BOLETÍN DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2008
 
 
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España y vivienda
 
EL MINISTERIO VIVIENDA APUESTA POR LA VIVIENDA INACCESIBLE
Redacción PVD - 10 de noviembre de 2008
 
 
La Plataforma por una Vivienda Digna critica las últimas medidas anunciadas por la ministra de vivienda Beatriz Corredor. Para la PVD el Ministerio apuesta por los beneficios de los promotores y pone aún más difícil a los jóvenes y a las familias de escasos recursos el acceso a una vivienda.

La Plataforma por una Vivienda Digna quiere transmitir su más profunda indignación por las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Vivienda, casi todas recogidas en el Plan de Vivienda 2009-2012. Para la PVD, las medidas de Corredor demuestran la entrega del Ministerio a las promotoras y gestores urbanísticos, intentan frenar la caída de precios y agravarán las dificultades de acceso de las familias con pocos ingresos y los jóvenes -la mayoría “mileuristas”- a la vivienda protegida.

Compra de suelo innecesaria

En lo referente a la compra de suelo de promotoras, para la PVD el Estado no necesita comprar ni un metro cuadrado de suelo para construir VPO porque tiene millones de metros cuadrados sin uso que son propiedad de distintos ministerios. Pero además, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha afirmado recientemente que los ayuntamientos y comunidades autónomas tienen hoy suelo público en el que cabrían 225.000 viviendas.

El objetivo de esta compra es en realidad solucionar los problemas de liquidez de algunas promotoras, que podrán así “aguantar el tirón” sin tener que bajar precios para dar salida a su stock. Esto dificulta las posibilidades de acceso a la vivienda que podrían derivarse de la propia evolución del mercado. En otras palabras, gracias a la intervención del Ministerio, los pisos bajarán menos.

Por otro lado, no puede ser una prioridad construir vivienda protegida muy cara en un país en el que hay un millón de pisos nuevos sin vender y cerca de cuatro millones de pisos vacíos. Si la razón es el empleo, el Ministerio podría fomentar las cooperativas reales de vivienda, fórmula que concilia el mantenimiento de la actividad con el acceso a una vivienda asequible. La ausencia de esta opción en el Plan de Vivienda demuestra que la prioridad no es ni el acceso, ni el empleo, sino perpetuar los desorbitados beneficios que giran en torno a lo inmobiliario.

Una alternativa más razonable que se podría barajar para destinar los 300 millones de euros que se gastarán en la compra de suelo, es utilizarlos para convertir parte del stock de pisos sin vender en viviendas públicas de alquiler. La Consejería de Vivienda del País Vasco, por ejemplo, ya anunciado esta medida, en la que se prevé adelantar al promotor el equivalente a cinco años de renta.

Vivienda pública para ricos

En cuanto a los requisitos para acceder a una VPO, el nuevo Plan de Vivienda 2009-2012 eleva los ingresos máximos a 7 veces el IPREM, permitiendo el acceso a alguien que gane nada menos que 48.922 euros anuales. A la vez, recomienda que lo destinado por el adjudicatario al pago de las cuotas no supere el 33% de sus ingresos. A los precios actuales, es alarmante comprobar que será casi imposible para una persona con menos de 24.000 euros de ingresos anuales acceder a una VPO (la inmensa mayoría de los jóvenes).

Como se ve, lo de menos es facilitar el acceso a la vivienda de jóvenes y familias de bajos ingresos. En realidad se trata de “colocar” los pisos protegidos a precios exagerados, garantizando el margen del promotor, las financiaciones anómalas de las instituciones y la solvencia en el préstamo hipotecario. Actualmente, el margen de beneficio para el promotor de vivienda protegida oscila entre un 100% y un 200%. A este coste se añade la “mordida” de las administraciones locales y regionales en cuestión de venta de suelo e impuestos.

Desde la PVD exigimos que se apliquen bajadas urgentes a los módulos de precios oficiales con el fin de adaptarlos a la realidad el mercado y de destinar las viviendas protegidas a quienes realmente las necesitan. Es vergonzoso el hecho de que en algunas ciudades la vivienda protegida tenga ya el mismo precio que la libre, o que incluso lo supere.

Otras medidas

Cabe decir que el Plan incluye algunas medidas positivas, aunque de menor calado, como la propuesta de creación de viviendas públicas de alquiler para determinados colectivos. En Francia existen cuatro millones de viviendas de este tipo, mientras que en España no llegan a las cien mil y este es uno de los grandes déficits que siempre ha caracterizado a la política de vivienda española.

Sin embargo, al introducir la fórmula de alquiler con opción a compra, se sigue apostando tozudamente por el fomento de la venta de vivienda pública, a pesar de que la función del Estado es facilitar el alojamiento y no la propiedad, y así lo han entendido la mayoría de los países de la UE. En cuanto a la limitación de metros, en un país donde sobra suelo es una tomadura de pelo que el Ministerio presente como algo positivo un mínimo de 30 metros para dos personas. Parece que se trata de convertir a la vivienda pública en una opción poco digna con el fin de preservar el mercado de la vivienda libre.

En cualquier caso, la PVD cree necesario resaltar que el Ministerio de la Vivienda ya no cumple el objetivo con el que nació. Sino que por el contrario, se ha convertido en una especie de sucursal del sector inmobiliario dentro del Estado, destinada a convertir en decretos los intereses de los promotores y a intervenir el mercado de forma disimulada, intentando que la burbuja de precios se desinfle lo menos posible.

Dinero, según para quién

Desde la Plataforma por una Vivienda Digna reclamamos al Gobierno que los tiempos de crisis no sean la excusa para no poner en marcha una política de vivienda seria, estructural y para los ciudadanos.

Hoy por hoy la edad de emancipación en España sigue siendo superior a los 30 años. Si hay 50.000 millones de euros para ayudar al sistema financiero, es que hay recursos de sobra para solucionar el problema de acceso a la vivienda. Invitamos a todos los ciudadanos a reflexionar sobre las razones por las que no se hace, las razones por las que todas las administraciones permiten o incluso incentivan que la vivienda sea cara, cuando que la vivienda vuelva a tener unos costos razonables en relación a los salarios es la mayor garantía de que una crisis tan grave como la que estamos padeciendo no se retroalimente y no se reproduzca.

Además de las ya citadas, para desenvolver la difícil situación actual de la vivienda la Plataforma por una Vivienda Digna ha consensuado “40 propuestas por una vivienda digna”, que pueden encontrarse en nuestra página web.

Asociación Plataforma por una Vivienda Digna

Comité Interterritorial

 
 
EN ESPAÑA HAN EXISTIDO CÁRTELES Y MAFIAS DE VIVIENDA IMPUNES
Deia.com - 25 de noviembre de 2008
 
 
Miloon Khotari Relator de la ONU (2000-2008) y autor del informe sobre el problema del acceso a la vivienda en España

Sin paños calientes. Khotari pone el dedo en la llaga de los temas más candentes: la especulación, los elevados precios, las hipotecas inaccesibles y la corrupción. Con la crisis en plena efervescencia, visita Bilbao para concienciar del acceso a la vivienda para los más necesitados.

bilbao. El gurú para el acceso a la vivienda digna para los clases sociales más desfavorecidas y relator especial de la ONU, Miloon Kothari, ya recomendó en 2006 al Gobierno español que alertase a los ciudadanos e inversores de que el país "se enfrentaba a una grave crisis" inmobiliaria. Pero sus advertencias cayeron en saco roto.

Usted ya preveía una gran crisis de la vivienda. ¿Es visionario o era tan fácil de pronosticar?

Llevo varios años visitando muchas ciudades del mundo y comprobando la desconexión que hay entre las políticas de vivienda y las personas que viven en malas condiciones, inmigrantes, pobres, mujeres... Hay muy pocos gobiernos con políticas destinadas a ese 20% de la población con menos ingresos porque los planes estaban dirigidos a la obsesión por la propiedad, que en España es tremenda, y a apoyar el mercado. Las políticas no han controlado la especulación ni han regulado el mercado. Estaba muy claro que con estos desajustes, el problema de la vivienda iba a estallar. Se veía claramente que en el sector inmobiliario unas pocas personas se enriquecían y muchas se empobrecían con hipotecas altísimas. Porque además este proceso no sólo afectaba a los pobres sino también a las clases medias.

Estudió también el caso de Estados Unidos. Allí el problema es más acuciante después de las famosas hipotecas 'subprime'.

En Estados Unidos todavía estaba más claro que nos dirigíamos hacia una crisis de vivienda tremenda. Existía una burbuja de construcción que en algún momento iba a explotar. La ironía consiste en que mientras ocurría eso, cada vez más gobiernos ratificaban los Objetivos del Milenio. Por una parte, teníamos administraciones que llegaban a acuerdos en el ámbito global pero, en el ámbito nacional, los únicos pasos que daban era para apoyar el mercado.

En el caso español, usted ha sido muy beligerante y ha criticado reiteradamente la corrupción.

En España he visto más que en otros lugares, unos altos niveles de corrupción. Corrupción relacionada directamente con la tenencia de la tierra, de la propiedad y la vivienda. Reúnes los factores que hemos comentado antes, disparidad de ingresos, desconexión de políticas y enriquecimiento y como resultado da un aumento de los cárteles o las mafias de la vivienda que han actuado con una impunidad absoluta. Además estos cárteles tenían muy buenas conexiones con los políticos y era evidente que todo ello desembocaría en una crisis muy importante. Yo tenía claro que esto iba a ocurrir pero me ha sorprendido mucho la escala, la magnitud de la crisis.

Cuando habla de las mafias, ¿a quién está acusando?

Hay dos niveles de responsabilidades. Cuando tenemos bancos que están dando alegremente créditos a pesar de sus clientes se están sobreendeudando, ese es un nivel de responsabilidad. Además esos mismos bancos estaban prestando dinero de forma incondicional a promotores y constructoras para que pudieran especular en el mercado. Pero por otro lado, los partidos y los políticos no pusieron fin a estas prácticas ilícitas a través del Parlamento, y si no lo hacían, era porque se estaban beneficiando directa o indirectamente... los precios subían y la gente especulaba. Resulta, por ejemplo, muy sorprendente que en España haya una serie de familias poderosísimas que controlan el mercado inmobiliario. Y hablo sólo de la vivienda, me refiero también al control del suelo.

¿Ha cambiado el panorama inmobiliario con la crisis?

Se da la paradoja de que los gobiernos que decían que no tenían dinero para desarrollar políticas sociales de vivienda, en la crisis salen al rescate de los bancos. El sistema está dando dinero a los bancos para que sigan con sus asuntos sucios. Y parece que los políticos van a seguir ocultando estos negocios. Creo, personalmente, que las grandes compañías inversoras que durante muchos años han estado formalizando préstamos de forma irresponsable y los directivos de estos bancos, deberían ser juzgados. El llamamiento que yo hago es que la crisis sirva para que los gobiernos puedan implantar políticas donde primen los derechos humanos.

A pesar de este llamamiento, usted ya ha dado muchos tirones de oreja a los gobiernos. Le dijo a Zapatero que aunque la vivienda estaba garantizada en la Constitución, no cumplía este derecho.

Mis informes son constructivos. Hago muchas recomendaciones respecto a la vivienda protegida, a los desahucios, a lo que respecta a la violencia doméstica contra la mujer, recomiendo directrices pero no recrimino. Una de las razones por las que acepté venir a Bilbao es porque veo que en Euskadi existe la oportunidad de hacer un progreso muy interesante en materia de vivienda gracias al nuevo proyecto de ley. Mi intención en la charla que he pronunciado es que toda la sociedad civil se implique en la ley para que sea consistente.

¿Ha detectado un situación muy diferente en materia de vivienda en Euskadi con respecto al Estado español?

En Euskadi y en Catalunya se trabaja en leyes que garantizan el derecho a una vivienda y creo que estas dos comunidades tienen la oportunidad no sólo de sentar un ejemplo en el resto de España sino también en el resto del mundo.Porque este proyecto es un ejemplo de cómo un Gobierno puede trabajar codo a codo con la sociedad civil por el derecho a una vivienda digna. Este derecho es mucho más que todo el mundo pueda tener un techo, se trata de poder vivir en paz y con dignidad. En otros lugares esto es totalmente impensable.

Significa eso que está mejor posicionada para salir de esta crisis.

Sí, por supuesto. Las personas que deciden y diseñan estas políticas en Euskadi han sido sensibles durante bastante tiempo a estos problemas, por eso se hacen más viviendas de protección oficial sobre el total de inmuebles construidos. También creo que es muy importante la relación tan estrecha entre la sociedad civil y el Gobierno y eso se ve claramente en el Foro de vivienda de Euskadi. No quiere eso decir que no haya problemas pero sí que existe más concienciación. Aquí, los bancos tampoco han llevado a cabo políticas tan irresponsables. Y tal vez el sector financiero pueda apoyar programas de vivienda para personas con ingresos bajos.

Reivindica un stop a los desalojos, una especie de moratoria para frenar los desahucios.

Sí, por eso este proyecto de ley debería contemplar disposiciones sobre desahucios para que nadie pueda quedarse en la calle. Pediría que antes de formalizar un desahucio, de dejar a la gente sin techo porque, por ejemplo, no puede pagar su hipoteca, se realice un impacto del desahucio y del coste social y económico que representa.

Habla a menudo de cómo se ha urbanizado la pobreza, del apartheid urbano.

Sí, el apartheid urbano es la situación en la que se encuentran las personas con menos ingresos, separadas en guetos o barrios aún más pobres que antes. No hay mestizaje en las ciudades del mundo. Según algunos datos, de aquí a quince años cerca de 2.000 millones de personas vivirán en chabolas, el doble que en la actualidad.

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PE AMENAZA CON CONGELAR LOS FONDOS EUROPEOS PARA ESPAÑA
EuropaPress - 02 de diciembre de 2008
 
 
si no se resuelven los abusos urbanísticos

El informe preliminar del Parlamento Europeo sobre urbanismo en España amenaza con congelar los fondos comunitarios si no se resuelven los abusos denunciados. La Eurocámara reclama una moratoria sobre los nuevos proyectos de urbanización que no sean sostenibles desde un punto de vista medioambiental y no respeten el derecho de propiedad y la paralización de todos los planes en marcha que vulneren la legislación comunitaria.

El texto ha sido elaborado por la eurodiputada verde danesa Margrete Auken para la comisión de Peticiones de la Eurocámara y todavía puede sufrir muchos cambios durante su tramitación. Ahora deberá ser enmendado y votado por esta comisión y a continuación se votará en pleno, probablemente en marzo de 2009. Será el tercer informe crítico con el urbanismo en España que apruebe el Parlamento Europeo.

En el primer debate sobre el borrador que tuvo lugar esta tarde en la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, Auken afirmó que "las víctimas de los casos de urbanización extensiva han sufrido continuas violaciones de sus derechos fundamentales" y recordó que la UE tiene "responsabilidades" que asumir en este campo y "ser más contundente".

Además, la eurodiputada danesa recriminó a la Comisión Europea que diga que "no es competente" en esta cuestión, "cuando --afirmó Auken-- se trata de violaciones de los Derechos Humanos". Por ello instó a Bruselas a "empezar a actuar rápidamente".

Previamente, el representante de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, José Manuel Severt, insistió en que Bruselas "vela por aplicar correctamente la ley comunitaria en los ámbitos en los que es competente", pero que "no tiene potestad sobre las distintas leyes urbanísticas de los Estados miembros".

El informe preliminar recuerda que la Eurocámara, en tanto que autoridad presupuestaria, puede congelar los fondos comunitarios "si lo considera necesario para persuadir a un Estado miembro de que ponga fin a violaciones graves de las reglas y principios que está obligado a respetar en virtud del Tratado o de la legislación de la UE" y mantenerlos en la reserva hasta que los problemas se resuelvan.

Resalta además que también la Comisión Europea podría interrumpir el pago de fondos estructurales e incluso exigir la devolución del dinero que se haya concedido para financiar proyectos que no respeten plenamente las reglas comunitarias.

MORATORIA EN LOS NUEVOS PLANES

La ponente exige al Gobierno y a las comunidades autónomas que "revisen cuidadosamente toda la legislación que afecta a los derechos de los propietarios para poner fin a los abusos". Reclama además una moratoria en todos los nuevos planes de urbanización que "no respeten criterios estrictos de sostenibilidad medioambiental y responsabilidad social y que no garanticen el respeto del derecho a la propiedad de la propiedad legítimamente adquirida".

En este sentido, Auken justificó durante el debate de este lunes la necesidad de las moratorias que reclama para encontrar una solución porque el Parlamento Europeo no quiere "que sea siempre el Tribunal de Justicia el que tenga que pronunciarse y encontrar la solución".

La Eurocámara aboga también por "parar y cancelar todos los planes existentes en los que no se han respetado los criterios contenidos en la legislación de la UE, especialmente en lo que se refiere a la concesión de contratos de urbanización y el respeto de las disposiciones sobre agua y medio ambiente".

Asimismo, se pide a las autoridades nacionales y regionales competentes que pongan en marcha los mecanismos judiciales y administrativos necesarios --en los que se incluya a los defensores del pueblo regionales y nacionales-- para compensar a las víctimas de abusos urbanísticos propiciados por legislaciones como la derogada Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) en la Comunidad Valenciana y la vigente Ley Urbanística Valenciana (LUV).

"LAXITUD" EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES

La resolución indica que la falta de claridad, precisión y seguridad jurídica en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos.

Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica en la que, de nuevo, el ciudadano europeo es la víctima principal, pero en la que el Estado español también ha perdido considerablemente".

La ponente expresa en el texto su preocupación por el hecho de que las autoridades judiciales en España han demostrado ser inadecuadas y estar poco preparadas a la hora de tratar con el impacto de la urbanización masiva en la vida de las personas.

A este respecto, el director general de la Delegación de la Comunidad Valenciana en Bruselas, Juan Manuel Revuelta, recriminó a la ponente en el debate de este lunes que se hayan incluido en el texto "afirmaciones erróneas como, por ejemplo, que los tribunales españoles no funcionan". Así, afirmó que los representantes valencianos están "a disposición para cuantas reuniones sean necesarias" y para "trabajar juntos" a fin de "arreglar" esos datos erróneos.

"Estamos abiertos a hablar de datos, estadísticas y otras informaciones que se puedan mejorar", afirmó Revuelta para añadir que no toleran "que se diga que en España no se respeta el derecho a la propiedad".

Por su parte, el eurodiputado del PP Carlos Iturgáiz reiteró la petición de que el Gobierno español "explique su postura" ante la comisión de peticiones, como lo han hecho gobiernos autonómicos como el valenciano o el madrileño, "porque hasta ahora no ha dicho nada".

El eurodiputado de Los Verdes David Hammerstein también tomó la palabra para reclamar que se acabe con "el salvaje oeste urbanístico" en España, país en el que, aseguró, se han producido unos "pelotazos urbanísticos" que no se han dado "en ningún otro país de la UE".

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LA VIÑETA: HABLANDO DE VIVIENDA
Redacción PVD - 12 de diciembre de 2008
 
 
Para este mes hemos seleccionado un par de intervenciones de compañeros grabadas en video.

Una se produjo en un coloquio sostenido el 23 de octubre, tras la invitación que recibió la plataforma desde el partido Ciudadanos para participar en su serie de 'Debates ciudadanos' en los que han venido compartiendo sus análisis con varias organizaciones representativas de la sociedad civil.



La otra se produjo el 27 de septiembre en Marinaleda (Sevilla), cuando la plataforma fué invitada al foro 'Formas alternativas de emancipación. Marinaleda vs MarinaD’or' organizado por la Federación de Mujeres Jóvenes. Tenéis los videos al completo de este encuentro en Google Video.




 
 
EL DERECHO A LA VIVIENDA
Rebelion.org - 20 de noviembre de 2008
 
 
Hace poco más de un año y medio, el Relator Especial de la ONU para el derecho a una vivienda digna vino a España en visita oficial. Su objetivo era evaluar el grado de adecuación de la situación habitacional a las declaraciones y pactos internacionales de derechos humanos. Sus conclusiones fueron demoledoras: de los países de la Unión Europea, España era el que más construía, el que más viviendas vacías tenía y el que menos vivienda asequible ponía a disposición de la población. Naturalmente, este panorama no podía atribuirse al azar o a alguna misteriosa conjura divina. Los enormes costes sociales y ambientales del modelo urbanístico e inmobiliario español, su nervio especulativo, estaban estrechamente imbricados en políticas públicas concretas diseñadas a lo largo de los años ochenta y noventa. Estas políticas habían girado en torno a obsesiones claramente identificables: la consideración de la propiedad privada como régimen principal de acceso a la tenencia de vivienda; la progresiva liberalización del suelo y la privatización, en general, del régimen urbanístico e inmobiliario.

Si las obsesiones de este antimodelo, comparadas con el panorama europeo, podían considerarse singularmente españolas, sus consecuencias también lo eran. Así quedaba descrito en el Informe del Relator de la ONU y así lo aceptaron, aunque con la boca pequeña, diferentes organismos públicos. De hecho, la constatación de la gravedad de la situación condujo a varias comunidades autónomas, y al Estado central más tarde, a aprobar una serie de medidas que pretendían inscribirse en un horizonte urbanístico diferente. Las leyes de suelo vascas, las leyes catalanas de barrios y del derecho a la vivienda, o la nueva ley estatal del suelo, reflejaban un propósito de enmienda y la asunción del estrepitoso fracaso de la gestión neoliberal de la vivienda y del territorio.

Pasados algunos años, sin embargo, las expectativas generadas, salvo honrosas excepciones, han quedado insatisfechas. El desarrollo de las previsiones normativas más garantistas ha sido insuficiente, cuando no de una exasperante lentitud. Las exiguas y muchas veces discrecionales ayudas en materia de vivienda distan mucho de lo que debería ser un servicio público orientado a garantizar un auténtico derecho, como la salud o la educación. Mientras, la consideración de la vivienda como un bien de inversión, como motor de la economía y alimento de las arcas públicas, ha continuado siendo el eje de la política estatal y de la mayoría de las comunidades autónomas.

La reciente crisis financiera e inmobiliaria ha hecho más evidente, si se quiere, la escasa incidencia de estas políticas públicas en la realidad cotidiana. A las miles de personas que no podían acceder a una vivienda digna en el mercado de alquiler se suman ahora las miles de familias –muchas de ellas inmigrantes– que han perdido su casa o que corren el riesgo de perderla a causa de hipotecas que se han tornado impagables.

En la línea de sus homólogos europeos, el gobierno español ha respondido a la nueva situación anteponiendo los intereses de los señores del mercado a los de los ciudadanos de a pie y los colectivos más vulnerables. Casi una tercera parte del presupuesto público se destinará a empresas e instituciones financieras que en muchos casos, además de enriquecerse, han tenido una responsabilidad inocultable en la actual crisis. Ni las condiciones de las ayudas ni las obligaciones asumidas por los destinatarios han quedado claras.

La voluntad política exhibida para socorrer a quienes han urdido esta trama especulativa ha sido mucho más decidida que la desplegada para rescatar a las familias que corren el riesgo de quedar sin techo o que siguen sin poder pagárselo en el mercado. Medidas como la moratoria en el pago de las hipotecas o en el uso de las cuentas de ahorro vivienda benefician más a los propios bancos que a los colectivos con recursos más modestos. El colmo de los despropósitos es el reciente anteproyecto de ley estatal que pretende favorecer el acceso al alquiler… ¡facilitando el desahucio de los arrendatarios más vulnerables! Es precisamente en contextos críticos como el actual cuando los poderes públicos deberían demostrar su compromiso, no con los privilegios de unos pocos sino con los derechos de todos los habitantes, comenzando por el elemental derecho de todos a una vivienda adecuada y a una existencia digna. Nada de ello se conseguirá mediante “estímulos” a los grandes propietarios y constructores o insuflando aires a un sistema financiero que agoniza fruto de su propia desmesura. Por el contrario, hoy más que nunca, hace falta determinación para cambiar el rumbo de raíz: poniendo límites a los precios abusivos del mercado privado de alquiler, creando con lo ya construido un parque de vivienda pública asequible, suficiente y de calidad y sometiendo el sistema financiero a estrictos controles democráticos que permitan trascender, en definitiva, la gestión neoliberal y productivista del territorio. Esta determinación se podrá tener o no. Pero hay que saber que en ello se juega la credibilidad de las instituciones frente a una ciudadanía cuya paciencia no debería presumirse infinita.

Gerardo Pisarello es profesor de Derecho Internacional de la Universidad de Barcelona

Jaume Asens es vocal de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona.

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ALGO HUELE MAL EN EL MERCADO DE LA VIVIENDA PROTEGIDA
Cotizalia.com (Comunidad de Madrid) - 19 de noviembre de 2008
 
¿Nunca se han preguntado “cómo funcionará esto de las Viviendas Protegidas”? Hay cosas de las que, por tan obvias como parecen, no nos cuestionamos su funcionamiento.

Comenzaremos por explicar, muy brevemente, cómo está regulada la fijación de los precios de este activo inmobiliario. El precio por metro cuadrado útil es el valor del módulo. Se calcula multiplicando el precio básico a nivel nacional para cada metro cuadrado de superficie útil (que se aprueba anualmente en Consejo de Ministros) por un coeficiente de zona, que determina cada Comunidad Autónoma (CCAA) en función del área geográfica y el tipo de actuación prevista. Las CCAA son libres de asumir o no las subidas del precio de referencia que fija el Gobierno Central para modificar el valor del módulo en su territorio. Por poner un ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid llevaba cuatro años sin revisarlo al alza. Sin embargo, en enero de 2008, ha aplicado subidas al valor del módulo que ha supuesto incrementos en el precio final de estas viviendas en la región que oscilan desde el 15% hasta el 31%, dependiendo de la zona de aplicación. En otras CCAA sí fueron adaptando esas subidas del precio básico nacional, año tras año, por lo que no han tenido esta variación tan espectacular en este último año si bien, en el periodo comprendido, tienen un resultado final similar.

Ahora, ¿es rentable la Vivienda Protegida? He puesto el ejemplo de Madrid para echar unas cuentas básicas: en el año 2007, en Madrid, el precio más alto de venta del metro cuadrado útil era de 1.474,07 euros (Zona A) y el más bajo (Zona D) era de 1.052 euros. En ese año, desarrollar promociones de este tipo no era gran negocio precisamente. A saber:

precio del suelo: 25% del valor del módulo (370 euros para Zona A y 265 euros para Zona D); coste construcción: vamos a poner 600 euros por metro cuadrado construido (ojo, porque lo que vendemos son metros cuadrados útiles. Si aceptamos el 70% como coeficiente de paso de metros construidos a útiles, ese coste de construcción se nos va hasta los 850 euros por metro cuadrado útil). Este coste de construcción no es exagerado teniendo en cuenta la entrada en vigor del nuevo, y exigente, Código Técnico de Edificación. otros costes (jurídicos, técnicos, licencias, tasas, financieros…) se pueden estimar en un 10% del precio de venta, aproximadamente; esto es: 147 euros para Zona A y 105 euros para Zona D. Total entre 1367 y 1220 euros metro cuadrado útil de coste dependiendo de las zonas. Con estos números, ¿quién se atrevería a desarrollar promociones de viviendas protegidas en Madrid cuando desarrollando promociones de vivienda libre se cantaba victoria por adelantado? En algún caso hay margen de beneficio de un 6% aproximadamente. En la mayor parte de los casos hay pérdida segura. ¿Por qué alguien va a meterse en este negocio deficitario? Pues, háganme caso, había tortas por trincar suelo calificado. No sé, no sé, aquí huele a muerto y yo no he sido. ¿Por qué hemos convivido tanto tiempo con estas miserias mirando hacia otro lado? ¿Qué controles había ante esto? Si los números oficiales no lo justificaban, entonces... no había que ser un lince para averiguarlo..

Para muestra un botón. Hace poco estuve en el garaje de una promoción protegida ya habitada. ¡Vaya coches! Desde luego que no eran los coches propios de quien, a mi entender, necesita una vivienda protegida. Aunque muy básico y poco académico, es un ejemplo, como otros tantos, que demuestra que se ha tenido acceso a estas viviendas protegidas de forma descontrolada, habiendo resultado adjudicatarios de estos bienes, financiados entre todos los españoles, muchísimas personas que no eran merecedoras de ello. ¿Qué tuvieron que pagar a cambio?

Y otro más. ¿Nunca han escuchado frases similares a “vendí una vivienda protegida y conseguí unas plusvalías importantes”? Me consta que ahora se está controlando más estas prácticas fraudulentas con la aparición, entre otras medidas parejas, de listas de espera “anónimas” para evitar contacto entre vendedor y comprador y evitar, de esta forma, la tentación de pactar precios ilegales. ¡Ole por la Administración! Esto sí que resulta novedoso, crear puestos de trabajo para controlar y no para recaudar. Señor Gallardón, tome nota. Es tan importante ingresar como no despilfarrar.

¿No creen que la vivienda protegida debería ser un bien al alcance de quien no pueda acceder, en un momento dado, en el mercado libre a una residencia digna, ya sea en propiedad o en alquiler, para que la disfrute hasta el momento en que se pueda incorporar a ese mercado de vivienda libre? Funcionaría igual que otro tipo de subsidios (desempleo, bajas laborales…), desapareciendo las ayudas en el momento de solucionarse las razones que las motivaron. Lógicamente, ni tanto ni tan calvo. Es un tema de muy difícil gestión y solución, con infinidad de matices a tener en cuenta. Hay algún organismo oficial de la vivienda que ha puesto en marcha medidas de este tipo. Será que no es ninguna locura el proponer una normalización en este sentido.

El futuro de la vivienda protegida en España queda en entredicho. Lo que parecía un producto refugio ante los difíciles tiempos que se avecinaban, ha pasado a convertirse en un quebradero de cabeza más para los promotores. Eso sí, mientras siga siendo objeto de encuentros y desencuentros políticos, y ya sabemos la ligereza con la que se realizan promesas electorales, quedamos abocados a convivir con este problema por los tiempos de los tiempos. Hasta que no se desarrolle en España un mercado de vivienda en alquiler serio y ordenado y se establezcan serios y rigurosos sistemas de adjudicación de viviendas protegidas y se instrumente un seguimiento posterior de esas adjudicaciones, entre otras medidas necesarias, seguiremos conviviendo con las miserias de nuestro maltrecho mercado inmobiliario.

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Critican a ZP por ‘disfrazar más ayudas a las inmobiliarias'
Glocalia.com - 05 de noviembre de 2008
 
 
Ecologistas en Acción considera que las disposiciones que presentó ayer el Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, para luchar contra la crisis, “nuevamente no van dirigidas a avanzar hacia la sostenibilidad ni a construir una sociedad más justa”. El nuevo paquete de medidas “aun pudiendo significar un respiro para parte de la población española”, están más enfocadas “a insuflar fuerzas al sector inmobiliario y bancario”, afirma la organización.

Refiriéndose a la posibilidad de aplazar el pago de la mitad de la cuota de la hipoteca a las personas paradas hasta diciembre de 2010, Ecologistas en Acción interpreta que las personas paradas “no verán reducida la cantidad a abonar, más bien al contrario, al sumarse los intereses de los dos años que posterguen el pago de la vivienda”.

“El sector que se verá claramente beneficiado será el bancario, ya que evitará que las entidades financieras se hagan con viviendas por impago que ahora no quieren, al estar cayendo el mercado. Además no verán retrasado el ingreso del pago por las hipotecas, ya que de esto se encargará el estado a través del ICO. Esto les permitirá no incrementar su índice de morosidad de forma gratuita”, agregan los ambientalistas.

“Una buena prueba de que la banca es la principal interesada de esta medida, es que la Asociación Española de Bancos la ha celebrado. Además esta medida se da en un contexto en el que la banca, a pesar de la crisis, anuncia beneficios mayores que el año anterior”, subraya.

En cuanto al retraso de la ejecución de las cuentas de ahorro vivienda, para Ecologistas en Acción “parece claramente destinada para que el principal beneficiario sea el sector inmobiliario que ahora no consigue vender. Quienes tienen una cuenta vivienda que han decidido no ejecutar, lo único que hubieran perdido en ausencia de esta medida son las deducciones adicionales de las que han disfrutando estos años”, apunta.

Del mismo modo, el adelanto de la deducción por la compra de vivienda y la mayor flexibilidad para beneficiarse por la deducción de reinversión en la compra de una nueva vivienda y venta de la antigua “están destinados a insuflar fuerza al sector inmobiliario –indica Ecologistas en Acción-, ya que incentivan la venta de inmuebles y ayudan a no introducir nuevas viviendas en este mercado saturado, facilitando la salida de las de nueva construcción”.

Por último, la organización ecologista considera que “es un buen indicador las cantidades que el Gobierno moviliza para distintos fines”. Mientras que podrá llegar a invertir hasta 150.000 millones de euros para ayudar a la banca, “lo que destina a ayudas contra el desempleo es 170 millones de euros”.

Ecologistas en Acción considera que el Gobierno de Zapatero sigue apostando por una economía “basada en la especulación financiera y la burbuja inmobiliaria, es decir, en la destrucción ambiental y el aumento de las desigualdades sociales”.

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Más de millón y medio de familias viven en infraviviendas
La Voz de Galicia - 20 de noviembre de 2008
 
En España hay 30.000 personas sin hogar y más de 1.500.000 familias subsisten en infraviviendas, según un estudio presentado ayer por Cáritas y dos asociaciones que trabajan con marginados, Faciam y Feantsa, con motivo de la celebración el domingo del Día de los Sin Techo. Según esta investigación, el 82,7% de las personas sin hogar son varones, de una edad media de 38 años y con ingresos mensuales de 302 euros Casi el 30% tienen entre 18 y 29 años; el 51,8% son españoles, y el resto, extranjeros. Además, el 13% han recibido educación superior y el 63,9% han terminado secundaria. Un tercio son abstemios y nunca han consumido drogas; la mitad buscan trabajo.

Las causas de este fenómeno complejo y cambiante son varias. Entre ellas destacan los casos de desahucios, realojos, los de jóvenes que abandonan centros de acogida o el hogar familiar sin recursos adecuados, personas que salen de prisión o de hospitales psíquicos, así como rupturas de proyectos familiares y abandonos de empleos. Estas personas suelen sufrir a lo largo de su vida más de 14 sucesos vitales estresantes, entre ellos malos tratos en la infancia, muerte de la madre, separación o divorcio, adicción a las drogas, pérdida de vivienda, expulsión del hogar antes de los 18 años y maltrato a mujeres, mientras que el resto de los ciudadanos sufren tres o cuatro situaciones de este tipo.

Aunque el derecho a una vivienda digna esté reconocido en numerosas normativas nacionales e internacionales, la situación en España hace difícil que se convierta en realidad, pues se favorece la propiedad privada de la vivienda. Así, mientras en el conjunto de la UE la tasa de alquiler es del 38%, aquí es del 11,25%. Además, solo el 14,5% de las casas tienen algún tipo de protección oficial. Si a esto se suma que España tiene una tasa de pobreza del 18,5% de la población, que el precio de la vivienda se ha incrementado un 107% en siete años y que en ese período los sueldos han subido un 34%, la pregunta que se hacen los expertos es «¿quién puede acceder hoy en este país a una vivienda digna y adecuada?» La solución tampoco está en los albergues, pues solo hay 13.033 plazas diarias de alojamiento, con una ocupación media del 83,1 por ciento.

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1/3 de jóvenes independizados volvería a casa de sus padres
CincoDías.com - 10 de noviembre de 2008
 
 
por la crisis. La crisis no deja indiferente a los jóvenes, sobre todo a los que quieren independizarse o ya lo han hecho. Y es que la tercera parte de los jóvenes de entre 25 y 35 años que vive en un piso de alquiler reconoce que volvería a vivir con sus padres con el fin de contar con una economía más desahogada, según una encuesta sobre la situación de la vivienda realizada por 'encuestafácil.com' y difundida hoy.

El 52% de las personas que vive de alquiler son jóvenes de entre dichas edades, y la mitad de ellos (el 51%) comparte piso, según el estudio.

Los expertos de la firma concluyen que el alquiler se presenta como la mejor alternativa para los españoles, sobre todo para los jóvenes, ante la crisis, según lo indica el 52% de los encuestados. No obstante, los jóvenes de entre 18 y 25 años tienen "más complicado todavía" independizarse dado que, según los datos de la encuesta, el 61% de ellos vive aún en el hogar familiar. Del total de españoles que reside en una vivienda propia, sólo el 5% es menor de 25 años.

Ni oir hablar de comprar una casa

La encuesta revela también que, de entre el total de españoles que viven en alquiler, el 82% de los encuestados no se plantea la compra de una vivienda pese al descenso de los precios registrados, y sólo el 18% de los mismos opina que la compra sería una buena inversión.

De entre los que rechazan comprar un piso, el 32% argumenta que no podrían hacer frente a una hipoteca, en tanto otro 20% indica que, pese a que los precios han bajado, temen lo que vaya a ocurrir después de la explosión de la burbuja inmobiliaria.

Respecto a los que ya tienen una vivienda en propiedad, el 51% de los encuestados asegura que actualmente paga una hipoteca de más de 700 euros al mes, importe que supera los 1.200 euros para otro 16%.

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Las chabolas de Madrid y las viviendas de Gavá
diariosigloxxi.com - 07 de diciembre de 2008
 
 
En medio de las celebraciones del trigésimo aniversario de la Constitución, y también en mitad del "escándalo" originado por las impertinentes manifestaciones de Pedro Castro, que están sirviendo para el alboroto -justificado- en el PP si no fuera moneda corriente el insulto y la descalificación del adversario político..., en medio de esas minucias se han producido en las últimas horas y días dos sucesos que nos fuerzan a pensar en "la otra España", la de los más necesitados, y a menudo olvidados. No basta que la Constitución vigente desde hace treinta años nos recuerde la exigencia del Estado y de la sociedad de proporcionar una vivienda digna a cada ciudadano o familia. Es un derecho proclamado, pero cínico e incumplible, como estos días estamos teniendo oportunidad de comprobar en esos dos casos sangrantes: la destrucción por una explosión de gas de un vivienda de Gavá, en Barcelona, y la muerte de varios niños en un poblado de chabolas de Madrid. Desde luego, los poderes públicos no han estado a la altura de lo que de ellos es exigible: esa vivienda digna que menciona el Texto Constitucional en vigor desde hace tres décadas, y que ha servido para que unos cuantos promotores espabilados hicieran formidables negocios antes de poner en la calle a centenares de trabajadores.

En Gavá, están muriendo los heridos de la catástrofe. En la mañana de este sábado eran ya cuatro, pero es probable que el recuento siga hasta diez o doce. Es sumamente difícil, casi milagroso, que una persona sobreviva con más del ochenta o noventa por ciento de su piel quemada. Niños y adultos, por igual, despertaron directamente en el hospital o en el más allá. Pero nadie se ha apresurado a dar explicaciones, y mucho menos excusas por lo acontecido. A lo sumo, algunos damnificados han tenido "la fortuna" de estrenar casa nueva, o tal vez un hotel por unos cuantos meses...

En el caso de las chabolas madrileñas, es casi un rito navideño o de cualquier invierno: unos niños mueren calcinados cuando se enciente un fuego que proporcione "calor de hogar" a un cobertizo impresentable y vergonzoso. Vergonzoso para quienes emplean mal los impuestos de todos, y prefieren llevar de excursión al extranjero, a hoteles de lujo, a decenas de empresarios con sus correspondientes esposas o amantes. Pero han vuelto a morir niños que vigilaba una abuela a la que, por primera y única vez, han atendido las cámaras de una televisión.

Esta España también existe, y de vez en cuando conviene recordar su existencia, aunque sea con esta clase de vergüenzas humillantes, que nos hacen olvidar "cuestiones trascendentales" de las que a menudo llenan páginas de diarios y crónicas políticas...

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Alquileres sin paquete
Rebelion.org - 26 de noviembre de 2008
 
 
El paquete de ayudas a los parados con problemas de pagos por vivienda, que hoy se aprueba en el Consejo de Ministros, muestra un olvido significativo: los parados que viven en pisos de alquiler. Lo que es grave, cuando el colectivo de inquilinos en paro alberga muchas veces situaciones más precarias que el de los que se han comprometido a acceder a la propiedad de sus viviendas y dista mucho de ser despreciable en las grandes ciudades.

Dos razones pueden explicar este olvido. Una, que el apoyo a las personas sea sólo una coartada para apoyar de nuevo a las entidades financieras, rebajando la morosidad que se les viene encima, cuando estas entidades ya se habían visto bien inyectadas, avaladas y arropadas por el Estado. Lo que no pasa con las pobres personas que viven en alquiler, por muy necesitadas que estén. La otra razón sería el mero continuismo de una política que ve en la vivienda en propiedad el único modelo digno de ser apoyado, aunque cuente ya con muy notables apoyos. Pues las desgravaciones fiscales por compra de vivienda superaron en 2007 los seis mil millones de euros, afectando a seis millones y medio de declarantes (casi el 40%).

La creación franquista de un Ministerio de Vivienda orientado a promover la vivienda en propiedad como vacuna contra la inestabilidad social dio buenos frutos. Con la retórica falangista del momento, el entonces ministro de Vivienda e ideólogo de Franco José Luis Arrese, decía que para hacer “gente de orden” y asegurar el conformismo de la población, había que facilitar su acceso a la propiedad de la vivienda, atándola, además, con responsabilidades de pago importantes. Se des plazó, así, el régimen de tenencia de las viviendas desde el alquiler hacia la propiedad. Pues el alquiler era entonces aplastantemente mayoritario en las ciudades. Según datos del Censo 1950, en Barcelona, sólo el 5 % de las viviendas estaba ocupado por sus propietarios, en Madrid el 6%, en Sevilla el 10 %, en Bilbao el 12 %, etc.

El empeño de promover la vivienda en propiedad vino a culminar medio siglo después de haberse iniciado y un cuarto de siglo después de muerto Franco. Si algo quedó bien atado después de su muerte, fueron la política de vivienda y la práctica del “pelotazo” inmobiliario. Un continuismo digno de mejor causa permitió no sólo cambiar la cultura de alquiler a favor de la propiedad, sino convertir a España en líder europeo en este campo y hacer del negocio inmobiliario la verdadera industria nacional. Solamente se abandonó la promoción pública de “alquileres baratos” vinculada al paternalismo franquista, hasta el extremo de hacer de España el último país europeo en porcentaje de vivienda social.

Pero si la situación se forzó en un sentido, también podría reorientarse en sentido contrario. Cuando la avidez de “invertir en ladrillos” se apuró hasta el final, generando un stock de viviendas sobredimensionado que nuestra población no alcanza ya a comprar, ni a habitar, es el momento de invertir el modelo y no de persistir en él. La regulación y el fomento del alquiler y la vivienda social son el medio razonable de paliar la delicada situación actual. Son la única salida razonable para rebajar la presión financiera a la que se ven sometidos los propietarios de ese enorme stock actual de viviendas invendidas, desocupadas o infrautilizadas. A la vez esta opción resolvería la contradicción que supone el hecho de que siga habiendo graves necesidades de vivienda en España, cuando es el país que cuenta con más viviendas per cápita de toda la UE.

José Manuel Naredo se doctoró en economía en la Universidad Complutense de Madrid y se formó también en Estadística e Historia de la estadística, campo en el que desarrolló una labor considerable. Antes de jubilarse, fue director del programa Economía y naturaleza de la Fundación Argentaria. También dirigió el servicio de Análisis de Coyuntura del Instituto Nacional de Estadística y la sección de Estudios y publicaciones del Crédito Agrícola. Luego de su retiro, fue nombrado profesor honorario en el Departamento de Urbanismo de la Universidad Politécnica de Madrid y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense. En el año 2000 se le concedió el Premio Nacional de Economía y Medio Ambiente y, en enero del 2008, el Premio internacional Geocrítica por el conjunto de sus trabajos. Exiliado en Francia entre los años 1960-1970, había trabajado en la OCDE, al tiempo que colaboraba bajo diversos seudónimos con la revista Cuadernos de Ruedo Ibérico, que reunía diversas corrientes de la izquierda antifranquista no ligadas al Partido Comunista y, en particular, una corriente anarquista con tradición en España. En esta revista inició su colaboración con el economista catalán Joan Martínez Alier, profesor de economía en la Universidad Autónoma de Barcelona y uno de los fundadores de la Economía ecológica.

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La Constitución olvidada
El País - 06 de diciembre de 2008
 
 
Derechos fundamentales reconocidos por la norma, como la vivienda o el empleo, son hoy papel mojado. Expertos y políticos analizan las cuentas pendientes del texto

Todos los ciudadanos tienen derecho al trabajo y a una vivienda digna. El Estado podrá intervenir empresas cuando lo exija el interés general, al que se supedita también la libertad de empresa. Los poderes públicos regularán la utilización del suelo "para impedir la especulación", y la comunidad "participará en las plusvalías" que genere la acción urbanística.

¿Se trata del programa de máximos del "socialismo del siglo XXI" que abanderan en América Latina Hugo Chávez y Rafael Correa? No necesariamente: todo está en la Constitución española de 1978, aprobada en referéndum hace 30 años bajo la mirada fiera de un Ejército aún muy franquista.

La norma constitucional que hoy sacralizan los partidos mayoritarios -sobre todo el Partido Popular- contiene una extensa parte que con el paso de los años ha caído casi en el olvido. Tanto, que parece ya oculta. Es otra Constitución, de la que casi nunca se habla pero que impregna todo el articulado y que, al calor de la Revolución de los Claveles de Portugal y en el momento cumbre del eurocomunismo, garantizó que España tuviera, al fin, una Constitución aceptada tanto por la derecha como por la izquierda.

"La Constitución se redactó antes de la gran ofensiva neoliberal y se nota", subraya José Luis Gordillo, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona (UB). Gordillo pertenece al colectivo Mientras Tanto, uno de los referentes de la izquierda marxista más crítica con todo el proceso de reforma pactada que culminó en la democracia. Pero es rotundo: "Si el texto se hubiera aprobado diez años después, hubieran desaparecido un montón de artículos sociales". "El objetivo ahora es desarrollarlos", concluye.

José Antonio González Casanova, catedrático de Derecho Constitucional de la UB, fue uno de los asesores principales del ponente socialista en la Constitución, Gregorio Peces-Barba, y tuvo un papel muy destacado en la redacción del artículo 9.2, uno de los pasajes clave que explican la elasticidad del texto y que facilitó el consenso: "Logramos un redactado que en teoría permite el paso del capitalismo al socialismo democrático sin tocar el texto", recalca González Casanova, quien recuerda que el modelo se inspiró en el pacto logrado en Italia entre Pío XII y el comunista Palmiro Togliatti, al final de la Segunda Guerra Mundial.

"Todos estos elementos tan avanzados están en esta Constitución; otra cosa es que nadie se acuerde porque para ello sería necesario tener un auténtico Partido Socialista", opina González Casanova, quien añade: "Ello permitió que España tuviera por primera vez en la Historia una Constitución que no asumiera sólo los postulados de una parte. De ahí su éxito".

Ninguna otra Constitución aceptada por la izquierda había sobrevivido más de un lustro en los trágicos siglos XIX y XX españoles. La republicana-federal de 1873 no llegó ni siquiera a promulgarse. Y la de 1931 fue masacrada por el último de los cíclicos pronunciamientos, que bajo la dirección del general Franco derivó en guerra civil y culminó en la dictadura. A diferencia de todos los textos constitucionales anteriores, la norma de 1978 fue fruto del consenso y tiene también la impronta de la izquierda.

Pero algunas de sus huellas más emblemáticas hay que buscarlas en ese extenso paquete hoy olvidado. La Constitución consagra con rotundidad que todo español tiene derecho al trabajo (artículo 35) y a una vivienda "digna y adecuada" (artículo 47). Así consta con todas las letras en el documento que este sábado se volvió a conmemorar en el Congreso. Pero en la práctica se trata de derechos sólo teóricos que se desvanecen cuando entran en contacto con la realidad de las decenas de miles de personas que la crisis ha dejado sin trabajo -el paro roza la cifra de tres millones- o que luchan para encontrar un techo con los precios por las nubes y el salario jibarizado.

Lo sabe bien José Mateos Mariscal, zamorano de 39 años, con dos hijos y en paro. Trabajaba en la construcción hasta que pinchó la burbuja. "Sé que la Constitución me garantiza un trabajo y una casa, pero no tengo absolutamente nada", explica. "Nos venden humo. Los políticos celebran muy contentos el aniversario de un texto que dice cosas muy interesantes que no se cumplen. Soy español, pero no parece que tenga los derechos que según la Constitución tienen los españoles", se queja.

Buena parte de estos derechos sociales más avanzados se citan en la norma como "principios rectores". Por tanto, su cumplimiento no es exigible ante los tribunales, a diferencia de todos los derechos de libertades formales -libertad de expresión, de movimiento, de asociación, etcétera- que el texto comparte con todas las constituciones occidentales de inspiración liberal.

"Muestra de sabiduría"

Esta doble naturaleza de los derechos -exigibles de inmediato, unos; orientadores de políticas futuras, otros- es precisamente una de las causas de éxito de la norma, a juicio de muchos constitucionalistas. "Se hizo un trabajo muy realista, sin caer en tentaciones imposibles de cumplir que hubieran engañado a la gente. Esta distinción fue una muestra de sabiduría", destaca Pablo Santaolaya, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Alcalá.

¿La inclusión de todo este paquete de derechos sociales es meramente, pues, un brindis al sol sin ningún efecto práctico? Tampoco, salta Santaolaya. A su juicio, tienen mucha importancia: "Establece un carácter gradual de derechos en función de los recursos económicos de que se dispongan. El sistema de Salud universal y ahora la Ley de Dependencia son consecuencia de estos principios", subraya.

Le secunda Juan Fernando López Aguilar, ex ministro de Justicia y candidato del PSOE en las europeas, además de constitucionalista: "Se da un mandato claro al legislador para que desarrolle estos principios. Y en todo este tiempo hemos aprendido que los valores superiores de libertad e igualdad nunca están enteramente realizados y hay que trabajar durísimo para seguir avanzando".

El argumento no convence en cambio a Julio Anguita, el político que en 1996 sacó a Izquierda Unida (IU) y al Partido Comunista de España (PCE) del consenso de la transición, donde este último partido desempeñó un papel crucial. Muchos de los artículos hoy olvidados fueron introducidos en la Constitución por el ponente comunista, Jordi Solé Tura.

"Nosotros tragamos mucho [en la transición] a cambio de introducir elementos como la planificación de la economía o la preponderancia del interés general", explica Anguita. "Aceptamos la bandera, la Monarquía, muchas cosas. Y nosotros cumplimos el pacto, pero ellos, no", recalca.

Precisamente por el olvido de estos postulados, Anguita rompió la baraja durante su etapa al frente de IU. "Dije que el pacto había acabado y me pusieron verde, pero esta Constitución ya no da más de sí; lo que necesitamos es un proceso que lleve a la República".

Y sin embargo, todos estos principios sociales introducidos por el PCE siguen en el texto, como hibernados, esperando quizá que alguien los ponga en marcha. "Los derechos económicos y sociales de la Constitución son muy avanzados, pero su aplicación depende de las mayorías políticas y tanto el PSOE como el PP han mostrado poco interés", opina Miquel Caminal , profesor de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona.

Un modelo reversible

"Hay muchísimas posibilidades por explorar y la aplicación conservadora de la Constitución es reversible", asegura Joan Herrera, secretario general de Iniciativa-Verds y diputado en el Congreso. "Todo depende de la correlación de fuerzas y en este contexto de crisis económica es más urgente que nunca alterar esta correlación", apunta el dirigente ecosocialista.

En opinión de Joan Ridao, secretario general de Esquerra Republicana (ERC), la reforma de la Constitución sería una vía para comprometer a los poderes públicos. El modelo, opina, lo ha abierto la reforma del Estatuto de Cataluña. Pero Ridao es ahora "muy escéptico" ante la posibilidad de reforma. "No nos obsesiona el marco legal; cualquier proyecto político es posible si se logra el apoyo de una mayoría social amplia".

Santaolaya es mucho más cauto que Herrera y Ridao y recalca que España ha perdido soberanía con la entrada en la Unión Europea. "Muchos de los elementos previstos para una eventual victoria de la izquierda revolucionaria [eurocomunista] no serían ahora aplicables en el marco de la Unión", subraya. "¿Qué falta por desarrollar que sea realmente desarrollable?", se pregunta. Su respuesta: "Muy pocas cosas. El gran problema actual es lo difícil que es reformar la Constitución. ¡El proceso es tan difícil que no hay manera de avanzar!", exclama.

Sin reforma a la vista, incluso los derechos más progresistas proclamados en 1978 corren el riesgo de petrificarse. Más que al "socialismo del siglo XXI", su eco puede llevar a la primera mitad del siglo pasado, cuando grandilocuentes constituciones soviéticas prometían todo... sin ninguna intención de cumplir nada.

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La superficie construida en la costa sube un 22% en 6 años
El País - 24 de noviembre de 2008
 
 
El hormigón se come al día unos 140.000 metros cuadrados de la primera línea - El ritmo de destrucción del litoral se ha duplicado con la burbuja inmobiliaria

Para ver bien la huella del urbanismo salvaje en el litoral conviene tomar distancia. Lo mejor es elevarse miles de metros, donde los satélites miden con frialdad y precisión la superficie urbanizada. Así lo hace periódicamente el Instituto Geográfico Nacional, del Ministerio de Fomento, que está terminando de analizar el censo del suelo de 2005 y cuya comparación con el último dato, de 2000, es escalofriante. Según un avance de las cifras, el suelo urbanizado en los dos primeros kilómetros de costa ha aumentado un 21,85% en sólo seis años. El ritmo se ha duplicado respecto al anterior periodo estudiado (1987-2000).

Carolina de Carvalho, investigadora del Observatorio de la Sostenibilidad de España, un organismo del Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad de Alcalá (Madrid), anunció el lunes en unas jornadas sobre gestión del litoral en A Coruña que está ultimando un informe a partir de los datos de Fomento y que ya están los primeros datos. Aunque este estudio por satélite no es tan preciso como otros más recientes, tiene de bueno que ya se hizo un estudio similar en 1990 (con imágenes de 1987) y otro en 2000. El estudio, llamado Corine Land Cover, se hace en toda Europa y es la principal fuente para medir la tendencia y la evolución del urbanismo. Los datos, pendientes de las últimas revisiones, pueden variar en décimas, pero no en lo sustancial.

En sólo seis años, la superficie cementada aumentó un 23% en el Mediterráneo y un 19% en el Atlántico (incluye el Cantábrico y Huelva y Cádiz). Esto significa que en seis años se construyó la cuarta parte de lo edificado los 2.000 años anteriores. Los datos de Canarias no están disponibles.

El ritmo de destrucción del litoral se duplicó con respecto al periodo anterior (1987-2000). Entonces, el hormigón se comía al día 73.000 metros cuadrados, y entre 2000 y 2005, casi el doble: 140.044 metros cuadrados diarios (14 hectáreas). Aunque en el Atlántico se construye la mitad que en el Mediterráneo, también allí se ha duplicado la velocidad.

Los expertos destacan que en los años 90 la construcción estuvo parada entre 1992 y 1997 y que en el periodo ahora analizado el boom fue constante. Eso explica lo espectacular de los datos. Y es que la burbuja inmobiliaria no sólo ha dejado una generación de españoles hipotecados por pisos que no valen lo que pagan sino que se ha cebado con un recurso no renovable y uno de los principales activos de España: la costa.

Actualmente, el 27,5% del Mediterráneo está ya cementado, cuando cinco años antes sólo el 22% estaba construido y en 1987 sólo el 16%.

Al ritmo de los últimos años, en 2071 no quedaría un metro libre en los dos primeros kilómetros de la costa mediterránea. Además, hay que tener en cuenta que la ocupación sería aún mayor si el estudio tratase los primeros 500 metros de litoral. Las costas de Valencia y Huelva, con un aumento del suelo urbanizado de alrededor del 50%, son lasque más han visto crecer el ladrillo, según el avance de los datos.

Aunque el Observatorio de la Sostenibilidad no hace públicos los datos, ya ha circulado entre investigadores. En toda la provincia de Murcia, la superficie urbanizada aumentó un 58%; en Alicante, un 32%; en Castellón, un 134%, según las cifras preliminares del Corine Lan Dover 2005.

Carvalho explicó en el seminario organizado por la Fundación Pedro Barrie de la Maza que España ha creado "un muro de cemento en la costa que está vacío la mayor parte del año", en alusión a las segundas residencias.

En la misma jornada, el subdirector general para la Sostenibilidad de la Costa del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Peña, definió con sinceridad: "La costa está hecha unos zorros y cada uno va a lo suyo. Los constructores quieren edificarlo todo, los de Greenpeace, que no se toque nada y los pescadores, pescarlo todo. El resultado es lamentable".

Juan López de Uralde, director de Greenpeace, afirmó que la situación del litoral demuestra que la Ley de Costas, aprobada en 1988, "no ha funcionado". "Nos explicaron que el litoral se había destruido en los años 70, cuando se cargaron La Manga del Mar Menor o Benidorm. Pero era falso. El ritmo de construcción actual es mucho mayor que entonces". López de Uralde alertó de que el riesgo ahora es que quedan millones de metros cuadrados recalificados y listos para que los construya quien tenga dinero, si puede -y se atreve-. Si no lo hace ahora, lo hará en unos años. Y puso como ejemplo que el hotel del Algarrobico comenzó a construirse en 2003 pero que fue aprobado en 1988, antes del estallido inmobiliario de principios de los 90: "Dentro de 10 años saldrá un plan salvaje y la gente dirá que eso se aprobó antes del crack de Lehman Brothers".

Para preservar lo que queda de costa, Peña reveló que entre las medidas que impulsa el Gobierno está la adquisición de todo el suelo agrícola de los primeros 500 metros del litoral mediterráneo peninsular. El ministerio está dispuesto a comprar todo ese suelo pero lo hace ofreciendo precios muy bajos, sin "tener en cuenta las expectativas de revalorización, a un precio de uno o dos euros por metro cuadrado", según Peña.

Medio Ambiente considera que en el litoral mediterráneo peninsular puden quedar unas 1.500 hectáreas aún no declaradas urbanizables y que comprarlas todas costaría entre 150 y 300 millones de euros, aunque el Gobierno es consciente de que la mayoría de los propietarios no aceptarán su oferta. "El plan de compra es aceptable porque no esperamos una avalancha. No podemos pagar las expectativas si alguien pretende enriquecerse, pero sí pagar a un euro el metro cuadrado y hacer una expropiación por mutuo acuerdo".

Aunque no hay una partida presupuestaria específica para esta compra, Peña zanja: "No se dejará de adquirir ninguna parcela por falta de dinero. Tenemos un presupuesto de 200 millones que podemos enfocar a las compras. En el peor de los casos habría que retrasar alguna operación". Medio Ambiente ya ha adquirido así unos terrenos en el Delta del Ebro. Estos terrenos pasan a formar parte del dominio público marítimo terrestre, lo que implica que nunca podrán urbanizarse. Así se salvaría algo de costa virgen. Porque la virginidad sólo se pierde una vez.

Freno a los puertos deportivos

El Ministerio de Medio Ambiente preparó en la pasada legislatura una estrategia de sostenibilidad para el litoral, en realidad un plan muy ambicioso que incluía derribos masivos y expropiaciones para preservar el litoral. El plan está encallado en la discusión con las comunidades autónomas.

Entre las propuestas que menos ha gustado a éstas es la intención del Gobierno de no aprobar nuevos puertos deportivos a no ser que la comunidad afectada realice un plan integral sobre puertos. Los actuales refugios están saturados y la demanda crece, pero cada puerto altera la dinámica de la costa y siempre limpia de arena una de las playas contiguas, con las protestas que eso genera. Según Greenpeace, sólo en 2008 se han planteado 137 ampliaciones o nuevos puertos deportivos e industriales.

El subdirector de Sostenibilidad de la Costa del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Peña, define el plan como 'una propuesta de máximos' y admite: 'Hemos levantado muchas ampollas y no sé dónde llegaremos'.

Siete siglos de ocupación

Al subdirector general para la Sostenibilidad de la Costa del Ministerio de Medio Ambiente, Carlos Peña, le gusta citar a Alfonso X el Sabio. Especialmente las Siete Partidas, el texto del siglo XIII en el que el Rey avanzó la definición de dominio público marítimo-terrestre: 'Las cosas que comunalmente pertenecen a todas las criaturas que viven de este mundo son éstas: el aire, el agua de la lluvia, el mar y su ribera';. Y más adelante, añade: 'No se puede edificar en la ribera de modo que se embargue el uso comunal de la gente';. Así suele comenzar Peña sus exposiciones y así lo hizo el lunes pasado en las jornadas sobre gestión del litoral.

Desde Alfonso X hasta la Ley de Costas, de 1988, el litoral ha sido público. Pero 20 años después de la ley, y con los estatutos de autonomía 'como el catalán', que dan más competencia en el litoral a las comunidades, y las protestas masivas sobre los derribos, muchas voces piden la reforma de la ley. El ministerio afirma que no está trabajando en ese cambio. Juan López de Uralde, de Greenpeace, opinó: 'Preferiría que no se abriera la caja de Pandora, porque con la política ambiental del Gobierno no sé qué saldría'.

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No es una pesadilla, es el urbanismo salvaje
El País - 17 de noviembre de 2008
 
 
Jueces, fiscales y empresarios ya son conscientes de que la construcción descontrolada matará la gallina de los huevos de oro - Los expertos alertan sobre la "corrupción insostenible" del sector

¿Quiere usted descubrir por sí mismo el sentido de la expresión "impacto visual"? Véngase a la playa almeriense del Algarrobico, en pleno corazón del parque natural del Cabo de Gata, colóquese de espaldas al mar y recibirá la descomunal bofetada del monstruo de 75.000 metros cúbicos de hormigón que ha tomado posesión de las entrañas mismas de la montaña. Darse la vuelta y posar la vista en el horizonte marino tampoco es solución, porque le resultará imposible sustraerse a la abrumadora presión del intruso: un gigante de cemento de 20 alturas que cae a pico sobre el mar, horadado por cientos de agujeros negros destinados a albergar los ventanales del complejo hotelero.

El engendro habría pasado más desapercibido camuflado en cualquiera de los museos de los horrores urbanísticos que pueblan el litoral español, pero clama al cielo que haya recibido todos los permisos, parabienes e incluso subvenciones de las administraciones públicas que hicieron posible su construcción.

A estas alturas, buen número de jueces y fiscales han llegado ya a la conclusión de que sólo la demolición de las obras ilegales pondrá coto a los desmanes y al expolio del patrimonio natural público. "La demolición de la obra contraria al ordenamiento jurídico no debe ser la excepción, sino la regla", subraya la Audiencia de Cádiz en sintonía con otros tribunales y fiscalías. "Lo que está en juego es la propia vigencia del orden jurídico y, en definitiva, la restauración del orden legal (...) De lo contrario, habría que resignarse a que el infractor se salga con la suya, bendiciéndose absurdamente el agotamiento del delito", advierte el fiscal jefe de Córdoba en un testimonio incluido en la memoria anual de la Fiscalía de Medio Ambiente.

Porque el juego en estas últimas décadas ha sido burlar las leyes e ignorar las prohibiciones, hacer oídos sordos a las sentencias y culminar las obras para presentarlas como hechos consumados. "En la mayoría de los supuestos de delito urbanístico, el autor continúa construyendo de manera deliberada pensando que una vez finalizada la obra, y precisamente por el hecho de serlo, no será derribada", se explica en otro de los informes de la Fiscalía.

La situación ha llegado al punto de que los propios empresarios de la industria turística han manifestado su inquietud por la pérdida de la calidad medioambiental y el riesgo de matar la gallina de los huevos de oro que conlleva el enladrillado insostenible de la costa. En eso coinciden con los investigadores del Parlamento Europeo que, año tras año, regresan horrorizados de sus visitas al litoral español.

España ha ido escalando puestos en el ranking internacional de corrupción política a medida que la justicia ha hecho aflorar los atropellos urbanísticos perpetrados a lo largo de las últimas décadas en un clima de impunidad que ahora toca a su fin. Ya hay un centenar y medio de alcaldes procesados por delitos urbanísticos, pero por abultada que parezca esa cifra apenas representa la punta del iceberg de un fenómeno, el de la corrupción municipal, y de una industria, la de la especulación inmobiliaria y el urbanismo salvaje, engrasada con la pasividad o complicidad de las administraciones locales y autonómicas y de los partidos que las dirigen. Todavía hoy, los fiscales siguen quejándose amargamente del silencio y de la escasa colaboración que les prestan las autoridades en la mayoría de las comunidades autónomas.

En Canarias, por ejemplo, donde no faltan las construcciones ilegales a la vista, la administración autonómica presentó durante el pasado ejercicio una única denuncia por este delito, según la Fiscalía de Tenerife. Y, de acuerdo con otro de los testimonios recogidos en la memoria de la Fiscalía, las propias autoridades del Gobierno de Murcia se han visto implicadas en "maniobras normativas" dirigidas a "desproteger parte de su espacio natural". ¿No es inquietante para la salud democrática de un país que los políticos procesados por corrupción obtengan con tanta frecuencia el amparo y el respaldo público de sus dirigentes? ¿Cabe luego extrañarse del escaso reproche social a los munícipes corruptos -el 70% de los alcaldes procesados vuelve a gozar del beneplácito de las urnas-, del clientelismo y de los votos cautivos, de la consideración, en suma, de que la corrupción está firmemente enraizada en los partidos?

"El Estado ha sido sustituido por la partitocracia y, en última instancia, por una oligarquía económico-política. Y la política se ha convertido en un negocio. Los partidos compiten en un mercado inspirado por el lucro personal y apoyado en la corrupción más descarnada". Quien se expresa así no es un radical alternativo del movimiento antiglobalización, sino Alejandro Nieto, ex director del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), catedrático emérito de la Universidad Complutense y uno de los grandes expertos en la materia.

"La justicia llega muy tarde, cuando los daños causados al paisaje son irreversibles y están asentadas las urbanizaciones ilegales", admite Antonio Morales, fiscal jefe de Málaga. "Tenemos un sistema de garantías procesales que permite recurrir sistemáticamente las sentencias y ganar tiempo, de forma que, al final, la demolición del inmueble ilegal resulta una decisión comprometida y costosa porque ya hay terceros de buena fe". El fiscal malagueño reprocha a las direcciones del PP y del PSOE: "Una cosa es que haya políticos de los llamados independientes que se enriquecen con la democracia mientras simulan que trabajan por el interés general y otra que lo hagan los representantes de los grandes partidos nacionales".

Contra lo que pueda pensarse, el litoral del sur y el Levante puede cementarse aún más. Los promotores inmobiliarios expertos en burlar la ley y comprar voluntades no creen que se haya llegado a un punto de saturación. "El asunto se ha aquietado a causa de la crisis, pero los proyectos se reactivarán en cuanto la situación lo permita. Los especuladores suelen ser gente echada para adelante y aquí hay mucho en juego", comenta el fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher.

A pesar de este panorama sombrío, la creación de las fiscalías de Medio Ambiente y de Anticorrupción y del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil está acabando con la sensación de impunidad. "El miedo empieza a guardar la viña", apunta el general José Antonio Ramos, máximo responsable del Seprona. A los éxitos de la Fiscalía Anticorrupción, hay que sumar casi 800 condenas logradas por las fiscalías de Medio Ambiente en los últimos dos años.

Después de la intervención de Greenpeace -en julio del año pasado irrumpieron en la obra y pintaron con caracteres gigantescos la palabra ilegal-, el complejo del Algarrobico se ha convertido en piedra de toque del pulso democrático contra las tropelías medioambientales. La sentencia del pasado septiembre del juzgado de Almería constituye una durísima descalificación del Ayuntamiento de Carboneras y de la Junta de Andalucía. Tras escandalizarse por que una construcción a 50 metros del mar en el espacio protegido no urbanizable del parque natural del Cabo de Gata-Níjar haya podido obtener permisos y ayudas públicas, el magistrado Jesús Rivera afirma que el comportamiento de las dos administraciones se ha caracterizado por la "abulia" y la "desidia" en la defensa del interés general. Y es que considera probado que el Ayuntamiento de Carboneras, municipio en el que se asienta el hotel, "conocía hace ya 20 años" la prohibición de edificar a menos de cien metros de la zona marítimo-terrestre y que la Junta adoptó una actitud "pasiva y condescendiente con las infracciones". Aún más: el fallo establece que la Junta modificó la planimetría del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del parque, en "una burda maniobra" para legalizar el hotel. El magistrado observa delitos de prevaricación y contra la administración del territorio, por lo que pide al ministerio fiscal que actúe.

Podría pensarse que cualquier responsable político desautorizado de manera tan contundente por la justicia optaría por replantearse su postura, pero no es el caso de Cristóbal Fernández, el alcalde de Carboneras (Almería). "Hemos recurrido la sentencia porque es un proyecto de la Junta de Andalucía destinado a crear puestos de trabajo". A su juicio, el problema se reduce a una cuestión estética: "Yo no veo ese impacto, a mí el hotel me gusta". El alcalde añade: "Somos un modelo, no hemos firmado un convenio urbanístico en 20 años y eso que tenemos 17 kilómetros de costa", aunque no niega el desastre. "Nos hemos cargado el país entre todos. Ha sido entre todos, ¿eh?", señala, con ese énfasis especial que ponen los políticos a la hora de lanzarse al "y tú más".

Como se apunta en la memoria de la Fiscalía, la discusión pública sobre la corrupción política está resultando estéril "debido al empleo de las tácticas del ventilador o de la tinta de calamar que anulan todo debate fructífero y acrecienta el cinismo político de los ciudadanos ante su clase política". Solo que es el erario público quien paga la factura. Y la del Algarrobico no es pequeña. La tasación del complejo hotelero y de los terrenos, adquiridos a precio de saldo a una sociedad participada por la Junta, realizada por el Ministerio de Medio Ambiente en marzo último con vistas a una hipotética expropiación, arroja la cifra de casi 200 millones de euros (33.000 millones de pesetas).

"Pretender recuperar aquel terreno es una entelequia. Hay muros de hasta tres metros encastrados en la roca, de forma que derribar el hotel sería tirar la montaña", asegura Antonio Baena, representante de la promotora Azata del Sol. "Nos dieron todos los permisos, las subvenciones (el 20% de la inversión) y la exención del pago de las licencias porque el hotel fue considerado obra de interés general para el desarrollo económico de la zona", indica. Pese a que la sentencia cuestiona el derecho de la empresa a ser indemnizada en un caso como este, el directivo de Azata del Sol se muestra seguro de que en el peor de los supuestos serán compensados con esos 200 millones de euros. El secretario provincial del PSOE de Almería, Diego Asensio, piensa que hay que buscar un arreglo con la promotora. Fiado, dice, a su experiencia, se muestra convencido de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía no respaldará la sentencia del juzgado almeriense.

Si como establece el experto en corrupción Robert Klitgaard, ésta es la resultante de sumar el monopolio de la decisión, la discrecionalidad y la ausencia de rendición de cuentas, nuestro país parece particularmente agraciado. De entrada, porque la rendición de cuentas judicial solo se produce, si llega, al cabo de largos años de proceso.

Añade Klitgaard: "Hay santos que resisten todas las tentaciones y funcionarios honrados que resisten la mayoría de ellas. Pero cuando el tamaño del soborno es considerable y el castigo en caso de ser atrapado es pequeño, muchos funcionarios sucumbirán. El combate contra la corrupción empieza con la mejora de los sistemas". Precisamente, son las peculiaridades del modelo español -y no la mayor o menor predisposición moral de nuestros políticos y funcionarios-, las quemultiplican las probabilidades de corrupción. De acuerdo con los expertos, la configuración del plan de urbanismo como un ilimitado instrumento de reparto de poder económico y la gran discrecionalidad de que gozan los ayuntamientos componen una mezcla de elevada potencialidad corruptora.

A su vez, la autonomía municipal ha eliminado en la práctica toda tutela del resto de las administraciones, de forma que el único control sobre los ayuntamientos es la aplicación de la pura legalidad, lo que significa adentrarse en la vía judicial, extraordinariamente lenta y, por lo tanto, escasamente operativa. La actividad inmobiliaria es una fuente principal de ingresos para buena parte de los 8.000 ayuntamientos españoles. En este contexto de presiones empresariales, alta discrecionalidad y difusa rendición de cuentas, la tentación es grande porque basta un papel, un permiso, una recalificación, la omisión de un trámite, una modificación mínima en el planeamiento para que surja petróleo en terreno baldío y para que el munícipe corrupto no tenga que preocuparse más por su futuro económico.

"No pongo la mano en el fuego por nadie, pero creo que en la mayoría de las actuaciones irregulares no hay soborno de por medio sino, simplemente, la convicción de que todo vale con tal de atraer inversiones y turismo", indica Cristina Carbona. La ex ministra de Medio Ambiente, hoy embajadora de España en la OCDE, no se inmuta cuando se le recuerda el aviso que lanzó el alcalde de Carboneras cuando supo de su decidida oposición al proyecto del Algarrobico: "Esto le va a costar a Narbona el sillón".

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ICV pide que embargo por impago se limite al bien hipotecado
Finanzas.com - 12 de noviembre de 2008
 
 
El grupo parlamentario de ERC-IU-ICV ha registrado en el Congreso una proposición no de Ley en la que pide que el embargo derivado del impago de un crédito hipotecario se limite a los propios bienes hipotecados y no se extienda al resto de propiedades e ingresos del deudor.

En el documento, al que ha tenido hoy acceso Efe, el grupo parlamentario justifica la propuesta en el "interés público", teniendo en cuenta que las previsiones señalan que "el 40 por ciento de los hogares puede entrar en situación de vulnerabilidad en los próximos meses" y que la morosidad de las familias hipotecadas, añade, "se ha triplicado en un año, hasta el 1,306 por ciento".

Ante esta situación, considera que la única medida presentada por el Gobierno para ayudar a las familias a sobrellevar la crisis -la moratoria en el pago del 50 por ciento de la hipoteca durante dos años- es "simplemente una rebaja de las comisiones bancarias, los honorarios de notarios y registradores a la hora de renegociar la deuda".

"No es un verdadero plan de rescate a las familias en situación económica grave y pone de manifiesto que bancos e inmobiliarias, responsables en gran parte de la burbuja inmobiliaria, tienen más capacidad de presión que las víctimas", indica el documento.

Acusa al Gobierno de haberse mantenido "pasivo" a la hora de evitar el sobreendeudamiento de las familias, un fenómeno que, según el grupo, ha estado provocado por una legislación que "ha protegido los créditos de las entidades financieras y ha perjudicado a las familias hipotecadas".

ERC-IU-ICV propone que se modifique la Ley Hipotecaria de forma que si en la subasta del bien hipotecado por impago del crédito no se llega a cubrir la deuda contraída con la entidad financiera, el embargo no pueda trasladarse al resto de bienes, la nómina y los ingresos del deudor.

Recuerda que la propia Ley contempla esta posibilidad, pero sólo en los casos en que exista un acuerdo entre ambas partes, e insiste en la necesidad de que lo que está regulado "como excepción" pase a ser "norma general".

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Gallardón propone un 'pacto estatal' para el suelo público
El Mundo - 11 de diciembre de 2008
 
 
para que el suelo público sólo se destine a VPO. Insta al Gobierno a solucionar este problema de manera 'definitiva' y no 'parcheándola'. 'También solucionaría los graves problemas de corrupción de los últimos años'. 'Puedo ser más grueso, pero no más profundo; se han puesto los puntos sobre las íes'

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, apuesta por un "pacto estatal" acordado en el Congreso de los Diputados "y si es posible con el consenso de todas las fuerzas políticas" para que los ayuntamientos no puedan vender más suelo público para obtener recursos, sino que esos terrenos se destinen únicamente a la construcción de vivienda protegida y equipamientos.

Durante su intervención en el acto de clausura de la jornada 'La reforma de la financiación local' de UGT, Gallardón ha propuesto "un pacto nacional para que, si se resuelve el problema de la financiación de las corporaciones locales, todos los ayuntamientos de España renuncien a que el suelo vaya a ningún otro destino que no sea la vivienda pública".

"Así se acabarían las políticas especulativas del suelo, pero para eso necesitamos un sistema de financiación local estable, suficiente, con los recursos necesarios y que establezca la corresponsabilidad fiscal". "También solucionaría los graves problemas de corrupción de los últimos años".

De esta forma, se expresaba el alcalde madrileño. Y es que "durante muchos años, los ayuntamientos han parcheado sus problemas de financiación con la política del suelo, usándolo como un recurso de financiación debido a una clara insuficiencia de fondos".

Según ha considerado Gallardón, "no sería inteligente que, dentro de unos años, si se recupera la demanda de suelo, se cometa el mismo error". "Hemos escarmentado, vamos a aprovechar la crisis para que, lo que se ha hecho mal los últimos 25 años, no se repita en tiempos de bonanza", añade.

Así, el alcalde ha asegurado que Madrid usará los 554 millones de euros que, como máximo, le 'tocarán' del fondo de 8.000 millones de euros anunciado por el Gobierno central para ayudar a los ayuntamientos, aunque critica los plazos "perentorios" que se han fijado para presentar, adjudicar, ejecutar y terminar los proyectos.

Gallardón ha concluido asegurando que comparte las conclusiones extraídas por los sindicalistas tras la sesión. "Hago mías las conclusiones de la jornada. No puedo decir mucho más desde el Ayuntamiento de Madrid; puedo ser más grueso, más grave, pero no más profundo, porque se han puesto los puntos sobre las íes, se ha metido el dedo en la llaga, y como dijo Confucio, sólo los tontos piensan que lo importante es el dedo, porque lo importante es la llaga, el problema, que en este caso existe en las corporaciones locales".

Apoyo sindicalista

Las opiniones del resto de asistentes apoyaban la moción del alcalde de Madrid. Cándido Méndez, encargado de dar por finalizada la jornada, afirma que "la propuesta de Gallardón para hacer un paco estatal por el suelo sería una gran operación, como también que se hagan más operaciones en suelo industrial para contribuir al cambio de modelo productivo".

UGT "apoyará la reforma del sistema de financiación local, que supone una seria apuesta por el fortalecimiento de la democracia", y coincide en opinar que estos problemas vienen de "las políticas de parche desarrolladas en momentos de crecimiento".

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El Gobierno dice que mantener la RBE es 'sumamente costoso'
Finanzas.com - 23 de noviembre de 2008
 
El Gobierno admite que el sostenimiento de las ayudas al alquiler de 210 euros mensuales para jóvenes ocupados de entre 22 y 30 años que constituyen la Renta Básica de Emancipación resulta "sumamente costoso", lo que obliga a que esta cantidad sea el máximo para todo el territorio español.

En una respuesta escrita al senador Bloc per Mallorca, Pere Sampol, a la que tuvo acceso Europa Press, el Ejecutivo matiza, sin embargo, que este límite "no obsta" a que las comunidades autónomas decidan "complementarlas" o incluso prolongar el periodo de cobertura de las mismas, en virtud de sus competencias en materia de vivienda.

Asimismo, el Gobierno admite que los gobiernos autonómicos decidan establecer "requisitos adicionales" para su concesión, limitada a aquellos jóvenes con ingresos inferiores a los 22.000 euros anuales, o tengan en cuenta factores como el sueldo y el coste del alquiler, diferentes en cada comunidad.

Un total de 44.614 jóvenes perciben actualmente la Renta Básica de Emancipación (RBE), tras haberse incrementado en 22.943 los beneficiarios de estas ayudas durante el tercer trimestre, con un crecimiento del 105,8% sobre el segundo, según datos del Ministerio de Vivienda, que sostiene que esta renta ya la están cobrando el 49,26% de los jóvenes que han obtenido una resolución favorable de su comunidad autónoma.

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El Ministerio de Vivienda rectifica a su propia ministra
20 Minutos - 10 de noviembre de 2008
 
 
Beatriz Corredor aseguró este lunes que el precio de la vivienda ha bajado en los últimos doce meses un 15%.Según el Ministerio, el precio subió el 3,6% en tasa interanual.Corredor afirma que el buen momento para comprar vivienda.

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, tuvo este lunes una pequeña confusión en una entrevista en televisión sobre el precio de la vivienda que luego fue matizada por miembros de su propio departamento.

Corredor aseguró en Antena 3 que las estadísticas que ha leído apuntan a un descenso global de los últimos doce meses del 15% en el precio de la vivienda, por lo que "los que quieran comprar, que pregunten porque existe una bajada de precio real".

Sin embargo, el Ministerio de Vivienda puntualizó poco después que la ministra lee habitualmente todas las estadísticas de precios de la vivienda, tanto públicas como privadas, y recordaron que, según los datos del Ministerio, el precio de los inmuebles se está alineando con el IPC, que en octubre, según el indicador adelantado, subió el 3,6% en tasa interanual.

Así, según la última estadística publicada por el Ministerio de Vivienda, el precio de la vivienda libre alcanzó los 2.068,7 euros, en septiembre de 2008, lo que supone un aumento del 0,4% respecto a un año antes.

Buen momento para comprar

Desde el punto de vista de las políticas de vivienda, la ministra aseguró que "no es un momento especialmente difícil", y recordó que el Ejecutivo quiere fomentar la vivienda protegida. No obstante, entra dentro de lo previsible que suspendan pagos algunas promotoras inmobiliarias creadas en los últimos años al calor del "boom inmobiliario y que ahora se encuentran con dificultades".

La ministra consideró "bueno" este momento para comprar una vivienda, porque "estamos en una situación de serenidad y oferta incomparable respecto a los últimos años", y teniendo en cuenta la moderación "llamativa" del Euríbor y la próxima perspectiva de reducción, "ya que el BCE va a seguir bajando el tipo de interés".

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No, señora ministra, no es hora de comprar vivienda
Finanzas.com - 12 de noviembre de 2008
 
La ministra de Vivienda defiende la tesis de que éste es un buen momento para comprarse un piso, pero hay razones de sobra para discrepar. Beatriz Corredor hace suyo el argumento de los promotores de que ‘es la hora’ porque tanto los precios de los inmuebles como los del Euríbor se han relajado. Aunque las estadísticas sobre las que se asienta la primera afirmación son confusas y dependen mucho de la fuente (los últimos datos del ministerio apuntaban una subida del 0,7% en los últimos doce meses), es evidente la bajada del principal indicador hipotecario (con la de hoy, 23 caídas consecutivas) y la gran oferta existente, discrepo totalmente con la idea de la ministra.

En primer lugar, no creo que sea momento para comprar una vivienda porque todavía están caras y deben bajar más. Si estuvieran asequibles, las casas se venderían solas, sin necesidad de que el ministerio nos tuviera que animar. Quizás eso explique también la existencia de tanta oferta. No hay demanda, no hay compradores.

Por otro lado, los descensos del Euribor responden a las dos últimas bajadas de tipos por parte del Banco Central Europeo (del 1% en total) pero las previsiones apuntan a tipos aún más bajos los próximos meses. Si a eso añadimos que el Euribor no recoge las bajadas de forma inmediata, lo que debemos pensar es que el indicador hipotecario todavía va a bajar más. Por lo tanto, tampoco invita a invertir ahora.

Hay argumentos adicionales como el problema de la creciente tasa de paro, que desincentiva la compra de viviendas, o las dificultades que todavía existen para encontrar financiación, pero entonces sobrarían datos para desarmar el argumento del ministerio.

Entiendo la postura de Beatriz Corredor. Al fin y al cabo el suyo es el ministerio de la vivienda. Lo que no entiendo tanto es que desde su ministerio se defienda la idea de que ya podemos comprar. Este ministerio se creó para facilitar a los españoles el acceso a una vivienda digna, no para venderlas. Ahí es donde creo que se equivoca. Estas declaraciones confirman la ineficacia de su ministerio porque hace suyo el argumento de los promotores inmobiliarios.

Si el ministerio de vivienda fuera fiel a su objetivo ‘creacional’ las declaraciones serían más del tipo “vamos por el buen camino: hay más oferta, precios más bajos, tipos de interés más bajos y seguimos trabajando para que así sea. Pronto será más fácil acceder a una vivienda digna”. Pero no es así como suena, ¿verdad?

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Hacienda vigilará muy de cerca el consumo de luz
20 Minutos - 12 de noviembre de 2008
 
 
para detectar alquileres irregulares. Ampliará la coordinación con las compañías eléctricas. Un nuevo real decreto desarrolla la Ley contra el Fraude Fiscal. Permitirá detectar a los "falsos no residentes" y los pisos vacíos.

El Gobierno se ha impuesto como un claro objetivo la lucha contra el fraude fiscal. Para ello, el pasado 31 de octubre aprobó en Consejo de Ministros un real decreto, que está a punto de ser publicado en el BOE, con el que pretende desarrollar la Ley para la Prevención del Fraude Fiscal y mejorar los mecanismos para combatirlo.

Una de las principales consecuencias de este real decreto será un control exhaustivo por parte de la Agencia Tributaria del empleo real que los contribuyentes hacen de los bienes inmuebles, y detectar así alquileres ocultos y otras formas de fraude tributario. ¿Cómo? A través, por ejemplo, de vigilar muy de cerca el consumo de energía de cada vivienda.

Para ello habrá un mayor nivel de coordinación entre Hacienda y las compañías eléctricas. Ya no bastará con que éstas remitan los datos del contratante del suministro eléctrico, además de la referencia catastral del inmueble y quién paga el recibo.

A partir de ahora, deberán suministrar datos como los niveles de consumo anual en kilowatios y la fecha de alta del suministro, entre otros.

De esta manera, podrá detectar varias formas típicas de fraude, como son los arrendamientos ocultos, gracias a los cuales los contribuyentes se benefician de deducciones por compra de vivienda habitual sin residir en ella.

Otra vía habitual de abuso es la de los no residentes, es decir, personas que supuestamente no viven en España y que, por tanto, no pagan impuestos en nuestro país, pese a que en realidad pasan aquí la mayor parte del año. A través de este mayor control del consumo energético, Hacienda podrá detectar quiénes hacen un uso permanente del inmueble.

Viviendas deshabitadas

Otra posibilidad es la de detectar viviendas deshabitadas, algo que será muy útil de cara a una hipotética penalización de las mismas en el futuro.

Actualmente 1,5 millones de contribuyentes declaran ingresos por arrendamientos urbanos, de los que Hacienda obtiene unos 12.400 millones de euros al año, según los últimos datos de la Agencia Tributaria.

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Corbacho dice economía debe cambiar modelo productivo
Finanzas.com - 07 de noviembre de 2008
 
 
para salir de la crisis

El ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha dicho hoy en Ciudad Real que la economía española "debe cambiar su modelo de crecimiento" para salir de la crisis y ha añadido que, "como ministro de Trabajo, no me niego a ninguna reforma", aunque sí ha descartado el despido libre.

Corbacho, que ha clausurado una jornada organizada por el grupo socialista del Parlamento Europeo con el lema "Por una Europa social y ciudadana, la cooperación europea al desarrollo", ha asegurado que no aceptará entre las reformas el despido libre "porque ese no es el problema", sino que es necesario enfocar la economía hacia la investigación, la formación, el valor añadido y la innovación.

"Nos encontramos en un momento difícil y complejo -ha dicho el ministro-, todos vamos a sentir de cerca la crisis económica, pero saldremos de ella y, cuando lo hagamos, una parte lo habrá pasado mal en el camino", pero ha añadido que desde el pasado mes de abril el Gobierno está tomando las medidas necesarias para que esta situación sea lo menos larga y grave posible.

Ha defendido la necesidad de que "la economía española sea más competitiva" dependiendo menos del sector "del ladrillo" y "pensando en una actividad más a largo plazo, que sea sostenible, más competitiva y de mayor valor añadido".

Corbacho ha expresado la necesidad de los socialistas de "reafirmarnos en la ideología, en nuestros propios principios y compromisos, plantaremos cara a la derecha y saldremos de esta crisis como lo hicimos en 1979, porque los grandes progresos de este país siempre han venido de la mano del PSOE".

"Es verdad -ha dicho en otro momento- que la actual situación tiene su origen en el mundo financiero, en el mercado y en la crisis de las hipotecas, pero también en la ideología de aquellos que dijeron que cuanto más mercado era mejor".

Ha manifestado su convencimiento de que "eso nos ha llevado adonde estamos", como consecuencia de "un nuevo mercado que se ha globalizado sin normas, atendiendo sólo al mayor beneficio posible con el menor esfuerzo posible" y ha añadido, en referencia al Partido Popular, que "ellos que ensalzaron el becerro del mercado deberán explicar ahora que eso nos ha llevado a esta situación".

Corbacho ha dicho que el Consejo de Ministros previsto para mañana aprobará las dos medidas de su departamento que ya anunció el presidente del Gobierno: los incentivos para los parados que se hagan autónomos y monten su propia empresa y la subvención de 1.500 euros para favorecer las contratación en sectores innovadores.

En posteriores declaraciones a los periodistas, ha explicado que el Gobierno estudia futuros apoyos a "sectores estratégicos" que se fundamenten en la innovación y las nuevas tecnologías, así como en el mantenimiento del empleo.

Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda, ha dicho durante el acto que "estamos en una crisis profunda, pero tenemos la certeza de que vamos a salir de ella en las mejores condiciones, porque la convertiremos en una verdadera oportunidad".

Barreda ha añadido que esta es "la primera gran crisis desde la mundialización" y ha calificado de "torpe" y "ridículo" que se pretenda culpar al Gobierno nacional o al regional de la misma.

Ha precisado que "el origen de la crisis no está aquí, pero no podemos cruzarnos de brazos", y ha defendido la existencia de "un Estado fuerte" que garantice la gratuidad en la asistencia sanitaria, la educación y las prestaciones sociales.

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Despilfarros de la clase política en tiempos de crisis
ElConfidencial.com - 28 de octubre de 2008
 
 
Coches de lujo, corbatas de seda, inauguraciones fastuosas… Los gastos difícilmente justificables de administraciones y cargos públicos son especialmente hirientes para los contribuyentes en tiempos de crisis económica. Sobre todo si las noticias sobre estos despilfarros coinciden con subidas de impuestos. En Cataluña, la presión social ha podido con el gusto por el lujo del presidente del Parlamento autonómico, Ernest Benach (ERC), quien se hizo colocar accesorios por valor de 9.200 euros en su coche oficial, un Audi A-8.

Tras las críticas recibidas, Benach anunció ayer la retirada de los accesorios, que consistían en un escritorio de madera hecho a medida, un reposapiés, una televisión, un sistema de mp3 y conexión bluetooth. Todo lo necesario, según el presidente del Parlament, para hace más confortables sus viajes y convertir el automóvil en su “segunda oficina”. Para los catalanes era incomprensible que en medio de la crisis galopante y tras el anuncio de austeridad presupuestaria y contención del gasto público anunciado por el propio presidente de la Generalitat, José Montilla, Benach se dejase más de 9.000 euros en ‘tunnear’ su coche oficial.

El miembro de ERC entonó el mea culpa y admitó que “Cataluña tiene problemas más importantes” y que este hecho “puede haber molestado a muchos ciudadanos y familias con serias dificultades económicas en estos momentos”.

El caso Benach es similar al sucedido en Galicia con la adquisición por parte del presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, de un Audi A-8, valorado en 480.000 euros. El PP acusó a Touriño de comprarse un coche, en plena crisis, con un precio equivalente al sueldo medio anual de 25 gallegos. La Xunta replicó que el Audi sustituye a otro de similares características que acumulaba más de 500.000 kilómetros. Sin embargo, el Audi reemplazado continúa en el parque móvil de Presidencia, junto con otros dos A-8 y un cuarto vehículo, un Audi A-6.

En Madrid, el incremento de los sueldos del alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, y otros 103 cargos municipales, contrastó con la batería de medidas para frenar la hemorragia de las arcas del consistorio. Gallardón anunció la recuperación del impuesto por la recogida de residuos, que se investigarían las basuras de los vecinos para multar a quienes no reciclen, y la paralización de obra pública. En su descargo, el Ayuntamiento argumentó que no se trataba de un aumento de sueldo, sino de una actualización de las subidas no ejecutadas en 2006 y 2007.

Otro dispendio acaecido en Madrid tuvo como protagonista a Esperanza Aguirre, presidenta del Gobierno autonómico. La inauguración del teatro del Canal de Isabel II, en la capital, costó en torno a un millón de euros a los ciudadanos, y la propia Aguirre acabó reconociendo que lo hubiera evitado de haberse enterado antes de los costes que iba a suponer la ceremonia. Además, este teatro, que dirige Albert Boadella, no tiene todavía programación.

En el capítulo de gastos extraordinarios ocupa también un lugar destacado el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. Según publica el diario Levante-El Mercantil Valenciano, esta institución compró mil quinientas corbatas de seda de siete pliegues, y 500 pashminas personalizadas. Un desembolso de 84.840 euros que no parece encajar en las llamadas a la austeridad por parte de las administraciones públicas.

Y es que, además de austeridad, los municipios han optado por la subida de impuestos. El nuevo modelo de financiación local trae consigo un incremento generalizado de los tributos. Según publicó ayer La Gaceta de los Negocios, la mayoría de las capitales de provincia han incrementado tasas como el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), la de Construcciones, Instalaciones y Obras; y el Impuesto sobre Vehículos. Una muestra de cómo la crisis recae sobre aquellos que viajan sin coche oficial, ni son invitados a los grandes estrenos.

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El sueño de comprar un piso era una pesadilla
El País - 22 de noviembre de 2008
 
 
El pinchazo inmobiliario azota las 'sociedades de propietarios' como España, EE UU o Reino Unido - Ahora el alquiler gana terreno porque los ciudadanos no pueden acceder al crédito

Un carro y una casa. Es lo que ansían los miles de inmigrantes que llegan a Estados Unidos y también los que desembarcan en países con una auténtica cultura de la propiedad como España. No sólo ellos. También lo desean ciudadanos con bajos ingresos que en los últimos años pudieron acceder a la propiedad gracias a la ingeniería financiera basada en condiciones muy laxas para acceder a una hipoteca. El alquiler quedó en el olvido, sólo para colectivos muy concretos: jóvenes, divorciados o recién llegados, que necesitan una vivienda transitoria. Ahora todo ha cambiado. ¿Tendrá esta crisis como efecto secundario el alza de un parque de vivienda más sano, con más alquiler y pisos públicos?

Los ciudadanos de Estados Unidos, España, Irlanda o Reino Unido despiertan del sueño de comprar una vivienda. "Ese sueño era en realidad una pesadilla", ironiza el director del Centro Internacional de Finanzas de Yale, William N. Goetzmann. Durante el auge inmobiliario se alejaron aún más del arrendamiento, la fórmula del pagar por usar, muy asentada en Alemania, Holanda o Francia. La compra permite tener un patrimonio, pero el alquiler deja ahorrar o invertir en formación, negocios u ocio. Un régimen muy asentado en las grandes ciudades europeas que favorece la movilidad laboral. Más de la mitad de su parque de viviendas está en alquiler. España está a años luz de esta proporción. La ciudad con más pisos en arrendamiento es Barcelona, con poco más del 25% de sus viviendas.

La sociedad de propietarios llegó a España mucho antes de que el presidente de EE UU George W. Bush lo convirtiera en objetivo de sus mandatos. El alquiler era la fórmula más usual de las familias españolas en los años treinta y cuarenta. Pero el franquismo se empeñó en crear una cultura de la propiedad. Y lo consiguió. Tanto que todavía hoy perdura. El ex relator de la ONU para Vivienda, Miloon Kothari, que emitió un informe muy duro sobre España, critica la "obsesión por la propiedad de la mayoría de las políticas públicas". "Incluso ahora las ayudas van para quienes poseen", asegura.

El modelo social de George W. Bush iba más allá de la vivienda. Seguía un modelo que ya empleó Reino Unido a principios de los ochenta y que supuso desmantelar parte del parque público de vivienda protegida. Pero la sociedad de propietarios, que empezaba por la vivienda y seguía por la educación o la sanidad, ha terminado siendo un fiasco. El 69,1% de los ciudadanos estadounidenses vivía en un piso en propiedad a comienzos de 2007. Hoy esa proporción ha caído hasta el 67,8%, la mayor bajada en los últimos 20 años, según un estudio del Centro de Estudios para la Vivienda de Harvard.

En los últimos años han sido las minorías, sobre todo latinos y asiáticos, quienes más han comprado. La mitad de ellos el año pasado tenía una casa, pero ahora son los más perjudicados por la crisis de las subprime y muchos deben abandonarla. Ello explica que el mercado de alquiler se esté disparando. El centro de estudios de Harvard había previsto que entre 2005 y 2015 hubiera 1,8 millones más de alquileres, pero la estimación se está quedando corta. A raíz de la crisis financiera ya hay más de 1,5 millones de arriendos.

La propiedad salió de las zonas rurales y se coló en las grandes urbes. "Todas las ciudades de Estados Unidos están viviendo declives dramáticos de precios, entre el 10% y el 20%. California, Florida, Tejas, Nueva York... La vivienda no es la mejor inversión. Es un activo ilíquido, hay que pagar comisiones a un agente, reparar, amortizar deuda e intereses, era un mercado muy inflacionista... Una locura", dice Goetzmann.

La crisis de este modelo social y económico arrancó en EE UU, pero el otro lado del Atlántico también tuvo que despertarse. Sobre todo España, Irlanda y Reino Unido. Éstos son los tres países donde, a juicio del presidente del Instituto de Investigación Económica (Ifo), Hans-Werner Sinn, se hinchó "una burbuja inmobiliaria". Pero en España, además, con otro agravante: su parque de alquiler es exiguo, del 11%, incluyendo las segundas residencias. Si se valoran sólo las principales, la proporción baja hasta el 7,5%, según la consultora Aguirre Newman.

"Comprar no es un sueño, al menos no para todos. Otros países no sólo protegen al propietario, también al inquilino. En Suiza o Alemania, por ejemplo, los alquileres tienen un tope por zonas", asegura Kothari. El que fue relator de la ONU hasta hace unos meses también rechaza desgravaciones o ayudas para la compra, porque sostiene que van directamente al promotor y sirven para subir los precios de los pisos.

España sigue estando en la cola de Europa. Según el Comité Europeo de Coordinación de la Vivienda Social (Cecodhas), sólo el parque de viviendas en alquiler de Hungría es más modesto. En cambio, Italia, Holanda, Suecia o Francia tienen una amplia oferta de arrendamientos. Pero, además, los pisos sociales en alquiler en España sólo llegan al 1%, frente al 35% de Holanda. En el otro extremo está Alemania, donde el 57% de los ciudadanos vive de alquiler.

Reino Unido todavía conserva un mercado de pisos de alquiler amplio a pesar del desmantelamiento que se produjo en la década de los ochenta, bajo el mandato de Margaret Thatcher. Todavía son de alquiler 3 de cada 10 pisos, y las viviendas sociales siguen repartidas por todos los barrios de Londres. Sin embargo, en los últimos años ha vivido un auge de la construcción que ha primado la compra.

Los datos oficiales indican que la demanda de pisos en arrendamiento se ha incrementado un 50% en sólo un año. Las consultoras británicas estiman que alrededor de 1,6 millones de personas de entre 18 y 40 años están alquilando porque no pueden permitirse la adquisición de una vivienda. Y la caída del 15% en los precios que registra la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), la mayor asociación del sector inmobiliario del mundo, sólo puede dar acceso a la compra, en cambio, a 600.000 personas. El alquiler se antoja como la única solución.

El economista jefe del RICS, Simon Rubinsohn, explica que el auge del alquiler se está produciendo en todo Reino Unido, pero especialmente en Londres. "Los bancos no llegaron a dar préstamos a 50 años como en España, pero sí lo hicieron con condiciones muy relajadas. Bajaron los tipos de interés, pero, además, financiaban el 100% del valor de la vivienda, que ahora está cayendo. Todo esto ha dado un vuelco. Los bancos no quieren riesgos", afirma.

Ahora, España, el antiguo reino del ladrillo, también mira hacia el alquiler. Las compraventas han caído la mitad en un año y el stock de viviendas sin vender ha seguido engrosándose. Ya hay alrededor de 675.000 pisos sin vender, a los que hay que sumar los que adquirieron inversores para revenderlos enseguida. En total se estima que hay entre 1 y 1,5 millones de pisos vacíos.

A la vez que el país se convierte en un cementerio de cemento, miles de ciudadanos se resienten por haber comprado. Lo demuestra el aumento de la morosidad, que hasta septiembre se triplicó. "De momento, las tasas son manejables. El problema nos lo encontraremos cuando suba el paro", afirma Rubinsohn. Las entidades financieras se las ingenian para controlar estas cifras. Y una salida vuelve a ser el alquiler.

Elena Ramos, por ejemplo, era incapaz de pagar la cuota mensual de 1.147 euros de su piso de Vic (Barcelona) que compró por 240.000 euros hace un año. Tiene un sueldo de 900 euros brutos al mes, una pensión de 200 euros de su ex marido y dos hijos a su cargo. Su entidad financiera, Caixa Catalunya, le ofreció la posibilidad de cancelar el préstamo y seguir en el piso con un alquiler de 550 euros. Enseguida aceptó el trato.

Apenas hay estadísticas sobre el mercado de alquiler en España. Sólo alguna comunidad obliga a los propietarios a depositar la fianza que da el arrendatario en las Administraciones y ofrece algún dato. Es el caso de Cataluña, la comunidad donde más caen las ventas. Los contratos de alquiler ya superan a los de compraventa. En el área metropolitana de Barcelona la oferta de pisos de alquiler creció más de un 30%. Y en la capital catalana, el mayor mercado de alquiler de España (uno de cada cuatro pisos está en este régimen), lo hizo un 9%.

Los estudios que las patronales del sector han elaborado en los últimos años indican que sí hay un grupo de personas predispuestas a alquilar. Son sobre todo jóvenes, divorciados, familias monoparentales, inmigrantes o personas que se hallan en situaciones transitorias. Pero la nueva demanda de alquiler despunta por la situación del mercado y no por un cambio de mentalidad.

En España, la mayor oferta está en las grandes ciudades, en especial en Madrid y Barcelona. Sólo Cataluña y la Comunidad de Madrid tienen más de un 10% de sus pisos en alquiler, según un estudio de Aguirre Newman. A la cola están Castilla-La Mancha o la Comunidad Valenciana, donde el auge de la construcción fue más intenso.

El director de Investigación de la consultora, Javier García-Mateo, explica que hay un gran stock de pisos y que los ritmos de venta se están alargando mucho. "La cuota hipotecaria es en algunas zonas más alta que el alquiler y no compensa comprar un piso", señala. No es extraño que las grandes inmobiliarias se hayan apuntado al alquiler. De hecho, del informe se desprende que todos los ciudadanos que no podían o no se atrevían a comprar ya optaron por alquilar entre 2000 y 2007. En ese periodo, este régimen subió un modesto 16,5%. Pero ahora son más quienes no pueden permitirse o acceder a un crédito.

Los economistas pronostican que la crisis será mucho más profunda en los países que crecieron a costa del ladrillo. "Lo grave es que en Estados Unidos el ciudadano tenía derecho a que le diesen el crédito. El banco debía concedérselo por fuerza", lamenta el presidente del Ifo, Hans-Werner Sinn. Pero cada crisis, dicen los expertos, es una oportunidad. Y todos los consultados confían en que los ciudadanos elijan el alquiler o nuevas sendas que se están ensayando. Una de ellas, las cooperativas de usuarios, donde el ocupante paga un depósito y luego una renta mensual para vivir en el piso de forma indefinida. Que se deje de "poseer" y se pase a "usar".

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Economía y laboral
 
ESTE LADRILLO ES LA RUINA
El País - 07 de diciembre de 2008
 
El tablero empresarial que nació con el 'boom' muere y da paso a otro controlado por la banca

La crisis ha derrumbado multitud de mitos. No se ha salvado ni uno de los más arraigados en España: que el valor de la propiedad inmobiliaria nunca baja. Pues sí lo hace, y bastante. Pero para que la leyenda haya acabado hecha añicos se han tenido que venir abajo otros cuentos que no hace tanto contaban administraciones y empresarios. Uno de ellos, que las inmobiliarias españolas eran las más solventes del mundo o que estaban a salvo de la crisis financiera internacional. Hoy nadie se atreve a decirlo.

El imperio del ladrillo que se fraguó a comienzos del siglo XXI se ha desvanecido por completo. El concurso de Habitat, el segundo mayor de la historia, ha rematado el desplome. Las grandes gestas de sus protagonistas -Luis Portillo, Fernando Martín, Bruno Figueras, Enrique Bañuelos, Román Sanahuja...- se antojan hoy enormes fiascos. Ninguno de ellos resistió el estallido de la burbuja inmobiliaria, que se infló a base de construir y crecer a espaldas de la demanda real, con una elevadísima deuda y la compra indiscriminada de suelos, muchas veces con independencia de su calificación. Los analistas todavía no ven el final de los procesos concursales. "Es posible que caigan más empresas. La clave es la actuación de las entidades financieras. Las líneas de crédito del ICO, por ejemplo, no se están trasladando todavía al sector", asegura el director de análisis inmobiliario de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Pep Ruiz.

A pesar de ser previsible, el concurso de Habitat ha caído como una losa sobre el sector. Los empresarios creían ver la luz cuando, a la vuelta del verano, la banca acreedora parecía haber tejido una malla para que no cayeran Colonial y Reyal Urbis. Muchas empresas pensaban que cajas y bancos no permitirían que hubiera una segunda Martinsa-Fadesa que disparara sus tasas de morosidad. Se equivocaron. Cayeron Restaura, luego Tremón y por último Habitat. Ni el más ilustre parece estar a salvo.

Si bien todavía se desconoce cuántos procesos quedan -ni si éstos desembocarán en la liquidación de las sociedades-, sí está claro que se ha roto el tablero empresarial y que está naciendo otro. Con otros dueños y otros planes. ¿Quiénes? Los analistas coinciden: la banca lo decidirá.

Las entidades financieras no sólo se han quedado con activos inmobiliarios a cambio de cancelar deuda en los últimos meses, sino que se ha hecho con los dos buques insignia del sector: Metrovacesa y Colonial. Varias entidades financieras han convertido sus créditos subordinados en participativos, es decir, han transformado la deuda en capital y acciones. "Las inmobiliarias del futuro son las de los bancos. Se están convirtiendo en plataformas que van engordando", sostiene el consejero delegado de la consultora especializada en finanzas corporativas Irea, Mikel Echavarren.

"No es descabellado", dice el directivo de un banco de medio tamaño. "Tenemos esa idea. No sé si vamos a crear de nuevo una filial inmobiliaria en 2009 o en 2010, pero lo haremos. Con las participaciones que tenemos en empresas inmobiliarias, ya veremos", asegura. Este directivo sostiene que en el primer semestre del año el panorama cambiará. "Vamos a firmar refinanciaciones más acordes con el momento, más realistas", subraya. Pero pone una condición: "Tienen que ser proyectos viables, con activos comprados a buen precio".

Y ahí es cuando sale a relucir el cuento de la lechera que hizo fortuna durante los años del boom inmobiliario. La jarra empezó a resquebrajarse en 2006, cuando estos empresarios se enredaron en crear auténticos imperios del ladrillo con deuda y sin apenas fondos propios. Amasaron grandes fortunas y se dejaron ver en las listas Forbes de los más ricos del mundo. Sus aventuras costaron muy caro. Los seis primeros grupos inmobiliarios (Metrovacesa, Colonial, Reyal Urbis, Martinsa-Fadesa, Habitat y Afirma) emplearon 22.250 millones de euros para crecer.

Pese a los mensajes de tranquilidad del Gobierno, la crisis financiera internacional llegó a España en forma de sequía. Las entidades financieras cortaron el crédito, no sólo para los planes de las promotoras, sino también para la compra de viviendas.

El negocio se paró en seco. El parón se extendió con rapidez desde la segunda residencia hasta la vivienda habitual. Primero se fueron los inversores que compraban para especular y que representaban un 40% de la demanda, y luego, los compradores que querían el piso para vivir. Las ventas caían y el stock de viviendas seguía creciendo. Hasta junio había al menos 675.000 sin vender en manos de las inmobiliarias, a las que se sumaban las que tenían los inversores, que se convirtieron en competencia del promotor.

El precio de la vivienda empezó a bajar y los proyectos se pararon. El mercado del suelo, que meses antes hervía, también se paralizó. Las complicaciones aumentaban. Las empresas no llegaban a los vencimientos de la deuda, no vendían pisos y no podían desinvertir porque nadie quería sus activos. Y a la vez, los títulos y los terrenos con los que habían garantizado las compras se derrumbaban. El mercado ya daba los primeros síntomas de hartazgo: Llanera pidió el concurso, y Bañuelos y Portillo tuvieron que arrojar la toalla y dejar sus empresas. Habitat fue el punto culminante de ese año. En diciembre mandó un aviso: o le refinanciaban su crédito o pedía el concurso.

Lejos de amainar, la tormenta es hoy más brusca. Los dos mayores concursos de acreedores de la historia los han protagonizado dos inmobiliarias que ya habían logrado refinanciar su deuda. Martinsa-Fadesa lo presentó en julio, con un pasivo de 7.200 millones, mientras que la agonía de Habitat fue más larga y duró hasta la semana pasada, cuando Figueras se dio por vencido. Las dos mayores inmobiliarias, Metrovacesa y Colonial, han acabado en manos de las entidades financieras acreedoras. Y Reyal Urbis y Afirma (la antigua Astroc) han logrado renegociar la deuda, pero con apuros.

Las promotoras que hasta ahora habían dado la espalda al patrimonio en alquiler lo están pasando especialmente mal. Sin poder hacer caja por las ventas y con un elevadísimo nivel de deuda, ven cómo los activos que les costaron millones siguen depreciándose. Inmobiliarias, abogados, asesores y entidades financieras arremeten en privado contra las tasadoras y las agencias de valoración. Son sonados los deterioros de los activos de Colonial, Aisa, Habitat y, en especial, de Martinsa-Fadesa.

En el sector comparan estas agencias con las de rating. En boca de todos está CB Richard Ellis, que es la que realiza más valoraciones de activos en España. Fuentes de la consultora replican, no obstante, que ellos no hacen más que recoger lo que hace el mercado. "No lo inflamos; si acaso, el mercado estaba inflado", dicen. Y recuerdan que sus documentos añaden dos cláusulas: que la valoración sólo puede ser usada para el fin para el que se ha pedido y que siempre se matiza que depende de que la información que haya dado la empresa sea buena. El problema es que con esas valoraciones se daban créditos. Y que hoy los promotores están atrapados por la compra de un terreno que no vale lo que pagaron.

La directiva de una entidad catalana lo tiene claro: "Hay unas normas estupendas del Banco de España que vienen a decir que un campo de patatas debe valorarse y financiarse como un campo de patatas, y no en función de lo que puede ser dentro de ocho años. Pero entiendo que si viene un inversor extranjero, lo último que quiere ver es una valoración en base a la normativa española". La abundancia de campos de patatas que debían ser urbanizaciones es uno de los motivos de las refinanciaciones. El directivo de un banco extranjero en España matiza que en realidad las refinanciaciones son "aplazamientos". Lo que en el sector se ha popularizado como "la patada hacia delante".

El consejero delegado de Irea, Mikel Echavarren, lleva ya 16 renegociaciones con la banca y unos 8.000 millones refinanciados. Un volumen que espera duplicar dentro de poco. "La banca es cada vez más hostil", asegura. El oxígeno que da asfixia, puesto que las condiciones son cada vez más duras. "El crédito se encarece demasiado. Al Euríbor se le quiere aplicar un diferencial de 300 puntos básicos, lo que no puede aceptarse en un escenario de bajada de tipos de interés", explica Echavarren.

La firma de un aplazamiento de los pagos de una deuda se acompaña de un plan de negocio muy estricto, prácticamente con la única función de tener caja para afrontar la deuda. Son programas que un consultor del sector califica de "realistas", pero con los que se corta de tajo la posibilidad de seguir construyendo. La mayoría contempla una caída de las ventas e incluso que los clientes den marcha atrás; descuentos medios del 20% en el precio de los pisos o directamente operaciones sin margen de beneficio; la reducción de costes y plantilla y el freno a nuevas inversiones. Y, por supuesto, congelar las nuevas promociones. El paisaje español es una expresión de estos planes: grandes extensiones de terreno en la costa con las calles urbanizadas, con aceras y farolas, pero sin una vivienda.

"La viabilidad de estos aplazamientos dependerá de que las estrategias de las administraciones para dar liquidez a los mercados se cumplan", asegura Manel Maragall, socio de Garrigues. Pero un promotor inmobiliario que pide no ser identificado sostiene que para que un plan de refinanciación sea realista, debería contemplar una condonación de parte de la deuda y aplazar los pagos por completo mientras dure el temporal. "Los plazos de los planes de negocio son cortos. Se habla de congelar la actividad para replantear el sector durante cuatro o cinco años. Pero la promoción de viviendas es compleja y necesita de periodos que llegan hasta los ocho años", coincide Pep Ruiz, de AFI.

La solución no sólo atañe a las empresas heridas, sino al conjunto de la economía. El crash del ladrillo está teniendo más efectos de lo esperado. Un sector en plena recesión que suponía el 18% del PIB español está arrastrando a toda la industria complementaria. Un 56% de las empresas declaradas en concurso de acreedores lo hicieron forzadas por la crisis del sector, de acuerdo con Axesor, que analiza los datos de los registros mercantiles.

Los expedientes de regulación de empleo también hacen mella en el sector: las propias inmobiliarias (Habitat), complejos urbanísticos (Marina d'Or), agencias de intermediación (Don Piso), industrias de enchufes (Simón) y sanitarios (Roca), cementeras (Norden), cerámica (Sugrañes), pizarra (Ferlosa), grúas (Jaso)... Hasta 520.000 personas se han quedado en el paro procedentes de este sector. Un volumen que la industria, también en plena crisis, no podrá absorber, tal y como pensaban las administraciones.

Y de rebote, esta crisis también está impactando en otros sectores estratégicos para la economía española, como la energía. El ejemplo es Repsol. Sacyr Vallehermoso, asfixiada por una deuda de 18.000 millones, puso en jaque la estabilidad accionarial de Repsol, principal petrolera española. El grupo constructor e inmobiliario que preside Luis del Rivero negocia con la rusa Lukoil la venta de su paquete accionarial del 20% de Repsol, lo cual ha puesto de manifiesto el poder que adquirió el sector del ladrillo en los últimos años y a la vez el abismo al que está abocado ahora.

¿Hasta cuándo durará el crash? Las ventas siguen en caída libre, aunque fuentes del sector financiero sostienen que hay bancos que están dando órdenes de subrogar todos los créditos de promotores al máximo de compradores de vivienda posible. "Prefieren tener el riesgo repartido entre cien ciudadanos que concentrarlo en una sola empresa", dicen las fuentes. Los precios también siguen cayendo. El sector al completo, incluidas las promotoras, admite que lo hacen más de lo que dicen los números oficiales. Las estadísticas del ministerio señalan un aumento del 0,4%, y las del Instituto Nacional de Estadística, un descenso del 0,3%. Nada comparable con los descuentos del 20% que anuncian en las fachadas varios promotores.

A pesar de que las inmobiliarias dicen que los precios no caerán más, esta semana, un informe de Credit Suisse prevé un desplome del 30%. Es más, detecta bajadas "de los precios nominales" en Madrid y Barcelona y pronostica una mayor subida de las carteras de créditos morosos, que señala como principal problema de la banca española.

Los más optimistas hablan de entre tres y cuatro años de crisis del sector, y los más pesimistas, hasta de ocho. "La crisis financiera se resolverá de forma más rápida, entre seis y nueve meses. La inmobiliaria, sobre todo la actividad residencial, durará más y se despejará a medio o largo plazo. Primero debe haber una recuperación de la demanda, y para ello, del empleo", afirma el presidente del banco hipotecario Eurohypo en España, José Luis Zanetty.

Las inmobiliarias miran hace tiempo hacia el capital riesgo, los fondos soberanos o los grupos inversores familiares españoles para recibir una inyección de capital que les permita seguir trabajando. Tras el fracaso de la entrada del fondo Investment Corporation of Dubai (ICD) y de un inversor foráneo en Habitat, esta posibilidad quedaba en vía muerta. Hasta que esta semana el grupo británico First Mile Investments anunciaba que tomaría casi el 70% de Aisa. Echavarren cree que no será un gran desembarco: "En general, quieren activos en alquiler y en grandes ciudades, y no promociones. Este capital esperará a que se configuren las inmobiliarias del futuro". Hasta entonces, el sector inmobiliario sigue nadando contracorriente.

El regreso de los bancos

Las entidades financieras españolas están metidas de lleno en el sector inmobiliario. Las dos operaciones paradigmáticas son las de Metrovacesa y Colonial, en las que la familia Sanahuja y Luis Portillo, respectivamente, han cedido el control de la empresa a la banca acreedora. Pero su presencia llega por varias vías. La primera y tradicional, la de las ejecuciones hipotecarias. Pero los bancos y cajas no quieren que la morosidad se dispare. Por ello, en los procesos de refinanciación algunas entidades cancelan deuda a cambio de activos. Durante los nueve primeros meses del año, Banco Santander compró activos inmobiliarios por valor de 2.700 millones; Banc Sabadell, por más de 500 millones, y BBVA, por 340 millones. Caixa Catalunya también adquirió inmuebles durante el proceso de renegociación de la deuda de la catalana Fbex, y La Caixa inyectó 500 millones en una ampliación de capital de su filial Servihabitat.

Si la entidad financiera se queda el activo por un precio idéntico a la deuda contraída, no es necesario hacer ninguna provisión. Si lo hace por un precio menor, el Banco de España obliga a realizar un reconocimiento de las pérdidas en la cuenta de resultados.

El presidente en España del banco hipotecario Eurohypo, José Luis Zanetty, opina que se trata de "una buena salida" para "activos buenos". "Es una forma de dar tiempo al mercado para que se recupere", asegura. "Siempre ha pasado. En todas las crisis, las entidades financieras han acaparado inmuebles. En la década de 1990 crearon inmobiliarias para sacar producto", afirma el director de inmobiliario de Analistas Financieros Internacionales, Pep Ruiz. La Caixa participaba en Colonial; Banc Sabadell, en Landscape; Banesto, en Urbis; Caixa Catalunya, en Riofisa... Hoy, por ejemplo, Banc Sabadell planea reconstruir su antigua filial inmobiliaria.

El problema surge, afirma Ruiz, cuando los bancos se quedan con las "joyas de la corona" de cada inmobiliaria. "Se quedan un edificio de oficinas y no un suelo rústico. El primer efecto es que se empobrecen los activos de la empresa. A corto plazo le solucionan la vida. A medio, se la complican", sostiene. -

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NO HAY QUE AYUDAR A LOS PROMOTORES
Libertad Digital - 12 de noviembre de 2008
 
Los inversores de Terra pagaron caro su error y nadie les dio ayudas con cargo a los presupuestos. Los promotores tampoco deben recibirlas, sobre todo, porque el precio de la vivienda tiene que volver a los patrones de racionalidad que abandonó hace años.

Desde que estalló la burbuja inmobiliaria en marzo del pasado año, las promotoras inmobiliarias han venido pidiendo ayuda para superar la crisis. Incluso han creado su propio grupo de presión a cuyo frente han puesto al ex director de la Oficina Económica de la Presidencia del Gobierno, David Taguas. Qué mejor persona para hacer lobby en Moncloa y sus aledaños que quien estuvo en la segunda mitad de la pasada legislatura al frente de la ventanilla por la que pasaban, o se veían obligadas a pasar, según los casos, las empresas que querían obtener alguna dádiva de Zapatero (o, por el contrario, pretendían que éste respetara la libertad de mercado). Más recientemente, y visto que mucho éxito no estaban obteniendo, los promotores se lanzaron a una campaña pública para conseguir lo que no deben obtener con frases como "antes de bajar el precio de la vivienda un 40% se la doy al banco". O esta misma semana con esas declaraciones de Taguas en las que decía que para superar la crisis económica había que ayudar a las inmobiliarias, a esas empresas que tanto han hecho para que ahora estemos en la que estamos. Pues mire usted, no.

A las inmobiliarias no les preocupa solo la falta de financiación que sufren estos meses, consecuencia de la crisis, sino también la drástica caída que están experimentando los precios de la vivienda. Solo el pasado mes de octubre, el precio cayó el 10%. Pero es lógico que las cosas sean así, teniendo en cuenta las dimensiones que había alcanzado la burbuja inmobiliaria y los precios tan desorbitados que pedían los promotores por una casa. Aquello fue un exceso que enriqueció a muchos y ahora toca corregir, que es lo sano. La consultora Aguirre Newman estima que los precios de los pisos todavía deben bajar entre un 25% y un 31% y eso es lo que no quieren los constructores, en parte para no perder dinero, en parte para que los que construyan en el futuro no sean más baratos. Es decir, para tratar de mantener altos márgenes de beneficio que, en lo más alto de la burbuja, superaban el 100% de los costes (además del dinero que ganaban muchos de ellos teniendo el suelo en reserva durante varios años).

Desde esta óptica, ayudar ahora a los promotores sería un error. Es cierto que algunos de ellos pueden cerrar para no volver a abrir sus puertas, pero en su mayor parte han ganado bastante dinero en los últimos años como para poder recapitalizar su empresa sin que los españoles, que ya pagan muy caros los pisos adquiridos en el último decenio, tengan que acudir en su socorro con los impuestos que pagan. Además, cualquier ayuda que se preste en estos momentos a las inmobiliarias, en general sólo va a servir para que los precios no se corrijan cuando lo que tiene que ocurrir para que se reactive el sector es, precisamente, que se adecúe el precio de la vivienda a las verdaderas posibilidades de las familias que vayan a adquirir una.

Por mucho empleo que el sector haya creado en el pasado, lo que no puede pretender es un trato especial y diferencial en relación a otras empresas. Toda la economía española está sufriendo la crisis, no sólo un sector que ha tenido una contribución decisiva en la creación e intensidad de la misma y, sin embargo, nadie recibe ayudas. ¿Por qué ellos deberían? ¿Por el hecho de que en el pasado crearon mucho empleo? No nos llamemos a engaño, después de la burbuja, el sector ya no va a ser el mismo y aunque los puestos de trabajo se recuperen en parte, no lo harán, ni mucho menos, en su totalidad. Así es que la construcción, con toda probabilidad, ya no va a ser el motor del crecimiento que ha sido en los últimos años. Asimismo, los promotores deben entender que el riesgo forma parte intrínseca de la actividad empresarial y es la principal razón que justifica el beneficio de las empresas. Ellos, que han ganado dinero a espuertas, deberían asumir ahora esa otra parte de la actividad empresarial, la de los tiempos en los que vienen mal dadas.

Por mucho que hayan invertido en suelo y en promociones cuyo valor de mercado ahora dista mucho del que esperaban, deben entender que cuando se produce una burbuja, quien invierte en ella debe atenerse a las consecuencias. Los inversores de Terra pagaron caro su error y nadie les dio ayudas con cargo a los presupuestos. Los promotores tampoco deben recibirlas, sobre todo, porque el precio de la vivienda tiene que volver a los patrones de racionalidad que abandonó hace años para convertirse en juego de pura especulación de quienes vendían y de algunos que compraban. Y ya se sabe que la especulación siempre implica riesgo, aunque ahora no quieran afrontarlo.

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LO QUE HA GOLPEADO ESPAÑA ES UNA COMBINACIÓN DE SUS EXCESOS
Cotizalia.com - 10 de noviembre de 2008
 
 
'The Economist': "Lo que ha golpeado a España es una combinación de sus propios excesos"

La España de Zapatero está de moda. Pero no exactamente por las mismas razones que los Estados Unidos de Barack Obama, sino por la dureza de la resaca económica después de la fiesta vivida en un momento en que el presidente español está perdiendo a raudales el crédito que obtuvo en la noche del “no nos falles”. Así se pone de manifiesto en un informe especial que The Economist dedica a nuestro país. De la decena de artículos que se desprenden del informe, destacaremos en primer lugar el que se refiere a nuestro sistema financiero, “el mejor de la comunidad internacional”, según ZP.

El título ya es suficientemente representativo: Bancos, ladrillos y cemento. Como subtítulo, “Un sistema financiero aún sólido encara más consolidación”. Ilustra la información una colmena de pisos en altura en forma de ‘C’ que se parece sospechosamente a ‘Pocerolandia’. El pie de foto reza: “Templos de crecimiento y codicia”.

“En las afueras de cada ciudad española, incluso pueblos, se pueden ver hileras de casas o bloques en diferentes fases de ejecución y grúas en medio. Todo está en silencio. Lo que ha golpeado a España ha sido una combinación de sus propios excesos y el efecto de los activos financieros tóxicos en alguna otra parte del mundo.

Cuando aparecieron los primeros signos del credit crunch en agosto de 2007, España se encontraba en plena euforia constructora, hasta el punto de levantar más de 700.000 viviendas al año –más que Francia, Alemania e Italia juntas-.

Gracias a la inmigración, la población de España ha aumentado de 40 a 45 millones desde 2000. Incluso así, sólo 400.000 nuevos hogares se han creado cada año. Adicionalmente, en torno a 150.000 extranjeros compran casas, sobre todo europeos del norte en busca de segundas residencias. El boom de la construcción fue exagerado por una potente mezcla de incentivos perversos. Primero, el dinero era barato después de que España adoptara el euro. El Banco Central Europeo se guió principalmente por las condiciones económicas de Alemania y Francia. A causa de la mayor inflación española, los tipos de interés eran cercanos a cero en términos reales.

En segundo lugar, política y cultura se combinaron para inflar la burbuja inmobiliaria. En los años 50, la mitad de la población vivía de alquiler. Pero la ley favoreció con fuerza a los propietarios, lo que redujo el alquiler. A medida que los españoles se enriquecieron, invirtieron sus ahorros en el ladrillo. Desde el portal idealista.com, Jesús Encinar señala la elevada tasa de propietarios del país. Muchas familias de clase media tienen una segunda residencia en la playa, o en el pueblo de sus abuelos, o como inversión. Y no hay impuestos sobre las viviendas vacías.

El nexo entre políticos locales, promotores y cajas de ahorros

El tercer factor fue un poderoso nexo de políticos locales, promotores y cajas de ahorros que componen la mitad del sistema financiero del país. Las ciudades españolas son bastante densas y acaban abruptamente en campo abierto. Construir en terreno libre requiere que el ayuntamiento de turno extienda los límites de la ciudad, lo que le da derecho al 10% del desarrollo. La venta de ese porcentaje a los promotores se convirtió en una de las una de las principales fuentes de ingresos de muchos ayuntamientos (también de algunos concejales corruptos). A su vez, los políticos locales que controlan las cajas financiaron los desarrollos. Parecía una apuesta segura.

Pero de pronto, la apuesta resultó perversa. Las costas fueron las primeras afectadas. La sobreoferta y el estallido de la burbuja británica (origen de los mayores demandantes de vivienda vacacional) tiraron los precios a la baja. A continuación, golpeó el enfriamiento crediticio. Hoy, hay alrededor de un millón de viviendas sin vender por todo el país.

Cuanto antes caigan los precios de la vivienda, más rápido España se recuperará del estallido de la burbuja. La industria residencial necesita reducir su porcentaje del PIB. Solbes dice que este año se van a finalizar 160.000 viviendas menos que en 2007, lo que implica una caída del 1% en el PIB. Cada trabajo en la construcción ha generado tres o cuatro empleos más indirectamente, según Fidalgo. Con el sector inmobiliario knokeado como la maquinaria de crecimiento y empleo, España tendrá que encontrar algo para reemplazarlo.

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CUANDO LAS COSAS VAN MAL DE VERDAD
El País - 23 de noviembre de 2008
 
 
La gravedad de la crisis hace temer a los más pesimistas que la recesión derive en depresión

Si tiene dificultades para pagar la hipoteca, teme por su puesto de trabajo o ya lo ha perdido, no es aconsejable que lea este artículo. En él se recogen las tesis de quienes piensan que no estamos ante una crisis más, ni siquiera ante esa recesión que ya se reconoce abiertamente, sino ante una gran depresión económica que se extenderá mucho más allá de dos años y cuyas consecuencias financieras, sociales y hasta políticas cambiarán el mundo tal y como lo conocemos, además de tener un efecto devastador sobre el Estado del bienestar y la clase media en que se sustenta. Tal vez se equivoquen. O tal vez no.

Nunca se habían conjuntado tantos peligros: el hundimiento del sistema financiero, con bancos y Estados de primer nivel al borde de la quiebra, y el empobrecimiento general de grupos de población que sortearon crisis anteriores sin mayores problemas. Comoquiera que se trata de un fenómeno sin precedentes, para tener elementos de comparación sólo podemos retrotraernos a la Gran Depresión posterior a 1929, que sumió al mundo civilizado en una década de penurias y desembocó en la II Guerra Mundial, y más recientemente, al llamado corralito, que bloqueó a finales de 2001 los ahorros de los ciudadanos argentinos, haciendo saltar en pedazos el sistema financiero y poniendo a Argentina en el umbral del Tercer Mundo.

Para los que consideren desmedida la comparación, o propia de iluminados, tal vez les hubiera convenido entrar en la página web www.icesave.co.uk hace unas semanas. Nada más abrirla se podía leer: "Actualmente no estamos procesando ninguna petición de retirada de dinero ni de depósitos a través de las cuentas de Internet. Sentimos los inconvenientes que les pueda causar a nuestros clientes". Se trata de la página del banco islandés Icesave en el Reino Unido, y en ella se anunciaba sencilla y llanamente que los depósitos de todos los clientes del país estaban bloqueados. ¡Corralito puro y duro, y en la Vieja Europa! Un total de 350.000 ahorradores en el Reino Unido y Holanda, que han depositado más de 7.000 millones quedaron atrapados. La quiebra del Estado de Islandia tiene la culpa. El país nórdico no es Argentina. En la última clasificación de la ONU de finales de 2007 figura como el país donde mejor se vive en el mundo... o se vivía. Finalmente, el Gobierno británico ha tenido que acudir al rescate de sus ahorradores.

Nadie dice que la situación actual tenga las mismas causas que la del 29 o la argentina, salvo el ánimo especulativo y la falta de confianza, pero algunos piensan que la herencia que dejará sobre la economía real puede asemejarse mucho. Entre ese legado negro está la desaparición de riqueza por el desplome continuado de los mercados bursátiles, el temor de miles de ciudadanos de perder los ahorros que tienen en los bancos, el aumento desorbitado del paro, el empobrecimiento de las familias y las crecientes dificultades de las administraciones públicas para hacer frente a sus compromisos de pagos, incluyendo los sueldos de funcionarios. Ese paralelismo permite sacar algunas lecciones muy provechosas de lo que pasó en el 29 y puede que esté a punto de ocurrir ahora.

Frente a la legión de expertos oficiales, que aplauden al unísono los planes de rescate de la banca como antídoto ideal contra esta crisis, otros analistas, ciertamente los menos, estiman que esa intervención no servirá para tapar el enorme agujero negro en el que se ha convertido el sistema financiero.

El economista jefe de HSBC, Stephen King, está entre los discrepantes. A diferencia de crisis recientes como la burbuja tecnológica de comienzos de este siglo o la japonesa de los ochenta, opina King, la actual conjuga los tres elementos que se dieron en la Gran Depresión: el colapso financiero asociado con bancarrotas de entidades, la restricción del crédito y la desconfianza ciudadana sobre la capacidad de los Gobiernos para solucionar la crisis. "Nadie quiere participar en una danza de la muerte financiera. Muchos se consuelan diciendo que ya se han aprendido las lecciones de la década de los treinta y que hoy sería imposible vivir otra gran depresión. Las posibilidades de que suceda son todavía pequeñas. Pero se olvida con frecuencia que hay que cumplir tres lecciones para evitar la depresión: primero, inyectar dinero al sistema; segundo, asegurarse de que los Gobiernos coordinen sus políticas, y tercero, no permitir que la deuda y el nivel de apalancamiento se disparen. Y, por el momento, sólo se ha atendido a la primera".

En el 29, las cosas sucedieron así: "Wall Street lanzó la toalla y sencillamente se derrumbó. Algunos de mis conocidos perdieron millones. Yo tuve más suerte. Lo único que perdí fueron 240.000 dólares (o 120 semanas de trabajo, a 2.000 dólares por semana). Habría perdido más, pero era todo el dinero que tenía. El día del hundimiento final, mi amigo, antaño asesor financiero y astuto comerciante, Max Gordon, me telefoneó desde Nueva York. Todo lo que dijo fue: '¡La broma ha terminado!'. Antes de que yo pudiese contestar, el teléfono se había quedado mudo... se suicidó. En toda la bazofia escrita por los analistas del mercado me parece que nadie hizo un resumen de la situación de una manera tan sucinta como mi amigo el señor Gordon. En aquellas palabras lo dijo todo". La cita proviene de un artículo de Groucho Marx que es posiblemente el más lúcido análisis que se ha hecho del 29.

El genial actor se arruinó como miles de ciudadanos. Ahora son millones los que están perdiendo sus ahorros o el complemento de sus pensiones en los parqués bursátiles, aunque posiblemente aún no sean conscientes de ello. En los treinta, apenas un 4% de la población invertía sus ahorros a través de los agentes de cambio y Bolsa. Actualmente, el 47% de la población, bien directamente o bien a través de fondos de pensiones o de inversión, tiene ahorros en los mercados de valores, que se están esfumando. Sólo dos fondos de pensiones españoles están en positivo este año, por ejemplo.

La volatilidad y el quebranto sufrido son, para algunos analistas, ya similares a los de hace 79 años. Incluso las pérdidas de Wall Street de la semana del 6 al 10 de octubre pasado superaron a las de la llamada Semana Negra del crash del 29. Nos hemos acostumbrado a movimientos sísmicos diarios de hasta el 10%, impensables hace unos meses. Volkswagen es el símbolo de esa irracionalidad casi surrealista de los mercados. Pese a la crisis general de las firmas automovilísticas, un movimiento especulativo la convirtió el 28 de octubre en la compañía con mayor valor bursátil del mundo, llegando a valer más que las 20 mayores compañías del Ibex juntas.

En España, todos los valores que componen el Ibex menos uno han tenido rentabilidad negativa, y 27 de las 35 firmas han perdido más de la mitad de su valor en dos años. Si tiene dinero en Bolsa, puede extraer una lección de la debacle del 29, y hacer oídos sordos a quienes le animen a comprar gangas ante los bajos precios que han tocado los principales valores. Nadie puede asegurar si esta es una oportunidad de compra o si lo peor puede estar por venir. Quien compró acciones en 1929 debió vivir hasta 1954 para recuperar su inversión. Pero a quien pensó que después del crash podía forrarse no le fue mucho mejor porque el desplome continuó hasta julio de 1932, cuando el Dow Jones volvió a niveles de 1800, perdiendo el 90% de su valor respecto a los máximos del feliz 1929. Este dato derriba una de las falacias financieras más extendidas, la de que, pese a las fluctuaciones, la Bolsa es siempre la inversión más rentable a largo plazo. Nadie sabe dónde está la Bolsa y si ha tocado suelo.

El economista y profesor Nouriel Roubini, uno de los pocos que pronosticaron el actual crash financiero, va más lejos: "Aunque los mercados saben ya que las administraciones van a hacer todo lo que está en su mano, no reaccionan, seguirán cayendo. Se han convertido en una fuerza destructiva, el pánico se ha apoderado de ellos, ya no funcionan. Cada vez estoy más convencido de que hace falta un cortocircuito, un cierre temporal de los mercados para recomponer las cosas", decía en una entrevista con EL PAÍS.

En el 29 se hizo célebre el chiste de los recepcionistas de los principales hoteles de Nueva York. Cuando un hombre de negocios iba a registrarse le preguntaban: "¿Quiere usted la habitación para pasar la noche o para tirarse por la ventana? En el segundo caso, le rogamos que pague por adelantado". En 2008 no hay constancia de que haya aumentado la tasa de suicidios entre los brokers financieros. No es de extrañar. Pese a haber causado la ruina a los accionistas de sus firmas, se han embolsado indemnizaciones multimillonarias. Como dice una viñeta cómica que circula por Internet, "en el 29 los banqueros se tiraban por la ventana y ahora tiran la casa por la ventana".

Muchos más motivos de preocupación que los banqueros tienen ahora sus clientes. Temen por su dinero. La quiebra de Lehman Brothers en septiembre pasado disparó todas las alarmas al dejar a miles de clientes sin su inversión, entre ellos alrededor de 5.000 españoles que siguen pugnando por recuperar 3.000 millones de euros.

"No puede haber otro Lehman", clamaron los banqueros, asustados. Y los Gobiernos corrieron al rescate con un cheque en blanco firmado, claro está, por el sufrido contribuyente. Los fondos inyectados a los bancos tratan de evitar precisamente lo ocurrido en la Gran Depresión, cuando 3.000 bancos suspendieron pagos y los ahorradores vieron esfumarse 140.000 millones de dólares.

Desde las tribunas oficiales dicen que, gracias a los planes de rescate que no hubo entonces, esa situación no se repetirá, y que el sistema financiero se estabilizará en 2009 o a lo sumo en 2010. Por el momento, un total de 17 entidades bancarias estadounidenses han quebrado. A excepción de Lehman, las más grandes se han librado de la bancarrota gracias al dinero público (Bear Stearns, Northern Rock, Fannie Mae, Freddie Mac, Alliance & Leicester, Merrill Lynch, AIG, HBOS, Washington Mutual, Fortis, Dexia, Bradford & Bingley, Hypo Real Estate, Wachovia). Pero ¿cuál es el límite de las arcas de los Estados para tapar el agujero financiero? Sólo los planes de rescate anunciados hasta ahora van a movilizar más de tres billones de euros y, como dice, Merrill Lynch en su último informe, lo malo de estas intervenciones es que tienden a expandirse por la petición de otros sectores, como el del automóvil, y nunca se sabe dónde está el final.

Pese a ello, la práctica totalidad de la clase política, economistas y opinólogos han adoptado el dogma de que esos planes son infalibles y que el sistema financiero está a salvo. Sus pronósticos no son muy fiables. Al comienzo de la crisis, en el verano de 2007, los mismos actores afirmaron que la inyección de miles de millones desde los bancos centrales y la Reserva Federal contendría el derrumbe del sistema financiero. Y la crisis se agravó. Luego probaron con el recorte de tipos de interés, y tampoco funcionó. ¿Por qué confiar ahora en la efectividad de los planes puestos en marcha por los mismos que erraron antes?

Algunos mercados ya han dado su respuesta empezando a dar la espalda a los planes políticos. Lo demostraron tras el anuncio del Plan Paulson y lo volvieron a demostrar tras la cumbre financiera de Washington celebrada el 15 de noviembre y llamada a apuntalar el sistema. Wall Street ha vuelto a desplomarse, siendo los bancos los valores más castigados.

En España, la solvencia de la banca se ha convertido en un auto de fe, incontrovertible. La banca nacional es la más sólida del mundo porque no está expuesta a los riesgos de las hipotecas subprime de EE UU y ha sido sometida a la estricta supervisión en materia de riesgos del Banco de España.

Pero bancos y cajas esconden bajo la alfombra sus propias hipotecas basura. Cada hogar español tiene que destinar el 48,7% de su renta (el 37% si pueden acogerse a deducciones fiscales) para pagar la hipoteca, un ratio muy superior al que, por ejemplo, tienen que afrontar los estadounidenses para pagar sus famosas subprime. No hay que trabajar en el Instituto Nacional de Estadística para comprender que entre los más de ocho millones de hipotecas concedidas en los últimos cinco años, miles de ellas fueron firmadas por mileuristas, inmigrantes o parejas con empleos poco estables que ahora están engrosando las listas del Inem a velocidad vertiginosa y no podrán hacer frente a los pagos. No pueden poner sus casas en venta porque se han depreciado y porque los que podrían comprarlas esperarán a que bajen más para hacerlo.

Los que suscribieron hipotecas crecientes, un producto muy de moda hace tres años, con las primeras cuotas muy bajas, para dar facilidades a parejas jóvenes e inmigrantes lo tienen aún peor. Las cuotas han crecido ya más del 50% y se han convertido en una trampa mortal. Se estima que unas 180. Los desahucios ya han comenzado a gotear. Un informe del Consejo General de Poder Judicial alerta de que las ejecuciones hipotecarias se han duplicado en el primer trimestre. Es sólo cuestión de tiempo que aumenten los sonajeros, como se conoce en la jerga bancaria a aquellos clientes que llegan a la sucursal agitando las llaves del piso o del coche y dicen: "Quédatelo, no puedo pagarlo".

Las familias deben un billón de euros en hipotecas y la morosidad se ha triplicado en un año hasta el 2,5%. Un informe de ING señala que a partir del 15% de morosos, el sistema se derrumbaría. El presidente de Caixa Catalunya, Narcís Serra, no descarta que se llegue al 9% en esta crisis. Nadie puede decir dónde llegará.

A la deuda de las familias, la banca española une el riesgo de los 400.000 millones que le adeudan inmobiliarias y constructoras, de forma que más del 60% de los préstamos que tienen concedidos los bancos están relacionados con el ladrillo. Y si el riesgo es tanto, hasta el punto de que el Estado les ha ofrecido 150.000 millones de euros en fondos y avales, ¿por qué los bancos españoles son los únicos que siguen presumiendo de beneficios y repartiendo dividendos?

Seguramente la primera razón es que están muy bien gestionados, como coinciden sus directivos, el Gobierno y hasta la oposición. Aunque también, en algunos casos, haya causas menos loables, como que den por buenos en sus balances muchos créditos que no lo sean tanto. Así sucede con las deudas que tienen contraídas las inmobiliarias, y que son renegociadas a medida que se cumplen los vencimientos al no poder afrontar los pagos. Es el caso de Metrovacesa (8.000 millones), Reyal Urbis (4.700 millones), Colonial (8.900 millones) o Sacyr Vallehermoso (18.500 millones), entre otras muchas. Si los bancos exigieran el pago en los plazos convenidos, abocarían a una cadena de suspensiones de pagos (actual concurso de acreedores) y, como ocurrió con Martinsa-Fadesa, no tendrían más remedio que provisionar las pérdidas en sus balances, que perderían ipso facto su brillo fulgurante.

Wolfgang Münchau, principal columnista de Financial Times, escribía el pasado 20 de julio: "El colapso de Martinsa-Fadesa ha sido un recordatorio, si es que alguien lo necesitaba, del masivo crash inmobiliario español que se avecina. El desastre financiero y económico es casi inevitable. No se dejen engañar por el hecho de que los bancos españoles no tengan posiciones en las subprime norteamericanas. Estar expuesto a las hipotecas españolas es probablemente peor". Así que tal vez los bancos y cajas españoles no sean tan seguros ni inmunes a la bancarrota.

Los problemas de los bancos no suelen formar parte de las tertulias de café o de vecindario. Salvo que los tertulianos teman por la seguridad de sus depósitos. Hasta diciembre de 2001, Argentina era conocida por el tango y por Maradona. El 1 de diciembre de ese año, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunció un paquete de medidas que incluía la prohibición a los ciudadanos de sacar de las cuentas más de 250 pesos cada semana para evitar así la masiva fuga de depósitos. A la medida se le llamó corralito, y ha quedado como definición universal del bloqueo de los ahorros. Largas colas frente a las sucursales, saqueo de cajeros, caída del comercio en un 50%, impago de los sueldos de los funcionarios y un paro brutal fueron las consecuencias visibles del corralito. La más sustancial fue la desaparición del grueso de la clase media, que nunca volvió.

La sombra del corralito planea ahora sobre Europa. El lunes 17 de septiembre de 2007, miles de clientes de Northern Rock, un banco inglés especializado en hipotecas, hacían cola para sacar su dinero. El banco finalmente no pudo afrontar las retiradas, y el Gobierno decidió nacionalizarlo en febrero de este año. En EE UU se intervino el Washington Mutual en septiembre. El banco se había quedado sin liquidez. En diez días, sus atemorizados clientes retiraron 16.700 millones de dólares.

Para calmar ese pánico, en octubre pasado todos los Gobiernos decidieron aumentar la garantía sobre los depósitos. Incluso así, ¿están realmente seguros los ahorros? La respuesta es que sí, pero si los planes de rescate fallan (aunque sean infalibles) y alguna gran entidad de crédito quiebra, no lo están tanto. El volumen de depósitos es tal que ningún Estado tendría capacidad para atender a una retirada masiva de efectivo. Sólo para hacerse una idea, el banco holandés ING (que goza de la mayor solvencia crediticia) tiene depósitos por 614.000 millones, equivalentes a más de lo que produce la economía holandesa en un año. Si se desatase el pánico y la gente acudiese masivamente a la ventanilla de su banco para sacar los ahorros, sólo queda el camino de la nacionalización, de la que ya hay un reguero de casos (AIG, Mutual, Northern, BPN...), o del corralito. Eso es así por definición en la banca, incluso en los momentos más boyantes, de ahí que garantizar los depósitos es la mejor forma de que no haya ese pánico.

La peor cara de la crisis es el paro masivo. Y ha llegado para quedarse pese a los planes de inversión pública. "Suponga que usted debe emplear un trabajador, y que sólo un hombre desea el empleo. Debe pagarle lo que pida. Pero suponga que hay cien hombres, y esos cien quieren ese empleo. Suponga que tienen hijos y que esos hijos tienen hambre. Suponga que una moneda de diez céntimos compra al menos una papilla para esos hijos. Ofrézcales solamente diez céntimos y se matarán unos a otros por conseguir el puesto". La cita es de Las uvas de la ira, el libro de John Steinbeck que describe las penurias de los Joad, una familia de granjeros a los que la Gran Depresión los dejó sin tierra, sin casa y en busca de trabajo. Lo más revelador de la cita es que se escribió en 1939, 10 años después del crash, cuando la tasa de desempleo era aún del 15%. No fueron las obras públicas impulsadas por el new deal del presidente Roosevelt las que hicieron desaparecer el desempleo, sino la II Guerra Mundial, que movilizó a 12 millones de jóvenes. Los Gobiernos apuntan ahora a la misma solución mágica con renovados new deal: inversión y ayudas públicas para paliar la ralentización en la actividad privada. Pero sin una guerra mundial en ciernes, el paro no cederá. Los puestos que se destruyen ahora a toda velocidad pueden tardar mucho en recuperarse, incluso una década.

De ese marasmo laboral nadie está libre, ni los funcionarios. En Argentina, miles de docentes, médicos y empleados de las administraciones de provincias vieron retrasado el pago de sus nóminas. Aquí, los ayuntamientos y las autonomías ya comienzan a sufrir esa asfixia financiera. Los profesores universitarios de Valencia y Madrid ya han denunciado que sus nóminas están en peligro. Las entidades locales se han vuelto las primeras morosas. Las contratas de limpieza, seguridad y otras tardan más de ocho meses en cobrar. Ayuntamientos como el de Madrid han suspendido las obras públicas. En las crisis, los funcionarios están a resguardo. Nadie está seguro en una depresión.

España será uno de los países que lo pasarán peor. La OCDE pronosticó esta semana un retroceso de la economía del 0,9% y un 14% de paro para 2009. En el FMI son aún más catastrofistas. Al sector de la construcción, dado ya por muerto, está a punto de unírsele el del automóvil, que ha activado el eyector laboral con la regulación de 10.000 empleados, y hay quien teme que aprovechen la crisis para desmontar la tienda e irse para siempre.

Tampoco es éste un análisis alarmista. Basta mirar la página web oficial de General Motors. En un vídeo titulado GM lo cuenta tal como es, la compañía apunta un panorama apocalíptico si el Gobierno estadounidense no accede a aprobar un rescate para la industria automovilística, en el que más de tres millones de personas perderían su puesto de trabajo, y otras tantas, el seguro médico y hasta la pensión.

Puede que el enfoque de este artículo yerre. Puede que los planes de rescate funcionen, que la economía se recupere y que se creen millones de puestos de trabajo. Y que estemos, por tanto, ante un simple ejercicio de economía ficción, un género que cuenta con muchos adeptos, a juzgar por algunas afirmaciones. "La crisis de las hipotecas de EE UU no va a afectar de forma importante a la economía española" (José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del Gobierno, 22 de agosto de 2007). "En pocos años, entre el 2010 y el 2012 vamos a conseguir en España el pleno empleo" (Jesús Caldera, ministro de Trabajo, 16 de julio de 2007).

Pero si finalmente ocurre lo peor, quedémonos con el consejo de Groucho Marx, al poco de arruinarse en el crash del 29: "Creo que el único motivo por el que seguí viviendo fue el convencimiento consolador de que todos mis amigos estaban en la misma situación. Incluso la desdicha financiera, al igual que la de cualquier otra especie, prefiere la compañía". -

El límite de la ayuda pública

Todo lo mortal se arregla con dinero, reza el dicho popular. Los Gobiernos han reformulado el aserto para convertirlo en todo se arregla con deuda pública: ayudas a los bancos, al automóvil, a las pymes, a las familias que no pueden pagar la hipoteca, a los parados.

El último informe de Merrill Lynch del pasado 12 de noviembre se hace la siguiente pregunta irónica: "¿Por qué todos los Gobiernos no se limitan sin más a enviar un cheque de un millón de dólares a cada uno de sus ciudadanos para protegerles de la crisis financiera global?". El informe responde a la pregunta asegurando que en 2009 los Gobiernos comenzarán a darse cuenta de que el endeudamiento público tiene un límite cuando empiecen a dispararse los tipos de la deuda o se desplome la divisa, por ejemplo.

La firma de inversión indica que sólo el coste de tapar el agujero financiero supondrá una media del 13% del Producto Interior Bruto de los países. El documento alerta de que la carrera de expansión fiscal a la que se han lanzado los Estados para hacer frente al colapso financiero traslada inevitablemente el riesgo del ámbito privado al público. "Después de todo, en una economía el riesgo sólo puede ser transferido, no eliminado". Es decir, que ya no serán los bancos los que estén en peligro de quiebra, sino los propios Estados.

En España, la ampliación de capital del Banco Santander por 7.000 millones, recibida con un desplome de más del 30% en su cotización desde su anuncio, puede ser el toque de queda para el resto de entidades bancarias, que, ante la desconfianza de los inversores, hasta podrían plantearse acudir a los planes del Estado para su recapitalización que hacerlo por sus propios medios.

Los riesgos de dejar en manos del Estado la financiación del sistema son muchos. El primero del que alerta el informe es la incursión en déficit públicos desmesurados: en 2009, el de EE UU llegará al 7%, y el de la eurozona, al 4% (España puede alcanzar el 4,2%), haciendo añicos el compromiso del Tratado de Maastricht de mantener el déficit por debajo del 3%. Los Estados tendrán que pelear con las entidades privadas para colocar sus emisiones de deuda y se producirá el tan temido efecto expulsión (crowding out): cuanto más capital se requiera desde el ámbito público, de menos capital dispondrán las empresas para su funcionamiento.

Para acabar de rizar el rizo, comienza a asomar el fantasma de la deflación, la caída continuada de los precios por la falta de demanda y retroceso del consumo. Cuando una economía entra en el bucle de la deflación, nunca se sabe cuándo va a salir. Japón, con tipos de interés cero, estuvo en esa fase durante toda la década de los noventa. Y aún no se ha recuperado.

Tanto Merrill Lynch como UBS (informe del 13 de noviembre) cuestionan que el sistema monetario europeo vaya a permanecer intacto. En anteriores crisis, países como España recurrían a la devaluación de moneda para ganar competitividad. Como esa medida es imposible con el euro, no queda más remedio que emitir deuda. Pero las necesidades son muy diferentes según se trate de países como Alemania, Francia o España. Así que, en caso de un endeudamiento excesivo de algún país, sería necesario que el conjunto de la UE saliera al rescate o garantizara la deuda nacional de los Estados con más dificultades. Una medida que pondría a prueba toda la UE.

La otra alternativa sería expulsar de la Unión Monetaria a los países. Según UBS, el remedio sería mucho peor que la enfermedad. Los Estados que se salieran del euro y devaluaran su moneda provocarían el proteccionismo con una imposición de aranceles para compensar esa devaluación. Las economías fuera del euro se desplomarían, se producirían desórdenes sociales y países como Bélgica o España

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ADICAE ALARMA:25 ENTIDADES FINANCIERAS ESTÁN 'BORDE QUIEBRA'
Invertia - 10 de noviembre de 2008
 
 
El presidente de la Asociación de Usuarios de Banca (Adicae), Manuel Pardos, aseguró hoy que hay entidades financieras con problemas y subrayó que "10 ó 15 cajas de ahorro y 8 ó 10 bancos que estarían al borde de la quiebra".

Pardos indicó, en declaraciones a Telemadrid recogidas por Europa Press, que en el caso de las cajas de ahorros "no hay que alarmarse porque dependen de las comunidades autónomas y del Banco de España". "Hoy mismo podemos enterarnos de que se fusionan tal o cual caja", señaló.

Por otro lado, Pardos subrayó que "los bancos embargarán 120.000 viviendas a finales de año", y recordó que ya hay 60.000 familias en proceso de embargo de su vivienda".

Respecto a las ayudas anunciadas por el Gobierno para los parados, Pardos indicó que "estas ayudas sólo van a moderar algo la situación de estas familias y algunas personas podrán salvarse del embargo".

A su juicio, la prolongación de la hipoteca, que fue una de las primeras medidas anunciadas por el Ejecutivo "es un fracaso" y sólo la han utilizado 8.000 personas.

Pardos indicó que Adicae propone que se sustituya el Euríbor por otro índice más estable, ya que "se ha convertido en maldito porque se ha divorciado de los tipos del Banco Central Europeo, cuando antes siempre iban parejos".

"El Banco de España, que es el que marca los índices objetivos, debería decir que, excepcionalmente, por dos años, se suspenda esa regencia y se pongan los tipos del Banco Central Europeo, que están más dirigidos a una política social y económica que a los intereses de los bancos", sentenció.

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S&P rebaja la calificación de riesgo de la banca española
Finanzas.com - 25 de noviembre de 2008
 
 
La agencia internacional Standard & Poor's (S&P) rebajó hoy la calificación de riesgo de la banca española debido, entre otros motivos, al "deterioro" de su perfil financiero.

En un comunicado emitido desde su sede en Londres, S&P explica que ha empeorado su "Evaluación de Riesgo País para la Industria Bancaria" (BICRA, en sus siglas en inglés) del sistema español.

De esa manera, el BICRA de la banca de España pasa del "Grupo 1" a "Grupo 2".

Este sistema de control de riesgo de la banca muestra los puntos fuertes y débiles del sistema bancario de un país con una escala que va desde el "Grupo 1", el más positivo, hasta el "Grupo 10", el más negativo.

"El cambio de BICRA refleja el incremento del riesgo del sistema bancario español y el resultante deterioro de su perfil financiero", señala el comunicado, al precisar que la calificación de la banca española es similar a la de Alemania, Italia y Noruega.

Según Jesús Martínez, analista de S&P, ese deterioro se ha producido en el marco del "desplome del sector de la construcción en España" y su repercusión en otras áreas empresariales, lo que "ha golpeado con dureza" a la economía nacional.

La agencia indica que "los bancos españoles son vulnerables a ese peor contexto debido a su amplia exposición al mercado inmobiliario".

Pese a todo, S&P considera que la banca del país ibérico posee "fortalezas" para afrontar la actual crisis, ya que consiguió una "elevada eficiencia" durante la "vigorosa expansión económica de España en la última década".

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BdE cree que morosidad afectará a resultados de la banca
Invertia - 05 de noviembre de 2008
 
 
Banco España advierte de incremento de morosidad

* Considera incremento morosidad afectará a resultados banca

* Pronostica desacaleración crecimiento crediticio en próximos trimestres

El Banco de España considera que un incremento de la morosidad del sistema financiero tendrá un mayor impacto en la cuenta de resultados de las entidades domésticas en el actual contexto de la crisis financiera internacional y de ajuste de la economía nacional.

"La mayor morosidad (del sistema) incidirá en las cuentas de resultados a través de unas mayores necesidades de provisiones específicas", dijo el miércoles el banco emisor en un informe de estabilidad financiera sobre los retos que afrontan las entidades de depósitos españolas.

El emisor considera que la tensión que soportarán los resultados está relacionada con menores volúmenes de actividad y unos mayores costes de financiación en un momento en el que los mercados de financiación mayoristas siguen prácticamente bloqueados y por ello hace especial hincapié en que "es importante que las entidades intensifiquen sus esfuerzos por aumentar su eficiencia en costes".

El número de desempleados en España, que ascendió en octubre a algo más de 2,8 millones -- el nivel más alto desde abril de 1996 -- guarda una relación directa con el incremento de la morosidad.

"El desempleo y la morosidad están fuertemente correlacionados y las recientes cifras de desempleo nos llevan a pensar que la rápida aceleración de la tasa de morosidad va a persistir", djo Crédit Suisse en una nota de análisis.

Santander y BBVA cuentan con un negocio más diversificado y por lo tanto tienen una menor exposición al negocio promotor doméstico. En este escenario, los dos grandes bancos españoles podrían aprovechar la caída de activos para protagonizar movimientos corporativos.

Analistas y expertos coinciden en señalar que en este escenario las cajas son más vulnerables ante el actual cambio de ciclo económico porque el 70 por ciento de su cartera crediticia, que a julio ascendía a algo más de 850.000 millones de euros, se concentra en el negocio inmobiliario y constructor, prácticamente estancado. Este panorama, señalan los expertos, podría acelerar el proceso de concentración entre las cajas.

A pesar de que el Banco de España pronostica incrementos de morosidad en los próximos trimestres, también señala que este ratio todavía se sitúa en "niveles reducidos" y destaca que sus niveles de partida son inferiores a los registrados a principios de los años 90.

Según datos del Banco de España de agosto, el ratio de morosidad del sistema financiero se incrementó a finales de agosto al 2,44 por ciento sobre el total de los préstamos.

MENOR NEGOCIO BANCARIO

En el actual entorno de la crisis financiera internacional y dentro del ajuste de la economía doméstica, el Banco de España pronostica una desaceleración en la concesión de créditos en los próximos trimestres.

"Es previsible (que este proceso de desaceleración) persista en los próximos trimestres", según el informe.

El Banco de España volvió a destacar que las entidades de depósitos españolas no se han visto afectadas por el impacto directo de la crisis de las hipotecas estadounidenses de alto riesgo (subprime), aunque reconoce que "no cabe duda de que las entidades financieras españolas han de desarrollar su actividad en un entorno económico más debilitado".

En este escenario, el banco emisor destaca la fortaleza del modelo de negocio de las entidades españolas, basado en una estructura de financiación mayorista concentrada especialmente en plazos medios y largos, y en una sólida posición en términos de capital, además de destacar la existencia de una provisión genérica, constituida en la fase de fuerte crecimiento del crédito.

"Los resultados han evolucionado favorablemente por la recurrencia de los ingresos del negocio minorista (...) que debería (además) contribuir a facilitar (los) procesos de captación de depósitos, al tiempo que los planes aprobados por el Gobierno español, deberían contribuir a aliviar las tensiones de financiación que puedan existir", según la entidad emisora.

BANCO ESPAÑA PIDE TRANSPARENCIA EN AYUDAS

El Banco de España pide en su informe que las recientes medidas coordinadas por los principales países europeos y por Estados Unidos de apoyo al sistema financiero deben ser aplicadas por los diferentes Gobiernos de un modo "transparente y respetuoso" con las reglas de juego competitivo.

"En caso contrario se producirían efectos perversos no deseados, al dificultar la capacidad de discriminar por parte de los mercados financieros entre aquellas entidades que lo han hecho bien y aquellas otras que no han gestionado bien la crisis", según el Banco de España.

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La banca estudia acudir en bloque al fondo de liquidez
CincoDías.com - 10 de noviembre de 2008
 
 
para evitar un deterioro de su imagen. Bancos y cajas estudian acudir en bloque y de forma coordinada al fondo de liquidez del Gobierno para evitar que cuando se conozca el nombre de las entidades que se han acogido a él su imagen pueda verse deteriorada y esto provoque el miedo o la desconfianza de sus depositantes sobre su solvencia, informaron fuentes del sector financiero.

Las entidades consideran que esta sería una forma segura de acogerse al Fondo de Adquisición de Activos Financieros (FAAF) de hasta 30.000 millones de euros, ampliables a 50.000 millones, después de conocer que el Gobierno informará en el Congreso de qué bancos y cajas se han beneficiado de esta liquidez una vez transcurridos cuatro meses.

Los responsables de bancos y cajas consideran que esta estrategia permitiría contrarrestar la posible estigmatización de las primeras entidades que recurrieran al fondo, lo que algunos ahorradores podrían malinterpretar como un signo de problemas, y retirar impulsivamente su dinero de la caja o banco en cuestión.

Aunque la Asociación Española de Banca (AEB) y la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) no se han manifestado sobre la idoneidad de que se haga público el nombre de las entidades beneficiadas por el fondo de adquisición de activos -sólo han expresado sus reticencias sobre la fórmula de subasta- algunos responsables de entidades han expresado su opinión.

El presidente del Santander, Emilio Botín, aseguró la semana pasada desde Sao Paulo que para ser transparentes "no hace falta dar nombres", y agregó que hacerlo podría infligir daños innecesarios a la reputación de las entidades. El Santander no descarta además acudir al fondo si lo considera conveniente .

Desde el BBVA, su consejero delegado, José Ignacio Goirigolzarri , subrayó la necesidad de evitar que la publicación de los nombres de las entidades se convierta en un motivo para "cebarse" en las que acudan a las medidas articuladas por el Gobierno para aumentar la liquidez.

Diversos medios de comunicación dedujeron de la última comparecencia en el Congreso del secretario de Estado de Economía, David Vegara , que el Gobierno compartía estos argumentos y estimaba que dar los nombres podría sabotear el fin del fondo de facilitar créditos a familias y empresas, al desincentivar que acudieran las entidades, preocupadas por mantener su buena imagen.

No obstante, el pasado día 3, Vegara anunció oficialmente que el vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, revelará en sus comparecencias cuatrimestrales en el Parlamento para dar cuenta de la evolución del FAAF, qué entidades se acogen al mismo.

Concretamente, Solbes informará en la Comisión de Economía y Hacienda de la Cámara Baja de la distribución exacta del fondo y del nombre de las entidades que se hayan beneficiado del mismo hasta la fecha, aunque no de las que hayan pujado en la subasta.

Evitar estigmatizaciones

Para el Gobierno "es razonable" dar a conocer qué bancos y cajas se benefician del fondo de activos financieros cada cuatro meses y no antes, para no hacer especial hincapié en las entidades que acudan a la subasta y evitar posibles "estigmatizaciones", explicó Vegara.

El fondo de liquidez lanzará este mes de noviembre la primera subasta de compra de activos financieros por importe de 5.000 millones de euros, y otra en diciembre, por el mismo importe, con un plazo de vencimiento de dos y tres años, respectivamente, mayor que el que ofrece el Banco Central Europeo (BCE).

Las partidas del fondo de liquidez se repartirán con criterios de diversificación para evitar que los activos de alta calidad (doble y triple A) que se compren, cédulas hipotecarias y bonos de titulización de activos, sean únicamente de determinadas entidades financieras, y se primará la adquisición de activos que respalden créditos nuevos.

Se realizarán dos tipos de subasta, una competitiva en la que las entidades pujarán por la venta de sus activos a un tipo de interés determinado para superar las ofertas de los demás, y otra no competitiva, que alcanzará como máximo el 25% del total de subasta, reservado a las entidades que más hayan contribuido al aumento del crédito.

Las entidades que deseen vender activos deberán ofrecerlos por valor superior a tres millones de euros, y las ofertas por importes mayores tendrán que ser múltiplos enteros de un millón de euros, aunque en la convocatoria de las subastas se podrá modificar los importes cuando sea conveniente por el plazo del activo, o cualquier otra circunstancia.

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FMI avisa si España no reforma su economía caerá en espiral
ABC - 11 de diciembre de 2008
 
 
de desempleo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha predicho que la economía española se contraerá "al menos" un 1 por ciento en el 2009, tres décimas más que lo que había calculado hace poco más de un mes.

A corto plazo las perspectivas son "sombrías e inciertas", dijo un grupo de sus expertos en una declaración al concluir una visita a Madrid, en la que analizaron la situación de la economía y se entrevistaron con las autoridades españolas.

A medio plazo las cosas no pintan mucho mejor, a su juicio. El FMI señaló que la recuperación depende de la aplicación de reformas profundas.

Baja competitividad, crecimiento y alto desempleo

"Si no se llevan a cabo, España podría verse atrapada en una situación de baja competitividad, bajo crecimiento, desapalancamiento generalizado y alto desempleo, desde la cual sería difícil volver a un nivel bajo de deuda pública", alertó.

El FMI cree que el desapalancamiento -la reducción de la deuda por parte del sector privado- es un fenómeno ya presente, que se refleja en la caída del consumo y la renuencia de las empresas a invertir.

La recuperación de la economía será débil, predijo, si continúa la baja productividad del país, su inflación es superior a la de sus vecinos y no hay un programa más amplio de reforma.

En ese sentido, aconsejó la liberalización de los sectores de los servicios y de los transportes, donde existen normas que dificultan la competencia.

La política más importante "que falta" en los planes del Gobierno es la reforma del mercado laboral, en opinión del FMI. La entidad pidió que se eliminen los ajustes de sueldos según la inflación, que a su juicio alimentan las alzas de precios, y también recomendó que se faciliten los despidos. En su declaración, la institución predijo además que el ajuste del sector inmobiliario "llevará tiempo". Dijo que son "esenciales" cambios en las regulaciones que agilicen la resolución de disputas entre arrendatarios e inquilinos. También se mostró a favor de las ayudas para pagar la hipoteca para los desempleados, pero criticó la construcción de viviendas de protección civil, porque aumentan el inventario de casas, lo que baja los precios aún más.

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La banca española es la que más ha encarecido el crédito
Expansión.com - 12 de noviembre de 2008
 
 
Si usted se pasa por el banco a pedir un préstamo, observará mucho más rigor del que podía notar hace apenas un año. Los carteles publicitarios que cuelgan de los cristales han pasado de anunciar hipotecas y créditos personales a promocionar depósitos y seguros de inversión. Es decir, los bancos piden financiación más que prestan. Y, según los últimos datos publicados por el Banco de España y el Banco Central Europeo, cuando prestan lo hacen a precios mucho más caros que antes de la crisis. Especialmente en España.

Desde julio de 2007 hasta septiembre de 2008, los españoles son los bancos de la eurozona que más han encarecido el crédito a los hogares y los terceros que más se lo han subido a las empresas, solamente superados por Eslovenia y Portugal (ver gráfico). En contrapartida, la guerra de depósitos ha elevado también su remuneración, y España es el tercer país en el que más han subido los tipos de interés de estos productos para las familias y el cuarto en el caso de las empresas.

Tanto en operaciones nuevas como en saldos vivos, y tanto a empresas como a hogares. La banca española se sitúa en las primeras posiciones del ránking de entidades que más han elevado, en términos absolutos, el coste de la financiación. Si solamente se tienen en cuenta las cuatro grandes economías de la eurozona (Alemania, Francia, Italia y España), los españoles se sitúan claramente a la cabeza.

Así, por ejemplo, el tipo medio de los nuevos créditos al consumo a más de un año ha pasado del 8,37% en julio de 2007 al 9,74% en septiembre de 2008. Esto supone un incremento de 1,37 puntos porcentuales, comparado con los 0,32 puntos que han subido en Italia, los 0,62 de Francia o los 0,22 puntos que ha llegado a caer en Alemania.

En el caso de los nuevos créditos para comprar viviendas, el tipo de interés medio aplicado por las entidades españolas ha subido en 0,90 puntos, hasta el 6,01%, un incremento solamente superado por los 1,02 puntos de Portugal, los 0,97 puntos de Bélgica y los 0,94 puntos de Eslovenia.

En el informe de Estabilidad Financiera de noviembre, el Banco de España ya advierte de esta tendencia: «Las entidades han trasladado a sus operaciones crediticias el aumento de los tipos de interés del mercado monetario», dice el supervisor.

Esto se debe principalmente a dos motivos. Uno es el mayor peso de los créditos a tipo variable vinculados al euribor -y equivalentes- en el sistema bancario español. Las tensiones financieras internacionales han disparado los tipos del mercado interbancario y han encarecido la financiación para todas las entidades, incluidas las españolas.

Pero la segunda razón se debe a la mayor percepción del riesgo por parte de la banca. Con la economía española a punto de entrar en recesión; la eurozona, Reino Unido y EEUU en una situación similar; y la tasa de paro nacional en el 11,3% y apuntando al 17%; los bancos se están mostrando muy cautelosos antes de conceder un crédito. Y, cuando lo conceden, aplican un diferencial sobre el euribor mucho mayor que durante la época pre-crisis.

Un buen ejemplo es el de Banco Sabadell, cuya hipoteca para jóvenes ha pasado de aplicar el euribor en el primer año y luego el euribor más 0,25%, a aplicar directamente euribor más un 1%. Pero el delSabadell no es un caso aislado y la tendencia, con mayor o menor agudeza, se repite en todas las entidades. La hipoteca remunerada de Barclays ha pasado de euribor más 0,39% a euribor más 0,55%.

En cualquier caso, uno de los motivos que ha situado a la banca española en la cabeza de Europa a la hora de endurecer la financiación –un sistema mayoritariamiente formado por créditos a tipos de interés variable– también debería contribuir a situarlos a la cabeza de las bajadas, ahora que el euribor está retrocediendo.

Sin embargo, el efecto del descenso del euribor se verá limitado por la otra variable en juego: una mayor percepción de riesgo por parte de la banca debido al incremento de la morosidad y al mayor deterioro de la economía española.

Las entidades remuneran mejor los depósitos Al igual que los que piden financiación han sufrido un encarecimiento de las condiciones, los ahorradores han disfrutado de un mayor tipo de interés en sus depósitos. Los bancos españoles son los terceros de la eurozona que más han incrementado la remuneración para las familias, tan sólo por detrás de los griegos y los eslovenos.

En el caso de las empresas, en cambio, ha habido tres países en los que la banca ha sido más generosa: Grecia, Francia, y Eslovenia. Los nuevos depósitos hasta un año se remuneraron en septiembre pasado al 4,87%, frente al 3,88% de julio de 2007, lo que supone un incremento de 0,99 puntos. En el caso de los depósitos hasta dos años, el interés ha subido 1,15 puntos, hasta el 4,59%.

El estancamiento de los mercados de capitales y monetarios debido a la crisis -una de las principales vías de financiación de la banca española-, ha obligado a los bancos nacionales a buscar alternativas. Y una de ellas ha sido la captación de depósitos entre los clientes, una vía bastante natural para los bancos y cajas españoles, muy volcados en el negocio minorista y de trato personal con los clientes.

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En manos de los banqueros
EstrellaDigital.es - 10 de diciembre de 2008
 
 
Algunos son pertinaces e irredentos. Por ejemplo, Fernández Ordóñez que, con todo lo que está cayendo, centra el peligro en que el Estado intervenga. El 19 del pasado mes hizo unas declaraciones en las que alertaba acerca del riesgo que, según él, se produce en las capitalizaciones de los bancos con entrada de representantes del Gobierno en los consejos de administración, calificándola de nefasta si se cae en la tentación de obligar a esas entidades a conceder créditos: "En el momento en que obliguemos a un banco a dar un crédito a quien no lo va a pagar, nos habremos cargado el sistema financiero".

El caso es que, para destruir el sistema financiero, se valen ellos solos, y ya lo hubiesen hecho si no llega a ser por la actuación de urgencia del sector público y por el dinero de los contribuyentes. ¿Nos olvidamos, acaso, de que han sido las propias entidades financieras y la autorregulación las que se encuentran en el origen de esta crisis? Son los bancos los que han concedido créditos a quien no podía pagarlos -las famosas hipotecas subprime- y han sido los bancos los que han titulizado esa basura, la han vendido a otros bancos y han contaminado el sistema.

Incluso, refiriéndonos a España, hay mucho que decir respecto al comportamiento de nuestras entidades financieras. Se ha pregonado su solvencia y buena salud en comparación con las de los otros países. La explicación es sencilla. No han tenido demasiadas ocasiones de contaminarse. Dado nuestro déficit exterior, nuestros bancos no podían ir a los mercados internacionales a comprar activos, ni de buena ni de mala calidad, sino a emitir pasivos, a endeudarse. Era difícil, por tanto, que adquiriesen en el extranjero activos de dudosa procedencia.

Otra cosa es la contaminación interior porque, sin llegar a la aberración de las hipotecas subprime, al conceder créditos con excesiva alegría y permitir el apalancamiento, las entidades financieras han sido, en buena medida, las causantes de la burbuja inmobiliaria y del brutal endeudamiento de nuestra economía. Esas personas tan sabias y expertas que dirigen los bancos quizás se han autoengañado pensando que las condiciones económicas iban a permanecer inmutables (buen ejemplo de ello son los préstamos a Sacyr); pero de lo que no hay duda es de que han engañado a los clientes y a la sociedad en su conjunto.

La cultura financiera de la mayoría de los ciudadanos es escasa y, por lo general, se fían de lo que les diga el banco, sin ser capaces de discernir muchas veces la verdad de la mentira. En unos momentos en los que los tipos de interés eran excepcionalmente bajos, las entidades financieras impusieron el interés variable con lo que el riesgo pasaba de éstas al cliente al que se engañaba, o al menos se confundía, presentándole una oferta que no era real. Casi todo el mundo, cuando va a demandar un crédito, en lo que se fija es en la cuota que va a tener que pagar todos los meses, y si ésta es asequible teniendo en cuenta sus ingresos. Pero, con interés variable y especialmente con largos plazos de amortización, esa cuota puede modificarse de manera sustancial, ya que casi todo lo que se paga en los primeros años son intereses, por lo que variar el tipo de interés, también lo hace y casi en la misma proporción la mensualidad. Tal escenario va a conducir a un fuerte incremento de la morosidad, y a crear una situación económica angustiosa en muchos ciudadanos.

Este comportamiento de las entidades financieras contrasta con el que están practicando en la actualidad. Desde la propia vicepresidencia económica se ha mostrado preocupación por que el crédito no llega a las empresas o a las familias y, cuando llega, lo hace con unas condiciones draconianas. En plena recesión, casi deflación, las entidades financieras están cobrando a sus clientes unos tipos de interés desmedidos, integrados por dos factores diferentes. Por una parte, el nivel del Euribor (tipo al que los bancos se prestan entre ellos), dado que presenta una diferencia anormal con respecto a la tasa de interés que marca el BCE, hecho que éste debería tener en cuenta al fijarla.

Pero el otro factor es que la banca, sin razón aparente, aplica un diferencial sobre el Euribor muy superior al que fijaba anteriormente, y, además, lo completa con domiciliación de la nómina, seguro de vida, del hogar, fondo de pensiones y no se sabe cuántas cosas más, lo que constituye todo ello un pago en especie. No se trata, por tanto, de que los bancos se hayan vuelto más cuidadosos a la hora de decidir a quién prestan, ni que exijan más garantías -lo que parecería lógico, dada la ligereza con la que se han comportado en la etapa anterior-. Se trata de que parecen querer compensar ahora, a costa de los clientes solventes, las pérdidas que pueden derivarse de las alegrías de antaño. Lo cierto es que están encareciendo el crédito y ahondando la recesión.

A quienes temen que el poder político entre en la banca, habrá que decirles que difícilmente lo hará peor que el poder económico y los llamados independientes. Además, al Gobierno se le pueden exigir responsabilidades; a los banqueros, nunca. Parece evidente que cada cierto tiempo las entidades financieras entran en crisis y, bajo las amenazas de que se tambalea todo el sistema y la economía en su conjunto, enormes cantidades de fondos públicos tienen que acudir en su ayuda. Habrá que pensar que el crédito y el dinero son asuntos demasiado importantes para dejarlos en manos de los banqueros. Desde luego, no tiene sentido que, como en la antigua URSS, los taxis sean públicos, pero a lo mejor tampoco lo tiene que, como en nuestros países, los bancos sean privados.

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Un enorme agujero negro engulle a España
acratasdiario.blogspot.com - 12 de noviembre de 2008
 
 
Ya tenemos la cifra aciaga: 800.000 millones de euros es el agujero financiero creado por los bancos y cajas españoles en estos 5 últimos años. Los datos son del Banco de España, así que se trata de verdades en el estado más puro. Hablando en jerga contable, esos 800.000 millones de euros son la diferencia entre depósitos y créditos de los bancos y cajas: Se ha prestado mucho más allá de la capacidad de ahorro de los españoles; y se ha hecho mediante instrumentos financieros, como las titulizaciones hipotecarias (los famosos fondos hipotecarios con garantía real) y las emisiones de deuda. El agujero negro se denomina entre banqueros con el exótico nombre de “gap comercial”. O sea, que nada de crisis internacional, sino sinvergonzonería bien nacional.

Por otra parte, España como estado es el segundo país del mundo en déficit comercial —déficit de la balanza de pagos por cuenta corriente—, que alcanza un 10% del PIB, lo que nos sitúa justo por detrás de EEUU... Exactamente, 739.000 millones de dólares en 2007. Esa es la diferencia entre exportaciones e importaciones. Parece que esa segunda cifra no tenga nada que ver con el endudamiento (apalancamiento) de los bancos y cajas... ¿Nada que ver? Pues ahora viene lo bueno: ese déficit comercial español viene, casi exclusivamente, de la política de apalancamiento financiero de bancos y cajas. Han comprado dinero en Europa para financiar a las familias y las empresas españolas, para que se endeudaran y vivieran por encima de sus posibilidades en una proporción escandalosa. Cuando lo compraron, se trataba de dinero barato y abundante; ahora, que toca devolverlo, es caro y escaso. La consecuencia es la asfixia bancaria que se transmite a empresas y familias en forma de falta de liquidez, lo cual conlleva paro y embargos.

Porque la consigna de los bancos es ahora “desapalancarse financieramente”. Y vamos a explicar lo que eso significa en román paladino: recuperar créditos vigentes y no conceder nuevos créditos. Es decir, disminuir el saldo vivo crediticio. De modo que ir a pedir hoy un crédito a un banco o caja es un vía crucis insufrible. Si no hay dinero para atender a los negocios, no pueden funcionar. Me estoy refiriendo a la atención a las puntas de cash flow que todo negocio, desde una pequeña tienda hasta la factoría SEAT de Martorell, necesitan. Los proveedores quieren cobrar y los clientes no pagan a tiempo. Eso conduce a la sequía, a la paralización de los negocios y al cierre de los mismos. El número de empresas españolas que han cerrado en lo que llevamos de 2008 es espeluznante, y en 2009 será muchísimo peor. Y eso no es cosa internacional. La comparación del crecimiento del paro en España y en Europa es significativa, el problema financiero español está induciendo paro de un modo muy especial e intenso:

Nuestro amado Banco de Santander advierte que el ritmo de desapalancamiento será de entre 50.000 y 100.000 millones de euros anuales. Si ésta es la causa de la crisis, ¿cuánto tardaremos en salir de ella? Pues unos 8 años, si el ritmo de desapalancamiento es el alto. Durante todo ese tiempo, haciendo unos sencillos cálculos, vemos que eso significa que se reducirá el crédito concedido a la tercera parte respecto al concedido los cinco años anteriores, en ese peor de los casos. O sea, que conseguir un crédito será 3 veces más improbable o será de 1/3 en cuantía; y muy probablemente con el triple de garantías para que sea otorgado. ¿Qué no lo entendéis? Bueno, lo diré de otro modo: que sólo se le prestará a los que tienen tremendas propiedades para respaldar el crédito solicitado. A los ricos. El cierre de pequeños negocios va a producir un paro descomunal. Las pymes lo van a pasar muy mal, porque las cadenas comerciales no van a funcionar como hasta ahora, sin la “grasa” para evitar rozamientos en forma de créditos.

Lo peor es que la única solución de los españoles (con lo que de paso salvarán a bancos y cajas, y al Gobierno) será ahorrar como hormigas, no gastar más que en lo estrictamente necesario, volverse tacaños como sefarditas. La banca, que sólo piensa en sí misma y no en las desgracias que causará a la nación que chulea, lo sabe, y prevé que el ahorro de las familias españolas pase de 10% al 15% en los próximos años. ¡Dinerito para los bancos, en vez de para el consumo! Más paro aún, por el cierre masivo de restaurantes, bares y comercios al detalle. Volveremos, en pocos meses, a la economía de posguerra, que algunos aún recordamos.

Otra cosa: ¿se van a pedir responsabilidades civiles y penales a los banqueros y altos cargos de cajas de ahorros por habernos metido en este callejón sin salida? Motivo hay. Pero sabemos que no hay voluntad política de hacerlo. El PSOE no morderá la mano que le da de comer, a la que tanto dinero debe. Las desgracias se las imputará a la coyuntura internacional y al egoísmo de los norteamericanos... o a la mala suerte, lo que no deja de ser verdad, porque ¡qué mala suerte trae que se te cruce un agujero negro en el camino!

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España S.A., liquidación por derribo
El Confidencial - 23 de noviembre de 2008
 
 
Suenan los clarines del miedo. Diríase que el diluvio arrecia según pasan los días y nos vamos acercando al fatídico 2009. La Fundación de las Cajas de Ahorro, Funcas, auguró el viernes un crecimiento negativo de la economía del -1,5% en 2009, peor incluso que el -1% registrado en 1993. La peor recesión económica de la historia moderna, al menos desde que se aprobó el Plan de Estabilización. El barco parece hundirse en la galerna y sobre las aguas turbulentas asoman, entre los restos de arboladura y velamen, el cuerpo exangüe de una sociedad que se consumió en el fuego fatuo del dinero fácil, que se creyó rica, que se empeñó hasta las cejas, hedonista y crédula, que despreció los valores del esfuerzo y el trabajo bien hecho, que se corrompió y se dejó corromper, sin clase empresarial y sin clase política, sin norte, que ahora se pregunta aterida por el miedo a un futuro incierto qué ha pasado aquí, cómo ha sido posible este desastre, de dónde vino la ola de este tsunami que amenaza con arramblar con la repentina riqueza de los pobres moradores de un país que hace cuatro días se comía los mocos.

Unos más pobres que otros. Porque el Gobierno socialista sigue empeñado en ayudar a los más ricos. Es la segunda vez que le salva el culo a Luis del Rivero. La primera fue la pelea por el control de Eiffage, donde un grupo de naranjeros levantinos, comandados por el señor de Murcia, trataron de hacerse con la mayoría de la constructora gala. Ahí ya se vio obligado a intervenir Zapatero ante Sarkozy. Ahora, cuando Sacyr se encaminaba hacia el precipicio de la suspensión de pagos antes de fin de año, lo que hubiera ocasionado un terremoto en cadena en bancos y Cajas, el Gobierno tiene que salir de nuevo al rescate ayudando a buscar un comprador para el 20% que la constructora tiene en Repsol. No es el mejor del mundo, cierto, es ruso como el oso Mitrofán, pero, pelillos a la mar, hay que salvar los muebles de nuevo a un tipo que sabe demasiado, porque desde el frustrado asalto al BBVA ha pisado mucha alfombra en Moncloa, al punto de haber llegado a amenazarnos, insolente el tío, con que el Estado tenía que recomprarle su participación al mismo precio que él pago, porque ese fue el trato, sostiene agresivo, fuisteis vosotros quienes me metisteis en esta para blindar Repsol y sois vosotros los que me tenéis que sacar del atolladero. Y, si no, tiro de la manta. Gracias a Antonio, ahí un amigo, que ha revuelto Roma con Santiago buscando un comprador dispuesto a pagar el doble de lo que vale la acción en Bolsa y a no mandar. El cuarto milagro de Fátima.

Todas las épocas tienen su icono. La segunda mitad de los ochenta, los mejores años del felipismo, el país donde más pronto podía uno hacerse rico en menos tiempo según Solchaga, sacó a flote a los supergalácticos, los Abelló, Conde, Albertos, De la Rosa y demás familia. La imagen del zapaterismo es Luis del Rivero, un tipo de la extrema derecha murciana que de pronto se enamora del socialismo cuando, vía Matías Cortés et al, enlaza con el glamour de los más ricos del lugar, empezando por Juan Abelló, que ya se sabe que, en cuestión de ideología, los ricos españoles hacen lo mismo a pelo que a pluma. Del Rivero representa como pocos la locura colectiva del periodo. “Debo 19.000 millones, pero tengo 24.000”. ¿Y de dónde sacaba naranjito esos fabulosos 24.000? “Pues sí, mira, porque el 20% de Repsol son 9.000, Itinere no vale menos de…” El cuento de la lechera. La realidad es que ese 20% ha llegado a valer poco más de 3.000 millones, menos de la mitad de lo que pagó por él.

Muchas incógnitas en torno a la operación. Y conste que no coincido en absoluto con quienes pretenden cerrar el paso a Lukoil simplemente porque es rusa. Su entrada real en Repsol aseguraría, al diversificarlo, el suministro energético español, por un lado, y contribuiría a mejorar la competencia, por otro. Con nuestras tres refinerías en manos extranjeras -Lukoil, Total y BP- es de imaginar que al Gobierno se le ocurriría, por fin, pensar en los consumidores, metiendo mano en el actual oligopolio que pastorea Repsol. El problema es que tiene toda la pinta de ser una operación ficticia. Y nada limpia. Por Madrid circulan ya todo tipo de rumores sobre comisiones. “Esto de Lukoil no gusta a nadie, pero es un mal menor”, contaba ayer mismo un tipo importante. “La alternativa es que quiebre Sacyr y se lleve por delante algún banco”. Curioso espectáculo el de Sebastián, ¿un verso suelto?, íntimo de Del Rivero, saliendo a defender la “españolidad” de Repsol a toda costa, casi a la misma hora en que Zapatero daba el visto bueno a Lukoil, una empresa con socio americano (ofendimos su bandera y ahora la adoramos), una tal Conoco Phillips, que tiene 200 gasolineras en USA, no, tiene 2.000, bueno, que sean 5.000, nervioso, con el pie cambiado… ¿Quién cambió el discurso de Rodríguez Zapatero el jueves en Moncloa? ¿Ese cambio tenía un precio?

España en venta

La estrategia diseñada en su día desde la Oficina Económica del Presidente del Gobierno, para el definitivo ordenamiento del estratégico sector energético español va camino del éxtasis. La primera petrolera en manos rusas, y la primera eléctrica en manos italianas. Y GN, cuyo primer accionista es Repsol, tarde o temprano también en manos rusas. Con Iberdrola ya veremos, porque EDF está en lista de espera y tendremos que pagar al amigo Sarko el favor que nos ha hecho prestándonos una silla en Washington y ayudándonos a trincar al sanguinario Txeroki. El resto de eléctricas ya son extranjeras: E.On (Viesgo) y EDP (Cantábrico). Vamos camino de tener todos los grandes centros de decisión económicos en manos extranjeras. Un triunfo de ZP en toda regla, cuyo Gobierno se da por satisfecho con que “Repsol siga siendo una empresa dirigida por españoles”, y si es posible por el amigo Antonio, al que hay que agradecer tanto desvelo, mejor que mejor. Maestros en el difícil arte de afirmar una cosa y su contraria sin que les tiemble la voz, los miembros de este Gobierno han alcanzado la excelencia en el arte de engaño y el doble discurso.

Y es que España se vende. Es la pesadilla de un país que se despierta del sueño y de pronto se ve obligado a reconocer que es un 40% menos rico o más pobre de lo que se pensó, que nuestra riqueza fue una ficción, un artificio contable, cómprese usted un piso, no sea tonto y disfrute, ¡a endeudarse, malditos!, no importa si no tiene dinero, yo le financio el 100% y encima le doy 15.000 más para que se compre un coche, venga alegría, y ustedes, señores empresarios, pónganse el mundo por montera, cómprenlo todo, bancos, autopistas, aeropuertos, constructoras, alimentarias, y de repente los balances empezaron a inflarse con cifras astronómicas, éramos los Estados Unidos de Europa, los amos del universo, la admiración del mundo. A finales de los ochenta, Mario Conde y Juan Abelló se compraron Banesto con 11.000 millones de pesetas, una cantidad que dejaba al 99% de los españoles con la boca abierta. Hoy, esa cifra traducida a euros no pasaría de ser el pocket money de un Luis del Rivero cualquiera.

Y de repente hay que venderlo todo, hay que deshacer lo andado incluso a costa de perder dinero, hay que volver a poner los pies en la tierra, porque resulta que todo fue una gigantesca engañifa, una ensoñación, y estamos endeudados hasta las cejas, no podemos pagar la hipoteca, jamás podemos atender principal e intereses de la deuda contraída, estamos en quiebra, Tremón quiebra, Sacyr está en quiebra, y Acciona está mírame y no me toques, Ferrovial requiere oxígeno, Prisa está en quiebra, y la deuda de Unidad Editorial supera el valor de su matriz (bello panorama para la libertad de expresión), Leche Pascual no puede con los 400 millones que arrastra, SOS Cuétara tiene que deshacer algunas de sus compras recientes, Azucarera Ebro se vende, y así podríamos seguir hasta el amanecer, y ya veremos lo que pasa con nuestro sistema de cajas y bancos, y mientras tantos miles de trabajadores se van al paro todos los días, y todos juntos, perplejos y confundidos, nos encontramos frente a la más profunda crisis de nuestra historia reciente, que no es solo económica, que es también política, fundamentalmente política y de valores, la crisis de un país ayuno de todo referente moral, carente de liderazgo y víctima del sálvese quien pueda.

Víctima de una corrupción galopante, síntoma evidente de la cual es esa obsesión por el gasto suntuario que se ha apoderado de casi todas las Administraciones. El último en apuntarse ha sido el Rey, que se va a gastar 3,3 millones en “redecorar” La Zarzuela. Ahora más que nunca hay que estar cerca de quien maneja el BOE, bailarle el agua al Presidente del Gobierno. Patronato de la Fundación Comillas, 1 de julio pasado, bajo la presidencia de don Juan Carlos -presidente de honor- con almuerzo posterior en el Palacio de Sobrellano: Su Majestad tiene enfrente a don Emilio Botín-Sanz de Sautuola, y hay una veintena de ilustres sentados en derredor, y en un momento del ágape casi todos pueden oír con nitidez los elogios que el banquero está dedicando a Zapatero. Nada del diplomático “es un buen chico, inteligente y tal”, no, sino una contundente laudatio del tipo “No sabemos la suerte que hemos tenido con este hombre en la presidencia, Señor, está colocando España en lo mas alto de la escena internacional, un hombre providencial para todos….” Ni un átomo de exageración, hasta el punto de que un probo socialista, fundador de una notable universidad en el sur madrileño, susurra al oído del presidente de una Caja de Ahorros que tiene al lado: ¿Estás oyendo lo mismo que yo…? “Sí, y no me lo puedo de creer…”

Don Emilio habla alto, muy alto, porque el Rey está sordo como una tapia por culpa de los disparos, es lo que tiene cazar cuatro de los siete días de la semana. No oye un pimiento, nada de nada, pero se niega en redondo a ponerse un aparato auditivo. No le sale de sus reales bemoles. Y tal vez tenga razón, porque, para lo que hay que oír, mejor estar sordo. O sacudir con el bastón de mando a los agoreros portadores de malas noticias. Es lo que hizo su amigo Alberto Alcocer en una reciente montería, cuando, a la hora de cena, la conversación derivó hacia la crisis y lo mal que están las cosas, y fulano que va a quebrar y mengano que está con una depre de caballo, y de pronto que Alcocer dice alto ahí, no me toquéis mas los cojones y vamos a cambiar de tema, porque, joder, sí, las cosas están muy mal, pero aquí parece que nos olvidados enseguida del dinero que hemos estado ganando a espuertas todos estos años…

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Crisis culpa de una cuadrilla de sinverguenzas y estúpidos
LaVerdad.es - 23 de noviembre de 2008
 
 
LEOPOLDO ABADÍA 'BLOGUERO' ECONÓMICO. Este ex profesor de 75 años se ha convertido en un gurú económico gracias a un 'blog' multitudinario donde explica los entresijos del bache financiero

«Soy un torero, he vuelto a la plaza después de retirarme». La vocación pedagógica de Leopoldo Abadía (Zaragoza, 1933) le ha convertido a sus 75 años en un gurú de la economía con miles de fieles seguidores. Desde su blog, donde ya acumula 1,6 millones de visitas de todo el mundo, este padre de 12 hijos y abuelo de 36 nietos se ha convertido en una referencia para entender la crisis y los efectos económicos que la rodean. Más de 350 medios de comunicación se han hecho eco de sus consejos y está preparando un libro. ¿La clave de su éxito? Explicar con claridad, de forma campechana pero certera, términos tan indigestos como hipotecas subprime o TAE. «Si te dicen que tu dinero está en un Mortgage Backed Securities convertido en Collateralized Mortgage Obligations, significa en español que lo has perdido». Su nick (¡toma ya!) es LAP.

-Explíqueme por qué estamos en crisis, por favor.

-Le voy a explicar lo único que sé. En resumen, hace siete años la Reserva Federal americana redujo los intereses y eso condujo a que se dieran créditos a todo hijo de vecino sin solvencia y luego esos créditos se extendieron a todo el mundo y nos han enganchado. Esas hipotecas no se sostenían por sí solas, y encima dieron tantas que se les acabó el dinero; así que cogieron las hipotecas y las convirtieron en paqueticos que vendieron por todo el mundo. Al quedarse sin liquidez, se empezaron a prestar dinero unos a otros en el mercado interbancario. Y resulta que los intereses en ese mercado se miden por el euríbor, y al final lo suben y pasa que usted y yo pagamos más por la hipoteca. Aquí nos partíamos de risa viendo las tonterías económicas que hacían los americanos, y ahora nos hemos dejado de reír de pronto. Esto es el resumen muy resumido.

-¿La gente sabía aquí que su dinero dependía de lo que hacían en EE UU?

-Lo ignorábamos todos. Hasta los bancos y las cajas de ahorros del mundo. Que lo ignoremos nosotros, es lo normal. Que meta mi nómina en mi caja de toda la vida es lo habitual. Lo que no sé es que un segundo después esa nómina está en Oklahoma, y dos segundos después esa nómina está prestada a uno de estos individuos sin solvencia. Pero tampoco lo sabía el director de mi oficina ni el presidente de la caja.

-¿Quién lo sabía?

-Que no suene a farol. Lo que me sorprende mucho es que yo en enero me di cuenta cuando me puse a darle forma a todo esto copiando las informaciones de los periódicos. ¿Por qué lo sabía yo y oficialmente no lo sabía nadie? Es curioso... Llego a la conclusión de que lo sabía mucha gente.

-¿Alguien tuvo que orquestar ese sistema financiero?

-Lo empiezan a preparar los bancos americanos con lo que llaman unos productos financieros estructurados. Esto, ni usted ni yo sabemos lo que es, pero otra gente que sí debía saber lo que eran, tampoco lo sabían. Al final, los van comprando mucha gente y viene el problema. ¿Era algo orquestado? Ya lo matizaré en la conferencia, pero creo que ha sido una combinación de sinvergüenzas y estúpidos. Y prefiero al sinvergüenza, porque se puede convertir y ser bueno, pero el segundo no tiene solución.

-¿No ha recibido presiones por sus comentarios en el blog?

-Nadie. Todo el mundo es bueno...

-Incluso le invitan a dar charlas.

-Sí, pero de momento no me ha invitado ningún banco.

-¿Cómo empezó toda esta fama?

-Cada vez que me llaman famoso, siempre digo que le pongan 6 comillas a la derecha y otras 6 a la izquierda. Empecé hace años a hacer un diccionario para mí. Copiaba conceptos que veía en los periódicos y las explicaciones de lo que eran entre paréntesis. Por ejemplo, si ponía concurso de acreedores, y entre paréntesis antigua suspensión de pago; yo copiaba. Ahora tiene 600 vocablos. A finales de enero, puse el vocablo crisis 2007-2008. Era muy inocente y pensé que acabaría en el 2008. Pero en lugar de salirme 3 líneas, me salieron 10 páginas. Y lo puse como anexo al diccionario. Entonces se lo mandé a dos amigos, y ése fue mi fallo, del que estoy muy contento. Uno de ellos se lo mandó por correo a otros 3 amigos. Al cabo de unos días, un hijo mío me dijo que le había llegado a su correo. Y decía el mejor piropo que me han echado: 'no sabemos quién lo ha escrito, pero por el estilo seguro que es un joven universitario'. ¡A los 75 años!

-Y ahí se desató.

-Sí, porque mi hijo lo metió en un blog. Y ya llevamos 1.600.000 visitas. Hay visitas de Burundi. Y pienso: por favor, ¿a quién le importa lo que yo digo en Burundi? Pues por lo menos hay uno al que le interesa.

-¿Y no tiene la sensación de que esa terminología tan compleja a veces se emplea a propósito para que no entendamos nada?

-Lo peor es que al que habla no se le entienda y encima no quiera que se le entienda. Si yo te hablo de hipotecas subprime, seguramente no lo entiendes; si te hablo de hipotecas porquería, sí lo entiendes. Todo lo que no entiendas, la culpa es del otro, no es tuya.

-¿La clave es preguntar?

-Pregunte lo que no entienda y tal y como usted habla: dónde está mi dinero, cuánto le di y cuánto me dará por mi dinero. Porque si preguntas dónde está tu dinero, y te contesta que en un Mortgage Backed Securities convertido en Collateralized Mortgage Obligations, tú piensas: '¡qué bien!'. Eso quiere decir, traducido al español, que lo has perdido.

-La gran pregunta: ¿cuánto durará?

-Durará mucho. Para saber el por qué es muy fácil. Hay que conocer la dimensión. Si la crisis fuese de 500 dólares, pues los ponías tú y yo, y resuelto. Si la crisis es de no sé cuántos miles de millones de dólares, pues a lo mejor yo no puedo poner mi parte. Cuando algún político español dice que la crisis financiera quedará finiquitada en dos meses, habría que decirle: ¡cállase, hombre! Mire, 2009 entero. Y el 1 de enero del 2010, siempre digo que me llamen. Así que ese día descolgaré el teléfono.

-¿Le parecen eficaces las medidas anticrisis que ha adoptado el Gobierno español? ¿Y las decisiones de la Cumbre de Washington?

-Todos los gobiernos están adoptando las mismas medidas. En la reunión del 14 de octubre, a la que por cierto no acudió el ministro de Economía, el Gobierno español adoptó una serie de medidas que se pueden resumir en tres. Primero, posibilidad de entrar en el capital de los bancos que lo están pasando mal; segundo, aval del Estado para cuando vayan a pedir dinero fuera, y tercero, que el Estado pueda comprar paquetitos de hipotecas sanas a los bancos. Da la impresión de que esta última medida no está funcionando. -¿Y funcionarán?

-Me parece a mí que esto se le ha ocurrido a Gordon Brown. En teoría, son medidas correctas. Sobre la primera, el secretario de Estado de Economía dijo al día siguiente que no teníamos dinero. Luego, Miguel Sebastián, ministro de Industria, dijo que sí teníamos dinero y que acudiremos a los mercados exteriores. ¿Sabe cuánto cobran de intereses todos estos que sí tienen perras? Entre el 7% y el 14% anual. Igual al tercer año a lo mejor tengo que ir a otro fondo soberano para que me ayude a pagar el interés del primer fondo soberano. De fondo soberano en fondo soberano, vamos a acabar mal. Estas medidas, por ahora, no están funcionando nada bien.

-¿Algún miembro del Gobierno le ha pedido consejo?

-Nadie. Y tampoco lo harán. Y no les estoy esperando. Yo discurro como cualquier otro.

-¿Cuántas veces se ha topado con esa frase de 'estamos en ello', que tanto detesta, al analizar las declaraciones de los políticos y de los responsables económicos?

-Lo de 'estamos en ello' quiere decir: no tengo ni idea de qué tengo que hacer; vamos a ver si se resuelve solo. En estos momentos hay un desconcierto absoluto, y por eso creo que esta crisis es la más grave que ha habido nunca.

-¿Por qué apellida ninja a la crisis?

-Lo copié de un sitio donde un periodista decía que en América llamaban ninjas a las personas sin ingresos fijos, ni empleo ni propiedades. La clásica persona a la que tú no le dejarías ni tres euros. Pues estas fueron a las personas que buscaron los bancos. ¿Por qué? Pues porque había muchos y se les podía cobrar un poquito más por el mayor riesgo. No hace falta ser doctor en Economía para darse cuenta de que el negocio estaba sobre palitos.

-¿Se arriesga a darme soluciones?

-Por el tamaño salvaje de la crisis, corremos el peligro de quedarnos en el diagnóstico. Me ha dado por decir que en cuanto se acabe mi conferencia, prohibido hablar de crisis. Hay que pensar: en mi negocio voy a hacer esto y esto; y en mi familia voy a hacer esto y esto... Vamos a sacar adelante lo que podamos, si no nos quedaremos acurrucados en casa llorando.

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Compraventa de viviendas cae un 30,4% en el tercer trimestre
El Mundo - 24 de noviembre de 2008
 
El 54,9% fueron viviendas nuevas, de ellas un 49,8% libres y un 5,08% protegidas Todas las comunidades registraron caídas; Cataluña se sitúa a la cabeza, con un 42,6% Las cajas de ahorros se hicieron con el 50,8% de los contratos hipotecarios

La compraventa de viviendas registradas en el tercer trimestre alcanzó tan sólo las 130.884 operaciones, lo que supone un descenso del 30,4% respecto al mismo periodo del pasado año, según la refleja la estadística del Colegio de Registradores de la Propiedad. Un dato que apunta en la misma dirección que el que proporcionaba el INE para el mes de agosto, que hablaba de una caída del 36,8%.

Del total de ventas, el 54,9% correspondieron a viviendas nuevas, de ellas 49,8% a viviendas libres y 5,08% a protegidas. El 45% correspondieron a viviendas usadas.

En términos interanuales, las transacciones alcanzaron la cifra de 610.052, un 26,5% menos que a 30 de septiembre de 2007 del 26,5%. El mayor descenso lo experimentó la vivienda usada, con un 36,3%, frente a la nueva, que registró un 13,3% menos.

La mayor reducción intertrimestral se produjo en la vivienda usada, con una caída del 13,1% de las compraventas, frente a la bajada del 3,6% de la vivienda nueva.

Todas las comunidades autónomas sufrieron tasas interanuales negativas, con Cataluña a la cabeza, donde las operaciones bajaron un 42,6%, seguida de Baleares, con un 39,4%, Navarra, con el 34,8%, y Comunidad Valenciana, con el 29,8%. También destacan los descensos en la Comunidad de Madrid, con un 27,2% menos de operaciones, País Vasco, con un 27,1%, Aragón, con el 26,6%, y Canarias, con una tasa negativa del 25,6%.

Las cajas acaparan la mitad de las hipotecas

Las cajas de ahorros se hicieron con el 50,8% de los contratos hipotecarios durante el tercer trimestre del año, frente al 40,2% de los bancos y el 8,8% de otras entidades. Sin embargo, las cajas de ahorros continuaron reduciendo su cuota de mercado en un 1,7% durante este mismo periodo a favor de los bancos, que la aumentaron en un 1,4%, y otras entidades (0,35%).

El importe medio del crédito hipotecario por vivienda volvió a descender, esta vez un 2,4%, por tercer trimestre consecutivo, hasta situarse en los 140.193 euros a cierre de septiembre, según los registradores. Una caída que, además, se produjo en todas las agrupaciones financieras, con un 3% en el caso de las cajas, un 1,7% en el de los bancos y un 1,5% en el de otras entidades financieras. En términos interanuales, esta reducción fue del 3,9%, especialmente acusada en el caso de las cajas de ahorro, con una caída del 5,9%.

La cuota hipotecaria mensual alcanzó los 834,33 euros, lo que supone el 47% del coste salarial del segundo trimestre. A pesar de todo, esta cuota representa casi dos puntos más que la del trimestre anterior, que fue del 48,7%.

La duración de los créditos se redujo por segundo trimestre consecutivo y alcanzó un promedio de 26 años y 3 meses, frente a los 26 años y 11 meses del trimestre anterior.

Por su parte, los tipos de interés contratados en las hipotecas mantuvieron el tradicional predominio de los tipos variables en un 98%, mientras que los tipos fijos tuvieron nuevamente un peso residual (1,6%).

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Número de casas nuevas sin vender sube más de 20% en 6 meses
El País - 12 de noviembre de 2008
 
 
El 'stock' de viviendas supera el medio millón, según un informe oficial - Los inmuebles vacíos se concentran en provincias vecinas a Madrid y costeras

El conductor que circula por el kilómetro 36 de la carretera de Andalucía se da de bruces con una ciudad fantasma en la que se alinean bloques y bloques de pisos donde no vive nadie: Seseña. Las megaurbanizaciones de Francisco Hernando, más conocido como El Pocero, y Marina D'Or han otorgado a Castellón y Toledo el título de provincias españolas con más casas vacías por persona. Mientras que la media del país es de 11 viviendas nuevas a la espera de un comprador por cada mil habitantes, esa proporción llega a 25 en Toledo y a 30 en Castellón.

Éstos son los datos de un estudio interno del Ministerio de Vivienda al que ha tenido acceso este periódico. El informe, elaborado con metodología de la Universidad de Navarra, cifra en 502.983 las viviendas de obra nueva que estaban disponibles a la venta el pasado 31 de junio, un 21,6% más que al cierre del año pasado. Pero en un sector como el de la vivienda, con un gran problema de falta de estadísticas fiables, esta cifra puede pecar de excesivamente conservadora.

La ministra Beatriz Corredor aseguró hace dos semanas en el Congreso que el stock ascendería a 650.000 pisos a final de año. El experto Julio Rodríguez calcula que la cifra real actual puede rondar los 800.000. Y otros cálculos, como el de la tasadora Tinsa, suben este número hasta los 920.000.

Tras años en los que se llegaron a iniciar 800.000 viviendas, más que Francia, Alemania y Reino Unido juntos, el pinchazo de la burbuja ha hecho que los promotores estén ahora preguntándose qué van a hacer con los pisos que no logran vender ni a tiros. El informe del ministerio se ha elaborado con la información de promociones de 252 municipios que representan aproximadamente el 55% de la población española.

El stock de 413.000 pisos que, según este informe, había a finales del año pasado se ha disparado hasta superar el medio millón. El crecimiento ha sido exponencial en comunidades como Castilla-La Mancha y Canarias, con tasas superiores al 30%. Pero la palma se la lleva Cataluña, cuya bolsa de casas recién terminadas a la espera de quitar el cartel de se vende ha aumentado un 61%. Más espectacular aún es el caso de las provincias de Lugo y Segovia, con un crecimiento del 73% en tan sólo seis meses.

Además de Castellón y Segovia, las viviendas vacías se concentran en zonas donde el crecimiento desenfrenado del ladrillo hizo furor: provincias limítrofes con Madrid (Ávila y Guadalajara) o costeras (Almería). En el otro extremo, Vizcaya, Melilla, Ceuta y Badajoz son las únicas donde hay menos de cinco pisos a la venta por cada mil habitantes (véase gráfico).

Precisamente ayer apareció otro dato que no se sabe muy bien si contribuye a clarificar o a enmarañar aún más el difícil momento que vive el mercado inmobiliario. Mientras que el ministerio contabiliza una subida de los precios interanual del 0,7% y el INE da una caída de tan sólo el 0,3%, Tinsa ve disminuciones de mucho más calado. Según la tasadora, el precio de la vivienda libre terminada ha caído un 6,5% en los últimos doce meses. Tinsa subraya que se trata del mayor descenso desde que comenzara la tendencia a la baja hace ocho meses. Así, el valor de las casas se sitúa en tasas similares a las de septiembre de 2006.

La mayor depreciación la experimentan los inmuebles de la costa mediterránea, con un descenso del 8,9%. Por detrás están las áreas metropolitanas (recorte del 7,6%); y las capitales y grandes ciudades (6,7%). Los precios cayeron en Baleares y Canarias un 5,4%; y un 5,3% en el resto de municipios. Casi todas las fuentes certifican que la vivienda ya está perdiendo valor, pero, en opinión de Aguirre Newman, no lo suficiente. En la presentación de su informe sobre alquiler, los responsables de la consultora aseguraron que el precio debería bajar cerca del 23% para reactivar al sector. Éste es un diagnóstico que se basa en la comparación entre lo que se paga por un alquiler y una cuota hipotecaria. Y en Aguirre consideran que la gente volverá a animarse a comprar cuando el dinero que los hogares destinan a la hipoteca no supere el 30% de la renta mensual. La idea es que no haya tanta diferencia entre el coste de la compra y del alquiler.

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Un 70% de las agencias inmobiliarias han cerrado en 2 años
ElEconomista.es - 10 de noviembre de 2008
 
 
Siete de cada diez agencias inmobiliarias que operaban en España en enero de 2007 habrán echado el cierre cuando finalice el año por el descenso de las ventas en el sector residencial, según una estimación realizada por la Asociación Profesional de Expertos Inmobiliarios (APEI).

En cifras absolutas, de las 60.000 agencias que operaban a finales del 2006, aún al calor del 'boom' inmobiliario, sólo unas 18.000 seguirán en pie en 2009.

Según el presidente de la APEI, Óscar Martínez Solozábal, "cualquier ciudad española, sea cual sea su dimensión, ha visto como las inmobiliarias se multiplicaban en los últimos años entre un 30% y 40%, por lo que ahora estamos volviendo a las cifras de antes del 'boom', pero de una forma muy brusca".

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Promotores deberán bajar los precios de los pisos 23-31%
Libertad Digital - 12 de noviembre de 2008
 
 
Los promotores tienen la herramienta para revitalizar el mercado: bajar los precios. Aunque no están dispuestos es la única opción para seguir vendiendo, según Aguirre Newman y como avanzó LD. Y Moncloa dice que los pisos deben bajar porque están "sobrevalorados".

El precio de la vivienda debe bajar cerca del 23% para que se reactiven las transacciones inmobiliarias por encima del 20%, según explicó este martes el director de análisis e investigación de mercado de la consultora Aguirre Newman, Javier García Mateo. Y este enfoque no es exclusivo del sector privado. El director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno Javier Vallés, afirmó este martes que los precios de la vivienda son "excesivos" y están "sobrevalorados", por lo que aseguró que deben caer aún más para que se "restablezca la confianza en el mercado y entren los potenciales compradores". "Sin duda, tiene que caer (el precio de la vivienda) algo más de lo que hemos visto en las estadísticas oficiales", indicó.

La predicción de Aguirre Newman parte de una base de endeudamiento medio del 70% con un periodo de amortización de 30 años, una tasa de esfuerzo de los hogares que no supere el 30% de la renta destinada al pago mensual de la hipoteca, una renta media disponible por hogar de 21.259 euros y un Euribor del 4,5%.

Éste sería "el escenario más optimista", aseguró García, ya que en los escenarios “neutral” y “pesimista” (con el Euribor en el 5% y el 5,5%, respectivamente) los precios tendrían que experimentar rebajas del 27% y del 31% para que se reactiven las transacciones.

Con los cambios que experimenta el Euribor, "podría haber todavía un escenario mucho más optimista, por lo que una rebaja del 23 por ciento sería la situación más bien neutra", agregó.

Aumenta el interés por el alquiler

Según un estudio elaborado por Aguirre Newman sobre el mercado del alquiler, los arrendamientos adquieren mayor peso ante las dificultades que tienen las familias para destinar tan sólo el 30% de la renta al pago de las hipotecarias.

El informe compara el precio medio del alquiler por metro cuadrado y la cuota hipotecaria mensual, y distingue aquellas comunidades autónomas en las que la tasa de esfuerzo para pagar la hipoteca supera el 40% y, por lo tanto, en las que tiene más futuro el mercado del alquiler.

Éste es el caso de Castilla-La Mancha, Madrid o País Vasco, donde las cuotas superan el precio del alquiler mensual en un 33%, 28% y 27%, respectivamente, lo que, a juicio de Aguirre Newman, "deja entrever el nicho de mercado que puede ser aprovechado por las viviendas en arrendamiento".

García prevé que el precio de los alquileres "suba en estas zonas", aunque en la medida en que salgan al mercado del arrendamiento más viviendas puede que los precios se estabilicen.

Newman cree que las viviendas en alquiler coparán el 8% del total del parque inmobiliario en 2008, y señala que las previsiones "son alcistas" para 2009, cuando cree que habrá más de dos millones de viviendas arrendadas (menos del 10% del parque inmobiliario total), lo que supondría un crecimiento del 15,5%.

Cultura de propiedad en España

En España nunca ha habido una cultura de alquiler muy arraigada. El alquiler se ha asociado históricamente a gasto y la venta, sin embargo, ha sido considerada como una inversión. Ahora, las dificultades financieras que se viven en el contexto actual, la caída de las ventas de viviendas, y el imparable aumento de la formación de hogares repercuten favorablemente en este mercado. Además, según los datos del informe de Aguirre Newman, entre los factores que están impulsando el mercado del alquiler también destacan la inmigración y el aumento de la tasa de paro. En este sentido, si comparamos España con otros países europeos, destaca la posición de Alemania, donde el 57% de las viviendas se destinan al alquiler. Le siguen Holanda con un 47%, Francia con un 38% o el Reino Unido con un 32% de viviendas alquiladas sobre el total de viviendas.

El precio del alquiler sube un 26,3%

Junto al incremento previsto para los próximos años en la demanda, la coyuntura actual está determinando también un incremento en la oferta. La situación de bancos y promotoras está provocando la reconversión de promociones de vivienda en compra-venta a régimen de alquiler. Esto unido al impulso que está llevando a cabo la Administración tanto central como las autonómicas, en materia de viviendas de protección oficial en alquiler, va a acabar por incrementar notablemente el parque de viviendas en alquiler en España. Respecto a los precios medios de alquiler, entre 2002 y 2008, el incremento ha sido del 26,3%, siendo Madrid la Comunidad donde más se han incrementado -un 33,7%- y Canarias en la que más se han mantenido.

Apuesta por la VPO en arrendamiento

Una de las claves del incremento de la oferta en alquiler está en las previsiones anunciadas por el Gobierno de crear 1,5 millones de viviendas protegidas en diez años (2008-2018), de las que el 40 por ciento (600.000 inmuebles) serían para alquiler.

Según el estudio, la creación de 1,5 millones de VPO supondría una inversión total de 12.750 millones de euros, de los que 5.100 millones se destinarían sólo a las viviendas en alquiler (2.040 millones de euros aportados por inversores institucionales y 3.060 financiados por la banca).

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Lo que hay detrás de Sacyr-Repsol
Finanzas.com - 27 de noviembre de 2008
 
Como periodista, me parece un gran privilegio estar asistiendo a una crisis económica y financiera de tal dimensión que cada día nos sorprende con acontecimientos y decisiones que hace sólo unos meses, apenas un año, habríamos considerado imposibles. Pero me sorprende todavía más la ligereza con la que algunos políticos y bastantes compañeros de tertulia resuelven los imprevistos conflictos a los que nos está llevando esta crisis. Nunca más que ahora es exigible no sólo la responsabilidad, sino el análisis profundo para tratar de hacer comprender a quienes nos leen o escuchan de lo que hay detrás de cada noticia.

Y lo que hay detrás de la toma de participación de un 20 o 30% de Repsol por parte de Lukoil no es resolver el problema de un señor que se llama Luis del Rivero, ni siquiera de la empresa que preside Sacyr, por mucho que ambos saquen pecho y traten de aparentar que están a punto de cerrar el negocio de su vida como forma de ocultar su lamentable gestión. Lo que está en juego no es Sacyr, sino todo el sector inmobiliario y especialmente el futuro de las cuatro grandes compañías del sector (Metrovacesa, Colonial, Reyal Urbis y la propia Sacyr).

De la capacidad de Sacyr para hacer frente a sus pagos –y ello tiene que pasar porque encuentre un comprador para su 20% de Repsol- va a depender lo que pase con esas grandes compañías. Y todavía más: de lo que pase de las grandes compañías inmobiliarias va a depender lo que pase con el sector financiero español. Para que nos enteremos: los bancos y cajas españolas, atrapados en los créditos de las grandes inmobiliarias, no están en condiciones de ejecutar sus créditos, con garantías que ya no son tales. Si así lo hicieran se verían obligados a llevar a provisiones una cifra cercana a los 40.000 millones de euros, lo que supondría colocar a gran parte de las entidades financieras en pérdidas y ello hundiría al sector financiero español con el consiguiente colapso de la economía.

Así son las cosas y ello explica que para salir de la situación se esté dispuesto a asociarse con el diablo... o con los rusos... o con los chinos, que es la alternativa que está manejando en estos momentos. No se trata de buscar un socio para desarrollar una compañía, sino para sobrevivir. Para sobrevivir... el sector inmobiliario... el sector financiero.

El asunto no es tan fácil como llevar al paredón a Del Rivero, ni tampoco rechazar cualquier oferta para esperar otra nueva que tenga el suficiente pedigrí de solvencia y seguridad. Y, como en casi todos los aspectos de la vida, el tiempo no resuelve nada por sí sólo. Hay que tomar una decisión cuanto antes.

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Convocan huelga general en Italia contra el paquete anticris
ElEconomista.es - 02 de diciembre de 2008
 
 
El sindicato mayoritario Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL) confirmó la convocatoria de la huelga general en Italia para el próximo 12 de diciembre en protesta contra el paquete de medidas anticrisis propuestas por el Gobierno del primer ministro Silvio Berlusconi.

"El examen minucioso de las propuestas del Gobierno confirma que se trata de un plan de intervenciones que no representa la revolución económica, social y fiscal que necesita el país, porque frente a una crisis excepcional, hacen falta respuestas excepcionales", dice el CGIL en una nota de prensa.

"Las mismas decisiones previstas en el decreto a favor de los más indigentes y de los réditos de las pensiones no tienen ningún carácter estructural ni de reforma, mientras queda fuera del todo la cuestión de los beneficios fiscales en lo que respecta a los trabajadores asalariados, y una respuesta verdadera a los problemas de los pensionistas", agrega. El pasado viernes, el Consejo de Ministros italiano aprobó un paquete de medidas contra la crisis económica que incluía una inversión de 80.000 millones de euros que se dedicarán a las familias y a las empresas ante la crisis económica.

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Comunidad de Madrid
 
CAM SÓLO HA ENTREGADO 1.750 DE LOS 150.000 PISOS 'JÓVENES'
El Mundo (Su Vivienda) (Comunidad de Madrid) - 11 de diciembre de 2008
 
 
TIENE SUELO COMPROMETIDO PARA 82.000 CASAS, MUCHO A LARGO PLAZO

El Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) se inventó la fórmula de viviendas en alquiler con opción a compra la legislatura pasada y dijo que construiría 79.000 unidades cortadas por ese patrón. Dado el furor con el que se acogió la iniciativa, en su último compromiso electoral (2007) anunció que ampliaría el programa hasta las 150.000 casas.

Pero a estas alturas del curso político sólo 1.750 ciudadanos han recibido las llaves de un hogar en renta que tendrán la posibilidad de adquirir una vez transcurrido un plazo de siete años. Los 148.250 adjudicatarios y potenciales inquilinos-propietarios restantes deberían mudarse antes de las próximas elecciones, en la primavera de 2010, lo que supondría realizar unas 4.940 entregas mensuales (casi el triple del total de las realizadas en los últimos tres años completos).

En el Ejecutivo que preside Esperanza Aguirre justifican ahora que ya tienen terreno para 82.000 inmuebles y que el grado de ejecución no es irrisorio, porque la promesa era, precisamente, acumular esos solares en los que se edificarán las 150.000 viviendas proyectadas para la región. Donde dije casas, digo suelos.

Sin necesidad de rebuscar mucho en la hemeroteca, la propia consejera de Vivienda, Ana Isabel Mariño, en el transcurso de un encuentro digital que mantuvo el pasado mes de marzo con los lectores de 'elmundo.es' le respondió así a un internauta que le pedía que le convenciera con hechos de que todos los madrileños tienen garantizado el acceso residencial: «Nos comprometimos a poner a disposición de los jóvenes, a través del alquiler con opción a compra, 79.000 viviendas que hemos ampliado hasta 150.000 para los próximos cuatro años». Ni rastro de la palabra suelo.

Además, en las hectáreas comprometidas se han previsto al menos 36.000 casas sobre terrenos que no están ni siquiera urbanizados, según señala el portavoz socialista de Vivienda en la Asamblea de Madrid, Antonio Fernández Gordillo. «Sólo en la capital hay planeados más de 16.000 pisos en los PAU [Programa de Actuación Urbanística] de El Cañaveral, Los Ahijones, Valdecarros y Los Berrocales; son suelos que, en el mejor de los casos, van a entrar en carga en 2011», agrega el diputado del PSOE.

Este programa inmobiliario, diseñado bajo el epígrafe Plan de Vivienda Joven, se dirige a jóvenes menores de 35 años con ingresos que no superen 2.842 euros brutos mensuales (5,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples -Iprem-).

Las casas tienen una superficie construida de hasta 70 metros cuadrados, un garaje y un trastero. También, una renta fija máxima durante los siete primeros años y, si los inquilinos ejercen la opción de compra, un precio tope de venta predeterminado desde el principio del que se descontará, además, la mitad de las cantidades aportadas durante el periodo de arrendamiento.

Según los últimos datos que facilita el Gobierno autonómico, de las 150.000 unidades del Plan de Vivienda Joven se han iniciado hasta ahora 16.119, se han terminado 2.171, se han adjudicado 13.333 y próximamente se van a entregar otras 420. Ni siquiera en estos momentos los impulsores de la iniciativa tienen claro que vayan a poder encontrar suelo para los 68.000 pisos que aún carecen incluso de proyecto futuro de ubicación.

«Obviamente la CAM ha sido la encargada de poner en marcha el sistema, pero necesita la cooperación de los ayuntamientos y del sector privado», justifican en la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

«Seguir buscando»

Los responsables autonómicos aseguran que van a «seguir buscando y llegando a acuerdos» con las administraciones locales para que se sumen al plan, pero alegan que «la situación económica ha cambiado», a peor, claro. Y ahí van otras dos pelotas para sendos tejados: «la urbanización de los PAU en fase de desarrollo depende de los promotores»; «con la falta de financiación que padecen por parte de las entidades financieras los plazos se pueden prolongar».

El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid le presentó el pasado mes de marzo una moción para sugerir «correcciones» al programa de casas para jóvenes de Esperanza Aguirre. Entre otras cuestiones, planteaba «conciliar la aplicación de esta tipología de vivienda protegida con las medidas establecidas en el Plan Estatal de Vivienda»; esto es, subir a 10 años el plazo de siete establecido para ejercer la opción a compra.

Asimismo, proponía que el régimen de protección pública de los pisos se extendiera hasta los 30 años. «Estas medidas [rechazadas por la Cámara autonómica] hubieran dado salida al plan y extendido la posibilidad de hacer casas protegidas en suelos públicos», considera Fernández Gordillo.

En la CAM insisten en que su iniciativa ha sido «un éxito» porque el modelo de alquiler con opción a compra «ha sido adoptado por otras comunidades autónomas e incluso por el Ministerio de Vivienda». Y concluyen que sólo el 30% de las casas comprometidas se localizan en términos municipales gobernados por el PSOE; «algunos como Fuenlabrada, con unos 200.000 habitantes empadronados, no tienen ni una sola».

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VIVIENDA PROTEGIDA A PRECIO DE ORO
El País (Comunidad de Madrid) - 05 de diciembre de 2008
 
 
Después de tres años a la espera de un piso barato, el Ayuntamiento de Las Rozas ofrece casas por 300.000 euros

Piso de cuatro dormitorios con 150 metros construidos, dos plazas de garaje y trastero. Todo por 303.000 euros. Y en Las Rozas. No está mal, excepto que hay que afrontar, en algunos casos, 1.600 euros mensuales de hipoteca durante 40 años con un sueldo que no permite holguras. Apuntados en un listado para acceder a una vivienda subvencionada, varios años después algunos vecinos de Las Rozas se encuentran con que no pueden pagarla.

Chema, Laura y Ángel han obtenido la máxima puntuación para acceder a una vivienda protegida. Eso quiere decir que no tienen que ir a sorteo: acceden directamente a un piso en propiedad. Pero el disgusto y la decepción no pueden ser mayores: a la hora de ver los precios, cuestan una media de 250.000 euros. Entre las parejas hay mileuristas.

Algunos de ellos están en paro, otros tienen tres hijos y mayores a su cargo. Quien ha ido al banco se enfrenta a una hipotética cuota inasumible. Y la entrada a pagar en febrero (15%) casi alcanza en algún caso los 50.000 euros. "Si los tuviera, no habría estado años esperando una vivienda protegida", se queja una adjudicataria que ha tirado la toalla y ni siquiera se ha dirigido a la entidad financiera a preguntar. "¿Para qué? Y encima te dan la enhorabuena", indica.

Si transcurridos 10 días no se presentan, pierden el derecho a la vivienda que llevan tres o más años esperando. De momento, ninguno ha renunciado, dice la Empresa Municipal de Gestión Urbanística y Vivienda de Las Rozas (Emgv). Algunos de los menores de 35 años han optado por el alquiler, renunciando a la compra.

"Sabían lo que cobrábamos"

Ramón Moreda, del PSOE de Las Rozas, explica cómo junto con Majadahonda, Pozuelo y la capital, éste es uno de los municipios con los precios de vivienda protegida más caros de la región. Pero allí también hay parejas con dificultades para llegar a fin de mes. Cuando se apuntaron hace años a la convocatoria de la Emgv confiaban en que la vivienda protegida anunciada por el Consistorio saldría a un precio similar al de las entregadas hace cinco años en Las Matas. "Entre 16 y 18 millones de las antiguas pesetas. Más pequeñas y sin garaje, pero accesibles", indican.

"Cuando se apuntaron ya conocían las bases", apuntan fuentes de la Emgv. "El baremo tenía en cuenta los años de empadronamiento o de trabajo en el municipio, tamaño familiar o minusvalías, pero no evaluábamos la situación económica. Se pidió la declaración de la renta para verificar el límite de ingresos máximos permitidos por ley, y las bases especificaban la normativa que las regula". En esas bases puede leerse los requisitos: "Tener ingresos familiares que no excedan de 5,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples (Iprem)". Ése es el tope que pone la Comunidad de Madrid para acceder a una vivienda protegida equivalente a la antigua VPO, pero lo que se han encontrado es una vivienda protegida de precio limitado (VPPL) para rentas de 5,5 a 7,5 veces el Iprem.

En esta convocatoria, los precios de los pisos de cuatro dormitorios llegan a los 303.000 euros (119,7 metros cuadrados). Son VPPL, viviendas que la Comunidad de Madrid ideó -seguida por el Ministerio- para quienes cobraban más de lo permitido para una protegida, pero no lo suficiente para una libre. Ése no es el caso de Chema, Laura y Ángel. "Sabían lo que cobrábamos porque nos pidieron las nóminas, aparte de la declaración de la renta. Han tenido tres años para ver la documentación", se lamentan.

Con trastero y garajes

Además, los pisos, de dos a cuatro dormitorios, llevan vinculados (han decomprarse de manera inseparable) el trastero más dos plazas de garaje. Moreda denuncia que en pisos protegidos se obligue a adquirir dos plazas; además, "son las primeras de 1.715 protegidas previstas desde el Plan de 1994. El equipo del alcalde, Bonifacio de Santiago triplicó el número de las libres, pero sólo ha desarrollado 44 viviendas sociales en Las Matas".

De las 800 viviendas de esta promoción, 200 son para venta (1.850 euros/m2 útil). Otras 600 son en alquiler con opción a compra para menores de 35 años (1.181,15 euros/m2 construido), con unos 70 metros. Comprarlas supondrá 180.000 euros dentro de siete años y se deducirá el 50% de lo pagado.

Con dos hijos, José querría optar a la propiedad, pero se conformará con el alquiler. Se queja de que en 2006 le informaron mal. "Me dijeron que no iba a superar los 535 euros y ahora son 620, más IVA y gastos de comunidad".

¿Para quién serán?

"Cuando ves las vallas anunciadoras piensas que las viviendas las promueve el Ayuntamiento y serán a precios asequibles", comenta Chema. Pero ni son las VPO esperadas por quienes se apuntaron, bajo el requisito de cobrar como mucho 5,5 veces el Iprem, ni estrictamente municipales. Aunque sobre suelo cedido por el Ayuntamiento a la Empresa Municipal, quien promueve y construye son Vallehermoso (200 pisos en venta), Ferrocarril (400) y Proinsa (200), las de alquiler con opción a compra.

Ramón Moreda, del Grupo Socialista Municipal, denuncia el tipo de vivienda por la que opta el Ayuntamiento. "Está suponiendo la expulsión de las personas con menos recursos".

En estos días, las familias de adjudicatarios con las que hemos hablado tienen que conseguir la financiación: el 15% del total en febrero; el 5% a la firma de las llaves, que se prevé en junio, momento en que también tienen que haber conseguido el 80% en un préstamo hipotecario. Después de varios

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Madrid ausente de la reunión sobre el plan estatal vivienda
El País (Comunidad de Madrid) - 06 de noviembre de 2008
 
 
La Comunidad planta a la ministra y al resto de regiones

La Comunidad de Madrid dejó ayer vacía su silla en la conferencia sectorial en la que se expuso el último borrador del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012, celebrada en Barcelona. Y eso que el director regional de Vivienda, Juan Van Halen, se había trasladado anteayer a la capital catalana para inaugurar el expositor regional del salón Barcelona Meeting Point, lo que todavía indignó más a los responsables del Ministerio de Vivienda, empezando por su titular, Beatriz Corredor.

La ministra se mostró sorprendida tras la conferencia porque "una comunidad como Madrid decidiera que la reunión no era lo bastante importante". A ella acudieron los consejeros de todas las comunidades salvo de Madrid, Murcia y el País Vasco. Sin embargo, las dos últimas enviaron al director general del ramo y disculparon su ausencia por problemas de agenda. Un portavoz de la Comunidad afirmó que la consejera, Ana Isabel Mariño, no acudió a la reunión porque consideró que estaba "vacía de contenido" y que no recogía sus propuestas.

La Comunidad se opone sobre todo a dos puntos del plan. Desde un principio rechazó que en un año se deba crear un registro único de solicitantes para vivienda protegida porque opina que sólo crea burocracia. El Ejecutivo central pretende eliminar con estas listas cualquier tipo de fraude en la adjudicación de pisos sociales.

La consejería también se niega a que las viviendas protegidas estén calificadas como tales durante un periodo mínimo de 30 años. Es decir, que en estos años no se puedan vender en el mercado libre. Corredor justificó la medida en que un piso público debe estar siempre "a disposición" de generaciones futuras o de gente que lo necesita si su propietario mejora de condiciones y decide vendérselo. Varias comunidades ya han legislado al respecto. Las viviendas que promueve Cataluña, por ejemplo, no pueden venderse al mercado libre durante 90 años.

Corredor recordó que la mayor parte del presupuesto de Vivienda y de las inversiones del plan van destinadas a la Comunidad de Madrid, y sostuvo que el 75% de las viviendas de protección que se inician en la región tienen financiación del Gobierno central. "Ha habido un alto nivel de consenso. Lo han aprobado consejeros de hasta cuatro colores políticos y todos los que están aquí dicen sentirse reflejados en el plan", aseguró la ministra.

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La CM estudia recurrir al Constitucional el Plan Estatal
EuropaPress (Comunidad de Madrid) - 26 de noviembre de 2008
 
si Corredor no acepta las 15 alegaciones presentadas. Cree que conculca el derecho a la libertad privada porque un piso en suelo protegido no podrá venderse ni heredarse a quien quiera

La Comunidad de Madrid estudia recurrir al Tribunal Constitucional (TC) el Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, en caso de que se apruebe tal y como está contemplado en el proyecto de Real Decreto, porque considera que conculca el derecho a la propiedad privada "modificando gravemente el concepto de propiedad" de la vivienda protegida.

Así lo anunció hoy la consejera de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio del Gobierno regional, Ana Isabel Mariño, durante un encuentro con los medios de comunicación, a los que anunció que el Ejecutivo autonómico ha presentado 15 alegaciones al proyecto de la ministra del ramo, Beatriz Corredor, al igual que han hecho otras comunidades como La Rioja.

Mariño aseguró que el proyecto de Real Decreto "sociabiliza" la vivienda protegida a través de una serie de artículos. Así, indicó que el Gobierno central divide las viviendas protegidas en dos tipologías. La primeras son las construidas en suelo privado, que se podrán descalificar a los 30 años de comprarlas, mientras que las segundas, las construidas en suelos protegidos, dotacionales y públicos, "serán protegidas a perpetuidad".

"El nuevo sistema desmantela los principios básicos del derecho de la propiedad, que puede limitarse, como hasta ahora, pero que hacerlo de forma permanente, como ahora pretende aprobarse, es muy peligroso. De tal manera que aquél que ahorre y pida una hipoteca para comprar una vivienda protegida no va a poder ser el propietario de pleno derecho de la misma. Y si hace reformas no va a poder recuperar esa plusvalía porque sólo la podrá vender al precio tasado que la imponga el Estado", apostilló la consejera.

Asimismo, señaló que el benefactor de viviendas protegidas construidas en suelo protegido o público sólo la podrá vender a un lista de personas apuntadas en un registro nacional, "lo que es gravísimo porque rompe la libertad que uno tiene para poder vender una cosa a quien quieras, como quieras y al precio que quieras, a la vez que impide la contratación de hipotecas inversas".

"El Plan va más allá y rompe con el derecho con sucesiones. Si yo tengo una casa, con mi hipoteca y demás, sólo la tendré en uso, un derecho socializante pero no de propiedad. De este modo, si yo tengo un hijo y si no cumple con los requisitos de posibles adquirientes, no le podré dar en herencia esa casa", agregó la titula r regional de Vivienda.

Por otro lado, criticó que el decreto limita a los compradores, obligados a vender a unos precios máximos, y a los propietarios porque "sólo tienen la decisión primaria, que es la de vender, sin determinar ni el objeto, ni el precio ni el sujeto, que son las bases fundamentales de cualquier relación contractual para la transmisión del derecho de dominio".

Además, Mariño se quejó de la "falta de concreción" de la normativa en las limitaciones de acceso a la vivienda sobre la renta. "Ellos dicen que la accesibilidad es importante tenerla en cuenta y limitan al 30 por ciento de la renta disponible", señaló, al tiempo que denunció que el Estado esté intentado con esta medida "unificar" toda la política de vivienda sin atender a las diferencias y a las competencias ya transferidas de las comunidades.

Respecto a la rehabilitación, la Comunidad también presentó sus objeciones a Corredor porque considera que el Estado no da las suficientes ayudas y "se debería haber hecho un esfuerzo mayor". En este sentido, también aseveró que el Plan "cercena la competencia exclusiva autonómica de la declaración de Áreas de Renovación Urbana y Áreas para la Erradicación de la Infravivienda".

ALEGACIONES DE LA COMUNIDAD

Por todo ello, la Comunidad de Madrid presentó la semana pasada un total de 15 alegaciones al anteproyecto del Real Decreto del Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 por considerar que es "excesivamente intervencionista, multiplicando tipología y trámites". La alegaciones, a las que ha tenido acceso Europa Press, manifiestan que el Plan invade competencias exclusivas de las comunidades autónomas, "ya que aborda ámbitos de política de vivienda". "Debería limitarse a fijar las bases y coordinar la planificación general de la actividad económica y ordenar el crédito", apuntó.

En este sentido, criticó que la obligatoriedad de los registros de demandantes por "ineficaz, intervencionista e improcedente", ya que el departamento de Mariño cree que "interfiere en las competencias autonómicas de vivienda, ya que la Comunidad es la única que puede decidir si es conveniente establecer tales registros".

Sin embargo, las críticas de la Comunidad se centran en el régimen de protección porque la protección permanente antes comentada es "ineficaz, inoportuna, confiscatoria y desproporcionada" y supone, a su juicio, "desnaturalizar la propia esencia del derecho de la propiedad".

El Gobierno regional considera que los instrumentos eficaces para el control del fraude se basan en la colaboración institucional con Registros de la Propiedad y Notariado, Administración Tributaria o el tanteo y retracto legales, como mecanismos de control de las transacciones. "Esta medida es particularmente inapropiada para la Comunidad de Madrid, que establece en su Ley del Suelo una reserva del 50 por ciento del suelo para vivienda protegida", agregó.

La Consejería de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio destacó que en el Plan falta una memoria económica y un análisis de costes básicos de las medidas y no contiene la cuantificación de objetivos y el montante presupuestario, "ni la especificación de estas cifras para cada comunidad".

Además, denunció que el proyecto no aborda el problema al que se enfrenta actualmente el mundo de la vivienda: las restricciones de financiación bancaria. Así, el viceconsejero de Vivienda y Suelo, Juan Blasco, afirmó hoy que sería deseable un mayor apoyo a los adquirientes para que puedan subrogarse en la concesión de los prestamos convenidos y a la financiación de viviendas de nueva construcción, "condición necesaria para que las ayudas directas puedan otorgarse".

Respeto al alquiler, la Comunidad solicitó al Ministerio una mejora en la regulación de este mercado para hacerlo "más flexible, rentable y atractivo, proporcionando seguridad jurídica a los inquilinos y propietarios. No obstante, se felicitó porque el Plan Estatal de Vivienda contemple como única novedad el arrendamiento con opción a compra, "que refleja el éxito de esta fórmula que ha aplicado el Gobierno regional en la dinamización de la vivienda a precios asequibles y en el fomento del alquiler".

"Sin embargo, en esta regulación no se ha tenido en cuenta la experiencia de la Comunidad de Madrid en cuanto a los parámetros de definición de esta tipología. Por ejemplo, el alquiler con opción a compra contemplado en el Plan establece que los adjudicatarios de estas viviendas sólo podrán descontar del precio final el 30 por ciento de las rentas pagadas durante el periodo inicial del alquiler. En la Comunidad de Madrid ese descuento alcanza el 50 por ciento", explicaron fuentes regionales.

La Comunidad también criticó que el proyecto no articule fórmulas viables e instrumentos de financiación adicionales para alcanzar el objetivo de reducir el esfuerzo máximo de accesibilidad a la vivienda para que este no exceda del 33 por ciento. Además, denunció que contradice los derechos de adquisición preferente, tanteo y retracto legales, a favor de la Comunidad de Madrid.

Por último, la Consejería alega que el Plan del Gobierno central suprime la cofinanciación de las viviendas de promoción pública construidas con fondos públicos por entes territoriales y promotores públicos.

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Cien familias de Tetuán pueden quedarse sin su vivienda
20 Minutos (Comunidad de Madrid) - 22 de noviembre de 2008
 
 
'por culpa de una estafa'. Son los vecinos afectados por el PERI de la calle Dulcinea. Temen que puedan ser desalojados. La constructora les hipotecó sin su consentimiento.

Un centenar de vecinos de las calles Jaén, Tiziano y Dulcinea (en el distrito madrileño de Tetuán) pueden ser desalojados de sus viviendas en cualquier momento por orden de un juzgado de ejecuciones hipotecarias. Los afectados cedieron sus inmuebles a una constructora que, según ellos, los hipotecó sin su consentimiento. La empresa quebró y ahora el banco les reclama el dinero.

Los problemas comenzaron en la década de los noventa, cuando el Ayuntamiento de Madrid empezó el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) Tiziano-Dulcinea. Su objetivo era sustituir las viejas casas bajas en mal estado del barrio por nuevos bloques de viviendas.

Los vecinos se constituyeron en Junta de Compensación y cedieron sus casas. Parte de ellos las entregaron al Consistorio, pero otros se las vendieron a la inmobiliaria Courbasa, porque les ofrecía más dinero. La promotora pidió un préstamo de 70 millones de euros al Banco Pastor y, según los vecinos, hipotecó sus casas sin informarles.

Las antiguas viviendas fueron derribadas y hace dos años, cuando las familias fueron a sus nuevas casas se encontraron con que estaban hipotecadas y Courbasa había quebrado. Aunque el desahucio estaba previsto para el 21 de noviembre, un día antes recibieron un soplo de esperanza: una sentencia del Constitucional ordenó al juez que suspenda los desahucios.

Pese a este balón de oxígeno,ese día el barrio era un ir y venir de cajas. "Tenemos una gran sensación de desarraigo; nos hemos quedado sin fuerzas", explicaba ayer Begoña Fernández, una vecina de 38 años de la calle Jaén 23, mientras quitaba las cortinas de una de las habitaciones.

Como ella, el matrimonio formado por José Cano y Ana María Gallo, tenía su nueva casa de alquiler patas arriba. "Nos hemos mudado porque hemos tenido que vaciar el piso del que somos propietarios, por si nos desalojan".

Las escrituras, "ocultas"

Algunos de los afectados, constituidos en asociación han abierto más de 22 procedimientos judiciales contra la promotora y el Banco Pastor. «La justicia va muy lenta, pero las ejecuciones hipotecarias van muy rápido», según Susana Ochovo, portavoz de los vecinos. Los vecinos aseguran que la inmobiliaria ocultó las escrituras y las tasaciones, en las que se recogía que las familias eran las propietarias.

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2 exalcaldes del PSOE cobraron varios millones de construct.
El País (Comunidad de Madrid) - 20 de noviembre de 2008
 
 
Anticorrupción destapa a los testaferros de los ex regidores de Ciempozuelos

Los ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro nunca cobraron de la promotora Esprode los 40 millones de euros que figuraban en el falso contrato que presentaron en un banco de Andorra en 2006 para justificar el ingreso de un millón de euros. Pero aquel ingreso sospechoso les supuso una investigación de la Fiscalía Anticorrupción, que acaba de detallar sus supuestas mordidas, que suman varios millones de euros.

El fiscal ha comprobado, tras dos años de investigación, el "cobro por Torrejón, amparado por la actuación de Elena Berrio [su esposa], de cantidades importantes de dinero incompatibles con su posición de alcalde de Ciempozuelos, a las que habría tenido acceso, en mayor o menor medida, Tejeiro". Los pagos irregulares procederían "bien de sociedades constructoras con intereses en el municipio de Ciempozuelos [Esprode y Bitango], bien de contratistas del Ayuntamiento que presidía, como los derivados de Alfonso Méndez y sus sociedades". Tales cohechos se abonaron u ocultaron a través de una red de "testaferros como Francisco Javier Marazuela y los responsables de Urbego y Comernet Green, Juan Ángel Muñoz García y Manuel Ramón Martín Peña". Las constructoras pagaban a firmas intermediarias, singularmente de Marazuela, y el dinero acababa en sociedades que el fiscal considera tapaderas patrimoniales de Torrejón o Tejeiro. La policía ha registrado estos días sedes de los testaferros en busca de pruebas.

- Comernet Green. Abonó 5.391 euros en 1999 a Tejeiro, que poseía en su casa una visa de dicha firma y extractos bancarios. La esposa de Torrejón recibió 6.000 euros de dicha empresa en 1999. Ese año, esta firma cobro 193.000 euros de Ecocedes, del contratista municipal de basuras, Francisco Méndez. Copias de tales facturas fueron halladas en casa de Tejeiro.

- Urbego. Recibió en 2005 de Frangest, firma de Marazuela, 1.920.000 euros. Y cobró 860.000 euros en 2006 por asesoramiento a la inmobiliaria Bitango. Tales facturas fueron halladas en el ordenador de Tejeiro. El total percibido en 2006 de dicha constructora se eleva a 1.574.000 euros. Igualmente, cobró en 2006 a Frangest 228.872 euros. Y recibió 1.719.000 euros en 2005 de Comernet Green. Urbego hizo pagos en 2005 a Viajes Sanitur, de Marazuela, de la que percibió ingresos entre 2000 y 2002 la hija de Torrejón.

- Pradogest. Asesoría que administra la esposa de Torrejón y de la que él es apoderado. Ecocedes, empresa del contratista Méndez, le abonó 8.588 euros en 1997. En 2005 cobró 141.240 euros de Urbanges y 6.060 de Viajes Sanitur, ambas de Marazuela. En 2004, cobró de Viajes Sanitur 3.000 euros, y otros 2.100 de Ischadia Bus, también de Marazuela, pagos que se repitieron en 2005. También vendió en 2003 por 3.606 euros dos pisos en Madrid a Sugessa, vinculada a Esprode. Pradogest cobró sumas de otra firma del contratista Méndez (GD Maquinaria): 70.000 euros en 1999; 41.830 en 200 y 16.383 en 2001.

- Bitango Promociones. Esta constructora hace los siguientes abonos a sociedades de Marazuela: 264.480 euros a Ischadia Bus y 4.228.118 euros a Frangest, ambas de Marazuela, pagadora de las firmas con las que supuestamente Torrejón blanqueaba dinero (Comernet Green y Urbego). También pagó directamente 1.574.002 euros en 2006 a Urbego, unos 600.000 euros a Urbanges y otros 454.000 a Frangest, ambas de Marazuela. Urbanges, por otro lado, le compró a Torrejón un piso en Almuñécar por 222.000 euros en 2005 que el ex alcalde adquirió dos años antes por sólo 180.000 euros.

- Frangest y Urbanges. Ambas son de Marazuela. El fiscal las considera intermediarias de los pagos de las constructoras al ex alcalde. Frangest cobró tres millones de euros en 2005 de Bitango y pagó casi dos millones a Urbego.

- Format y Cosulting. La gestiona Juan Ángel Muñoz, asesor fiscal de Torrejón. En 2004 recibió 200.000 euros de Esprode, con los que compra ese mismo día una finca a Kimuso en Ciempozuelos. Una firma ejerció una opción de compra sobre dicha finca y seis más, a cambio de un millón de euros. Curiosamente, Format paga con dinero de Esprode a una vendedora, Kimuso, de la que es accionista dicha constructora. Y, como recibe 200.000 euros en señal de tal opción de compra, no sólo le sale gratis, gana dinero sin haber puesto un euro, según la investigación.

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'El Pocero Bueno' de Fuenlabrada pospone la compra de suelo
El Mundo (Su Vivienda) (Comunidad de Madrid) - 27 de noviembre de 2008
 
 
por 'su encarecimiento'. 'Ahora han subido los precios de 485 euros el metro cuadrado hasta los 600 euros' 'Han sido muchos' los que han ofrecido terrenos, pero se decantará 'por el mejor postor'

El promotor José Moreno, apodado 'El Pocero Bueno' de Fuenlabrada, ha anunciado que pospone la compra de suelo para construir viviendas baratas "debido a su encarecimiento". "Ahora han subido los precios de 485 euros el metro cuadrado hasta los 600 euros", apunta Moreno, que tiene una lista de espera cerca de 3.000 nombres de jóvenes y divorciados para adquirir sus viviendas.

De esta manera, se ha visto obligado a suspender el encuentro que tenía previsto para esta misma tarde, martes 25 de noviembre a las 20.00 horas, con los medios de comunicación en el que, previsiblemente, se les iba a anunciar en qué municipios iba a empezar a construir más de 2.000 pisos. El precio de éstos oscilaría entre 120.000 euros y 168.000, dependiendo si eran protegidos o libres.

De momento, ha explicado que seguirán las negociaciones, ya que, aunque "han sido muchos" los que han ofrecido terrenos, se decantarán "por el mejor postor". Indica que si compran el suelo a 600 euros "los precios de las viviendas iban a subir notablemente".

Mientras tanto, permanecen a la espera las cerca de 3.000 personas (entre los requisitos que se pedían el principal era ser joven o divorciado) que se inscribieron para integrarse en la cooperativa que ha constituido 'El Pocero'. Todos permanecieron durante una semana haciendo cola ante la sede de la asociación de vecinos de la Avanzada, que el propio Moreno preside.

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Catalunya
 
Veinte niños de un campamento reivindican una vivienda digna
lamanyana.es (Catalunya) - 07 de diciembre de 2008
 
 
Cerca de una veintena de niños que sobreviven en uno de los últimos campamentos de la ciudad de Lleida reivindican su derecho a una vivienda digna donde si 'llueve no nos mojemos y si hace frío podamos dormir sin tiritar'.

La Constitución Española cumplió ayer 30 años. Fueron varios los actos que se organizaron para conmemorar la citada onomástica. Una Constitución que nació, según dicen, fruto de un consenso del que todos se vanaglorian y que dotó a los españoles de unos principios, deberes y derechos.

Precisamente son 30 los años que una familia leridana lleva viviendo de forma nómada en varios puntos de la ciudad. Una familia que lleva los mismos años que la constitución sobreviviendo 'como podemos' y que en la actualidad se han visto obligados a vivir, como en otras ocasiones, en un improvisado campamento situado detrás de la gasolinera Lamolla. Es uno de los últimos campamentos de Lleida donde más que vivir sobreviven día tras día varios adultos, una veintena de niños y la matriarca de la familia, la Tía Palmira.

Treinta años llevan viviendo de forma nómada. Los mismos años que una Constitución que asegura en su artículo 14: 'Los españoles son iguales ante la Ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social'. Los mismos años que lleva publicado el artículo 47 de la Carta Magna: 'Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación'.

La Tía Palmira y su familia lleva cerca de ocho años sobreviviendo en el campamento de detrás de Lamolla. No siempre ha sido fácil, casi siempre ha sido imposible. Gracias a la ayuda de la Associació Cultural Gitana, presidida por Antonio Salazar, los cerca de 20 niños del campamento van cada día al colegio Cervantes. 'La sociedad leridana en la que vivimos será normal, no sólo cuando estos niños vivan en un lugar digno, sino que además luchará para que se formen como cualquier niño', aseguró Salazar. 'Una de estas criaturas, recordará algún día cómo vivía en un campamento cuando era pequeño como un mal sueño. También recordará que pudo vivir en un lugar digno, estudió y se convirtió en el alcalde de Lleida', afirmaba ilusionado el presidente de la Associació Cultural Gitana.

Los niños van al colegio Cervantes, que está a varios kilómetros del campamento, y vuelven a las barracas donde solo les protege de la lluvia y el frío algún fuego improvisado, alrededor del que se sientan mientras se prepara algo para comer, y cuatro trapos puestos a modo de cabaña. No hay agua corriente, ni luz, ni gas, ni absolutamente nada. En verano aguantan el calor como pueden y en invierno el frío y la humedad.

'Queremos una casa mejor', aseguraba un niño de tres años que correteaba por el pequeño campamento. Los menores, a los que no se puede ver en las fotografías con nitidez para preservar su identidad como niños que son, miran con ojos tristes aunque nunca les falta una sonrisa y una gran dosis de salero en cuanto escuchan un buen garrotín acompañado de la melodía de unas palmadas. Desde la Associació Cultural Gitana se están haciendo todos los esfuerzos para reunirse con las administraciones públicas pertinentes para solucionar las condiciones de vida en la que viven estas familias.

'Si todos tenemos derecho a una vivienda digna esta familia no es menos y no pararemos hasta que haya una solución. Tocaremos en las puertas que hagan falta y lo solucionaremos', aseguraba Salazar.

'Además, esto es un pez que se muerde la cola. Viven en condiciones infrahumanas, cuando son mayores no tienen trabajo y muchos se ven abocados a la marginación. Allí es donde, a veces, conviven con la pequeña delincuencia, la droga y diversos problemas que estos inocentes niños no tienen porqué sufrir', se enfadaba el presidente de la Associació Cultural Gitana.

Ayer la Constitución Española cumplió 30 años. Ninguno de aquellos niños celebró el día. Era sábado y pasaron el día correteando por el campamento. Al ser invierno, enseguida se hizo de noche. La tía Palmira preparó un puchero con lo que pudo y toda la familia comió. No había mucho que hacer. Todos se sentaron alrededor del fuego e intentaron calentarse como pudieron.

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Un año de cárcel para dos acusados de acoso inmobiliario
La Vanguardia (Catalunya) - 17 de noviembre de 2008
 
 
Los propietarios de un piso de Barcelona dieron de baja el agua y la luz y arrancaron hasta tres veces la instalación eléctrica para que los inquilinos se fueran

Una sentencia pionera en Barcelona ha castigado con penas de cárcel a dos propietarios de un piso de la calle Servet por acoso inmobiliario a sus inquilinos, que durante tres meses soportaron que les cortaran repetidamente la luz y el agua e incluso que les sellaran con silicona la puerta de su casa.

En la sentencia, el juzgado de lo penal número 13 de Barcelona condena por coacciones a penas de un año de prisión cada uno a los hermanos Alfonso y Pere Janer, que también deberán indemnizar con 3.300 euros a la pareja de inquilinos por las "molestias" que sufrieron durante los meses en que fueron víctimas de "mobbing".

Los condenados son propietarios de una planta baja situada en la calle Servet de Barcelona, que en noviembre de 2003 tenían arrendada por 600 euros a una sobrina suya que la compartía con la pareja de denunciantes, con los que había acordado que podían seguir en la casa si ella la dejaba porque el contrato duraba 5 años.

En abril de 2004, al quedarse embarazada, la sobrina de los dueños dejó el piso de la calle Servet, pero sus dos compañeros siguieron viviendo en ella y pagando las mensualidades correspondientes a los propietarios que, a finales de año, les propusieron subir el alquiler. Al negarse a aceptar el nuevo precio, en marzo de 2005 los dueños del piso dejaron de cobrar el importe a los inquilinos, que desde entonces estuvieron consignando los pagos a través del juzgado.

A lo largo de tres meses, los procesados dieron de baja el piso de agua y suministro eléctrico y, para impedir que los inquilinos volvieran a contratar los servicios, arrancaron hasta en tres ocasiones la instalación eléctrica nueva para dejarles sin luz y cerraron el acceso a la llave de paso colocando unos candados en la puerta de los contadores.

El 27 de octubre de 2005, mantiene la sentencia, los procesados forzaron la cerradura de la puerta de la vivienda de los inquilinos, que después obstruyeron con pegamento, y sellaron con silicona de obra el armario de los contadores de agua, arrancando el contador y la tubería que garantizaba el suministro.

A consecuencia de ese acoso inmobiliario, añade el juzgado, los inquilinos sufrieron "graves trastornos de higiene y salubridad" al verse obligados a buscar agua a una fuente, a alumbrarse con velas y pequeñas bombonas de gas y a adquirir víveres a diario por la imposibilidad de disponer de un frigorífico.

Por ese motivo, las víctimas del acoso se vieron obligadas a abandonar el domicilio en noviembre del año 2005, al resultarles "insostenible económica y emocionalmente" seguir en su vivienda, "un bien de primera necesidad y el soporte físico más inmediato del desarrollo de la personalidad y la dignidad", según el fallo.

En opinión del juez, es irrelevante si los acusados tenían derecho a exigir que los denunciantes abandonaran el piso porque deberían haberlo hecho a través del oportuno proceso judicial, y no cabe duda de la gravedad de los hechos, dada su "reiteración e insistencia".

Esta sentencia es pionera en Catalunya, dado que hasta ahora los casos de acoso inmobiliario se han saldado en condenas civiles o, en todo caso, en faltas de coacciones, mientras que ésta reconoce que el "mobbing" puede constituir delito.

El caso se sale también de lo común por tratarse de una pareja de jóvenes -tenían 28 años cuando sucedieron los hechos- que han conseguido una condena por acoso inmobiliario por un piso alquilado con la actual ley de arrendamientos urbanos.

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Comunidad Valenciana
 
POCA VIVIENDA PROTEGIDA Y DE LA MÁS CARA
El País (Comunidad Valenciana) - 24 de noviembre de 2008
 
 
Valencia se ve superada por otras grandes ciudades en el impulso a los pisos asequibles y fía un tardío despegue a la reserva en planes urbanísticos pendientes de desarrollo

La vivienda protegida en la ciudad de Valencia hay que buscarla con lupa. En los últimos años, las licencias de obra han pasado por la comisión de Urbanismo con cuentagotas, perdidas en un mar de permisos para vivienda libre. La etapa del boom inmobiliario ha relegado su promoción a porcentajes muy bajos, con un 11,4% de licencias (1.833 pisos de 15.987) sobre el total entre 2003 y 2007, según datos del grupo socialista no desmentidos por los populares. El impulso desde el Ayuntamiento ha sido escaso, lo que ha convertido el déficit en pisos asequibles en objeto de polémica constante. El PSPV acusa al gobierno de Rita Barberá de desaprovechar las posibilidades de fomentar su construcción y de prometer en elecciones miles de viviendas de protección pública (VPP, antes VPO) sin preocuparse de espolear su salida al mercado.

El PP, en cambio, defiende que no ha se ha cruzado de brazos y ha preparado el terreno con importantes reservas de VPP en suelo urbanizable. El edil de Urbanismo, Jorge Bellver, espera que esta planificación lance definitivamente la vivienda social. Bellver destaca que el plan general urbano de 1988 no especificó cupos de VPP y que "lo más importante para viabilizarlas fue la decisión pionera del equipo de gobierno del PP de establecer reservas obligatorias a partir de 2000".

Los suelos urbanizables adjudicados desde entonces han incorporado entre el 20% y 25% de VPP, porcentajes que se elevan con los pisos previstos en el suelo de cesión obligatoria al municipio en cada plan. De esta forma, la previsión supera las 9.000 VPP, con la promoción más importante, de casi 3.000 casas, en manos del Instituto Valenciano de Vivienda (IVVSA) en Sociópolis. Entre 2003 y 2007 iniciaron su tramitación otros 711 pisos con Aumsa, 453 con el IVVSA y 2.186 de empresas privadas.

La mayoría está por construir. El concejal argumenta que hasta ahora no había "suelo disponible". "Nosotros tenemos huerta y cuesta un dineral, y en suelo urbano no es factible", subraya. Las cesiones al Ayuntamiento en las reparcelaciones arrojaban un precio demasiado alto para este tipo de vivienda hasta que se impuso la reserva, según Bellver. La ciudad, por otro lado, en opinión del edil, no ha sufrido la presión por la vivienda barata debido a sus precios: "Somos la tercera ciudad en habitantes, pero la número 17 en precio por capitales, por lo que la gente ha podido acceder a pisos del mercado libre".

Una suma de factores que, en su opinión, explican la situación. El cambio de tendencia lo marcarían los datos de 2007, con 425 licencias de VPP que suponen el 30% del total, y de este año, con 1.116 autorizaciones (49%). Para el PP, ahora hay suelo a corto y medio plazo para el despegue de la VPP. Un despegue tardío, si se compara con otras ciudades grandes y medianas.

Las iniciativas de VPP parten del Estado, las autonomías y los propios municipios. La mayoría de grandes ciudades ha creado para gestionar sus actuaciones una empresa específica que Bellver no ve necesaria: "No hemos dejado de hacer ningún piso por ello".

- Madrid (PP). Acaba de lanzar una nueva promoción pública de 1.352 pisos. Según el Ayuntamiento madrileño, 35 de cada 100 viviendas impulsadas entre 2003 y 2007 han sido protegidas.

- Barcelona (PSC e ICV-EUiA). Entre 2004 y 2007 ha impulsado 10.200 viviendas sociales, casi la mitad acabadas. La participación de la VPP no ha bajado del 30%. La ciudad ha ampliado los tipos clásicos y promueve la vivienda dotacional para jóvenes y mayores, de tamaño reducido y con servicios comunes, lo que la abarata. El nuevo plan lanzará las VPP con derecho de superficie, manteniendo el suelo en manos públicas y permitiendo al ciudadano comprar a bajo coste un piso para 75 años.

- San Sebastián (PSE, EB-Aralar). Aplica con buen resultado esta opción del derecho de superficie y también el alojamiento dotacional con apartamentos sobre suelo de equipamientos. La ciudad ha autorizado en la última década un promedio de 950 viviendas, de las cuales un tercio han sido protegidas, "Este año serán más de la mitad y con la revisión del plan general, dos de cada tres pisos serán protegidos", afirma el concejal de Urbanismo y Vivienda, Jorge Letamendia. La legislación urbanística vasca, además, ya impuso reservas de VPP en suelo urbanizable y urbano en 1994. Los pisos siempre mantienen la calificación, no se venden en el mercado libre, y en San Sebastián "todas las promociones son públicas". El concejal recalca que han hecho importantes inversiones en compra de terreno y expropiaciones, y una "fuerte gestión del patrimonio municipal del suelo". Ahora se plantea dar otro empuje al alquiler con el 50% de las VPP en una década.

- Zaragoza (PSOE). La gestión sostenida por los distintos partidos ha elevado de manera notable el parque de vivienda social de alquiler, con casi 2.000 unidades, el 40% en el casco histórico, que se convertirán en 3.000 a final de mandato. Las gestiona la empresa municipal, que se encarga asimismo de la VPP en suelo municipal. En 2007, la ciudad ya dio más licencias de vivienda social que libre, y desde 2003 han supuesto casi el 50%. Zaragoza "es la única de las grandes ciudades que tiene mucho suelo", explican fuentes locales. Eso facilita las cosas, junto a una "política decidida" de VPP que incluye proyectos como el barrio de Valdespartera con el gobierno de Aragón y las cajas para 9.800 pisos (95% protegidos) sobre suelo de Defensa -en Valencia, el PP reprocha al Ejecutivo el retraso de 600 en dos cuarteles.

- Sevilla (PSOE).

La "utilización beligerante" del patrimonio de suelo y un plan ambicioso "con esfuerzo público y privado" han sido las claves para que Sevilla promoviera entre 2003 y 2007 un total 15.634 VPP, en distintas fases. Los porcentajes sobre la vivienda libre están sobre el 25%, sin incluir las promociones que dentro del plan lleva adelante la empresa local Emvisesa, que de 6.740 pisos (21,8% en alquiler), a final de año habrá entregado 3.614. Sevilla ha creado su propia VPP de precio tasado para rentas intermedias y ofrece otra modalidad andaluza que está por debajo del coste de las de régimen general, que suelen ser las más extendidas. En esa línea, fuentes municipales resaltan que las promociones públicas quedan por debajo de los precios máximos, con pisos de 70 metros cuadrados por 81.000 a 99.500 euros.

- Los precios. En Valencia, una VPP de régimen general de 70 metros saldría por más de 127.000 (sin garaje ni IVA), porque la ciudad no sólo tiene poca oferta, sino que está en la franja alta de precios tras la decisión del Consell de subirlos para animar a los constructores. Aunque por detrás de Madrid y Barcelona, Valencia es más cara que Sevilla, San Sebastián y Zaragoza en el régimen general. Los socialistas denuncian, además, que en Valencia casi no se oferta vivienda especial, la más barata. Sorprendentemente, la subida de precios ha puesto a Alicante y Castellón por delante de Zaragoza, la quinta ciudad española, y San Sebastián. Las dos ciudades valencianas destacan por la escasa oferta de VPP y ahora también por el alto precio.

La demanda, sin embargo, existe. El pasado marzo, el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, José Ramón García Antón, la estimó en 82.000 viviendas en los próximos cuatro años - "hay suelo listo o en desarrollo" para 34.000-. Que hay mercado para VPP lo muestra también el hecho de que al registro de demandantes que acaba de estrenar Valencia en 10 días se apuntaron 600 personas.

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Condenan a financiera por usura al conceder préstamo al 500%
20minutos.es (Comunidad Valenciana) - 23 de noviembre de 2008
 
 
Una familia pidió 16.000 euros y le demandaban 60.000. Al parecer, otro prestamista había comprado su deuda. La resolución no es firme y puede ser recurrida.

Un juez de Alicante acaba de aplicar una condena por usura contra una empresa de créditos rápidos. El fallo anula un préstamo en el que a una familia se le imponían intereses de hasta un 500 por ciento. Les dejaron 16.000 euros pero se encontraron con que tenían que pagar 60.000 antes de seis meses a otro prestamista privado, que había comprado la deuda, informa levante-emv.com.

Ante notario, les habían obligado a firmar una letra de cambio por la que se la cedían a este prestamista. Según el fallo del juzgado de Primera Instancia número siete, las condiciones del contrato "fueron leoninas" y aceptadas por el prestatario por "su situación angustiosa", sin que conste en el contrato a cuánto ascendía el crédito principal, ni el tipo de interés que se aplicaba.

La resolución no es firme y puede ser recurrida a la Audiencia Provincial. Hace cuatro meses, otro juzgado de Alicante anuló otro crédito que aplicaba intereses del 120% en un caso similar. Sin embargo, en aquella ocasión no se aplicó la Ley de Usura, y se limitaba a rebajar la cuantía de los intereses que se debían abonar.

Esta vez, el juez establece que los afectados sólo paguen el dinero que se les prestó, sin que la entidad tenga derecho a cobrar interés alguno. En este caso, la familia afectada ya tenía subastada la vivienda y en cualquier momento podían ir del juzgado a echarles.

El prestamista había iniciado el proceso para embargar la casa por impago y un juzgado de Torrevieja le había dado la razón. Esa sentencia no había sido ejecutada porque se había recurrido a la Audiencia. Este nuevo fallo anula la letra de cambio con el prestamista.

La sentencia ha frenado este procedimiento. Asimismo, obliga a la financiera a pagar las costas del procedimiento y a que retire todas las cargas registrales del inmueble que había puesto en el Registro de la Propiedad.

El abogado de la Asociación de usuarios de bancos (ADICAE), Carlos Zarco, que ha llevado el caso explicó que con motivo de las restricciones que los bancos están poniendo a dar créditos son muchas familias las que se ven obligadas a acudir a este tipo de préstamos rápidos. "Es conveniente leerse bien y entender lo que se está firmando".

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Andalucía
 
El 40% de los agraciados en sorteos de Emvisesa no compra
ABC (Andalucía) - 09 de noviembre de 2008
 
 
Una media de 50.000 personas presentan solicitudes en cada oferta pública de viviendas de Emvisesa, lo que da idea de la expectación que generan. Sólo unos pocos miles resultan agraciados en los sorteos. De ahí que resulte difícil comprender que entre el 30% y el 45% de los agraciados en los sorteos no formaliza la compra del piso, según datos facilitados a ABC por la Empresa Municipal de la Vivienda de Sevilla (Emvisesa). Desde 2004, se han sorteado en Emvisesa 5.020 viviendas, de las que 1.580 están entregadas y 3.075 pendientes de entregar.

Dentro del grupo de preseleccionados de Emvisesa que no formaliza la compra, un 49% ni siquiera aparece por las oficinas de la empresa municipal para expresar su desinterés por la vivienda, lo que impide conocer las razones por las que no compran: falta de financiación bancaria, no le gusta la promoción que le ha tocado, falta de requisitos, pérdida de empleo...

Otro 40% quiere comprar pero no reúne los requisitos de la convocatoria, ya que son propietarios de otra vivienda, superan los ingresos estipulados, etcétera. ¿Por qué van al sorteo personas que no cumple los requisitos? Emvisesa explica que dado el volumen de solicitudes que reciben, en torno a las 50.000 por cada oferta pública de viviendas, le resulta imposible comprobar una por una las solicitudes. Ese trámite lo realizan cuando los aspirantes resultan beneficiados en los sorteos. Cuando un preseleccionado no cumple los requisitos, se llama al siguiente aspirante en la lista de espera.

Otro 8% de los que no formalizan contrato acuden a las oficinas para renunciar expresamente a la vivienda que les ha tocado en sorteo y que reservaron. Finalmente, un 3% rescinde el contrato de compra de la vivienda. Dentro de su plan 2003-2007, Emvisesa ha promovido más de 6.700 viviendas protegidas, que han sido adjudicadas por baremación (1.720) o sorteo (5.020). Del total, Emvisesa ha entregado 3.300 viviendas, de las que 814 fueron en régimen de alquiler y otras 2.486 lo fueron en régimen de propiedad.

Emvisesa ha entregado viviendas en alquiler en la avenida de Ramón y Cajal, Cros-Pirotecnia, Torreblanca, San Jerónimo, Pino Montano y Aeropuerto Viejo. Por otra parte, la empresa municipal ha entregado viviendas en propiedad en Los Carteros, Palmete, Pino Montano, Sevilla Este, El Pino, Jesús María y José, La Calzada, Bermejales Sur y San Jerónimo-Alamillo.

En cuanto a las promociones en construcción o pendientes de entregar, la empresa tiene 3.195 viviendas en ejecución, de las que 654 son en alquiler y 2.541 en venta. Emvisesa prevé entregar 314 viviendas en noviembre o diciembre de 2008 y otras 633 en el primer semestre de 2009. Las promociones en ejecución o pendiente de entregar están en San Lorenzo, Pino Montano, Bermajes Sur, Kansas City, Bellavista-Uralita, San Jerónimo-Alamillo y Poligono Aeropuerto.

Además, Emvisesa proyecta construir en El Porvenir, en las antiguas cocheras de Tussam, 245 viviendas correspondientes a su plan 2003-2008.

En cuanto al Plan Municipal de Vivienda 2008-2012, la empresa municipal está contratando ya la redacción de los proyectos para 523 viviendas de régimen especial en Guadaíra sur, Polígono Aeropuerto, Campo de los Mártines y Avenida de Andalucía.

Perfil de adjudicatario

El 71,6% de los adjudicatarios y demandantes de casas de Emvisesa son jóvenes. Además, un 13,3% forma parte de una familia numerosa y un 10% de una familia monoparental. Un 5% son minusválidos.

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CCOOA y UGTA lamentan la 'excesiva remisión al reglamento'
EuropaPress (Andalucía) - 04 de diciembre de 2008
 
 
del anteproyecto de Ley de Derecho a la Vivienda. Piden registros municipales obligatorios de demandantes de VPO y participar en la redacción de los planes autonómicos y municipales

Los sindicatos CCOO-A y UGT-A lamentaron la "excesiva remisión al desarrollo reglamentario" de la Ley de Derecho a la Vivienda en el anteproyecto de dicha Ley sobre "elementos esenciales que deben quedar regulados por Ley, como el concepto de calidad de la vivienda o procedimientos de adjudicación, puesto que "de otra forma, se desnaturaliza este derecho constitucional y estatutario".

En las alegaciones al anteproyecto de Ley presentadas por ambos sindicatos, a las que tuvo acceso Europa Press, las organizaciones sindicales consideraron "positiva", la iniciativa del Gobierno andaluz de elaborar una Ley que, "por vez primera, regula el derecho constitucional y estatutario una vivienda digna y adecuada, y además antes de cumplirse el primer año de la firma del Pacto Andaluz por la Vivienda".

Ambas centrales consideraron que esta Ley "es el instrumento legal más importante que desarrolla el objetivo principal y prioritario del Pacto, que es garantizar el derecho real y efectivo de acceso a una vivienda digna y adecuada a las personas que cuentan con recursos económicos limitados".

No obstante, consideraron que hay aspectos y temas incluidos en el borrador "que necesitan de un mayor nivel de concreción y definición".

De esta forma, con carácter general el borrador de anteproyecto de Ley "tiene una excesiva remisión al desarrollo reglamentario de la Ley", que se hace "sobre elementos que son esenciales que queden regulados por Ley, pues, de otra forma, se desnaturaliza este derecho constitucional y estatutario".

Entre esos elementos que deben aparecer concretados como tales en la Ley de Derecho a la Vivienda, los sindicatos apuntan "el concepto de calidad de la vivienda; condiciones de ejercicio del derecho a la vivienda; procedimientos de adjudicación; registros municipales de demandantes de vivienda protegida; y participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativa".

Asimismo, para CCOO-A y UGT-A "es primordial la creación de los registros municipales de demandantes de viviendas protegidas, de carácter público, en cada municipio, sin excepción alguna", cuya inscripción, a su juicio, "sea obligatoria para acceder a una vivienda protegida en sus distintas tipologías y modalidades de uso". Consideraron que la Ley "debe determinar, igualmente, los criterios de funcionamiento de estos registros".

Recordaron que en la redacción del futuro Plan Estatal de la Vivienda para el período 2009-2012 "se establece la obligatoriedad, sin reservas, de los registros públicos de demandantes de vivienda acogida a algún régimen de protección pública".

"Un registro de esas características servirá para conocer las necesidades de vivienda que hay en los municipios, los perfiles de sus solicitantes, facilitaría programaciones de viviendas protegidas ajustadas a la demanda social existente y además, proporcionaría mayor transparencia y control en la gestión de las políticas de vivienda", destacaron las centrales.

Asimismo, consideraron importante destacar el valor de la Concertación Social en la formulación y desarrollo de políticas públicas, y en este sentido, el consenso y el dialogo social como "objetivos básicos y principios rectores de las políticas públicas", por lo que reivindicaron la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales representativas de Andalucía en la elaboración de los planes autonómicos y municipales de vivienda así como en las distintas comisiones de seguimiento de dicho planes.

REFORMAS EN EL ARTICULADO

En ese sentido, efectuaron una serie de observaciones al articulado, de forma que pidieron una reforma del artículo dos del anteproyecto de Ley, puesto que consideraron que es "poco precisa" la definición que hace la norma del concepto de 'vivienda digna y adecuada', especialmente "cuando entre los requisitos que definen a la vivienda digna y adecuada se establece el de 'vivienda de calidad', sin que se haga referencia alguna a los parámetros mínimos de esa calidad".

Pidieron una nueva redacción del artículo tres sobre la calidad de la vivienda, ya que no consideran aceptable "la remisión al desarrollo reglamentario de los niveles de calidad y los parámetros mínimos", ya que, a su juicio, "el elemento de la calidad de las viviendas es lo suficientemente importante para que en la Ley se establezca esos mínimos, sin perjuicio del desarrollo reglamentario que pueda concretarlos".

En el artículo seis propusieron modificar uno de sus apartados "por otro que haga referencia a los ingresos mínimos económicos que debe acreditar la persona solicitante para acceder a la vivienda, en sus distintas modalidades de uso o tenencia", y en el artículo octavo sobre el ejercicio del derecho, consideraron que la Ley "debe establecer los distintos procedimientos de adjudicación y los ayuntamientos, por su parte, optar por los procedimientos que estimen".

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El juez Torres cree 'no va a solucionar la economía'
GranadaDigital.com (Andalucía) - 12 de noviembre de 2008
 
 
El juez Torres cree que permitir la inversión de capitales de la corrupción "no va a solucionar la economía"

El magistrado del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada y primer instructor del caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, aseguró hoy que permitir la inversión de capitales ilícitos o procedentes de la corrupción "no va a solucionar la economía" y consideró que no es incompatible "que la situación económica mundial no sea la mejor con que se tengan que seguir apretando a las situaciones de corrupción y de crimen organizado".

Torres, que participó hoy en unas jornadas organizadas por el Instituto Superior de Economía Local (ISEL) de la Diputación de Málaga, explicó que en la situación actual de crisis económica "no faltarán voces y surgirán como siempre algunos profetas que dirán que no es el mejor momento para emprender procedimientos que ataquen al blanqueo, los capitales supuestamente ilícitos que proceden del exterior o para ser estrictos con la normativa urbanística o limitar la inversión de capitales". Pero consideró que "admitir que la corrupción se expanda, es decir, que se pueda construir sin tantos controles, limitar los controles públicos, judiciales o policiales o favorecer que estos capitales se inviertan sin aplicar mecanismos para conocer el origen de éstos, no va a solucionar el problema".

"Entiendo que es como a una persona que sufre hambre permitirle comer alimentos envenenados. Si permitimos que la sociedad se alimente de estos alimentos como son los capitales ilícitos o procedentes de la corrupción, no se va solucionar la economía sino que vamos a tener un problema de dimensiones mayores", precisó el magistrado.

El juez aseguró que antes de 2005 ya había informes que advertían de la corrupción municipal "sin embargo no se les hacía caso", pero apuntó que fue a partir de ese año cuando se desarrollaron varias operaciones que "hacen aumentar la percepción de los ciudadanos de que existe más corrupción". En su opinión, no es que haya aumentado este fenómeno en los últimos años "ni siquiera en la última década", sino que "simplemente determinadas operaciones han llevado a poner de manifiesto que esa corrupción existía".

Para Torres, el fenómeno de la corrupción se puede encontrar en grandes y en pequeños municipios y "afecta a todos los colores políticos", aunque se asimile a formaciones independientes. "Se produce una quiebra del estado social y democrático de derecho que se basa en el correcto funcionamiento de las administraciones públicas", apuntó.

Explicó que estas situaciones conllevan "una cierta alarma social y deslegitimación de la función y de las administraciones públicas", aunque señaló que "ataca también a las bases del sistema democrático, porque se produce una deslegitimación de los representantes elegidos democráticamente". Además, dijo que las manifestaciones de corrupción permiten "el asentamiento de mafias", puesto que "donde hay más corrupción y menos controles administrativos hay más fenómenos de crimen organizado".

El magistrado abogó por una reflexión sobre otras posibles manifestaciones de la corrupción que "pasan desapercibidas" y no sólo asociarla con el urbanismo, poniendo como ejemplo los concursos de personal, las adjudicaciones de obras o la utilización de medios públicos para usos privados.

Además, se refirió a la aceptación de regalos por parte de funcionarios públicos, incluidos jueces, figura del Código Penal "que ha caído en el olvido y que sin embargo puede tener su repercusión como primera fase de una futura corrupción" y a los patrocinios sufragados por empresarios, pues "en realidad lo que se está haciendo es favorecer las perspectivas electorales".

Respecto a la corrupción urbanística, precisó que la falta de financiación de los ayuntamientos "es considerable" y recurren al urbanismo, lo que lleva a que "se vean obligados a permitir que se construya en muchos terrenos que en otras circunstancias no se haría". En cuanto a las consecuencias de este tipo de corrupción, dijo que vulnera "el derecho a una vivienda digna", porque aumenta el precio; y supone la supresión de zonas verdes, la construcción sin control, la pérdida de patrimonio y de la calidad de vida y crea problemas en materia de aguas.

Torres entendió que existe "una ausencia de controles" en materia de disciplina urbanística y lamentó la "ineficacia de las sanciones administrativas", al considerar que "a un empresario, la multa por un exceso le sale rentable y no digamos ya la ausencia de demoliciones". También estimó que la respuesta penal es "absolutamente insuficiente" y se mostró crítico con la actual regulación del delito contra la ordenación del territorio.

El juez Torres apostó por "poner los medios necesarios" para hacer una investigación "más rigurosa" con métodos policiales y centrar los esfuerzos en detectar los bienes de la corrupción, ampliando las actuaciones a personas del entorno. Así, instó a consolidar "una auténtica" Policía Judicial, que está "al servicio de los jueces, lo que no tiene que plantear ningún problema", y a potenciar la colaboración con la Agencia Tributaria.

Asimismo, se mostró defensor de los grupos multidisciplinares de trabajo y consideró necesario crear órganos especializados en el ámbito autonómico, coincidiendo con los otros dos ponentes de la jornada, el fiscal delegado de Anticorrupción en Málaga, Juan Carlos López Caballero, que abordó las bases de la corrupción en el marco internacional; y el inspector de Policía José Manuel Rando, que expuso este fenómeno desde el punto de vista de la investigación policial.

Torres afirmó que habría que plantearse "si vale la pena llevar un proceso penal durante años con un coste procesal y sacrificio de todo el mundo para la imposición de una pena mínima años después cuando ya no produce ningún efecto". Aseguró que en determinados casos las penas "son mínimas" y los procesos "muy largos", por lo que abogó por acortar los tiempos y llevar a cabo reformas legales.

Así, dijo que es necesario una regulación de los testigos protegidos y de las intervenciones telefónicas, "no sólo en beneficio de la sociedad sino también del propio imputado"; así como normativas que incluyan figuras como la del arrepentido. En este punto, insistió en la necesidad de nuevos instrumentos y una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por otro lado, abogó por mejorar la transparencia en los ayuntamientos, tanto en urbanismo como en contratación; por más conciencia social "e incluso aplicando el tipo penal que lo contempla" sobre la aceptación de regalos por parte de funcionarios, por un régimen de incompatibilidad "más claro" y por la mejora de los mecanismos de inspección de la propia administración.

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Un año de cárcel para una mujer por la doble venta de chalet
Diario de Córdoba (Andalucía) - 26 de noviembre de 2008
 
 
Cerró un segundo contrato al recibir una oferta mayor por la vivienda.Dio largas al primer comprador para justificar que había incumplido.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Córdoba ha condenado a un año de prisión por un delito de estafa impropia a una mujer que hizo una doble venta de un chalet de su propiedad. Además, tendrá que pagar una indemnización de casi 230.000 euros al primer comprador, que finalmente no pudo acceder al chalet al haber sido vendido a otras personas.

Según la sentencia, la ahora condenada, M. R. C. R., cerró en septiembre del 2006 un contrato con B. G. M. para venderle un chalet de su propiedad. En aquel momento se fijó un precio total de venta de 883.488 euros y se convino la entrega a la firma de una señal de 30.000 euros y otra de igual importe con fecha límite de 1 de marzo del 2007, dejando el resto para entregar en la notaría a la hora de hacer la escritura pública.

Pese a ello, según el fallo, la propietaria del chalet, en el mes de enero del 2007, cuando no existía incumplimiento alguno de contrato por parte del comprador, cerró un nuevo contrato de compraventa para el mismo inmueble con M. V. S. y J. M. L., fijando el precio en 1.111.872 euros. Y el mismo día 2 de marzo del 2007, un día después de terminar el plazo que tenía el primer comprador para efectuar el segundo pago, la vendedora otorgó escritura pública a favor de los segundos compradores, notificando el día 5 a B. G. M. que daba resuelto el contrato por incumplimiento del mismo.

La sentencia considera acreditado que tras la primera venta, la acusada recibió una oferta superior y decidió "aprovecharse de la situación" y vender el chalet a los nuevos compradores. Ni a estos ni al primero les informó. Es más, en esos días, el primer comprador le preguntó en varias ocasiones a la propietaria la forma de pago de la segunda entrega y esta se limitó a darle largas. Así, consiguió que el tiempo pasara y que se agotara el plazo de entrega del dinero, para justificar la ruptura del primer contrato.

Por todo ello, se condena a M. R. C. R. a un año de prisión como autora de un delito de estafa impropia, así como a que indemnice al primer comprador con la cantidad de 228.348 euros. Esta sentencia revoca otra absolutoria por los mismos hechos dictada por el Juzgado de lo Penal 4, contra la que el primer comprador presentó un recurso de apelación que ahora ha resuelto la Sección Primera de la Audiencia Provincial.

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Galicia
 
Desahucian a una mujer que se había encadenado a un balcón
El Correo Gallego (Galicia) - 18 de noviembre de 2008
 
 
y a su hija menor en Pontevedra. El ex marido de la desahuciada puso la vivienda como fianza de una deuda y una inmobiliaria la compró en subasta ·· El desahucio se produjo entre lloros de vecinos y familiares que consideraron esta situación "una injusticia"

La intervención de la Policía Nacional permitió hoy a funcionarios judiciales ejecutar a la fuerza una orden de desahucio contra la pontevedresa María Isabel Crespo Meis, que tuvo que ser desahuciada por la fuerza tras encadenarse al balcón, y su hija de trece años.

La menor abandonó por su propio pie la vivienda, situada en el número 98 de la calle Rosalía de Castro de Pontevedra, mientras que su madre fue sacada "en volandas" por los agentes.

Los policías tuvieron que cortar los grilletes con los que la mujer se había encadenado al balcón de la casa y, posteriormente, la introdujeron en una ambulancia para ser tratada en un centro sanitario de una crisis de ansiedad.

Familiares de la mujer, que eventualmente trabaja de enfermera, insistieron en que la casa le fue embargada por una "maniobra de su ex-marido" que, para saldar una deuda "la vendió a sus espaldas sin que supiera nada y con ella dentro".

Errores

El desahucio se produjo entre lloros de vecinos y familiares que consideraron esta situación "una injusticia" y apelaron a la situación en que quedan María Isabel Crespo y su hija, "en la calle porque lo único que tenían era esta casa" que acaba de perder, según indicaron, por una suma de errores atribuidos, en parte, al abogado que tramitó su separación matrimonial en 2002.

La casa fue adquirida por el matrimonio en régimen de gananciales, pero al separarse fue la mujer quien siguió pagando la hipoteca de la casa hasta el último momento, desconociendo que su marido la puso como fianza de una deuda y acabó en manos de una inmobiliaria, que es la que solicitó la ejecución del embargo tras comprar la casa en subasta.

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Petición de cárcel por dar 38 licencias con el PXOM anulado
La Voz de Galicia (Galicia) - 18 de noviembre de 2008
 
 
Carlos Silva, el ex-alcalde de Gondomar, afirmó que los permisos contaban con informes técnicos favorables.

El ex alcalde de Gondomar Carlos Silva Mariño (PP) aseguró ayer ante el titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Vigo que todas las licencias que concedió durante el anterior mandato municipal estaban avaladas por informes técnicos favorables.

El Ministerio Fiscal ha acusado al antiguo regidor del PP y a los otros cinco miembros que formaban parte de la comisión de gobierno de la anterior corporación de un delito continuado de prevaricación urbanística por haber concedido permisos de obra con un Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) anulado por las instancias judiciales.

La fiscala pide para cada uno de ellos un año y medio de cárcel y una inhabilitación para poder ser miembros de la corporación por un espacio de diez años. Concretamente se les acusa de haber concedido un total de 38 autorizaciones irregulares desde el mes de noviembre del año 2005, fecha de un auto del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que suspendía definitivamente el Plan Xeral, y hasta dos meses después, cuando recapacitaron y decidieron paralizar la concesión de licencias.

Los acusados se sometieron durante la primera jornada al interrogatorio de la fiscala y hoy lo harán como testigos técnicos municipales que informaron favorablemente de las polémicas licencias, así como el actual alcalde, el nacionalista Antonio Araúxo Quintas.

Advertencias

Carlos Silva reiteró que nunca concedieron licencias con informes negativos, pero no supo dar una respuesta cuando la representante del Ministerio Fiscal le preguntó por las advertencias que en dos ocasiones había formulado la secretaria municipal sobre los problemas que conllevaría la aplicación de un PXOM que podía ser definitivamente anulado.

El Plan Xeral que la corporación municipal aprobó en 1997 fue suspendido por una sentencia del TSXG en noviembre del 2001, que fue confirmada por otra del Tribunal Supremo el 22 de febrero del 2005.

El pleno del Ayuntamiento aprobó el 10 de mayo del 2005 introducir rectificaciones en tres aspectos que se consideraban afectados por la resolución judicial. La Consellería de Política Territorial impugnó días después dicho acuerdo y finalmente el Tribunal Superior emitió un auto anulando aquel acuerdo plenario. El gobierno de entonces, en lugar de comenzar la tramitación de un nuevo Plan Xeral, se embarcó en la tarea de encargar la defensa de su polémico planeamiento.

Las autoridades locales llegaron a contratar hasta tres despachos de abogados diferentes para mantener el documento en vigor. El ex alcalde no supo precisar ayer, ante una pregunta de la fiscala, el dinero invertido de las arcas municipales en informes jurídicos externos.

El gobierno municipal perdió todos los recursos que fue presentando para continuar otorgando licencias conforme al PXOM de 1997. La resolución definitiva fue notificada al Concello de Gondomar el 30 de noviembre del 2005, pero la comisión de gobierno continuó otorgando licencias hasta el 17 de enero del 2006.

El grupo municipal del BNG puso el caso en conocimiento de la Fiscalía, que formuló una querella criminal contra el antiguo regidor y los miembros de la anterior comisión de gobierno. Carlos Silva es el actual portavoz del PP en la oposición de Gondomar, y de los otros cinco acusados solo uno permanece en la corporación municipal.

Los ex concejales recordaron ayer con vaguedad la crisis urbanística que ha vivido Gondomar y reconocieron ante el juez que votaron a favor de las licencias por los informes favorables.

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Los alcaldes piden a Vivenda que mantenga las 45.600 VPO
La Voz de Galicia (Galicia) - 13 de noviembre de 2008
 
 
La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) reclamó ayer a la Consellería de Vivenda que mantenga el diálogo sobre el Plan Sectorial de Solo Residencial, con el que el departamento de la nacionalista Teresa Táboas dedicará 8,7 millones de metros cuadrados de suelo para construir 45.600 pisos de protección hasta el 2017. El director xeral del Instituto Galego de Vivenda, Daniel Pino, acompañado del equipo redactor, expuso ayer los detalles de esa iniciativa a los representantes de los alcaldes.

El presidente del órgano municipalista, el regidor socialista de Ames, Carlos Fernández, valoró positivamente que la conselleira «nos teña chamado e que se estableza unha canle de diálogo que non había nas Normas do Hábitat». Fernández aseguró al término de esa reunión que los alcaldes analizarán ahora con detalle el plan, si bien constató que los regidores apoyan «que se faga un esforzo en vivenda protexida». «Estando dacordo no obxectivo básico, o que queda é que se faga ben e de xeito coordinado», manifestó Carlos Fernández.

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Vigo: El 30% de los pisos se rebaja para lograr venderlo
20 Minutos (Galicia) - 11 de noviembre de 2008
 
 
# El Ayuntamiento prepara el proyecto con la Universidad. # En la ciudad cada año buscan alojamiento 10.000 jóvenes.

A Coruña tendrá, en un plazo estimado de dos años, una servicio de ventanilla única para que a los estudiantes que vengan a la Universidad les sea mucho más fácil encontrar un piso de alquiler, y a un precio asequible.

Así lo aseguró esta mañana el concejal de Rehabilitación, Mario López Rico, que explicó que su departamento trabaja desde hace meses con la Vicerrectoría de la UDC para poner en marcha este proyecto. "Es mucho mejor regular todo eso porque la demanda de pisos de alquiler también afecta a los precios", destacó López Rico.

El edil adelantó que este servicio se pondría en marcha cuando empiecen a funcionar los pisos para estudiantes que se construirán en el campus de Elviña, que será, según los plazos anunciados por la Xunta, en el año 2010. A la ciudad llegan cada años entre 9.000 y 10.000 estudiantes en busca de un piso de alquiler.

Por otra parte, López Rico destacó que él desconocía la existencia de las infraviviendas para estudiantes descubiertas en A Zapateira. "Nuestro partido siempre denunció irregularidades, como la del Papagayo, y si conociésemos esto también actuaríamos", reiteró.

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A Coruña: Bajan un 25% el precio de los pisos
20 Minutos (Galicia) - 12 de noviembre de 2008
 
 
# Más de la mitad de las viviendas usadas aún superan los 180.000 euros. # El centro, lo más caro de A Coruña: el metro cuadrado ronda los 5.000 euros, el doble que en los barrios.

Los propietarios de pisos en A Coruña han tenido que ceder a las exigencias del mercado y ahora rebajan hasta un 25% el precio de sus viviendas para poder encontrar un comprador. Así lo muestra un estudio realizado por idealista.com, que revela que en la provincia el 56% de los pisos no superan ahora los 180.000 euros, una cifra que se eleva en la ciudad hasta los 200.000 €.

El informe confirma una situación que las inmobiliarias sufren sobre todo desde el pasado verano. «Muchos que vendían sus viviendas a 300.000 euros no han tenido más remedio que rebajar», explican en agencias consultadas por 20 minutos.

Ya no hay «chollos»

«Cada vez entra menos gente» y los «chollos» no existen o se cuentan con los dedos, cuentan en una de las oficinas. «Puedes encontrar algo por 150.000 euros en Os Mallos o Sagrada Familia, pero todo para reformar», aseguran en otra inmobiliaria.

La zona más cara sigue siendo el centro (La Marina, Cantones), donde el m2 ronda los 5.000 euros y duplica al de barrios como Monelos, Os Castros o el Agra. Los expertos aseguran además que ahora se tarda hasta un año en vender una vivienda: en 2003 eran tres meses. De hecho, según el informe de idealista.com, salen más pisos a la venta que antes, y tres de cada diez se ofertan desde este verano.

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A Coruña: ventanilla única para estudiantes q busquen alquil
20 Minutos (Galicia) - 11 de noviembre de 2008
 
 
# El Ayuntamiento prepara el proyecto con la Universidad. # En la ciudad cada año buscan alojamiento 10.000 jóvenes.

A Coruña tendrá, en un plazo estimado de dos años, una servicio de ventanilla única para que a los estudiantes que vengan a la Universidad les sea mucho más fácil encontrar un piso de alquiler, y a un precio asequible.

Así lo aseguró esta mañana el concejal de Rehabilitación, Mario López Rico, que explicó que su departamento trabaja desde hace meses con la Vicerrectoría de la UDC para poner en marcha este proyecto. "Es mucho mejor regular todo eso porque la demanda de pisos de alquiler también afecta a los precios", destacó López Rico.

El edil adelantó que este servicio se pondría en marcha cuando empiecen a funcionar los pisos para estudiantes que se construirán en el campus de Elviña, que será, según los plazos anunciados por la Xunta, en el año 2010. A la ciudad llegan cada años entre 9.000 y 10.000 estudiantes en busca de un piso de alquiler.

Por otra parte, López Rico destacó que él desconocía la existencia de las infraviviendas para estudiantes descubiertas en A Zapateira. "Nuestro partido siempre denunció irregularidades, como la del Papagayo, y si conociésemos esto también actuaríamos", reiteró.

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Castilla y León
 
Banco financiará a la Unión de Compradores de Vivienda Digna
El Norte de Castilla (Castilla y León) - 17 de noviembre de 2008
 
 
Un centenar de personas se suman al plan para comprar conjuntamente pisos a un precio asequible

Lo que surgió como una propuesta alternativa después de los problemas detectados en el plan parcial Los Santos Pilarica se está convirtiendo en una realidad. Una entidad financiera apoyará al centenar de personas que se han alistado ya para acudir en conjunto al mercado libre y comprar una o varias promociones de viviendas a un precio asequible.

Según las conversaciones mantenidas hasta el momento, el banco, del que prefieren no desvelar aún el nombre, está dispuesto a conceder hipotecas sobre el 100% del valor del piso sin exigir avales y sin cobrar ningún tipo de comisión, siempre y cuando se garantice la solvencia mediante la nómina. El volumen de la operación permitiría a la entidad ofrecer unas condiciones ventajosas a este grupo de compradores, cuyos portavoces son Daniel Guadarrama y Mariano Arconada. Los promotores de esta idea cuentan con un correo electrónico -viviendasdignas valladolid@yahoo.es- para que las personas interesadas puedan sumarse a esta iniciativa. «Cuantos más seamos más poder de negociación tendremos», subrayan. De momento a los que se inscriben se les piden unos datos básicos como la identidad, la zona donde les gustaría adquirir un piso, la superficie del mismo y un apunte sobre sus ingresos.

Marzo del 2009

El grupo se marca como plazo marzo del próximo año para culminar con éxito este proyecto. Hasta el momento sus impulsores han mantenido contactos con varias empresas constructoras de la capital para conocer las ofertas. Así, han visto promociones en Villa del Prado de pisos de 70 metros cuadrados con dos habitaciones, salón, baño y cocina por 150.000 euros. Otras zonas visitadas han sido Arcas Reales donde les han ofrecido casas de dos dormitorios, garaje y trastero por 130.000 euros o Arroyo donde han encontrado viviendas entre 140.000 y 160.000 euros. El sondeo en el mercado inmobiliario, víctima ahora de una profunda crisis y con 2.800 viviendas en 'stock' sólo en la capital, les permite asegurar que hay posibilidades para conseguir una rebaja de estos precios. En las negociaciones también se está buscando que las promotoras no pidan adelantos de dinero y que permitan hipotecar directamente el 100% del valor del piso.

La Unión de Compradores de Vivienda Digna, como se hacen llamar, tiene previsto adjudicar las viviendas que finalmente se adquieran por orden de inscripción. Asimismo, preparan una protesta para finales de diciembre contra la decisión del Gobierno de permitir la conversión de viviendas libres en protegidas. No consideran justo que ahora los constructores quieran socializar las pérdidas con subvenciones estatales.

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País Vasco
 
9 años de cárcel para ex director del aeropuerto de Bilbao
ADN (País Vasco) - 08 de diciembre de 2008
 
 
por comprar pisos con dinero de AENA. El Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. Adquirió dos viviendas haciendo creer a AENA que las estaba arrendando. Tendrá que pagar también 816.000 euros

El Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia dictada en diciembre de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que condenó a nueve años y medio de cárcel al ex director del Aeropuerto de Bilbao, Segismundo López-Santacruz por la compra de dos pisos a cuenta de Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) para su familia en 1997 y 1998.

La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado José Manuel Maza, estima que "el Tribunal de instancia ha valorado y ponderado racionalmente las pruebas practicadas, sin separarse de la lógica, los conocimientos científicos o las máximas de experiencia para afirmar que el recurrente recibió dádivas por parte de terceros a cambio de procedimientos ilegales o irregulares".

La resolución dictada el 17 de diciembre de 2007 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) consideró probado que "en febrero de 1997, Segismundo López-Santacruz Pérez, sabedor de que AENA sufragaba los gastos derivados del alquiler de vivienda de los directores de aeropuerto que carecían de ella en el lugar de destino, concibió el plan de adquirir un inmueble cuya adquisición satisfaría a cargo de la cantidad que AENA abonaría en la creencia de que se trataba de rentas de alquiler. A tal fin solicitó y en febrero de 1997 obtuvo autorización de dicha entidad para alquilar una vivienda donde residir".

Así, la sentencia recurrida por López-Santacruz añade que el "27 de junio de 1997 adquirió para sí mismo una vivienda en el municipio de Getxo, poniéndola, no obstante, formalmente a nombre de su madre, María Ángeles Pérez Alonso, y de su esposa, Laura Hernández Prado".

Falsificó el contrato de alquiler

"Para ocultar la realidad de la compraventa de la vivienda y la identidad del comprador, Segismundo López-Santacruz creó, por sí mismo o solicitando su redacción de otra persona, un documento con apariencia de contrato de arrendamiento en el que figuraba como arrendataria AENA, a la que representaba él mismo, y como arrendadora, su madre", dice el TSJPV, que precisa además que "a fin de dificultar el reconocimiento de la identidad de la persona que figuraba como arrendadora y su relación con ella, desfiguró el nombre de aquélla en el documento, haciendo constar, en lugar del real, el de su madre".

Ignorando la titularidad real del inmueble y la relación existente entre Segismundo López-Santacruz Pérez y la persona que aparecía como arrendadora, por contrato del 21 de julio de 1997 AENA cedió al acusado de forma gratuita el uso de la vivienda arrendada. AENA abonó las rentas porque desconocía que el propietario real era Segismundo López-Santacruz Pérez y que quien figuraba como arrendadora era su madre, dado que las normas de contratación de aquella entidad prohíben a sus empleados contratar con personas de su familia directa.

Segismundo López-Santacruz sabía que AENA había abonado las cantidades que correspondían a la renta debido a que desconocía que él era el real propietario y la identidad de la arrendadora. Pero además, según la sentencia del TSJPV, realizando el mismo procedimiento, "en fecha 14 de octubre de 1998 Segismundo López-Santacruz Pérez decidió adquirir otra vivienda mediante el sistema de abonar su importe a cargo de la cantidad que AENA abonaría en la creencia de que se trataba de rentas de alquiler".

Condena del TSJPV

Por todos estos hechos, el tribunal autonómico condenó a López-Santacruz como autor responsable de un delito continuado de falsedad de documento oficial cometido en concurso con un delito continuado de malversación de caudales públicos, con la concurrencia de la circunstancia atenuante de reparación del daño, a la pena de prisión de cuatro años y seis meses de prisión.

Asimismo, la sentencia le consideraba autor de un delito continuado de libramiento de certificación falsa en concurso con un delito continuado de fraude, a su vez en concurso con un delito continuado de cohecho, a las penas de cinco años de prisión, multa de 948.000 euros.

En concepto de responsabilidad civil deberá indemnizar a Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA), en la suma de 816.823,28 euros, cantidad de la que 60.232,36 euros los satisfará en solidaridad con su mujer, Laura Hernández Prado, quien también fue condenada por un delito de receptación a las penas de dos años de prisión y multa de 948.000 euros.

Segismundo López-Santacruz recurrió esta decisión ante el Tribunal Supremo que, no obstante, confirma la sentencia del TSJPV al entender que "la calificación legal de los hechos descritos por este tribunal es correcta".

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Condenado a más de tres años de prisión por 'mobbing'
Telecinco (País Vasco) - 19 de noviembre de 2008
 
 
Un juzgado de lo penal de Bilbao ha condenado a tres años y tres meses de cárcel por acoso inmobiliario a un hostelero de Erandio acusado de ceder su piso a una familia gitana para presionar a los vecinos y obligarles a vender sus casas.

La jueza del ya conocido 'caso Tangora' de Getxo reconoce que hubo un plan para hostigar al resto de la comunidad de vecinos de un palacete de lujo del barrio getxotarra de Neguri.

La sentencia prohíbe al empresario acercarse a menos de 200 metros de las víctimas y le impone una pena de destierro de cinco años del municipio de Getxo. Por su parte, los tres miembros del clan gitano inculpados han sido castigados con penas que oscilan entre los tres y cuatro años y medio según su diferente grado de implicación, por daños, amenazas, allanamiento de morada, y robo.

La jueza deja claro que existió acoso inmobiliario. "Queda acreditada la existencia de múltiples e incesantes actos de hostigamiento que se repitieron a lo largo de 14 meses ejecutados con el propósito de minar la voluntad de las víctimas y provocar su hundimiento moral creando un sentimiento de miedo, inseguridad e impotencia, todo ello en ejecución de un plan torticero que tenía como fin último bien que los vecinos vendieran su vivienda o que ejecutaran las obras que pretendía el inculpado, pero en cualquier caso doblegar su voluntad".

El fallo, que es recurrible, es el primero en el País Vasco en el que se reconoce un caso de acoso inmobiliario, y el segundo en España, que también ha salido a la luz hace unos días. Las penas en este caso son mucho más duras, y, al ser superiores a dos años, implican el ingreso en prisión.

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El Gobierno Vasco ofrece a las promotoras alquilar
DiarioVasco.com (País Vasco) - 07 de noviembre de 2008
 
 
las viviendas nuevas que no venden. Les propone un adelanto de cinco años de arrendamiento -hasta 450 euros por mensualidad- por cada piso que entre en el programa Bizigune. La medida pretende movilizar 5.000 viviendas vacías a partir de 2009.

El Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco pretende matar dos pájaros de un tiro: quiere dar salida a las viviendas de nueva construcción vacías que las promotoras «no son capaces de vender» en plena crisis económica y, de paso, llevarlas al mercado de alquiler social dentro del programa protegido Bizigune. Para ello, ofrece a las constructoras y promotoras hasta 27.000 euros en cinco años por cada piso vacío que pongan en alquiler. Con esta medida, que entrará en vigor a partir de 2009, se prevé movilizar 5.000 pisos y al mismo tiempo aportar liquidez a un sector perjudicado por la crisis. El consejero de Vivienda, Javier Madrazo, anunció ayer en rueda de prensa en Bilbao la modificación del Decreto 316/2002, por el que se incluye una nueva modalidad en el programa destinado a la promoción de vivienda vacía Bizigune.

A partir del próximo año, las constructoras que lo deseen podrán poner en alquiler, a un precio máximo de 450 euros mensuales, los pisos que no consiguen sacar a la venta. A cambio, el Departamento de Vivienda les adelantará las mensualidades de los cinco años del contrato de alquiler de los inquilinos, el equivalente a 27.000 euros, con lo que «se aporta liquidez a un sector que tiene dificultad para acceder al crédito». Esta cantidad se podrá ver incrementada en aproximadamente 100 euros más por cada piso al mes si se computan anejos -como trastero o garaje- y si la vivienda requiere o no de acondicionamiento y amueblado. El objetivo de esta medida es incrementar la oferta de vivienda protegida en alquiler, destinada principalmente a jóvenes, mediante el «esfuerzo compartido» del Gobierno Vasco y de las empresas.

Al igual que ocurre con las viviendas de particulares que participan en el programa Bizigune, el Departamento se compromete a garantizar el alquiler social durante cinco años y devolver la vivienda en buenas condiciones de uso al término del período de arrendamiento.

Actualmente, los propietarios particulares que ponen sus pisos en alquiler dentro de Bizigune obtienen una renta máxima de hasta 750 euros. En el caso de los constructores, el tope sería menor -450 euros mensuales por cada piso- ya que con el nuevo programa se prevé ocupar «bloques enteros» de viviendas vacías.

Una vez incorporados estos pisos al programa, se pondrían en alquiler a través de la sociedad pública Bizigune, con la garantía de que el inquilino no va a pagar una renta que supere el 30% de sus ingresos. En la actualidad, la media de alquiler de Bizigune asciende a 560 euros. Los inquilinos, por su parte, están pagando una media de 280 euros. La diferencia corre a cargo del Gobierno Vasco. Bizigune tendrá a partir de ahora otras novedades, como la disminución a nueve meses -actualmente es un año- del requisito de tiempo que una vivienda particular debe permanecer vacía para entrar a formar parte del programa. Además, la modificación del decreto presentada ayer planteará también atender una demanda detectada, como es «excluir de este requisito de límite de tiempo a las viviendas propiedad de personas mayores que abandonan su casa para ingresar en una residencia».

Por último, el decreto elimina el requisito de superficie máxima de vivienda admitida en el programa, que hasta ahora era de 120 metros cuadrados.

Hasta la fecha, Vivienda ha destinado 58 millones de euros al programa Bizigune, con el que se ha conseguido movilizar en los últimos cinco años hasta 4.000 viviendas vacías, 634 de ellas en Álava; 2.467 en Vizcaya y 943 en Gipuzkoa. La nueva medida presentada ayer permitirá movilizar hasta 5.000 nuevas viviendas vacías, que unido a la construcción de VPO destinada al alquiler posibilitará disponer de hasta 19.000 viviendas de cara al año 2009, para cubrir una demanda de alrededor de 10.000 personas. El programa Bizigune arrancará el próximo año con un presupuesto de 20 millones de euros aunque, según advirtieron ayer desde el Departamento, «no hay límite presupuestario a priori».

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Región de Murcia
 
Fallece Violante, la mujer que luchó para vivir en la huerta
20 Minutos (Región de Murcia) - 26 de noviembre de 2008
 
 
Ha muerto cuatro meses después de ser desalojada.La mujer no tuvo más remedio que irse a vivir con su hija.

Violante, la mujer de 85 años que luchó junto a su marido contra el Ayuntamiento de Murcia para que les dejasen vivir en su casa de toda la vida, falleció de pena esta madrugada. La pareja de huertanos abandonaron el pasado julio, obligados por el Consistorio murciano, la vivienda de la huerta que han ocupado en Cabezo de Torres desde 1946. El Ayuntamiento de Murcia tiró su casa porque por ella tenía que pasar la avenida Miguel Induráin.

"Ha muerto de tristeza porque no tenía ninguna enfermedad, ni un cáncer, ni ha fallecido por un infarto. Desde que hace cuatro meses los desalojaron ella empezó a entristecerse, a dejar de hablar. Ya decía que así no quería vivir, que para estar lejos de su casa mejor morirse", explicaron sus familiares.

Violante tenía un informe que realizó una psicóloga en el que se aseguraba que no podía salir de su entorno. "Ella vivía en la huerta con sus gallinas y sus plantas. La psicóloga ya advirtió este final, pero no esperábamos que fuera tan rápido", aseguran. La anciana vivía con una de sus hijas en un piso en la ciudad.

El entierro de Violante será mañana miércoles a las 11.30 horas en la iglesia de Cabezo de Torres.

Perdieron el contencioso

En 2006 el Ayuntamiento decidió expropiar la casa donde viven Pedro y Violante a cambio de un piso de realojo. Los ancianos recurrieron la expropiación y en noviembre de 2007 un juez les dio la razón, pero el Ayuntamiento recurrió y el TSJ amparó al Consistorio. Hace diez días perdieron la última esperanza, ya que esperaban la resolución de un contencioso, pero se ha perdido. "De todas formas vamos a recurrir. Las hijas de Violante están indignadas porque saben que su madre ha muerto por culpa de la expropiación forzosa".

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La Policía Nacional cerca el Ayuntamiento de Librilla
EcoDiario.es (Región de Murcia) - 18 de noviembre de 2008
 
 
La Policía Nacional está efectuando registros en el Ayuntamiento murciano de Librilla, gobernado por el popular José Martínez García por un presunto delito de corrupción, tal y como informan en 20minutos, citando fuentes de la Policía Local.

El Consistorio permanece cercado, sin que sus trabajadores puedan salir no comunicarse con el exterior. Según las fuentes consultadas por dicho medio, la Policía ha bloqueado todos los accesos y salidas del edificio.

El presunto caso de corrupción no es nuevo. Según se informa, en 2005, la Fiscalía Anticorrupción ya investigó a Martínez García, por pagar presuntamente facturas por valor de 236.919 a dos empresas constructoras.

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Aragón
 
Los propietarios de pisos rebajan precios hasta un 30%
El Heraldo de Aragón (Aragón) - 08 de noviembre de 2008
 
 
para intentar venderlos. Las inmobiliarias de Zaragoza han reducido sus ventas un 40% respecto al año pasado, que ya fue un ejercicio con fuerte caída. Cerrar una operación cuesta entre seis y doce meses, cuando antes se hacía en tres.

La crisis económica se está cebando con la venta de pisos de segunda mano. Los propietarios se han visto obligados a reducir sus precios hasta un 30% en Zaragoza para intentar encontrar compradores, una tendencia que también se ha detectado en Huesca y en Teruel. Los expertos y las inmobiliarias consultadas por este diario confirmaron el grave parón que sufre el sector desde el año pasado, que ha provocado una caída en las venta del 40% respecto al año pasado pese a que el ejercicio ya fue negativo.

El vicepresidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) y propietario de Fincas Pinilla, Fernando Baena, subrayó que el frenazo es "más importante" de lo que reflejan las estadísticas oficiales, "basadas en datos del registro, que incluyen viviendas de promociones de hace dos años".

El administrador de Todopisos, Pedro Sánchez, incidió en que el descenso de los precios es y será aún más acuciado en las viviendas de más metros cuadrados. "Tienen muy difícil salida, por lo que la reducción del precio ya esa siendo superior al 40%. Se venden, sobre todo, los pisos de 60-70 metros, que están saliendo a unos 200.000 euros. Estos precios son más asequibles y el público puede lograr créditos para pagarlos", detalló.

La situación ha provocado una demora sustancial en los plazos de ventas de las viviendas de segunda mano. Si antes se tardaba entre uno y tres meses de promedio, ahora se han multiplicado y los carteles siguen colgados en los portales entre seis meses y un año. "Y eso si se vende al precio real, porque si los dueños mantienen las tarifas de los años eufóricos, entre 2000 y 2006, no lo logran ni en dos años", señaló Pedro Arellano, de Tecnocasa, quien subrayó que solo mantiene en cartera viviendas con precios ajustados. "Solo cogemos lo que podemos vender", añadió.

Arellano, al igual que otros empresarios, señaló que el parón en la venta afecta a todos los barrios de la ciudad, aunque se percibe un mayor número de carteles en el barrio de Las Delicias. Fernando Baena indicó que la situación se agrava en Miralbueno y en el entorno metropolitano de la ciudad, donde se ha vivido un auténtico bum inmobiliario. "Las entidades financieras van a tener que abrir la mano porque La Muela, por poner un ejemplo, se ha convertido en un cementerio de grúas. El sistema tiene que volver a funcionar para dar confianza al comprador, porque hay un mercado latente", opinó.

El director de Tinsa en Zaragoza, Rafael Espés, aseguró que la reducción de precios en la vivienda usada no se reproduce en la de primera, aunque sí está sufriendo "ajustes". "Las rebajas no están dando resultados, aunque vienen bien. En promoción, ya están los precios ajustados", opinó.

Colapso del mercado

Las ofertas generalizadas en la ciudad consolidada se mantendrán, al menos, hasta el 2010 porque la ingente masa de nuevas viviendas, unida a los problemas del sistema financiero, impide al mercado absorber a corto o medio plazo. De esta opinión es el propietario de Fincas Luna, Javier Nasarre, quien apuntó que la situación para el mercado de la vivienda libre se puede agravar aún más con las promesas de construcción de 30.000 pisos protegidos y la salida masiva de alquiler de VPO. "Se van a necesitar diez años", auguró.

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Islas Baleares
 
Tres años de cárcel para un alcalde del PP mallorquín
El País (Islas Baleares) - 18 de noviembre de 2008
 
 
El El alcalde de Llucmajor (Mallorca), Lluc Tomàs Munar, del PP, ha sido condenado a tres años de prisión y a ocho de inhabilitación como autor de un delito de malversación de caudales públicos. El PP afirmó ayer que no reclamará la renuncia del edil, quien recurrirá la sentencia ante el Supremo. Tomàs es un hombre de la vieja guardia del partido. El ex presidente Matas le avaló como candidato en 2007, pese a que estaba imputado y pendiente de juicio.

Junto a Tomàs han sido condenados el concejal que le dio la mayoría al PP en el municipio en 2002 y 2003, Joaquín Rabasco, y su compañera sentimental, María del Amor Aldao. Rabasco, ex policía nacional. La sentencia de la Audiencia de Palma sostiene que Rabasco trabajó en alianza con el alcalde "con la finalidad (...) de contratar ventajosamente con el Ayuntamiento de Llucmajor con beneficio propio y perjuicio de aquél".

La sentencia condena a Rabasco -que controló durante años el urbanismo de Llucmajor- a seis años de prisión y a ocho de inhabilitación por dos delitos de malversación y alzamiento de bienes.

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Cantabria
 
Colectivos gitanos califican de 'vulneración Constitución'
Soitu.es (Cantabria) - 18 de noviembre de 2008
 
 
el desalojo

a Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria y la Asociación Rueda del Carro de Torrelavega han calificado hoy como "vulneración de la Constitución" el desalojo de dos de las cuatro familias que residen en la Finca del Asilo, porque se "echa a la calle" a unas personas "que no tienen adónde ir".

Los portavoces de ambos colectivos, José Alfredo Vargas y Fernando Hernández, han reclamado hoy el derecho de estas familias "a una vivienda digna" y también la necesidad de que el Ayuntamiento desarrolle "un verdadero plan de integración y erradicación del chabolismo" en la ciudad para acabar con estas situaciones.

Además, han culpado a la alcaldesa de la ciudad, Blanca Rosa Gómez Morante (PSOE), y a su equipo de gobierno de la situación que viven las familias de La Finca, por realizar "un acto contrario a la Constitución" con una personas que lleven residiendo en la ciudad más de 20 años y cuya vivienda es ahora derribada.

Para José Alfredo Vargas, "no es de recibo" que se saque a estas personas de sus viviendas "en pleno invierno", en especial porque tienen niños y ahora deben residir de forma precaria en vehículos.

En este sentido, ha reiterado que el Ayuntamiento -que alojó a estas familias en la finca hace más de 20 años cediéndoles unos módulos prefabricados- "está obligado a desarrollar un plan de integración" de estas personas, "porque son ciudadanos de Torrelavega" y porque "necesitan una vivienda".

También han reclamado "una solución digna" a la situación creada en la finca, que no pase por desalojar sin más a las familias, y han acusado al Ayuntamiento de "no atender" las recomendaciones realizadas por el Defensor del Pueblo, lo que coloca a las residente en el solar "en una clara indefensión".

José Alfredo Vargas y Fernando Hernández, junto a medio centenar de gitanos de Santander y Torrelavega, han asistido hoy al desalojo de las familias y han tratado de mediar ante el Ayuntamiento para que no se ejecutase el desahucio, llegando incluso a interponerse entre la Policía y los módulos.

En rueda de prensa ante los módulos desalojados, el portavoz de la Plataforma de Asociaciones Gitanas de Cantabria ha desvelado los "varios intentos" realizados por su colectivo ante el Ayuntamiento para evitar el desahucio, intentos que no han fructificado por la "negativa" de la alcaldesa a reconsiderar sus decisiones, asegura.

Por su parte, Fernando Hernández ha explicado que su colectivo también ha intentado mediar para intentar conseguir viviendas para estas familias, y ha calificado de "actuación indigna" que el Ayuntamiento desaloje a las familias de esta manera.

Además, ha reiterado que con su actuación el Ayuntamiento de Torrelavega "desoye" al Defensor del Pueblo, que ha emitido un "informe negativo" sobre el proceso seguido por la Corporación en el desalojo de la Finca del Asilo.

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