BOLETÍN DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2007
 
 
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España y vivienda
 
LA VIVIENDA DESBANCA AL TERRORISMO COMO PRIMERA PREOCUPACIÓN
El Mundo - 31 de octubre de 2007
 
 
La inquietud por el ladrillo ha subido en verano seis décimas hasta el 37,3%. El terrorismo ha descendido casi nueve puntos para situarse en el 35,4%. Es la primera vez que la vivienda supera al terrorismo y al paro.

La vivienda se ha convertido, por vez primera en las encuestas del CIS, en la principal preocupación de los españoles, debido a que el terrorismo ha descendido casi nueve puntos y se ha situado como segundo mayor problema, según el último barómetro de este organismo correspondiente al mes de septiembre.

La preocupación por la vivienda, que en el anterior muestreo de julio era citada por el 36,7 por ciento, ha subido durante el verano 0,6 puntos, hasta el 37,3%, mientras que el terrorismo, que antes preocupaba al 44,1%, ha bajado hasta el 35,4%.

La encuesta del CIS, dada a conocer este miércoles, apunta a un empeoramiento de la percepción que los ciudadanos tienen de la situación económica, porque si en julio era "mala o muy mala" para el 25%, ahora lo es para el 29,5%.

Tradicionalmente, en los barómetros mensuales del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el paro y el terrorismo han alternado como principales preocupaciones ciudadanas. En un período de episodios alcistas de los tipos de interés, la vivienda ha desbancado por primera vez a ambos problemas y figura a la cabeza de las inquietudes ciudadanas.

El terrorismo, que abría la lista en el anterior barómetro, ha bajado 8,7 puntos y se coloca en segundo lugar, con el 35,4% de menciones, seguido muy de cerca por el paro, en el tercer puesto con el 35% (1,5% menos que antes del verano).

Otro dato significativo de esta encuesta del CIS es el descenso de la inmigración, ahora citada por el 29,2%, cuando antes alcanzaba el 34,5%. Al ser preguntados por los problemas que más les afectan personalmente, los españoles citan también la vivienda como el principal de todos (26,6%), por delante de los problemas económicos (23,8), el paro (16,4) y las preocupaciones por la calidad del empleo (14,4%).

La situación económica es "buena" o "muy buena" para el 23% de los encuestados, frente al 27,1 que la calificaba así hace dos meses; el 45,9% la ve como "regular" y para el 29,5 es "mala o muy mala". De cara al futuro, el 33,9% augura que empeorará, cifra que supera en 7,6 puntos a los más pesimistas del anterior barómetro. El 10,6% confía en que vaya a mejor (hace dos meses pensaba así el 16,2%) y el 42,7 piensa que seguirá igual.

El CIS también ha preguntado por la situación política, cuyos parámetros se mantienen casi iguales, ya que es "mala" o "muy mala" para el 35,3%, "buena" o "muy buena" para el 17,8% y "regular" para el 39,7. Dentro de un año, el 18,7% de los ciudadanos cree que estará peor, frente a un 12,1% que ve el futuro con optimismo y un 45,8% que no prevé cambios. Para elaborar esta encuesta, el CIS entrevistó a 2.481 personas de 237 municipios entre el 24 y el 30 de septiembre.

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EL PSOE BAJA LA DEDUCCIÓN POR ALQUILER
publico.es - 26 de octubre de 2007
 
 
Una enmienda del grupo socialista a los Presupuestos Generales del Estado para 2008 amenaza con descafeinar la deducción por alquiler prometida por el Gobierno.

Hace un mes, la ministra de Vivienda, Carme Chacón, anunció que todos los contribuyentes que vivieran en alquiler y con ingresos brutos inferiores a 28.000 euros tendrían derecho a una deducción en el IRPF del 10,05% sobre el alquiler pagado. Ese porcentaje de deducción se aplicaría sobre un importe máximo de 9.015 euros, por lo que la deducción en la cuota estatal podría alcanzar los 906 euros. La medida va incluida en los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, pero la enmienda del PSOE introduce una gradualidad para que a mayores ingresos, la deducción por alquiler sea menor.

De aprobarse esa enmienda, la deducción de 906 euros en el IRPF, que iba a ser para todos los ingresos inferiores a 28.000 euros brutos anuales (unos 24.000 euros netos), será sólo para los que ganen hasta 12.000 euros brutos al año -menos que un mileurista-. Los que ingresen 28.000 euros no tendrán deducción alguna y, por ejemplo, los inquilinos con ingresos de 24.000 euros sólo podrán descontarse 1,5 euros.

El PSOE justifica su enmienda para "evitar los efectos inflacionistas que podrían generarse con una deducción de carácter general"

Discriminatoria

Por eso, la portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Illiana Izverniceanu, cree que esta modificación de la deducción fomenta la economía sumergida porque podría motivar a los contribuyentes a declarar nóminas inferiores a 12.000 euros pese a tener ingresos superiores, con el fin de deducirse el máximo previsto, informa Europa Press.

Además, la graduación de la deducción por alquiler resulta discriminatoria respecto a la deducción por adquisición de vivienda. La Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) permite a los que adquieren su vivienda habitual deducirse el 10,05% de la inversión realizada en el año (por ejemplo lo que pagan por el préstamo hipotecario) sobre un importe máximo de inversión de 9.015 euros, independientemente del nivel de ingresos.

A algunos les sonará que la deducción por adquisición o rehabilitación de vivienda es del 15%. Así es, lo que ocurre es que el Estado legisla sobre la parte estatal del IRPF; en la parte autonómica son las Comunidades Autónomas las que deciden las deducciones a aplicar. De ese 15%, la que le corresponde al Estado es el 10,05%, por eso es también el propuesto para alquiler.

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LA VIÑETA: FAMILIAS EN QUIEBRA
Informe Semanal - 24 de octubre de 2007
 
 
Este mes os traemos un programa elaborado por Informe Semanal de RTVE que habla sobre la situación financiera de muchas familias:





 
 
PARÓN INMOBILIARIO PASA FACTURA A LOS INGRESOS FISCALES CCAA
El País - 15 de octubre de 2007
 
La recaudación por los principales impuestos de la vivienda se desinfla en 2007

El parón inmobiliario está pasando factura a los ingresos fiscales de las autonomías de mayor peso, por la caída de la recaudación en los impuestos relacionados con la vivienda, cedidos por el Estado. La caída varía según las comunidades, que se resisten a dar datos oficiales. Aun así Madrid confiesa un descenso del 19%, y Cataluña, del 3%. En Valencia, hay datos que apuntan a que la recaudación puede caer a la mitad, mientras que en Galicia la reducción es del 6,5%. Los tributos que tienen que ver con la vivienda llegan a aportar una quinta parte de los ingresos de cada autonomía.

"El ritmo de compraventas de pisos, nuevos o no, es un 70% inferior al de hace dos años", dice Joan Ollé, presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de Barcelona. En julio de este año se firmaron un 3% menos de hipotecas que en julio de 2006. En el primer semestre de 2007, la compraventa de casas reculó un 10,2%, según el Colegio de Registradores de la Propiedad. "Es seguro y lógico que caiga la recaudación autonómica", concluye el Registro de Economistas Asesores Fiscales.

"Veremos si será posible cumplir con los objetivos de estabilidad presupuestaria. La caída es difícil de compensar", dicen fuentes autonómicas. En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, Madrid planteó su inquietud. Sus colegas callaron. Pero la comparten. El impuesto clave es el de transmisiones patrimoniales (ITP), que grava la compra de un piso de segunda mano, y actos jurídicos documentados (AJD), que grava la firma de cualquier hipoteca y la escritura de compra de un piso nuevo.

- MADRID. El 22,8% de los ingresos de esta comunidad provienen de este impuesto y sus dos conceptos. Este año el dinero presupuestado asciende en total a 3.857 millones de euros. Pero la recaudación por transmisiones patrimoniales entre enero y septiembre ha caído un 19% respecto al año pasado. "Es un impuesto que evoluciona parejo al mercado de la vivienda. Y éste está en desaceleración", explican desde el Ejecutivo regional. Los ingresos por el impuesto sobre transmisiones onerosas en los nueve primeros meses del año ascienden a 1.321 millones, frente a los 1.632 recaudados en 2006. Sin embargo, el dinero por AJD asciende a 1.099 durante hasta septiembre, un 1,9% más.

Los presupuestos para 2008 recogerán una caída de la recaudación. "No es previsible que cambie la tendencia a corto plazo. Incluso estimamos que durante el primer semestre de 2008 el ciclo siga a la baja", precisan fuentes de la Comunidad de Madrid. La situación choca con la de años anteriores. Entre 2003 y 2006 la recaudación por este gravamen aumentó un 55%, con crecimientos de dos dígitos anuales.

- CATALUÑA. El Gobierno catalán cuelga en su página web la evolución de la recaudación a lo largo del año. Los datos sobre los derechos liquidados llegan hasta agosto. La caída roza el 3% sobre el mismo periodo de enero a agosto de 2006, en que el impuesto había levantado 2.529,57 millones. "No se cumplirá el objetivo presupuestado para 2007", afirman fuentes de Economía, que aún confían en que "la tendencia se estabilice a finales de este año". En 2007, la previsión de incremento de recaudación ya se había moderado a un 15%, muy por debajo de los ritmos de subida del 24%, 30%, 20% y 25% de los cuatro años anteriores.

El listón para 2007 se fijó en 4.445 millones de euros. Hasta agosto sólo se había cubierto en un 55,6%. La desaceleración "será considerada" al elaborar los presupuestos de 2008. El peso de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos ronda el 18% de todos los ingresos de Cataluña.

- VALENCIA. El presupuesto para 2007 prevé unos ingresos por ambos conceptos de 2.073 millones, un 20% por debajo de la recaudación real de 2006 y un 16% del total de ingresos de la comunidad. Ningún portavoz oficial quiere evaluar el impacto de la crisis del ladrillo sobre la recaudación hasta que acabe el ejercicio. Los datos remitidos a la oposición revelan que, en junio, los ingresos apenas superaban los 895 millones, menos de la mitad de lo previsto para todo el ejercicio. La caída es mayor si se atiende a la desviación favorable y sistemática de los últimos ejercicios. La situación contrasta con la de 2006, en que se estimaron unos ingresos de 1.428 millones de euros por un impuesto que acapara un 20% de los ingresos totales y cuya posterior liquidación arrojó una recaudación real de 2.438 millones, informa Miguel Olivares.

- ANDALUCÍA. La Junta de Andalucía ha realizado una previsión "conservadora" de ingresos para 2008: prevé recaudar 1.582 millones de ITP y 1.516 de AJD, con incrementos del 6,8% y del 7,7% sobre 2007, respectivamente, y muy por debajo del 20% de incremento medio registrado en 2006, informa Juan Méndez. Según José de Haro, secretario general de Hacienda de Andalucía, "a 31 de agosto, la ejecución de transmisiones patrimoniales era del 71,04% y la de actos jurídicos del 81,4%". De Haro cree que el presupuesto para 2007 será "cubierto". "Los efectos de la ralentización del sector no son inmediatos, queda mucha obra en ejecución que terminará en 2008 y una fuerte capacidad de oferta", añade.

- GALICIA. La Xunta no facilita datos oficiales del descenso de la recaudación, pero fuentes de Economía apuntaron que sus muestreos arrojan un descenso de unos 40 millones de euros, informa Manuel Vázquez. La previsión recaudatoria de la Xunta para este año era en total de 631 millones. No hay aún previsiones para 2008. El conselleiro de Economía, José Ramón Fernández Antonio (PSOE), explica que "vamos a cumplir con el objetivo global de ingresos y no habrá un reajuste de los gastos", porque el crecimiento está superando las previsiones del 3,8%. Hasta junio, el PIB autonómico crecía al 4,3%.

El IVA, desaceleración suave

Cuando se compra una vivienda nueva, se paga IVA. Pero la recaudación de este impuesto, que realiza el Estado aunque luego cede un 35% del dinero a las comunidades autónomas, no acusa todavía la crisis. "Crece un poco menos que en 2006, pero no mucho menos. El efecto de la desaceleración inmobiliaria, que en el caso del IVA tarda más en notarse, es suave", explica el Ministerio de Economía. De agosto de 2006 a agosto de 2007, el incremento de la recaudación fue de un 2%. La previsión de incremento en los presupuestos de 2008 es del 6,3%.

LOS IMPUESTOS DE LA VIVIENDA

El impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP), cedido, grava la compra de una vivienda de segunda mano, y según las autonomías, suele ser de un 6%, un 7% o un 8%.

El impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), cedido, grava la firma de una hipoteca y la compra de una vivienda nueva. Suele ser del 1%, con excepciones.

El impuesto sobre el valor añadido (IVA) grava con un 7% la compra de un piso nuevo. Lo recauda el Estado, y éste cede un 35% del dinero a las autonomías.

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ADICAE DENUNCIA GRAVES DEFECTOS INFORMATIVOS EN LA HIPOTECA
aragondigital.es (Economía) - 03 de noviembre de 2007
 
 
La Asociación de Usuarios de Bancos Cajas y Seguros, Adicae, está desarrollando un estudio donde apunta las negligencias de las entidades en la gestión de las hipotecas. En el estudio, aparece Ibercaja en Zaragoza, que ofrece a los jóvenes la financiación del 120% del valor de tasación de la vivienda: una “hipoteca basura”, según Adicae.

Zaragoza.- La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros, Adicae, ante las crecientes dificultades que la actual coyuntura de subida de tipos de interés viene generando a los consumidores, está desarrollando durante 2007, con el patrocinio del Instituto Nacional de Consumo, el proyecto “Los consumidores y las hipotecas, créditos rápidos y los servicios de reunificación de deudas ante la coyuntura alcista de tipos”, que a través de diferentes estudios pretende ofrecer una visión detallada de la realidad a la que se enfrentan los consumidores a la hora de contratar hipotecas, créditos rápidos y de recurrir a la reunificación de deudas.

Adicae ha subrayado con el estudio la falta de información que el usuario recibe de la hipoteca o el hecho de no facilitar al consumidor la preceptiva oferta vinculante sobre las condiciones financieras del préstamo. Además, las hipotecas basura centran gran parte del estudio y destaca el dato que el 65,55% de los bancos ofrece una financiación que supera el 80% del valor de tasación de la vivienda. En algunos casos, como pasa con Ibercaja y el Ayuntamiento de Zaragoza, se ofrece a los jóvenes la financiación del 120% del valor de tasación de la vivienda, lo que, a juicio de Adicae, supone verdaderas hipotecas basura, si no quiere emplearse el término “subprime a la española”.

En el estudio de Adicae se han visitado un total de 186 sucursales en 6 ciudades españolas (Madrid, Zaragoza, Valladolid, Mérida, Cáceres y Málaga) de importantes entidades a nivel nacional y regional. El estudio se realizó mediante visitas presenciales a las sucursales para solicitar un préstamo hipotecario de cuantía inferior a 150.000 euros (a los que resulta de aplicación la Orden de Transparencia). De igual forma se solicitaron también préstamos de mayor cuantía, obteniéndose los mismos resultados.

Sin oferta vinculante y sin folleto

A pesar de que la Orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia en las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios establece en su artículo 3 la obligación para bancos y cajas de facilitar un folleto informativo con la información básica de la hipoteca, el estudio realizado por Adicae muestra cómo más de la mitad de las entidades (entre ellas se encuentran BBVA, Banesto, La Caixa, Cajamadrid, Banco Popular o CAI) no facilitan dicho folleto, sustituyéndolo en el mejor de los casos por mera publicidad, explicaciones verbales o un simple papel “a sucio” en el que de puño y letra, sin membrete ni sello, se indican algunas de las condiciones.

Continuando con el estudio, las sucursales visitadas fueron preguntadas si una vez realizada la tasación de la vivienda se entregaría oferta vinculante. Para sorpresa de los técnicos de la Asociación, un 41,93% respondieron sin ninguna clase de pudor ni excusa que no entregaban ese documento, a pesar de resultar una de las medidas fundamentales y prioritarias de transparencia establecidas por la Orden Ministerial.

En la oferta vinculante, además de contenerse las cláusulas financieras del préstamo (tipo de interés, comisiones, etc...) debe informarse al usuario de su derecho a examinar el proyecto de escritura pública del préstamo en el notario con al menos tres días de antelación a su firma.

Hipotecas basura en España

Por otra parte, dos tercios de las sucursales examinadas (un 65,55%) ofrecen unos porcentajes de financiación superiores al 80% del valor de tasación, sin atender a las situaciones de crisis o riesgos. Cuando la financiación excede del 80% del valor de tasación existe un riesgo añadido para el usuario en casos de impago o de simple descenso del valor de la vivienda: el consumidor corre el riesgo de encontrarse con un capital a devolver superior al valor de la vivienda si los precios de la misma (condicionados por la actual “burbuja inmobiliaria”) se corrigen a la baja.

A este respecto no puede olvidarse que diversas instituciones han advertido sobre la sobrevaloración del precio de la vivienda en España, habiendo llegado incluso a cuantificarla en el 20% el propio Servicio de Estudio del Banco de España hace ya dos años.

El estudio de Adicae ha puesto de manifiesto situaciones aún más peligrosas si cabe, como el caso de Ibercaja, que en colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza ofrece a los jóvenes la financiación del 120% del valor de tasación de la vivienda, verdaderas hipotecas basura, si no quiere emplearse el término “subprime a la española”. Por su parte, otra entidad como el Santander Central Hispano no se queda lejos, ofreciendo financiar hasta el 97% del valor de tasación.

En consecuencia, los datos obtenidos ponen de manifiesto un preocupante grado de incumplimiento de una de las normas básicas para la transparencia del mercado hipotecario y para la protección de los consumidores, dando lugar a una situación de graves defectos informativos en la contratación de un producto financiero, la hipoteca, que compromete la renta de los consumidores por 30 e incluso 40 años.

Esta realidad de graves incumplimientos se torna más preocupante si cabe en la actual situación, de crecientes dificultades de las familias para hacer frente a sus hipotecas tras las continuas subidas del Euribor. Habida cuenta de que los usuarios no son adecuadamente informados al contratar su hipoteca, infringiendo la normativa, se pone de manifiesto la responsabilidad de bancos y cajas en las dificultades que atraviesan los consumidores, bancos y cajas cuya “alegría” en la comercialización de hipotecas en los últimos años se ve acompañada de las irregularidades citadas.

Por ello, cabe preguntarse si en el posible escenario de aumento de impagos de préstamos hipotecarios deberían ser los consumidores quienes asumieran únicamente las graves consecuencias que para los mismos se generan en esa situación.

A la vista de los datos que arroja el estudio, es de esperar alguna reacción por parte del Banco de España, organismo encargado de velar, entre otras cosas, por la transparencia del mercado financiero español y el respeto por parte de banco y cajas a la normativa en vigor, y al que Adicae denunciará las irregularidades detectadas.

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Terapia de choque para la costa
El País - 29 de octubre de 2007
 
 
El Gobierno ofrece a las autonomías un pacto contra el urbanismo salvaje - El plan quiere recuperar 776 kilómetros de Mediterráneo ocupados por casas

En primera línea de la playa de Calpe se construye actualmente un hotel de 24 plantas. El edificio invade la zona de protección que fijó la Ley de Costas en 1988. Pero las máquinas siguen adelante. En Adra (Almería) hay 500 familias que ven cómo el mar amenaza con invadir sus casas, humildes viviendas sobre la misma playa hace décadas.

Hay casos a miles: dos torres proyectadas en Benidorm (Alicante) en zona pública; casas sobre el mar en Pupí (Almería) sin que esté claro sin es suelo público; un complejo paralizado en La Manga del Mar Menor que pretendía ganar terreno al mar...

Son sólo unos ejemplos de la disparatada situación que vive la costa española, motor económico del país como imán del turismo, y en la que la aplicación de la Ley de Costas es muy deficiente. La norma establece que toda la playa (o el lugar que alcanza los mayores oleajes) es pública. Después viene una servidumbre de paso de seis metros para que cualquiera pueda recorrer el litoral, y después 100 metros de protección, en los que se pueden instalar campos deportivos o cultivos pero no casas.

Todo esto, si el terreno no estaba declarado como urbanizable cuando la ley entró en vigor. Para las casas que ya estaban construidas legalmente en la playa en 1988, la ley les dio una concesión que normalmente es de 30 años y que comenzará a caducar en 2018.

Casi 20 años después de la entrada en vigor de la norma, el Ministerio de Medio Ambiente ha preparado una terapia de choque para reanimar al enfermo. El próximo miércoles ofrecerá a las comunidades autónomas un gran acuerdo, un pacto de Estado, no sólo para frenar el urbanismo salvaje sino para pactar la demolición de las viviendas, chalés, hoteles y piscinas que ocupan la zona pública de costa y así recuperar lo que ya está destruido.

"Sin acuerdo de las comunidades y ayuntamientos no será posible aplicar este plan, pero tenemos que convencer a las Administraciones de que retirando algunas casas fastidiamos a unos pocos pero a cambio gana mucha más gente y desde luego aumentará el turismo de calidad", explica el secretario general para la Biodiversidad y el Territorio del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano.

El Gobierno les va a proponer "un cambio radical en la política de costas. Hasta ahora hacíamos paseos marítimos, que en realidad era poner dinero público para los gastos de urbanización de un promotor. Ahora queremos pasar a recuperar para el uso público los 8.000 kilómetros de costa". El pacto propuesto a las autonomías bajo el nombre de Estrategia para la Sostenibilidad de la Costa abarca por el momento al Mediterráneo, Baleares, Canarias y Cádiz y Huelva. El Cantábrico, aún no tan urbanizado, queda fuera de esta primera fase.

Para los próximos años (la estrategia no tiene un plazo de ejecución) el ministerio prevé "rescatar concesiones" a lo largo de 776.972 metros de costa mediterránea y de Canarias. Se trata de rescatar los permisos de ocupación del dominio público de las viviendas construidas antes de la Ley de Costas para demolerlas y darle uso público. "Pretendemos negociar, no ir directamente a la expropiación, porque los propietarios suelen pleitear y eso alarga enormemente los trámites", según Serrano. Pese a ello, el Gobierno insiste en que su propuesta no es un plan de expropiaciones masivas.

Por eso es esencial la colaboración de ayuntamientos y comunidades. Porque el ministerio sólo tiene competencias en los primeros metros de costa y pretende que los ayuntamientos cedan suelo a esos propietarios en zonas alejadas de la costa.

Aplicar el plan costaría 5.000 millones de euros, pero Medio Ambiente insiste en que es una estrategia a largo plazo y que sólo será posible con colaboración institucional y empresarial.

La barrera de hormigón ha llegado a tal punto en el Mediterráneo que el 36% es suelo urbano y el 11% es urbanizable. Eso quiere decir que más de 1.000 kilómetros de la primera línea del Mediterráneo y Canarias ya están construidos o en vías de serlo. Por el contrario, un 32% de la primera línea está protegida (eso no impide que se construya 100 metros más atrás) y el 21% es no urbanizable.

Además, Medio Ambiente quiere construir 782 kilómetros de caminos naturales bordeando el litoral "para que cualquiera pueda circular la costa, no en coche, sino a pie o en bicicleta. Intentaremos huir de las obras duras", explica Serrano, catedrático de Ordenación del Territorio. En las pocas zonas que permanecen vírgenes, Medio Ambiente no construirá estos caminos, sino rutas alejadas del mar con viales para llegar al mar.

Otra de las cosas que tiene en cuenta el plan es la subida prevista del nivel del mar por efecto del calentamiento. Un estudio encargado por el Ministerio a la Universidad de Cantabria concluyó que las playas pueden retroceder en 2050 una media de 15 metros. Zonas como el Delta del Ebro son especialmente vulnerables. Allí, la urbanización Riumar queda tras la línea que teóricamente alcanzará el mar de unas décadas. Pero hay más. Serrano va a su despacho y vuelve con una foto de una urbanización en Valencia construida bajo el nivel del mar. "Tenemos que recuperar estas zonas e ir hacia atrás. Dejarlas libres para que la relación con el mar sea natural", sentencia Serrano.

El plan incluye obras de regeneración de dunas (el 70% está en regresión) y eliminar las obras que impiden la regeneración natural de las playas. También aborda las mejores formas para evitar la pérdida de arena de playas que producen los puertos deportivos.

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Zapatero emplaza a bancos y cajas a reabrir el crédito
CincoDías.com (Gobierno) - 16 de octubre de 2006
 
 
José Luis Rodríguez Zapatero hizo ayer un llamamiento al sistema financiero en su conjunto para que abra el grifo del crédito al sector inmobiliario, a la vista de la falta de liquidez de algunas empresas como consecuencia de la crisis provocada por las hipotecas subprime.

El presidente aprovechó el foro organizado por Abc y Deloitte para expresar, según él mismo confesó, algunas de las preocupaciones que le habían expuesto las compañías inmobiliarias a raíz de la desaceleración que sufre el sector y de los problemas que tienen algunas empresas para acceder al crédito bancario a raíz de las turbulencias provocadas por las hipotecas subprime. Zapatero reclamó a bancos y cajas que, aun manteniendo 'el principio de seguridad', faciliten 'un nivel razonable de crédito' a las empresas, 'en particular a las del sector inmobiliario' ya que éste representa entre el 5% y el 6% del PIB. Lo aconseja, dijo, 'la fortaleza del sistema económico'. Recordó que en España se crean cerca de 500.000 hogares al año.

La explosión de las hipotecas de alto riesgo en Estados Unidos ha provocado que parte de los recursos que los bancos dedicaban a financiar la vivienda se hayan desviado hacia los créditos al consumo y a cubrir la actividad de pequeñas y medianas empresas, con la consiguiente restricción para los préstamos hipotecarios y la dificultad que ello representa para el sector inmobiliario.

Ayer asistieron al almuerzo, entre otros, los presidentes de la Asociación Española de Banca, Miguel Martín; del Banco Guipuzcoano, José María Aguirre; del Popular, Ángel Ron; representantes de la Caja de Castilla-La Mancha y de Unicaja, además de los constructores Florentino Pérez (ACS), Rafael del Pino (Ferrovial), Mesoneros Romanos (Constructora San José), Fernando Martín (Fadesa) y Luis del Rivero (Sacyr). Representantes del sector financiero eludieron pronunciarse sobre el llamamiento hecho por Zapatero. Cimientos económicos

Ante todos ellos y otros dirigentes empresariales y financieros, el presidente señaló que bancos y cajas 'están a la expectativa' de cómo evoluciona la crisis hipotecaria en Estados Unidos y en Europa, pero opinó que hay motivos para ser optimista 'porque no hay atisbo de recesión económica ni de problemas a medio plazo ya que la economía mundial y la española tiene buenos cimientos'. Zapatero considera que la recuperación que ha tenido la Bolsa en los últimos días es un anticipo de que 'pronto volveremos a la normalidad'.

En el repaso de la coyuntura, el presidente del Gobierno elogió la forma en que el vicepresidente Pedro Solbes ha gestionado la política económica y disparó directamente contra el prestigio del todavía presidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, a quien le faltan 15 días escasos para dejar el cargo. 'Le pongo en valor a Solbes porque ha ido acertando en todas sus previsiones de crecimiento y ha cumplido con su palabra. Quien no ha acertado es el FMI en sus previsiones de 2005, 2006 y 2007, en las que se ha equivocado un rato', dijo irónico. Esta crítica, la primera en boca de Zapatero hacia el director del FMI desde que ocupa esta responsabilidad, coincide con la incertidumbre que reina en el Gobierno sobre la ocupación que tendrá Rato cuando en breve regrese a España y sobre su grado de implicación en la campaña electoral del PP.

El agradecimiento de Zapatero a Solbes se hizo también evidente cuando recordó que España ha sumado a su PIB 265.000 millones de euros, el equivalente al de Dinamarca. Visitas de empresarios

• Zapatero eludió comentar ayer 'las valoraciones de mi amigo Juan Luis Cebrián', en referencia a la reciente conferencia pronunciada por el consejero delegado de Prisa en la que cuestionó la política de comunicación del Gobierno y criticó la influencia de los 'visitadores' de La Moncloa en el nuevo panorama mediático. 'Hay muchas personas que van habitualmente a La Moncloa. Son normalmente empresarios', señaló el presidente.

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Chacón baraja dejar de publicar la estadística de precios
CincoDías.com - 18 de octubre de 2007
 
 
El Ministerio de Vivienda está estudiando dejar de publicar a medio plazo los datos relativos a la evolución de precios de las casas, ya que según Eurostat la actual estadística no responde a los criterios que quiere imponer la UE para que los datos de todos los países puedan ser comparables.

La Oficina de Estadísticas de la Unión Europea (Eurostat) es partidaria de que las estadísticas de precios de la vivienda estén basadas en datos procedentes de las transacciones inmobiliarias y no de las tasaciones, tal y como ocurre en el caso de la estadística que publica ahora el Ministerio, según confirmaron a Cinco Días fuentes conocedoras de este proyecto. 'No hay ninguna decisión tomada a corto plazo, pero lo que sí es cierto es que a futuro pensamos que toda la información relativa a precios sea responsabilidad del Instituto Nacional de Estadística (INE). Por ello, hemos pensado llevar esta propuesta en el programa electoral del PSOE de cara a las próximas elecciones generales', explican estas fuentes.

El estudio que realiza el Ministerio se elabora a partir de los datos que les remiten las tasadoras.

Numerosos expertos han cuestionado históricamente estas cifras, ya que desde el propio sector se admite que en ocasiones los valores de tasación de los inmuebles se sobreestiman con el objetivo de obtener más financiación a través del crédito hipotecario y hacer posible así una compraventa.

En España, notarios y registradores iniciaron hace varios años la publicación de sendas estadísticas de precios, elaboradas en función precisamente de los datos disponibles en sus bases de datos, procedentes de las escrituras públicas de compraventa.

No obstante, la firma de un convenio con el departamento entonces dirigido por María Antonia Trujillo determinó que los notarios suministraran al Gobierno información sobre el volumen de transacciones y los registradores sobre precio de suelo y supuso en la práctica que dejasen de publicarse sus estudios sobre precios de vivienda.

Ahora, Eurostat recuerda a todos los países de la Unión que lo más idóneo para que las cifras sean homogéneas y comparables es que todas ellas procedan de las transacciones y no de tasaciones. 'Ésa y no otra es la principal razón para plantearnos ahora esta operación. En ningún caso se ha estudiado ante la perspectiva de que los precios vayan a registrar caídas', añaden.

El INE, a la espera del plácet de Eurostat

El Instituto Nacional de Estadística (INE) tiene todo preparado para empezar a difundir su índice de precios de la vivienda. Tan sólo espera a que Eurostat apruebe definitivamente la metodología empleada por el organismo español y por los del resto de países implicados en la elaboración de este indicador. 'Lo lógico es que todos lo empecemos a difundir a la vez', señalan fuentes oficiales. El índice será como el IPC, no dará valores absolutos, pero sí evolución de precios tanto de vivienda nueva, como usada, por autonomías y provincias. Falta por decidir si su periodicidad será trimestral o mensual. Los datos se elaborarán con la información de los notarios y tendrán en cuenta factores como las reformas efectuadas a un inmueble para hacer que las cifras sean siempre comparables.

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El país de las mil 'marbellas' como emergencia social
Cotizalia.com - 17 de octubre de 2007
 
 
¿Es España un país de marbellas? ¿Hay muchas marbellas en España? La corrupción urbanística ha galopado al hilo del boom inmobiliario y el desmadre de los precios, así como del descontrol de las finanzas municipales.

El suelo ha subido en los últimos años un 500% y el precio de los pisos un 130%. El Gobierno de la nación no se plantea por ahora modificar la ley de financiación de las haciendas locales, así que la vía de especulación de los ayuntamientos como modo de suplir las necesidades de su población tiene visos de continuar. Otra cosa son los elementos de corrupción que anidan en las cercanías de algunos ayuntamientos.

Desde que a mediados de 2006 se instauró la Fiscalía de Delitos Urbanísticos y Medioambientales, el problema de la corrupción urbanística muestra ramificaciones hasta ahora desconocidas, decía ayer el fiscal Antonio Vercher.

La delincuencia urbanística emplea diferentes modus operandi en ciudades costeras o de interior, con sofisticados sistemas para el uso de inversiones ilegales. Desde que se ha abierto la Fiscalía y se empiezan a coordinar, se han abierto por distintas fiscalías más de 1.500 diligencias relacionadas con el urbanismo. Se han cuadruplicado, según Vercher, las sentencias relacionadas con el ordenamiento urbanístico y territorial. Vercher se quejaba ayer amargamente de una jurisprudencia insuficiente para luchar contra la corrupción urbanística.

Si el Gobierno y las administraciones no observan el fenómeno de la corrupción urbanística como “situación de emergencia social estarán cometiendo un grave error”, decía ayer el notario José Ignacio Navas Oloriz en esas jornadas del Observatorio de la Vivienda sobre el suelo. Añadía que la actual Ley del Suelo, la Ley Antiblanqueo y Antifraude y la creación de la fiscalía van en ese camino.

La crisis crediticia, el cierre del grifo bancario, abre ahora un periodo de iliquidez para todos que puede ser aprovechada por esa delincuencia organizada que obtiene sus ingresos de vías no controladas y no suele sufrir problemas de liquidez.

La ralentización del sector inmobiliario está poniendo en el mercado una parte del suelo que había sido acaparado a precios mucho más asequibles, aunque el mercado está muy parado. Situaciones de estas características en las que la demanda se frena a la espera de mejores precios y momentos suelen desembocar en crisis empresariales y destape de escándalos por lo general debidos a valoraciones hinchadas y otras tropelías.

Los últimos datos de Transparencia Internacional sitúan a nuestro país, de acuerdo con el índice de percepción de la corrupción, en el puesto 23 del ranking mundial por detrás de Finlandia, Suecia, Suiza, Reino Unido o Estados Unidos, pero por delante de Estonia, Portugal o Emiratos árabes. El nivel más elevado de corrupción, según la organización internacional, se produce entre las administraciones municipales.

Es tiempo de que los gobiernos y los partidos se ocupen de dotar a estas administraciones de la financiación suficiente para cubrir las necesidades de su población. El asunto no vende porque no es electoral y poner a todos de acuerdo es tan difícil como elaborar una nueva ley de financiación de partidos. Luego dicen que la corrupción anida donde no debe. Como dice el notario antes citado estamos ante una situación de “emergencia social” y cómo tal se debe tratar.

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CCDT denuncia que corrupción del suelo es la primera causa
EuropaPress.es - 26 de octubre de 2007
 
 
Del cambio climático

La Coordinadora Ciudadana en Defensa del Territorio (CCDT) denunció este viernes que la corrupción urbanística es la principal causa del cambio climático y su "problema más grave" tanto por "la destrucción" que supone como por "el engaño y abuso sistemático de los ciudadanos" que implica.

La organización ha difundido un manifiesto que afirma que "España es Marbella" porque la localidad malagueña "no es la excepción, sino el paradigma" de "la precariedad democrática" que se deriva de la especulación urbanística.

"La causa de esta situación única en el mundo es que la ley favorece la especulación y desampara al ciudadano" mediante "plusvalías a los propietarios, convenios urbanísticos y la aplicación de la ley de suelo de 1998", reza el manifiesto.

Según la coordinadora, "es imprescindible para frenar la corrupción eliminar todas las figuras legales que favorecen la especulación" mediante "una ley rápida contra los abusos urbanísticos y medioambientales" y la imposición de "sentencias ejemplares".

La organización reclama además, una "moratoria general en la recalificación (hasta que se ocupen los 3 millones de viviendas vacías que hay), crecimiento cero o limitación del crecimiento al 10% del suelo urbano y retirada de competencias urbanísticas a los ayuntamientos y autonomías que promuevan el urbanismo salvaje".

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Mobbing inmobiliario: ¡No nos echarán!
RedAsociativa.org (G.A.S.) - 20 de octubre de 2007
 
Amenazas, averías misteriosas, extrañas plagas… Todo vale con tal de que los vecinos desalojen el edificio. La ONU sitúa a España a la cabeza del acoso inmobiliario. Aquí se acuñó el término `asustaviejas´, pero con la especulación el fenómeno se ha desbordado. Hemos estado en las ciudades más afectadas: Barcelona, Cádiz, Sevilla, Málaga…

Bloque `con bichos´. Así se conoce en la jerga inmobiliaria a los edificios con inquilinos de renta antigua en el centro histórico de las ciudades. Los `bichos´ son los vecinos. Sus viviendas ocupan solares que valen cada metro cuadrado en oro y que hay que `fumigar´, esto es, vaciar, antes de sacarlas al mercado. Así surgió en España el fenómeno de los `asustaviejas´. La palabra fue acuñada en Cádiz para designar a los especuladores inmobiliarios más agresivos. Son los que se dedican a comprar los edificios antiguos para luego, valiéndose de abogados y matones, expulsar a los inquilinos. Por lo general, sus víctimas son personas de edad avanzada que malviven solas en pisos por los que pagan rentas bajísimas. Pero de un tiempo a esta parte el fenómeno se ha extendido a casi todas las ciudades con cascos antiguos deteriorados o barrios populares cercanos al centro. Pero algunos `bichos´ han salido respondones y están plantando cara a los acosadores. Es una reedición de la lucha entre David y Goliat que, poco a poco, está calando en las ciudades más afectadas: Barcelona, Cádiz, Sevilla, Málaga…

El problema es de tal envergadura que la ONU sitúa a España a la cabeza del mobbing o acoso inmobiliario. Un relator especial de las Naciones Unidas, Miloon Kothari, de gira por nuestro país, no daba crédito. «La situación es muy grave. Una auténtica vergüenza. No he visto nada igual en otras partes del mundo desarrollado. En España se vulneran los tratados de derechos humanos en cuestión de vivienda.» Sólo el Ayuntamiento de Barcelona registró un centenar de denuncias confirmadas de acoso inmobiliario el año pasado, aunque algunas asociaciones vecinales catalanas cifran en unos 3.000 los casos que se registran en la Ciudad Condal anualmente.

El acoso ha alcanzado tal grado de refinamiento que se distinguen varias etapas. En la primera, buenas palabras. El dueño dialoga, engatusa y anima a la rescisión del contrato de mutuo acuerdo. Si la amabilidad no da resultado, se recurre a la coacción. Si el arrendatario tiene algún otro piso en el bloque, permitirá la entrada de okupas para perturbar la convivencia. O incluso matones. Los mismos clanes familiares que extorsionan a los empresarios de la construcción para ser contratados como falsos vigilantes de obras se están especializando ahora en el vaciado, bajo amenazas y agresiones, de los pisos de arrendatarios. La Policía ha actuado en el Barrio Gótico de Barcelona, donde un par de pisos vacíos fueron ocupados por traficantes de drogas. Una situación que provocó la devaluación de los alquileres y la huida de casi todos los vecinos. Las tácticas de hostigamiento suelen ser más disimuladas, pero igual de efectivas. Se descuida el mantenimiento del edificio. Se producen averías misteriosas. Cortes del suministro de agua, luz, gas o teléfono… O aparecen plagas de pulgas, como en Sevilla. Además, las inmobiliarias disponen de abogados que juegan al despiste con la gente mayor, a la que lían para que firmen los papeles que los autorizan a abandonar el inmueble. O no les pasan el recibo del alquiler para denunciarlos luego por impago. Pero esas tácticas ya están siendo contestadas por los vecinos. Y la guerra es ahora un cuerpo a cuerpo de incierto resultado.

La geografía del problema se extiende como una mancha de aceite a la mayoría de los núcleos urbanos de más de 150.000 habitantes. ¿Qué dice la ley? Según el Código Penal, el acoso inmobiliario puede encuadrarse como un delito o falta de coacciones, con penas de prisión de seis meses a tres años o multa de seis a 24 meses. Pero los ancianos, inmigrantes y jóvenes con pocos recursos, incapaces de luchar en solitario y desamparados ante la burocracia municipal, están pidiendo ayuda a las asociaciones de vecinos. Éstas advierten de que lo más importante es aportar pruebas de que se está sufriendo acoso: formularios enviados mediante burofax al propietario para que restablezca las condiciones de habitabilidad, contratos y recibos que acrediten el derecho a ocupar la vivienda, declaraciones de testigos, actas notariales de algún hecho en concreto, por ejemplo, si hay desprendimientos. Y la visita de un perito para que emita un informe sobre alguna cuestión técnica, como el estado de las vigas. Si necesita obras de conservación, lo mejor es acudir a un arquitecto o aparejador para que las justifiquen.

La lucha no ha hecho más que empezar. Pero ya está dando algunos resultados. Miguel Macías, de la Liga de Inquilinos Amenazados de Sevilla, explica: «El 80 por ciento de las denuncias tiene solución. Son engaños. Antes había `asustaviejas´, ahora hay `asustajóvenes´, `asustaamasdecasa´…

El perfil de la gente a la que ofrecemos asesoramiento gratuito va desde jóvenes mileuristas hasta inquilinos de renta antigua a los que están masacrando. Lo más duro es la presión con la que viven, el miedo. Les afecta física y psicológicamente. Pero en Sevilla o Cádiz, de un tiempo a esta parte, es mucho más difícil que el Ayuntamiento declare una finca en ruina, cuando antes se declaraban como churros. Eso es un avance. Porque la declaración de ruina conlleva el desalojo de los vecinos sin percibir indemnización».

Estas primeras victorias tienen nombres propios. Como el de Cecilio Hipólito, un octogenario del barrio barcelonés de Sants que ha vencido en los tribunales a los que pretendían echarlo del piso donde vive de alquiler. El anciano había sido denunciado por instalar una bañera, hace 18 años. Hipólito ha sufrido cortes en los suministros de agua y gas, ruidos a media noche; basuras acumuladas en el vestíbulo y otros sobresaltos que iban minando su salud, hasta el punto de sufrir varios infartos. Y en el barrio granadino del Zaidín han sido detenidas seis personas como presuntos responsables de las coacciones que sufrieron los inquilinos de un bloque, entre ellas, dos abogados y dos delincuentes rumanos. Estas primeras victorias han propiciado que el acoso sea ahora menos descarado. Las asociaciones vecinales de Cádiz apuntan a que se está dando un giro, «quizá porque las coacciones se disimulan más, pero lo cierto es que nos llegan menos quejas». Para Antonio Gómez, presidente de la Federación Cinco de Abril, a partir de la firma de un código ético que les permite actuar como intermediarios entre el inquilino y la propiedad para alcanzar una solución sin ir a juicio, los casos han bajado. También la ley se pone, en ocasiones y con razón, de parte de los arrendadores. La Generalitat prepara medidas para acelerar la salida al mercado de miles de pisos vacíos cuyos propietarios no se atreven a arrendarlos por temor a los impagos, avalando el cobro de seis mensualidades.

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El fabuloso patrimonio de una jefa de CCOO
Publico.es - 14 de noviembre de 2007
 
 
María Jesús Paredes acumula junto a su pareja, también sindicalista, inmuebles valorados en más de dos millones de euros. Es una persona de la máxima confianza de José María Fidalgo

Trabajar como sindicalista y amasar un importante patrimonio inmobiliario no son circunstancias incompatibles. Así lo demuestra al menos la trayectoria de María Jesús Paredes, máxima responsable de Banca de Comisiones Obreras y una de las personas de absoluta confianza del líder del sindicato, José María Fidalgo.

De acuerdo con los datos de diversos registros de la propiedad, a los que ha tenido acceso Público, Paredes y su pareja son dueños de un chalé en una urbanización de lujo de Madrid, una vivienda en uno de los barrios más caros de la capital, un piso en la sierra madrileña, una vivienda unifamiliar adosada en Manilva (Málaga) y dos apartamentos en Denia (Alicante). El valor de mercado de estos bienes supera actualmente los dos millones de euros.

Liberados sindicales

María Jesús Paredes es secretaria general de Comfia, la federación de servicios financieros y administrativos de CCOO. Ocupa este cargo desde el año 1987. Su pareja, Francisco Baquero, también es miembro de la Ejecutiva de Comfia. Ambos son empleados del BSCH, aunque llevan décadas trabajando como liberados sindicales. Es decir, su sueldo lo paga el banco y ellos trabajan en Comisiones.

De acuerdo con información interna del BSCH, Paredes y Baquero tienen categoría de administrativos de nivel 8 y una antigüedad superior a los 30 años. Según el convenio colectivo del banco, un empleado en dicha situación debería cobrar de sueldo alrededor de 35.000 euros brutos al año.

Fuentes de Comisiones Obreras explicaron a este diario que el sindicato también paga una dieta mensual a algunos de sus cargos ejecutivos, que como media se sitúa en los 600 euros. Como secretaria general de Comfia, Paredes debería cobrar dicha cantidad.

Inversores inmobiliarios

La mayor parte de las compras de la pareja se produjeron en un periodo reducido de tiempo: entre el 16 de diciembre de 1999 y el 28 de julio de 2005. En esos cinco años y medio, Baquero y Noriega adquirieron la vivienda de Manilva, un piso en el centro de Madrid, otro en la sierra madrileña y los dos apartamentos en Denia. Además, en diciembre de 2004, suscribieron una hipoteca garantizada con el chalé que tienen en una lujosa urbanización de Pozuelo de alarcón (Madrid).

Como resultado de todas estas operaciones, en el verano de 2005, Paredes y Baquero tenían vivos tres préstamos hipotecarios por un importe que superaba los 600.000 euros. Según los datos de los registros de propiedad, las tres hipotecas siguen vigentes en la actualidad. Este diario intentó, sin éxito, conocer la versión de la pareja sobre el origen de su Patrimonio.

María Jesús Paredes anunció el pasado lunes su intención de dimitir como secretaria general de Comfia a finales del próximo mes de diciembre, un año antes de que finalice su mandato.

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Vivir como un Rey sin pagar hipoteca
Canarias24horas.com - 16 de octubre de 2007
 
 
Prolongar la estancia en casa de los padres, fijar una caravana o montar una vivienda prefabricada son 3 opciones para esquivar la compra de una vivienda que roza los 148.715 euros. Las estrategias económicas se mueven como si fueran cuadros de un cubo de rubik y plantan cara al artículo 47 de la Constitución Española, aquel que vela por una vivienda digna.

Alicia Rodríguez tiene 27 años y es 'mileurista', todos los días cuando regresa a casa después del trabajo le abre la puerta su madre, María Rosa Sánchez, en el municipio grancanario de Las Palmas de Gran Canaria. “Sí, vivo con mis padres, vivir sola, tal y como están las hipotecas es una locura y el alquiler no me convence, es a fondo perdido y quiero hacer lo que me de la gana con mi espacio. Aunque tengo novio, todavía no vivimos juntos, porque estoy convencida que primero debemos conocernos bien; hoy en día es muy complicado adquirir un compromiso de 40 millones de pesetas, como para tener que abandonarlo si se estropea la relación”.

Ella es una de tantos jóvenes que buscan soluciones alternativa a la compra de una vivienda, en este caso, vivir con sus padres hasta que ahorre una cantidad importante o hasta que los precios se acerquen al umbral “de lo justo”, “lo primero que llegue”, afirma Rodríguez. En la actualidad el precio medio de una vivienda alcanza los 148.715 euros, casi 25 millones de pesetas, según los resultados de junio del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sin embargo, acostumbrados a los precios altos, lo que más preocupa a los ciudadanos hipotecados es el tipo medio de sus préstamos que se acerca al 4.7 por ciento, si atendemos a la media entre bancos y cajas de ahorros, según el INE.

“Vivir en casa de mis padres se trata de una estrategia económica”, puntualiza. Una solución personalizada para un problema generalizado que choca en sus mismas raíces con la Constitución española. El artículo 47 reza que “todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada” y que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.

Alicia Rodríguez se ríe de la realidad “por no llorar”: “¿Dónde está mi vivienda digna?. No creo que el Gobierno promueva condiciones necesarias suficientes y mucho menos que impida la especulación, precisamente los precios actuales descansan al amparo especulativo, ante la desidia gubernamental y el resultado, es este ‘sin vivir’”.

Para Oscar Yuste el texto constitucional tampoco se ajusta a la realidad, pero el prefiere no reírse, lleva 22 años viviendo en una autocaravana de 28 metros cuadrados, en San Bartolomé de Tirajana, junto a su mujer y su hijo de 7 años. Para él la solución alternativa a la compra de una vivienda, pasa por la utilización del terreno de 400 metros cuadrados que tiene en propiedad. Sin embargo, acusa al Ayuntamiento de pedirle una millonada (en pesetas) “sólo para comenzar la construcción de su propia casa”.

“Antes mantenía un régimen de alquiler en un piso de 33 metros cuadrados, pero era un chorro de dinero todos los meses que se iba a ninguna parte, yo prefiero algo mío, y ya lo tengo, mi terreno, ahora me falta construirlo, aunque el ayuntamiento me saca de mis casillas con sus pegas económicas para que levante la casa”, explicó Yuste. “Por ahora me apaño bien en la caravana, salvo por el lío de guardar la ropa y los juguetes del niño”, continuó.

Para Ramón Ramos la recomendación a su vecino municipal es clara: Instalar una casa prefabricada en su terreno. “Esta es mi alternativa para huir de los vergonzosos precios de la vivienda”, asegura Ramos. Aunque Yuste no se muestra muy convencido: “Para comprarte una casa prefabricada los bancos sólo me ofrecen la posibilidad de un préstamo personal y no hipotecario, ya que argumentan que la vivienda, al ser prefabricada, puedo moverla. Yo todavía no puedo hacer frente a los intereses que me proponen”.

Con todo, Ramos insiste que es la mejor opción y disfruta de una casa prefabricada de madera con 60 metros cuadrados, que le costó 38.000 euros con electricidad y fontanería: “Es preferible antes que una inversión de 40 ó 50 millones de pesetas para aguantar una colmena de vecinos impresentables”. El personal de Casa Verde Atlántica tardó en montar la vivienda de madera entre 15 días y un mes, sólo faltaban los muebles. “La madera, es el mejor material de construcción, es antialérgico, antihumedad y desprende olor a pino toda la vida”, argumentó Ramos.

Juan José Pérez, comercial administrativo de la empresa que instaló la vivienda a Ramón Ramos, va más allá y asegura “en Inglaterra aproximadamente un 80 por ciento de las construcciones son prefabricadas de madera, en España todavía hacen falta más campañas de confianza para su instalación, por ahora tienen más reconocimiento como segunda vivienda o como hogar en Telde y en localidades con campo”, asegura.

Para Ramos una casa prefabricada de madera le ofrece total confianza: “En el huracán Delta mis vecinos tuvieron desperfectos en sus estructuras, a mí no se me cayó ni una teja. No hecho de menos nada de una casa de cemento y mis amigos cuando vienen no sienten recelo, al contrario, copian la idea porque es la opción más económica, con más libertad y seguridad que existe. Dura más de 100 años”.

“Esa es otra alternativa” piensa Alicia Rodríguez, “está bien lo de la seguridad y el precio, pero viviendo con mis padres también lo tengo; aunque no existe la misma libertad para traer amigos o para estar solo y perderte con tus pensamientos, con la familia es más fácil que haya jaleo o discusiones por la decoración”, subraya.

“Más adelante pensaré en otras opciones” concluye Rodríguez. Vivir en casa de los padres, montar un hogar en una auto caravana o trasladar una vivienda de un día para otro, son sólo tres posibilidades para huir de la compra de cuatro paredes de hormigón con unos precios por las nubes. Las estrategias económicas e imaginativas se mueven como si fueran cuadros de un cubo de Rubik para escapar del Euribor.

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Miedo a perder mi casa
El Confidencial - 20 de octubre de 2007
 
 
Ana y Diego son una joven pareja de trabajadores que se compró un piso en 2004 en Madrid por 120.000 euros. Las reformas tanto del piso como de la finca les obligaron a pedir un crédito al consumo. A la casa no le faltaba un detalle: electrodomésticos de última generación, televisión de plasma, home cinema… A medida que subían los tipos de interés, les iba siendo más difícil llegar a fin de mes. El descontento con el vecindario, cada vez más multicultural, les animó a dar un salto hacia delante: venderían la casa y se comprarían otra en un barrio mejor a través de una hipoteca-puente. Sea porque el precio que pusieron era muy alto, sea porque la demanda ha caído drásticamente, el caso es que no consiguen venderla.

La pareja está atrapada entre dos viviendas que no se pueden permitir mientras los meses pasan. Este verano no se han ido de vacaciones. Ana se ha quedado embarazada. El pasado mes de septiembre, Unión Fenosa les retiró el suministro eléctrico porque habían dejado de pagar los recibos. Sólo esperan vender el piso pronto y que ninguno de los dos se quede sin empleo. Ella trabaja en una inmobiliaria.

Un administrador de fincas madrileño consultado reconoce que, en los dos últimos años, han aumentado los recibos impagados de la comunidad de propietarios. “Tenemos más recibos devueltos; vecinos que tenían el pago domiciliado, han pedido abonarlo en efectivo y dejan de ingresarlo. El porqué no lo sé”, afirma. “De un tiempo a esta parte se han incorporado al barrio muchos latinoamericanos que son morosos, los chinos son mejores pagadores. Pero también tenemos casos de españoles, hasta ahora cumplidores, que han empezado a pagar los recibos de manera intermitente”, asegura.

Todos los expertos coinciden: lo último que se deja de pagar es la hipoteca. Aun así, la morosidad de los créditos hipotecarios comienza a subir. La tasa alcanzó el 0,53% en el segundo trimestre del año, con lo que superó por primera vez el medio punto porcentual desde 2004, según el Banco de España. La morosidad registrada en el primer semestre supera en más de una décima el ratio con el que cerró 2006 (0,41%) y está muy lejos del alcanzado en 2004 (0,33%). Recientemente, el consejero valenciano de justicia y administraciones públicas, Fernando de la Rosa, aseguraba que los juzgados de la provincia de Valencia iban a experimentar un incremento de los asuntos por impago a finales de 2007 superior al 75% respecto al último año, informa El Mundo.

¿Qué puedo hacer?

En algunos casos, reunificar deudas supone un desahogo a corto plazo. Es el ejemplo de una pareja, funcionario él, indefinida ella, que ingresan juntos 5.395 euros al mes. A la cuota mensual de 600 euros de una hipoteca por 180.000 euros, se les sumaban los recibos de más de 1.000 euros por tres préstamos distintos y 215,65 euros por la tarjeta. En total, 1.850,32 euros al mes se les iba en facturas. Reunificaron deudas con una nueva hipoteca que incluía 20.000 euros de liquidez. Con un tipo de interés de Euribor más 0,40%, han pasado a pagar 947,16 euros mensuales a 20 años. Son datos proporcionados por la intermediaria Agencia Negociadora de Productos Bancarios (ANPB)

Pero no todos los casos corresponden a rentas medio-altas. “Los casos extremos, que los hay, tienen una muy difícil solución. Pueden suponer un caso de cada 20”, aseguran desde el broker Necesito Financiación. “Suele ser gente que se ha endeudado por encima de sus posibilidades, a veces con problemas de ludopatía o adicciones caras, que pueden llegar a encadenar hasta 14 créditos rápidos. Se estudia su caso, si tienen margen, se les intenta refinanciar y si no, no les quedará otro remedio que vender la casa y empezar de nuevo”, afirma. “De todos modos, la parejita que trabaja, aunque pase por apuros, es la que suele salir adelante”, explica.

Eso sí, el ‘maná’ de las reunificaciones de deudas también tiene sus detractores. “Está muy bien pagar menos hoy a cambio de alargar los plazos de la hipoteca. Pero nadie se para a pensar que las recientes subidas del Euribor se han cebado con los préstamos hipotecarios de más largo plazo, y que en 30, 40 y hasta 50 años pueden pasar muchas cosas: enfermedad, desempleo, imprevistos... Es muy recomendable contratar junto a la hipoteca un seguro de protección de pagos”, asegura un experto del sector consultado, abiertamente contrario al “modelo japonés”.

EEUU 'versus' España

Todos los agentes del sector consultados por El Confidencial coinciden en señalar que la alegría hipotecaria española de los últimos años no tiene nada que ver con los préstamos basura que se han comercializado al otro lado del charco. “Los primeros síntomas de la enfermedad subprime comenzaron a manifestarse a finales de 2005 en EEUU. En los últimos seis u ocho años, el mercado de alto riesgo experimentó un fuerte incremento. Son hipotecas exóticas concedidas por agencias cuyo objetivo es aumentar el volumen a todo precio, con garantías mínimas, vinculadas a la evolución de los mercados, titulizadas rápidamente y que han dejado un gran número de morosos”, explica José Luis Martínez, estratega de Citigroup.

Para este experto, los mercados estadounidense y español son muy distintos. El norteamericano es muy líquido. Y en España las condiciones de crédito se están endureciendo. Por otro lado, EEUU tiene una baja tasa de paro, del 4,6%. “Es curioso, pero en EEUU no ha aumentado el desempleo, pero los impagos sí”, explica.

José Luis Martínez sí encuentra, en cambio, coincidencias con un cambio de ciclo en el sector inmobiliario. “En ese punto sí hay similitudes con España, donde se ha construido más de lo que se puede absorber. De hecho, el ajuste ya se está produciendo”, asegura. Con todo, para todos los expertos, el mayor peligro reside en el aumento del desempleo.

El fantasma del paro

La patronal de la construcción, SEOPAN, estima que cada vivienda que se deje de construir se cobrará dos empleos. El pasado mes de marzo, el recientemente fallecido Enrique de Aldama, ex presidente de la patronal, ya advirtió de que se dejarían de construir 100.000 unidades en 2008, lo que se cobraría 200.000 empleos “paulatinamente”. Estos datos, sin embargo, no contaban con el nuevo horizonte que se abre tras la incertidumbre financiera del verano.

“Lo que está claro es que el sector inmobiliario es el que va a sufrir más la desaceleración y el desempleo. Los precios de las viviendas sólo llevan tres años decreciendo”, ha señalado a este diario un economista consultado, que vincula la profundidad de la crisis a la incierta duración de las turbulencias financieras.

Que el sector se desacelere no es baladí, habida cuenta de su peso sobre la economía española. Según SEOPAN, la construcción supone el 9% del valor añadido bruto del PIB y el 18% de la producción. Y lo que es más importante, el 12% del empleo. De los más de dos millones de trabajadores del sector, el 18% son inmigrantes con papeles.

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Economía y laboral
 
LA VENTA DE PISOS SE DESPLOMA EN TODA ESPAÑA
El Correo Digital - 13 de noviembre de 2007
 
Con caídas de hasta el 27% anual

Aterrizaje suave, desaceleración o menor vigor. Los señores del 'ladrillo', las entidades de crédito y la Administración se prodigan estos días en mensajes lo menos alarmistas posibles en un intento de atenuar el miedo escénico. Pero la realidad, contrastada con datos oficiales, es algo distinta. La venta de viviendas se desploma en toda España a ritmos trepidantes de hasta el 27% interanual en algunas autonomías, según las cifras correspondientes al segundo trimestre facilitadas por los Registradores de la Propiedad.

Entre abril y junio, antes de que estallara la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos, se vendieron en España 205.998 viviendas, un 11,5% menos que un año antes. Es el segundo trimestre consecutivo en el que promotores e inmobiliarias se ven en esta situación ya que la adquisición de un piso se lleva ya más del 50% de los ingresos brutos de los compradores, mientras se complica el acceso a los créditos.

Opulencia irracional

Los últimos datos de los Registradores son incontestables y confirman la tendencia que comenzó en enero. Se mire por donde se mire, el negocio flaquea tras años de opulencia en ocasiones irracional. La caída de las compraventas en los seis primeros meses alcanza el 5,43% interanual, con una reducción del 6,9% en pisos usados y del 4,32% en casas nuevas. El recorte anual acumulado -ventas entre junio de 2007 y junio de 2006 respecto a las realizadas entre junio de 2005 y junio de 2006- es ya del 8,8%.

El reflejo más fiel de la marcha del negocio es el contraste entre el segundo trimestre de este año y el mismo período de 2006. Frente al descenso interanual medio del 11,5%, algunas regiones presentan verdaderos 'agujeros' en las ventas. Sólo se salvan Asturias, Murcia y Navarra -con ligerísimos incrementos-, y La Rioja, ajena a la crisis con un repunte de las ventas del 18,8%.

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EL FMI PREDICE UNA FUERTE BAJADA DEL PRECIO DE LOS PISOS
El País - 18 de octubre de 2007
 
 
En España. La crisis financiera costará cuatro décimas al crecimiento mundial

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cogió ayer la tijera y recortó cuatro décimas su previsión de crecimiento global, que deja en el 4,8% para 2008 por el impacto de las turbulencias financieras. Estados Unidos es la más afectada, con una rebaja de casi un punto, al 1,9%. España va detrás, con un recorte de siete décimas, pues la entidad dirigida por Rodrigo Rato anticipa una corrección en el precio de la vivienda fruto de la restricción en el crédito. Aun así, España será la que más crezca entre los grandes países industrializados, un 2,7%.

"Los riesgos se inclinan claramente del lado negativo", dijo ayer Simon Johnson, consejero económico del FMI. Su afirmación contrasta con la euforia de la primavera. Y es que aunque el Fondo asegura que los pilares económicos son sólidos, "los riesgos provenientes de los mercados financieros y de la demanda interna en EE UU y Europa occidental han aumentado". China, India y Rusia hacen ahora de flotador, al representar más de la mitad de la expansión mundial.

El FMI coincide en su análisis con lo expresado por la Reserva Federal (Fed) y el Departamento del Tesoro de EE UU, que alertaron de que la degradación en el sector inmobiliario tendrá un impacto "significativo" en su economía. Los problemas se arrastrarán el año próximo, señala Johnson. Y por los datos publicados ayer, no parece que vaya a tocar fondo pronto. Las construcciones de nuevas residencias cayeron un 10,2% en septiembre y los permisos para iniciar obras bajaron un 7,3%.

EE UU atraviesa la peor recesión en la vivienda en 16 años, lo que según el FMI le impide retomar el vuelo. Sus proyecciones de otoño le dan un crecimiento del 1,9% para este año y el que viene, la mayor revisión del informe. Y esto afecta al resto. A los países de la zona euro les da una tasa del 2,5% para 2007 y del 2,1% para 2008, cuatro décimas menos que en primavera. España verá cómo del 3,7% este año baja al 2,7% el que viene, seis décimas por debajo a lo previsto por el Gobierno.

Viviendas sobrevaloradas

El FMI advierte de que si persisten las tensiones en el mercado de crédito, el impacto en la economía mundial será mayor. "La magnitud dependerá de la rapidez con la que se restablezca la liquidez a niveles más normales y del alcance de la contracción en el crédito", apunta Johnson. Los males se notarían en EE UU y algunos países europeos, a través de un deterioro del sector de la vivienda.

España es uno de los países donde el precio de la vivienda está sobrevalorado, más incluso que en EE UU, según el FMI. Por eso cree que podría vivirse una corrección similar a la estadounidense, que puede llegar a afectar a la economía. Johnson dice que el ajuste visto hasta ahora es "natural", aunque precisa que podría acelerarse "por la contracción en las condiciones de crédito" en la zona euro. "Hemos empezado a ver una reducción de la subida y no sería una sorpresa que hubiera una caída", añade Charles Collyns.

Al Fondo le preocupa además el elevado déficit por cuenta corriente, que se espera que crezca este año al 9,8% del PIB y al 10,2%, en 2008. Y señala que la fortaleza del euro podría pasar factura del lado de las exportaciones, al no disponer del colchón competitivo necesario. El FMI sigue muy de cerca la volatilidad del precio del petróleo, que califican de "preocupante". El alza de precios se muestra contenida en las economías avanzadas, aunque el dato del mes de septiembre de EE UU muestra un repunte, al 2,8%, lo que podría incitar a la Fed a mantener los tipos de interés en el 4,75%.

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El parón en la venta abre una guerra de ofertas y rebajas
El Periódico de Catalunya - 07 de noviembre de 2007
 
 
Plazas de garaje, coches, muebles y mudanzas gratuitas destacan como cebo para compradores.Fotocasa.es detectó rebajas de 3.000 euros en octubre en el 10% de los pisos anunciados.

El parón de las ventas de pisos es un hecho que ya reconocen abiertamente las inmobiliarias. Han decidido ponerle remedio mediante una guerra de ofertas complementarias de todo tipo: rebajas encubiertas de los precios o máximas facilidades de financiación a su cargo, ante las reticencias de los bancos a conceder créditos con la misma facilidad que en los últimos años. El Salón Inmobiliario Barcelona Meeting Point es la mejor demostración de esta actitud de las inmobiliarias a la búsqueda de compradores para colocar las promociones en venta. La muestra abrió ayer las puertas de los pabellones dedicados a profesionales y hoy lo hará para el gran público hasta el domingo.

El salón ha registrado un incremento de expositores, metros cuadrados y empresas del 15% respecto a la anterior edición. También han ganado peso y presencia las instituciones públicas y los anuncios de futuras promociones de viviendas de protección oficial (VPO), tanto de alquiler como de compra. Son otros reflejos de un cambio de tendencia en el mercado inmobiliario, en el que los precios de los pisos, tanto de los nuevos como de los usados, apuntan a una clara desaceleración en las grandes ciudades, al estancamiento en zonas periféricas y a una caída en áreas muy dedicadas a la segunda residencia.

El directivo del portal inmobiliario Fotocasa.es, Miguel Ángel Alemany, explicaba ayer que el salón refleja muchas de las acciones de márketing que ya están haciendo en los últimos meses las grandes promotoras e inmobiliarias y que van desde los muebles del piso, un coche, o, en la mayoría de los casos, la reducción de la cuota hipotecaria durante uno o dos años.

Estos son ejemplos de ofertas que se encuentran en el salón:

Acciona Inmobiliaria da un cheque regalo de El Corte Inglés por importe de 12.000 euros a las reservas de viviendas de sus promociones que se formalicen durante los días de la muestra.

FBEX Promo ofrece como promoción pagar el 70% de la hipoteca durante un año a todos los que compren un piso de los 5.000 que tiene en cartera.

Premier anuncia el pago de 400 euros de la cuota mensual de la hipoteca durante los dos primeros años tras la compra de uno de sus pisos.

Realia ha elegido como gancho el obsequio de una plaza de garaje al que compre un piso de su estoc de entrega inmediata.

Icasa se apunta tanto a las facilidades de financiación (2,90% de interés fijo el primer año), como a la promoción comercial: se hace cargo de los costes de la mudanza y de las escrituras.

Sacresa anuncia un plan de vivienda a precio más barato para jóvenes de menos de 35 años de edad, mayores de 55 años en etapa de prejubilación y personas que necesiten un cambio de residencia, que incluye "importantes bonificaciones" en el precio final de las viviendas.

PRECIO REALISTA

Alemany explicaba ayer en el Salón que los propietarios de pisos que se anuncian en su portal empiezan a ser conscientes de la situación del sector y de la necesidad de poner un precio realista a sus inmuebles en venta. "El pasado octubre detectamos que un 10% de los pisos anunciados se vendían con unos precios al menos 3.000 euros por debajo de lo ofertado el mes anterior, y esto sí que se considera ya una rebaja".

Todos los expertos que intervinieron ayer en diferentes foros del Salón coincidieron en señalar que la contención de la demanda no responde a hechos objetivos, como podrían ser una pérdida de empleo o una situación de crisis económica, sino que se basa en percepciones de un mercado saturado del que esperan que se bajen los precios, porque la gente no puede pagarlos tras las últimas subidas de los tipos de interés.

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La morosidad toca su nivel más alto del año
Larazón - 20 de octubre de 2007
 
 
Los créditos de dudoso cobro aumentaron en 1.000 millones en agosto, lo que sitúa la tasa de mora en el 0,76% ? La deuda hipotecaria ralentiza su crecimiento por el parón inmobiliario, pero sube un 16,6% en el último año

MADRID- Veinticuatro subidas consecutivas del euríbor, tipo de referencia de la mayoría de las hipotecas en nuestro país, han sido demasiado para el bolsillo de los españoles. La presión de la deuda hipotecaria en el presupuesto de muchos hogares ya ha dejado su huella en las entidades financieras nacionales que observan como la morosidad de los créditos va aumentando mes a mes. Según los datos publicados por el Banco de España, la tasa de mora registrada en agosto por bancos, cajas de ahorros y cooperativas de crédito fue la más alta del año, en concreto del 0,76%.

Paralelamente, el efecto del encarecimiento de los créditos a la vivienda ha generado también un descenso en su ritmo de creciminto que, a pesar de todo, se elevó en agosto a una tasa del 16,6%. Así, las familias españolas endeudaron 628.000 millones el pasado mes de agosto para hacer frente a la compra de pisos. Cabe destacar la diferencia de un tercio respecto al incremento del 24,6% que se alcanzó de máximo a los largo de 2005, algo que pone de relieve el parón que vive el sector inmobiliario en nuestro país.

El pasado año se cerró con un crecimiento del endeudamiento familiar por compra de pisos del 20,4%, y durante todo 2007 no se ha vuelto a rebasar la cota del 20% y cada vez se aproxima más al 15%. Además, la senda es descendente, pues la deuda avanzó un 19,6% en enero; un 19% en febrero; un 18,6% en marzo; un 18,2% en abril; un 17,4% en mayo; un 17,2% en junio; un 17% en julio, y el citado 16,6% de agosto.

Además de los préstamos a la vivienda, las familias españolas tienen una deuda de 219.314 millones de euros por la adquisición de otros bienes, un 13,8% más que un año atrás. En este caso no se daba un crecimiento tan moderado desde principios del pasado año y se está lejos del 18% fijado como alza máxima en octubre de 2006. En el mes de agosto el saldo de los créditos al consumo apenas se elevó en 301 millones de euros.

De vuelta a las últimas cifras de morosidad registradas por las entidades nacionales, algunos expertos aseguran que el repunte de estas cifras era «de esperar» y que «el incremento del crédito moroso tampoco generará problemas por ahora, ya que aunque nos situemos en niveles cercanos al 1%, todavía estaremos lejos de las cifras de los años 90 y serán totalmente asumibles para un sistema muy capitalizado y con elevadas dotaciones».

La visión de otros especialistas del sector es, sin embargo, algo más negativa. «La tendencia al alza de la tasa de morosidad podría dispararse si la presión de la deuda sigue condicionando tanto el presupuesto familiar. En caso de dipararse por encima del 1,5%, podría empezar a ser preocupante». Del volumen total de préstamos registrados hasta agosto, que superaba los 1,68 billones de euros, 12.564 millones eran dudosos, lo que supone un incremento de más de 1.000 millones con respecto al mes de julio.

Los bancos volvieron a ser las entidades con menor morosidad en su cartera de préstamos, ya que la tasa se situó en el 0,705%, aunque fue superior la registrada en julio, que supuso el 0,679% del total de créditos concedidos. Las cajas de ahorros registraron una morosidad del 0,77%, por encima de la tasa registrada el mes anterior, cuando se colocó en el 0,681%.

Por su parte, las cooperativas de crédito volvieron a ser las entidades con mayores niveles de morosidad, que se situó en el 0,926% del total de préstamos, frente al 0,888% registrado a julio.

Riesgos de inflación

En este sentido, el miembro del Comité Ejecutivo del BCE y catedrático de la Universidad Complutense, José Manuel González-Páramo, señaló ayer que ha detectado riesgos en cuanto a la estabilidad de lso precios en la zona euro, si bien matizó que comienzan a darse indicios de normalización. En este sentido, indicó que el trabajo del BCE es que los riesgos no se materialicen, por lo que el margen de tolerancia que maneja para el aumento de los precios es de hasta el 2% y «no va a permitir que supera esta cifra». González-Páramo apuntó también que el Banco Central Europeo es «absolutamente» consciente de los problemas de las familias europeas ante la subida de los tipos, si bien concretó que la mayor parte del endeudamiento de los españoles es por tipos de interés variable, «algo que han decidido ellos».

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España será el país más afectado por la crisis financiera
Expansión (Economía) - 17 de octubre de 2007
 
 
El FMI confirma que España será el país de la eurozona más afectado por la crisis financiera

El Fondo Monetario Internacional ha confirmado hoy que la economía española será la más afectada de la eurozona por la crisis crediticia iniciada este verano, debido a la disminución del apetito internacional por invertir en el mercado inmobiliario. Según la institución, que hoy presentaba las perspectivas económicas mundiales para 2007 y 2008 (World Economic Outlook, WEO), el PIB de España crecerá un 2,7% en 2008, frente al 3,4% que avanzó en julio, antes de que comenzaran las turbulencias financieras originadas por la crisis de las hipotecas de alto riesgo en EEUU.

Esta reducción, de 0,7 puntos porcentuales, es, en términos absolutos, la mayor de la eurozona y la segunda del mundo, solo por detrás de EEUU, cuyas perspectivas de crecimiento para 2008 se han visto reducidas del 2,8% al 1,9%.

Estas perspectivas contrastan significativamente con las previsiones del Gobierno, que mantiene las estimaciones de crecimiento para 2008 en el 3,3%, la misma cifra que señaló antes del verano y de que estallara la crisis.

Simon Johnson, economista jefe del FMI, apuntó que la economía española se verá afectada por una “corrección” en el mercado inmobiliario. Sin embargo, Johnson aseguró que en estos momentos no estaban en condiciones de asegurar si esa corrección podría traducirse como una caída de los precios.

Según el economista del fondo, España será uno de los países más afectados por la crisis financiera, debido a las mayores dificultades que encontrarán los bancos para encontrar financiación exterior para invertir en el mercado inmobiliario. Hasta ahora, las entidades bancarias españolas han estado titulizando buena parte de sus hipotecas, que eran adquiridas por inversores extranjeros. Pero uno de los impactos de la crisis financieras es la disminución drástica de la demanda por titulizaciones, deuda respaldada por hipotecas.

Estas turbulencias en los mercados financieros han obligado al fondo a reducir del 5,2% al 4,8% las previsiones de crecimiento de la economía mundial para el año que viene. Y aunque el economista de la institución calificó esta tasa de crecimiento como “fuerte” advirtió que el futuro depara “serios riesgos”.

“Los fundamentales subyacentes permanecen sólidos, y el crecimiento global debería permanecer fuerte, pero me gustaría enfatizar que hay serios riesgos en el horizonte”, aseguró Johnson en la rueda de prensa de presentación del WEO. Según el economista jefe del fondo, la caída del mercado inmobiliario estadounidense continuará durante 2008, lo que afectará al crecimiento de su economía, “que permanecerá por debajo de su potencial en los próximos trimestres”.

En Europa, Johnson señaló como principales riesgos, el endurecimiento de las condiciones crediticias y una ralentización de las exportaciones.

El origen de la crisis Desde el mes de julio en el que el FMI elevó del 4,8% al 5,2% sus previsiones de crecimiento para la economía mundial hasta hoy, cuando las ha revisado de nuevo al 4,8%, un terremoto ha sacudido los cimientos económicos globales: la crisis financiera originada por la creciente tasa de impagos de hipotecas de alto riesgo estadounidenses.

Las entidades bancarias concedían créditos hipotecarios de alto riesgo que luego empaquetaban en productos estructurados, junto con deuda de calidad, para vender esos productos a inversores institucionales de todo el mundo. En muchas ocasiones, estos productos estructurados se volvían a mezclar con otros similares, para crear un nuevo producto, todavía más complicado y opaco que el anterior.

Cuando el ciclo inmobiliario estadounidense se dio la vuelta y los titulares de las hipotecas subprime comenzaron a dejar de pagar, la desconfianza se esparció entre todas las entidades bancarias, porque ninguna sabía exactamente qué exposición tenía la otra a estos productos de riesgo. Y el temor se extendió a otro tipo de productos, como los préstamos realizados para financiar compras apalancadas, el elemento preferido del capital riesgo y, en los últimos años, de empresas que invierten en infraestructuras.

En consecuencia, los tipos de interés del mercado interbancario, donde los bancos se prestan dinero entre sí, se han disparado hasta niveles anormales, ya que ninguno de ellos se fía del otro y exige tipos de interés muy elevados para asumir el riesgo. Además, para otro tipo de productos, como las titulizaciones hipotecarias, la demanda ha caído drásticamente.

Los primeros efectos de las turbulencias ya se han hecho notar en el endurecimiento de los estándares crediticios que exigen los bancos, lo que reducirá inevitablemente el volumen de préstamos concedidos a empresas y hogares, con el consiguiente impacto en el consumo. En la encuesta del tercer trimestre de 2007 del Banco Central Europeo, la primera tras la crisis, la entidad ya detectó una mayor rigurosidad de los bancos a la hora de conceder préstamos y auguró posiciones todavía más estrictas en el cuarto trimestre.

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El mayor frenazo de los últimos tres años en créditos
Expansión (Banca) - 12 de octubre de 2007
 
La banca da el mayor frenazo de los últimos tres años en créditos a hogares

Más efectos del terremoto de las hipoteca basura. Según se desprende de las estadísticas del Banco de España, el volumen de estos créditos sólo creció en 3.137 millones en agosto, y en julio se hicieron un 8% menos de hipotecas. Turbulencias en los mercados; tensiones de liquidez en el mercado interbancario –en el que las entidades se prestan dinero entre sí–; nuevos e intensos repuntes del euribor, que es el precio al que se prestan dinero las entidades; fuerte ralentización en las emisiones de deuda; incertidumbres en el horizonte sobre la futura evolución de la economía mundial.

Tal escenario, que ni el más pesimista podía haber imaginado antes del verano, ha sido el pan de cada día para la banca desde agosto. Precisamente en ese mes, el de vacaciones por excelencia y que suele ser el de menor actividad para el sector, se desató el terremoto de las hipotecas basura estadounidenses, lo cual ya produjo los primeros efectos sobre el principal negocio de la banca, la concesión de créditos, en especial, a los particulares.

Según se desprende de las estadísticas del Banco de España, el volumen de créditos que las entidades conceden a los hogares registró su menor crecimiento de los últimos tres años, un 15,76%. Incluso el crecimiento mensual presenta una peor evolución. En agosto, con la agitación de los mercados y la crisis crediticia en pleno auge, estos créditos sólo aumentaron su volumen total en 3.137 millones de euros. También representa la menor variación mensual desde agosto de 2004. Todavía es peor si se tiene en cuenta que durante este año el volumen total de estos créditos había venido creciendo de media 9.156 millones al mes.

Menos compraventas Esta desaceleración también se observa en otros ámbitos. Es el caso de los registradores de la propiedad. Sólo en el segundo trimestre del año, las compraventas de viviendas registradas han alcanzado las 205.998, lo que representa una caída de un 11,5% respecto al mismo período de 2006, según las estadísticas del Colegio de Registradores de la Propiedad.

Aunque sigue aumentando el volumen en los préstamos hipotecarios, se sigue reduciendo el número de operaciones. En julio se constituyeron 102.267 hipotecas, un 8% menos que en el mes precedente, y en los siete primeros meses del año se hicieron 676.600 hipotrecas, casi un 3% menos que doce meses antes. Esto está en línea con la tendencia iniciada el pasado año, en el que por primera vez desde 2000 se redujo el número de hipotecas constituidas con respecto al ejercicio precedente. “El mercado está difícil y cada vez hay menos operaciones”, explican en una entidad.

Con un euribor que sigue repuntando –en septiembre se situó en un 4,72%, su nivel más alto desde diciembre de 2000–, y el incremento de la morosidad, las entidades están endureciendo los criterios para conceder créditos, como se reflejaba en la última encuesta trimestral de préstamos bancarios a entidades por parte del supervisor.

Además, hay entidades que están quitando de su oferta de productos las hipotecas a precios muy atractivos, como es el caso de Bankinter, que a finales de septiembre puso fin a la comercialización de un préstamo que cobraba euribor más 0,18%. Fuentes de un banco reconocen que “el mercado ha endurecido mucho los criterios de concesión”, y destacan que “hay entidades que ya han dejado de publicitar los precios y sólo se los ofrecen a clientes especiales”.

Los créditos a hogares tienen una importancia evidente. Según los datos del Banco de España, alcanzaban un volumen de 808.362 millones de euros hasta agosto. Esto supone un 48% del volumen total de créditos concedidos por la banca, y su importe sólo es superado por el que se destina a sociedades no financieras –853.361 millones–.

Dentro de esa partida se incluyen los créditos y los préstamos destinados a la adquisición de viviendas, que suponían la mayor cuantía –599.940 millones–, y otros créditos, como los destinados a consumo.

Crecimiento interanual Los créditos a hogares crecieron en conjunto a tasas de un 15,79% si se compara con el mismo mes del año anterior. Es la menor variación desde agosto de 2004, lo que demuestra la evidente ralentización que está sufriendo la inversión crediticia a los hogares. Por ejemplo, en agosto del año pasado crecía a ritmos de un 22,7%, y en enero de este ejercicio aumentaba un 20,04%.

Los menores crecimientos de créditos en agosto se enmarcan en la evidente desaceleración que está registrando la actividad crediticia tras las subidas de tipos –el euribor ha pasado de un 2,2% a un 4,72% en sólo dos años–. Ahora esta tendencia cobra otra importancia por las tensiones de liquidez en el sistema financiero provocadas por la crisis de las hipotecas basura estadounidenses.

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Greenspan habla de una 'burbuja' inmobiliaria en España
EFE (Terra Economía) - 21 de octubre de 2007
 
 
El ex presidente de la Reserva Federal de EE.UU. Alan Greenspan calificó hoy la situación del mercado inmobiliario español como una 'burbuja' y dijo que como en otros países europeos se ha formado por el bajo nivel de tasas hipotecarias durante los últimos años.

A Greenspan se le ha acusado de tener parte de culpa de la crisis de los bienes raíces en Estados Unidos por llegar a bajar los intereses al 1 por ciento cuando era presidente de la 'Fed'.

Hoy se defendió en un discurso durante la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, en el que mencionó paralelismos entre los mercados inmobiliarios en Estados Unidos y en Europa, incluida España.

'Si las bajas tasas de interés a corto plazo crearon la burbuja, ¿qué es lo que creó la burbuja en España, Irlanda o Reino Unido?', se preguntó.

Greenspan dijo que el 'boom' inmobiliario ocurrido de forma simultánea en España y el resto de los países avanzados, excepto en Japón y Alemania, se debe a las bajas tasas hipotecarias.

Estas, a su vez, dependen del nivel de intereses a largo plazo, unos tipos que, según él, están fuera del control de los bancos centrales.

En Estados Unidos, 'la burbuja es el resultado de una caída muy significativa en las tasas de interés reales a largo plazo a nivel mundial'.

Greenspan no explicó si el mercado de bienes raíces español y de los otros países europeos que mencionó podrían sufrir la misma crisis que afecta actualmente a Estados Unidos, donde los precios de la vivienda han caído.

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Coface pone a España bajo vigilancia negativa
Terra (Economía) - 15 de octubre de 2007
 
 
Coface, organismo francés de garantías públicas a la exportación, indicó hoy que ha puesto la calificación de España bajo vigilancia negativa por el 'riesgo de contagio de la crisis inmobiliaria análogo' al de Estados Unidos y el Reino Unido.

En un comunicado, Coface señaló que mantiene a Estados Unidos y Gran Bretaña bajo vigilancia negativa, medida que tomó en abril y julio pasados, respectivamente, a raíz de la crisis de las hipotecas de riesgo en EEUU, y anunció que España es el tercer 'gran país industrializado' al que aplica esta calificación.

'España comparte con Estados Unidos y el Reino Unido el peligroso cóctel burbuja inmobiliaria-sobreendeudamiento de los hogares', explicó el economista jefe de Coface, Yves Zlotowski, en la nota.

Al explicar que España es 'vulnerable a un riesgo de contagio de la crisis inmobiliaria estadounidense', Coface señala que el índice de endeudamiento de los hogares (un 130 por ciento) alcanza proporciones comparables a los del Reino Unido y Estados Unidos (163 y 138%).

Y considera que las inversiones de las empresas, también 'muy endeudadas', se resentirá también del endurecimiento del crédito.

Según Coface, el crecimiento de la economía española debería ralentizarse hasta un 2,9% en 2008, frente a un 3,8% este año, debido en particular a la caída de la inversión residencial -que contribuye de forma 'significativa' al crecimiento y al empleo-, y a la ralentización del consumo de los hogares, que pasaría de un 3,2% a un 2,7%.

Señala que los comportamientos de pago, hasta ahora 'satisfactorios', corren el riesgo de degradarse.

Las pequeñas y medianas empresas vinculadas a los mercados de la vivienda (agencias inmobiliarias, fabricantes y distribuidores de materiales y equipamiento para el hogar) están 'a menudo endeudadas' y por ello muy expuestas a la ralentización del crecimiento, indica.

Por otra parte, con respecto a Europa del Este, Coface anunció que pone bajo vigilancia negativa la calificación de Rumanía, país especialmente afectado por la crisis financiera que estalló el pasado verano en EEUU.

La moneda rumana, que ha caído de forma sensible, es la más frágil entre los países emergentes y hace al país vulnerable a una crisis de desconfianza, asegura Coface.

Advierte de que la progresión de la deuda del sector privado en Rumanía hace temer una degradación del comportamiento de pago de las empresas.

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El BdE impone a la Kutxa desinversiones en el inmobiliario
Cotizalia.com - 16 de octubre de 2007
 
 
Las aguas bajan revueltas para no pocas Cajas de Ahorro que durante los últimos años se han lanzado a financiar con gran alegría el boom inmobiliario español. La autoridad monetaria vigila de cerca la situación de algunas de ellas, particularmente invertidas en esta actividad. Es el caso de la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián, La Kutxa: el Banco de España le ha impuesto un plan de desinversiones en diversos desarrollos inmobiliarios andaluces, por un importe que ronda los 300 millones de euros.

Las desinversiones tienen que ver con proyectos inmobiliarios en curso financiados, en todo o en parte, por la Kutxa, situados en la costa de Murcia, el cinturón metropolitano de Sevilla y la Costa del Sol. Consultado por este diario, un portavoz oficial de la caja de ahorros vasca ha asegurado que “no hay constancia de ninguna imposición por parte del Banco de España, y por tanto huelga cualquier comentario”.

En general, y de acuerdo con las fuentes, se trata de cifras ya comprometidas y/o invertidas en la compra del suelo correspondiente, por lo que el posterior desarrollo y construcción de los respectivos proyectos requeriría de nuevas inversiones, con el correspondiente incremento del riesgo crediticio para la caja, que es lo que la autoridad de supervisión del sistema trata de evitar.

Los problemas de la Kutxa en el inmobiliario andaluz son de sobra conocidos en el sector de Cajas, puesto que los rectores de la entidad guipuzcoana han estado en los últimos meses ofreciendo a otras entidades de ahorro los activos objeto de la preocupación del Banco de España, con resultados al parecer escasos hasta el momento.

150 millones en Valle Romano

En la Costa del Sol, la caja vasca habría invertido unos 150 millones de euros en el desarrollo de Valle Romano Golf&Resort, situado en Estepona, Málaga, “un proyecto urbanístico de lujo, un espacio único y diferente de entender y disfrutar la vida”, según el reclamo firmado por Seve Ballesteros en la página web del complejo. “Ahora, Valle Romano es un proyecto en construcción. Dentro de muy poco será una maravillosa realidad. ¿Entiendes ahora por qué he elegido comprar aquí?”

Precisamente, Valle Romano ha patrocinado este fin de semana el Open de Madrid de Golf en su edición 2007, que ha tenido lugar en el Club de Campo. Valle Romano es una sociedad del grupo empresarial Mayluna, crecido en torno al despacho Linares & Abogados (“servicios legales, financieros y fiscales, promoción inmobiliaria y construcción”, todo en una pieza y en bloque, como corresponde al urbanismo de la costa levantina).

Los gestores de Mayluna son los titulares fundadores del despacho de abogados: María Eugenia Yeregui (presidenta de Mayluna y socia del despacho) y Luis Fernando Linares (Consejero Delegado y socio fundador de Meyluna, y al tiempo presidente, fundador y socio de Linares y Abogados), al parecer abogados donostiarras emigrados en su día a la Costa del Sol, donde emprendieron una muy fructífera carrera como promotores inmobiliarios con el respaldo financiero de la Kutxa.

En Murcia, La Zerrichera

En Águilas, la Kutxa está enganchada en el escándalo urbanístico de La Zerrichera. La entidad pagó en su día al Grupo Inversor Hispania 128,2 millones de euros más IVA por 240 hectáreas de suelo que ese mismo grupo debía desarrollar con la construcción de unas 3.000 viviendas, más campo de golf. Pero el Grupo Hispania “no está cumpliendo”, según la Kutxa, los compromisos que adquirió en su día, alegando que el Gobierno regional murciano ha paralizado el proyecto, lo que ha motivado que la caja reclame la devolución del dinero abonado por los terrenos.

La Kutxa ha resultado salpicada en el “caso Marbella” a cuenta de un grupo de empresarios vascos presuntamente vinculados a sociedades del célebre Juan Antonio Roca y a la propia Caja. Se trata de Luis Maya Galárraga y Francisco Javier Arteche Tarascón y Agustín Aguirre, quienes no solo están presentes en gran parte de los desarrollos inmobiliarios que financia la Kutxa, sino que son socios de la misma al menos en dos de los más importantes y polémicos que en estos momentos se levantan en Murcia: Lo Poyo y el ya citado de La Zerrichera, que suponen, en total, la construcción de más de 9.000 viviendas y campos de golf.

Tal como informó este diario el 11 de julio de 2006, las empresas de Maya, Arteche y Aguirre tienen fuertes intereses en Murcia, la Costa del Sol y la provincia de Sevilla, intereses que a menudo coinciden con los de la propia Kutxa, con la que trabajan desde hace años a través de Yeregui Desarrollo S.L, compañía de la que los tres socios son apoderados o administradores. La caja de ahorros guipuzcoana participa al 50% en los proyectos.

Otros 70 millones en Alcalá de Guadaira

En Alcalá de Guadaira, Arteche, Maya y Aguirre participan en un desarrollo ubicado entre la carretera de Utrera y Dos Hermanas, del que son propietarios mayoritarios las empresas Yeregui Desarrollo, Jardines de Guadaira I y Jardines de Guadaira II, cuyos socios y administradores son los tres citados. La Kutxa habría comprometido en este proyecto, que también estaría intentando vender, del orden de 70/80 millones de euros.

En Espartinas, un pueblo del Aljarafe sevillano en el que un grupo de vecinos denunció el pasado año un pelotazo urbanístico promovido por el alcalde y el primer teniente de alcalde, ambos del PP, también aparecen los mismos nombres, en particular el de Luis Maya, como apoderado de la mercantil Agrícola Espartinas S.L., empresa que logró del Ayuntamiento de Espartinas la recalificación como suelo residencial de diversas fincas propiedad de la familia Guardiola.

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La crisis del ladrillo forzará a las cajas a cierre masivo
El Confidencial - 16 de octubre de 2007
 
 
De oficinas en la Costa del Sol

Se acabaron las alegrías en el mercado inmobiliario. La crisis del sector, con el consiguiente parón del crédito hipotecario, va a imponer el cierre de muchas de las oficinas que buena parte de las Cajas de Ahorro españolas han abierto en los últimos años en la Costa del Sol, fundamentalmente en Málaga y Almería, un cierre que fuentes del sector consultadas han calificado de “masivo”.

Según dichas fuentes, “muchas Cajas han llevado a cabo una expansión poco meditada en la Costa del Sol, atraídas por el negocio de la construcción y la venta de viviendas, para embarcarse en crecimientos desaforados del crédito hipotecario”. Los nombres están en la mente de todos: Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa), Bilbao Bizkaia Kutxa (BBK), Caixanova, Caixa Galicia, Ibercaja y CAM, más algunas de las castellanas.

“En general, la apertura de oficinas de cajas vascas, gallegas o castellanas no ha restado negocio a las que ya estaban establecidas, fundamentalmente las andaluzas, y particularmente Unicaja y Caja de Almería, de donde se deduce que se han echado en brazos de los activos menos sanos, pensando que el boom no iba a terminar nunca”.

“Mucha gente no ha tenido empacho en proporcionar crédito para segunda residencia en viviendas que a menudo valían más de 900.000 euros o un millón”, aseguran las fuentes. Todas esas alegrías se han acabado ahora, de modo que muchas entidades se encuentran sobredimensionadas en la zona y en la perspectiva de tener que cerrar sucursales que difícilmente podrían poner en beneficios en un periodo razonable de tiempo.

A la del sector inmobiliario se ha unido la crisis de liquidez que afecta por igual a todo el sistema financiero y que va a obligar a extremar la precaución a la hora de conceder nuevas hipotecas. Ante la dificultad de encontrar financiación en el mercado interbancario, a muchas cajas no les va a quedar más remedio que atemperar el crecimiento del activo, poniendo el énfasis en la captación de pasivo, para de esta forma equilibrar el balance.

Almería y Málaga, las más afectadas

En suma, la expansión de las Cajas por la Costa del Sol ha llegado a su fin y ahora toca plegar velas. Los datos del último anuario publicado por la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), confirman plenamente la idea de que la expansión de las Cajas ha estado volcada en los últimos años en las zonas costeras de Almería y Málaga, dos de los lugares emblemáticos donde se ha concentrado el boom urbanístico de la costa española.

En estas dos provincias, el número de sucursales registró en 2006 -año en el que no faltaron ya voces alertando del riesgo de parón- incrementos superiores al 10%. En Almería, donde las cajas contaban a final de 2006 con un total de 322 oficinas, el crecimiento acumulado en los últimos tres años ha sido de un 30,89%. Por lo que respecta a Málaga, los puntos de venta han pasado de 490 a 638, tras subir un 30,2% en el mismo periodo.

La clasificación por número de sucursales sigue estando encabezada por Madrid, Barcelona y Valencia, con 3.922, 3.915 y 1.093 oficinas, respectivamente. En total, las 46 entidades de ahorro existentes en España tenían a finales del pasado año 2006 23.415 oficinas repartidas por todo el país, lo que supone un aumento del tamaño de su red del 4,49%. En la misma fecha, la banca tenía abiertas un total de 15.096 sucursales.

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La quiebra del mayor banco del mundo: Citigroup
Comfia.info - 08 de noviembre de 2007
 
 
En la "nueva economía de deudas" el universo privilegiado del mayor banco de inversiones del mundo, Goldman Sachs los ciudadanos resultan inesperadamente quebrados, además de despedidos de sus empleos

Muchos dilectos lectores de Bajo la Lupa (ver “La quiebra de la banca negra: Citigroup, UBS, Santander y BBV”, 3/10/07) se asombrarán de que desde el estallido de la “megaburbuja Greenspan”, en agosto, hayamos vaticinado a contracorriente y antes que todo el mundo la quiebra oculta de Citigroup, de acuerdo con los cánones capitalistas bancarios de la “vieja economía de ahorros”.

Solamente nos basamos en las confesiones de los inventores de las especulaciones lúdicas de los “derivados financieros” (“Una apuesta billonaria en dólares”, Programa No. 2704 de la serie Nova de PBS), quienes llegaron incluso a operar cibernéticamente con ecuaciones matemáticas supuestamente infalibles: Robert Merton y Myron Scholes, los Nobel de Economía (para lo que sirven), lo cual relatamos en nuestro libro Los once frentes antes y después del 11 de septiembre (Ed. Cadmo & Europa, 2003).

No es normal que se reúnan de emergencia después del cierre bursátil, y menos en fin de semana, los directivos de Citicorp (que sus feroces enemigos en Wall Street ya apodan Citi-Corpse, es decir, el “Citicadáver”) cuando nombraron director interino a Robert Rubin, ex secretario clintoniano del Tesoro y, sobre todo, ex jerarca durante un cuarto de siglo de Goldman Sachs, el mayor banco de inversiones del mundo. ¿Es Citi-Corpse, en el insolvente sistema bancario de EU, lo que fue la gasera texana mafiosa Enron en el sector energético?

Todo indica en tal sentido Meredith Whitney, la temeraria analista de CIBC World Markets, quien aconseja que la mejor solución sería “fracturar el banco y venderlo en pedazos” (The Daily Telegraph, 6/11/07).

La amazona Meredith, que ya pasó a la historia como la sepulturera de Citi-Corpse, fue quien detonó la crisis del insolvente “banco negro”, que orilló a la renuncia precipitada de su mandamás: el inimputable Charles Chuck Prince, al exponer los agujeros negros ocultos del mayor banco del mundo, lo cual ocasionó un desplome de 369 mil millones de dólares (¡casi la mitad del PIB de México!).

Debido a sus revelaciones, Meredith, quien debería ostentar el Premio Nobel de Economía en lugar de sus recipendiarios disfuncionales, recibió amenazas de muerte. Pues sí, así nos pasa a los críticos de los paradigmas caducos.

Mientras Citi-Corpse se ha instalado en la negación llana y simple, ocultando su verdadera contabilidad desfondada, la admirable Meredith afirma letalmente que el mayor banco del mundo “no dispone del capital suficiente para solventar sus compromisos”. Eso en la “vieja economía de ahorros” se llamaba “quiebra”, antes de que el mago malhadado y malvado Alan Greenspan tomara el timón de la Reserva Federal durante casi dos décadas para inventar la “nueva economía de deuda”.

Según MarketWatch (5/11/07), Citi-Corpse mantenía 134 mil 840 millones de dólares en el llamado “nivel tres”, cuyas tenencias “carecen de liquidez y frecuentemente no son cotizables y sus valuaciones se basan en la intuición de la directiva”. En finanzas contables, el “nivel tres” equivale al noveno círculo de los infiernos dantescos y constituye la nueva clasificación de activos que la asociación de auditores ha adoptado. El problema radica en que el valor de tales “activos” no es determinable por el mercado, por lo que carece de un precio confiable.

Nadie sabe para quién trabaja, y el tuxpeño Roberto Hernández Ramírez es probable que pierda sus acciones de Citicorp en plena insolvencia. ¿Qué advendrá con su filial Banamex? Por lo pronto, Citi-Corpse se ha desplomado en 25 por ciento del valor de sus acciones en tan sólo tres semanas... más lo que falta.

Martin Hutchinson, en su muy leída columna de cada lunes (“El peldaño del oso”, 29/10/07), aborda el “diezmo del nivel tres” y pone el dedo en la llaga sobre la manipulación contable de Goldman Sachs (Nota: que conste que nos encontramos a principios del siglo XXI, cuando supuestamente dejamos atrás la nigromancia pre-medieval)): “existe un misterio (sic) en Wall Street: la semana pasada Merrill Lynch canceló 8 mil 400 millones de dólares de la hipoteca inmobiliaria de baja calidad (Nota: el sub prime), cifra revisada (sic) de los previos 4 mil 900 millones de dólares reportados; sin embargo, Goldman Sachs no sintió la necesidad de una cancelación similar. El secreto (sic) real de la diferencia probablemente resida en los detalles de su contabilidad, en particular, en el mundo turbio (sic), que pronto será revelado, de sus activos que se encuentran en el ‘nivel tres’ de su portafolios”. Luego entonces, ¿también anda quebrado Goldman Sachs?

Martin Hutchinson no come ansias y espera que a partir del 15 de noviembre (que puede prefigurar un desplome bursátil, si es que no sucede antes) “habrá una nueva herramienta para escudriñar cuánto desecho (sic) tóxico existe de las hojas contables de los bancos de inversiones; la nueva regla contable SFAS157 requiere que los bancos dividan sus activos cotizables en tres niveles, de acuerdo con la facilidad para conseguir un precio en el mercado.

“El ‘nivel uno’ expone los activos en los mercados dinámicos. En el otro extremo, los activos del ‘nivel tres’ son invaluables y solamente tienen cotizaciones según la referencia de los modelos (¡súper sic!) de los propios bancos”. ¡Bueno, ni la otrora banca privada mexicana llegó tan lejos en sus supercherías contables!

Goldman Sachs, que subsume el verdadero gobierno financiero global del “nuevo capitalismo” y que opera bidireccionalmente con Citi-Corpse (el síndrome Robert Rubin), como expusimos con antelación, reveló en febrero reciente, es decir, antes del desplome inmobiliario, su “nivel tres”, o sea, de toxicidad desechable, que ascendió a 72 mil millones de dólares, que en ese entonces representaban 8 por ciento de sus activos totales.

Comenta al respecto el sagaz Martin Hutchinson: “el problema se vuelve más serio cuando se asienta que tales 72 mil millones de dólares representan el doble del capital de Goldman Sachs, que es de 36 mil millones. Por consiguiente, en una situación extrema la entera existencia (sic) de Goldman Sachs reside en el valor de su activos a ‘nivel tres’, es decir, también está tan liquidado bidireccionalmente como Citi-Corpse”.

En la “nueva economía de deudas”, sustentada por los ominosos hedge funds (fondos de cobertura de riesgo) de “contabilidad invisible” en los “paraísos fiscales”, el universo privilegiado del mayor banco de inversiones del mundo, Goldman Sachs (ver Bajo la Lupa, 31/10/07), los ciudadanos resultan inesperadamente quebrados, además de despedidos de sus empleos, pese a que aportan sus participativos ahorros, colocados en los bancos centrales del G-7 y que sirven discrecional y unilateralmente para rescatar a los insolventes bancos y banqueros: el “síndrome Fobaproa/IPAB global”, que epitomiza en México el “amigo de Zedillo y Fox”, el tuxpeño Roberto Hernández Ramírez, quien vendió a Citigroup “su banco”, quebrado y sin pagar impuestos.

Pero tampoco hay que asombrarse tanto, como demostró hace 77 años el lúcido Rudolf Hilferding, sobre el cataclismo que azota cuando los banqueros se apoderan de los resortes del poder de las naciones. Un país sucumbe cuando cesa de escuchar a sus sabios.



Alfredo Jalife-Rahme La Jornada

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Martín tiene más de 3.000 millones en suelo y promociones
El País - 26 de octubre de 2007
 
 
El empresario exigió agilizar los trámites urbanísticos

Fernando Martín no sólo es el presidente del lobby que engloba a las 13 inmobiliarias más importantes del país. También es uno de los mayores propietarios de suelo a través de Martinsa-Fadesa, la empresa de la que es mayor accionista y ejecutivo número uno. Ésta puede ser una buena razón para que el miércoles agitara el fantasma de una subida "vertiginosa" del precios de los pisos, del incremento del paro y de los conflictos sociales si las administraciones no agilizan los trámites urbanísticos.

Fadesa -que el próximo mes culminará su fusión con Martinsa- acumulaba el pasado 31 de diciembre más de 1.500 millones de euros en terrenos y solares. A esta cantidad habría que añadir otros 1.200 millones de obras en curso y casi 200 de edificios construidos. En total, activos por valor de 3.009 millones que esperan ansiosos a ser vendidos en un momento en el que el sector se enfrenta a lo que los empresarios califican de desaceleración pero que la realidad empieza a denominar crisis. El propio Martín reconoció que las ventas habían caído un 35% hasta el mes de septiembre.

Martinsa -la otra pata del grupo que se convertirá en la primera inmobiliaria por activos cuando la CNMV apruebe el folleto de la OPA- no ofrece unos datos tan claros como los de Fadesa. Sin embargo, sus más de 10 sociedades participadas -que se dedican a actividades tan dispares como la promoción de pisos de lujo en Madrid o la instalación de parques eólicos- hacen suponer que Martinsa también contará con un importante volumen de terrenos que recalificar.

El nerviosismo de Martín, y de los otros señores del ladrillo, también se entiende por la necesidad acuciante de colocar existencias, teniendo en cuenta sus deudas astronómicas. A los 3.780 millones de euros que contabilizó Fadesa en el primer semestre como deuda con entidades de crédito y de acreedores comerciales hay que sumar los más de 4.000 millones que el antiguo presidente del Real Madrid pidió para hacerse con la inmobiliaria gallega fundada por Manuel Jove.

Una vez se finalice la fusión de las dos inmobiliarias, el valor de los activos del grupo resultante ascenderá a 13.000 millones de euros. Ahí se incluyen suelo, promociones y patrimonio (alquiler).

Pero más interesante es la formidable bolsa de suelo con la que contará Martinsa-Fadesa. Llegará a los 28,3 millones de metros cuadrados, de los que unos 18 están en España. Hectáreas y hectáreas para los que Martín quiere que se abrevien los plazos urbanísticos con el objetivo de empezar a construir mejor hoy que mañana.

Si no se agilizan estos trámites, aseguró el miércoles, la oferta de pisos no podrá satisfacer los 450.000 nuevos hogares anuales, lo que provocaría en dos años una nueva subida de los precios. Se trata del mismo suelo que Martín está obligado a rentabilizar para que le cuadren las cuentas de la megafusión que planeó a principios de año.

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Número de parados extranjeros sube un 22% en el último año
Elpais (Economía) - 15 de octubre de 2007
 
 
La ralentización económica también está haciendo mella entre la población extranjera. Los servicios públicos de empleo estatal registraron en septiembre a 170.581 extranjeros en paro, cifra que supera en un 22,1% a la del mismo mes de 2006. Los datos del Ministerio de Trabajo son más graves en algunos sectores como en la construcción donde el desempleo ha aumento en casi un 53% en los últimos doce meses. Tres de cada diez perceptores de desempleo son de Marruecos, concentrando Madrid, Cataluña y Andalucía la mitad del total de desempleados extranjeros en España.

De los más de 170.000 extranjeros en paro, 120.878 proceden de países extracomunitarios, frente a 49.703 pertenecientes a algún país miembro de la Unión Europea (UE). Por sexos, la proporción de desempleados extranjeros contabilizados por el Inem es bastante equilibrada, aunque es algo más desfavorable para los hombres. Así, de los 170.581 inmigrantes en paro que había el pasado mes de septiembre, un total de 95.459 eran hombres y 75.122, mujeres, con crecimientos interanuales del 30,9% y del 12,5%, respectivamente. Mayores de 25 años

La mayor parte de los desempleados extranjeros son mayores de 25 años. En concreto, en septiembre, los inmigrantes en paro de esta franja de edad rozaban los 154.000, tras crecer un 24% respecto a igual mes de 2006. Por su parte, los menores de 25 años sumaban 16.702, un 7,3% más que un año antes.

Por sectores, casi la mitad de los parados extranjeros registrados en el Inem se encuadran en el sector servicios, con 90.981 desempleados. Le siguen la construcción, con 40.467 parados extranjeros, el colectivo sin empleo anterior (18.329), la industria (12.226) y la agricultura (8.578). Los inmigrantes en paro en la construcción han aumentado un 52,8% en el último año, la subida más elevada de todos los sectores económicos. Por comunidades, Cataluña, Madrid y Andalucía concentran el 49,5% de los parados extranjeros registrados.

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No hay gente para tanta casa
FarodeVigo (Opinión) - 19 de octubre de 2007
 
 
Tal como sugerían los agoreros -u optimistas, según se vea- el precio de los pisos ha comenzado a bajar en España preludiando tal vez el temido desplome del mercado inmobiliario. Y es que ya no hay gente para tanta casa. Con un parque de más de veintitrés millones de viviendas, esta parte de la Península arroja una media de un piso por cada dos habitantes. Una proporción del todo desproporcionada que sitúa a España como líder mundial en lo tocante a número de residencias por vecino. Puede que el tamaño de las familias se haya reducido aquí a los estrictos límites de una pareja sin hijos, circunstancia que justificaría estadísticamente ese excepcional promedio de una vivienda para cada dos españoles. La experiencia y el sentido común invitan a pensar, sin embargo, que buena parte de esos veintitantos millones de casas fue adquirida por el mero afán de especular y/o lavar dinero de la llamada clase "B". Abona esta hipótesis el hecho de que más de tres millones de pisos estén desocupados en España y cerca de 230.000 en Galicia. Por lo que respecta a los gallegos, una de cada cinco viviendas -en su mayoría nuevas del trinque- permanece vacía en un país donde los jóvenes con sueldos de apenas mil euros se hipotecan de por vida para poder pagarse un cobijo de cuarenta metros cuadrados. La fácil explicación a esta paradoja reside en que la casa había dejado de ser un bien de primera necesidad para convertirse en simple mercancía sujeta a la más pura y dura especulación. Sólo así se entiende que en el año 2005 -último del que existen datos- se construyesen en España más pisos que la suma de los edificados en Francia, Alemania y el Reino Unido.

Las viejas leyes de la oferta y la demanda sugieren que la fabricación de un determinado producto -la vivienda, en este caso- ha de acompasarse por lógica a los requerimientos de la clientela; pero España es distinta también en este aspecto.

A diferencia de otros países que fundan su economía en la producción de bienes industriales, la tecnología y los servicios, aquí se optó por edificar -literalmente- la prosperidad del país sobre la frágil base de la construcción.

Ludópatas por naturaleza, los españoles acudieron en masa al casino del ladrillo confiando en que los réditos de la lonja del hormigón aventajarían siempre en beneficio a los del tradicional parqué de la Bolsa, sujeta a las contingencias del azar.

Infelizmente, las apuestas sobre la vivienda -a menudo comprada sobre un mero plano de papel- alcanzaron un nivel lo bastante desaforado como para que a estas alturas el número de casas disponibles exceda al de gente dispuesta a comprarlas.

La implacable ley del mercado amenaza ahora con hacer saltar por los aires el castillo de naipes tan alegremente construido por cientos de miles de especuladores durante la década prodigiosa del ladrillo que, según todos los indicios, toca a su fin. (No por casualidad, dicho sea de paso, la expresión "castillos en el aire" tiene su equivalente inglés en la frase "castillos en España"). Incluso en esto tendemos a imitar a los Estados Unidos, donde los precios de la vivienda cayeron nada menos que un diez por ciento el pasado año 2006. La explosión del globo inmobiliario ha reducido el crecimiento de la primera potencia mundial, y ello a pesar de que los norteamericanos cuentan con una poderosa economía basada en la industria y los servicios. Mejor será no imaginar siquiera lo que pueda suceder aquí, en un país donde el grueso del empleo depende de que el motor de la construcción -que ya ha empezado a ratear- siga carburando.

"No hay cama pa´ tanta gente", decía una celebrada canción del Gran Combo de Puerto Rico. Imaginativos como de costumbre, los españoles le han dado la vuelta al estribillo hasta concluir que ya no hay gente para tanta casa. Y adivinen a quien le caerán encima los cascotes si se desmorona el imperio del ladrillo.

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¿Y la cruz?
Cartas a la Plataforma (J. Lizaso) - 24 de octubre de 2007
 
 
Zapatero afirma: “Somos la octava potencia económica del mundo”. “Antes del final de ésta legislatura seremos tercer PIB de Europa pasando a Italia”. “Para 2010 estaremos a la cabeza mundial en alta velocidad por delante de Francia y Japón y en autovías de Europa” ....la cara.

¿En que tope debe fijarse el SMI desde 2.008?. preguntaban en una encuesta de Prensa. El gobierno anuncia terminar la legislatura con un SMI de 800 euros. No pasa un día y CCOO y UGT le proponen subir el actual un 8% al año, a partir de la próxima legislatura y así alcanzar 816,5 euros pero en 2012......¿Quien ha pegado un manotazo sobre la mesa del gobierno?.

Hoy es 572 euros al mes por 5 días a la semana; el salario parlamentario es 4.800 euros al mes con jornada de tres días a la semana. En un salario parlamentario caben 8,4 SMI español y unos 4 SMI de esos países en el suyo.

El nuevo SMI sería: lograr el coeficiente 4, bien subiendo el SMI, bajando el salario parlamentario o ambas cosas.......a elección de los parlamentarios.

Sr. Zapatero, es impropio que hable de patriotismo y permitir a la vez esta nueva modalidad de esclavitud para jóvenes familias españolas hipotecadas; máxime si nos mantiene con Creta, como único país europeo que no supera el 1% del PIB en ayuda familiar.

Esto es lo que de verdad importa al ciudadano concienciado con el duro oficio de vivir, y no la letra del himno nacional, ni consultas o planes ibarretexes que solapan los problemas reales. Primero civismo y luego patriotismo; primero sociedad y luego país.... si no, consulten

¿Cuantos kilos de pan o litros de leche podemos y pueden comprar con una hora de trabajo pagado a SMI de España y del de esos países?. ¿Cuántos días de alquiler medio pagar o metros cuadrados de vivienda comprar con un mes de SMI de España y del de esos países?.¿Cuántos años harían falta para pagar la deuda media de las familias españolas y la de esos países con los respectivos SMI?. Quedaríamos pálidos......la cruz.

José Ortega y Gasset, lanzaba una terrible acusación contra la cultura española: es que no ha habido en ella ninguna época de universalismo, de Renacimiento. Los problemas humanos, como tales, no nos han preocupado y acaso nos castigue la historia no admitiéndonos en la serie magnífica de los pueblos clásicos (de humanidad).

 
 
Comunidad de Madrid
 
9 DETENIDOS POR TRAMA DE CORRUPCIÓN EN AYTO. DE MADRID
Cadena SER (Comunidad de Madrid) - 14 de noviembre de 2007
 
 
Al parecer, funcionarios municipales cobraban cantidades por agilizar trámites relacionados con la concesión de licencias urbanísticas. Efectivos de la Guardia Civil han procedido al registro de seis dependencias del Ayuntamiento de Madrid, las gerencias de Urbanismo y de Medio Ambiente, y cuatro Juntas de Distrito, por un presunto delito de estafa continuada de varios funcionarios que cobraban comisiones ilegales. Al menos, nueve personas han sido detenidas en el marco de esta operación, según informa Javier Álvarez. En esta trama estan presuntamente implicados tanto funcionarios municipales como abogados.

La operación llevada a cabo por la Guardia Civil ha dado lugar a la detención de al menos nueve personas, varios de ellos funcionarios del Ayuntamiento de Madrid, según han confirmado fuentes judiciales. Esta investigación se había iniciado a principios del pasado verano y ha incluído la intervención de diez teléfonos, previa la correspondiente autorización del juez competente.

En una rueda de prensa ofrecida este mediodía, el vicealcalde de Madrid -Manuel Cobo- ha afirmado que la investigación afecta "aproximadamente" a un total de 16 funcionarios que habrían cobrado comisiones a cambio de retrasar la tramitación de expedientes de urbanismo.

Cobo ha insistido en que estas actuaciones, que se encuentran bajo secreto sumarial, no están vinculadas con operaciones de calificación urbanística ni en particular con la Operación Malaya. Según ha dicho, las personas investigadas son 16 funcionarios, la "inmensa mayoría" de ellos "con muchísimo tiempo" dedicados al Ayuntamiento de Madrid, y entre ellos no figura ningún concejal, alto cargo, director general o personal de libre designación responsables de las áreas y sedes registradas.

Por su parte, el alcalde Alberto Ruiz-Gallardón aseguró hoy que "no se va a tolerar" ningún tipo de actuación irregular de los funcionarios que trabajan en su consistorio. "Este tipo de actuaciones no pueden poner en cuestión el trabajo de los miles de funcionarios que trabajan con honradez para los madrileños", aseguró Gallardón.

El Juzgado de Instrucción ha decretado el secreto de las actuaciones

Los registros fueron ordenados por el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, que ha decretado el secreto de las actuaciones, y ha afectado, entre otros, al despacho que ocupaba el funcionario Pablo Valle en la gerencia de Urbanismo, en la calle Guatemala número 13.

Este despacho actualmente está ocupado por Miriam Peón, jefa del departamento de la concejalía de Urbanismo. Después de las Elecciones Municipales, Pablo Valle fue destituido de su cargo. Los agentes han decidido desalojar a todos los funcionarios de ese despacho para revisar documentación y expedientes.

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LA QUIEBRA DEL MODELO URBANÍSTICO DEL PP EN MADRID
Rebelion (Comunidad de Madrid) - 12 de noviembre de 2007
 
 
Una reciente Sentencia del Tribunal Supremo ha declarado nulos 22 desarrollos urbanísticos de la capital, lo cual supone la desautorización de la política urbanística salvaje, depredadora y especuladora del Partido Popular en la Comunidad de Madrid de las últimas décadas, y que afecta a la construcción de cerca de 150.000 viviendas que ahora quedan fuera de la legalidad.

Al modelo urbanístico especulador del PP en Madrid le ha llegado su fin. El pasado 3 de julio una Sentencia del Tribunal Supremo, máximo órgano judicial del estado español, anulaba 22 desarrollos urbanísticos de la ciudad, entre los que se encuentran la Operación Campamento, Valdebebas, Los Ahijones, Los Cerros, Los Berrocales, Valdecarros, Arroyo del Fresno, y La Atalayuela, entre otros, por entender que la desclasificación del suelo protegido operada por la revisión del Plan General aprobada por Ayuntamiento y Comunidad de Madrid en 1997 no cumplía con la justificación exigida por la Ley del Suelo.

Esta Sentencia ratifica una anterior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de febrero de 2003, dictada en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Grupo Municipal Socialista contra la aprobación definitiva, por parte de la Comunidad de Madrid, de la Revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997. Dicha sentencia, ratificada prácticamente en su totalidad por el Tribunal Supremo, considera que existía una “insuficiente motivación de la clasificación como suelos urbanizables y urbanos por el PGOUM de terrenos que tenían la clasificación de suelos no urbanizables de especial protección en el anterior Plan de 1985” así como que no se acreditaba debidamente que hubieran desaparecido las circunstancias determinantes de su protección”. La Sentencia, que como se ha dicho anteriormente, anula el planeamiento de los ámbitos afectados, es firme, no cabiendo recurso alguno contra ella, quedando de esta forma invalidadas todas las actuaciones de desarrollo del Plan General (aprobación de planes parciales, proyectos de urbanización, etc.) llevadas a cabo sobre dichos ámbitos con posterioridad a la aprobación del Plan General de 1997.

Con la llegada al poder del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y, especialmente, al Ayuntamiento de la capital, se produjo un giro radical en la política urbanística en la región, modificando la filosofía basada en el desarrollo urbano sostenible, respetuoso con el medio ambiente como generador de vida, que hasta esa fecha ocupaba un lugar importante en la planificación del territorio, para pasar a un concepto de la acción pública urbanística en el que prima la actividad económica del mercado inmobiliario y el beneficio de las empresas promotoras privadas, relegando a un lugar secundario la calidad medioambiental de los entornos urbanos.

Durante las últimas décadas, las leyes del suelo y los planes urbanísticos aprobados por el PP han dejado patente que, en su criterio de política urbanística, el suelo es un producto más para hacer negocio y no el medio físico dónde los ciudadanos tienen la oportunidad de desarrollar en plenitud su vida de una forma sana y agradable. Para ello no han dudado durante este tiempo en invertir un proceso en el cual el medioambiente era un valor a preservar en beneficio de los habitantes de los municipios, para transformarlo en toda una maquinaría de generación de plusvalías y beneficios económicos, convirtiendo todo el suelo en urbanizable independientemente de su valor ecológico, ambiental, paisajístico o histórico, en beneficio de los intereses económicos de las grandes constructoras y promotores inmobiliarios.

El urbanismo depredador que esta sentencia desenmascara, ha generado un problema de una envergadura social incalculable y de consecuencias impredecibles, ya que ha permitido y fomentado la comercialización de cientos de miles de viviendas que se encuentran fuera de la legalidad, y por tanto amenazadas de posible demolición futura, lo que puede dejar a miles de jóvenes y familias en la calle y sin ahorros.

A la Administración Regional y Municipal madrileña sólo le queda un camino: Cumplir con la sentencia judicial e iniciar la elaboración de un nuevo Plan General de Urbanismo para los ámbitos que ahora se encuentran fuera de legalidad, que respete todo el suelo que estaba calificado como de especial protección en 1985. La Administración tiene un plazo de dos meses para ejecutar la sentencia. El retraso e incumplimiento de sus obligaciones por parte de los responsables podría ser constitutiva de los delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio. Y lo más grave es que aumentarán los retrasos que ya se vienen acumulando, hasta la fecha, en la ejecución de los nuevos desarrollos urbanísticos, por las políticas de especulación del suelo de las dos últimas décadas. Dado que más tarde o más temprano la Sentencia deberá ser cumplida, podemos estar asistiendo a la mayor estafa de la reciente historia del Estado español, al permitirse el comercio de viviendas ilegales.

La Sentencia del Tribunal Supremo ha puesto freno a la barbarie del ladrillazo madrileño, repartiendo responsabilidades entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, y concentrándolas en la persona de Alberto Ruiz-Gallardón que era Presidente autonómico cuando se aprueba el Plan y es ahora Alcalde de la ciudad durante su ejecución. Y sin olvidar al anterior edil municipal, Álvarez del Manzano, bajo cuyo mandato se elaboró la revisión del Plan General, y a la actual Presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que está dando cobertura a la trama inmobiliaria madrileña con una nueva ley que favorece aún más la especulación.

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La consejera de Madrid no asistirá a conferencia sectorial
Finanzas.com (Comunidad de Madrid) - 22 de octubre de 2007
 
 
La consejera de Vivienda de la Comunidad de Madrid, Ana Isabel Mariño, no acudirá esta tarde a la Conferencia Sectorial convocada por la ministra de Vivienda, Carme Chacón, al considerar que el Plan de Emancipación propuesto por el Gobierno Central es "electoralista" e "ineficaz".

El departamento que dirige Ana Isabel Mariño cree que el Plan de Emancipación de Chacón no tiene en cuenta las políticas activas que en materia de vivienda ha puesto en marcha la Comunidad de Madrid en los últimos años ni las características socioeconómicas de los ciudadanos madrileños.

A juicio de Mariño, aceptar esta imposición supondría "extender a Madrid la incapacidad y falta de seriedad del Gobierno socialista" en un tema tan importante como el de la vivienda. La consejera considera, además, que este Plan "no sólo es una mala copia del presentado por la ministra Trujillo en 2004, sino que no concreta los fondos con los que contará Madrid y además deja fuera de las ayudas a más de 857.000 jóvenes madrileños".

"Lo que no vamos a hacer es ir al Ministerio a hacernos la foto con una ministra que lo único que quiere es ganar un puñado de votos a costa de las esperanzas de los ciudadanos con un plan cuyos plazos no son asumibles y que tiene como objetivo responsabilizar a la Comunidad de Madrid de su previsible fracaso de cara a las elecciones generales", afirmó la consejera.

Con el objeto de que el Gobierno de Zapatero asuma las propuestas de la Comunidad de Madrid, la Consejería de Vivienda emplaza al Ministerio a una reunión bilateral en la que se deberá encajar la financiación estatal dentro del Plan de Dinamización del Mercado del Alquiler propuesto por la Comunidad de Madrid.

Mariño recordó también que, "además de que el Gobierno socialista asfixia a Madrid a través de los Presupuestos Generales del Estado, pretende que la Comunidad adelante los fondos de financiación de los planes de vivienda estatales".

El departamento de Chacón, señaló Mariño, debería explicar "por qué retrasa el pago de los fondos destinados a la financiación del Plan de Vivienda madrileño", una iniciativa que ha permitido a Madrid convertirse en la región que más vivienda protegida construye en España.

Asimismo, pidió a Chacón que explique "por qué niega su apoyo al Plan Joven de la Comunidad de Madrid", un plan que cuenta ya con suelo para la construcción de 73.000 viviendas, 270.000 jóvenes apuntados en su Lista Unica y que ha sido copiado por 10 comunidades autónomas de todos los signos políticos.

Por último, Mariño calificó como "profundamente desacertada" la política de subvenciones que ha impulsado el Gobierno socialista y señaló que el Plan de Emancipación va a provocar la "subida de los precios del alquiler".

Frente a esta política intervencionista, la Comunidad de Madrid ha propuesto un Plan de Alquiler que se basa en la construcción de un parque estable de 45.000 viviendas protegidas en alquiler y en la salida al mercado de 50.000 contratos de alquiler garantizando la seguridad jurídica de los propietarios de viviendas susceptibles de ser alquiladas.

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Aguirre autoriza campo de golf en suelo agrícola en Alcalá
El País (Comunidad de Madrid) - 14 de octubre de 2007
 
El terreno, considerado "de especial protección" cambia de uso por la Ley de Medidas Urgentes

Alcalá tendrá campo de golf. El consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó, el 27 de septiembre, un plan especial que da luz verde definitiva a la construcción de un campo de golf. Tendrá dos recorridos de 18 hoyos cada uno y estará situado en la finca El Encín, propiedad del Gobierno regional, en Alcalá de Henares. El plan nace a principios de 2005, cuando el entonces consejero de Economía, Fernando Merry del Val, anunció que su departamento promovería un gran centro de ocio, deportivo y urbanístico. El consejero pretendía edificar hoteles y salas de congresos en la zona en el suelo público.

El complejo deportivo estará situado en la finca El Encín, de 158 hectáreas. La zona donde se construirá el campo está clasificada por el Plan General Urbanístico (PGU) de Alcalá como "no urbanizable y de especial protección agropecuaria". Y, según un estudio de viabilidad elaborado por la empresa Ingenieros Consultores de Medio Ambiente, "en estas parcelas no se admite el uso deportivo". Por eso, el Ayuntamiento de Alcalá, gobernado por Bartolomé González (PP), ha promovido de la mano de la Comunidad una modificación al plan urbanístico de la localidad para cambiar el uso a este suelo.

El Ejecutivo regional elaboró a finales de julio, justo después de que Aguirre renovase la presidencia regional, la Ley de Medidas de Modernización del Gobierno. Esta norma incluye un artículo que permite a los Ayuntamientos "autorizar instalaciones de carácter deportivo en los suelos rurales destinados a usos agrícolas". La norma permite desatascar el proyecto regional, que necesitaba un cambio de uso de los terrenos. Una vez que la ley entró en vigor, el 21 de julio, la Comunidad ha tardado sólo dos meses en aprobar la modificación del uso de la finca El Encín.

La Comunidad pretende construir en la zona, además de los dos campos de golf, dos pistas de prácticas, ocho lagos artificiales, un edificio que sirva como sede del club y otras instalaciones deportivas. Además, se prevé la construcción de una nueva carretera que conecte con la A-2. Un informe de la empresa pública Alcalá Natura 21 establece que el proyecto deberá contar con un informe de impacto ambiental.

Un portavoz de Ecologistas en Acción asegura que el Ejecutivo regional incumple la Ley del Suelo porque los terrenos están protegidos. "Tienen una gran riqueza ambiental. Hay publicaciones de la propia Consejería de Medio Ambiente que así lo reflejan", dice María Ángeles Nieto, responsable de la asociación verde.

La parcela está situada en el antiguo centro de experimentación agrícola del Ministerio de Agricultura, una finca de 550 hectáreas donde se desarrollaban investigaciones agrarias. En 2005 fue troceada en cuatro zonas para poder adaptarla a los planes del Ejecutivo regional. Dos terceras partes de los terrenos fueron declaradas urbanizables. El otro tercio forma parte de la finca en la que ahora se construirá el campo de golf. Ecologistas en Acción ha anunciado que acudirá a los tribunales para frenar este plan y ha denunciado el proyecto ante la Comisión Europea.

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Cooperativistas de PSG revientan un mitin del PSOE
El País (Comunidad de Madrid) - 08 de noviembre de 2007
 
 
Un centenar de cooperativistas de Propietarios de Suelo de Getafe (PSG) -alrededor de 200, según la gestora- reventaron anoche en Getafe un mitin en el que estaba prevista la participación del portavoz socialista en el Congreso, Diego López Garrido; del secretario general del PSM, Tomás Gómez, y del alcalde de la localidad, Pedro Castro. El acto se incluía dentro de la campaña Con Z de Zapatero, puesta en marcha por el PSOE con vistas a las elecciones generales de 2008.

Dos cooperativas gestionadas por PSG mantienen desde hace meses un conflicto con el Ayuntamiento de la localidad y la Comunidad de Madrid a causa del desarrollo urbanístico de Buenavista y Los Molinos, donde les fueron retirados los terrenos adjudicados por no hacer frente al pago de los mismos.

Pertrechado de silbatos y pancartas, y con gritos de "sinvergüenzas", "corruptos" y "alcalde chorizo", un grupo de manifestantes entró en el salón del Centro Cívico en el que estaba previsto el mitin e impidió que se llevara a cabo. Mientras, unos 300 cooperativistas permanecieron en el exterior del recinto haciendo sonar los cláxones y pidiendo al secretario general de los socialistas madrileños que "pusiera orden".

"Hemos decidido suspender el acto por responsabilidad, ya que en el centro había multitud de militantes socialistas y por nada del mundo queríamos que se produjese un enfrentamiento", explicó una portavoz del Partido Socialista de Getafe.

Por su parte, el máximo responsable de PSG, David Moreno, señaló que la manifestación "demuestra que los cooperativistas están unidos y no aceptan la decisión del Consorcio Urbanístico [com-puesto por la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Getafe] de quitarles unos terrenos que eran suyos".

Moreno añadió además que la intención de PSG y de las cooperativas Getafe Cuna de la Aviación y Getafe Capital del Sur es continuar protestando "hasta que se haga justicia y se permita que más de 1.000 familias tengan su vivienda".

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Derribo en el Ramadán
El Mundo (Comunidad de Madrid) - 10 de octubre de 2007
 
 
Las excavadoras llegan sin previo aviso, cuando en el barrio musulmán sólo quedan las mujeres. Y a tres días de acabar el Ramadán. Los hombres ya se han ido a trabajar y los niños están en el colegio. No les dan tiempo ni para rescatar sus pertenencias. El desalojo que se produjo el martes por la mañana por orden de un juzgado en la Cañada Real avanzó como un terremoto, y a última hora de la tarde tan sólo quedaban escombros.

Todos los afectados son marroquíes, a excepción de unos pocos rumanos. Hay montones de niños. Entre los ladrillos rotos y los alambres retorcidos de los forjados asoman trozos de camisetas, mesas rotas y una taza de plástico rojo. Más allá, los escombros aplastan una nevera todavía llena de comida. «No me han dejado ni coger la comida de mi niño», musita una chica rumana, mientras su pequeño llora y se aparta las moscas de la cara.

El crío le dice algo a su madre en voz baja, con los ojos muy abiertos: «Me ha preguntado que dónde está la casa», explica ella casi con una sonrisa, y le contesta: «Es esto, hijo», mientras señala al montón de basura.

Donde antes había un camino ahora hay una hilera de cascotes de cemento. El grueso de los desalojados, unas 40 familias magrebíes, se concentra al final de la recta, que parece barrida por un huracán. Todos comentan lo que ha pasado. No se habla de otra cosa.

«Lo que no está bien es que hayan llegado sin avisar, que no nos hayan dado tiempo para salvar nuestras cosas», se queja un marroquí. Y es cierto, según cuentan los trabajadores sociales que van a la zona y que también han presenciado el derribo.

Las excavadoras han llegado a primera hora de la mañana. A las nueve y media ya estaban derribando las primeras casas con apoyo de los antidisturbios y de la Policía Municipal. En total, han sido unas 25 casas ilegales, aunque no se sabía con exactitud cuántas había.

Muchos de los niños se han encontrado con lo que quedaba de su casa cuando han vuelto de la escuela. Los habitantes de la zona musulmana de la Cañada Real son en su inmensa mayoría trabajadores de la construcción y todos estaban en la obra desde muy temprano. Todos los niños están escolarizados, según cuenta Rosa, de la Asociación El Fanal, que trabaja con los musulmanes de la Cañada.

Lo curioso del derribo de ayer es que casi ninguno de los afectados se queja del derribo en sí mismo. La queja viene más por las maneras. Faltan un par de días escasos para que termine el Ramadán, el periodo del año más sagrado de los musulmanes, que culmina mañana con una gran fiesta que en esta ocasión quizá no se celebre con muchas ganas. Pero no han esperado.

En las parcelas ahora destruidas había familias que compartían el espacio. Muchas construyeron una sola casa para dividirla luego entre tres o cuatro familias. Otras tenían su parcelita, edificada poco a poco, con ladrillos y cemento comprados. «Yo me gasté por lo menos 2.000 euros en hacer mi casa», explica otro de los marroquíes desalojados, «pero hay gente que se gastó 15.000», concluye.

Algunas casas se han construido en sólo cuatro o cinco meses, mientras que otras se encontraban en permanente estado de construcción. Al final, algunos hasta tenían las paredes alicatadas, tomas de agua, luz, nevera... Eran ilegales, pero no eran simples chabolas.

Lo más desolador es ver a los niños rebuscando entre los escombros. La piqueta no ha tenido piedad con las pertenencias de nadie. Mustafá, cristalero de profesión, vivía en una de las infraviviendas con su primo, la mujer de éste y sus cinco hijos. «Me voy a ir a dormir a casa de otro primo», explica.

Mustafá es afortunado por tener primos que le acojan. Lo único que ha podido salvar de sus cosas son tres camisetas. Otros, ni eso. «Yo he perdido mi trabajo porque me he tenido que venir corriendo cuando me han llamado, aunque mi jefe no me dejaba. Ahora no tengo ni casa ni trabajo, mira todo lo que me queda», dice mientras señala un coche viejo.

Otros han guardado lo poco que se ha salvado en su vehículo, porque no tienen nada más. En cambio, en otra ocasión no se ha salvado ni el coche. Atrapado entre los cascotes, ahora es un pedazo de chatarra con el que la piqueta no tuvo contemplaciones.

Por la tarde acudieron muchos miembros del Samur Social para paliar en parte las necesidades de estas familias. Por suerte para la mayoría, muchos tenían más parientes en la misma Cañada o en otras partes de Madrid para pasar la noche.

Al resto los realojó el Samur Social. En total, ocho personas se acogieron a la ayuda municipal, que las llevó a su central y a Cruz Roja. Se trata de dos familias y cinco adultos solos, según confirmó un responsable del Samur Social.

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Catalunya
 
V de Vivienda afirma que el Meeting Point reúne a la 'mafia
El Periódico de Catalunya (Catalunya) - 10 de noviembre de 2007
 
 
Protesta frente a la feria. La plataforma ha celebra también una manifestación en Sant Andreu

Una docena de miembros de la plataforma V de Vivienda han reclamado ante los asistentes al salón Barcelona Meeting Point el derecho a la vivienda, a la vez que han criticado este encuentro del sector inmobiliario, donde, a su juicio, se reúne la "mafia inmobiliaria".

Los miembros de la plataforma se han concentrado en el exterior de uno de los salones del evento con carteles en los que se leía frases como Sin tren ni casa, Aquí se subvenciona el ladrillo o Alquiler social ahora, y han hecho fotos a algunos visitantes del salón mientras éstos aguantaban las pancartas con sus reclamaciones.

Uno de los miembros de V de Vivienda, Aida Gallego, ha lamentado que se haya "escuchado poco la voz de la ciudadanía" durante la celebración del salón en un momento, ha dicho, de "crisis" del sector inmobiliario.

"Grandes intereses"

Gallego ha afirmado que en el Meeting Point existen "grandes intereses" que reclaman a la Administración "que ponga dinero" para solucionar esta crisis, y ha destacado que el momento actual debería aprovecharse para tomar medidas que sirvan para excluir la vivienda del mercado.

"Si la vivienda es un derecho, no puede ser que el mercado lo regule y haya gente que no tenga acceso a él", ha manifestado Gallego, que ha reclamado "medidas más fuertes", como limitar los beneficios de los promotores y constructores o prohibir la venta de suelo público.

Intervención de los Mossos

Varias personas de la plataforma han intentado acceder a uno de los pabellones del recinto, aunque miembros de la seguridad privada se lo han impedido e incluso ha sido necesaria la intervención de efectivos de los Mossos d'Esquadra para despejar la zona de entrada. Entre empujones, los protestantes han recriminado a los agentes de seguridad que no les dejaran acceder al salón pese a tratarse de "un consorcio público".

Manifestación en Sant Andreu

Tras el acto de protesta, los miembros de la plataforma se han dirigido hacia la plaza Orfila, en el barrio de Sant Andreu, donde varios colectivos han convocado una manifestación en defensa del territorio y contra la especulación urbanística, y que, según el portavoz de una de las entidades que se ha sumado al acto, ha reunido a unas 300 personas.

Los convocantes de la protesta han explicado en un comunicado que se ha decidido organizarla en el distrito de Sant Andreu porque se trata de "un área explotada por parte de las instituciones públicas y las constructoras", donde aún está muy presente el conflicto vecinal por el desalojo de los vecinos de las casas baratas del Bon Pastor.

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Carga policial durante un desalojo en las 'Cases Barates'
El Mundo (Catalunya) - 19 de octubre de 2007
 
 
Agentes de la Guardia Urbana empezaron sobre las 9.30 horas del viernes el desalojo de las 'Cases Barates' situadas en el barrio del Bon Pastor, en el distrito barcelonés de Sant Andreu, según confirmaron fuentes de la Policía municipal. Los antidisturbios cargaron contra vecinos e informadores.

El barrio está inmerso en un proyecto de reordenación urbanística, que contempla el derribo de las 'Cases Barates', construidas en 1929 tras la Exposición Universal que se celebró ese año en la ciudad.

Varias familias que residían en estas viviendas, unas cinco, se negaron a abandonar sus casas al discrepar de esta reforma y también rechazaban la indemnización y el piso oficial que les ofrecía el Ayuntamiento.

Los afectados aseguraban que las condiciones ofertadas no eran ventajosas ya que les proponían un piso en propiedad con una hipoteca de 300 euros al mes durante 20 años.

Momentos de tensión A mediodía, los agentes antidisturbios de la Guardia Urbana cargaron contra algunos vecinos que se resistían y periodistas que cubrían los hechos. Algunos vecinos se quejaron de la contundencia policial y fueron al ambulatorio para obtener un certificado de las contusiones sufridas.

Desde ese momento, la Guardia estableció un perímetro de seguridad alrededor de las casas para que los curiosos y los periodistas no se acercaran, mientros los vecinos directamente afectados seguían vaciando sus casas, y las cajas se iban cargando en camiones de mudanzas.

En la zona se concentraron un centenar de personas, algunas de las cuales se mostraban satisfechas de que se produzca el desalojo.

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Hacienda pone el cartel de ‘se busca’ al constructor del 3%
Elconfidencial (Catalunya) - 19 de octubre de 2006
 
 
Hacienda pone el cartel de ‘se busca’ al constructor que destapó el escándalo del 3% en Cataluña

El empresario que destapó la trama de corrupción urbanística y comisiones durante los gobiernos de CiU en Cataluña, Juan Antonio Salguero, se encuentra en paradero desconocido. Aunque Hacienda le atribuye varios delitos fiscales, no consigue dar con él.

El 16 de diciembre del 2005, el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, presentaba una querella criminal contra varios cargos de la empresa pública Administración, Promoción y Gestión Sa (Adigsa), contra tres empresarios y contra un intermediario por presuntas irregularidades en la adjudicación de obras de rehabilitación de pisos para jóvenes y el respectivo cobro de comisiones, que llegaban hasta el 20% del importe total de los trabajos. El número total de obras donde se habían encontrado irregularidades era de 36, según los datos que manejaba la fiscalía.

Las diligencias se habían iniciado el 25 de febrero de aquel año, al día siguiente de que el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, insinuase en el Parlamento autonómico que el líder de la oposición, Artur Mas, estaba al tanto de presuntas comisiones sobradas por Convergència i Unió (CiU): “Su problema es el 3%”.

Las actuaciones denunciadas se habían llevado a cabo el año 2003, cuando todavía gobernaba CiU. Con el cambio de Gobierno -en diciembre de ese año, fue nombrado presidente Pasqual Maragall y subió el Tripartito al poder-, uno de los empresarios, Juan Antonio Salguero, dejó de recibir encargos, aunque siguió en contacto con los técnicos de la Generalitat porque se le debía dinero y afirmaba que habían adquirido determinados compromisos con él.

Promesas incumplidas

En junio del 2004, reclamó oficialmente a Adigsa el pago por la rehabilitación de un edificio en Artesa de Segre por valor de 355.540 euros, pero en la Administración no había ninguna constancia de que había que realizar tal operación, por lo que se rechazaron sus pretensiones. Cuando vio que las deudas no se iban a saldar nunca porque los expedientes que figuraban en la Administración contenían diversas irregularidades, decidió tirar de la manta y contar todo lo que sabía.

Y lo que sabía era muy jugoso. Para empezar, delató al intermediario de las contrataciones, José María Penín, que no tenía contrato con la Administración pero que manejaba la situación como nadie. Entre otras cosas, repartía las obras de rehabilitación entre los proveedores y tenía acceso a las viviendas de protección oficial como si fuesen suyas. Al final, resultó que Penín era pariente del consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Felip Puig, recientemente ascendido a número dos de CiU y líder del denominado sector soberanista de la formación nacionalista.

Salguero conoció a Penín a través de otro constructor, Jorge Honrubia, cuñado del intermediario, quien se presentó como familiar de Felip Puig y se comprometió a pagar todos los encargos -según su confesión, participó tan solo en una veintena de rehabilitaciones diseminadas a lo largo de toda la geografía catalana- en efectivo, aunque debía sumar a la factura un 20% que luego le entregaría en concepto de comisión. Así lo hizo al menos durante al año 2003. En ese periodo, pagó 108.000 euros de comisiones a Penín en dos pagos de 30.000 euros y uno de 48.000 euros, según confesó ante el juez en marzo del 2006.

El enero del 2005, la propia Generalitat (ya con el Tripartito en el poder) encargó una auditoría para determinar las condiciones de contratación de la rehabilitación de 129 pisos de renta libre entre mayo y noviembre del 2003 porque se había detectado “un importante volumen de obra que no había pasado el procedimiento en la contratación”.

Sospechas hacia arriba

En su primera declaración ante la fiscalía, Penín dio a entender que tanto Puig como Oriol Pujol Ferrusola -hijo del entonces presidente de la Generalitat y secretario general de Industria- estaban al tanto de todo lo que ocurría, aunque posteriormente negó este extremo ante el juez y se retractó de sus aseveraciones.

Puig siempre negó conocer a Penín, pero más tarde se supo que entre ambos había lazos lejanos de parentesco. La propia secretaria del dirigente convergente admitió, tras declarar ante el juez, que Penín llegó a llamar al entonces consejero a su despacho oficial porque habían demorado un pago que le hacía Adigsa por sus gestiones. Penín quería de Puig acelerara dicho pago. Además, según desveló el secretario de Organización del PSC, José Zaragoza, “Puig mintió cuando dijo que no lo conocía”, ya que, además de que eran familia, “habían llegado a jugar durante mucho tiempo en el mismo equipo de fútbol sala”. El intermediario, militante de Convergència, fue también durante una época el chófer de Pere Esteve cuando éste, en 1996, fue elegido secretario general del partido en sustitución de Miquel Roca.

El titular del juzgado de instrucción número 3 de Barcelona admitió a trámite la querella y abrió instrucción, que acabó el pasado mes de junio. En un auto dictado a finales de ese mes recoge en líneas generales las tesis de la fiscalía e imputa al ex presidente de Adigsa y ex jefe de gabinete de Felip Puig, Ferran Falcó, al ex consejero delegado de la empresa pública Josep Anton Fondevila, al ex director del área técnica, Jordi Huguet, y al ex jefe del departamento de Adquisiciones, Xavier Sala. Los dos primeros eran destacados militantes de Convergència junto con Penín. De la imputación no se libraron tampoco los constructores José Antonio Salguero, Angel Egido y Jorge Honrubia. Los presuntos delitos de que se les acusa son los de malversación de fondos públicos, tráfico de influencias, fraude, prevaricación y falsedad en documento oficial.

Según fuentes de CiU, la instrucción no se ha acabado todavía, ya que la Audiencia de Barcelona, en un escrito fechado el pasado mes de septiembre, anuló el auto del juez del pasado mes de junio hasta que no se investiguen algunos flecos que quedan pendientes.

Eludiendo a Hacienda

Pero, mientras tanto, el principal instigador de la investigación, Juan Antonio Salguero, está en paradero desconocido, al menos para las Administraciones públicas. Hasta ahora, el único que había desaparecido durante meses -y ya van dos veces- había sido el intermediario Penín, refugiado durante temporadas en paradero desconocido incluso para su abogado y sus socios. Salguero, sin embargo, ha dejado tras de sí un reguero de deudas. Una de sus empresas, Reluxex, ya era buscada por Hacienda en marzo del 2005. Hasta entonces, tenía sólo algunas “facturas” pendientes, como una multa de algo más de 900 euros a Tráfico.

En el 2006, sin embargo, los impagados se le amontonaron. Recaudación de Hacienda le abrió un expediente que fue publicado en el Diario Oficial de la Generalitat el 5 de enero del año pasado. En abril, el Instituto Municipal de Hacienda del ayuntamiento de Barcelona le buscaba por dos reclamaciones de apremio. Y en junio, Hacienda le abrió otro expediente.

Esta había sido, precisamente, una de las empresas con las que había realizado los trabajos para Adigsa, pero los funcionarios públicos de Hacienda habían sido incapaces de encontrar ni a la empresa ni a su dueño. La otra compañía con la que trabajaba a menudo era Demastir, que ya en el 2001 debía el impuesto de circulación. En el año 2003, el Ayuntamiento de Gavà le reclamaba los impuestos municipales y en enero del 2006 la Agencia Tributaria publicaba su nombre en un listado de contribuyentes “desaparecidos”. En abril del 2007, un anuncio del Diario Oficial de la Generalitat daba cuenta de que tenía abiertos dos expedientes para liquidar impuestos.

Destirson, otra de sus compañías, ha acumulado a lo largo de estos años deudas con la Tesorería General de la Seguridad Social y la Cámara de Comercio. El último requerimiento le fue realizado el pasado 26 de mayo. Y para dato anecdótico, valga el siguiente apunte: como persona jurídica, Hacienda mantenía abiertos, en el año 2002, dos procedimientos de apremio por menor cuantía a Juan Antonio Salguero. Poco después, el constructor comenzó a trabajar para la Generalitat. Pero los sabuesos del fisco fueron incapaces de dar con él.

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Comunidad Valenciana
 
GOBIERNO ALERTA DEL 'ALARMANTE' AUMENTO DE LOS IMPAGOS
El Mundo (Comunidad Valenciana) - 11 de octubre de 2007
 
 
Las ejecuciones hipotecarias han aumentado más del 75% en 2007

El consejero de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat valenciana, Fernando de Rosa, alertó de que, a final de año, se producirá un "alarmante" aumento de más del 75% en las ejecuciones hipotecarias por impago en los juzgados de Valencia, ya que han pasado de 301 en 2006 a 528 en 2007.

En este sentido, el consejero manifestó que estos datos ponen de relieve que "la economía no es tan boyante como se empeña en transmitir el Gobierno de Zapatero. Es evidente que los ciudadanos están padeciendo ya las consecuencias de una mala gestión económica".

De Rosa realizó estas declaraciones tras reunirse con el decano de los jueces de Valencia, Pedro Luis Viguer, con quien acordó la adopción de diversas medidas, que, según el consejero, "servirán para mejorar la administración de justicia de la capital valenciana que beneficiarán a todos los ciudadanos".

Las unidades judiciales solicitadas al ministerio de Justicia para ponerlas en marcha en 2008 "están plenamente justificadas ante la indudable carga de trabajo en asuntos civiles y en contenciosos", añadió De Rosa, para quien el incremento de procedimientos se debe a las nuevas competencias asumidas por esta jurisdicción, fundamentalmente en materia de extranjería.

Por último, el consejero anunció que en 2008 se implantará un sistema de gestión de colas y se reforzará la plantilla del registro civil de Valencia. Además, se estudiará con el decanato un plan de choque para agilizar los juzgados de ejecutorias.

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La vivienda protegida supone un 1% de viviendas en Castellón
Levante-EMV (Comunidad valenciana) - 22 de octubre de 2007
 
 
La vivienda protegida apenas supone el 1% de los proyectos visados en Castelló en 2007. Joan Mestre-Castelló

La construcción de viviendas de protección oficial no arranca en la provincia de Castelló. El supuesto compromiso de la Generalitat Valenciana y la implicación de la iniciativa privada no ha variado la tendencia de los últimos tiempos respecto a la ejecución de VPO. Tal como refleja un informe de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción (Apecc), una de cada cien viviendas visadas por el Colegio de Arquitectos en este ejercicio son de protección oficial.

Según los datos facilitados a este diario por Apecc, de las 18.234 viviendas visadas hasta el mes de octubre de 2007 solamente 206 son de protección oficial(18.028 de renta libre), lo que viene a representar poco más del 1% del total. Es más, el Colegio de Arquitectos ha registrado nuevos proyectos de VPO en tres municipios de los 135 de la provincia. Concretamente, 69 en la capital de la Plana, 125 en Vinaròs y 12 en Benicarló.

Los promotores privados y especialmente la Generalitat Valenciana, impulsora de buena parte de los pisos sociales, mantienen un ritmo bajo de ejecución a pesar de la alta demanda existente en Castelló. Las cifras aportadas por Apecc constatan, además, que la construcción de VPO ha ido decreciendo en los últimos años. De las 474 contabilizadas en 2004 se pasó a las 277 en 2005, a 257 en 2006 y a 206 este año. De esta manera, en la provincia sólo se han proyectado en estos cuatro años 1.214 pisos frente a las 4.700 comprometidos por la administración autonómica. La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda afirma, por su parte, que en estos momentos están en tramitación 5.599 VPO en cuatro localidades de la provincia. El Consell prevé que se desarrollen 3.533 en la capital de la Plana, de las que buena parte se ubican en el sector de la Universitat Jaume I (3.445), además de otras 2.106 en la Vall d'Uixó y 275 en Vinaròs. Asimismo, según la Generalitat, el Instituto Valenciano de la Vivienda (Ivvsa) ha sacado a la venta 171 pisos en Castelló, 192 en Vinaròs y 41 en Benicàssim.

Este paquete de actuaciones no se corresponde, en cambio, con los datos computados por el Colegio de Arquitectos y por el propio Ministerio de Vivienda. Las estadísticas que maneja el departamento de Carme Chacón señalan que desde 2003 a 2006 se iniciaron en Castelló 2.954 VPO y se terminaron 2.941. También indican un descenso en su edificación en la anualidad anterior(425) respecto a 2005 (762).

Esta situación es corroborada por los últimos informes realizados por la Cámara de Comercio de Castelló. Ésta ha dejado constancia de la escasa promoción de viviendas de protección pública en la provincia de Castelló. Los planes urbanísticos auspiciados por la Generalitat Valenciana parece que no han logrado incrementar por ahora el número de VPO en la mayor parte de las poblaciones castellonenses.

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Una constructora paga las obras de reforma de Pla
El País (Comunidad Valenciana) - 16 de octubre de 2007
 
 
El importe de las facturas que Pla reconoce no haber abonado asciende a 78.000 euros

Una constructora valenciana pagó las obras de reforma del secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, según ha informado la SER. El importe de las facturas, que Pla ha reconocido no haber abonado, asciende a 78.000 euros, unos 13 millones de las antiguas pesetas.

Las obras se realizaron entre 2006 y 2007 en el domicilio particular del líder de los socialistas valencianos. Miembros de la dirección del PSPV-PSOE pidieron, tras conocer la noticia, la convocatoria urgente de una reunión para que Pla se explique o dimita. La noticia coincide con la visita mañana a Valencia de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega

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El alcalde de Polop de la Marina, herido de tres disparos
El Mundo (Comunidad Valenciana) - 20 de octubre de 2007
 
 
En una presunta venganza. Alejandro Ponsoda se encuentra muy grave; una de las balas impactó en su cabeza. Se baraja la hipótesis de una venganza debida a conflictos de terrenos

El alcalde de la localidad alicantina de Polop de la Marina, Alejandro Ponsoda (PP), resultó este viernes herido de extrema gravedad por al menos tres disparos, uno de ellos en la cabeza, y fue trasladado inmediatamente al Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Alicante para ser intervenido quirúrgicamente.

El suceso tuvo lugar hacia las 21.30 horas, cuando el regidor regresaba a su casa en coche y fue tiroteado a través de la ventanilla delantera derecha, según fuentes de la Guardia Civil y del PP citadas por Europa Press. Una vecina alertó del incidente a la policía. La vivienda del alcalde está en la pedanía de Xirles, en la carretera que enlaza esta localidad con el municipio de Guadalest.

El Ministerio del Interior descarta que se trate de un atentado y por ahora se baraja la hipótesis de una venganza debida a una expropiación de terrenos. Las dos primeras personas interrogadas son un matrimonio inglés.

Ponsoda ingresó alrededor de las 23.45 horas del viernes en el Servicio de Urgencias del Hospital General Universitario de Alicante con pronóstico de "muy grave", según informaron fuentes sanitarias. Las citadas fuentes informaron que el primer parte médico será facilitado en las próximas horas y que el resultado de la intervención quirúrgica, así como el alcance de la lesión, no se conocerá "hasta pasadas unas horas".

Hasta el hospital alicantino se ha desplazado la subdelegada del Gobierno de la provincia de Alicante, Encarna Llinares, y el presidente de la Diputación Provincial, José Joaquín Ripoll.

Numerosos vehículos y agentes de la Guardia Civil mantienen un dispositivo de seguridad en el entorno de la vivienda del mandatario municipal, localizada en el número 7 de la calle Paradís.

El Ayuntamiento de Polop celebrará un pleno extraordinario a las 13.00 horas para condenar el ataque contra el alcalde.

Ponsoda, de 57 años, está casado y tiene dos hijas, de 25 y 27 años de edad, una de ellas embarazada. Llegó al cargo en 1995 como sucesor de Juan Gadea (CDS) y desde entonces ha sido reelegido en dos ocasiones, la última de ellas con el 51,9% de los votos.

El municipio alicantino, situado al norte de Benidorm, tiene una población de 3.636 habitantes, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año pasado.

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Detenido tras herir con una escopeta a empleado inmobiliaria
El País (Comunidad Valenciana) - 23 de octubre de 2007
 
 
En Elche. El trabajador ha resultado herido en una pierna.- Se desconoce por el momento el móvil del suceso

Un hombre ha sido detenido esta tarde en el centro de Elche (Alicante) instantes después de que entrara en una inmobiliaria e hiriera de un disparo con una escopeta de caza a un empleado en una pierna, ha informado el concejal de Seguridad Ciudadana de la ciudad, Emilio Martínez.

El concejal ha señalado que los hechos ocurrieron poco después de las 20.00 horas en una inmobiliaria situada en el número 51 de la calle Diagonal cuando, por motivos que se investigan, el hombre entró en la oficina y disparó sobre uno de los trabajadores, quien fue trasladado al Hospital General de Elche.

Acto seguido el presunto autor del disparo emprendió la huida pero fue arrestado poco después por la policía local, que logró convencerle de que dejara el arma.

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El bloqueo de los PAI limita ejecución de pisos protegidos
Periodico Mediterraneo (Comunidad valenciana) - 21 de octubre de 2004
 
 
Los usuarios exigen implicación a los gobiernos responsables de su tramitación. El Ivvsa promete unas 6.000 casas subvencionadas esta legislatura

La patronal alerta de que, sin los nuevos programas, "no contamos con suelo para edificar estas viviendas".Los promotores castellonenses se encuentran con el bloqueo administrativo a la hora de desarrollarlos.

El estancamiento que está sufriendo la tramitación administrativa de los proyectos urbanísticos de la provincia "limita la construcción de viviendas protegidas". Así lo explica el presidente de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEC), José Roca, quien asegura que "al no aprobarse los Planes de Actuación Integrada (PAI) no hay suelo suficiente para construir este tipo de pisos, ya que el escaso terreno existente ahora tiene un precio demasiado alto para ser atractivo cara al promotor". Una apreciación con la que coincide el director de la Oficina Municipal de Vivienda de la capital de La Plana, Miguel Pastor, quien remarca que "para edificarlos, hace falta un suelo que es escaso y que, en el caso de Castellón, se va a conseguir con el desarrollo de Mestrets, el de la parcela colindante con Hospital General, otras dos anexas a estos sectores y el que se encuentra cerca de la avenida Vall d´Uixó".

INTERÉS INVERSOR Y es que, si algo parece claro es que, con el cambio de tendencia en el sector de la construcción y la ralentización de las ventas de viviendas libres, "los promotores están interesados en construir pisos protegidos y todos han puesto su punto de mira en el desarrollo de alguna promoción de estas características", señala Pastor. Este aliciente se ha topado de frente con el bloqueo de las bolsas de suelo que crean los diferentes PAI que están en fase de tramitación desde hace meses, e incluso años, sin que todavía no tengan fecha de resolución. Al respecto, Roca señala que "ya hece unos cuantos meses que no se reúne la Comisión de Urbanismo porque no estaba constituida". Sin embargo, subraya que los retrasos no son puntuales, fruto de la formación del Consell tras las elecciones. "Hace tiempo que nos quejamos de la falta de eficacia de la administración y, en economía, si una promoción tarda en desarrollarse más de lo previsto tiene unos sobrecostes que alguien paga", apunta.

Desde ayuntamientos como el de Burriana, su edil de Urbanismo, Javier Perelló, asegura que "hasta el momento, teníamos una demanda de VPP bastante normal, que podíamos atender regularmente, pero ahora hemos detectado un mayor interés por ellas". En el mismo sentido se posiciona su homólogo en Almassora, Enrique Brisach, quien afirma que "los estudios de que disponíamos apuntaban que cubríamos las peticiones pero el mercado ha evolucionado". En este consistorio elaboraron el año pasado un informe en el que se fijaba las peticiones anuales entre 90 y 100 casas protegidas.

POR EL DESBLOQUEO La concejala de Urbanismo de Benicàssim, Susana Ros, indica que desde el consistorio son conscientes de la falta de "urbanizaciones más sociales" y de la necesidad de desbloquear "en breve", aquellos proyectos donde irán.

En el caso de los usuarios también existe el convencimiento de la "falta de concienciación administrativa". Al respecto, el delegado de la Union de Consumidores de España (UCE) en Castellón, Juan Carlos Insa, remarca que "en los últimos años, la oferta de VPP ha sido absolutamente ridícula y resulta disparatado que sea la propia administración quien ponga pegas a los proyectos que van a permitir crearlas". "Es necesario que haya bastantes más medios", asegura Insa.

Por su parte, el responsable de la Plataforma por una Vivienda Digna de Castellón, Carlos Guerrero, destaca la importancia de que los domicilios subvencionados "no se conviertan en guetos", tal y como advierte la Ley Urbanística Valenciana (LUV).

La Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda se ha comprometido al desarrollo de varias actuaciones de suelo en diferentes municipios de la provincia a lo largo de esta legislatura y que generarán cerca de 6.000 Viviendas de Protección Pública. Al respecto, indicaron que en la Vall d´Uixó, Vinaròs, Burriana, Benicàssim y l´Alcora la Generalitat proyecta 2.443 nuevas VPP, de las que el 86% se concentran en el sector Muntanyeta-Fosaret, ubicado en la primera de estas localidades.

Asimismo, desde la Generalitat aseguraron que, en los próximos cuatro años, se va a facilitar a 14.000 familias castellonenses el acceso a una vivienda digna.

Se trata de unas cifras que no convencen a los usuarios. Al respecto, el responsable de la Plataforma por una Vivienda Digna de Castellón, Carlos Guerrero, destacó que "esta cantidad resulta escasa incluso en Castellón ciudad". "Solo en la capital de La Plana sería imprescindible que se desarrollaran el doble de pisos para cubrir la demanda".

Unas peticiones de hogares que el responsable de la UCE, Juan Carlos Insa, considera que seguirán creciendo porque, "hasta ahora, solo se decantaban por la VPP familias necesitadas, ahora, con unos tipos de interés altos, cada vez son más los que se deciden por ellas".

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Canarias
 
SEÍS DETENIDOS, ENTRE ELLOS DOS EX ALCALDES EN SANTA BRIGIDA
ABC (Canarias) - 23 de octubre de 2007
 
 
Por corrupción

Dos ex alcaldes del municipio grancanario de Santa Brígida y otras cuatro personas han sido detenidas hoy por la Guardia Civil en una operación contra la corrupción en el municipio, han informado fuentes de la investigación. Los arrestados están imputados por delitos de prevaricación, malversación, falsificación y fraude cometidos durante su mandato al frente del Ayuntamiento, situado en el interior de Gran Canaria y que tiene una población de casi 20.000 personas.

Los ediles detenidos por la Guardia Civil, que gobernaron el ayuntamiento cuando militaban en el PP, son Carmelo Vega y Antonio Díaz, además de Luis Troya, que ejerció de primer teniente de alcalde del municipio. También han sido arrestados un capataz del Ayuntamiento y dos auxiliares administrativos -Santiago Hernández Suárez y Jacinto Hernández Suárez- que en su día ejercieron accidentalmente funciones de interventores.

Algunos de los detenidos ya han sido condenados en otras causas, como Carmelo Vega y Luis Troya, quienes en marzo de 2006 fueron sentenciados a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como responsable de un delito de prevaricación administrativa.

Estos arrestos se producen después de que varios concejales de la corporación denunciaran hace meses a la Justicia diversas irregularidades cometidas en el municipio por varios alcaldes. Además, la Guardia Civil ha procedido al registro del Ayuntamiento de Santa Brígida y de varias viviendas del municipio. Precisamente el consistorio ya fue registrado el 20 de junio por orden del juez que investiga el caso ante la negativa del Ayuntamiento de remitir unos documentos reclamados por el magistrado.

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Caminar por una vivienda digna
Canarias24horas.com (Canarias) - 16 de octubre de 2007
 
 
Gran Canaria/ Paloma de Montemayor, la mujer que ha caminado unos 200 kilómetros por Gran Canaria en solidaridad por los afectados por el incendio que devastó algunas zonas de Gran Canaria durante el último verano, llegó a Las Palmas de Gran Canaria este lunes 15 de octubre después de recorrer una veintena de poblaciones afectadas y entrevistase con decenas de damnificados, algunos e los cuales no recibirán las ayudas prometidas por no reunir los requisitos administrativos necesarios. La aventurera llegó a las 18:00 horas a las puertas de Presidencia del Gobierno en la Plz. Dr. Rafael O'Shanahan.

Paloma de Montemayor montó en dicha plaza su tienda de campaña y no se moverá hasta que las administraciones públicas le proporcionen una vivienda digna en régimen de alquiler para que sus hijos, de 8 y 10 años, puedan ser escolarizados.

Paloma de Montemayor denuncia la falta de respuesta por parte del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana a sus continuas reclamaciones para conseguir las ayudas habilitadas, que le deniegan porque, además de no constar su casa de 300 años de antigüedad en el registro municipal, tampoco ella figura empadronada.

Según ha constatado después de 15 días de marcha, en situaciones similares a la suya hay otras personas que carecen de derecho a recuperar sus bienes por la "lentitud burocrática y la incompetencia de las administraciones locales". Montemayor afirma que ella y su familia viven en la actualidad en un barranco porque carecen de medios económicos para acceder a una vivienda en régimen de alquiler, pues, al perder su casa, que quedó completamente derruida por el incendio, también perdieron su taller, ya que ella y su pareja, que sufre una fuerte depresión, se dedicaban a la artesanía.

La marcha iniciada por Paloma Montemayor, que lleva por lema "Desafío paso a paso", se puede seguirse a través de internet en la página web www.igualescreatividad.com.

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Andalucía
 
CHAMIZO VE NECESARIO QUE LA JUNTA AFRONTE UN CAMBIO
atbnoticias.es (Andalucía) - 26 de octubre de 2007
 
 
En su política urbanística por "no garantizar una vivienda digna". El Defensor recibe 5.510 quejas en 2006, con un aumento de las referidas a urbanismo, vivienda y obras públicas

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, advirtió hoy de la necesidad de que la Administración autonómica afronte un "cambio de rumbo" en su política de vivienda, de cara a que exista una oferta pública que atienda y responda a las necesidades presentada por los ciudadanos, ya que en estos momentos los poderes públicos no "garantizan" el derecho a una vivienda digna.

Durante su comparecencia ante el Pleno del Parlamento andaluz para presentar la Memoria Anual de 2006, Chamizo subrayó que la Administración autonómica no ha sabido actuar o lo ha hecho tarde ante la inversión especulativa, a la vez que apostó por "hacer ciudad", que es "dar respuesta integral a las necesidades de la población" mediante una planificación urbanística correcta.

Así, el Defensor del Pueblo Andaluz apostó por analizar el perfil y atender al perfil de los ciudadanos a la hora de proyectar un apolítica de vivienda, mientras destacó que ante la "degradación por saturación y abuso del ladrillo nos encontramos con la dificultad para el acceso a una vivienda digna".

Además, el Defensor llamó la atención sobre la necesidad de que los juzgados de Paz dejen de depender económicamente de los ayuntamientos, y sean asumidos por la Administración autonómica. Asimismo, reclamó la "mejora" de los servicios de urgencias, especialmente los de pediatría.

El Defensor del Pueblo Andaluz aprovechó su intervención para explicar las cuatro líneas de actuación previstas para este mandato, centradas en el cumplimiento de lo que establece el nuevo Estatuto de Autonomía de Andalucía. En este contexto, destacó que la figura del Defensor del Pueblo debe ser la de "promotor y garante" de los derechos de especial transcendencia colectiva y social.

Explicó que las líneas de actuación se basarán en avanzar en presencia social, adquirir el compromiso de mejora de los niveles de gestión y prestación de servicios, abordar un profundo análisis de la organización y el plan de calidad, y estrechar lazos y alianzas con los grupos de interés social.

En su informe, Chamizo destaca que el pasado año se recibieron un total de 5.510 quejas, un cinco por ciento más que en 2005, y entre las que destacó las relacionadas con los problemas de urbanismo, vivienda y obras públicas. Concreta que fueron 728 las quejas recibidas de los citados ámbitos --409 en vivienda, 260 en urbanismo y 59 en obras públicas--, al tiempo apuesta por buscar un "consenso político, municipal y ciudadano, respetando su autonomía aunque con herramientas de control," para, de este modo, "hacer frente a la presión de los constructores sobre el territorio que elude los controles de las administraciones".

El Defensor destaca la necesidad de "proteger el patrimonio histórico" y de frenar las "inversiones especulativas" y hace hincapié en la "carencia de vivienda digna, incompatible con la Constitución", también para la clase media, ya que, "hay mucha gente de este estrato social que no tiene medios para adquirir una vivienda".

De esta parte, el Defensor detalla que las reclamaciones más frecuentes se basaron en desacuerdos con los Planes Generales de Ordenación Urbanística (PGOU); en recursos y en falta de información de los mismos; en problemas con espacios protegidos y dificultades de determinados pueblos para crecer si se encuentran en un entorno natural y, por último, en el peligro de que "lo sucedido en el litoral con el urbanismo, ocurra también en el interior".

Tras estas quejas, la mayoría de las reclamaciones de los ciudadanos andaluces se centró en el personal del sector público, con 690 quejas; en la educación, con 609; en medio ambiente, con 480 y en salud, con 430 reclamaciones.

Al hilo de esto, el Defensor explica que en materia de la salud son dos los problemas principales de los ciudadanos, el primero de ellos relacionado con la salud mental, ámbito en el que "siguen recibiendo muchas quejas" y últimamente con un "nuevo sesgo", centrado en las personas que presentan patologías duales, como la toxicomanía y la enfermedad mental. Por ello, incidió en la necesidad de que estos enfermos "no sean discriminados socialmente porque las etiquetas son muy crueles".

QUEJAS EN EDUCACIÓN.

El ámbito educativo también motivó el pasado año un gran número de reclamaciones relacionadas con niños que no se escolarizan donde sus padres desean y, especialmente, con el absentismo escolar que, en palabras de Chamizo, "no se puede afrontar sólo desde la norma" y en el que son necesarias "administraciones y profesionales con más imaginación y más creativos".

Asimismo, destacó que en las familias con hijos discapacitados ha calado el mensaje de que deben y pueden reclamar para que se les garantice los medios necesarios en los centros educativos. Así, advirtió de la necesidad de "redoblar" los esfuerzos para dotar a los centros de los medios necesarios y requeridos para atender la demanda.

En cuanto al apartado penitenciario, fueron 340 quejas las presentadas, expresadas acerca de traslados, permisos, indultos, malos tratos, prisión preventiva y, sobre todo, asistencia sanitaria. A continuación, la inmigración aglutinó principalmente sus reclamaciones en lo relativo con la regularización, los permisos, visados y la expulsión aunque el Defensor destacó también los incidentes con la Policía Local y los malos tratos, más frecuentes en este año e investigados por la Delegación del Gobierno en Andalucía.

DESCIENDEN EN CINCO PROVINCIAS.

Por provincias, el número de reclamaciones descendió en Sevilla con respecto al pasado año --aunque continúa aglutinando el mayor número de ellas--, ya que se contabilizaron 1.472 frente a las 1.813 de 2005, al igual que en Jaén --294 frente a 312--, Huelva --271 frente a 305--, Granada --415 frente a 422-- y Almería --355 frente a 362--, mientras que, por el contrario, subieron en Cádiz, Córdoba y Málaga.

El 32,58 por ciento de las quejas fueros tramitadas a través de internet --frente al 27,61 por ciento de 2005-- lo que demuestra, según el Defensor, que la Administración "se adapta a la tramitación telemática de las peticiones". También y de forma novedosa, el Defensor presentó este año su informe, en lugar de en soporte papel, en CD y en un lápiz de memoria.

En otro orden de cosas, según el informe, el 59,3 por ciento de las quejas --3.267-- fueron admitidas a trámite; mientras que el 29,4 por ciento --1.622-- no fueron admitidas; el 4,7 por ciento --259-- se cursaron de oficio y el 6,6 por ciento --362-- se remitieron a otros defensores. De otra parte, la oficina de información del Defensor recibió un total de 6.810 consultas.

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El Parlamento rechaza la tramitación de la Ley de acceso
Atbnoticias.es (Andalucía) - 24 de octubre de 2007
 
 
El Pleno del Parlamento andaluz rechazó hoy, con los votos del PSOE y PP, la toma en consideración de una proposición de Ley de IU sobre el acceso a la vivienda cuyos principio básico era dar prioridad a la hora de adquirir una vivienda de carácter público a las familias con ingresos mensuales no superiores a los 1.250 euros, que sí contó con el apoyo del PA.

El Consejo de Gobierno remitió un escrito al Parlamento expresando su criterio contrario a la tramitación de la Ley de IU al entender que dicha propuesta comprende una "regulación del derecho a la vivienda en abstracto, sin que en modo alguno se adecue a la realidad social, económica y jurídica de la comunidad autónoma".

Según el Ejecutivo, el texto de IU no constituye desarrollo del Estatuto de Autonomía ni se ajusta "tampoco al principio rector de uso racional del suelo previsto en el artículo 37.1.22 del texto estatutario, al objeto de evitar la especulación y promover el acceso de los colectivos necesitados a viviendas protegidas". Añade que dicha ley tampoco "se ajusta al marco normativo existente en Andalucía y que necesariamente ha de constituir el pilar básico del que debe partir la regulación del derecho a la vivienda".

"El derecho a la vivienda que se proyecta no se fundamenta desde el urbanismo, desde el planeamiento general de cada municipio, sino que sólo plantea algunas determinaciones urbanísticas desde el punto de vista de la vivienda", señala el Gobierno, para quien la iniciativa de IU "plantea a lo largo del texto importantes dudas y vacíos en relación con la Administración competente para actuar, de forma que no hay una atribución concreta de competencias entre las administraciones competentes, estos es la autonómica y la local".

Para el Ejecutivo, el anteproyecto de Ley del Derecho a la Vivienda en el que está trabajando la Consejería de Obras Públicas y Transportes "sí que constituye una regulación adecuada a la realidad social, económica y jurídica del derecho a la vivienda de los andaluces y andaluzas, desarrollando el artículo 25 del Estatuto de Autonomía en el ejercicio de las competencias recogidas en el artículo 56 del citado texto".

En cuanto al contenido de la Ley de IU, compuesta por 134 artículos y varias disposiciones, establecía que la Administración podrá acordar el alquiler forzoso de la vivienda que permanece vacía y que incumple la función social de la propiedad. Así, en el texto se señala de que en el expediente de declaración se tiene que advertir que la Administración, una vez transcurridos dos años desde su notificación, puede proceder a la expropiación del usufructo de la vivienda para alquilarlo a terceros".

También se recogen ayudas a quienes, por tener ingresos bajos o moderados, el coste de la vivienda pueda significa un riesgo de exclusión social o dificultad para la inserción. En el marco de las actuaciones preferentes para evitar viviendas desocupadas, se establecen acciones positivas, con garantías a los propietarios para asegurar cobro de renta y reparaciones de desperfectos.

Por otra parte, la iniciativa legislativa de IULV-CA incluye una disposición adicional en la que insta a la Junta a reclamar al Gobierno de la Nación que elabore y apruebe el reglamento que permita a los ayuntamientos aplicar un recargo sobre el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) a las viviendas vacías, que ya han desarrollado municipios como Sevilla.

En concreto, la disposición adicional establece que "la Junta de Andalucía impulsará las actuaciones necesarias para que la Administración del Estado elabore y apruebe el Reglamento que permita hacer efectiva la previsión de la Ley 39/88, de Haciendas Locales relativa al establecimiento por parte de los ayuntamientos de un posible recargo del IBI sobre las viviendas vacías o permanentemente desocupadas en sus municipios".

La propuesta de IU define como vivienda vacía aquella que "permanece permanentemente desocupada durante un plazo superior a dos años, sin causa justificada", mientras que como causa justificada se citan "un traslado por razones laborales, cambio de domicilio por situación de dependencia, o abandono de viviendas en zonas rurales en proceso de pérdida de población".

Asimismo, la ley marcaba que para facilitar el cumplimiento del derecho a una vivienda digna, se debe proceder a la creación de un registro de Demandantes, para obtener información sobre las necesidades de vivienda en cada momento, y para garantizar transparencia máxima en los procesos de adjudicación; a un registro de Viviendas vacías, con el fin de contar con información sobre titular, ubicación y cuantificación real y actual del número de viviendas desocupadas; Consejo de la Calidad, Sostenibilidad e Innovación; y el Observatorio de Hábitat y Segregación Urbana, que servirá de plataforma para la planificación, estudio y análisis del entorno y de la realidad social y económica de Andalucía en materia de vivienda.

En lo que se refiere al fomento de la viviendas de alquiler, el diputado de IU Ignacio García, que defenció la ley, explicó que actualmente existen 630.000 viviendas que están vacías por motivos "especulativos", para lo que se establece un plan con el objetivo de que en los próximos 20 años, 405.000 de esas viviendas pasen al mercado para políticas sociales. Manifestó que la Ley en que está trabajando la Junta es "fantasma".

En este contexto, García resaltó la "importancia" del registro de Demandantes, ya que "la Junta no tiene estudios de la demanda ni cuenta con instrumentos para conocer qué demandas existen", por lo que "se trata de un instrumento necesario y útil, ya que nos permite que la construcción de viviendas se haga con arreglo a lo que hace falta y está siendo demandado".

POSICIONAMIENTO DE LOS GRUPOS.

Por su parte, el parlamentario del PP Jorge Ramos Aznar preguntó a IU dónde está la memoria económica de la propuesta de Ley, ya que se desconocen los costes de las medidas que plantea. Indicó que en la iniciativa tan sólo ve un objetivo que es "cicatero", ya que plantea que en 20 años se alcance un quince por ciento de viviendas públicas en la comunidad, frente al diez por ciento actual. Señaló que Izquierda Unida pretende regular tanto lo público como lo privado, invadiendo ciertas competencias, como pretender regular los cometidos de administradores fincas.

La diputada del PA Pilar González indicó que en Andalucía se requieren de manera urgente medidas integrales que faciliten a los colectivos más desfavorecidos el acceso a una vivienda digna, apuntando que España es el país de la Unión Europea donde los jóvenes se emancipan más tarde. Expresó que al PA le gustaría que la iniciativa de IU siguiera su curso, apuntando que lo que es "abstracto" es el proyecto de Ley de la Junta.

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El alcalde de Alhaurín el Grande ocultaba 155.000 euros
CanalSur.es (Andalucía) - 13 de noviembre de 2007
 
 
En cuentas bancarias. Juan Martín Serón y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, están imputados por sendos delitos delitos de cohecho y prevaricación.

La investigación también llevó al arresto de 19 empresarios del sector inmobiliario en junio pasado, por pagar, supuestamente, una tasa soborno. La prueba principal del caso es una charla grabada donde el responsable de urbanismo amenaza a un promotor con paralizarle una obra si no paga una comisión de algo más de 120.000 euros.

En el transcurso de la conversación el concejal reconoce que tanto la licencia como la operación urbanística son ilegales. Hoy vuelve a tomar actualidad el sumario del caso Troya gracias al informe elaborado por la unidad contra el crimen organizado de la policía nacional. El documento afirma que 155.000 euros es la cantidad total de dinero que Juan Martín Serón no ha podido justificar. El informe dice que el alcalde del partido popular, invertía en depósitos a plazos cantidades de dinero de origen desconocido.

Un hecho que también implica a María Teresa Santos Reyes, mujer del edil. Los investigadores desvelan que la gestoría regentada por los dos era utilizada como pantalla para ocultar y blanquear grandes cantidades de dinero. Una anómala capacidad de ahorro en un tiempo record, que llevó a la familia Martín - Santos a comprar 4 fincas en efectivo, por un importe superior a los 50.000 euros.

En el momento de su detención también aparecieron 69.000 euros en el registro realizado por la policía. El alcalde aseguró que parte de ese dinero pertenece a la asesoría de su mujer y que el resto era para asistir a la Feria de Turismo en Madrid, Fitur

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El precio de la vivienda en Córdoba baja un 20%
ABC (Andalucía) - 24 de octubre de 2007
 
 
El último año, según la UCO y Barin

CÓRDOBA. Ladrillazo a la burbuja inmobiliaria: el precio de los pisos ha bajado en la capital un 20% el último año. Ése fue el gran titular que dejó ayer la presentación de la segunda entrega del informe de la inmobiliaria y promotora Barin y la UCO sobre el mercado de la vivienda de la ciudad. El dato choca de lleno con el facilitado la pasada semana por el Gobierno para Córdoba -subida interanual de los pisos del 15,7%-. Los autores del trabajo creen que las cifras oficiales son «inferiores a las del mercado». Raúl Infante, coordinador de la zona de Levante de Barin, sostuvo que el valor de la vivienda en la capital «ha tenido una caída del 20% en el último año». «Llega ya a su suelo, aunque puede bajar un poquito más. Es el momento de comprar con precio justo y se ha acabado el tiempo de vender con sobreprecio», añadió.

Purificación Vallejo, coordinadora en Poniente de Barin, afirmó que «queda un tanto por ciento muy pequeño de pisos que estén todavía con sobreprecio». Infante sostuvo que en las casas «de nivel más bajo se observa mayor caída, porque el sobreprecio era desorbitado». «Son zonas de Levante, de la avenida del Cairo, Sector Sur... donde más se está observando esa bajada de precios. También en Ciudad Jardín. Luego, en las zonas céntricas, Tablero o Noreña, no se observa tanto ese descenso».

Los datos, de los que sólo se facilitó el porcentaje, contrastan con los que dio la pasada semana el Ministerio de Vivienda, que aseguró que a fecha del tercer trimestre de 2007 el valor de los pisos tuvo un alza interanual del 15,7% en la capital.

Realidad de la calle

El catedrático de Estadística de la UCO, José María Caridad -miembro del grupo de investigación de Economía Cuantitativa que elabora el informe-, atribuyó semejantes diferencias a que «las estadísticas del Gobierno dan cifras inferiores a las que se encuentran en el mercado». Por su parte, Infante aseguró que «nosotros hablamos de la realidad de la calle». Y dio un ejemplo: «Un inmueble medio en Levante estaba antes por 168.000-180.000 euros y ahora sale por 144.000-156.000».

Más tiempo de venta

Caridad achacó el descenso al «sobreprecio» que han alcanzado las viviendas: «Esto se debe al aumento tan grande que han tenido los precios. Simplemente no lo puede pagar la gente». A ello unió la subida de los tipos de interés, lo que siempre frena la demanda. De a qué ritmo ha crecido el precio da idea el informe. El estudio señala que en la capital el valor de venta de los pisos aumentó un 90% el último cuatrienio. El informe matiza que las menores tasas de crecimiento se observaron en las zonas de renta alta o media-alta, en los inmuebles más nuevos (de hasta 3 años), o en los más grandes (mayores a 156 metros cuadrados), dado que partieron de niveles de precio muy superiores.

Y dieron indicadores de la «paralización» del sector inmobiliario que «se está notando en los últimos meses, pero que empezó hace un año»: promociones que están paradas en Córdoba, aumento de las que al entregar las casas tienen pisos sin comercializar o extensión del periodo de venta de las viviendas. En este último aspecto, Infante indicó que «antes había inmuebles que se vendían en días. Ahora, se viene a tardar en torno a un periodo de tres a seis meses».

Desajuste en el alquiler

Pese a todo ello, el coordinador de Barin en Levante dijo que «no observamos que exista crisis». «La demanda ha bajado. El número de clientes es inferior, pero no para hablar de crisis», añadió. El documento detecta también un incremento de la demanda de inmuebles en alquiler, que no está «suficientemente cubierta por la oferta».

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Un cliente se encadena a un banco y se traga la llave
El Ideal de Granada (Andalucía) - 24 de octubre de 2007
 
 
El hombre quería presionar a la entidad por los problemas de crédito que acumulaba

Un vecino de Granada se encadenó ayer en el interior de una sucursal bancaria de Caja Rural, ubicada en el barrio el Zaidín, para presionar a la entidad en la solución de un problema de crédito, que concluyó con el fin de la protesta y la ingesta de la llave de las cadenas.

Según informaron a Efe fuentes del Cuerpo Nacional de Policía, los hechos ocurrieron a las 14.30 horas, cuando se activaron las alarmas de la sucursal bancaria, ante un posible atraco, y dos dotaciones de la Policía Nacional se dirigieron hacia el lugar de los hechos para comprobarlo.

Allanamiento

Los agentes comprobaron que se trataba de la protesta del cliente J. L. M. S., que ronda la cincuentena, a quien informaron que podría incurrir en un delito de allanamiento de morada, por lo que desistió de su actitud y se retiró de forma pacífica.

Sin embargo, el cliente se tragó la llave de las cadenas que se había puesto, para seguir protestando, y fue trasladado al Hospital Clínico de Granada , donde le dieron el alta.

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Galicia
 
TODA LA COSTA GALLEGA SE SALTA LA LEY AUTONÓMICA DEL SUELO
Idealista.com (Galicia) - 03 de noviembre de 2007
 
Según los registros de la Xunta de Galicia ninguna ciudad ni pueblo costero de la comunidad ha adaptado sus planes a las exigencias de la llamada "Lei do solo", la Ley del Suelo Gallega. Y hay casos tan importantes como los municipios de Vigo, Pontevedra o A Coruña. Tan solo A Pobra do Caramiñal cuenta con una aprobación pero es parcial y aún no ha sido ratificada.

La normativa fue aprobada en 2002 y establece un plazo máximo a los ayuntamientos de 2 años para su adaptación. Uno de los objetivos en el litoral era que nadie pudiera construir a menos de 200 metros de la costa. El problema es que nadie lo cumplió y antes las dificultades para su aplicación la nueva Xunta ha decidido endurecer la legislación. Ahora se eleva a 500 metros del mar la distancia donde se puede edificar para todos los municipios que no hubieran adaptado su plan general.

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Sanxenxo continúa una urbanización que la Xunta ordena parar
La Voz de Galicia (Galicia) - 26 de octubre de 2007
 
 
El Gobierno autónomo presentó recursos contra otros dos proyectos urbanísticos en Major y Montalvo

El Concello de Sanxenxo hizo oídos sordos del requerimiento de la Consellería de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible para anular de oficio la tramitación del suelo urbanizable número 25, localizado en Telleiro, Noalla, y que contempla la construcción de 143 chalés.

Ayer, el consello de la Xerencia de Urbanismo del Ayuntamiento tramitó la solicitud de aprobación inicial del proyecto de estatutos y bases para la actuación sobre una parcela de 67.000 metros cuadrados, a pesar de no haberlo sometido al estudio de impacto ambiental, tal y como exige la normativa autonómica vigente.

No obstante, la alcaldesa, la popular Catalina González, respondió a la demanda de paralización de la actuación recordándole a la propia Xunta que en marzo de este mismo año el departamento que dirige el socialista Manuel Vázquez remitió un documento en el que eximía a la Administración local de presentar el proyecto de urbanización «ao trámite de avaliación de impacto ambiental».

Pero Medio Ambiente, ante la respuesta del Concello de continuar con el desarrollo urbanístico, subrayó que el informe tenía validez antes de la entrada en vigor el 21 de julio de 2006 de una nueva ley que afecta a todos los planes que no estuvieran aprobados definitivamente con anterioridad.

La aprobación definitiva del plan parcial para el desarrollo urbanístico del SU-25 en Telleiro, cerca de A Lanzada, se acordó durante el pleno de la corporación municipal de Sanxenxo de julio de este año.

«É de supoñer que seguen adiante co proxecto de urbanización, senón non tería sentido aprobar os estatutos para acometer a actuación», sostuvo ayer Roberto Fernández Lores, portavoz del grupo nacionalista.

La orden de paralización del plan para urbanizar la parcela de Telleiro es la tercera que la Dirección Xeral de Desenvolvemento Sostible dicta contra el Ayuntamiento de Sanxenxo en un período de tres meses. La Consellería de Medio Ambiente y el Concello sostienen dos disputas idénticas para el desarrollo de complejos residenciales en Major, Noalla, y Montalvo.

De hecho, la Xunta interpuso sendos contenciosos-administrativos ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia para frenar el desarrollo urbanístico de estos dos suelos. La regidora municipal aplaudió la presentación de los recursos, puesto que de esa manera serán los tribunales los que decidan sobre la legalidad de los proyectos de construcción.

Uno de los proyectos prevé levantar 161 chalés en los aledaños de la playa de Major, y el otro contempla la construcción de otras 38 viviendas unifamiliares próximas al arenal de Montalvo. Es probable que la Consellería de Medio Ambiente interponga un tercer contencioso-administrativo con el fin de paralizar definitivamente la urbanización de Telleiro.

Por otro lado, y tras la aprobación de la Lei de Protección do Litoral, una medida que impide edificar a menos de 500 metros de la costa, el Concello anunció que paralizó la realización de seis complejos urbanísticos afectados por la nueva normativa.

En dos de los desarrollos suspendidos (Soutullo-Major y Padriñán), al menos hasta el año 2009, el Ayuntamiento de Sanxenxo pretendía edificar más de 400 viviendas. En Padriñán, por ejemplo, el gobierno local también preveía levantar unas cuarenta viviendas sociales y el nuevo mercado de abastos.

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La Xunta para la construcción de 532 pisos en Cervo (Lugo)
La Voz de Galicia (Galicia) - 24 de octubre de 2007
 
 
Urbanismo alega que la actuación carece del plan especial preceptivo y el alcalde dice que no acata el requerimiento

El pasado jueves el Concello lucense de Cervo recibió un requerimiento de la Dirección Xeral de Urbanismo solicitándole la revisión de oficio de una licencia concedida por la junta de gobierno municipal el 1 de diciembre del 2006 a la empresa Pasillo Verde S.L. para construir varios edificios con 532 viviendas, locales comerciales, garajes y tendederos en la localidad costera de San Cibrao. Asimismo, Urbanismo insta al Ayuntamiento a declarar la nulidad de pleno derecho de la licencia, a suspender los efectos del permiso y le ordena la inmediata paralización de las obras.

Fuentes de la Consellería de Política Territorial confirmaron ayer que Urbanismo sostiene que la actuación se desarrolla en suelo urbano no consolidado, una vez revisada y estudiada toda la documentación que le fue remitida por el Concello hace más de cuatro meses a petición de la Administración autonómica. Las mismas fuentes informan de que para autorizar esta construcción sería obligatorio el disponer de un plan especial «que conteña a ordenación detallada e o proxecto de urbanización». «Para a consellería o tipo de solo sobre o que se está a construír non é solo urbano consolidado, polo menos atendendo á documentación que nos remitiron desde o Concello».

El alcalde de Cervo, el popular Alfonso Villares, reaccionó ayer pidiendo cautela a la Administración autonómica y alegando que todos los informes técnicos municipales son favorables. Villares reconoce estar «un pouco sorprendido» con este requerimiento «xa que hai máis de catro meses que lles enviamos toda canta documentación nos pediron desta e doutras obras. Non sabemos a que ven isto agora».

Aunque los argumentos serán analizados y consensuados por el equipo de gobierno, el alcalde cervense ya avanzó que por ahora no tiene intención de ordenar la paralización de la obra ni tampoco de anular la licencia. Sí ha previsto remitir un escrito a la Xunta para explicar los argumentos del Concello que avalan la resolución de la junta de gobierno, de la que él era miembro y que presidía su antecesor en el cargo, José Ínsua.

Dudas sobre un convenio

Desde la oposición, la portavoz del PSOE y también vicepresidenta segunda de la Diputación lucense, Lara Méndez, vincula la decisión de Urbanismo con la firma del convenio entre el Ayuntamiento y cuatro constructoras «que acaparan a maioría das licenzas de obra que se executan neste momento en San Cibrao». Recordó que los socialistas denunciaron en abril que la forma de articular el convenio era irregular y la actuación sobre suelo urbano no consolidado «evitaba todas as cesións públicas que obriga a lei, minguando notablemente os dereitos dos cidadáns de Cervo.

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El número de hipotecas cae un 10% en Galicia
La Voz de Galicia (Galicia) - 31 de octubre de 2007
 
 
Su importe baja 360 euros. Los nuevos créditos para comprar una vivienda ya son más bajos que hace un año en once provincias

El número de hipotecas que los gallegos pidieron en los bancos el pasado mes de agosto fue un 9,7% inferior a las solicitadas durante el mismo período del año anterior. Además, la cuantía media de las mismas se redujo en 364 euros, lo que supone un 0,33% menos que entonces. En el citado mes, los 3.355 gallegos que compraron un piso ayudados por un crédito hipotecario solicitaron de media 111.099 euros de préstamo. Por provincias, la cuantía de las hipotecas creció en A Coruña y Ourense y disminuyó en Lugo y Pontevedra.

A pesar de que las Administraciones, las entidades financieras y los señores del ladrillo nieguen cualquier crisis, los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) dejan una cosa clara: se vende menos y, en ocasiones, hasta mucho más barato.

En España, la hipoteca media para la compra de vivienda se situó el pasado agosto en 152.333 euros, un 6% más que hace un año. A pesar del lógico repunte, que es inferior en cuatro puntos porcentuales al de un año antes, el contrato tipo se ha abaratado en once provincias y tres comunidades autónomas, con descensos interanuales de hasta el 15%.

Los datos del INE, recogidos en los primeros compases de la crisis de las hipotecas basura, revelan un giro notable del mercado. De hecho, el número de pisos hipotecados cayó un 11,2% interanual, lo que contrasta con el comportamiento de un año antes, cuando ese mismo ratio crecía a un ritmo del 10,6%. Idéntica estampa presenta el dinero concedido en esos contratos, que retrocede un 5,82% frente al alza del 22% de agosto del 2006.

Que el mercado se desacelera lo demuestra también el hecho de que a lo largo del presente ejercicio sólo en los meses de enero y abril ha repuntado -y en porcentajes mínimos- el número de casas hipotecadas. El resto del año se han registrado caídas de hasta el 6%. Esa desaceleración, como es normal, no ha sido homogénea.

Datos dispares

Frente al incremento de la hipoteca media (6%), algunas comunidades autónomas presentan encarecimientos notables. Son las menos, pero llaman la atención porcentajes como los del Principado de Asturias (14,15%), Baleares (17,2%), Murcia (10,65%) o La Rioja, con un 48,69%. Las buenas noticias, sin embargo, no son pocas. Entre los menores avances destacan los de Canarias (3,54%), Castilla-León (2,58%) o el País Vasco (4,57%). Y también hay caídas o abaratamientos de la hipoteca media en Aragón (0,74%), Extremadura (4,67%) y, como ya se ha comentado, Galicia

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Vigo concentra el 40% de la demanda de viviendas protegidas
El Faro de Vigo (Galicia) - 09 de octubre de 2007
 
 
El demandante medio tiene entre 25 y 45 años y un nivel de ingresos inferior a 1.677 euros mensuales por unidad familia. Más de un centenar de municipios gallegos no registra solicitudes de demanda de este tipo de vivienda.

La ciudad de Vigo concentra el 40% de la demanda de vivienda protegida en Galicia, seguida de A Coruña, con un 24,6%, y Santiago, con un 12,5%, mientras que en 106 municipios -la mayoría en Ourense y Lugo- no se contabilizó ninguna solicitud en el Rexistro Unico de Demandantes de Vivenda Protexida, puesto en marcha el 7 de febrero. Según destacó hoy en rueda de prensa la conselleira de Vivenda, Teresa Táboas, a 30 de septiembre había inscritos 10.233 demandantes de vivienda protegida, con una media de 1.279 solicitudes al mes, de los cuales 4.099 son demandantes de Vigo, dispuestos también a residir en municipios del área metropolitana. Así, una parte de los más de 4.000 demandantes en Vigo, en donde fue denunciado un posible fraude por el cobro de sobreprecios en viviendas protegidas de la promotora Construcuatro en el polígono de San Paio, se muestra dispuesta a vivir en los municipios de Nigrán (22%), Redondela (16%) y en O Porriño (14%). A Coruña registra 2.537 solicitudes (24,6% del total); Santiago, 1.287 inscripciones (12,5%); Pontevedra, 1.030 solicitudes (10%); Ferrol, 463 demandantes (4,5%); Ourense, 453 (4,4%); y Lugo, 298 (2,9%). Por provincias, Pontevedra acapara el mayor número de demandas en el registro, el 50,7% del total; A Coruña, el 43,2%; mientras que Ourense y Lugo las siguen "a mucha distancia", con el 5,12% y 4,5%, respectivamente. Sin embargo, un total de 106 municipios no contabilizaron solicitudes, de los que 46 (45% del total) están localizados en la provincia de Ourense; 27 en Lugo (25,5%); 25 en A Coruña (23,6%); y seis ayuntamientos en Pontevedra (5,6%).

Además, según los datos de Vivenda, el 83% de los municipios con cero solicitudes tienen una población inferior a 3.000 habitantes y la práctica totalidad no supera los 5.000 habitantes.

Información

Táboas atribuyó esta situación a la falta de información en los ayuntamientos, por lo que indicó que la consellería solicitará la colaboración a través de la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) con el fin de facilitar el conocimiento del registro. "La información no llegó a todo el territorio", afirmó.

De este modo, la Xunta pretende que ningún ciudadano que quiera acceder a una vivienda protegida se quede fuera por desconocer la existencia del registro único, que representa un requisito imprescindible para optar a este tipo de viviendas.

Perfil

El demandante de vivienda protegida en Galicia, según los datos recogidos por Vivenda, responde al perfil de una persona de entre 25 y 45 años, con unos ingresos que no superan los 1.677 euros mensuales por unidad familiar o convivencial, que busca una vivienda de entre dos y tres dormitorios en alguna de las siete grandes ciudades de Galicia o en los municipios del área metropolitana.

Por edades, la titular de Vivenda resaltó que el 54% del total (5.530 demandantes) tienen entre 25 y 35 años; mientras que el 18% se sitúan entre los 35 y 45 años (1.880 personas) y el 16% se mueve entre los 18 y 25 años (1.651 solicitantes). En concreto, la responsable de Vivenda comentó que el 61% de las solicitudes (6.250) se corresponden a unidades familiares o convivenciales de una persona sola; el 16,8% (1.723) a dos personas; el 11,7% (1.203) a unidades de tres personas; el 7,2% (733) a núcleos de cuatro personas; y el 3,1% (324) a más de cuatro personas. Sin embargo, aunque el 61% de los demandantes son unidades familiares o convivenciales integradas por una persona, la mayor parte de solicitudes son para viviendas de dos o tres dormitorios (48% del total). Al respecto, Táboas apuntó que al abordar la inversión de la adquisición de una vivienda lo hacen "pensando en el futuro".

Ingresos El 19% (1.921 personas) de los que solicitan una vivienda protegida declaran unos ingresos anuales inferiores a 1,5 veces el Indice público de rentas de efectos multiplicadores (Iprem), lo que supone menos de 729 euros al mes.

Un 37% de los solicitantes de vivienda protegida anotados en el registro declaran unos ingresos entre 729 y 1.198 euros al mes; un 21% declaran entre 1.200 y 1.677 euros al mes por unidades familiar; un 8,23% declaran entre 1.678 y 2.156 euros al mes; y un 13% asegura tener ingresos entre 2.157 euros y 2.635 al mes por unidad familiar.

Un 7,57% de los solicitantes sólo optan por una vivienda de régimen especial, 775 demandantes; y un porcentaje similar, un 7,12% de los solicitante, prefieren una vivienda de precio general, 729; mientras que el 15% de los solicitantes apuestan por una vivienda el alquiler (1.541 demandas). Con todo, Táboas apuntó que en los próximos cinco años se espera que el registro alcance los 60.000 demandantes de vivienda protegida en Galicia y subrayó que el año pasado fue el "de mayor licitación" de vivienda de promoción pública, con 6.300 unidades calificadas, que se encuentran en construcción para su entrega "en próximos años". Al respecto, indicó también que en los últimos meses se sortearon 200 viviendas, sin incluir las pertenecientes a cooperativas.

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Nueva oficina de Urbanismo para impulsar el alquiler en Vigo
El Faro de Vigo (Galicia) - 30 de octubre de 2007
 
 
Urbanismo abrirá una oficina para "mover" los alquileres de pisos en la ciudad

Una oficina municipal de nueva creación será la encargada, a partir del mes de enero, de "mover" el mercado de pisos de alquiler en la ciudad. El departamento trabajará en estrecha colaboración con el Ministerio de la Vivienda, en una experiencia similar a la que ya funciona, con éxito, en el municipio asturiano de Gijón.

El acuerdo para la creación de esta oficina municipal de alquiler se produjo ayer, en el transcurso de la reunión que mantuvieron el alcalde, Abel Caballero; la concejala de Urbanismo, Carmen Silva; el presidente de la Sociedad Pública de Alquiler, Alejandro Inurrieta; y la directora general de dicho departamento estatal, Amparo Pla.

La propuesta del ministerio consistió en que el Concello entrase a formar parte de un proceso conjunto con Vivienda, que se plasmará en un convenio de gestión que se firmará en las próximas semanas, según explicó Caballero al término de la reunión.

Como consecuencia de ese convenio la Concejalía de Urbanismo creará una oficina municipal de alquiler de pisos, en la que se incluirán inicialmente, para su oferta, las viviendas públicas que sean propiedad del Concello. "Ahora mismo no disponemos de ninguna, pero sí las tendremos en cuanto entre en vigor el Plan Xeral", manifestó el alcalde. Además, en la oficina también se recibirá a los propietarios privados de pisos o casas que estén dispuestos a alquilar sus inmuebles.

El Ministerio de la Vivienda, a través de la Sociedad Pública de Alquiler, garantizará, mediante la suscripción de seguros, todos los daños que sufran las viviendas de propietarios particulares. Un hecho que se recogerá en el convenio a firmar por ambas partes.

"El Concello se dedicará a gestionar todo lo referido a los alquileres de pisos municipales y de los privados que quieran adherirse a la iniciativa, así como buscará posibles demandantes de este tipo de viviendas. El ministerio, por su parte, se hace cargo de todo lo relacionado con el cobro y los contratos de los inmuebles", subrayó Abel Caballero.

El ayuntamiento recibirá de la Sociedad Pública de Alquiler un 30 por ciento de la cantidad total que perciba como pago por los alquileres. "Inicialmente, esos fondos irán destinados al sostenimiento de la oficina municipal, pero no renunciamos a que pueda haber también algún tipo de ayuda en casos muy concretos", aclaró el regidor vigués. La oficina municipal funcionará al mismo tiempo que la nueva dependencia para la vivienda que creará el gobierno local a partir de enero, una vez aprobados los presupuestos del próximo año, que se debaten hoy en el pleno de la Corporación.

"El Ministerio de la Vivienda se encargará, además, de formar a los empleados que vayan a trabajar en la nueva oficina de alquiler. Mientras, nosotros debemos realizar un inventario de los posibles pisos a alquilar, porque no lo hay", concluyó Caballero.

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Los chabolistas de Rairo (Ourense) rechazan realojo en VPO
La Voz de Galicia (Galicia) - 24 de octubre de 2007
 
 
Los afectados piden al Concello de Ourense que legalice sus construcciones

Los vecinos que habitan en el poblado ilegal construido en Rairo se mostraron ayer contrarios a aceptar la oferta de realojo que puso encima de la mesa el Concello de Ourense para acabar con una situación conflictiva, que ha propiciado tensiones entre los moradores de viviendas y galpones sin licencia -la mayoría de origen portugués y que se ganan la vida con la venta de chatarra y como vendedores ambulantes- y los convecinos de Rairo, encabezados por la directiva de la asociación vecinal.

La respuesta a la oferta de diálogo realizada, a través de los medios de comunicación que no en un contacto directo con los chabolistas, no puede ser más desmoralizadora para el gobierno local, que pretendía actuar de mediador: «De realojarnos nada. Nosotros no queremos vivir en un piso. Hemos invertido mucho dinero en hacer nuestras casas y ahora no estamos dispuestos a marcharnos», indicó uno de los afectados.

En la mente de la treintena de familias que estarían afectadas por esta nueva política municipal se encuentra mejorar sus condiciones de vida. Para ello, reclaman servicios básicos, como el agua de la traída, o el asfaltado de las pistas que conducen a sus hogares, que cuando llegan las lluvias de invierno se vuelven impracticables.

Ilegalidad

A la hora de referirse a la situación ilegal de sus viviendas -construidas en una zona verde del plan de urbanismo-, los vecinos de este asentamiento de Rairo se mueven entre la negación de esta afirmación («Pagamos a contribución e estamos legais») y el reconocimiento pero con matices: «Nós claro que estamos ilegais, pero queremos que o Concello legalice as nosas casas. De porse a tirar, tamén terían que facelo con moitos chalés dos veciños que nos queren botar fóra de aquí».

Entre los afectados consultados causó extrañeza y resignación la voluntad mostrada por el Concello de Ourense. También se refirieron de modo crítico con la decisión inminente anunciada ayer durante su visita a la zona afectada por la concejala de Urbanismo, Áurea Soto, de derribar el próximo año una nave, que es utilizada para guardar las atracciones de feria que les sirven de fuente principal de ingresos. «No sei que lles molesta. É onde gardamos todas as nosas cousas», protestan.

A la hora de buscar las causas que han deteriorado en los últimos años su relación con los vecinos de la parroquia de Rairo, la comunidad de portugueses habla de racismo: «Aínda que o neguen son racistas. Ganámonos a vida coa chatarra e as ferias, temos todo limpo e non nos metemos con ninguén, pero non nos queren aquí. Se os veciños de Rairo nos queren botar, imaxínate o que farían os donos dos pisos onde nos queren mandar».

A la espera de noticias, los chabolistas de Rairo piden a las autoridades que dialoguen y, sobre todo, que solucionen las carencias.

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Polémica: comunidad gitana y derecho a vivienda
La Voz de Galicia (Galicia) - 18 de octubre de 2007
 
Reclama a los políticos medidas para garantizar el acceso a una residencia digna

La Asociación del Pueblo Gitano de Galicia considera que la decisión de los vecinos de Vilarchán (Ponte Caldelas) de hipotecarse para comprar una casa con vistas a evitar el asentamiento de una familia procedente del poblado de O Vao (Poio) es un «atentado contra la democracia» y un «caso claro de racismo».

Su presidente, Sinaí Jiménez, que también dirige la Plataforma de Vendedores Ambulantes de Galicia, trasladó su denuncia al asesor del Valedor do Pobo en el transcurso de una reunión celebrada ayer en Santiago. El colectivo considera que tienen que ponerse en marcha iniciativas legislativas ad hoc y actuaciones administrativas para evitar que se lesione el derecho y la libertad del pueblo gitano para acceder a una vivienda digna. «Lo ocurrido en Vilarchán es una vergüenza para todos los gallegos, pero desgraciadamente no es un hecho aislado. Ovejas negras hay en todos lados, no solo entre los gitanos», subrayó Sinaí Jiménez, que indicó que lo sucedido en la aldea de Ponte Caldelas podría sentar un «precedente peligroso».

La asociación, que pidió entrevistas con el presidente y el vicepresidente de la Xunta, anunció su intención de reunirse con los tres grupos parlamentarios para que estudien y aprueben medidas que garanticen el derecho a una vivienda por parte de los gitanos. «No se puede consentir que un caso como el de Vilarchán vuelva a suceder. Nosotros también pagamos nuestros impuestos en Galicia y sus máximas autoridades tienen que tomar cartas en el asunto».

Una segunda oportunidad

El máximo dirigente de la Asociación del Pueblo Gitano comentó que conoce a la familia de Carlos Jiménez, afectada por el rechazo vecinal y por el inminente derribo de las chabolas de O Vao: «Es una familia trabajadora y honrada. Todo el mundo se merece una segunda oportunidad en la vida».

Desde la oficina del Valedor se hizo hincapié en que el procedimiento habitual es presentar una queja por escrito, algo que el abogado de la agrupación hará en los próximos días, según Sinaí Jiménez. No obstante, el asesor tomó nota de las reclamaciones y se las hizo llegar al titular de la institución, Benigno López, según detalla en un comunicado de la propia oficina.

El presidente de la Asociación del Pueblo Gitano también aprovechó el encuentro con el asesor del Valedor para expresar su inquietud sobre la limitación que algunos ayuntamientos establecen para adjudicar a los cooperativistas gitanos determinado número de puestos en los mercados ambulantes.

Por otra parte, los vecinos de Vilarchán tienen previsto reunirse el próximo sábado en la casa do pobo de la aldea, cerca de la vivienda objeto de la polémica, para ratificar el acuerdo de compra. Si no hay cambios sobre lo tratado el pasado domingo, la adquisición se hará a través de la comunidad de aguas mediante una hipoteca a 35 años.

«Pueblo fantasma»

«Vilarchán parece estos días un pueblo fantasma», dijo ayer Manuel Martínez, portavoz municipal del PSOE en Ponte Caldelas y vecino del lugar. El edil, que no acudió a la reunión del domingo por estar fuera del concello, defendió a sus vecinos: «La gente tiene miedo y está sensibilizada. No veo un caso de racismo, no es una cuestión de raza, sino que tiene que ver con la problemática que rodea a O Vao». No obstante, y sobre la compra de la casa, indicó que «las premuras.

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Castilla y León
 
SALAMANCA PERDONA OTROS 600.000 € A LOS CONSTRUCTORES
La Voz de Salamanca (Castilla y León) - 25 de octubre de 2007
 
 
Después de la mayor subida de impuestos a los ciudadanos. El concejal responsable de Urbanismo del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Salamanca, Joaquín Corona, denunció hoy la existencia en la capital salmantina de seis nuevas sentencias a constructores que han preescrito con un valor de 613.730 euros. En este sentido, recordó que con las nuevas sentencia "son ya treinta y una" y suponen, según Corona, 7.613.730 euros que "nunca van a entrar en las arcas municipales".

Estos expedientes caducan a los seis meses si no se han tramitado, y en el que caso de que sí se pongan en curso, la prescripción para cobrar las cantidades estipuladas se cumple a los 4 años y "esto es lo que ha pasado", explicó el concejal; al tiempo que calificó la situación como "inaceptable".

Además, lamentó que se efectúo desde el Consistorio charro "un trato discriminatorio y de agravio con respecto a otros constructores que sí cumplieron la ley".

Por su parte, el portavoz del Equipo de Gobierno Municipal del PSOE, Fernando Pablos, indicó que se trata de una "actuación negligente e indecente".

Al mismo tiempo, recordó que existen otros 34 expedientes en el juzgado; al tiempo que aseguró que si se cobrasen estas sanciones el Ayuntamiento podría congelar la subida prevista en los servicios del autobús urbano, además de ser una cantidad igual al desembolso que tendrán que hacer los ciudadanos por la subida del impuesto de bienes inmuebles y la recogida de basuras.

Resulta curioso como hace unos días desde el equipo de gobierno municipal se defendía la subida de impuestos para recaudar más con el fin de prestar un mejor servicio público a los ciudadanos y hayan dejado de ingresar 7.613.730 € ( Más de 1200 millones de pesetas) en multas a diversos constructores salmantinos.

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Una promotora tala 6.700 pinos para hacer una urbanización
El País (Castilla y León) - 18 de octubre de 2007
 
 
Pese a carecer de licencia de agua. Castilla y León aprueba tres campos de golf y 7.500 viviendas en una aldea de 156 habitantes ø Un informe interno de la Junta admite que el plan es "un despropósito"

La urbanización La Favera, en Villanueva de Gómez (Ávila), no sólo ha talado ya más de 6.700 pinos en una zona de alto valor ecológico sino que lo hace sin concesión de agua para abastecer las 7.500 viviendas y los tres campos de golf que construye. La Confederación Hidrográfica del Duero acaba de anular la dotación que tenía, pero aun así, la Junta de Castilla y León, del PP, autorizó ayer a la empresa a construir tres campos de golf a costa de otros 10.000 pinos. La Junta ignora así el informe de sus técnicos que dice que, "siendo suaves", el plan es "un despropósito y un sinsentido".

Una pareja de águilas imperiales ibéricas sobrevuela el río Adaja. Vuelan muy, muy alto y sólo con prismáticos se las puede distinguir. Son una de las pocas parejas que quedan en España y el año pasado criaron tres pollos en el pinar del río, en las únicas 5.000 hectáreas arboladas de las 150.000 de la comarca cerealista de La Moraña abulense.

El pinar, propiedad de la empresa Unión Resinera, fue declarado urbanizable el 4 de marzo de 1980. Pero hasta que en 1999 lo compró la empresa riojana Inveralde nada se movió. La promotora comenzó en 2000 los trámites para construir allí una urbanización de 7.500 viviendas, hotel, club hípico y tres campos de golf con apoyo del alcalde, José Martín Llorente (PP). "El campo se muere y el plan es bueno para la comarca", señaló ayer.

El problema es que Villanueva de Gómez se abastece del acuífero de los Arenales, sobreexplotado y contaminado por arsénico, según Antonio Gato, presidente de la Confederación del Duero, del Ministerio de Medio Ambiente. El pueblo se abastece con camiones y sus 156 habitantes beben agua embotellada.

Aun así, la Junta de Castilla y León y el ayuntamiento autorizaron las 7.500 viviendas a costa de 800 hectáreas de pinar y en 2006 tramitaron el plan para los tres campos de golf. En junio de 2005, la confederación otorgó a la empresa una concesión de agua de 771.363 metros cúbicos al año que se sumaban a la de 180.000 metros cúbicos que ya tenía. Con esa concesión, la empresa podía empezar a funcionar aunque seguía lejos de los 2,5 millones de metros cúbicos al año que necesitaría para los 22.000 habitantes que se pueden llegar a juntar en La Favera. Con esa cifra, la urbanización en el pinar se convertiría en la segunda localidad de la provincia.

Como el pinar era urbanizable desde hace más de 25 años, las viviendas se tramitaron sin declaración de impacto ambiental, explica el alcalde. Los ecologistas de Centaurea, SEO/Birdlife y Comisiones Obreras denuncian que el trámite sí era necesario.

Las máquinas ya han dejado su huella. El pinar está atravesado por enormes calles asfaltadas alrededor de las que se acumulan troncos y una máquina que extrae los pinos de raíz.

Los ecologistas aseguran que ya ha talado más de 10.000 pinos. La promotora dice que muchos menos y que además, repoblará con 316.000 otra zona. Los 30 kilómetros de calles tienen unos 15 metros de ancho. Si la densidad del pinar admitida por el alcalde es de 150 pinos por hectárea -los ecologistas dicen que es mayor-, eso significaría que ya han caído más de 6.700 pinos. Un portavoz de la promotora afirma que estaban heridos de muerte, que son pequeños y que la tramitación se ha hecho legalmente.

La empresa ya tenía permiso para las casas, pero necesitaba una declaración de impacto ambiental para los campos de golf, que están en otro tipo de suelo, en la ribera del río. La Junta preguntó a sus técnicos y se encontró con su oposición.

El 29 de junio de 2006, el jefe de la sección territorial de ordenación, Rodrigo Gandía, y el técnico de su departamento Javier Plaza firmaron un informe demoledor. Tras destrozar durante seis folios el plan, concluyen: "Se parte de unas normas aprobadas en los años 80 que, siendo suaves, nos parecen un despropósito. Imaginemos qué sería si todos los municipios en sus lugares de mayor valor y atractivos ejecutaran proyectos de este tipo. Desde el punto de vista de la ordenación del territorio y del medio ambiente es un sinsentido".

Así no había forma de dar luz verde a la urbanización. Pero el 19 de octubre de 2006, el jefe de la sección, Sabas Yagüe, actor clave en la tala en Navas del Marqués, firmó otro informe para "matizar" el anterior. En él afirma que "las cortas previstas, no hacen más que anticipar lo que necesariamente tendría que producirse de todas formas de forma natural". Con este informe, la Junta dio luz verde a la declaración de impacto ambiental días después y ayer -un año después- la publicó en el Boletín Oficial de la comunidad. Sólo para los tres campos de golf hace falta talar 9.618 pinos. Este diario intentó ayer, sin éxito, obtener la versión de la Junta.

El problema para la promotora es que el 27 de septiembre la confederación consideró que la concesión de agua había caducado porque Inveralde no había acometido las obras a tiempo. En un acto inusual, el organismo deja a la promotora sin ninguna concesión para justificar la tala, a pesar de lo cual ayer seguía. La empresa sostiene que hay agua de sobra y que seguirá la obra. A pesar de la falta de agua. A pesar de la crisis inmobiliaria.

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Inicia una huelga de hambre contra su sentencia de divorcio
20 Minutos (Castilla y León) - 16 de octubre de 2007
 
 
El juez le ha dado a su mujer las dos casas del matrimonio. Un hombre de 53 años y vecino de Valladolid ha iniciado una huelga de hambre para demandar los derechos que, según él, le niega la justicia.

Inició la huelga el pasado martes, después de que, en la sentencia de divorcio, un juez decidiera concederle a su ex mujer la custodia de su hija y el uso de las dos viviendas del matrimonio.

Aunque cada uno tenía una casa a su nombre, ella puede ahora disponer libremente de las dos, mientras que él se ha quedado en la calle y no tiene otra alternativa que dormir en una nave de su trabajo.

«Reivindico ante el sistema que me encuentro maltratado», aseguró el hombre a Efe, un autónomo que, para exponer sus reivindicaciones, ha situado pancartas en una furgoneta donde se pueden leer sus demandas y en la que aprovecha para pedir perdón a los que le quieren por haber adoptado la decisión de ponerse en huelga de hambre.

La sentencia de divorcio fue dictada en primera instancia y ratificada por la Audiencia Provincial, de manera que no hay posibilidad de recurrir, ya que es firme.

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País Vasco
 
Denuncian a una promotora por una supuesta estafa de 600mil€
Diario Vasco (País Vasco) - 16 de octubre de 2007
 
 
Denuncian a una promotora de Donostia por una supuesta estafa de 600.000 euros. Se apropió del dinero que 7 afectados adelantaron por la construcción de casas Los dueños de la agencia tienen más de veinte órdenes de detención

SAN SEBASTIÁN. DV. Es una pareja bajo sospecha. Desde hace varios meses las oficinas de la inmobiliaria Urbancasa, que regentaba en la calle Zubieta, en Donostia, tienen la persiana echada. Y en su domicilio del barrio de Aiete, ya no vive. De hecho, ha dejado de pagar los alquileres de ambos locales, según denuncian los afectados por una supuesta estafa en la venta de casas de nueva promoción por parte de la pareja. Al menos diecisiete guipuzcoanos aseguran haber sido víctimas de la presunta práctica ilegal de la promotora. La firma venía ofertando diversas iniciativas urbanísticas, principalmente en localidades de Navarra, aunque también en Gipuzkoa, que luego no cumplía. Los afectados adelantaron una parte del dinero y ahora han sabido que los gestores de la inmobiliaria han desaparecido con todo el dinero.

Por ello, en la sede de Urbancasa puede leerse un cartel que reza: «¿Dónde están Ángel Crespo y María Victoria Ferrer Medel?» Son los responsables de la promotora. Las diecisiete familias les buscan, pero ellos, de momento, no han dado señales de vida. Los denunciantes han pagado en total más de 600.000 euros (100 millones de las antiguas pesetas). Los casos van desde los 6.000 euros, hasta los 124.000, que aportaron los más perjudicados.

«Hay gente a la que han devuelto el dinero, pero fueron detrás de ellos hasta su casa», explica R.A., uno de los denunciantes. «Pero ya no viven allí. Están desaparecidos. Desde hace cuatro meses no pagan ni el alquiler. Tampoco pagan por el local de la inmobiliaria en San Sebastián. Se han ido con nuestro dinero», afirma.

Ángel Crespo Crespo, de 64 años, y María Victoria Ferrer, de 53, cuentan con diversas órdenes de detención y presentación ante la autoridad judicial. El marido tiene sobre sus espaldas dieciséis órdenes, las siete últimas cursadas este mismo año. Su mujer tiene asimismo otras siete órdenes, según han señalado fuentes cercanas al caso.

Terrenos y viviendas

Desde Urbancasa, los presuntos estafadores ofrecía una diversidad de posibilidades de compra. «Hay gente que se apuntó a la adquisición de una casa; otros, a la de terrenos donde se edificarían casas; otros, a la compra de suelo para edificarse ellos mismos la vivienda». La mayoría de las promociones eran en localidades navarras como Lesaka o Ablitas, cerca de Tudela. Pero también hay casos de afectados por compras en Gipuzkoa. «Hay quien quiso comprar un local en Urnieta que podría ser rehabilitado como vivienda», explica R.A. «Pero en Urnieta no se están dando permisos para ello».

También han resultado afectados los dueños del local que la pareja alquiló en la calle Zubieta, o quienes realizaron distintos trabajos para ellos, como el diseño de una página web en internet para la inmobiliaria. En su teléfono de contacto, los presuntos estafadores dejaron de contestar en julio. Nunca más se supo.

R.A. había aportado 124.000 euros por una parcela en Lesaka. «Esta entrega me está suponiendo muchísimo dinero, porque pedí un préstamo y todos los meses tengo que hacer frente a los pagos», afirma.

Los afectados han llevado sus casos a los juzgados. «Nos hemos enterado de que hay otras causas pendientes contra ellos», explica R.A. «Ella tiene algún procedimiento en Málaga y él ha llegado a dar apellidos falsos a la Er- tzaintza. Lo hemos sabido después».

El denunciado es vecino de San Sebastián y ella procede de Málaga. Posee un domicilio en Estepona «Se conocieron allí, según hemos podido saber. Se afincaron en Donostia en 2003. Y su primer proyecto fallido fue el que iban a desarrollar en Ablitas. Después vinieron más».

¿Cuándo comenzó a torcerse la relación de R.A. con la pareja autora del supuesto fraude? «Desde que les dimos el dinero, en junio de 2006, las cosas empezaron a ir mal. Enseguida empezaron a incumplir el plazo de firma de las escrituras. Firmamos un contrato privado por el cual íbamos a suscribir las escrituras del terreno. Después, ellos construirían la casa y más tarde firmaríamos las escrituras de la casa».

Los afectados han interpuesto denuncias contra «María Victoria Ferrer Medel y Ángel Crespo». «En todos los papeles que hemos firmado sólo aparece el nombre de ella, pero con el que hablábamos y negociábamos era con él. Por eso las denuncias van contra los dos».

Problemas y excusas

La lista de excusas que escuchó R.A. para justificar los incumplimientos es larga. «Primero, los aplazamientos por la firma de escrituras debido a distintos motivos. Luego llegaron los problemas con el terreno. Que el que nos había dicho no iba a poder ser. Que nos llevaría a ver otro terreno. Que era mejor. Hasta nos llevó a que viéramos un terreno». Pero la situación llegó a su límite. «Nos cansamos y le pedimos que nos devolviera el dinero. Teníamos recogida esa posibilidad. Entonces empezó a decirnos: 'Mañana te lo doy', 'La semana que viene te lo devuelvo', 'Me tiene que salir una operación...'».

Y luego, la historia que les contó a todos los afectados: «Nos dijo que la madre de ella se había puesto muy mala. Se había tenido que ir a Alemania». Eso ocurrió la última semana de julio. Desde entonces, el silencio.

¿No hubo aval bancario, necesario en la compra de vivienda de nueva construcción? «No hay nada de eso. A nosotros ni nos informaron de que las cosas deberían ser así».

Algo que indigna a los afectados es que «teniendo casos pendientes y varias denuncias recientes en Donostia y en Navarra, ¿cómo puede ser que la Policía y los jueces no hagan más que mandar cartas a un local que está desde hace meses abandonado?».

Los denunciantes han abierto la dirección de correo electrónico afectados_urbancasa@yahoo.es para que otros afectados contacten con ellos. Se trata de que el caso cobre más fuerza y logren recuperar así su dinero.

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GV capta media de 2 viviendas vacías al día para alquiler
ElCorreoDigital.com (País Vasco) - 30 de octubre de 2007
 
 
El departamento de Javier Madrazo ha movilizado 3.717 pisos en los últimos cuatro años para activar el mercado

Aunque el mercado de alquiler tiene una presencia casi residual en el mercado inmobiliario, los datos facilitados ayer por el Departamento de Vivienda auguran un «cambio de tendencia» en la percepción que los ciudadanos tienen del arrendamiento como «fórmula para acceder o hacer uso de una casa». El Gobierno vasco ha logrado captar en los últimos cuatro años un total de 3.717 pisos vacíos para alquilar dentro del programa Bizigune, una de las grandes apuestas del gabinete dirigido por Javier Madrazo desde el inicio de la legislatura.

Del total de viviendas movilizadas en todo el País Vasco -el «mayor número de todo el Estado», según el consejero-, 3.070 ya están alquiladas, mientras que el resto de los pisos se encuentran «en proceso de reforma, contratación o selección de usuarios». Según los datos facilitados por el el titular de Vivienda, Bizigune saca al mercado de alquiler una media de dos pisos vacíos al día. «Estamos muy satisfechos y la valoración es positiva», resumió ayer Javier Madrazo.

La capacidad de captación del programa ha ido evolucionando de forma progresiva hasta alcanzar las cifras actuales, aunque Bizigune no comenzó con buen pie como esperaban los responsables del programa. De hecho, el objetivo que se marcó el el departamento de Javier Madrazo para 2005 -sacar al mercado 5.000 pisos vacíos en alquiler- ha tenido que retrasarse hasta 2009. No obstante, el viceconsejero de Vivienda, Javier Burón, comparó el número de pisos vacíos movilizados en el País Vasco con los sacados al mercado en París para «dejar constancia» del poder de captación demostrado por el programa desarrollado por el Departamento de Vivienda. «Con una población similar y en un mismo periodo de tiempo, el Ayuntamiento de la capital francesa ha logrado sacar al mercado un centenar de casas y están entusiasmados».

Insolidarios

Javier Madrazo abogó en su discurso por «concienciar» a la ciudadanía de la «importancia» y «necesidad» de alquilar los pisos vacíos -tienen que llevar un año completamente deshabitadas- desde un punto de vista «medioambiental», «social» y «económico». Según dijo, con los 36 millones de euros destinados al programa Bizigune, el Departamento de Vivienda «sólo» podría construir «unos 300 pisos de alquiler social». En este sentido, Madrazo invitó «a todos los propietarios de viviendas vacías a que firmen un contrato de arrendamiento con el Gobierno vasco por su bien y por solidaridad con los jóvenes que quieren acceder a una vivienda para poder desarrollar su plan de vida. No hacerlo es un acto de insolidaridad», insistió el consejero.

La renta que pagan los inquilinos que participan en el programa nunca supera el 30% de sus ingresos (240 euros de media), mientras que los propietarios inscritos en Bizigune tienen la «garantía» de que van a cobrar todos los meses (el alquiler más caro no supera los 660 euros mensuales) y que su piso se va a encontrar en perfecto estado una vez terminado el contrato de arrendamiento. El departamento de Javier Madrazo no sólo paga la diferencia entre lo que puede abonar el inquilino y la renta sino que también asegura un préstamo de 18.000 euros sin intereses a los arrendatarios que tengan que hacer obras en el piso. El dinero se descuenta de la renta mensual.

Madrazo también recordó en su intervención que las negociaciones con el Gobierno central para aplicar en Euskadi las ayudas de 210 euros mensuales al alquiler de los jóvenes se están desarrollando en un «buen clima», aunque insistió en que, «por el momento», no se han producido cambios reseñables. Asimismo, también recordó que están trabajando en el anteproyecto de la Ley de Vivienda, una de cuyas iniciativas recoge la posibilidad de cobrar un canon por vivienda vacía. En este sentido, Madrazo señaló que no hay novedad al respecto.

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Ni vagos ni pasotas
Deia (País Vasco) - 11 de octubre de 2007
 
 
es relativamente habitual escuchar de nuestros mayores que las personas jóvenes de hoy en día vivimos mejor que nunca y que la realidad es que somos unos vagos que queremos que se nos dé todo hecho. De la misma manera, también hay un sector importante del mundo adulto que acusa a las personas jóvenes de poco contestarias, muy insertas en el sistema y poco preocupadas por las problemáticas sociales. No se trata, por nuestra parte, de entrar en un debate maximalista. En la realidad no existen apenas blancos ni negros sino que el mundo está lleno de grises que reflejan, en su conjunto, la diversidad de opciones y modos de vida de las personas jóvenes. El ser joven no es reducible a una categoría sociológica. La persona joven se construye a sí misma desde sus opciones y capacidades dentro de un sistema socio-económico que condiciona y limita el proceso.

La juventud vasca es una de las juventudes que menos y más tarde se emancipa en el conjunto de Europa. Obviamente, creemos, que esto se debe a dos elementos estructurales: la precarización de las condiciones laborales y la vulneración del derecho a la vivienda. Desde el mundo adulto se nos contraargumenta diciendo que en su época las cosas tampoco eran fáciles, que tuvieron que trabajar mucho y que también tuvieron que hipotecarse y apretarse el cinturón mucho.

Las condiciones sociales, culturales y económicas en las que las personas que hoy somos jóvenes desarrollamos nuestras vidas poco tienen que ver con las que sufrió la generación de quienes fueron jóvenes en las décadas de los 70 y 80 del siglo pasado. De hecho, estos 30 años son el período histórico donde más cambios rápidos en la estructura profunda de la sociedad se han acumulado; transformaciones que empezando por la organización de los estados y del sistema productivo han terminado por moldear un nuevo sistema de valores y de identidades personales. Juzgar la realidad desde categorías pensadas para otro momento histórico no puede llevarnos más que a la frustración.

Entre los años 2003 y 2007 las dificultades de acceso a la vivienda de la juventud vasca han seguido incrementándose. Pese a los programas y políticas puestas en marcha, la intervención ha sido insuficiente. De hecho, el precio de las viviendas libres en la CAE se han incrementado un 42,7% en estos cuatro años mientras el aumento salarial percibido por las personas jóvenes ha sido sólo del 9,6%. El diferencial entre precios y salarios se ha seguido incrementando, situando en el 81% el porcentaje de recursos económicos que una persona joven debería dedicar al pago de su vivienda. En este mismo período, partíamos de un 34% de jóvenes entre 18 y 35 que habían emprendido un proyecto de autonomía residencial. Esta tasa se ha incrementado hasta el 41%, esto es, la tasa de emancipación residencial se ha incrementado un 21% en un período en el que las dificultades materiales se han recrudecido. ¿Se puede seguir acusando a la juventud vasca de no tener capacidad de sacrificio para construir sus proyectos de vida?

También desde el mundo adulto se ve a la juventud actual como una generación muy poco contestaria y muy poco involucrada en la lucha por la transformación social. La gente joven que trabajamos y militamos en movimientos sociales, sindicales, políticos y culturales de todo tipo también estamos preocupados por esta situación. Es mucho el trabajo que hay que hacer, y son pocos los efectivos de los que disponemos para hacerlo. La generación anterior vivió momentos históricos muy importantes (lucha antifranquista, primeras confrontaciones democráticas, duras luchas sindicales, surgimiento de los nuevos movimientos sociales...) donde no eran pocas las personas que vieron cerca el cambio de bases del sistema. Sin embargo, esa misma generación (y en ocasiones las mismas personas) ha tenido un papel determinante en la configuración del actual sistema. Durante 2006, por ejemplo, pudimos ver cómo la misma generación que en el 68 protagonizó una importante revolución cultural en el estado francés fue la que lanzó a la policía a reprimir las manifestaciones de las personas jóvenes en contra del contrato de primer empleo. El caso del Estado español es bastante parecido. Gentes y organizaciones que protagonizaron la resistencia antifranquista son quienes niegan y reprimen importantes manifestaciones y debates políticos (movimiento okupa, debate sobre la monarquía...).

Tratando de no caer en simplificaciones, creemos que no nos equivocamos mucho si decimos que desde la generación joven hay un alto grado de desconfianza hacia las instituciones creadas tras la transición y hacia las grandes organizaciones políticas y sindicales. Recelos derivados de ver cómo la mayor parte del mundo adulto ha abandonado las luchas y que la sociedad que nos han dejado supone, en muchas cosas, un paso atrás con respecto a la que había anteriormente. No se trata, no, de decir que todo tiempo pasado fue mejor ni de iniciar una guerra intergeneracional, sino de encontrar una explicación al hecho de que los movimientos más activos y novedosos se están generando fuera de las redes de influencia y muy alejados de los modos de funcionamiento de los movimientos tradicionales.

Este es el caso, por ejemplo, del movimiento en defensa del derecho a la vivienda. Un movimiento que en Euskal Herria nace en paralelo a las distintas dinámicas sociales que estaban abordando esas problemáticas (Plataforma Etxebizitza Guztiontzat!, Gazte Asanbladas, Gaztetxes...) y que en un escaso año y medio han conseguido asentar su funcionamiento y poner la problemática del acceso a la vivienda en primer plano de la agenda política. Grupos de gente que comienza a reunirse tras conocerse en las sentadas que espontánea o misteriosamente fueron convocadas por internet, que se organizan asambleariamente y que construyen su propio discurso (Ke pasa kon la Kasa, Plataforma por una Vivienda Digna de Euskadi y Ciudadan@s por el Derecho a la Vivienda de Vitoria-Gasteiz...).

El futuro del derecho a la vivienda en la CAE nos lo estamos jugando en los próximos meses. En las semanas previas al verano se presentó el anteproyecto de ley, y tras las negociaciones en el tripartito se remitirá al parlamento en los próximos meses. Si algo nos enseña el pasado es que quienes controlan el juego nunca han regalado nada y que todos y cada uno de los avances sociales han sido ganados a pulso por la sociedad civil. Este es un momento que el conjunto de las organizaciones sociales y de las personas jóvenes no podemos desperdiciar. Es momento de crear sinergias, superar desconfianzas y encontrar modos de trabajo comunes que nos lleven a condicionar al máximo el debate político de cara a que la vivienda sea reconocida como lo que siempre debió ser, a saber, un derecho alejado de la lógica del mercado.

* Es técnico de vivienda de Euskadiko Gazteriaren Kontseilua

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Aragón
 
Represión policial en el pregón de Zaragoza
Glocalia.com (Aragón) - 11 de octubre de 2007
 
 
Para impedir que se reclame el derecho a la vivienda

Como en el resto del país, el sábado 6 de Octubre, la Asamblea por una Vivienda Digna de Zaragoza había convocado a las 19hs en la puerta del Ayuntamiento a la ciudadanía a gritar "No vas a tener una casa en la puta vida", secundando así la convocatoria a nivel estatal del movimiento por una vivienda digna "V de Vivienda".

Una vez realizado el grito, miembros y simpatizantes de la Asamblea permanecieron en la plaza, coincidiendo con el pregón de fiestas, con una pancarta en la que podía leerse "Zaragoza Especulación", con un corazón entre ambas palabras. La intención de los jóvenes era mostrar su desacuerdo con las políticas que en materia de vivienda se están realizando.

Sin embargo, efectivos de la Policía Nacional requisaron la pancarta (foto), alegando que "para exhibir una pancarta reivindicativa hay que solicitar permiso", algo que, como es obvio, ninguna ley recoge: “Este celo de nuestros gobernantes por silenciar cualquier tipo de crítica, muestra que no tienen voluntad de solucionar el grave problema de la vivienda, así como un nulo respeto a otro derecho constitucional como es el de la libertad de expresión”, afirman integrantes de la Asamblea por una Vivienda Digna.

Los jóvenes fueron obligados a identificarse, amenazándoles en caso de negarse hacerlo. Por el contrario, la Policía Nacional se negó a hacer lo mismo ante la Asamblea, desobedeciendo así la obligación que tienen y suponiendo, por tanto, un abuso de autoridad.

Pero la represión continuó a lo largo de todo el acto: pocos minutos después de requisar la pancarta, la Policía Nacional también impidió, esta vez llegando a lesionar a varios ciudadanos, que se desplegara otra pancarta en contra de la instalación de la base de la OTAN en Zaragoza. La Asamblea por una Vivienda Digna se solidarizó con la Plataforma Ciudadana en contra de la instalación de la base de la OTAN, “quienes al igual que nosotros han visto coartado su derecho a la libertad de expresión”.

“También fue ejercida la represión policial hacia ciudadanos que exhibían pancartas criticando la EXPO y muchos fueron por ello identificados”, informan los jóvenes.

Desde la Asamblea por una Vivienda Digna advierten a los gobernantes que “seguiremos denunciando su complicidad con el lobby del ladrillo, y que sus soluciones policiales no nos intimidan en absoluto. El derecho a una vivienda digna tiene que ser efectivo, y para ello no sirven medidas electoralistas vacías de contenido como la última anunciada por el gobierno del PSOE, sino que se tienen que tomar medidas estructurales contra la especulación”, aclaran.

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Principado de Asturias
 
EL PSOE Y EL PP RECHAZAN EL GARANTIZAR EL DERECHO A VIVIENDA
Asturlink.com (Principado de Asturias) - 20 de octubre de 2007
 
 
El pleno de la Junta General del Principado ha rechazado hoy, con los votos del PSOE y PP, una iniciativa de IU que pedía al Gobierno regional que garantizase por ley el derecho constitucional a tener una vivienda digna.

Para el diputado socialista Álvaro Álvarez, esta fórmula no es la mejor para garantizar el derecho a la vivienda algo que, en su opinión, se conseguiría de una forma más efectiva con el desarrollo de políticas que ya están en marcha, con un Plan de Vivienda o con la aprobación de los presupuestos del Principado para el próximo año.

Desde las filas populares Ana Barrientos ha recordado a IU que en la pasada legislatura, en la que la coalición tuvo a su cargo la Consejería de Vivienda, no compartió la política que desarrolló en ese área, una situación que se mantiene en la actualidad.

Previamente, el portavoz de Vivienda de IU Aurelio Martín había recordado que la Constitución española establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y que en la pasada legislatura se pusieron en marcha un conjunto de medidas para favorecer el acceso a la vivienda a miles de familias asturianas.

Según Martín, ahora habría llegado el momento de dar un paso más para que la administración se reconozca este derecho social básico desde una óptica progresista, como ya se ha hecho en otras comunidades autónomas.

El pleno de la Junta ha aprobado, por otra parte, con los votos del PP e IU, y en contra del PSOE, una iniciativa popular para rechazar el cierre del consultorio local de Argame, en el concejo de Morcín, que está contemplado en el actual mapa sanitario. Con la aprobación de esta poposición no de ley, el Parlamento asturiano insta al Consejo de Gobirno a que proceda a su "inmediata apertura" en las mismas condiciones que tenía antes de que se rocediera a su clausura el pasado mes de julio.

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Comunidad foral de Navarra
 
IU presenta una proposición de ley para garantizar el acceso
Diario de Navarra (Comunidad Foral de Navarra) - 11 de octubre de 2007
 
 
Propone, entre otras medidas, que al menos la mitad de las nuevas viviendas protegidas sean de alquiler. IUN-NEB ha presentado en el Parlamento Foral una proposición de ley en la que se garantiza a los ciudadanos el acceso a una vivienda en un plazo de tres años desde la solicitud de la misma, con el objetivo de que, si este derecho no es atendido, pueda ser reclamado incluso ante los tribunales.

En la proposición, presentada en conferencia de prensa por el portavoz parlamentario de IUN-NEB, Ion Erro, se especifica que el Gobierno de Navarra garantizará durante los próximos ocho años un mínimo de 1.500 viviendas anuales de alquiler, con un precio protegido que no exceda del 30% de los ingresos del solicitante. Asimismo, se establece que el Gobierno de Navarra elaborará en el plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la ley, un censo de viviendas vacías, y en un plazo de seis meses presentará a la Cámara un proyecto de ley con medidas, incluidas las fiscales y expropiatorias, para hacer efectiva la salida al mercado de alquiler de estos inmuebles desocupados.

En la proposición, IUN-NEB plantea que el Gobierno de Navarra firme un convenio de colaboración en materia de política de suelo y planificación urbanística con los ayuntamientos de la Comarca de Pamplona con el objetivo de edificar en siete años al menos 25.000 nuevas VPO, pro encima de las ya previstas.

Para los ayuntamientos que no firmen este convenio o que lo ejecuten con un retraso «injustificado», se indica en la proposición, el Gobierno de Navarra tramitará un PSIS en el que se lleve a cabo un planeamiento urbanístico tendente a desarrollar los objetivos del convenio.

En las disposiciones adicionales se propone, entre otras cuestiones, que al menos la mitad de las nuevas viviendas protegidas sean de alquiler, y que se utilice la fórmula del referéndum para garantizar la participación ciudadana en los planes generales municipales.

Erro destacó que el acceso a una «vivienda digna» será una de las prioridades de su partido durante esta legislatura y denunció en este sentido la situación creada con la «proliferación» de viviendas vacías, la subida de los precios y la especulación en este sector de actividad.

El coordinador de IUN-NEB hizo especial hincapié en las viviendas vacías existentes en la Comarca de Pamplona con fines «especulativos» y defendió la adopción de medidas para que salgan al mercado, al tiempo que calificó el proyecto de Guenduláin como un «despropósito urbanístico».

Por estos motivos, calificó esta proposición de ley como un «reto político» y emplazó a la «izquierda de este Parlamento» a que apoye la iniciativa, así como al Gobierno de Navarra, que «debe ser sensible a esta necesidad» de los ciudadanos.

El coordinador del grupo parlamentario de IUN-NEB, José Miguel Nuin, por su parte, aseguró que en Navarra hay aproximadamente un 15% de viviendas vacías, lo que es «un despilfarro del uso social de la vivienda» y subrayó que en varios países europeos se han adoptado medidas para sacar estos inmuebles al mercado de alquiler.

Por ello, estimó que el argumento de la dificultad para definir el concepto de «vivienda vacía» es una «excusa falsa», ya que en Europa «se hace con normalidad».

Por otro lado, Erro aludió a la aprobación ayer en el Parlamento de Navarra de sendas mociones de IUN-NEB y PSN que instan a la aplicación de la interrupción voluntaria del embarazo en Navarra en los supuestos contemplados en la ley y reconoció que ya hay un «incumplimiento anunciado» del Gobierno Foral de este mandato parlamentario.

Aseguró por ello que la proposición de ley será la «única vía» para «el cumplimiento de la voluntad de la Cámara» y anunció que IUN-NEB tomará la iniciativa en las próximas semanas para que se tramite una ley que regule esta materia.

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La Rioja
 
LA PVD NO APOYARÁ ACTOS DEL CJR Y CJR POR UNA VIVIENDA DIGNA
Redacción PVD (La Rioja) - 19 de octubre de 2007
 
 
En el mes de agosto el Consejo de la Juventud de La Rioja se puso en contacto con la PVD para organizar una actividad referente a la vivienda digna, encuadrada en una campaña del Consejo de la Juventud de España. Comenzamos a trabajar conjuntamente en la preparación de dicho acto, que contaría con conciertos, acampada, charlas y otros actos. Dicha colaboración se rompió cuando el Consejo de la Juventud de La Rioja y Consejo de la Juventud de Logroño manifestaron que no participarían en un acto en el que se criticase a cualquier institución riojana, alegando que la finalidad de los Consejos de la Juventud es meramente informativa y en ningún momento puede servir como critica política.

Desde la PVD entendemos que nuestra naturaleza es esencialmente reivindicativa, y que difícilmente se puede organizar un acto a favor de la vivienda digna sin criticar las políticas que desde todas las Administraciones (tanto el Ayuntamiento, como la Comunidad Autónoma y el Ministerio de la Vivienda) se están llevando a cabo, dado que son los principales responsables de la situación actual.

Desde la Plataforma creemos que este concierto solo sirve para favorecer que la situación de la vivienda siga estando igual, ya que en este acto no se van a proponer soluciones ni criticar a los responsables de que los jóvenes no nos podamos emancipar. Creemos que los Consejos de la Juventud deberían de ser un organismo donde se trabaje para denunciar y proponer soluciones a los problemas que tenemos los jóvenes riojanos y no como instrumento propagandístico de determinados grupos políticos, ya que deja de ser un órgano de los jóvenes para se un instrumento de manipulación de los jóvenes. La PVD organizará en el mes de noviembre una actividad independiente a la del CJR y CJL, de carácter marcadamente reivindicativo, donde plantearemos nuestras propuestas, las cuestiones a las que nos oponemos con respecto a las actuaciones de las Administraciones Públicas y divulgaremos los 11 puntos de nuestro manifiesto que se pueden leer en nuestra web: www.viviendadigna.org

 
 
 
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