y debería estar a nombre de la mujer.

Eso es, al menos, lo que explica el propio Granados, quien asegura que "el hecho de que el vehículo esté aún a nombre de esa empresase explica por el retraso burocrático en los trámites para la transferencia de la titularidad".

El incendio provocado

El domingo pasado un incendio en un bloque de viviendas de Valdemoro obligó al desalojo de 450 personas, entre ellas la familia del Secretario General del PP y consejero de la Presidencia, Enrique Granados.

Aunque el propio Granados lo atribuyó en un principio a la casualidad, después se ha sabido que su coche fue en el que se inició el fuego y la propia Esperanza Aguirre pidió que se encontrase a los culpables del incendio.

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Huele que da pena, todo el mundo se va a forrar y yo no
El País (Comunidad de Madrid) - 20 de octubre de 2006
 
 
Aquí tiene que estar Romero de Tejada (...) El edil dejó su acta antes de se aprobara ceder la gestión del Plan General a una constructora

El ex concejal del PP en Tres Cantos (Madrid) Antonio Reino Cortés amagó en septiembre de 2004 con fugarse al grupo mixto y votar contra un plan del Gobierno municipal -que comparten los populares con Tres Cantos Unido- para ceder la gestión del Plan General de la localidad a la empresa privada FCC. Reino Cortés no llegó a fugarse al grupo mixto, pero dimitió como concejal antes de que se aprobase la adjudicación a favor de FCC. En conversaciones mantenidas por el propio Reino Cortés, destapaba sus sospechas de corrupción en el contrato urbanístico que decidía el futuro de Tres Cantos. Este periódico confirmó ayer con el propio Reino Cortés que las grabaciones que se publican en estas páginas corresponden a las cosas que dijo entonces.

El pleno del Ayuntamiento de Tres Cantos lo integraban 21 concejales, 11 del Gobierno municipal, que compartían Tres Cantos Unido y el PP, y 10 de la oposición. El 7 de mayo de 2003, la Comunidad aprobó el nuevo Plan General de Tres Cantos, donde se establecían los crecimientos de la ciudad para levantar 4.500 viviendas. La previsión del Gobierno municipal era que un consorcio público gestionase el desarrollo del plan mediante la expropiación de los terrenos por los que iba a crecer el municipio y mediante acuerdos con los propietarios de los mismos.

Esa primera previsión fue modificada a principios de 2004, y el Gobierno municipal decidió ceder la gestión del desarrollo del Plan General a una empresa privada, FCC, pero un error de esta firma en la documentación entregada al pleno evitó que se pudiera conceder ese trabajo en el pleno de mayo. Entre mayo y septiembre, cuando FCC subsanó las deficiencias, se desataron todo tipo de tensiones en el seno del Gobierno municipal.

Uno de los 11 concejales gobernantes, Antonio Reino Cortés, amenazó públicamente con dejar el grupo popular y mantener su acta de concejal para abortar la cesión del contrato urbanístico a una empresa privada.

La amenaza no se consumó, pero Antonio Reino Cortés abandonó el Ayuntamiento de Tres Cantos y dejó que ocupara su puesto en la corporación el siguiente en la lista del PP. Su abandono se produjo unos días antes de que el pleno municipal abordará la cesión de la gestión del Plan General de Ordenación Urbana a una empresa privada. De las 4.500 viviendas previstas en el desarrollo urbanístico, el Ayuntamiento consiguió aprobar mediante algunos cambios más de 8.000.

Lo que sigue son conversaciones del concejal grabadas por personas próximas a él. Reino Cortés reconoció ayer a este periódico que esos comentarios los hizo en aquel momento: "Se debió a un momento de acaloramiento, pero yo no tenía pruebas".

- "En esto tiene que estar Romero de Tejada". "Lo que sospecho es que en esto tiene que estar Romero de Tejada [entonces secretario general del PP en Madrid y hoy miembro del PP en el consejo de administración de Cajamadrid] con la otra. ¿Cómo no va a estar el partido? ¿Cómo no va a estar enterado mi partido de lo que pasa con el Plan General? ¿Mi partido con un plan general de ordenación urbana de 300 millones está ausente? Pero joder, la facción que tiene que estar ahí es la de Romero de Tejada, Mario Utrilla and company. No me parece correcto lo que hemos hecho. Primero no me decís nada. Me queréis tratar como una marioneta. Yo vengo aquí a levantar la mano en lo que digáis. ¿Ya habéis pensado cómo lo vais a hacer sin contar conmigo para nada?".

- "Devuelve el acta y pídeme lo que quieras". "¿Por qué una empresa y no todas? Huele esto que da pena. Yo no me meto en esto de cómo huele. No me hago el moralista. Aquí todo el mundo se va a forrar y yo no, pues que os den por culo"

"Esto tiene que estar arreglado antes del congreso del PP. Que devuelvas el acta, me dice. ¿Qué devuelva el acta? Sí, y pídeme lo que quieras, lo que necesites, me dice".

- "Si me voy cobrando, de puta madre, porque si no, no me voy a ir".

"Si me voy cobrando, de puta madre, porque si no no me voy a ir. Ahora lo que no puede ser es que, con mi voto, se pringue un señor y yo no me pringue. No sé si me explico claramente. A mí me da lo mismo que me lo dé el PSOE que me lo den estos. Entonces, ahora es el momento porque yo lo voy a decir. La Cabeza cobra su comisión, Juan Carlos cobra su comisión y el muerto para los que lleguen. Pues vaya, chollo. Como sea así ni yo voy a chupar del bote. Ni nadie".

- "En septiembre sacan este plan, les corre mucha prisa". "El día menos pensado, en septiembre, en el pleno de septiembre estoy convencido de que sacan este plan, les corre mucha prisa. Eso está claro y han preparado todo. Ya te digo que no voy a votar el pleno este. ¿Qué no lo convocan? Pues moción de censura. Moción de censura, tanto. No sale el pliego ese, no sale. Y a continuación ya hablaremos de la moción. Yo no voto ahí. Y a continuación me echan, bueno pues me echan. A partir de ahí ya empezamos a negociar pasta de la moción de censura o de otras cosas. El proceso es este Antonio: tú dices que te vas, y nosotros no queremos perder la mayoría, vamos a sacar esto adelante. Por tanto hay un ofrecimiento. De la adjudicación a esta empresa, ¿dónde está la tela? ¿Dónde está la tela? No hay, me dicen. ¿Tú crees que yo soy gilipollas o qué? ¿Me veis bebé, adolescente, gilipollas o me veis ya peinando canas?".

- "¿Y yo me voy a creer que en 300 millones no te van a invitar ni a un helado?" "¿Y yo me voy a creer que en 300 millones no te van a invitar ni a un helado? Vete a tomar por culo. A algo nos invitarán. Por un contrato de esos no me voy a enfrentar con todo mi partido".

- "En la proporción en que ellos vayan a chupar del bote, así voy a chupar yo".

"La cosa está clara, ¿no? Si tocan a tanto, pues esto te va a costar a tanto la moción o lo otro o lo que sea. El punto seguido será presentar una moción porque no van a poder gobernar así. En cuanto pongan una moción y el pliego no salga adelante la empresa constructora...".

- "Aquí siempre se han hecho los pliegos para conceder las cosas". "Lo saben todos los funcionarios. Lo sabe todo el mundo. Hemos hecho las fiestas de las carrozas para que hiciera las carrozas el de Pinto. Lo hacemos todo para eso. Así está en la norma. Y claro, en unas carrozas, que son siete millones, en un convenio o una contratación que son dos millones, se supone que nadie se lleva nada porque no es cantidad para llevarse nada. Y porque por esa cantidad nadie va a decir nada. En esto y hablando de construcción, sería la primera vez que no ocurre o que no hay unos intereses".

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Caso Quijorna: Anticorrupción investiga la venta de suelo
El Confidencial (Comunidad de Madrid) - 25 de octubre de 2006
 
 
De ediles de PP y PSOE a San Román

Esta semana, la Fiscalía Anticorrupción de la Comunidad de Madrid tomará cartas en asunto del ‘caso Quijorna’. La localidad madrileña, vecina de la también controvertida (por motivos urbanísticos) Brunete, con un proyecto de PGOU por el que pretende pasar de 2.300 habitantes a 30.000, no se ha librado del modus operando del promotor inmobiliario Fidel San Román, implicado en la ‘Operación Malaya’ (Marbella).

El milagro del PGOU obró también en Quijorna. Sin embargo, un grupo de incrédulos (cuatro concejales independientes) ha decidido presentar en los próximos días ante la Fiscalía Anticorrupción una demanda contra los principales implicados en la venta de terrenos particulares en el municipio. Entre ellos, algunos ilustres paisanos, como la alcaldesa, Mercedes García (PP), y los concejales Fernando Díaz (PSOE) y Juan José Cerrato (PSOE).

Hace tan sólo quince días, la federación socialista madrileña abrió expediente a sus dos afiliados por posible desobediencia grave y actuación al margen de las directrices del partido. Demasiado tarde. Los dos concejales ya votaron en su día a favor de un avance del PGOU propuesto por la corporación municipal, regida por el Partido Popular. Quizás los intereses particulares suponían una fuerza de causa mayor.

De acuerdo con el contenido de la denuncia que se presentará ante la Fiscalía Anticorrupción, tanto la alcaldesa como los dos concejales formalizaron la venta de respectivos terrenos el mismo día 22 de septiembre de 2005, en una notaría de Las Rozas, al promotor Fidel San Román. En total, el empresario tiene en Quijorna un millón de metros cuadrados, “la mitad con información privilegiada”, asegura Florentino Serrano, portavoz de los independientes.

Venta a través de primas y hermanos

Cada uno de los sospechosos empleó diversos mecanismos para articular la venta. Por una parte, la alcaldesa Mercedes García y su cuñado operaron con terrenos protegidos. En el caso de Fernando Díaz, el terreno vendido figuró a nombre de una hermana, “aunque creemos que el dinero era para los tres hermanos”, afirman desde el grupo de independientes. Por ultimo, Juan José Cerrato, cuya mujer vendió a unas primas una finca por 18.000 euros que meses después fue colocada por 1,8 millones.

Como en otros municipios de la Comunidad, también en Quijorna el estudio encargado del PGOU fue Plarquin, vinculado con Enrique Porto, el director general de Urbanismo de Esperanza Aguirre recién dimitido. “Aquí se daban todos los ingredientes para un buen cocido madrileño: pacto PP/PSOE, Plarquin (Porto) y Sanedi (San Román)”, subraya el independiente Serrano. “Lo que no esperaban es que esto trascendiera”.

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El urbanismo corrupto salpica a los partidos
El País (Comunidad de Madrid) - 19 de octubre de 2006
 
Dirigentes del PSOE y del PP, implicados en escándalos relacionados con la recalificación de suelo

A seis meses de las próximas elecciones municipales y autonómicas, los grandes partidos, PP y PSOE, sufren un importante deterioro en su imagen pública a cuenta de la gestión urbanística de sus dirigentes locales y autonómicos.

El PSOE obligó ayer mismo a uno de sus alcaldes, el de la localidad madrileña de Ciempozuelos (Madrid), a dimitir ante la sospecha de operaciones urbanísticas irregulares que tienen como origen la recalificación masiva de suelo en ese municipio. Los dirigentes socialistas pidieron explicaciones a Pedro Torrejón, el regidor del municipio, y al encontrar respuestas imprecisas, optaron por exigir que dejara su puesto para evitar un daño mayor al partido. Torrejón aceptó.

Por su parte, el Gobierno madrileño del PP justificó un pelotazo urbanístico que permitió a José Gil de Biedma, tío carnal de la presidenta autonómica, Esperanza Aguirre, ganar 2,1 millones de euros tras vender unos terrenos por un precio diez veces superior al de compra. El plan de urbanización de esos terrenos fue desbloqueado en contra del criterio de los técnicos, por el entonces director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, Enrique Porto. Porto vulneró la Ley de Altos Cargos, que le obligaba a inhibirse de asuntos en los que tuviera intereses. En los terrenos que desbloqueó, el ex director general tenía propiedades, que vendió un año y medio después obteniendo multimillonarias plusvalías.

El Gobierno regional justificó ayer el pelotazo del tío de Esperanza Aguirre argumentando que en los seis años que habían pasado entre la compra y la venta se había revalorizado el precio del suelo, igual que se revaloriza el precio de los pisos.

Algunos candidatos principales del PP en las próximas elecciones municipales están siendo investigados en relación con escándalos urbanísticos, pese a lo que el partido sigue manteniéndoles como aspirantes a la reelección. El PSOE en la Comunidad de Madrid ha expulsado del partido ya a dos alcaldes y varios concejales en relación con operaciones urbanísticas sospechosas para evitar un deterioro de la imagen del partido.

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Catalunya
 
Vergüenza inmobiliaria
20 Minutos (Catalunya) - 26 de octubre de 2006
 
 
En una calle de Can Caralleu está a la venta una chabola de ladrillo sin habitaciones, sobre un terreno de 200 m2.

Su precio: 1,5 millones de euros (250 millones de ptas). Hemos tocado techo en la especulación inmobiliaria y del suelo en la corrupción urbanística. Nunca nuestros políticos cayeron tan bajo para que los precios llegaran tan alto. Y su enriquecimiento lo pagamos todos durante 40 años de hipoteca. Ya está bien de mentiras. La mayoría de los Ayuntamientos catalanes cercanos a la playa, a un club de golf, o a una pista de esquí, se enriquecen con las recalificaciones urbanísticas.

A menudo los concejales de Urbanismo tienen constructoras, promotoras o empresas ligadas a la construcción, sin que por ello abandonen el cargo. Siempre existe una esposa, hermano o cuñado dispuesto a beneficiarse en su nombre de las decisiones municipales. Afecta a todos los partidos, desde la izquierda a la derecha, catalanistas o españolistas, el dinero no tiene color. A ningún gobernante le interesa que bajen los precios de la vivienda, porque el verdadero motor de la economía es el ladrillo. Con ellos se enriquecen, cubren presupuestos municipales y financian sus partidos. Por eso, mientras en Barcelona hay 80.000 viviendas vacías, se sigue construyendo.

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Associació ProHabitatge publica libro Derechos a la vivienda
Urbanoticias.com (Catalunya) - 27 de octubre de 2006
 
 
y Derechos humanos. La entidad catalana ‘Associació ProHabitatge’ ha traducido y editado el libro ‘Los Derechos a la Vivienda y los Derechos Humanos’ del Dr. Padraic Kenna. En el marco de la próxima Cumbre Europea de los Ministros de Vivienda de la UE que se realizará a finales de noviembre en la ciudad de Barcelona consideramos oportuno la publicación de esta noticia en el boletín ‘Actualidad

1. Acerca del libro Los derechos a la vivienda y los derechos humanos constituyen una valiosa referencia para comprender los orígenes y el alcance de los instrumentos contemporáneos para su análisis. Así pues en el libro se estudia el desarrollo y la situación actual de los derechos a la vivienda en base a su definición, su supervisión y aplicación (o la falta de ella), en virtud de las obligaciones contraídas por los Estados Miembros de la UE, unas obligaciones que se derivan de los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea.

Además, el libro examina la posición de los derechos a la vivienda en el marco de la ‘nueva gobernanza’ de la UE, con la que se está dejando atrás la óptica de la legislación dura y se están introduciendo procesos como ‘el método abierto de coordinación’ en las políticas de inclusión social de la Unión.

También, sitúa la relevancia de los derechos fundamentales, establecidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en el contexto de estos cambios y analiza los informes de la UE y la literatura relevantes en este ámbito. El reto de los defensores de los derechos a la vivienda en el nuevo entorno europeo consiste en encontrar el camino más eficaz, o incluso en utilizar de manera idónea toda una serie de vías existentes, en gran parte olvidadas por la literatura actual.

‘Los derechos a la vivienda y los derechos humanos’ es una valiosa fuente de información que puede ser de utilidad, ya sea para investigar o como base para realizar campañas, tareas de defensa de los derechos o para preparar cualquier litigio en materia de derechos a la vivienda.

2. Acerca del prólogo El Dr. Juli Ponce realiza una aproximación al contexto español del contenido del libro. En este sentido explica como el mismo título del libro puede sorprender al lector español, pues se habla de ‘derechos a la vivienda’, cuando lo habitual es referirse a ellos en singular. La razón que explica dicha diferencia, como señala en el prólogo del libro el profesor Juli Ponce, hay que buscarla en la tradición jurídica anglosajona, en la cual un derecho sólo existe si, en caso de incumplimiento del mismo y como contrapartida, el individuo puede exigir a postribunales la satisfacción del derecho o una compensación.

En relación con la vivienda, la tradición anglosajona reconoce que el derecho se puede restablecer a través de una batería amplia de medidas, inconsecuencia los derechos a la vivienda también son varios (derecho a recibir subsidios, derecho a no ser desahuciado ilegalmente o el derecho que tiene una persona sin techo a gozar de un alojamiento). Esta es la razón que explica que en los países anglosajones se hable de derechos a la vivienda, a diferencia de los continentales, que se refieren a un único y exclusivo derecho a la vivienda.

3. Acerca del autor del libro Padraic Kenna es profesor de la Universidad Nacional de Irlanda en Galway y miembro del Grupo de Expertos en Derechos a la vivienda de FEANTSA (Federación Europea de Entidades que trabajan con la personas sin techo que dispone del estatus de consultor). A su vez es también miembro del Consejo Irlandés de Vivienda Social. Este año ha publicado el libro Irish Housing Law and Policy (Irish Academic Press).

En septiembre realizó la ponencia ‘Globalización y Derechos a la Vivienda’ en la primera Conferencia Europea de los derechos a la vivienda realizada en Helsinki, donde participaron personajes como Thomas Hammarberg Comisario para los Derechos Humanos o Matti Mikkola del Comité Europeo de Derechos Sociales.

4. Acerca del autor del prólogo Julio Ponce es Profesor de Derecho Administrativo, Derecho Público i de Derecho de la Construcción i de la Vivienda en la universidad de Barcelona. Doctor en Derecho con la cualificación de excelente cum laude, i Master of Arts por la Academy of European Public Law. Accesito al premio por la mejor tesis doctoral europea. Es miembro de organizacions internacionales com European Network for Housing Research i European Group of Public Law. Ha publicado muchos libros y articulos en revsitas especializadas españolas europeas y norte americanas, en el ámbito del derecho público en general, y del derecho urbanístico y de la vivienda específicamente.

5. Acerca de la ‘Associació ProHabitatge’ La Associació ProHabitatge es una entidad sin ánimo de lucro que realiza programas de intermediación social para el acceso a la vivienda y programas de mediación residencial para prevenir su pérdida. ProHabitatge ha publicado este libro porque considera que en muchas ocasiones las entidades que trabajamos para la inclusión social nos dejamos llevar por la actividad cotidiana de nuestros programas y perdemos la noción del impacto que pueden tener determinados cambios legislativos en el marco europeo, estatal o regional. En este sentido la traducción y publicación de este libro es el grano de arena que aporta la entidad catalana en la lucha teòrica para avanzar en la exigibilidad de los derechos a la vivienda.

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Comunidad Valenciana
 
Alcaldes valencianos planean urbanizar 200 millones mts2
El País (Comunidad Valenciana) - 26 de octubre de 2006
 
 
La Generalitat recibe solicitudes para recalificar una superficie como el doble de Barcelona

La mesa del consejero de Territorio de la Generalitat valenciana acumula solicitudes municipales para reclasificar 194,5 millones de metros cuadrados de suelo que actualmente están fuera de ordenación. Una superficie que equivale al doble de la que ocupa la ciudad de Barcelona, que tiene una extensión de 100 kilómetros cuadrados. De los 542 ayuntamientos valencianos, 123 aspiran a recalificar de suelo rústico a urbanizable 67,2 millones de metros cuadrados en la provincia de Valencia, 68 millones en la de Castellón y otros 59,3 millones en la de Alicante.

El actual responsable de Territorio del Gobierno, Esteban González Pons, asumió su responsabilidad el pasado mes de junio y apenas ha movido ficha desde entonces. La consejería sólo ha dado curso a un Plan de Actuación Integrada (PAI), el de Porxinos, que promueve Juan Soler, presidente del Valencia CF, sobre 1,6 millones de metros cuadrados en el término municipal de Riba-roja, a una veintena de kilómetros de la capital. El proyecto prevé levantar una ciudad deportiva para el club de fútbol y una ciudad residencial paralela cuyos beneficios permitirían paliar la actual deuda del club, según avanzó hace meses el propio Soler.

Plan de Porxinos al margen, fuentes de la Consejería de Territorio se muestran muy contundentes a la hora de afirmar que ni de lejos se aprobará el 50% de los 194 millones de metros cuadrados que se pretenden reclasificar y limitan la luz verde al 30% o "como mucho" el 40% de los proyectos presentados. Los promotores no levantarán dos nuevas barcelonas sobre suelo rústico de la comunidad.

¿Cuál es el origen de esa fiebre promotora? Rafael Blasco, predecesor de González Pons, fue el artífice en apenas tres años de todo un nuevo cuerpo legislativo relativo al territorio, su urbanización, incluso su paisaje, que hay quien considera, sobre el papel, avanzado, incluso restrictivo. Pero sólo sobre el papel. De hecho, su gestión ha sido muy cuestionada por el Parlamento Europeo, que llegó a solicitar, a finales de 2005 una moratoria urbanística en toda la Comunidad Valenciana que parara la reclasificación de terrenos rústicos y las "expropiaciones leoninas" de parcelas privadas en aras del supuesto valor superior de la correcta urbanización.

El denominado Informe Fortou atacaba la raíz de la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU), aprobada por las Cortes valencianas en 1994 con mayoría absoluta de los socialistas. La LRAU consagró al agente urbanizador, una figura jurídica que abría la posibilidad de promover y urbanizar suelo al margen de la propiedad y que se instituyó con la voluntad de combatir a los especuladores. Los propietarios de suelo que congelaban sus solares urbanizables mientras su valor se multiplicaba se vieron desbordados por promotores, constructores y nuevos urbanizadores. La figura fue eficaz en esta comunidad mientras se colmaron las previsiones de los planes generales de ordenación urbana que, en su inmensa mayoría, se aprobaron a lo largo de la década de los 80. Pero cuando el primer Gobierno de José María Aznar aprobó en 1998 una ley que declaró todo el suelo urbanizable, el agente urbanizador cobró una dimensión desconocida.

La paralela ausencia de un reglamento de gestión de la primitiva LRAU, un reglamento que ningún Gobierno del PP, que ocupa la Generalitat Valenciana desde 1995, se preocupó de desarrollar, otorgó una discrecionalidad a los gobiernos municipales sobre la gestión del suelo que abrió la espita a la depredación del territorio.

"La tramitación de un PAI se puede arrastrar unos cinco años", según un técnico de la Federación de Promotores Inmobiliarios de la Comunidad Valenciana, que apunta dos espoletas de la actual explosión urbanizadora: los planes municipales de ordenación urbana se agotan y la inmensa mayoría de los PAI que plantean reclasificar terreno arrancan a partir de 1998.

Las dudas de la Unión Europea sobre la legislación valenciana, en tercer lugar, habrían precipitado la tramitación de proyectos urbanos para evitar posibles moratorias. De hecho, el pasado mes de diciembre, el anterior consejero de Territorio aseguraba tener sobre la mesa solicitudes de reclasificación de suelo para urbanizar 55 millones de metros cuadrados de terreno rústico, una cantidad que se han multiplicado casi por cuatro desde entonces.

El entonces consejero también aseguraba que había autorizado la transformación de rústico en urbanizable de 20,6 millones de metros cuadrados, la quinta parte de la ciudad de Barcelona, desde el inicio de la presente legislatura autonómica, en junio de 2003.

El actual frenazo a la tramitación de proyectos urbanísticos ha provocado un natural recelo entre los promotores inmobiliarios valencianos. Benjamín Muñoz, secretario y portavoz de la patronal autonómica, comenta: "Sólo pedimos reglas de juego claras, si un consejero nos alienta a crear riqueza, a invertir y a desarrollar suelo no puede ser que mediada la legislatura, sin que haya sucedido ninguna catástrofe, su sucesor en el cargo, del mismo Gobierno, imponga una moratoria unilateral sin informarnos de sus intenciones. Si hay una moratoria, que lo diga. Si hay que modificar los proyectos, que lo diga. Pero es que ya no hablamos ni siquiera de viviendas de protección oficial".

Muñoz también recuerda la creciente aportación de la construcción de vivienda a la riqueza de la Comunidad Valenciana, del 10% del PIB regional hasta el 18% en los últimos siete años.

El talón de Aquiles del Gobierno de Camps

Francisco Camps sabía de sobra cuál era el talón de Aquiles de su Gobierno cuando en junio decidió colocar al frente de la Consejería de Territorio a Esteban González Pons, una persona de su más absoluta confianza, en sustitución de Rafael Blasco. El cambio era obligado. Todas las encuestas coincidían en señalar que la gestión del Gobierno valenciano en urbanismo y ordenación del territorio era, con diferencia, la peor valorada por los ciudadanos. Un sondeo del Instituto Opina publicado por EL PAÍS en octubre de 2005 confirmaba que el 28,5% de los encuestados aseguraba que la política del Ejecutivo regional en esta área era mala, frente a un 18,5% que la consideraba buena. La percepción empeoró un año después. Para el 36% de los ciudadanos, la gestión del territorio seguía siendo mala.

La imagen tan negativa es el resultado de la suma de numerosos factores que incluyen desde presuntos casos de corrupción que afectan a los alcaldes de Orihuela y Torrevieja hasta megaproyectos urbanísticos como el plan Rabassa de Alicante, que supone la construcción de 15.000 viviendas que habitarán 45.000 personas en 10 años y que supondrá un incremento del 15% de la población. Pero sobre todo, es el resultado de la feroz crítica del Parlamento Europeo a un modelo de crecimiento del territorio. Las quejas de 15.000 ciudadanos afectados por la aplicación de la legislación urbanística valenciana llenaron los despachos de la Eurocámara, que envió dos misiones de eurodiputados a la Comunidad Valenciana para concluir, en un informe aprobado por el pleno de la Cámara el año pasado, que la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) vulneraba los derechos de los pequeños propietarios. El Consell de Camps intentó remediar el rapapolvo europeo con la aprobación de una nueva ley en la que aseguraba que corregiría los vicios de la anterior, pero la Ley Urbanística Valenciana (LUV) no pasó el examen. La Comisión Europea dio hace dos semanas un nuevo ultimátum a la Generalitat para que cambie la LUV y la adapte a las directivas europeas sobre contratación pública, de modo que se garanticen el control administrativo y la transparencia en la gestión urbanística. La Comisión aprovechó la ocasión para denunciar una vez más que la Generalitat permitió la presentación de nuevos programas de actuación integrada (PAI) mientras tramitaba la ley. De hecho, decenas de municipios presentaron PAI a toda prisa antes del pasado febrero, cuando entró en vigor la LUV.

El nuevo consejero de Territorio ha pedido tiempo muerto y ha paralizado, con la excepción del PAI de Porxinos, la aprobación de nuevos planes al menos hasta el mes que viene. González Pons se dice defensor de la "política sandía": verde por fuera y roja por dentro. De momento, ha retirado las competencias urbanísticas al municipio alicantino de Catral, gobernado por los socialistas, y ha sustituido a los hombres de confianza de su antecesor, tal que si éste fuera de otro partido.

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Andalucía
 
MÁS DE 60 ALCALDES Y EDILES SEVILLANOS HAN SIDO IMPUTADOS
Diario de Sevilla (Andalucía) - 26 de octubre de 2006
 
 
Los tribunales de justicia se están convirtiendo en un escenario habitual en el que se dirimen en última instancia las decisiones más polémicas de los ayuntamientos o la confrontación entre gobierno y oposición municipales. No hay día en el que en los periódicos no aparezca un nuevo alcalde imputado, otra denuncia a la Fiscalía, una condena, más allá de los casos con especial repercusión, como los de la Costa del Sol o el de Camas. Sólo en Sevilla y desde las últimas elecciones locales, de junio de 2003, han trascendido casi medio centenar de procesos en los que se han visto inmersos más de 60 alcaldes y concejales, que han sido imputados. La cifra se multiplica si se tiene en cuenta a empresarios, asesores o técnicos que no han pasado por las urnas, en un fenómeno que algunos atribuyen al desarrollo de la legislación y sus reglamentos que encorsetan la gestión, a la mejor formación e información de colectivos ciudadanos y partidos políticos –también los gobiernos tienen más asesores y personal técnico– o al simple afán por desgastar a un rival político cuando no se logra hacerlo por otras vías.

En Sevilla, los presuntos delitos que se han denunciado en supuesta relación con políticos municipales son diversos: hay desde agresiones, amenazas y conducta antisindical hasta acoso; los más habituales están relacionados con supuestas prevaricaciones (toma de una decisión a sabiendas de que es injusta), con 13 casos; la malversación de caudales públicos, con siete; el cohecho o soborno, como el caso Camas, la investigación abierta a cuenta de la moción de censura de Bormujos y el caso del alcalde de Las Navas; tráfico de influencias, información privilegiada y falsedad documental. También hay hasta seis denuncias relacionadas con decisiones y proyectos urbanísticos, que están casi siempre también en el resto de casos, aunque se instruyan por otros delitos.

Por poner ejemplos, en la mesa de la Fiscalía hay denuncias sobre recalificaciones de suelos o edificaciones en pueblos como La Algaba, Coria, Burguillos, Cazalla, Espartinas, Sanlúcar la Mayor, Las Navas de la Concepción, Guillena, Aznalcázar y Castilblanco. También se habla de intereses urbanísticos como los desencadenantes del caso Camas y la moción de censura de Bormujos, que se instruyen por cohecho. En la lista no entran los casos que se han dirimido por lo contencioso-administrativo, como la reciente anulación del PGOU de Guillena y las irregularidades contables que revisa el Tribunal de Cuentas.

Hasta 35 poblaciones de las 105 de la provincia –entre ellas la capital, con las facturas falsas del Distrito Macarena– han tenido o tienen ediles imputados. Hay ayuntamientos donde es más evidente esta judicialización, con casos diferentes instruyéndose, como en Camas –donde el alcalde y varios ex asesores y miembros de IU están imputados por una supuesta financiación ilegal del partido–; Coria –donde la Fiscalía ha denunciado al actual gobierno local, y también pide diez años de inhabilitación para el ex alcalde, del PA– y Sevilla.

Pero la política no se libra de la lentitud de la Justicia y sólo 11 alcaldes han visto cómo sus casos se han archivado o han sido absueltos en este periodo, mientras que otros siete han terminado con sentencias condenatorias. Los casos resueltos son menos de la mitad y en su mayoría se han originado en otros mandatos. En concreto, ha sido condenado como autor de una falta de lesiones y vejaciones a un vecino durante una entrega de VPO el alcalde de Gerena, Jacinto Pereira (PSOE); otra edil de IU implicada en estos incidentes lo fue a su vez a dos años de prisión e inhabilitación por agredir al regidor y a su hija, también concejal. El alcalde de Villaverde, el socialista Rufino Campos, ha sido condenado a siete años de inhabilitación por denegar una VPO a una vecina de origen argentino. También tenía una sentencia condenatoria el alcalde popular de Almadén, José Luis Vidal, por denegar la licencia de apertura de un parque a la Junta, aunque este proceso ha sido anulado por la Audiencia, que considera que debía haber sido ella misma y no un juzgado de lo Penal el que lo juzgase.

Muy sonada ha sido la condena a un año de prisión del ex alcalde del PSOE de Salteras, Carlos Gozález-Eiris, por malos tratos a la que era su esposa, y tiene pendiente otro juicio por detención ilegal. El Supremo también ha confirmado una condena contra la primera edil de Tomares, la socialista Antonia Hierro, por conducta antisindical; los tribunales le han archivado otras denuncias de CCOO. Y condenada está la que fuera edil de IU en Camas, Mari Carmen Lobo, y el ex militante de la formación Francisco Gordo, que denunciaron después un intento de soborno. Lobo es la única que ha sido forzada a dejar su acta de concejal, después de que el Tribunal Supremo confirmara el delito de estafa procesal que cometió al falsificar el contrato de alquiler para evitar que los legítimos dueños de un piso lo ocuparan. El fallo, ajeno a su labor municipal, se dictó al poco de las elecciones y ha dado tiempo a completar los recursos.

Los otros dos alcaldes inhabilitados (el de Villaverde y el de Almadén) están en ese proceso de recursos y, previsiblemente, terminarán sin problemas los siete meses de mandato que les quedan. No resulta extraño que, aferrados a su presunción de inocencia, los concejales imputados en Camas y otros municipios se estén preparando para repetir en las listas. Si algo caracteriza a la judicialización de la política municipal sevillana es que, pese al evidente desgaste, nunca se traduce en la dimisión del cargo público imputado o condenado. Ni siquiera por esos conceptos de "higiene democrática" o de que "no sólo hay que ser honesto, sino parecerlo" a los que aluden los partidos cuando el procesado es un adversario, pero de los que se olvidan cuando lleva sus mismas siglas. Sólo ha optado por la retirada Antonio Martínez Flores, ex regidor de Mairena del Aljarafe, imputado por un presunto delito de falsedad documental junto a otro edil, por realizar arqueos falsos para cuadrar las cuentas entre 1991 y 1994, unos hechos por los que el Tribunal de Cuentas ya le ha obligado a devolver parte del dinero, en un fallo que ha recurrido. Pero el edil insiste en que su marcha fue por cansancio, nunca por verse en los tribunales.

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Destrozan una inmobiliaria por octava vez en seis meses
Diario de Sevilla (Andalucía) - 26 de octubre de 2006
 
 
Los responsables de la empresa denuncian al Ayuntamiento por no impedir que los vándalos pinten las fachadas y destrocen los cristales

La sede de una inmobiliaria situada en la calle San Luis ha sido atacada ocho veces desde su apertura el pasado mes de mayo. Los responsables de la compañía Gesinlla, que cuenta con otra oficina en la Magdalena que nunca ha sido asaltada, han denunciado los hechos ante el Ayuntamiento y la Policía Nacional y ya han anunciado que emprenderán acciones legales contra el Consistorio por dejación de funciones y solicitarán la devolución del importe de las tasas de licencia de apertura. En la mayoría de las ocasiones los actos vandálicos se han registrado entre las once de la noche de y las ocho de la mañana y consisten en pintadas insultantes, robos del rótulo con el nombre de la empresa y destrozos en los cristales. En algunos casos el escaparate del comercio ha aparecido con la señal de varias pedradas más pintadas con lemas como "Fuera de este barrio, especuladores" o "No queremos una inmobiliaria aquí". En ninguna ocasión los autores de los hechos han llegado a entrar en la oficina, pero los responsables de la empresa han solicitado vigilancia al Ayuntamiento por temor a que pueda ocurrir algún incidente más grave.

La primera denuncia es del día 22 de mayo, la jornada siguiente a la inauguración de la sede de San Luis a la altura de la plaza de San Marcos. Esa mañana, los empleados se encontraron con la fachada pintada. Un día después volvieron a aparecer graffitis.

El 8 de junio los denunciantes vuelven a solicitar protección al Ayuntamiento porque han vuelto a pintar las paredes y ahora han robado las letras del logotipo de la empresa. Avisos similares en las oficinas del distrito Casco Antiguo constan de los días 4, 28 y 30 de agosto. En esta última queja, el denunciante llega a utilizar la fórmula "vigilancia-vigilancia-vigilancia" para demostrar su desesperación. De ese mismo día es la primera denuncia interpuesta en la comisaría de Policía Nacional por la fractura de las cristaleras. Menos de dos meses después, el 17 y el 19 de octubre, la inmobiliaria ha vuelto a informar de destrozos importantes en cristales y fachadas. En su última queja, avisa al Ayuntamiento de que se está planteando el cierre de esta oficina y por ello pide la devolución de las tasas de la licencia de apertura.

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Expertos alertan de la caída de demanda en el mercado
El Ideal de Granada (Andalucía) - 25 de octubre de 2006
 
Pese a ello el sector de la construcción mantiene aún su fortaleza y una de cada.tres pymes se dedican a esta actividad, según datos del Colegio de Registradores

El sector inmobiliario y de la construcción configura la columna vertebral del entramado empresarial andaluz. Al menos en lo que a las pequeñas y medianas empresas (pymes) respecta. El último informe dado a conocer es el que ha editado el Colegio de Registradores de España, que ha utilizado la voluminosa información de la que dispone por ley para ofrecer una fotografía actualizada a 2005 de este tipo de sociedades. Según la misma, resulta que son las pymes de este sector las que mayor pujanza muestran. Representaban un 34,5% del total en el citado año de referencia. O lo que es lo mismo, un tercio largo del tejido societario andaluz está enclavado en el citado epígrafe.

Constructoras e inmobiliarias encabezan este ranking de las pymes andaluzas, pero no es menos cierto que su actividad aún en fase de expansión se puede ver afectada a corto plazo por la contracción de la demanda. A juicio de Manuel Flores, catedrático de Economía Financiera de la Universidad Rey Juan Carlos y coordinador del estudio 'Estadística Mercantil Sectorial de Andalucía 2001-2005', la adquisición de vivienda en toda España empieza a dar síntomas de desaceleración desde septiembre del pasado año.

«Es normal que esto suceda -explicaba ayer Flores- ante el precio que han alcanzado los inmuebles en muchas ciudades y ante el temor de los compradores de que los tipos de interés sigan al alza». Una situación que de ir a más puede frenar el aumento de precios de este bien de forma tranquila, pues si se produjera una caída brusca en los precios «estaríamos ante una coyuntura de recesión que nadie desea», apuntaba igualmente Flores.

Otros sectores

Pero las pymes andaluzas trabajan en otros sectores y configuran con ello los diferentes epígrafes de cualquier Registro Mercantil. De hecho y a diferencia de las clasificaciones económicas habituales, el sector servicios está separado del comercio y los talleres. Este último aglutinaba el pasado año un 28,9% del total mientras que el primero suponía el 18,1%.

Por lo que a la cifra de negocio de las pymes se refiere, el citado estudio establece una facturación media de 825.000 euros por pyme. El aumento más importante lo registró nuevamente el sector de construcción e inmobiliarias con un 20%. Dentro del sector servicios presentaron incrementos superiores incluso al citado las pymes de menor tamaño de hostelería, transporte y distribución. Es decir, las vinculadas al turismo y al consumo interno.

Empleo y beneficios

Los datos referidos al empleo entre las pymes andaluzas arrojan que éstas mantienen una plantilla media que alcanza los siete trabajadores en servicios, comercio y talleres, mientras que se eleva a diez en minería, manufacturas, construcción e inmobiliarias. El coste salarial lo han mantenido estable en el quinquenio analizado y oscila entre los 15.000 euros por empleado y año en agricultura y pesca y los 22.000 en minería.

En lo tocante a beneficios, resulta sorprendente que la media declarada por las pymes de la construcción e inmobiliarias fijen éstos en una media anual de 46.000 euros. Flores explicó que tal situación se daba por la existencia de micropymes, con un único titular y trabajador que declaran unos resultados mínimos.

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Castilla y León
 
EL PRECIO DE LOS PISOS NUEVOS BAJA EN LEÓN MÁS DEL 10%
Diario de León (Castilla y León) - 27 de octubre de 2006
 
Desde enero. El incremento registrado por las viviendas usadas mantiene el impulso, pese a la desaceleración San Andrés y Ponferrada siguen la evolución de la capital en el coste de inmuebles

La anunciada desaceleración en el precio de la vivienda libre, que venían advirtiendo las estadísticas desde hace meses, parece haberse consolidado según los primeros datos de esta última parte del ejercicio del 2006. En el caso de León, sólo el aumento registrado por los pisos de segunda mano mantiene el ritmo de crecimiento, porque en lo que se refiere a vivienda nueva los precios han incluso descendido. El informe sobre la evolución en el tercer trimestre del año, publicado ayer por el Ministerio de la Vivienda, desvela que tanto en la capital como en Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, los municipios más grandes de la provincia, la evolución del precio de las viviendas de menos de dos años sigue un ritmo decreciente; mientras el aumento que siguen registrando los pisos usados sufre una clara desaceleración.

En conjunto, los precios de la vivienda crecieron entre julio y septiembre un 8,1%, por debajo del 9,8% de incremento en Castilla y León, casi el mismo porcentaje que el registrado a nivel nacional, donde por primera vez en los últimos años el dato porcentual de crecimiento es de menos de dos cifras.

El más bajo de la comunidad

En el caso de León el precio medio del metro cuadrado de vivienda nueva se situó en 1.463 euros, el más bajo del conjunto de la comunidad, donde la siguiente provincia con menor coste es Zamora, con 1.632 euros por metro cuadrado.

En el caso de la vivienda antigua el precio medio del metro cuadrado se situó por encima de los 1.514 euros, y en este caso sólo Zamora tiene un coste inferior.

Estos datos suponen para la vivienda nueva un descenso desde el principio de año en los precios del 10,4%, en el caso de la capital, ya que en el primer trimestre el precio medio del metro cuadrado de este tipo de inmuebles era de 1.615 euros.

Sin embargo, en el caso de la vivienda usada el precio pasó de 1.487 euros el metro cuadrado en los datos conocidos en marzo a los 1.514 euros de las cifras hechas públicas ayer, lo que supone un crecimiento en lo que va de año de más del 9%.

A nivel nacional en los últimos doce meses el incremento de los precios fue del 9,7%, frente al 10,6% del trimestre anterior. Este es el menor incremento desde hace más de cinco años. La vivienda usada continúa su desaceleración y se sitúa en tasas del 2001.

El precio del metro cuadrado de vivienda libre en el conjunto del país se situó en 1.957 euros el metro cuadrado. Los datos del ministerio indican también un fuerte incremento en el número tanto en el número de viviendas protegidas iniciadas como terminadas.

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Castilla-La Mancha
 
LA CORRUPCIÓN EN CASTILLA-LA MANCHA PUEDE LLEGAR A BRUSELAS
elsemanaldigital.com (Castilla-La Mancha) - 24 de octubre de 2006
 
Castilla-La Mancha no es ajena al intenso debate sobre la corrupción urbanística que se está viviendo en España. El PP ha lanzado una ofensiva para sacar los colores a José María Barreda.

A partir del caso del macroproyecto que Francisco Hernando "El Pocero" está construyendo en la localidad toledana de Seseña, famoso ya en toda España por sus gigantescas proporciones, el PP ha empezado a diseñar el "mapa" de la corrupción urbanística en Castilla-La Mancha y ha denunciado públicamente ya otros casos llamativos, como los más de 600 chalés que supuestamente se construyen en una zona protegida en Hellín, provincia de Albacete, o la nueva estación de autobuses de Talavera de la Reina, en ambos casos con alcaldes socialistas.

El secretario regional del PP, Vicente Tirado, y la portavoz del partido, Carmen Riolobos, han anunciado que si el Gobierno socialista de José María Barreda no aclara todas las irregularidades denunciadas y se pone "luz y taquígrafos" a casos tan graves como el de "El Pocero", la corrupción urbanística en Castilla-La Mancha llegará al Parlamento Europeo. Los populares están dispuestos a llevar a Bruselas los escándalos urbanísticos y que se aclare lo que está ocurriendo en algunos ayuntamientos de la región.

Barreda reacciona

La ofensiva del PP se enmarca en el intenso debate sobre la corrupción que se está viviendo en España en estos momentos y que afecta, sobre todo, a los socialistas. Ante esta situación, el propio presidente de la Junta, José María Barreda, se ha visto obligado a reaccionar y se ha declarado partidario de modificar la Ley del Suelo en el sentido de que no todo el suelo sea susceptible de ser urbanizado y que se pongan limitaciones en este sentido.

Por su parte, la portavoz del PSOE en Castilla-La Mancha, Araceli Martínez, se ha mostrado tranquila ante las acusaciones del PP, ya que, tal como ha asegurado, el Gobierno regional no tiene nada que ocultar y todo se ha hecho con transparencia en materia urbanística.

Por otro lado, es significativa la querella por calumnias que "El Pocero" ha presentado contra el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, de IU, una denuncia que obligará al edil a pasar por el Juzgado el próximo 30 de octubre, según la citación recibida.

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La vivienda baja un 1% en Guadalajara
LaCronica.net (Castilla-La Mancha) - 27 de octubre de 2006
 
Con respecto al trimestre anterior. En los últimos 12 meses, el incremento del índice general de precios fue del 9,7%, frente al 10,6% del trimestre anterior, con una disminución de 0,9 puntos. Por primera vez en cinco años, el precio de la vivienda crece por debajo de los dos dígitos

A 30 de septiembre de 2006, el incremento del precio de la vivienda ha descendido hasta un 9,7% interanual respecto al mismo periodo del año anterior, bajando por primera vez de los dos dígitos, lo que no se producía desde el segundo trimestre del año 2001, es decir hace 22 trimestres, cinco años y medio.

Respecto al índice general de vivienda, los mayores incrementos interanuales se producen en Cantabria, con un 15,2%; Aragón (14,3%), y La Rioja, con un 13,9%. Se producen incrementos inferiores al 9% en Navarra (6%), Madrid (7,3%), y en Asturias, Canarias, Castilla-La Mancha, Valencia y Murcia, los incrementos se sitúan entre el 8 y el 9%.

Aunque en tasas interanuales todas las comunidades registran cifras de crecimiento que oscilan entre el 6% de Navarra y el 15,2% de Cantabria, la comparación de las cifras del tercer trimestre con el segundo han despertado ciertos temores en el ministerio: Navarra y Álava han visto cómo los precios caían un 2%, mientras que provincias como Guadalajara o Burgos han sufrido descensos del 1%.

Desaceleración

Vuelve a constatarse la continuidad en el proceso de desaceleración del crecimiento de los precios de la vivienda tanto en el índice general, como en el de la vivienda libre nueva y usada, así como en el precio de suelo. Comparando lo que ocurría a finales del primer trimestre de 2004, cuando los precios de la vivienda libre crecieron el 18,4%, ahora el crecimiento se ha reducido en 8.6 puntos, situándose en el 9,8%.

El proceso de desaceleración es más evidente si se comparan las variaciones trimestrales de los índices. El índice de precios de la vivienda libre se incrementó en el trimestre un 0,7%, siendo el menor incremento intertrimestral desde el cuarto trimestre del año 2000.

Respecto del incremento intertrimestral de la vivienda nueva, se ha producido una variación del 0,7%, lo que supone el menor crecimiento desde el tercer trimestre del año 1997. Igualmente en la vivienda usada hay que remontarse hasta el cuarto trimestre del año 2000 para encontrar crecimientos intertrimestrales inferiores al crecimiento del 0,8 %.

Vivienda libre

El precio de la vivienda libre creció un 0,7% en el índice intertrimestral (frente al 1,6 % del mismo periodo del 2005 y frente al 2,9 % del trimestre anterior) y un 9,8% en el interanual, con una disminución de 1 punto.

En la vivienda libre de nueva construcción se ha producido una suave disminución del precio de la vivienda respecto del trimestre anterior en Asturias, Canarias y Navarra, con incrementos interanuales en torno al 5%, muy por debajo del 10,5% de media.

El precio medio de la vivienda libre en España se ha situado en 1.956,7 euros/m², siendo las ciudades con precios más altos San Sebastián (4.076 €/ m²), Madrid (3.717€/ m²), Majadahonda (3.500 €/ m²) y Barcelona (3.482 €/ m²). En el extremo opuesto, es decir, donde se encuentran los precios más baratos, entre los municipios mayores de 25.000 habitantes, se sitúan Almendralejo en Badajoz (841 €/ m²) y Ontinyent en Valencia (826,5 €/ m²).

Vivienda protegida

El precio medio de la vivienda protegida en España es de 1000,2 €/m², aunque hay provincias donde los precios son muy inferiores, como por ejemplo Cáceres (762 €/ m²) y Badajoz (769 €/ m²).

En cuanto al precio de la vivienda protegida, la variación interanual fue del 7,3% (frente al 8,7% del trimestre anterior), y la trimestral del 0,5% (frente al 1,9% y al 2,8 % de los trimestres anteriores), lo que supone un decrecimiento acentuado con respecto al trimestre anterior.

El número de viviendas protegidas iniciadas se incrementa de forma considerable en el segundo trimestre de 2006, iniciándose 22.609 viviendas, un 19% más que en el primer trimestre del año 2006. En los últimos 12 meses se han iniciado 85.440 viviendas protegidas, lo que supone un nuevo record de iniciación de viviendas protegidas. Se terminaron 15.475 viviendas protegidas, un 17% más que respecto al primer trimestre del año 2006.

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Región de Murcia
 
IU denuncia a una inmobiliara murciana por ofertas falsas
20 Minutos (Región de Murcia) - 25 de octubre de 2006
 
 
Atraía a los clientes con ofertas de pisos que no existían. Pedía 270 euros por dar los teléfonos de pisos que se alquilaban. Los propietarios no sabían que era una agencia la que les llamaba.



Izquierda Unida (IU) ha denunciado, a través de un comunicado de prensa, las "artimañas" de una empresa inmobiliaria de Murcia, en la plaza Preciosa, que presuntamente cobraba 270 euros a las personas que buscaban un piso de alquiler a cambio de ponerles en contacto con los dueños de las viviendas.

Según IU el "modus operandi" consistía en "capturar" teléfonos de particulares que publicitaban el alquiler de sus pisos para crear una bolsa de teléfonos de propietarios y direcciones de apartamentos "que ellos jamás habían visitado". Posteriormente, se anunciaban con ofertas falsas de alquiler que ofrecían pisos de cuatro habitaciones al lado del campus universitario por 400 euros al mes.

Un supuesto señuelo con el que el cliente acudía a la oficina y tenía que pagar por adelantado 270 euros a cambio de proporcionarle durante seis meses citas con los dueños de los distintos pisos. Propietarios que desconocían que era una inmobiliaria la que les llamaba.

El cliente "cae en el anzuelo", según IU, "ya que jamás le ofrecerán un piso de 4 habitaciones por 400 euros, pero el precio ya está pagado y no hay vuelta atrás". Por otro lado, IU denunció la ausencia de una política de vivienda en alquiler para la juventud en la ciudad, y que el ayuntamiento no dispone de un dispositivo "de presión y control" respecto a la calidad de los pisos que se ponen en alquiler.

Por todo ello, IU propone una Concejalía de la Vivienda, ampliar y publicitar un sistema de ayudas al alojamiento promovido por el ayuntamiento y castigar el abuso que las inmobiliarias hacia los estudiantes, limitando el precio a cobrar por los "servicios" especulativos que a día de hoy promueven.

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