El instituto emisor cree que ese coste, inferior a la media de la zona euro, puede recuperarse, pero admite que «será un proceso largo y complejo»
La magnitud de la crisis que azota los sistemas financieros internacionales ha llevado al conjunto de la zona euro a destinar nada menos que el 15% de su Producto Interior Bruto a los planes de 'rescate' de las entidades que operan en el área. No es una cifra menor, puesto que, sobre un total estimado de 9 billones de euros del PIB generado en el actual ejercicio, asciende a 1,41 billones.
España está algo por debajo de esa proporción, porque las ayudas previstas -unos 150.000 millones- equivalen al 14,3% de la producción anual, y al 5,1% de los activos bancarios.
El Banco de España, que acaba de analizar estas cuentas, matiza que «el coste fiscal efectivo de estas medidas sería mucho menor, incluso nulo, y hasta podría generar ingresos netos a medio plazo, si (estas actuaciones) cumplen su objetivo de estabilizar los mercados». Pero admite que, para recuperar los fondos, será imprescindible el retorno de la confianza y la normalización de los mercados, lo que implica «un proceso largo y complejo». Y es que estas acciones tienen como contrapartida la adquisición de activos o capital de las empresas respaldadas, sus garantías son contingentes y llevan aparejados ingresos para las autoridades fiscales.
Por grandes bloques, la cuantía comprometida en los planes de ayuda pública se dispara hasta una magnitud superior al 22% del PIB en el Reino Unido, y rebasa ligeramente el 15% en Estados Unidos. El 'contagio' de la cultura bancaria anglosajona y el impacto de los productos 'basura' en economías de dimensiones relativamente pequeñas se percibe claramente en la zona euro, donde Holanda ha comprometido una cantidad equivalente a nada menos que el 38,8% de su PIB -igual al 10% de sus activos bancarios- y en Austria la proporción se eleva al 36,9% del producto y al 11,2% de los activos de sus entidades financieras.
Los 480.000 millones de Alemania representan el 19,8% de su Producto Interior Bruto, y los 360.000 de Francia suponen el 18% de la magnitud correspondiente a ese país. Finlandia constituye un caso atípico: Los 54.000 millones destinados a apoyar al sistema financiero equivalen, en este caso, al 30,1% del PIB y al 18,8% de los activos bancarios atesorados por el país.
Explica el Banco de España que las respuestas de las autoridades ante el agravamiento de la crisis han sido cada vez más intensas. Hasta el verano, la estrategia adoptada fue, a grandes rasgos, dotar de liquidez a los mercados y apoyar momentáneamente a algunas entidades en dificultades, a la espera de que afloraran las pérdidas asociadas a los activos problemáticos y el mercado permitiera realizar los ajustes necesarios.
Desconfianza
Pero los acontecimientos se precipitaron. La desconfianza afectó a numerosos instituciones -ninguna española- y, haciendo de la necesidad virtud, los países mejoraron los mecanismos de concertación. Los principales bancos centrales decidieron la bajada conjunta de los tipos de interés el 8 de octubre, y las autoridades coordinaron las estrategias de ayuda, tanto en tiempo como en contenido.
Evoca el instituto emisor que cada institución asumió sus compromisos. De la provisión de liquidez se ocuparon los bancos centrales a través de facilidades crediticias cada vez más amplias (incluso en moneda extranjera), en tanto que de la financiación a entidades financieras (e incluso no financieras) en dificultades se ocuparon los respectivos gobiernos. Bien es verdad que de la instrumentación de estas últimas ayudas se han ocupado, en ocasiones, los bancos centrales, que han actuado como agentes en operaciones de rescate (el caso de AIG) o financiando directamente a los prestatarios.
Para reforzar la solvencia (real o percibida) se ha procedido a afianzar el capital de algunas instituciones mediante inyecciones de capital público, la inducción de procesos de fusión y adquisición, o las nacionalizaciones bancarias. La actuación de las autoridades españolas se centra en el último bloque de las medidas coordinadas: garantías públicas sobre la deuda, los depósitos y otros activos y pasivos bancarios.
Hoy se celebra la primera reunión del Consejo Rector del Fondo para la Adquisición de Activos Financieros
El presidente del Instituto de Crédito Oficial (ICO), Aurelio Martínez, ha confiado hoy en que sea "relativamente sencillo" que la administración del fondo aprobado por el Ejecutivo para adquirir activos de las entidades financieras se desarrolle con transparencia, aunque no ha descartado que se establezca algún tipo de "restricción" para no perjudicar el comportamiento de las entidades financieras en los mercados.
En declaraciones a RNE, Martínez ha explicado que la información tiene "efectos secundarios" en los mercados y que si una entidad decide optar a las ayudas del Gobierno "puede dar una imagen no correcta" de su situación real.
"Si una entidad financiera ha entrado más en este tipo de operaciones puede dar una imagen que no es la correcta sobre su capacidad de solvencia, de salir adelante en este momento de dificultad", ha añadido.
Preguntado por la reunión que celebrará esta mañana el consejo que va a administrar dicho fondo, el presidente del ICO ha explicado que el encuentro servirá para definir y discutir aspectos técnicos que determinen el "campo de actuación" de esta medida.
Respecto al seguimiento que podrá realizar dicho organismo, el presidente del ICO consideró que será un trabajo "complicado", pero que no debería ser "técnicamente difícil", ya que el Banco de España -que forma parte de la comisión- tiene una experiencia "larguísima" en este tipo de tareas.
Competencia desleal
En referencia a las medidas emprendidas ya por algunos ejecutivos europeos, Martínez ha considerado que inyectar dinero en el capital de entidades financieras saneadas -como ha ocurrido en el caso de ING, que ha recibido 10.000 millones de euros del gobierno holandés- genera "automáticamente" competencia desleal respecto a los bancos y cajas españolas.
En este sentido, Martínez ha recordado que hay entidades financieras que, "aparentemente", no se han comportado "tan bien" como las españolas y, a pesar todo, son las que están recibiendo ayudas.
"Si ING es una entidad que está saneada, el hecho de inyectarles 10.000 millones de euros en su capital automáticamente genera competencia desleal y un poco riesgo moral", ha explicado.
Respecto a las declaraciones del ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, en las que señaló que la crisis debería estar "finiquitada" en dos meses, el presidente del ICO ha señalado que reestablecer la confianza en los mercados "requiere tiempo", pero ha considerado necesario "ser optimistas", ya que las medidas tomadas hasta ahora son "las correctas".
Se expande por la red la convocatoria de manifestación contra la gestión de la crisis coincidiendo con la reunión del G20. La blogosfera se suma y la información corre por mail. ¡Pásala y sal a la calle si no quieres pagar la crisis!
Redacción (05/11/2008). Un nuevo e-mail pasa de buzón en buzón convocando concentraciones contra el tratamiento que los líderes políticos están dando a la crisis. La cita en diferentes ciudades del Estado es el 15 de noviembre, coincidiendo con la cumbre internacional de líderes mundiales del G20 para discutir una reforma del sistema financiero mundial.
Parte del texto que circula en la Red es el siguiente:
¡Salvar de la crisis a los bancos de Estados Unidos ha costado 700.000 millones de dólares! Cinco veces más de lo que aprobó la ONU para alcanzar los Objetivos del Milenio. Y las ayudas europeas son aún mayores. ¡Es una vergüenza!
En el Estado español el gobierno le da 100.000 millones de euros a los mismos bancos que están desahuciando a muchas familias por no poder pagar la hipoteca.
Hace meses miles de personas salimos a la calle por una vivienda digna y ya advertíamos del peligro de la burbuja inmobiliaria. Ahora que ha estallado, ¿la vamos a pagar nosotros?
Durante años se han forrado y ahora anuncian despidos, recortes salariales, cierres de empresas, “aparcar” el protocolo de Kioto, etc.
Privatizan los beneficios y socializan las pérdidas. ¿Se creen que somos tontos? ¿Lo vamos a permitir? ¡Claro que no!
El mail termina fijando la cita para el 15 de noviembre a las 17:00 horas e invitando a pasar, traducir y adaptar el mensaje.
Podrán acceder a un piso protegido quienes cobren 47.000 euros anuales, pero lo tendrán casi imposible los que ingresen 24.000. Las autonomías se enfrentan a Corredor por una norma que podría tener un fuerte impacto social.
Dedicar sólo el 33% de los ingresos al pago de la vivienda puede dejar de ser una utopía y convertirse en una lacerante realidad. El borrador del nuevo Plan Estatal de Vivienda (PEV) para el periodo 2009-2012, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN, estipula que “el esfuerzo económico medio de los demandantes de viviendas acogidas al PEV en cada municipio no debiera superar la tercera parte de sus ingresos”.
Es decir, que sólo podrían comprar o alquilar una VPO aquellas personas solventes que, en muchos casos, tienen acceso a una casa en el mercado libre. Se dejaría fuera a las rentas bajas y a la mayoría de los inmigrantes, que ingresan, de media, entre un 20% y un 30% menos que los nacionales.
Esto se ve muy fácilmente con ejemplos. Una VPO muy barata, de 112.500 euros, hipotecada al 80% (90.000 euros), acarrea el pago mensual de 573,51 euros, teniendo en cuenta un préstamo a 25 años con el euribor de septiembre (5,384%, menor a la media de octubre) más un diferencial bancario del 0,5%.
Así, el aspirante a habitar esta VPO tendría que cobrar 1.720,53 euros brutos mensuales. O 24.087,42 euros anuales, cobrando 14 pagas. Algo muy lejano al mileurismo.
Además, se amplía el salario máximo para adquirir una vivienda social a 6,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) anual con pagas extra, es decir, 47.037 euros. Las personas que cobren 3.350 euros brutos mensuales podrían comprar un inmueble concertado, pero los que ingresen 1.200 brutos lo tendrían casi imposible. Sólo podrían pagar una cuota de 400 euros, lo que equivale a una VPO de 78.464 euros.
Esto es, poco más de 13 millones de las antiguas pesetas, toda una ganga inencontrable en las grandes ciudades o sus áreas de influencia. Más aún tras la subida del precio básico de referencia del metro cuadrado de VPO (el llamado módulo), a finales de 2007.
Todo esto no ha sentado nada bien en muchas comunidades autónomas, tanto del PP como del PSOE, según han relatado fuentes de la Conferencia Sectorial de Vivienda a este diario.
Así, la advertencia del Ministerio de Vivienda sobre el esfuerzo máximo va dirigida a las comunidades autónomas (CCAA), que serán las que “habrán de tenerla en cuenta”.
La ministra, Beatriz Corredor, ha chocado con algunas autonomías , porque en el anterior borrador se ponía como condición obligatoria para acceder a un piso protegido no dedicar más del 40% de los ingresos al pago de la cuota hipotecaria.
Esto “dejaba fuera a las rentas bajas”, señala Juan Van Halen, director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid. “Quieren fijar como sea un límite concreto de ingresos, pero muchas CCAA nos hemos opuesto porque eso es muy complicado”.
De ahí la eliminación de esta obligación en el apartado de “condiciones de los beneficiarios” del nuevo documento y su inclusión en otro apartado y de forma más sutil (el término “debiera” es ambiguo) pero más drástica (un máximo del 33% en lugar del 40%). “Se plantea una obligación, pero suavizada”, afirma Van Halen.
Los promotores, por su parte, podrían verse perjudicados. Según sus datos, sólo deberían construir viviendas concertadas “en las áreas periféricas de las ciudades”. Una VPO media se vende por “unos 180.000 euros” allí, especifica Guillermo Chicote, presidente de patronal APCE. “Y es donde se construye ahora”. Estos pisos acarrean 917,61 euros brutos de cuota, 2752,83 euros de salario mensual y 38.539,62 euros anuales. Sólo podía tratarse de un piso concertado, porque para acceder a una VPO en régimen general el máximo de ingresos permitidos es 4,5 veces el IPREM: 32.564 euros.
¿Cuál puede ser el motivo de esta posible medida?
Los expertos han mostrado en los últimos días su sorpresa por el interés del Ministerio de Vivienda en fijar un porcentaje mínimo de los ingresos que deben destinar los adjudicatarios de viviendas protegidas al pago de la cuota mensual.
En el primero de los borradores del Plan Estatal de Vivienda (PEV) con los que trabajan el Ministerio y las comunidades se especificaba que “no podrá dedicarse a la adquisición de vivienda más del 40% de los ingresos”. En el segundo se estipula un tercio de las ganancias (33%). Juan Van Halen, director general de Vivienda de la Comunidad de Madrid, hace hincapié en las posibles intenciones de la ministra Beatriz Corredor: “Subyace que el Ministerio quiere incluir en el PEV una frase del tipo ‘no se puede hacer un esfuerzo superior a...’, pero no se hace de forma tan categórica, sino que se deja ver que es una medida que se está sopesando”, aseguró a EXPANSIÓN.
Lucio Rivas, director del bufete Urbe Asesores y técnico urbanista, señala más posibles causas: “No es por la dificultad de acceso al crédito hipotecario, algo complicado en la actualidad, sino por un argumento más interesado y menos altruista. En definitiva, se hace para garantizar que los adquirentes puedan acreditar que disponen de fondos para pagar a la administración las viviendas de promoción pública que ésta les vaya adjudicando”. Así, se evitarían “impagos por personas cuyos ingresos presumiblemente vayan a ser muy justos, según criterio de la administración”, apostilla Rivas.
El Gobierno amplía a seis años el plazo para comprar una casa con una cuenta ahorro. Según ha confirmado el ministro Solbes.- Hasta ahora eran cuatro años.- Ese sigue siendo el plazo para ahorrar en la cuenta con los beneficios fiscales incluidos, pero luego se amplía en dos años el plazo para adquirir la vivienda
El Ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, ha confirmado este martes que el Gobierno aumentará de cuatro a seis años el plazo para llevar a cabo la adquisición de un inmueble a quienes poseen la cuenta ahorro vivienda. El vicepresidente segundo del Gobierno explicó, en una pregunta planteada por el senador popular José Manuel García Ballestero, que con esta medida se mantendría en cuatro años el periodo en el que se pueden hacer aportaciones con derecho a desgravación a las cuentas de ahorro vivienda. No obstante, Solbes indicó que el plazo para llevar a cabo a compra de la vivienda aumentará de los cuatro años actuales a seis años, porque "no es justo" que aquellos que hayan ahorrado pierdan sus derechos al no poder adquirir una vivienda "debido a la restricción de crédito".
El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Carlos Ocaña, había revelado este martes por la mañana que el Gobierno está estudiando conceder una moratoria en la devolución de los beneficios fiscales derivados de una cuenta ahorro vivienda, si en el momento del vencimiento de la misma no se realiza la compra un piso. Las cuentas ahorro vivienda tienen una deducción fiscal del 15% en la declaración de la Renta, hasta un máximo de 9.015 euros. La Agencia Tributaria calcula que los ahorradores hay unos 50.000 ahorradores a los que les caduca el plazo.
Desde la Asociación Hipotecaria de España (AHE) se ha recomendado la posible prórroga, ampliación y mejora de las actuales cuentas viviendas en vigor porque el alza de los precios y los tipos de interés y las dificultades para acceder a financiación dificultan la compra. Por su parte, el PP ha propuesto aumentar el plazo de las cuentas ahorro vivienda de 4 a 6 años, "para aliviar a aquellos que se les acaba el plazo y las condiciones financieras actuales les impide obtener una hipoteca". El secretario de Estado, no obstante, se ha mostrado contrario a esta medida, "ya que se podría llegar a tener un crédito fiscal al que luego no se pueda hacer frente".
Un informe del Gobierno admite que el aval a la banca podría elevar el déficit al 20% del PIB. La Memoria reconoce que en el peor escenario disparará el gasto público
Un informe oficial del Gobierno admite que, en el peor escenario, los planes de ayuda al sector financiero suponen un riesgo de que el Estado español alcance a medio plazo un déficit público del 20% del Producto Interior Bruto (PIB).
El Real Decreto de medidas urgentes en materia económico-financiera va acompañado de una Memoria Económica -a la que ha tenido acceso EL MUNDO-, que sostiene que si las entidades financieras que van a recibir un multimillonario aval del Estado no pudieran responder finalmente a sus obligaciones, habría un impacto en el gasto público y el consiguiente déficit.
"Dicho gasto se producirá, en su caso, si llegado el vencimiento de la obligación principal garantizada, procediera la ejecución del aval", resalta el citado informe.
En el escenario más nefasto, dado que el Estado va a avalar a bancos y cajas hasta el próximo 31 de diciembre con 100.000 millones de euros, sólo los compromisos de este año suponen un riesgo de déficit del 10% del PIB.
Otro tanto supondrá el riesgo para el próximo año, puesto que el martes el secretario de Estado de Economía, David Vegara, pronosticó que la cifra a avalar "difícilmente será inferior" a la de 2008. Si los fallidos son sólo una pequeña parte, también tendrán un impacto considerable en el déficit, dado el volumen de cifras que se manejan.
25 BILLONES DE LAS ANTIGUAS PESETAS…los políticos se estrechan la mano y se abrazan. Se diría que después de París “todo arreglado”. Pero en Europa las cifras se disparan y sobrepasarán los 700.000 millones de dólares aprobados por el Congreso y Senado americanos. En comparación, la española es mastodóntica, sin relación habitantes-desarrollo, y nadie asegura que sea suficiente. Y si antes de París, hace unos meses, no había Crisis, ni Hipotecas Basura, ni Créditos Basura, ni Burbuja, y la banca y cajas de ahorro sanísimas, “la mejor banca del Mundo”, debidamente controlada por el Banco de España, y bien orquestado por una Prensa y Tele para la que deber al Sistema de 200 a 6.000 millones de euros es normal…¿qué pasará ahora”… pues muy sencillo, se venden el millón de pisos que sobran a 50 millones de pesetas o más y se recaudan unos 50 BILLONES. Las inmobiliarias, cajas y bancos, se ponen otra vez en movimiento, y con los terrenos hipotecados, créditos renovados o en discusión, que dan para otro millón de viviendas… miel sobre hojuelas…de nuevo se venderán coches a cinco o siete años, las tarjetas de crédito al rojo vivo…y aquí no ha pasado nada.
El cuento de la lechera. Pero resulta que esos créditos, impagados o renovados, ascienden la friolera de no menos de 60.000 millones de euros, 10 BILLONES DE PESETAS. Eso, los de las grandes inmobiliarias, y a diario se sabe de más miles de millones porque además de a lo suyo se dedicaban a comprar “eléctricas u otras” a las mismas cajas-bancos, con créditos garantizados por las acciones de la propia empresa comprada, donde algún perjudicado inversor de buena fe anuncia querellas criminales. Y los en teoría un millón de viviendas a construir no tienen comprador ni a ese precio ni al más social de la mitad…y si se construyen o compran los ya existentes para VPO, protección oficial, no cuadra ni el precio del terreno ni el de la construcción. O sea, no hay mercado para pisos “normales”, y para los necesitados de vivienda, millones de posibles compradores, no tienen dinero ni para alquiler ni precio “oficial”.
¿Qué sucede? Todo “basura”. Un Sistema dedicado a financiar algo invendible, expandiéndose por el Mundo (obligada tendencia de cualquier burbuja piramidal), esperando que el crecimiento vegetativo absorba tanto piso, o regalar a los necesitados… dos soluciones de pura quiebra. Que el Santander vaya bien y compre bancos americanos o ingleses (aunque enredado en Metrovacesa, de los célebres Sanahuja del Turó de la Peira y la “aluminosis”, o con Entrecanales por miles de millones de euros), en el mejor de los casos significa que Botín supo administrar y guardarse de la voracidad política y la generalizada corrupción. En cuanto a los otros tres grandes, BBVA, la Caixa y Caja de Madrid, al compás de los Medios, van bien, y después de París, mejor. En casa solo ha quebrado el gato. Las acciones bancarias suben, las inmobiliarias, con París o sin, bajan. El río de dinero tapona las financieras, y en cuanto a las Cajas…directamente del chorro.
Noticia esperada, todo va tan bien que Zapatero en su comparecencia ante el Congreso, 15-08-08, anuncia fusiones. ¿Cajas? Recuerdo a mis compañeros de estudios y bancos jubilados a los cincuenta. Y la Oposición, todos de acuerdo, le ruega que el proceso lo supervise el Banco de España. ¿Quién lo supervisaba antes?, y sobretodo el tópico de las familias y pequeñas empresas, a lo que responde el Presidente con lo del 6% de las pensiones bajas, de 12 a 21 € euros al mes.
Resumiendo y repitiéndome. Los terrenos al convertirse en “urbanos” con la barita mágica de un proyecto y la certificación de una TASACIÓN habrían un crédito hipotecario alcanzando hasta el 50% de la futura construcción y venta del piso debidamente TASADO. Repito, las sociedades tasadoras, propiedad de cajas-bancos-inmobiliarias, fabricando “precios”. Al constructor se le abonaba la “certificación de obra”, y acabada, a venderse. Sin entrar en los cientos de miles o quizá millones de compradores enganchados en su necesidad de vivienda tanto por entregar cantidades (viviendas sin inicio o en construcción) o firmar hipotecas de angustia vital, transformar 50, 60 o 70 millones de las antiguas pesetas en hipotecas de 300.000 pesetas mensuales una filigrana algebraica. Y a quien necesite un piso, ahora, en este momento, le dicen que está de suerte, que los pisos han bajado un 5% pero que con esa nómina no podrá pagar 300.000 pesetas y ni siquiera las 150.000 de alquiler que ya se ofrecen a montón, y se habla de entregas en efectivo y avales. Cifras para las periféricas zonas calientes de España, las hay más templadas, pero sin nóminas a su altura, donde un sueldo de 1.000 euros, 166.000 pesetas, es un lujo.
En pocas palabras, si esto no en una GRAN ESTAFA, LA MAYOR GRAN CORRUPCIÓN JAMÁS VIVIDA, que venga Dios y lo vea…y TODO LEGAL, o de eso se empeñan en convencernos. Siguiendo la demagogia de taberna, que nunca se equivoca, un reducido grupo de político-financiero-inmobiliarios se han llevado esos 25 BILLONES que inyectará París, 150.000 millones de euros (54.000 contabilizados que no localizados en billetes de 500€), la total liquidez necesaria del Sistema… que según varios expertos son muchos más y que además se deben la mayoría a ese Club de París.
Uno de los hechos mas obscenos, mas inmoral y mas indignante que he visto jamás, ha sido la defensa cerrada por parte del Gobierno y sus terminales mediáticas, de que el gigantesco plan de rescate, un 15% del PIB frente al 5% en EEUU, puesto en marcha por el presidente Zapatero para ayudar a tapar los socavones de nuestro sistema financiero y de los reyes del ladrillo, sea realizado en condiciones de total opacidad, y decidido por cinco personas de confianza que no tienen la preparación específica para realizar la labor que se les encomienda, y ello en el supuesta de que tuvieran la posibilidad para decidir libremente.
Realmente, el grado de mendacidad y totalitarismo, al que se ha llegado en la vida política española no tiene parangón en una democracia. Dicen éstos lacayos que el dar nombres y cantidades “estigmatizaría” a las entidades que los recibieran, y los bancos “que tendría un efecto reputación negativo”. ¡ Pobrecitos, como se les va ha hacer eso si son tan solventes y tan buena gente! . ¿Y qué han hecho en el resto del mundo? En el resto del mundo, como ni son solventes ni son buena gente, han sacado en la primera página de los periódicos a las entidades que recibían ayudas, vamos que les ha importado un pimiento a Sarkozy, a Brown, a la Merkel y a todos los demás, el estigmatizar a sus banqueros. Realmente son unos irresponsables, no como Zapatero, y además, y esto ya es el colmo, no solo los han estigmatizado es que han eliminado por decreto los dividendos y los bonus de todos los ejecutivos de las entidades receptoras de ayudas. ¡Concebirían tamaña maldad en un patriota social, como nuestro Presidente!
Este año, las entidades financieras más sólidas del planeta como todo el mundo sabe, que necesitan para repagar su inmensa deuda exterior, la mayor del mundo desarrollado, el 90% del PIB, una ayuda de los contribuyentes de 150.000 millones de euros, repartirán unos 9.000 millones de euros en dividendos y similares (obra social), y en cuanto a bonus, cerca de 100 personas recibirán entre uno y cinco millones de euros, cerca de 2.000 entre 500.000 y un millón, unos 5.000 entre 100.000 y 500.000, y menos de 100.000 ni se sabe. Y no sólo los recibirán en 2008, sino que gracias a la generosidad de nuestro amado líder, como todo el proceso será opaco, también en 2009, aunque para ello tengan que esquilmar al conjunto de la clase media y de la clase trabajadora.
Pero veamos como se podría realizar el mayor expolio al pueblo español, desde la desamortización de Mendizábal en el siglo XIX. Los activos de “máxima calidad” que van a ser adquiridos por el Fondo de Adquisición de Activos Financiero ( FAAF), “cinco personas alrededor de una mesa camilla” en símil afortunado de Rajoy, serán bonos de titulización hipotecaria, y cédulas, cuyo subyacente, y por eso he hablado antes de los reyes del ladrillo, son activos inmobiliarios o deuda de promotores, la subprime española, 315.000 millones de euros de los que no pueden devolver más que una mínima parte, pero que ahora pueden encontrar una vía de solución con el dinero del pueblo. Los bonos son lo típicos fondos de titulización de activos (FTA) que funcionan en este caso en la forma siguiente: el banco coge una parte de la deuda de promotores con la garantía que tenga, inmuebles o suelo, suficientes o insuficientes, hoy manifiestamente insuficientes para garantizar la deuda, la mezcla con activos (ladrillos) con los que no ha tenido más remedio que quedarse para evitar males mayores, tal vez añadan otra cosilla para darle sabor, se agita, se mezcla, se tituliza por el valor teórico de la mezcla -el valor al que el banco tiene contabilizado la deuda y los ladrillos, y que puede ser el doble o el triple del valor de mercado de la mezcla- y voilá, tenemos unos bonos de titulización hipotecaria.
¿Y qué hace el banco?, primero asume la “primera pérdida”, una cifra estadística en función de los impagados posibles, ¿De cuándo? ¿De hoy? ¿Del próximo futuro? No, del pasado, es decir, una tomadura de pelo. ¿Y después? Después coloca el producto en el mercado, y a partir de ahí y esto es esencial, el banco no responde de nada, los bonistas tendrían que ir contra subyacente. En esas condiciones, y a día de hoy, el precio de estos bonos que imaginamos responde al valor contable para el banco de los activos subyacentes, no los compraría nadie ni a mitad de precio, y probablemente a ningún precio, y entonces llega Zapatero al rescate, y los de la mesa de camilla, gracias a la total opacidad del procedimiento compran los bonos tan tranquilos, total ¡ cómo el dinero no es suyo!. ¡Pero si son triple o doble A! ¿Triple qué?, ¿Qué es lo que necesitan los de la mesa camilla para cubrirse las espaldas? Unos datos objetivos de que los activos valen lo que dice el banco, para empezar, tenemos unas cifras indiscutibles e imposibles de trucar, las cifras oficiales del precio de la vivienda nueva que no han parado de subir, y que como todo el mundo sabe son las verdaderas, y no el 30 o el 40% menos que dicen los subversivos y los antipatriotas -y esto no es una broma, ante un tribunal las cifras oficiales irían formalmente a misa- a esto se añada las cifras de tasación de una “entidad solvente”. No parece que estos nuevos paquetes de bonos vayan a ser analizados y calificados por agencias internacionales de rating, porque si la opacidad va a ser total, se afirma que los bonos son triple A y el que no lo crea, peor para él. De todas formas las agencias de rating han estado dando As hasta las doce menos cinco de la suspensión de pagos, y no han tenido por ello responsabilidad alguna.
En resumen, el que el FAAF pague el doble o el triple de su valor de mercado por los bonos de titulización en condiciones de total opacidad, está tirado, y demostrar lo contrario ante un tribunal sería harto difícil. Es decir, expresado en román paladino, al pueblo español le van a sacar 50.000 millones de euros -de momento, porque con 10.000 no tienen ni para empezar- para adquirir deuda incobrable de promotores, y ladrillos cuyo valor de mercado es muy inferior al valor de balance, y mientras tanto, los bancos repartirán dividendos, bonus y todo lo que se les pase por la mente, ¿Pues como vamos a estigmatizar a los pobres ejecutivos, quitándoles sus bonus multimillonarios? Dicen el gobierno y sus lacayos, que la mejor prueba de la fortaleza de nuestro sistema financiero es que ningún banco ni caja, vamos ni siquiera una pequeñita, ha tenido los problemas que aquejan a toda la gran banca mundial. Y ¿cúal es la estafa? La estafa es que no tenemos ni idea de cual es el valor real de los activos que soporta su supuesta solvencia. Si se vieran obligados como en la mayoría de otros países a contabilizar los activos y la deuda inmobiliaria por su valor real, y además tuvieran que hacer frente solitos a los gigantescos vencimientos de deuda, 20.000 millones de aquí a fin de año y 95.000 en 2009, una parte sustancial del sistema no sobreviviría los próximos 14 meses.
Y termino con los avales, 100.000 millones para empezar a hablar. Imaginemos que al banco X se le asignan 10.000 millones de avales, y con ésta garantía presta, por ejemplo, 1.000 millones en el interbancario a seis meses a la caja Y. A vencimiento, la caja Y, porque le coincide con un vencimiento de deuda o por lo que sea, no puede devolver, ¿Qu´r pasa entonces? El banco se dirige al Gobierno, y los ciudadanos le pagan los 1.000 millones al banco, que para eso son los avales. Es decir, el pueblo español garantiza con su dinero todos los fallos que se produzcan en el sistema financiero, que van a ser la tira, a pesar de que la Secretaría del Tesoro lo considera inimaginable, porque el hundimiento de la economía real no ha hecho más que empezar. Y todo ello en condiciones de opacidad total, porque si no los bancos no aceptaran nuestro dinero, y se lo irían a pedir al BCE o a su tía Anacleta, lo que sería tan humillante para nosotros que dudo de que fueramos capaces de sobreponernos.
Lo único claro y transparente en todo este proceso son tres cosas. La primera, que en condiciones de opacidad, todas las trampas, favores políticos y enjuagues varios, son perfectamente posibles, por no decir inevitables. La segunda, que ni un solo céntimo, ni uno sólo, ira a parar a familias y a PYMES, ésta condición ha desaparecido del Decreto, todo el dinero se dedicará a tapar socavones -diferencia entre los valores contables y la realidad- y a atender los vencimientos de deuda. Y la tercera, que esto nos aleja total y absolutamente del comportamiento obligado de todo Estado democrático, y nos acerca peligrosamente a los comportamientos político-económicos de la Italia fascista.
*Roberto Centeno es Catedrático de Economía de la UPM.
Cáritas: 'No hay dinero para ayudar a los pobres y entregan miles de millones a los bancos'
El director de Cáritas Diocesana de Barcelona, Jordi Roglà, criticó ayer las grandes aportaciones económicas que el Gobierno hará para que los bancos puedan solventar la actual crisis financiera en comparación con las escasas dotaciones destinadas a la erradicación de la pobreza.
«Para hacer frente a la situación de personas muy necesitadas no ha habido dinero, pero el dinero sí que ha salido cuando se ha tenido una situación de crisis financiera», señaló Roglà, que valoró que las administraciones hayan tomado medidas para luchar contra la pobreza, aunque lamentó que no hayan sido suficientes, según informa Europa Press.
«Sí que hemos tenido estos recursos económicos cuando hemos tenido que premiar según qué comportamientos en el mundo financiero», lamentó, tanto en referencia a las medidas europeas como a las americanas.
Roglà aseguró que sólo con un 10% del dinero que Estados Unidos destinará al sector bancario se podría haber afrontado la erradicación de la pobreza durante dos años.
Desde 1996 hasta ahora, el Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido anualmente, mientras que la inversión social no ha crecido al mismo ritmo, según Roglà. «El propio Estado del Bienestar ha estado creando una pobreza estructural notoria», declaró.
Según afirmó, ésta es una cuestión de prioridades ya que «las herramientas están y son muy claras: los presupuestos generales del Estado». Cáritas considera que la riqueza se ha creado pero el problema ha estado en su distribución.
Precisamente, Cáritas de Málaga informó el viernes de que sólo en el primer semestre de 2008 ya había concedido un total de 478 ayudas económicas, 25 más de las que se otorgaron en 2007, lo que provocó que en junio quedaran agotados los presupuestos anuales destinados a ayudas de emergencia, según anunció su director, Anselmo Ruiz.
«La situación de las familias es cada vez más preocupante, ya que se ven ahogadas por el paro y por las hipotecas cada vez más altas», explicó Ruiz en rueda de prensa, y añadió que el importe de ayudas para viviendas se ha incrementado un 12% durante 2008.
Otra de las demandas más frecuentes se refiere a la formación para acceder a un empleo por parte de personas que se han quedado en paro y que proceden del sector de la construcción y de la hostelería, «con poca o nula calificación profesional», señaló Ruiz.
El director de Cáritas en Málaga informó de que «adquiere relevancia el aumento de demandas de retorno voluntario de inmigrantes, como consecuencia de la dificultad para encontrar un empleo»
La organización diocesana destinó un total de 4.471.387 euros a obra social en 2007, de los que el 48% fue para actuaciones sociosanitarias, el 37% para las parroquias y el 15% para proyectos y programas de actividad propia.
Yo no sé si la afición a la bebida es hereditaria pero aquí hay que beber hasta el amanecer para tragarse la mediocre paranoia de nuestros representantes públicos incapaces de decir algo decente sobre lo único que le importa a la gente: soluciones para la crisis. Hay quienes se empeñan en crear paraísos y en crear infiernos, por eso cito lo de la bebida pues en hasta galaxia líquida todo se olvida menos el odio; el infierno está de moda, nos quemamos a sorbos, a sorbos sobre lo ya quemado. Los presupuestos debieran ayudarnos a mejorar la actual situación; no obstante, para algunos valen para agigantarse el ombligo y declarar una guerra púnica. Todos los días una guerra por lo menos; es penoso.
Pero yo con quien alucino es con Zapatero. De repente lo inauguro como un extraordinario líder de la derecha. Lo inauguro como si fuera una calle, una casa, un teatro en una ciudad de provincias. Aún estoy inoculándome en la cabeza los 100.000 millones de euros que en avales le va a prestar a la banca. Ya son 150.000 millones entre dineros para comprar productos no tóxicos y pagarés para, en principio, regular un sistema carente de liquidez. Es el chiste de moda. Sale el ministro Solbes y dice: "la banca española es la más segura de Europa", y Emilio Botín, automáticamente, se compra un banco al día siguiente. Ayer, debe ser que en plena euforia, lo intentó con el Sovereing y con otro norteamericano. Sí, efectivamente no hay fronteras en el globo para la banca nacional.
En España ya no queda izquierda ni progresía porque si la hubiera le estarían marcando los pasos a un presidente que se olvida de los ciudadanos. ¿Qué va ocurrir ahora? ¿Más dinero para que los bancos se queden con tus negocios, tus propiedades, tu domicilio, el patrimonio que le quedan a la gente?... ¿Cómo puede un gobierno socialista mantener una confianza ciega en entidades bajo sospecha, que han cerrado el grifo de sus créditos a la sociedad sin dar una mínima explicación?... Por lo menos, por un simple sentido de la proporcionalidad, obligarles a declarar una moratoria de intereses para los préstamos en circulación y una moratoria para los embargos. Pero nada, ni flores; el balón se alojó en la escuadra y allí está para gozo de los padres de la ruina que viene.
A grandes trazos expresionistas estas medidas corresponderían a Rajoy, al ex gobierno de Aznar, nunca a un Ejecutivo fundamentado ideológicamente en una coartada social que parece pura máscara. Es curioso contemplar como Zapatero, tan indeciso en la mayoría de las ocasiones, no le tiembla el pulso a la hora de ponerse a la vanguardia de Europa en cuanto a reflotamientos a la carta. El Estado, que pone el dinero del contribuyente al servicio de una banca descarada e inmoral, ni siquiera se plantea formar parte del accionariado de aquellos que le piden cantidades multimillonarias procedentes de erario público. Es una alfombra persa a la que pisotean los saqueadores con indisimulable agrado.
JFLA y Rivero ya pueden matarse a desprecios si quieren, porque eso nos da igual, forma parte de un paisaje cainita al que estamos acostumbrados. Pero en lo de los bancos y Zapatero se va nuestra vida, los ahorros, el futuro. Es un espectáculo siniestro: se engorda a los responsables de la crisis y, para colmo, se les da un cañón Berta para construir Babilonia sobre nuestra ruina.
Tengo 52 años: esta es la peor crisis desde los años veinte. Hemos permitido que una élite de banqueros indeseables arruinen nuestro sistema y ahora debemos intervenir para defenderlo. Vivimos el fin de la permisividad financiera. Colaboro con la Fundació Catalunya Oberta
Hemos permitido que una élite de banqueros acumulen tanto poder que, para lucrarse, han podido arruinar sus propios países e infligir graves daños a toda la economía mundial.
¿Por qué arruinar su propia sociedad?
Porque ya no es la suya. Ya no tienen nada que ver con los problemas de todos nosotros ni son capaces de ponerse en nuestro lugar. Son marcianos que viven en su planeta privado, al que han llegado con retribuciones simplemente inimaginables para nosotros. Y les importamos muy poco.
Por ejemplo.
Paul Krugman cita el sueldo de un responsable de fondos de alto riesgo equivalente al salario de todos los profesores de primaria del estado de Nueva York durante tres años.
No era un mileurista este señor.
Si permitimos que un puñado de ejecutivos ganen más que todo un Estado, no nos podremos quejar luego de que arruinen ese estado y a nosotros con él.
¿Qué hacer?
Los europeos debemos cambiar la legislación, intervenir en los bancos, racionalizar su gestión y fiscalizar los salarios de sus ejecutivos.
Todo un programa.
Jared Diamond, profético en Colapso,lo explica muy bien: cuando ganas esas cantidades obscenas de dinero, dejas de ser un ciudadano y puedes arruinar tu propio país, y eso incluye el medio ambiente. Esa élite que decide contaminar una región para mantener sus ingresos ya ha dejado de sentirse parte del planeta. Y sabe que si el daño que causa es lo suficientemente grande y global, quedará impune. Defendámonos.
Su discurso suena izquierdista.
Al contrario, soy moderado y centrista, pero precisamente por eso creo que debemos reaccionar ahora para salvar la economía social de mercado antes de que la crisis - anteayer Alemania anunció que estaba al borde de la recesión- se convierta en caldo de cultivo para la extrema izquierda. ¿Qué dirá un despedido de Nissan, que como muchas empresas justifica con la crisis otros manejos, cuando piense en los miles de millones inyectados en la banca española?
Le veo preocupado.
Seriamente. Y lo peor acaba de empezar: cuando en unas semanas una escuela en un pueblecito alemán no tenga fondos públicos para contratar al maestro que necesitan, todos se acordarán de los 500.000 millones de euros que el Estado ha empleado en rescatar a la banca. Y la extrema izquierda tratará de explotar ese resentimiento.
¿No será usted alarmista?
Trato de ser responsable. Soy de los que piensan que nada volverá a ser igual. Y creo, con la canciller Merkel, que debemos actuar ahora con decisión para defender los valores de la cultura del esfuerzo, del trabajo cotidiano a cambio de un salario racional; del derecho a una jubilación digna después de una vida cumpliendo con tu deber. Mi secretaria, por ejemplo...
¿. ..?
Mi secretaria tiene 72 años y había ahorrado 20.000 euros para su jubilación. Un banco alemán la engañó diciendo que los invertía en un "fondo muy seguro" que resultó estar respaldado por Lehman Brothers. Mi secretaria ha perdido los ahorros para su vejez... ¿Qué confianza quiere que tenga en el actual sistema bancario?
No ha sido sólo su secretaria.
Sólo le diré que, hace unos días, los bancos alemanes estuvieron a punto de quedarse sin dinero para operar.
Es un dato estremecedor.
Por eso mi diario ha editorializado que debemos intervenir sin complejos para defender nuestros valores y nuestra sociedad de esos banqueros depredadores, que no son todos, desde luego, pero les hemos concedido poder para arruinarnos a todos.
Parece el fin de una era.
Creo como la canciller Merkel que es el fin de la absoluta permisividad en los mercados. Y confío en que Alemania lidere ese movimiento europeo para intervenir en los bancos, regular el sistema financiero, controlar sus sueldos y devolver, en fin, la tranquilidad y la confianza a los europeos en un sistema económico que recompense con equidad y moderación el esfuerzo, el ahorro y el trabajo a largo plazo.
¿Cuál es el camino?
Gordon Brown ha iniciado la entrada del Estado en el capital de los bancos: me parece un camino acertado para empezar...
Tal vez no todos los bancos necesiten intervención estatal.
Esa élite malversadora sabe que su manipulación debe ser global para ser impune, y por eso todos los bancos acaban contaminados aunque observen una buena gestión. Por eso es necesaria la regulación y el control para todos aunque no todos hayan abusado del poder que les hemos permitido.
Muchos banqueros y bancarios han administrado bien sus recursos.
Desde luego, pero yo estoy hablando ya de un cambio de mentalidad. Durante los últimos años nos habíamos instalado en una cultura que suponía que cada uno debía velar por su propio destino: debías ahorrar tú para tu propia jubilación...
Para eso hay que fiarse de los bancos.
... Esa es la confianza que se ha quebrado y es toda la sociedad europea la que debe intervenir para recuperarla.
Unos 50 jornaleros, convocados por el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), han ocupado la sede sevillana del Banco Santander, el Palacio de Yanduri de la céntrica Puerta de Jerez, para denunciar el plan de apoyo del Gobierno al sector financiero y exigir la expropiación de los bancos.
En la protesta han participado un centenar de personas más, quienes se han quedado fuera del edificio, y la Policía ha desplegado más de una docena de agentes para impedir la entrada de nuevos ocupantes a la entidad financiera sin que se hayan registrado de momento incidentes. El dirigente del SAT, Diego Cañamero, asegura que se trata de una ocupación "simbólica y pacífica" que mantendrán de forma indefinida "hasta que el cuerpo aguante y nos dejen".
Los manifestantes han coreado consignas contra los banqueros y los terratenientes, y contra el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por apoyar a los que "verdaderamente son los culpables de la crisis que está sufriendo el pueblo", según Cañamero, así como gritos como "expropiación de los bancos, ahora"; "dinero para el pueblo y para los parados" y "contra el paro, lucha obrera".
Entre otras reivindicaciones, Cañamero ha afirmado que exigen la nacionalización de la banca, que se lleve a cabo de verdad "y ahora más que nunca" una reforma agraria, y que se garantice un plan de empleo, a través de los ayuntamientos de España, para que las personas en paro puedan trabajar al menos cuatro meses al año en obras de interés público.
Ha dicho también que quieren una entrevista urgente con el presidente andaluz, Manuel Chaves, o con su vicepresidente económico, José Antonio Griñán, para analizar la "desesperada situación que viven miles de trabajadores y de familias" debido a la crisis, de la que ha culpado a los "banqueros y capitalistas".
Presidente de la Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Fernando Moner, considera que el Gobierno debe garantizar un coste equilibrado de las viviendas para que los ciudadanos puedan acceder a ellas.
En su comparecencia ante la Comisión de la Vivienda del Congreso de los Diputados, Moner, indicó que las diferentes administraciones son las que tienen que intervenir para "garantizar el acceso que todo ciudadano español tiene a una vivienda digna".
Para el presidente de la CECU, los consumidores se encuentran en este momento desasistidos, porque la situación que se ha producido con las viviendas ante la crisis actual es de gran gravedad para la parte más débil, "la del consumidor".
El problema que se ha registrado en los últimos meses, a su juicio, tiene mucho que ver con la financiación de las viviendas, ya que "el saldo hipotecario ha caído", y esa crisis financiera ha perjudicado el acceso a la vivienda, al limitarlo.2
Por otra parte, Moner pidió que se debe informar a los ciudadanos "claramente" de lo que les va a suponer una hipoteca, cuáles son sus derechos, y cuáles son los pagos a los que puede hacer frente con el paso de los años de su financiación.
Sobre esto incidió el representante de los consumidores, al3 señalar que "las reclamaciones a las constructoras no son actualmente por deficiencias en las viviendas, sino porque no pueden hacer frente a las financiaciones".
De hecho, añadió Moner, "hay gente que prefiere perder las señales que ha dado a las constructoras sobre la compra de una vivienda que intentar conseguir una financiación para ella ante el rechazo de las entidades financieras".
Como solución, aportó la de buscar mejorar la aportación de las viviendas sociales, "actuar con imaginación en el caso de la vivienda protegida", y mantener "la defensa del consumidor y su protección ante el acceso a una vivienda digna".
Por último, Moner indicó que una solución aplicable a la situación de crisis actual sería la de "favorecer el alquiler de viviendas con posibilidad de compra, lo que permitiría al consumidor tener más tiempo de actuación".
Varias asociaciones de inmigrantes han reclamado hoy al Gobierno la creación de un Fondo de Garantía Hipotecaria y de un paquete de medidas que ayuden a las familias, "inmigrantes y españolas", a hacer frente a la crisis.
En una rueda de prensa conjunta, los responsables de AESCO, CODEIN y de la Plataforma de Ahorcados por las Hipotecas Impagables han dicho que "en nombre de toda la sociedad, no sólo de los inmigrantes, pedimos al Gobierno que ponga en marcha soluciones transitorias como las que ya se han aprobado en Alemania o Italia".
El presidente de la Asociación América España Solidaridad y Cooperación (AESCO), Juan Carlos Rois, ha explicado que esos países han bajado o congelado los tipos de interés, han creado un Fondo de Garantía Hipotecaria para ayudar a las familias endeudadas o permiten que al vender la vivienda el propietario extinga toda la deuda con el banco y no sólo una parte.
Rois ha asegurado además que si el Gobierno no da soluciones, las tres asociaciones convocarán manifestaciones para protestar por una situación que "no hemos creado ni los inmigrantes ni los trabajadores españoles" sino los bancos que "metían hipotecas por los ojos" y que ahora van a recibir "una inyección del Estado de 50.000 millones de euros".
John Jairo, coordinador de la plataforma Ahorcados por las Hipotecas Impagables (agrupa a más de 3.000 personas, 350 de ellas españolas) ha explicado que la situación de algunos de los afectados es "desesperada" y que con sueldos de 500 euros afrontan deudas de hasta 800.000 euros.
Algunos afectados han llegado a esta situación animados por algunas inmobiliarias que incluso les aconsejaron avalar a compatriotas a los que no conocían y con los que hoy comparten una deuda, ha asegurado Jairo.
Los miembros de esta plataforma de afectados también están denunciando ante los juzgados de Madrid abusos de algunas cajas y bancos que, como Cajamadrid, les han retenido la nómina ilegalmente para hacer frente al pago de los créditos (los afectados ya han ganado dos demandas contra esta caja).
Por todo ello, esta asociación, AESCO y el Consejo de Inmigración de la Comunidad de Madrid (CODEIN) han convocado una concentración en la plaza de Neptuno de Madrid el próximo 12 de Octubre, día en que se celebra el Día de la Hispanidad y la Marcha Viva América.
"Iremos de rojo, para hacernos ver y defender nuestro derecho a un salario digno, a una vivienda digna, a la reagrupación familiar, a la integración, al derecho al voto...", anunció el presidente de CODEIN, Gabriel Ávila.
Dos días después, CODEIN ha organizado una "Jornada de Luto", una campaña convocada en toda Europa y a la que, según Gabriel Ávila, ya se han adherido más de 400.000 asociaciones de inmigrantes de toda la UE y que consistirá en no consumir, ni gastar, comprar o vender, para no participar del consumo.
El Gobierno propone, en el nuevo Plan estatal de vivienda, que las viviendas de protección oficial (VPO) para venta o alquiler tengan una superficie mínima de 30 metros cuadrados para dos personas, que se debe ampliar en quince metros por cada miembro más de un hogar.
Así consta en el borrador del Plan Estatal de Vivienda 2009-2012, al que ha tenido acceso Efe, y que mañana presentará el Gobierno a las comunidades autónomas y a agentes económicos y sociales.
Aunque son las comunidades autónomas las que deciden las superficies, el borrador señala que, en caso de que no lo hagan, la mínima debería ser de 30 metros cuadrados para una vivienda de dos personas.
En cuanto a la superficie máxima, el texto recomienda que se limite a 90 metros cuadrados, y no prevé que sea mayor para supuestos como el de familia numerosa, que en el caso del plan vigente (2005-2008) amplía el tamaño posible de la vivienda protegida hasta los 120 metros cuadrados.
El nuevo plan pretende, como ya adelantó en la última conferencia sectorial la ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que la concesión de VPO en alquiler y venta tenga un mayor control por parte de la Administración Pública para evitar fraudes en las adjudicaciones.
Así, el borrador del plan confirma que se creará un registro público de demandantes que garantice la adjudicación de viviendas protegidas según los principios de igualdad, concurrencia y publicidad bajo el control público.
Entre las novedades del texto también está la ampliación de los colectivos especialmente vulnerables que pueden acceder a ayudas para el alquiler o la adquisición de vivienda, con la inclusión de separados y divorciados.
Con el nuevo plan, las viviendas protegidas serán calificadas como tales de forma permanente, mientras dure la protección del suelo, y en cualquier caso por un periodo no inferior a treinta años.
El documento también detalla que tanto para compra como para alquiler o alquiler con opción a compra los beneficiados deberán tener una renta máxima de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), es decir, 1.292,25 euros mensuales por hogar en el caso de viviendas protegidas de régimen especial.
Para las viviendas de régimen general, la renta máxima se reduce a 4,5 veces el IPREM, 2.326,05 euros mensuales por hogar, mientras que para las de precio concertado se establece en 6,5 veces el IPREM, 3.359,85 euros.
El nuevo plan también resalta el interés específico de la rehabilitación de viviendas y la renovación de núcleos urbanos como uno de los pilares para poner viviendas dignas y asequibles en el mercado.
La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, se reunirá mañana con los agentes económicos y sociales y con las comunidades y ciudades autónomas para presentar el borrador.
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo hoy que "puede ser interesante" que la Administración compre viviendas libres para reactivar el sector, como baraja hacer el Gobierno británico, pero insistió en que es una medida que recae del lado competencial de las comunidades autónomas.
En rueda de prensa en Bruselas para dar cuenta de las conclusiones del Consejo Europeo celebrado hoy, Zapatero recordó que, no obstante, algunas comunidades autónomas españolas ya han tomado medidas similares, como es el caso de Cataluña y Castilla-La Mancha.
En este sentido, Zapatero insistió en que la adopción de medidas como ésta recae en un "ámbito de competencia muy propio de las comunidades autónomas". "Puede ser interesante (esta medida), pero debe estar en el marco de competencias de las comunidades autónomas", más aún cuando, añadió, "el parque de viviendas es muy distinto de unas comunidades autónomas a otras".
Así, el Gobierno catalán invertirá este último trimestre del año unos 75 millones de euros para comprar 500 viviendas construidas o en construcción en el mercado libre y convertirlos en pisos de protección oficial.
Por su parte, la Junta de Castilla-La Mancha se ha comprometido a comprar a los promotores las viviendas nuevas que no se hayan vendido en un año y, para ello, ha fijado una nueva tipología de vivienda protegida, la vivienda de iniciativa público-privada (VIPP).
Además, el presidente del Principado de Asturias, Vicente Álvarez Areces, confirmó hoy mismo que el proyecto de presupuestos para 2009 de la región incluirá la adquisición por parte de la sociedad regional Vipasa de hasta unas 1.000 viviendas libres para su reorientación como vivienda protegida con el objetivo de reactivar el sector.
Los Gobiernos mundiales deben enfrentar los problemas en los sectores inmobiliarios de sus países si aspiran a resolver la actual crisis financiera global, dijo el miércoles una importante funcionaria de Naciones Unidas.
La crisis del crédito que estremece al sector bancario mundial debe ser vista como una "crisis financiera inmobiliaria", que deja a los más pobres abandonados, dijo Anna Tibaijuka, directora ejecutiva del Programa Hábitat de las Naciones Unidas
(ONU-HABITAT).
"Obviamente no puede haber una sociedad armónica si las personas no están seguras en sus propios hogares", dijo la funcionaria en el lanzamiento de un informe de la ONU sobre el estado de las ciudades mundiales.
"La crisis financiera que enfrentamos hoy no puede ser vista como un evento - es un proceso que se ha ido formando en el tiempo y que ahora ha estallado", agregó.
Tibaijuka dijo que los Gobiernos deben hacer más para entregar casas más baratas para las personas de menores ingresos, porque la distribución de inmuebles accesibles no podía ser dejada enteramente al mercado.
El reporte de la ONU mostró que las mayores ciudades de Estados Unidos, incluidas Washington, Nueva York y Miami, tenían niveles de inequidad en los ingresos tan altos como algunas ciudades en países de Africa y Latinoamérica, como Nairobi, Santiago y Buenos Aires.
El informe decía que por primera vez en la historia la mitad de la población del mundo vive en áreas urbanas, confirmando las predicciones de la ONU de comienzos de año.
Las ciudades estadounidenses tienen niveles más bajos de pobreza que muchas otras ciudades del mundo desarrollado, pero la disparidad en los ingresos ha subido sobre el punto "en el que las ciudades y los países deberían poner a la inequidad como tema urgente", decía el reporte.
El texto apuntaba al factor de la raza como uno de los factores más importantes para determinar la inequidad en Canadá y Estados Unidos.
Tibaijuka advirtió que la proporción de personas viviendo en condiciones de pobreza en naciones ricas podía crecer por la crisis del crédito.
Agregó que la desigualdad en las ciudades era una "garantía para disturbios, para agitación social", pero que los alcances de la crisis en naciones ricas dependerían de cuántas personas terminen perdiendo sus hogares.
"No me sorprende que ahora los Gobiernos se involucren en la materia porque sin liderazgo, sin gobernabilidad, hay claras pruebas de tensión social", dijo.
El borrador del Plan Estatal de Vivienda recupera las "soluciones habitacionales" de la ex ministra Trujillo. Esto sirve de refrendo nacional a la oleada de leyes regionales que permiten las viviendas "demasiado" pequeñas.
El Gobierno no está solo. Hasta diez comunidades autónomas contemplan la edificación de minipisos de 30 metros cuadrados o menos en sus normativas sobre vivienda.
Esa superficie, tomada como referencia para las famosas "soluciones habitacionales" que propuso la ex ministra de Vivienda María Antonio Trujillo, ha sido reiteradamente criticada. Muchas veces, por algunas de las regiones que, precisamente, la auspician en su propio territorio.
El borrador del Plan Estatal de Vivienda para 2009-2012 (PEV) establece la nueva superficie mínima de los pisos protegidos: 30 metros cuadrados para dos personas. Y, además, estipula que los "alojamientos protegidos" para colectivos específicos "preferentemente", jóvenes tendrán un mínimo de 15 metros cuadrados y servicios comunes, como adelantó EXPANSIÓN el 6 de octubre.
La propia ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, reconoció el pasado miércoles que se aprobarán estas iniciativas, pero considera que aún es pronto para confirmar el presupuesto que se destinará a las mismas.
En todo caso, será un socio más del club del minipiso regulado por ley. Los más pequeños se contemplan en las Islas Canarias, donde se pueden edificar estudios de 22 metros cuadrados, libres o protegidos. Pese a que las casas de 30 metros tienen varios partidarios, casi todos los expertos coinciden en que una VPO de 22 metros es "demasiado pequeña" para una pareja, por ejemplo.
La normativa inmobiliaria de Asturias contempla una superficie mínima de 28 metros cuadrados para estudios libres (nuevos o usados) o protegidos. En Baleares, el mínimo para todo tipo de inmuebles es de 26 metros.
En Galicia se utiliza el mismo baremo para los estudios, pero para los pisos la superficie mínima crece hasta los 50 metros cuadrados. Y Extremadura pone el límite en 25 metros cuadrados para los estudios y 35 metros para las viviendas.
Comunidad Valenciana, Cantabria, Cataluña, Navarra y La Rioja han optado por hacer el corte en 30 metros cuadrados, la misma cifra que el Gabinete de Beatriz Corredor.
El caso más significativo es el de la Comunidad Valencia. Tras las informaciones aparecidas en este diario, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa, consideró que es "una clara tomadura de pelo y absolutamente indignante que el PSOE, dentro de su política social como es el acceso a la vivienda, plantee el acceso a cajas de zapatos donde prácticamente una persona no puede ni moverse". Es de suponer que se refería a los alojamientos de 15 metros, porque su Gobierno permite construir estudios de 24 metros cuadrados, y apartamentos de 30 metros.
Como los del Plan Estatal, que establece que la superficie mínima de las "viviendas de nueva construcción o usadas, para venta y alquiler", así como las protegidas, se regirá por las normativas regionales, pero "en su defecto [se aplicará] una superficie mínima de 30 metros cuadrados para un máximo de dos personas, ampliable 15 metros cuadrados por cada persona que conviva en la vivienda".
Sin legislar
Así, aquellas autonomías que no hayan estipulado una superficie mínima para los pisos protegidos en sus normativas se atendrán a la establecida por el Ejecutivo. Es el caso de Andalucía, Castilla y León, Murcia y Madrid. Sin embargo, todas ellas vienen aplicando una superficie mínima efectiva de 40 metros cuadrados, pese a no haberlo reflejado en sus respectivos Planes de Vivienda.
Al borde de las "soluciones habitaciones" se queda Aragón, que no se opone a la construcción de viviendas libres o protegidas iguales o mayores a 32 metros cuadrados. Igual cifra registra País Vasco, pero sólo para las VPO.
Desde el Ministerio de Vivienda recalcan, por otra parte, que, además de los planes y leyes estatales sobre vivienda, las comunidades autónomas han de cumplir las Ordenanzas Provisionales de VPO, de 1969, así como la Orden de 24 de febrero de 1944 sobre condiciones mínimas de higiene de la vivienda libre.
La superficie máxima para pisos sociales que estipula el PEV 2009-2012 es de 90 metros cuadrados, "susceptible de ampliación a 120 metros en circunstancias definidas por las autonomías y en viviendas para familias numerosas, y con personas dependientes o con discapacidad a su cargo", asegura el borrador del PEV. Pero eso, evidentemente, se da en casos excepcionales y se aleja mucho de los minipisos.
La agencia de calificación de riesgos Standard & Poor's calcula que la recaudación de los impuestos vinculados directamente al sector inmobiliario, que son los que tienen transferidos las Comunidades Autónomas, ha caído un 42 por ciento en el primer semestre del año.
En su informe anual sobre la situación financiera de las CCAA, la agencia estadounidense señala que a la fuerte caída en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados hay que añadir un avance moderado de los recursos recibidos del Estado, lo que provocará que las regiones eleven su déficit al 0,7% del PIB ya este año, cuando en 2007 fue de sólo el 0,17%.
Esas estimaciones son peores que el déficit del 0,5% previsto por el Gobierno para este año en el conjunto de las Comunidades Autónomas.
Por regiones, Murcia fue en la que más cayeron los ingresos por los impuestos directamente vinculados al sector inmobiliario (un 50,6%), seguida de Cataluña, con un 47,6%, y de Cantabria, con el 46,9%.
Según Standard & Poor's, la situación no mejorará para el conjunto de las CCAA en 2009, cuando las cuentas sufrirán un deterioro "intenso", debido entre otros factores al "pobre" incremento del 2,2% en los recursos recibidos del Estado.
Eso provocará que los principales ratios de deuda empeoren aún más, "de forma que la deuda total se acercará al 50% de los ingresos no financieros o 4 veces el ahorro bruto agregado".
En su informe, Standard & Poor's señala a Cataluña, Baleares, Valencia y Madrid como las CCAA "más expuestas a posibles acciones negativas" en sus ratings por su "particularmente relevante" dependencia de los ingresos inmobiliarios, su "contracción especialmente aguda" y unos niveles de deuda superiores a la media nacional.
De hecho, la agencia ya anunció recientemente que vigilaba el rating de Cataluña para una posible rebaja.
No obstante, el informe titulado "Las regiones españolas, obligadas a ejercer una más estricta disciplina presupuestaria para mantener la calidad de sus calificaciones" pone de manifiesto que los ratings siguen siendo buenos, como demuestra el hecho de que oscilen entre la máxima calidad (AAA) y AA-, todavía dentro de márgenes positivos.
La agencia recuerda que España crecerá, según sus estimaciones, un 1,3% este año, frente al 3,8% de 2007, lo que supone la mayor contracción registrada nunca en el crecimiento del PIB español, peor incluso que las registradas entre 1992 y 1993.
Nuevas tasas, embargos de cuentas y devoluciones de la renta, multas cuantiosas y a veces sorprendentes... En plena caída de la recaudación por la crisis, los municipios se han lanzado a la caza de ingresos.
Hecho objetivo: salir del garaje con las luces de niebla por una equivocación con los mandos del coche. Multa real: la suma de la abultada sanción por encender el foco erróneo, más la correspondiente a no llevar la pegatina del ITV pegada en la luna, más la multa por salir del coche a buscar la documentación en el maletero sin el chaleco reflectante... más todo el elenco de infracciones tras la pormenorizada inspección que aprovechó a lanzar el agente tras atisbar que aquellas luces no eran las adecuadas.
Es la escena que puede repetirse cada en día en las ciudades españolas. En plena crisis y ante el vaciado de las arcas por la caída de la vivienda, muchos ayuntamientos se han lanzado al cobro de multas, impuestos y pagos atrasados.
Así, además de las sanciones de tráfico –cuya recaudación sube como la espuma– , los municipios han aprovechado la coyuntura para resucitar viejos cobros. Madrid y su rescate de la tasa a las basuras o el espionaje de los residuos para impulsar el reciclaje –la penalización puede alcanzar los 750 euros– no es más que la punta de iceberg de lo que llevan tiempo haciendo los municipios.
El abanico de infracciones abarca tanto “romper el silencio de la noche” –por lo que el ayuntamiento de Sevilla multó con cien euros a cuatro ciudadanos– como dar de comer a las palomas, sacudir alfombras por la ventana o dejar que salpique en la vía pública la ropa mojada en el tendedero, actos que se sancionan con hasta 900 euros en algunos municipios.
Formar charcos o pasear al perro sin bozal también entran en este grupo, como sucede en Badajoz. En A Coruña, tirar un chicle en la calle se castiga con hasta 750 euros; y, en Badalona, escupir en la vía pública cuesta 3.000 euros. La misma sanción acarrea en Dos Hermanas (Sevilla) no cumplir el horario para el riego de las plantas colgadas en balcones.
Otras sanciones ya famosas entre los consistorios elevan su cuantía: así, municipios madrileños llegan a cobrar hasta 1.500 euros por grafitis o por abandonar heces de perro.
Entre los cargos a empresas, cada vez es más célebre cobrar a las entidades financieras por instalar cajeros, a razón de 500 euros por cada uno. Importe que se empieza a barajar para las máquinas de los videoclubes. También se ha extendido el cobro por anuncios en la calle y, para particulares, por adopciones en la perrera municipal.
Junto a estas figuras, los ayuntamientos han encontrado otra jugosa vía de recaudación en el embargo de cuentas e incluso de las devoluciones de Hacienda. Es el instrumento empleado para lograr el cobro efectivo de las multas. Si bien los alcaldes han tenido siempre plena potestad para lanzar estas reclamaciones, en los últimos meses los morosos están asistiendo a un aluvión de apremios por impuestos o multas impagadas que están a punto de prescribir.
Tal es el volumen de embargos, que, en la fase de apremio, algunos municipios incluso han sustituido ya el trámite de enviar el aviso personal al denunciado, que tan sólo puede tener conocimiento de su situación mediante el boletín oficial del municipio.
Esta vía de ingresos está adquiriendo cada vez más popularidad.Así, mientras que antes se empleaba sólo para pequeñas deudas, ahora los municipios lo están usando para impagos relacionados con otros pagos menores, como tasas de cementerio que se olvidan por propietarios que viven en otras localidades, placas de vados, licencias pequeñas...
Más motivos de infracción y, también, más formas de cobrar lo debido: junto al embargo de cuentas, está cada vez más de moda entre los consistorios embargar salarios, pensiones, vehículos, bienes muebles e inmuebles o incluso créditos.
Prohibido sentarse en un banco público si ya hay dos personas
Pese a las, a veces, extrañas multas, España no es de los países más innovadores a la hora de crear sanciones con las que lograr más recaudación. Así, por ejemplo, en Italia, pionera a ojos de muchos en estas prácticas, llega a ser un delito refrescarse “exageradamente” en fuentes públicas o practicar en la playa “ciertos juegos”.
En algunas regiones del país, se prohíbe incluso que más de dos personas se sienten en el mismo banco después de las 23 horas en un parque público. La lista es interminable: hay lugares en los que no está permitido besarse en un coche, caminar con zuecos o construir castillos de arena.
La crisis frena la emancipación de los hijos y les obliga a regresar con sus padres - El proceso ya no es lineal: etapas de estudio y trabajo se suceden de forma incompatible con un piso en propiedad
Tienen más de 30 años y se fueron de casa hace ya tiempo. Unos, para estudiar; otros, para trabajar. Pero la crisis les ha devuelto al hogar. Y los que ya habían fijado fecha en el calendario para seguir sus pasos han acabado por desistir. El aumento del paro y el cierre del grifo bancario a los préstamos para comprar un piso o poner en marcha un negocio les han obligado a aparcar sus planes. Y eso ocurre en un país en el que la emancipación siempre ha sido tardía.
Desde 1977, y durante casi 25 años, el número de jóvenes que abandonaba el hogar familiar fue cayendo en picado hasta 2001, cuando se instaló la bonanza económica. Sin embargo, el proceso empieza a invertirse de nuevo, y muchos jóvenes se ven obligados a empaquetar sus cosas y volver a casa de sus padres. ¿Es la crisis actual un nuevo punto de inflexión que obliga a los jóvenes a aparcar sus proyectos de abandonar el domicilio familiar?
A los 35 años, Marc Solsona por fin había conseguido encontrar un piso que podía pagarse sin tener que aplicar recortes demasiado severos a sus gastos de ocio y transporte. Lo hacía tarde, entre cinco y seis años después que la media de jóvenes españoles, y tras sopesar compartir piso con unos amigos en Barcelona. Al final halló uno en Terrassa, cerca de casa de sus padres y de la empresa donde trabajaba como comercial en una inmobiliaria. No le iba mal, hasta que la crisis del sector lo dejó en el paro. "He renunciado al piso cuando ya lo tenía todo. Otra temporada en casa de los padres...", se encoge de hombros.
La emancipación de los jóvenes depende sobre todo del trabajo y el acceso a la vivienda. Durante la expansión económica de los últimos seis años el porcentaje de jóvenes que se emanciparon pasó del 35,1% de 2002 al 44,9% de 2007, de acuerdo con los datos del Consejo de la Juventud de España (CJE). En esos años, la tasa de paro descendió hasta el 10,5%, a pesar de que se mantenía una elevada temporalidad, puesto que casi el 42% de los jóvenes tenía un contrato eventual.
El regreso a casa se explica, en parte, porque el proceso de independización fue precario. El vicepresidente del CJE, José Luis Arroyo, asegura que estuvo muy ligado a la inmigración. Esto explica que entre 2005 y 2006 el número de jóvenes independizados creciera en un millón de personas por el proceso de regularización que emprendió el Gobierno en 2005. "A partir de 2007 empezamos a notar una desaceleración ya del fenómeno emancipatorio, e incluso bajó en algunas comunidades. La tasa creció sólo un 2,8%, cuando años antes lo hacía a un ritmo del 5%", afirma.
La población de menos de 30 años fue la primera que sufrió el parón económico. En el segundo trimestre había 57.800 personas ocupadas más. Sin embargo, en los segmentos de entre 16 y 29 años había 302.100 menos, según la Encuesta de Población Activa de Instituto Nacional de Estadística (INE). "Son los primeros en pagar el pato. Y las entidades financieras no conceden hipotecas para adquirir una vivienda aunque sean fijos, puesto que son los más susceptibles de quedarse en el paro", sostiene Gonzalo Bernardos, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona.
El esfuerzo económico que han tenido que realizar para adquirir o alquilar una vivienda ha sido durante los últimos años el principal escollo, junto al empleo, para irse de casa de los padres. Y ahora que escasean los créditos, todavía más. Sobre todo es difícil cuando un joven no tiene pareja y no puede compartir el pago de la hipoteca.
Según un informe del CJE, un joven debería dedicar un 83,8% de su sueldo para hacerse con una vivienda con un precio medio 210.140 euros en España, mientras que una pareja tendría que destinar el 51,2%. Ambas proporciones están muy lejos del porcentaje de entre el 30% y el 35% que administraciones y entidades financieras consideran que una unidad familiar puede asumir sin poner en riesgo su economía. En algunas comunidades, el sacrificio es mayor. Un joven madrileño no tiene suficiente con su renta (necesita el 101%), mientras que uno catalán requiere del 91,7%.
El esfuerzo que deben hacer los jóvenes ha ido creciendo a un ritmo parecido al encarecimiento del precio de la vivienda. En 2005 una pareja podía permitirse apartar un 35% de sus ingresos para dedicarlos al pago de las cuotas hipotecarias. Y ese mismo año un joven podía disponer de la mitad de su sueldo para otras cosas. A partir de ahí, ya no. Y ello a pesar de los productos financieros destinados casi específicamente para jóvenes que lanzaron las entidades financieras en pleno boom inmobiliario: hipotecas a 50 años, baratas y casi a medida. "El aumento de precios de los pisos, que ha llegado a niveles altísimos, ha afectado más a la gente que tenía que entrar en el mercado por primera vez", asegura Roger Soler, coautor del estudio La emancipación precaria, publicado por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
El alquiler ha permitido hasta ahora que las parejas jóvenes pudieran irse de casa. Pero no a los que vivían solos. La ventana a la emancipación ha sido compartir piso, que ha dejado de ser cosa de estudiantes. El portal inmobiliario Idealista.com señala que la edad media de los que comparten piso en las grandes ciudades es de 27 años. Por una habitación, en Madrid y Barcelona se pagan unos 375 euros. Muy caro para Albert López, barcelonés de 26 años. Abonaba cada mes 420 euros con los gastos aparte, y no le salían las cuentas. A este lingüista, la beca que recibe cada mes como investigador no le permite llegar a fin de mes. "Al final, he decidido volver a casa de mis padres. Es cansado porque tengo que ir y volver cada de Rubí a Barcelona, pero no voy apurado", afirma. Bernardos, especializado en vivienda, corrobora este proceso, y añade que incluso muchas parejas han tenido que recurrir a él. "Alquilaban o bien habían comprado un piso, y ahora no llegan", señala.
Roger Soler, investigador del Centro de Investigaciones Sociológicas, opina que las administraciones han dejado que los mercados laboral y de la vivienda hayan acabado por precarizar la emancipación. "Está claro que si durante el periodo de expansión económica más jóvenes pudieron irse de casa, es lógico que ahora el proceso vaya en sentido contrario", asegura. Soler recuerda que, a diferencia de años atrás, el proceso de independización de los jóvenes ha perdido "linealidad". Antes se pasaba de los estudios al trabajo, y eso iba ligado con el abandono del hogar de los padres. "Eso ahora ya no es así siempre. El joven se va a estudiar a la ciudad, allí no encuentra trabajo, vuelve a casa, luego a estudiar... El proceso se hace reversible", afirma.
La precarización tiene mucho que ver con el modelo de ayuda a la emancipación de los jóvenes en España. Hay la renta básica para el alquiler, que todavía está arrancando, pero más allá de esta subvención no hay un sólido modelo de apoyo como en los países nórdicos o del centro de Europa, con una amplia oferta de ayudas. "En España y países de nuestro entorno como Portugal o Italia la familia tiene un peso importante. Pero también es cierto que el Estado del Bienestar es más débil que en otros estados", dice Arroyo.
La familia ha asumido a largo de la historia en España el papel que en otros países han desempeñado las administraciones. Coincide en este diagnóstico Roger Soler, que apunta que, de nuevo, esto vuelve a provocar que la marcha del hogar sea más débil. "En los diversos modelos del Estado del Bienestar hay tres agentes para proveer de sus necesidades al joven: el mercado, el Estado y la familia. Y España ha optado por dejar que sea la familia quien se encargue de eso, lo que dificulta más la emancipación", apunta Soler.
Los sindicatos han denunciado en numerosas ocasiones el fenómeno de los mileuristas, aunque últimamente han optado por referirse a los jóvenes con este salario como semiemancipados, puesto que todavía dependen económicamente de la familia. Un informe elaborado por UGT de Cataluña, por ejemplo, señala que el 57% de los jóvenes necesita recursos de la familia. Y otro centrado en la ciudad de Barcelona del catedrático de Economía Política de la Universidad de Barcelona, Antón Costas, revela que entre el 25% y el 30% de los jóvenes que residen en la capital catalana no pagan nada por el alquiler o la hipoteca. La razón es que son las familias quienes lo asumen.
La familia permite ahorrar tiempo y dinero. No sólo da cobijo. Muchos jóvenes también van a comer allí, a lavar la ropa los fines de semana, los padres ayudan a pagar los estudios... Es un gran colchón, pero menos flexible en un país en el que las familias se han endeudado en los últimos siete años a un ritmo del 15,5% cada año, frente a un crecimiento de la renta disponible de los hogares del 7%, según Caixa Catalunya. Además, el segundo trimestre se cerró con 553.900 familias en las que todos sus miembros están el paro, 41.300 más que en el periodo de enero a marzo, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística.
A todo esto se unen los créditos que muchos jóvenes ya habían solicitado, ya sea para adquirir un coche, electrodomésticos, muebles, para pagar estudios o para viajar. Los préstamos son un lastre para solicitar otro para su emancipación, tanto si es para comprar una vivienda como si es para montar un negocio.
Las ayudas al alquiler y algunos créditos que ofrecen las comunidades autónomas son apenas un bálsamo. Sin embargo, desde el Consejo de la Juventud de España se denuncia una falta de coordinación entre comunidades, algunas de las cuales todavía van atrasadas en las concesiones de la renta de 210 euros para el alquiler.
Fuentes del sector inmobiliario insisten en que la medida es inflacionista, justo cuando empezaba a verse un descenso casi inédito de los alquileres. Sindicatos y organizaciones sociales piden más músculo financiero para favorecer la emancipación de los jóvenes. Hasta que llegue, los familiares les dan de nuevo la bienvenida a casa.
Construir casi cuatro millones de viviendas nuevas entre 2003 y 2007 ha costado 562.000 millones de euros, pero los españoles han pagado por ellas 877.000 millones de euros, 315.000 millones de euros más. ¿Dónde ha ido a parar la diferencia?, se pregunta Ricardo Vergés, arquitecto y economista en un reciente estudio publicado por El Observatorio Inmobiliario y de la Construcción titulado El ladrillo no es desarrollo.
Vergés sostiene que buena parte del dinero que han adquirido entidades españolas a los demás bancos en el interbancario de Fránkfurt (algo que, según él, “no debería haber sucedido”) ha servido para financiar el boom inmobiliario español. Concretamente, entre 2003 y 2007, lo que él denomina “el último auge de la era inmobiliaria” dicha liquidez ha pasado de 78.000 a 428.000 millones de euros, según el FMI.
Esta cifra, según sus cálculos, representa aproximadamente un 75% de los costes de producción residencial incluyendo honorarios, salarios, e impuestos directos de la actividad inmobiliaria entre 2003 y 2007, según las Cuentas Nacionales. Dichos costes ascienden a 562.000 millones. Sin embargo, son muchos más (877.000) los millones de euros que los compradores de los 3,94 millones de viviendas nuevas promovidas durante dicho periodo han debido pagar por ellas (en promedio 223.000 euros por unidad). “No se tienen noticias de dónde ha ido a parar la diferencia de 315.000 millones en excedentes de explotación o beneficios netos (eso sí, impuestos deducidos)”, cuestiona.
“Lo primero para Europa ha sido cerrar la ventana abierta en 2003, por la que se colaba la corriente interbancaria de 350.000 millones que han financiado buena parte de las obras de más de cuatro millones de viviendas. Cosa hecha a finales de 2006 al descubrir la magnitud de los hechos. Acto seguido caen inmobiliarias, constructoras y entidades que contaban con la perennidad del fabuloso negocio que, según Cuentas Nacionales, les traían otros tantos beneficios. Caen también los visados mientras se acumulan los invendidos. Todo ello desinfla la actividad, el consumo, la confianza y la abundancia de dinero, antes mismo de empezar a hablar de subprimes”, explica Vergés.
El esfuerzo inversor en nueva vivienda en España es 4,5 veces más intenso que en EEUU
Es precisamente al comparar la evolución del mercado inmobiliario de EEUU con el de España cuando se pone de manifiesto la dimensión de la burbuja propia. “Los EEUU nunca llegaron a construir más de 9 viviendas por mil habitantes y siempre las vendieron a precios equivalentes, como mucho a 3,5 rentas familiares medias”, afirma. En España, se han llegado a alcanzar las 22 nuevas viviendas por mil habitantes, vendidas a precios que todavía superan las 6,5 rentas familiares medias. “O sea que en los últimos años, el esfuerzo inversor en nueva vivienda en España ha llegado a ser cuatro veces y media más intenso que en EEUU”.
El presente estudio depara más sorpresas, como el hecho de que en los mismos cinco últimos años se han contratado 8,4 millones de hipotecas, de las cuales menos de seis millones son hipotecas de origen y el resto refinanciaciones sin incremento de capital. “El modelo QDAM de endeudamiento estima que la deuda por cuotas (principal más intereses) de 1,56 billones que los hipotecados de 2003 a 2007 tenían que devolver sobre el papel, asciende ya a 1,86 billones a causa de la refinanciación solicitada entretanto. En efecto, ésta se ha disparado en los dos últimos años, posponiendo el principal y alargando el calendario de amortización y por tanto los intereses, de modo que el importe pendiente no cesa de aumentar”, estima. Dicho de otro modo, y utilizando su propia terminología: vamos a tener esclavitud por deuda (debt slavery) para rato.
“El bosque de la crisis mundial nos oculta los árboles de nuestra propia crisis. Ciertamente, cuando Wall Street se resfría, los demás mercados estornudan. El problema es que España no tiene un resfriado, sino una pulmonía crónica y que el pronóstico no es halagüeño: cada vez se nos hace más difícil respirar”, concluye.
Está cayendo. Lleva catorce meses consecutivos haciéndolo y, por primera vez, el descenso supera los dos dígitos. El precio de la vivienda baja un 10% desde el verano de 2007, según el índice inmobiliario que elabora IESE a partir de la base de datos del portal inmobiliario Fotocasa. No es la versión oficial que cita el Gobierno o el INE en sus estadísticas, pero es el mercado libre en Internet, que recoge el pulso entre oferta y demanda entre los miles de anuncios de particulares, sigue aportando luz en la oscuridad.
Según este índice, el precio medio de inmuebles de segunda mano en España bajó un 0,7% en octubre, lo que supone que el precio medio del metro cuadrado se ha situado en 2.646 euros. La caída interanual el mes pasado se eleva al 8,3%, y más del 10% desde agosto de 2007, cuando el boom inmobiliario alcanzó la cresta de la ola tras 15 años de subidas ininterrumpidas.
Con el dato de octubre en la mano, el precio de la vivienda se coloca en mínimos desde noviembre de 2005, cuando el metro cuadrado se situaba en 2.653 euros. El valor del índice alcanzó su máximo histórico en abril de 2007, momento en que el precio medio era de 2.952 €/m2. "A partir de esa fecha el índice de precios comenzó a registrar descensos mensuales de forma continuada", señala el informe del Índice Inmobiliario fotocasa.es
En tres de cada cuatro municipios españoles la vivienda baja de precio en el último mes. Si se analiza la evolución del precio medio de la vivienda por municipios, de los 289 estudiados durante el último mes, se constata que el 75% de ellos (216 municipios) ha registrado una caída del precio de la vivienda. El 17% (50 municipios) constata una subida de los precios, mientras que el 2% (6 municipios) no percibe variaciones de precio. Del 6% restante (16 municipios) no se dispone de datos suficientes para calcular la variación trimestral, subraya el estudio.
'Los precios de la vivienda no bajan'
Pese a la creencia popular de que los pisos no bajan de precio, sino que se mantienen, el mercado minorista apunta caídas severas. No sucede así con el resto de agentes, los promotores, ni tan siquiera con los bancos, que comienzan a tener más y más viviendas en cartera fruto de las ejecuciones de hipotecas o promotores. A la banca tampoco le interesa que los activos inmobiliarios pierdan precio aceleradamente, debido a que tendrían que provisionar cantidades importantes por depreciación de activos.
"La mayoría de los gobiernos autonómicos ha alcanzado acuerdos con los promotores inmobiliarios con el fin de reconvertir la vivienda libre en otra a precio concertado, lo que significa que el valor de las promociones tiene un suelo que no se puede sobrepasar", apuntaba Carlos Sánchez en su columna el pasado 10 de octubre. Y es que los expertos vienen advirtiendo desde hace meses, como informó este diario, que la estadística oficial no refleja la realidad del mercado.
'El promotor que no venda ya un 30% más barato tendrá que hacerlo por la mitad en tres años'
“Quien no venda ya mismo los pisos un 25-30% (o lo que sea necesario) más baratos se los va a comer con patatas con un problemita añadido: unos gastos financieros del 7% (euribor más 1,50% en el mejor de los casos en renovaciones actuales) sobre el 80% del precio de las viviendas. Esa operación da un gasto adicional al año por financieros del 5,6%. Con esto, en 2 ó 3 años, el promotor tendrá casas más antiguas, quemadas comercialmente y un 17% más caras, con lo que se verá obligado a venderlas un 42-47% más baratas en términos reales. Los gastos financieros son como un gran hormiguero en el que te sientas sin darte cuenta y del que hasta que no tienes 50 hormiguitas merodeando por todas partes de tu cuerpo, no te percatas. Demasiado tarde en muchos casos”.
Quien pronuncia estas palabras sabe de lo que habla. Es Javier Ortiz, director financiero de Grupo Inmo. Sus afirmaciones contradicen frontalmente las palabras de Guillermo Chicote, presidente de la patronal APCE, quien desató la polémica cuando dijo que antes que rebajar los pisos un 30%, los promotores prefieren regalárselos al banco.
“Algunos promotores sí estamos dispuestos a vender pisos con descuentos del 30%. Y cuando los rebajamos, encontramos demanda”, asegura Ortiz. Esa es su experiencia en una promoción que desarrolla en Alcalá. La primera fase, de 100 viviendas de 1 y 2 dormitorios, se vendieron casi en su totalidad en 2005-2006 a un precio de entre 3.300 y 3.500 euros el metro cuadrado construido. “Sólo quedan sin vender 10 áticos dúplex de más de 100 m2”, matiza. La segunda fase, en fase de proyecto, consta de 138 unidades. Pero el precio del metro cuadrado ha descendido a 2.450 euros. El resultado son viviendas de 60 metros cuadrados construidos por 120.000 euros. “Hemos comprobado que bajando el precio, hay respuesta inmediata. Con sólo poner unas vallas publicitarias con los precios nuevos, ya tenemos 320 personas en lista”. Ahora bien, “quienes compraron antes más caro años muestran su disgusto”, confiesa.
“Parece que hay una huelga de compradores”
Ortiz, como promotor, es consciente de la dura realidad del sector: “parece que hay una huelga de compradores. Desde octubre de 2006 se viene produciendo un parón total de las ventas. Así que tuvimos claro que debíamos poner en marcha un plan, que hemos denominado nuevo, para sacar adelante la promoción”. Dicho plan consiste en renunciar a buena parte del margen. Pero claro, esto sólo lo pueden llevar a cabo empresas que hubieran adquirido el suelo hace tiempo. Para que este plan sea factible, es necesario que las viviendas no sean grandes, sino de 1 ó 2 dormitorios ó de 55 a 80 m2, es decir, que no exijan esfuerzos financieros extraordinarios ni para las entidades financiadoras, ni para los compradores, “porque el gran problema ahora mismo es la financiación”.
Además del tamaño y el precio, Ortiz sostiene que “es muy importante la ubicación. Este plan difícilmente valdrá para zonas con gran sobreoferta ni para zonas en las que nunca se debieron construir viviendas, como grandes desarrollos en zonas casi desérticas donde han echado a familias de lagartijas y alacranes para levantar miles de viviendas que, posiblemente, se mantendrán en stock de esos promotores o de los bancos que se adjudiquen esos activos cuando no tengan más remedio. Sólo debería funcionar en zonas de primera vivienda consolidada”.
Ante la avalancha de impagos. El volumen de embargos hipotecarios, cuyos procesos se han ido acumulando en los juzgados a lo largo de los últimos meses, mostrará toda su crudeza a finales de año. ¿Problema? La vivienda es un activo "ilíquido". Algunas subastas terminan desiertas, pese a aplicar rebajas de hasta el 40%. Los consultores estiman que las entidades optarán por alquilar su stock de pisos ante las dificultades para desprenderse de estos activos.
La morosidad hipotecaria sigue en aumento. Mes a mes, la tasa de impagados mantiene su tendencia ascendente y no tiene visos de frenarse a corto y medio plazo. Como resultado, los procesos de ejecución hipotecaria se acumulan en los juzgados de toda España.
El número de embargos no sólo se ha multiplicado por tres en las zonas de la costa, tal y como avanzó LD, sino que se han disparado en toda la geografía nacional a lo largo de los últimos meses. Dichos procesos comienzan a resolverse ahora, de tal forma que de aquí a finales de año las entidades de crédito comenzarán a acumular un importante volumen de activos inmobiliarios, debido a que los propietarios no han podido hacer frente a las deudas.
"Los juzgados están colapsados", según las fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Y no sólo por el aumento de la morosidad hipotecaria, sino también por el "impago de deudas relacionadas con tarjetas de crédito", añaden.
Además, el frenazo que ha sufrido la compraventa de inmuebles pone en serios aprietos la viabilidad de un importante número de promotoras que, ante la falta de liquidez, optan por "ceder promociones enteras" en zonas prime (las mejores ubicaciones) a las entidades de crédito como pago de sus deudas, según fuentes del sector inmobiliario.
De este modo, los bancos y las cajas están acumulando en sus balances un creciente volumen de pisos, procedentes del impago de particulares y empresas. Sin embargo, el problema consiste ahora en cómo dar salida a este tipo de activos. La crisis ha multiplicado por tres las subastas de pisos en apenas dos años. Sin embargo, hoy por hoy, la vivienda es un "activo ilíquido", según estos mismos expertos.
No se venden pisos ni con rebajas
Es decir, tienen difícil salida en el mercado. De hecho, el secretario de la Asociación Nacional de Expertos en Gestión de Enajenaciones y Subastas (ANEGES), Javier Zapatero, advertía de que las subastas judiciales no están saliendo tan bien como sería deseable por las dificultades de financiación que existentes en la actualidad.
No hay compradores suficientes para todos los pisos embargados que salen a la venta. Y eso que este tipo de subastas aplican de media rebajas de entre el 20% y el 30%, "negociables", sobre el precio de adquisición.
Asimismo, afirmaba que en el caso de los bancos muchos no están sacando "toda la morosidad" a los juzgados porque, dada la dificultad para obtener un préstamo, faltan compradores. Es más, las entidades tratan de retrasar al máximo la ejecución de la hipoteca alargando los plazos (hasta 6 meses), con el fin de evitar que la deuda en cuestión entre en mora, tal y como adelantó este periódico.
Además, muchos optan por crear sociedades de gestión de activos inmobiliarios para tratar de dar salida a los pisos embargados que comienzan a acumular en sus carteras.
Las ejecuciones hipotecarias suben como la espuma
Sin embargo, la actual coyuntura está dificultando las ventas a través de subastas. Por ello, los expertos del sector estiman que las entidades se verán obligadas a "alquilar este tipo de activos para obtener cierta rentabilidad". Y es que, simplemente, "no se vende". De hecho, a lo largo de los últimos meses se han celebrado subastas con decenas de pisos a la venta en las que "apenas se han cerrado 2 ó 3 operaciones, aplicando rebajas próximas al 40%", señalan.
Asimismo, el primer certamen de la Comunitat Valenciana de subastas de inmuebles a la baja se cerró en Sagunt sin lograr ninguna venta. Y eso que los descuentos llegaron a alcanzar el 40%. Los 149 inmuebles ofertados no encontraron comprador, informa El Mercantil Valenciano. Durante los tres días que duró el Salón Inmobiliario Civitas, alrededor de 500 personas se acercaron a la zona de subastas, pero ningún asistente llegó a quedarse con alguno de los pisos o plazas de garaje que salieron a la venta.
La opción de alquilar los pisos embargados
Un proceso similar está aconteciendo en las convocatorias públicas para la adquisición de viviendas protegidas (VPO) que convocan los ayuntamientos y gobiernos regionales. El problema radica en la falta de financiación, el encarecimiento de los préstamos y el endurecimiento de las condiciones crediticias.
El parón de las ventas complica la gestión patrimonial de los bancos y cajas de ahorros. Y es que, las entidades "lo último que quieren es quedarse con el piso", según afirma a LD un gestor financiero de una importante entidad. "En primer lugar se optará por la subasta de los pisos embargados, ya que resulta muy difícil y costoso gestionar el alquiler de bloques de 500 ó 600 viviendas".
Sin embargo, en caso de que estos activos carezcan de salida en el mercado o se tengan que vender a un precio muy inferior al valor de la hipoteca, "se tendrían que articular otros mecanismos", por lo que no se descartaría el alquiler, advierte.
"Sólo en España y en Irlanda las hipotecas con tipos de interés variable representan una cuota significativa del mercado hipotecario", advierte la Comisión Europea en su informe trimestral presentado este jueves sobre la economía de Eurolandia, el club de los 15 países de la UE que comparten el euro como moneda única. ¿Decepción? El euribor sube al 5,512% tras la agresiva bajada de tipos del BCE.
"Italia ha introducido hipotecas de tipo ajustable sólo a partir de 2006; mientras que Alemania, Francia, Holanda y Bélgica tienen aún, sobre todo, hipotecas con tipos de interés fijos", añade el informe elaborado por la Dirección General de Asuntos Económicos y Financieros de la Comisión Europea, que se encuentra bajo la responsabilidad política del comisario español Joaquín Almunia.
Además, los expertos de Bruselas subrayan algo que es obvio: en plena crisis económica y financiera, los niveles de consumo se verán menos afectados en los países en los que predominan las hipotecas con tipos de interés fijo. Y el desplome será mayor en los otros en los que la deuda se hace menos llevadera para los hogares, es decir: en España e Irlanda.
Atracón de hipotecas variables
Antes de las pasadas vacaciones de verano, Almunia ya condenó el atracón de hipotecas variables que se había dado España durante el boom inmobiliario. El comisario europeo de Asuntos Económicos y Monetarios reclamó en aquel momento que España "aprenda la lección" del pinchazo de la burbuja inmobiliaria y la irrupción de la crisis económica.
Asimismo, aconsejó que no se siga cayendo en la tentación de las hipotecas de interés variable, las que suben a merced de la inflación, el euribor y los tipos de interés, asfixiando a los hogares y haciendo temer a la banca que la morosidad le explote entre las manos.
"Ha habido un exceso de crecimiento de hipotecas pensando en que el mercado iba a tener siempre un crecimiento muy fuerte, una bajada de tipos de interés permanente y una creación de parque de viviendas ilimitada. Y eso no es así. Se sabía que no es así, y ahora estamos teniendo que asimilar las consecuencias de un ajuste muy fuerte en la vivienda, que coincide con las tensiones financieras", lamentó Almunia.
"Los tipos de interés de las hipotecas de las familias no deben ser fundamentalmente variables. Debe haber mucha menos posibilidad de variación del tipo de interés", agregó antes de confiar en que "los programas de vivienda de protección oficial, el fomento del alquiler y también una mejora en la información sobre las condiciones de financiación a las familias ayuden a evitar en el futuro los errores cometidos".
De hecho, pese a la reciente bajada de tipos de interés concertada por los principales bancos centrales del mundo, entre ellos el Banco Central Europeo (BCE), el euribor -el indicador más utilizado para el cálculo de hipotecas- ha subido hoy del 5,486% hasta el 5,512%.
Los bancos españoles no sólo están expuestos a las hipotecas que han concedido a los compradores de viviendas, sino también a los préstamos que han dado a miles de promotores inmobiliarios y constructores, lo que está convirtiendo estos préstamos en "deudas tóxicas", que supone la mayor amenaza para la salud del sistema bancario español, informa el Financial Times.
"Los inspectores del Banco de España están estudiando ansiosamente en bancos y cajas los créditos de 50.000 pequeños promotores especulativos, así como de 15 de los grandes", apuntó el diario económico.
Asimismo, añade que la burbuja española de la vivienda residencial explotó el año pasado, paralizando a los constructores y dejando cerca de 1 millón de nuevas casas y pisos sin vender. "Ahora el mal se está extendiendo a la propiedad comercial y a las obras públicas", reitera.
Al final de junio, los créditos a los promotores de propiedades alcanzaban la cifra récord de 313.000 millones, cerca de 10 veces el nivel a comienzos de la década, mientras los préstamos a las compañías constructoras se situaba en los 156.000 millones, según el Banco de España.
El diario británico apunta a que el colapso de Martinsa Fadesa, uno de los mayores promotores del país, fue parcialmente responsable del surgimiento de una deuda problemática en los bancos de 9.000 millones en julio, y para agosto el total de las deudas problemáticas y dudosas en el sistema bancario alcanzaba los 46.000 millones, o el 2,5% de las deudas. Este ratio podría aumentar en hasta dos o tres veces este nivel, afirmaron los banqueros.
"De cualquier manera, los prestamistas se están aplicando para evitar más colapsos de compañías importantes. Tras el caso de Martinsa, han acordado complicados acuerdos de refinanciación para mantener con vida a constructores y promotores", señaló el rotativo.
LA CRISIS CONVIERTE A LOS BANCOS EN PROPIETARIOS
Ante este panorama, Banesto dijo en julio que usaría sus sucursales para la venta de propiedades de Reyal Urbis como parte de una joint venture dirigida a ayudar a mantener la compañía a flote. Otras entidades, incluyendo al Santander, han estado intercambiando deuda por activos inmobiliarios durante el año pasado, y algunos han canjeado deuda por títulos, recuerda el FT.
"En la última crisis, las entidades de ahorro se hicieron con muchas casas, y aquello resultó ser el mejor negocio que habían hecho en sus vidas", dijo un funcionario español, según recoge el periódico.
"Aunque aquel truco se pueda repetir, de cualquier manera, el estado del mercado de la propiedad podría hacer que los bancos tarden años en desprenderse de las casas que han financiado y que nunca se deberían haber construido", sentenció el rotativo.
Los bancos, las cajas de ahorro y las rurales tienen un problema sobre la mesa: qué hacer con los pisos de los clientes que no han podido pagar la hipoteca. La situación no es nueva para el sector bancario. Ya ocurrió en la crisis de 1993, con un auge de los embargos y las subastas.
Un matrimonio entra a una sucursal de una caja en Toledo y solicita hablar con el director de la oficina bancaria. Cuando se encuentra en su presencia la joven pareja le hace entrega de un manojo de llaves, "son del piso que tenemos hipotecado y que no podemos pagar porque regresamos a nuestro país". El caso es real.
La práctica de devolver las llaves de un piso al banco cuando se puede hacer pagar la letra mensual se conoce como efecto sonajero en los países anglosajones. En España no es habitual, hasta ahora, pero sí en EEUU donde existe más movilidad geográfica entre los trabajadores.
Repunte de la morosidad
El actual repunte de la morosidad y el aumento de la población inmigrante en los últimos años, ha hecho que se empiecen a dar casos de este tipo en toda Castilla-La Mancha y en el resto del país. El Banco de España ya pronosticó en abril que la morosidad podría alcanzar el 11 por ciento en el escenario más pesimista.
Esta situación, junto a las viviendas que las entidades financieras se tienen que adjudicar al no poder pagar los plazos de la hipoteca sus actuales propietarios, ha llevado a que la mayoría de bancos y cajas hayan comenzado los trámites para realizar subastas de pisos en condiciones muy ventajosas. Todo ello después de negociar con los clientes nuevos plazos de carencia y el alargamiento de las hipotecas concedidas.
Para empeorar la situación, el nuevo repunte del Euribor en el mes de septiembre obligará a las familias que tengan que revisar su préstamo hipotecario durante el mes de octubre tendrán que restarle un buen pellizco adicional a su presupuesto para cumplir con su compromiso con el banco. Un crédito medio de 150.000 euros con un plazo de amortización a 25 años se encarecerá unos 58 euros al mes.
Nuevos créditos
Los nuevos créditos concedidos por las entidades financieras a los hogares españoles para la compra de vivienda alcanzaron los 4.495 millones de euros en agosto, lo que supone una caída del 46,98% respecto al mismo mes del año anterior, cuando se concedieron préstamos por 8.478 millones de euros, según datos del Banco de España.
De esta forma, las entidades financieras, que nunca han querido ser propietarias de "ladrillos", se están convirtiendo en agencias inmobiliarias con abultadas carteras de pisos que están locos por darles salida a precios muy razonables. Otras, buscan formulas imaginativas para afrontar esta incomoda situación.
Asumir la propiedad
Según fuentes consultadas por EL DIGITAL, una de las alternativas consiste en asumir la propiedad del piso del cliente a cambio de rescindir la deuda y luego alquilárselo a un precio inferior.
En otros casos, los bancos volverán a convertirse en inmobiliarias porque si el banco dio el 100 por ciento del valor del piso y no se ha amortizado nada, la entidad pierde dinero si lo vende a los precios actuales.
Este contexto va a poner a prueba el sistema operativo de las entidades financieras de Castilla-La Mancha, que tendrán que asumir nuevas áreas de negocio para garantizar, por un lado, que la crisis económica no profundice aún más el agujero financiero de buena parte de las familias de la región y, por otro, que el parón del sector inmobiliario no les pase una factura excesiva en sus respectivos balances.
Los datos varían entre subidas del 0,4% y bajadas hasta del 20% en un año
Mariano no se fía de las estadísticas. Su experiencia choca con lo que lee en los periódicos. Porque, según los datos del ministerio, la vivienda es ahora un 0,4% más cara que hace un año. El Instituto Nacional de Estadística (INE) sostiene, sin embargo, que los precios han caído un minúsculo 0,3%. Hay que recurrir a la tasadora Tinsa, que utiliza una muestra menos representativa, para encontrar una caída de peso, casi del 5%. Pero Mariano no se cree nada de eso porque él observa desde su inmobiliaria del centro de Madrid que las pocas transacciones que cierra ahora son por un 20% menos que hace un año.
A estas estadísticas le han salido unos opositores inesperados. Muchos expertos llevaban meses asegurando que los datos no recogían las caídas que se veían en la calle. Pero ahora se les han unido los propios promotores inmobiliarios. Los mismos que antes aseguraban que los pisos nunca perderían valor critican ahora a los recopiladores de datos por excesivamente conservadores.
"Todo el mundo sabe que los precios de obra nueva bajan", dijo el secretario general del G-14, la agrupación de las grandes promotoras al hacerse pública una estadística que cifraba la variación de los pisos nuevos en un alza del 5,4%. "El precio de la vivienda nueva no bajará más porque ya lo ha hecho en varias ocasiones. Que nadie espere caídas del 30% o un 40% porque antes de eso se lo regalo al banco", añadió el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España, Guillermo Chicote.
Es verdad que tras estas frases se esconde la voluntad de convencer de que los precios no van a bajar más. Se trata de animar a aquellos posibles compradores que no se deciden por si la tendencia bajista continúa, con la esperanza de encontrar un chollo. Pero también lo es que las estadísticas reflejan con un cierto retraso lo que ocurre en la calle.
Fina Fonts es un ejemplo perfecto. Lleva dos años sin poder vender su piso. En octubre de 2006 acudió a la empresa de intermediación Grupassa para deshacerse de sus 117 metros cuadrados, más 20 metros de terraza, ubicados en Barcelona, en el cruce entre la avenida de la Diagonal y la calle de Muntaner. Hace dos años pedía por él 780.000 euros, a razón de 5.693 euros por metro. Un precio no muy alejado de la media de ese momento, de 5.412 euros por metro.
"La agencia nos ha dicho que si rebajamos recibiremos ofertas", asegura. Y lo hizo hasta los 457.000 euros que pide ahora. Más de un 40% menos. Las rebajas acusadas ya son generales. Los agentes de la propiedad inmobiliaria (API) de Barcelona señalan caídas que este año llegan al 10% para la segunda mano. El presidente del consejo de los agentes de la propiedad de España, Santiago Baena, sube el porcentaje al 30%. "Muchos propietarios han intentado esperar sin bajar a ver si aparecía algún despistado, pero eso ya no se sostiene", afirma.
El experto Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario, defiende la existencia de distintas fuentes, porque unas complementan a las otras. "La nueva del INE es homologable con el resto de países europeos, pero sólo da un índice. En cambio, la del ministerio está bien porque da precios medios del metro cuadrado en cada provincia", explica.
El INE irrumpió en el sector hace un par de meses al publicar su propia estadística. El ministerio dejó de ser así el único suministrador de datos oficiales, lo que despertó no pocas suspicacias entre los técnicos del departamento que dirige Beatriz Corredor, según señalan varias fuentes.
La estadística que elabora el ministerio con datos de los registradores es la más completa por ser la que más tasaciones realiza (casi 125.0000 en el último trimestre). El problema es que no refleja los precios de mercado, sino lo que dice el tasador. Este método minimiza las subidas desorbitadas de los años del boom, e infravalora las potenciales caídas.
Rodríguez cree que a medida que se vaya desinflando el exceso de demanda, el precio que piden los propietarios se irá acercando al que se cierre la operación, lo que beneficiará a la representatividad de las estadísticas.
'Los compradores han desaparecido del mercado' y el vendedor 'baja sus pretensiones'
Los propietarios están dispuestos a reducir el precio de sus pisos hasta un 30%, según un estudio de Red de Expertos Inmobiliarios, donde se explica que "los compradores han desaparecido del mercado, lo que arrastra al vendedor a bajar sus pretensiones" económicas.
Según la Red, desde septiembre de 2007 el descenso en el número de transacciones y el precio de la vivienda de segunda mano "es constante y generalizado". Así, su presidente, Eduardo Molet, asegura que "nos encontramos ante el mayor parón inmobiliario de la historia reciente en España".
Además, desde la organización apuntan que tras analizar la situación actual del mercado, especialmente de la compraventa de inmuebles, la principal conclusión es que, "si continúa subiendo la tasa de empleo y los niveles de renta y demográficos no se mantienen constantes, continuará la caída de precios durante 2009". Otros factores que influirán en esta caída de los precios "son las previsiones de recesión de la Unión Europea para el segundo semestre de 2009", comentaron.
En los próximos trimestre la consultora inmobiliaria prevé un descenso medio del precio de la vivienda del 20% interanual en España. Según los expertos de Richard Ellis, este recorte se debe a que en algunas zonas de segunda residencia y en aquellas con un exceso de oferta ya se están registrando caídas de hasta el 30%.
En su informe ‘Mercado Residencial de Obra Nueva’ Richard Ellis explica que estos descensos se derivan de un progresivo incremento del stock de viviendas sin vender en el sistema inmobiliario español por la constante caída de la demanda. El actual entorno financiero de crisis global se ha agravado en los últimos dos meses, lo que ha llevado a los analistas de la consultora a prever nuevos ajustes en el mercado residencial, que en España “aún no ha tocado fondo”.
Richard Ellis considera que aún existe margen de caídas en el mercado inmobiliario español ya que la demanda se ha estancado a la espera de que mejoren las condiciones de financiación otorgadas por los bancos. Además, los consumidores también se mantienen a la espera de un descenso más pronunciado en el precio de las casas.
El exceso de vivienda sin vender en manos de promotores empuja los precios a la baja, a pesar de que sigue existiendo demanda para vivienda habitual. En este sentido la consultora destaca que hoy en día se siguen cerrando operaciones de venta siempre que se producen ajuste de precios significativos. Los expertos recuerdan que la primera residencia sigue siendo un bien de primera necesidad.
Según el informe publicado hoy por la consultora, cierre del primer semestre de 2008 semestre los precios de la vivienda registraban un descenso del 5% a pesar de que las cifras oficiales siguen arrojando revalorizaciones interanuales.
La firma considera que el mercado residencial se reactivará a medida que se recupere la normalidad crediticia y una vez que se hayan realizado los ajustes necesarios en la oferta.
Marina D’Or, de Jesús Ger y el Residencial Francisco Hernando de El Pocero, dos grandes exponentes del boom inmobiliario español, por cierto, con toda suerte de irregularidades incluidas, han conseguido llevar a sus respectivas comunidades autónomas a liderar el stock de viviendas sin vender, según una estimación hecha ayer por Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario, en la jornada sobre Perspectivas del Mercado de la Vivienda en España organizada por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE) en colaboración con la Fundación Rafael del Pino.
Julio Rodríguez indicó que este año se acabarán 700.000 nuevas viviendas por los proyectos ya comprometidos, una cifra similar al stock de viviendas sin vender. El ex gerente de la Universidad de Alcalá y actual asesor del Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernéndez Ordóñez (MAFO) destacó además otra estimación inquietante: la de viviendas que no se construirán, que se quedarán a medias como consecuencia de la crisis en curso.
La monstruosa cantidad de viviendas construidas en España en los años del boom –sobreoferta que no vino acompañada de una bajada de precios, antes bien, muy al contrario- es uno de los grandes problemas que España no comparte con otros países donde la burbuja hipotecaria ha estallado con virulencia, como EEUU. Según desveló recientemente a El Confidencial el profesor de Economía José García Montalvo, “el stock en EEUU cubriría once meses y medio al ritmo actual de ventas. En España, a final de 2008 habrá viviendas nuevas en el mercado sin vender para más de 4 años (al ritmo actual de ventas). De hecho, es el mejor indicador para valorar la dimensión de la crisis en España”.
Corregir las corruptelas asociadas a VPO
En cuanto al Plan Estatal de Vivienda para los próximos cuatro años, que aún está en elaboración, Rodríguez envió tres recomendaciones al Ministerio de Vivienda: simplificar las actuaciones de viviendas protegidas, asegurar su financiación actualizando las condiciones de los préstamos y corregir las corruptelas asociadas a VPO.
Para Julio Rodríguez, “el ajuste será más rápido cuanto más flexibles sean los precios”. Otra de las cuestiones que podrían ayudar a la reactivación del mercado, apuntó, podría ser el incremento de la renta disponible de los hogares, directamente conectada a los tipos de interés. En este sentido, consideró que la reciente bajada de los tipos no tendrá un efecto de reducción del Euribor tan acusado como la disponibilidad de liquidez. "Estamos en un momento más de falta de liquidez", precisó para añadir a continuación que la bajada de tipos "ayudará, pero no tendrá tanto impacto como cabría esperar en una situación normalizada".
Precisamente al Euribor se refirió el presidente de la Asociación de Promotores y Constructores de España (APCE), Guillermo Chicote, que será prontamente sustituido de su cargo. Muy curiosa fue su propuesta de que “el Gobierno podría subvencionar parte del Euribor que soportan los compradores de viviendas durante un espacio de hasta cinco años. Algo que, dijo, tendría un coste de entre 2.500 y 2.800 millones de euros durante este periodo.
Cajas y bancos agudizan el ingenio para controlar la morosidad y, a su vez, para evitar disgustos a clientes que no pueden hacer frente al pago de sus hipotecas. Es el caso de Elena Ramos, una mujer de 35 años que se veía incapaz de pagar la cuota mensual de 1.147 euros por un piso en Vic (Barcelona) que compró hace apenas un año por 240.000 euros. Con un sueldo de 900 euros brutos al mes, una pensión de 200 euros de su ex marido y dos hijos a su cargo, Ramos se veía ya incapaz de seguir pagando.
La entidad que le había concedido el préstamo, Caixa Catalunya, le ofreció cancelarlo y alquilarle el piso donde reside. "Fue muy rápido, en dos días. Me lo comentaron el martes y lo firmé el jueves", dice. Fuentes de la entidad explican que se trata de buscar soluciones a clientes con apuros para atender los compromisos adquiridos.
Sin embargo, la medida sirve también para evitar que suba la morosidad, que en marzo era del 1,68%. Esta proporción es anterior al concurso de acreedores del pasado julio de la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, en el que la entidad participaba con 300 millones de euros.
Esta fórmula se llama dación en pago, aunque con alguna salvedad. Normalmente, la dación es el acto jurídico por el que el deudor entrega una prestación diferente de la debida como consecuencia del incumplimiento de sus obligaciones.
Gastos del financiador
En este caso, Caixa Catalunya recibe el piso, cancela la deuda y se lo queda mientras su cliente no puede pagar. La entidad liquida la hipoteca y con ella los gastos. Éstos, también los notariales, corren a cargo de la caja. "Se hace un seguimiento del deudor. Cuando puede volver a asumir el crédito, volvemos a concedérselo", asegura una portavoz de la entidad.
La entidad no cifra la cantidad de operaciones de este tipo realizadas desde que comenzó la crisis. "Se estudian caso por caso. Ya hay varios y se prevén más", afirma. Elena Ramos de momento ha firmado un contrato de alquiler estándar por el que paga 550 euros. Ha entregado una fianza, un mes por adelantado, y los gastos de gestión. "Sigue siendo mi hogar y al menos puedo respirar", afirma.
El dueño de Martinsa se repartió a sí mismo dividendos de sus patrimoniales en diciembre
El promotor Fernando Martín llevó en julio a la inmobiliaria Martinsa Fadesa al mayor concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) de la historia de la economía española. Ese mismo mes, pidió al juez, también voluntariamente, permitirle suspender pagos en sus tres empresas patrimoniales, Femaral, Almarfe y FT Castellana Consultores Inmobiliarios, con las que controla el 44,5% de Martinsa Fadesa. Pero siete meses antes, el 31 de diciembre, el ex presidente del Real Madrid firmó el acta general de la junta de accionistas de Femaral y Almarfe para repartirse a sí mismo y a su familia dividendos por valor de 138,8 millones de euros.
Tras admitir los juzgados el pasado septiembre el concurso de acreedores de Fernando Martín como persona física y de las tres sociedades en las que tiene gran parte de su patrimonio, los administradores concursales nombrados tendrán que revisar las cuentas de los dos años anteriores a la
suspensión de pagos.
"Si hay un beneficio creciente, puede dar lugar a que el administrador concursal revoque las cuentas", explica Juan Ignacio Fernández Aguado, socio de la firma de abogados CMS Albiñana & Suárez de Lezo. Cualquier movimiento del dinero de Martín tiene que estar autorizado por los administradores concursales, según la Ley Concursal de 2003.
11 millones de deuda personal
Cuando una empresa o una persona física pide suspender pagos, es porque no puede afrontar sus deudas. Suspender pagos no es quebrar y, en ocasiones, supone un alivio transitorio porque significa dejar de pagar a los acreedores durante un tiempo hasta que el juez autorice qué parte de la deuda se le perdona y cómo devuelve el resto.
Cuando el juez admitió a trámite el mes pasado la suspensión de pagos de Martín como persona física, confirmó que debe 11,1 millones, además de fianzas por una suma elevada. Los dividendos cobrados a cuenta de los resultados de 2007 suman 138,8 millones. Sólo FT Castellana Consultores no dio retribución.
Aparentemente, Fernando Martín disponía de liquidez suficiente a la luz de los resultados de sus empresas en 2007. Con Almarfe, que no había presentado cuentas en el Registro Mercantil en los dos últimos años y que en julio aportó las de 2006 y 2007, el promotor multiplicó por cinco las ganancias del año pasado, hasta 98,6 millones. En marzo pasado, decidió cambiar el cierre del ejercicio a octubre de cada año y no a diciembre. A través de Almarfe, Martín hizo en los últimos años compras de participaciones en empresas que le salieron muy rentables, como el 6% de la constructora Sacyr, el 3% de Unión Fenosa o el 1% en Santander y BBVA. Mientras, Fermaral elevó su beneficio en 2007 un 78%, hasta 85 millones.
En cuanto a Martinsa, el Tribunal Superior de Galicia pide un juzgado de apoyo para tramitar el concurso, informa Europa Press.
Habitat gana dos meses para salvarse
La inmobiliaria catalana Habitat intenta, por segunda vez, evitar la suspensión de pagos. Según fuentes de los acreedores, la promotora de la familia Figueras y Suñol tiene aún dos meses y medio para cerrar un acuerdo con la banca, a la que debe 1.586 millones. De momento, cuenta con dos semanas, hasta el día 24, fecha en la que el presidente de Habitat, Bruno Figueras, ha convocado una junta de accionistas extraordinaria para analizar una solución al agujero patrimonial de la inmobiliaria. Según la Ley Concursal, el administrador tiene dos meses para presentar concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) desde que conoce la insolvencia de la empresa. La junta marcaría la fecha de partida. Con todo esto, Figueras gana tiempo, pero también se arriesga a una responsabilidad legal. En cualquier caso, la salvación de Habitat depende de la banca y esta no la va a dejar caer, según las citadas fuentes.
a su mayor nivel de los últimos 10 años. La tasa se ha triplicado en el último año, ya que en 2007 estaba en el 0,76%. La morosidad de las cajas se multiplica por cuatro en un año y roza ya el 3%
La crisis económica y la suspensión de pagos de Martinsa-Fadesa ha llevado la morosidad en la banca a los niveles más altos en 10 años. Los créditos dudosos concedidos por bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito a particulares y empresas subió en agosto hasta el 2,44%, la tasa más alta desde mayo de 1998, cuando se situó en el 2,48%, según datos del Banco de España.
Este dato supone un incremento de 0,29 puntos respecto a la tasa de julio, que se situó en el 2,15%, y es más de tres veces superior a la de agosto de 2007 (+1,68 puntos), que se situaba en el 0,76%.
El saldo de créditos dudosos aumentó en más de 5.300 millones de euros respecto al mes de julio, al situarse en 43.693 millones de euros en agosto frente a los 38.374 millones que suponían el mes anterior. El volumen total de préstamos concedidos hasta agosto alcanzó 1,78 billones de euros.
El dato no recoge la morosidad de los establecimientos financieros de crédito, ya que son entidades que pueden conceder créditos pero no captar depósitos y tienen una morosidad muy elevada. En concreto, en agosto se situó en el 4,185%.
Concurso de Martinsa
Este incremento de la morosidad, la decimocuarta subida consecutiva, estuvo impulsado por el concurso voluntario de acreedores (antigua suspensión de pagos) de Martinsa-Fadesa, que tuvo lugar a finales de julio, ya que la compañía acumula una deuda de unos 5.200 millones de euros con entidades como Caja Madrid, La Caixa, Banco Popular, Caixa Catalunya y Caixa Galicia, entre otras.
Asimismo, el aumento del paro y los altos precios de la vivienda, unidos al actual nivel del Euribor, índice de referencia de la mayoría de las hipotecas en España, también ha contribuido al incremento de la tasa de impago, según los expertos consultados.
Precisamente, el gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, indicó recientemente que uno de los principales retos a los que se enfrentan las entidades en el actual escenario es el aumento de la morosidad.
Según el presidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, Juan Ramón Quintás, la tasa de morosidad podría alcanzar el 3,3% al cierre de 2008 e incluso llegar al 5% en 2009.
Las cajas siguen en cabeza
Las cajas fueron las principales responsables del incremento de la morosidad en agosto, ya que el saldo dudoso de estas entidades aumentó tan sólo en un mes en 3.178 millones de euros (el 60% del total del crédito que pasó a ser dudoso en agosto) y en un año acumula un crecimiento de 19.254 millones de euros.
En concreto, los préstamos dudosos de las cajas alcanzaban en agosto los 25.467 millones de euros, con lo que la tasa de mora de estas entidades se situó en el 2,908%, casi cuatro veces por encima del nivel del 0,771% en el que se situaba en el mismo mes del año anterior.
De este modo, la morosidad de las cajas se sitúa en el nivel más alto desde noviembre de 1997, cuando la tasa alcanzó el 3%. Las cajas tenían concedidos 875.459 millones de euros hasta ese mes, un 0,3% más que el saldo registrado en julio.
Los bancos triplican su saldo dudoso
La morosidad de los bancos, por su parte, también se encuentra en máximos históricos y cerró agosto en el 1,992%, un nivel que no registraba desde febrero de 1998, cuando suponía el 2,10% del total de créditos.
En concreto, los bancos tenían concedidos 800.316 millones en créditos a sus clientes hasta agosto, de los que 15.946 millones eran de carácter dudoso, el triple que en el mismo mes de 2007, cuando alcanzaban 5.159 millones de euros. Además, el saldo dudoso aumentó en 1.949 millones de euros respecto a julio.
Por su parte, las cooperativas de crédito situaron su morosidad en el 2,05%, 0,21 puntos por encima de la tasa de julio (1,84%), mientras que sus créditos se situaron en 94.924 millones de euros, de los que 1.946 millones eran dudosos.
Contra la crisis, chulería. La de Don Guillermo Chicote, presidente de la Asociación de Promotores y Constructores españoles, que se ha permitido el lujo de soltar, así como quien no quiere la cosa, una frase que pasará a la historia: "Que nadie espere que el precio de la vivienda baje un 30% o un 40% porque, antes de eso, se lo regalo al banco".
Mentira. De regalos nada. Es una amenaza en toda regla a esos ciudadanos de a pie potenciales compradores de vivienda que ahora tienen la sartén por el mango y que no están dispuestos a comprar a unos precios sencillamente abusivos por más el señor Chicote se empeñe en decir que ya están ajustados.
Lo del prepotente Chicote es más más bien una claudicación en toda regla, una falta de respeto hacia los ciudadanos que han pasado por el aro de endeudarse hasta 50 años para acceder a una vivienda. Y también una amenaza hacia el sector financiero, que no es un angelito precisamente pero que al paso que van las cosas lleva camino de convertirse en el menos malo de toda esta historia.
Denle la vuelta a la frase del ínclito Chicote y ponganla en boca de un promotor: "O deja de apretarme con la condiciones de los préstamos o se quedan ustedes con todos los activos". Eso que se está oyendo todos los días en las mesas en las que se renegocia la deuda de las grandes inmobiliarias. Es la teoría de Chicote: o me ayudas con lo mío o te coloco el marrón. Un marrón muy gordo que ya verán como dentro de nada de va a cargar, así como suena, la cuenta de rsutlados de más de un banco o caja de ahorros españoles.
Pero el señor Chicote va más allá y se permite el lujo -lujazo- de pedir al Gobierno que tome medidas a favor del sector, que subvencione el Euribor -¿contra el bolsillo del conjunto de los ciudadanos, señor Chicote?- y de decir que los tipos de interés han creado unas costumbres que ahora no pueden continuar. ¿Por qué no lo dijo hace un año? O mucho antes, cuando el Banco de España era una máquina de repetición -la única, todo sea dicho- alertando de los excesos en el sector y del exceso de endeudamiento de las familias.
Las mismas a las que ahora reprocha -porque ahí está el fondo de la cuestión- que paren la máquina compradora. Sólo faltaba que el comprador no tenga derecho a elegir a que precio compra o no un activo. Claro que influya la crisis creditica, pero la del sector es más antigua. Ambas se han solapado en un proceso dramático, pero no conviene eludir las responsabilidades echándole la culpa al Lehman Brothers de turno.
Flaco favor le hace el señor Chicote a la imagen del sector. Y poco contribuye a recuperar la confianza entre los promotores y la banca, a la que la frasecita de marras ha debido sentar como un tiro. Soltarla en un momento como el actual, con los españoles ahogados por las letras mensuales -ayer subió otra vez el Euribor a pesar del recorte concertado del precio del dinero en el mundo el miércoles- de las hipotecas y en pleno subidón del desempleo, es de una falta de elegancia extraordinaria. Máxime con la que está cayendo en el mundo, con cientos de compañías rvisando a la baja sus objetivos y preparando ajustes de plantilla salvajes. Y aquí, nuestros promotores, mirándose el ombligo como si e problema fuera única y exclusivamente de ellos.
Regale sus pisos a los bancos, señor Chicote. En sus palabras es posible que usted haya cuantificado el recorte real que le espera al precio de la vivienda. No le quepa duda: los ciudadanos han tomado nota.
El mal hacer de una casta intocable de directivos está detrás de la crisis financiera
"Cuando nace un brahmán, nace superior a la Tierra entera, es señor de todas las criaturas, y tiene que guardar el secreto del dharma. Todo lo que existe en el mundo es propiedad privada del brahmán. Por la alta excelencia de su nacimiento, él tiene derecho a todo. Esto es, es él quien goza, quien viste, quien da a otros, y es a través de su gracia que otros gozan", se dice en el Libro de Manu. Las leyes de Manu están contenidas en un antiguo manuscrito hindú que estableció el sistema de castas en la India hace más de dos mil años. El brahmán es la casta superior. Sólo unos elegidos pueden pertenecer a la misma y, como dice la cita, gozan de todos los derechos y su única labor es instruir en el conocimiento del mundo al resto de castas (salvo a los parias o intocables, que no gozan de ningún derecho).
El capitalismo moderno ha emulado este sistema de castas. Sus brahmanes son los directivos y consejeros de las grandes corporaciones. Gozan de privilegios y prebendas por doquier: sueldos estratosféricos, planes de incentivos, vacaciones, jet privados y club de campo a costa de la empresa... Y no tienen casi ninguna responsabilidad. Si las acciones suben, ellos son los que más ganan gracias a los programas de opciones sobre acciones que premian la revalorización bursátil. Si la cotización se derrumba o incluso si las firmas quiebran y los accionistas pierden todo lo invertido, ellos también ganan. En caso de despido, cuentan con cláusulas que les aseguran indemnizaciones multimillonarias, conocidas como paracaídas de oro (golden parachute), de las que no disfrutan los trabajadores, los parias de este orden económico.
El derrumbe del sistema financiero internacional ha sacado a la luz estas colosales prerrogativas de los directivos cuya gestión ha abocado a la desaparición a firmas históricas como
Lehman Brothers o Merrill Lynch. Sus arruinados accionistas y ahorradores o los trabajadores despedidos se preguntan por qué en lugar de ser reclamados por los juzgados, los ejecutivos han salido sin hacer ruido por la puerta de atrás y con las carteras llenas. Sólo las cinco mayores firmas financieras de Wall Street -Merrill Lynch, JP Morgan, Lehman Brothers, Bear Stearns y Citigroup- pagaron más de tres mil millones de dólares en los últimos cinco años a sus máximos ejecutivos, justo en el periodo en el que éstos se dedicaron a inflar las cuentas, empaquetando en fondos y otros activos opacos, préstamos incobrables que han derivado en la mayor crisis financiera de la historia.
Cuando el sistema se colapsó, las firmas siguieron siendo generosas con los causantes de la debacle. Stanley O'Neall se llevó a casa 161 millones de dólares cuando dejó Merrill Lynch; Charles Prince obtuvo 40 millones al dejar Citigroup, cifra similar a la que que obtuvo Richard S. Fuld, de Lehman.
El código marinero tampoco va con los CEO (chief excutive officer, siglas en inglés de consejero delegado). Si el barco se hunde, son los primeros en coger el salvavidas, un salvavidas de oro. La comisión de investigación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha puesto al descubierto esta semana que la cúpula directiva de Lehman Brothers aprobó bonus por millones de dólares para los ejecutivos que salieran de la empresa mientras negociaban con las autoridades federales el rescate de la quiebra. Su consejero delegado, Richard Fuld, cuya actuación ha llevado a la desaparición del banco de inversión más veterano de Estados Unidos (fundado en 1850), ganaba 17.000 dólares a la hora.
Pese a ser reverenciados por diarios financieros como The Financial Times o The Wall Street Journal como prototipo de eficiencia y seriedad, su comportamiento caprichoso se asemeja más bien al de los divos del pop o los artistas de Hollywood. James Cayne, el máximo responsable de Bear Stearns, se marchó a un torneo de bridge mientras colapsaban dos fondos de inversión que provocaron finalmente la desaparición de la quinta entidad financiera de Estados Unidos. ¡Ni siquiera encendía el móvil!
Angelo Mozilo, responsable de la quiebra del banco hipotecario Countrywide, consideraba una inexplicable afrenta personal que el consejo de administración le pidiera explicaciones acerca de los viajes de su esposa en el jet privado de la compañía, que le pagó 360 millones de dólares en los últimos cinco años.
La cultura del jet es consustancial a los CEO. Martin Sullivan, consejero delegado de AIG hasta que la aseguradora fue rescatada de la quiebra con fondos públicos por la Administración de Bush, gastó el año pasado 322.000 dólares en viajes privados o de vacaciones en el reactor de la empresa. Su colega Stanley O'Neal, presidente de Merrill Lynch, cargó gastos de avión y coche para uso particular por 357.000 dólares en 2007. Abandonó la compañía, hoy en manos de Bank of America, tras sufrir las mayores pérdidas de su historia, en octubre del año pasado, llevándose 161 millones de dólares bajo el brazo.
La constitución de ese modelo de dirección de las grandes compañías que otorga plenos poderes y remuneraciones desmesuradas a un grupo limitado de ejecutivos, no sujetos a ningún control efectivo ni a responsabilidad por su gestión, no es reciente.
Comenzó a fraguarse en los años ochenta y noventa, pero se ha consolidado completamente en lo que llevamos de siglo. Los datos no dejan lugar a dudas sobre la desigualdad laboral en la que se mueven estos asalariados de oro: en 1976, la remuneración media de los máximos ejecutivos de las corporaciones estadounidenses era 36 veces superior al sueldo medio de un trabajador de la empresa; en 1989, era 71 veces, y en 2007, cada directivo recibió 275 veces más que la retribución que sus trabajadores, según las cifras de The Institute for Policy Studies and United for a Fair Economy. Este mismo informe revela que entre 1996 y 2006 las retribuciones de los consejeros delegados crecieron un 45%, cuando el sueldo medio del trabajador estadounidense aumentó sólo un 7%.
Lo más sangrante de ese abismo salarial entre gestores y gestionados es que los emolumentos de los directivos poco o nada tienen que ver en muchos casos con los resultados de la empresa que dirigen, a diferencia de lo que ocurre con los trabajadores que, ante la menor dificultad, sólo les queda el camino de la moderación salarial, cuando no directamente del despido.
El consejo de administración de General Motors acordó en marzo pasado elevar el sueldo del presidente de la compañía automovilística, Rick Wagoner, hasta 2,2 millones de dólares, la misma base salarial que tenía antes de 2006, cuando se le recortó el salario dentro del plan de ajuste de costes que puso en marcha la compañía. El consejo acordó también otorgarle bonus y opciones sobre acciones por más de 10 millones de dólares, pese a que la firma de Detroit presentó en 2007 las mayores pérdidas de su historia que motivaron un plan de recorte laboral que afectó a 74.000 empleados, que se irán a la calle sin bonus ni planes de opciones. A los accionistas no le van mejor las cosas. Los títulos alcanzaron esta semana el nivel de 1950.
En materia de despidos, Wagoner ha superado de lejos a su antecesor en el cargo, Roger Smith, a quien el controvertido director de cine Michael Moore le dedicó su documental Roger & me en 1989, cuando cerró la planta de GM de su localidad natal, Flint (Michigan), dejando en el paro a 30.000 trabajadores.
Moore, que a lo largo de toda la filmación intentó sin éxito hablar con Smith, tendría aún más difícil charlar con Wagoner. La casta superior del neocapitalismo, como los brahmanes indios, no tiene que dar cuentas a nadie: ni periodistas, ni jueces, ni gobiernos, ni accionistas, ni impositores, ni contribuyentes. Para tapar los agujeros que ha causado su desastrosa gestión, los Estados han anunciado planes de inyección de fondos públicos por más de un billón y medio de euros que, en último término, saldrán del bolsillo de los contribuyentes.
Pero si alguien piensa que, ante este derrumbe general de la economía, los CEO han entonado el mea culpa y optado por la austeridad, está muy equivocado. Los máximos directivos de AIG se fueron a pasar un fin de semana a Monarch Beach, un exclusivo hotel de California en el que las habitaciones valen 800 euros por noche, para celebrar que el Tesoro estadounidense les había salvado de la quiebra inyectando 85.000 millones de euros de fondos públicos. Según se puso de manifiesto esta semana en la Comisión de la Cámara de Representantes, los ejecutivos de la que fuera la mayor aseguradora estadounidense se gastaron más de 440.000 dólares, incluyendo "manicura, tratamientos faciales, pedicuras y masajes", a costa de los contribuyentes. "Es tan básico como el salario, ya que supone recompensar el trabajo", se justificó el portavoz de AIG, Nicholas Ashoo.
"Sólo cuando la marea se retira, sabes quién nadaba desnudo". Warren Buffet, el financiero estadounidense y el más rico del planeta, suele repetir esta frase para describir la ceguera de accionistas y reguladores respecto a los directivos que gobiernan las empresas a su antojo y con total opacidad, de forma que nadie pueda conocer hasta su marcha la verdadera situación de las cuentas.
El consejo de Washington Mutual, la entidad bancaria que llegó a liderar la concesión de hipotecas en Estados Unidos, modificó en febrero los planes de bonos para sus máximos directivos de forma que pudieran cobrar esos pluses sin tener en consideración el índice de impagados en el negocio hipotecario del banco cuando éste ya se había disparado hasta extremos inadmisibles. Dos meses después, la compañía era adquirida a precio de saldo por un grupo de fondos de inversión. Los directivos cobraron sus bonos al salir de la empresa, al tiempo que 3.000 empleados eran despedidos. El consejero delegado, Kerry Killinger, alegó que de 2006 a 2007 se había bajado el sueldo un 21% hasta los 14,4 millones de dólares.
Un consuelo escaso para los accionistas que habían visto esfumarse más de un 90% de su inversión y que, pese a sus pérdidas, tuvieron que abonar 20 millones de dólares al gran Killinger, causante de su ruina, cuando finalmente decidieron echarle en septiembre pasado. Jean-Paul Votron, consejero delegado de Fortis, cobró un 15% más en 2007. Se le premiaba así por la compra de ABN Amro por 72.000 millones de euros. El banco holandés resultó estar infectado por los activos basados en las hipotecas subprime y llevó a la quiebra a Fortis, que ha tenido que ser rescatado por los Estados de Bélgica, Luxemburgo y Holanda.
La comisión de investigación del Congreso también destapó que Fuld autorizó pagos de 20 millones de dólares a dos directivos de Lehman cuatro días antes de que la firma se declarara en bancarrota.
El experto Graef Cristal, que dirige una revista online dedicada a analizar las compensaciones de los ejecutivos, considera que el fenómeno de la crisis de las hipotecas subprime o basura se explica en gran parte por el sistema de remuneraciones instaurado por los bancos de inversión estadounidenses a sus ejecutivos, a quienes reparten el 50% de sus beneficios, más que ningún otro sector.
Los empleados de los mayores cinco bancos de inversión percibieron 66.000 millones de dólares en 2007, de ellos, 39.000 millones en bonus. Esta cifra arroja una retribución media de 353.089 dólares por empleado, según Bloomberg. Como su sueldo dependía directamente de lo que ganara la empresa, hincharon artificialmente las cuentas, comercializando piramidalmente fondos u otros instrumentos financieros respaldados por los ahora llamados activos tóxicos.
"En Wall Street como en Hollywood, los beneficios tienden a venir en grandes paquetes y todos quieren un trozo. Da igual que se trate de la película Caballero Oscuro (la última de Batman) o de una gran fusión, quien tiene el poder de llevar a la gente al cine o de cerrar un acuerdo puede ganar lo que quiera", dice Cristal.
Contra esta insultante impunidad se han alzado voces desde el ámbito ciudadano y sindical. Curiosamente, la reacción de los dirigentes políticos ha sido más bien tibia. El presidente George W. Bush, empujado por los congresistas del Partido Republicano que veían peligrar su escaño por el clamor popular, se vio forzado a aceptar que los directivos de las firmas rescatadas por su plan de 700.000 millones de euros renunciaran a recibir las indemnizaciones pactadas, propuesta que se incluyó en la reforma del plan tras ser rechazado por la Cámara de Representantes. Así ha sucedido en el caso de AIG, o las financieras inmobiliarias Fannie Mae y Freddie Mac, cuyos presidentes cesados no hicieron valer sus cláusulas de indemnización.
La Oficina Federal de Investigación (FBI) ha abierto una investigación en 26 empresas en busca de posibles irregularidades contables. Y en la Cámara de Representantes se ha constituido una comisión de investigación por la que están pasando los principales responsables del derrumbe.
En Europa, por el momento, sólo meras declaraciones. La canciller alemana Angela Merkel conminó a los directivos de Hypo Real Estate, rescatado de la bancarrota por un grupo de bancos y el Estado, a que respondan con su patrimonio personal. El Gobierno francés obligó a Axel Miller, consejero delegado del banco franco-belga Dexia, a renunciar a la indemnización de más de tres millones de euros que le correspondían según su contrato por dejar ese cargo. El presidente francés, Nicolas Sarkozy, puso como primera condición para participar en el rescate de la entidad financiera que ninguno de los directivos recibiera indemnizaciones extraordinarias.
Fuera de declaraciones admonitorias y la moralina para electores, ningún país ha anunciado cambios en la legislación para limitar los sueldos de los directivos o definir mejor sus responsabilidades en caso de quiebra.
Todos los intentos por limitar los emolumentos de los ejecutivos han resultado en vano. A mediados de los ochenta, hubo una fiebre de fusiones. Los reguladores advirtieron que muchas de esas operaciones no respondían a ninguna estrategia empresarial sino a las indemnizaciones que recibían los directivos que cerraban los acuerdos. Por eso, impusieron en Estados Unidos un impuesto sobre todas las indemnizaciones que excedieran tres veces el salario anual de los directivos. La única consecuencia fue que los ejecutivos cerraron cláusulas para que las compañías se hicieran cargo de esa tasa. En 1992, la Securities Exchange Commission (SEC), que vigila los mercados bursátiles en Estados Unidos, obligó a las empresas a informar de los emolumentos de sus directivos. No sólo no se avergonzaron de revelar sus ganancias anuales, sino que las han multiplicado por cuatro.
Un año después se intentó poner coto a los sueldos estratosféricos, limitando las deducciones fiscales a un millón de dólares. Se hizo una excepción para las recompensas no dinerarias. Como consecuencia se dispararon las remuneraciones en opciones sobre acciones. Y ya se ha convertido en una moda entre los presidentes de las corporaciones ganar un dólar al año. Los presidentes de
Yahoo!, Apple y Google están en ese club. En 2006, ganaron sólo un dólar como salario base. ¡Y millones de dólares en opciones y bonos!
Los gobiernos piden sacrificios a ahorradores, accionistas y trabajadores para salir al rescate de bancos y aseguradoras a costa de miles de millones de las arcas públicas. Y los culpables de este saqueo no sólo no son reclamados por la justicia, sino generosamente recompensados. Es como si a los asaltantes del tren de Glasgow les estuviera esperando el jefe de Scotland Yard en la estación de Londres para colgarles una medalla. Su botín fue de 60 millones de euros (al cambio actual) y se le llamó el robo del siglo. ¿Cómo llamaremos a las hazañas de los villanos de Wall Street?
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Paulson, uno de los nuestros
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Henry Paulson, es, hoy por hoy, lo más parecido a un mesías. Le han encomendado salvar el sistema capitalista mediante un plan de inyección de fondos por 700.000 millones de dólares, medio billón de euros, es decir, la mitad del producto interior español. Debe limpiar unas entidades que conoce a la perfección puesto que en 2006, cuando fue fichado por George W. Bush para dirigir el Tesoro, era presidente de Goldman Sachs, el banco de inversión donde desarrolló su carrera durante 40 años.
Cuando dejó la firma, Paulson atesoraba una fortuna de alrededor de 500 millones de dólares, fundamentalmente en acciones, que vendió con fuertes plusvalías. Como secretario del Tesoro, ha tenido que adoptar medidas como el rescate de AIG o Fannie, pero no quiso intervenir en favor de sus antiguos competidores como Bear Stearns o Lehman Brothers, comprados por otras entidades bancarias.
Ahora no le va a quedar más remedio que administrar las firmas donde trabajan sus colegas. De hecho, el equipo encargado de gestionar esos fondos estará integrado sobre todo por ejecutivos de Wall Street, incluyendo los de Goldman. Y es que, Paulson, aunque quiera salvar los ahorros del norteamericano medio, no deja de ser uno de los suyos. -
Miles de compañías multinacionales ocultan sus operaciones y no pagan impuestos al situarse en los paraísos fiscales. Son el pilar del neoliberalismo y su poder económico y político les hace casi inmunes. Atesoran entre 11 y 13 billones de euros en unos 71 enclaves.
Los paraísos fiscales son un pilar básico de la globalización económica, del capitalismo puro y duro, un agente protagonista en la crisis económica que sacude la actividad mundial y su desaparición no figura en las agendas de los máximos responsables de las administraciones públicas. La razón de su existencia se encuentra en que atesoran y esconden un poder económico muy elevado, que influye y domina al poder político.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoce que por las cuentas de esos espacios sin impuestos y cerrados a cal y canto para el control fiscal pasan aproximadamente la mitad de los flujos financieros internacionales. Acumulan entre 11 y 13 billones de euros en conjunto, aunque estas estimaciones se hacen siempre a la baja por la dificultad de conocer al detalle su cuantía.
Esta ocultación de fondos supone, según la organización no gubernamental Red de Justicia Fiscal (Tax Justice), la pérdida anual de 250.000 millones en ingresos fiscales. Esa cantidad es «cinco veces más de lo que sería necesario para reducir la pobreza a la mitad en 2015, según los objetivos del milenio de la ONU». A esa caída de recaudación fiscal, se debe añadir la reducción continua de los impuestos a las empresas para competir entre sí en la atracción de inversiones.
Christian Chavagneux y Ronen Palan explican en «Los Paraísos Fiscales» que «la mitad de los préstamos internacionales proviene de entidades bancarias instaladas en esos territorios» y el 50% de los depósitos internacionales se dirige «hacia entidades bancarias situadas en estas plazas financieras».
Además, entre el 30% y el 33% de la inversión directa extranjera recala en los paraísos fiscales y se conoce que es el destino de un tercio de la inversión de las multinacionales. Chavagneux y Palan indican, en este caso, que «los dos primeros inversores en China son paraísos fiscales (Hong Kong y las Islas Vírgenes).
Con la extensión de la crisis han aparecido algunas propuestas para controlar esos fondos ocultos. De repente, el presidente francés, Nicolas Sarkozy, y Angela Merkel, la canciller alemana, llegaron a la conclusión de que una gran parte de los fondos económicos públicos que se han puesto o se van a poner en manos de los bancos y de las compañías privadas para que eludan la crisis financiera pasarán a sociedades que operan desde los paraísos fiscales, es decir, seguirían una senda oculta al control público.
Ambos conocen que, en realidad, se estará ayudando a quienes están defraudando a las arcas públicas. Iniciaron una cruzada que, en realidad, ha fracasado nada más ponerse en marcha. Con la OCDE de testigo, ni Luxemburgo, ni Austria, ni Suiza, ni Estados Unidos acudieron al encuentro de la pasada semana convocada en París, tampoco, otros nueve países del club de los más ricos. La idea inicial de Sarkozy de que «ningún banco que trabaje con dinero del Estado opere con los paraísos fiscales» ha fracasado, porque la realidad demuestra que esos centros financieros son el pilar básico de la globalización económica.
51% del Ibex, en paraísos
En su último informe publicado este año, el Observatorio de la Responsabilidad Social Corporativa del Estado español hace referencia al análisis del ejercicio completo de 2006 y concluye que un 51% de las 35 compañías que cotizan en el Ibex cuenta con «sociedades participadas con domicilio en países considerados como paraísos fiscales y cuyas actividades declaradas no tienen relación con la producción de bienes o prestación de servicios, sino con actividades financieras de sociedades de cartera y sociedades holding». Las dieciocho empresas del Ibex que tienen presencia en los paraísos fiscales son, según cita el Observatorio, Acciona, Acerinox, ACS, Altadis, Banesto, BBVA, Banco Popular, Banco Sabadell, Grupo Santander, Endesa, Ferrovial, Gas Natural, Iberdrola, Inditex, Mapfre, Prisa, Repsol YPF y Telefónica.
La asociación de Inspectores de Hacienda del Estado español (IHE) propuso varias medidas para intentar reducir el impacto de los paraísos fiscales. Desde la instauración de una tributación del 24%, tanto en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades por el movimiento de fondos que tengan origen o destino un paraíso fiscal, hasta la prohibición a las entidades bancarias que «tengan filiales o sucursales en dichos territorios».
En el Estado francés, Chavagneux y Palan aseguran que «el 47% del total de la inversión directa extranjera de empresas no nativas está en manos de sociedades instaladas en los paraísos fiscales, correspondiendo a Holanda y Gran Bretaña las principales».
Aunque la OCDE maneja un cálculo de 38 enclaves como paraísos fiscales, la realidad los sitúa por encima de los 71. De ellos, diez se encuentran en Europa y juegan un papel muy importante en la actividad económica mundial. Son, según un listado identificado por la catedrática Nuria Almirón y Juan Hernández Vigueras, experto en este tema, Andorra, Chipre, Gibraltar, Irlanda, isla de Man, islas del Canal (Jersey, Guernesey, Sark y Alderney), Luxemburgo, Liechtenstein, Mónaco, San Marino y Suiza. En el informe de la Confederación Sindical Internacional (CSI), titulado «Cuando se tiene el oro y el moro», se añaden a esa lista otros enclaves como Bélgica, la zona Campione d'Italia, la City de Londres, Hungría, Frankfort, Islandia, Ingushetia, Madeira, Malta y Trieste.
Juan Hernández Vigueras, profesor universitario y miembro del Comité de Apoyo de Attac-Madrid, señala en «La Europa opaca de las finanzas» que «ciertas políticas europeas amparan a países y territorios catalogados por la OCDE como paraísos fiscales que, con sus especialidades financieras opacas y de escasa o nula tributación, compiten ventajosamente como segundos clientes de la eurozona, tras EEUU».
Así, indica que los «centros financieros extraterritoriales tienen un potencial e instrumentos propios que están condicionando cualquier política estatal que pretenda tener algún control democrático sobre quienes gestionan la banca y las finanzas». Considera que la actividad financiera para no residentes en la City de Londres, Holanda, Luxemburgo, Suiza, los microestados continentales y los territorios caribeños dependientes de Gran Bretaña y Holanda «son un obstáculo inquietante para la construcción política de Europa».
A su juicio, la gran paradoja es que, «a pesar de que las prácticas de estos conocidos países y territorios generan perjuicios palpables, todos los estados europeos reconocen la legalidad de las sociedades instrumentales, los fondos de inversión y las entidades domiciliadas en jurisdicciones especiales para no residentes e ideadas para ocultar la identidad de los titulares, aceptando la opacidad de los centros extraterritoriales como una ventaja competitiva y un valor añadido en las operaciones financieras transnacionales». La UE es un centro comercial muy activo y «al por mayor para las entidades bancarias, aseguradoras y financieras en Suiza, Jersey, las Caimán u otros centros financieros para no residentes». Describe cómo «los capitales se cruzan como plagas de langostas, entrando y saliendo sin restricciones, tras devorar plusvalías bursátiles sin pagar impuestos y sin ninguna supervisión comunitaria».
Esta situación provoca consecuencias directas «para los estados miembros de la UE, porque sus economías resultan cada vez más vulnerables frente a las finanzas globales incontroladas, como revela la crisis de las hipotecas subprime generada por la influencia de Wall Street». Considera que la administración pública europea «acentúa la competencia entre los socios por aminorar los impuestos sobre el capital, genera pérdidas de ingresos fiscales que amenazan al Estado de Bienestar, reduce la capacidad para proteger a los pequeños ahorradores e imposibilitan el combate eficaz contra el blanqueo internacional del dinero sucio y la corrupción inmobiliaria».
Pequeñas islas y enclaves son grandes centros financieros a nivel mundial
El papel que juegan los paraísos fiscales en la mundialización de la actividad económica es importante. En la actual crisis, Bradford&Bingley, Northern Rock, American International Group (AIG) y otras están coordinadas con filiales en los paraísos fiscales. Las islas Caimán son el cuarto centro financiero mundial. Las pequeñas islas británicas y las del Caribe reciben más inversiones de las multinacionales americanas que China, país en el que las islas Vírgenes británicas invierten más que Estados Unidos. Estas pequeñas islas se están convirtiendo en los líderes mundiales de los seguros y del transporte marítimo.
En las islas Vírgenes, que tienen una población de 22.000 habitantes, tienen registradas más de 500.000 empresas extranjeras. Gibraltar, con 30.000 habitantes, tiene más de 70.000 sociedades.
En Luxemburgo están domiciliadas 12.000 sociedades pantalla y 210 entidades bancarias que manejan 600.000 millones de euros en activos, según los Inspectores de Hacienda. En Liechtenstein, la inteligencia alemana reveló que sólo un abogado gestionaba 10.000 fundaciones y empresas tapadera de negocios opacos.
Un barco petrolero tarda más de cuatro semanas desde que sale del Golfo Pérsico hasta que llega a Estados Unidos. En ese tiempo, puede que la carga se haya devaluado tanto que el dueño del barco se arruine con el trayecto, que haya pagado por el crudo un precio mayor en el puerto de origen de lo que cobrará cuando llegue a la refinería. Para evitar este riesgo -en el petróleo y en otros mercados de materias primas-, se inventaron los contratos de futuros: una fórmula que consiste en pactar de antemano el precio de venta del pedido para una fecha determinada. Cuando se cierra el contrato, ni el comprador ha pagado ni el vendedor ha entregado la mercancía; pero el compromiso es igual de firme.
En aquel momento parecía una buena idea. El problema vino después, cuando los especuladores se aprovecharon de este mercado ideal para los trileros, pues se puede vender y comprar lo que aún no se tiene. Si apuestas con cientos de millones de dólares en el mercado de futuros a que el petróleo subirá, en efecto, el petróleo sube y tú ganas; en economía las profecías tienden a cumplirse si hay dinero suficiente. Los mismos inversores que primero crearon la burbuja punto com y después la burbuja del ladrillo, consiguieron elevar el precio del barril de crudo de 40 hasta 140 dólares en solo cuatro años. Impunemente.
2- La pereza de los reguladores
Por suerte, la burbuja del petróleo explotó a mediados de este verano. ¿La razón? Un pequeño cambio en la regulación de la SEC (el organismo que controla la bolsa estadounidense) obligó el 14 de julio a los especuladores que estaban jugando a la baja contra la cotización de los bancos a que respaldasen sus apuestas con acciones, por lo que tuvieron que sacar su dinero del mercado de futuros del petróleo para no perderlo en banca. Desde esa medida, que no buscaba atajar la burbuja petrolífera sino proteger a los bancos de los caníbales, el precio del crudo no ha dejado de bajar. El 14 de julio, cada barril costaba 144 dólares. El viernes rozó los 60 y sigue cayendo, pese a que la OPEP ha recortado su producción un 5%. Si basta con un pequeño cambio regulativo, tan sencillo que ni siquiera se vota en ningún Congreso, para evitar comportamientos tan dañinos para la economía mundial como la burbuja del petróleo, ¿por qué tanta pereza a la hora de evitar la especulación?
Han tenido que temblar las catedrales de Wall Street para que la mayoría de los organismos reguladores, también la CNMV española, se atreviesen a prohibir determinadas prácticas especulativas. De momento, estas restricciones son temporales, aunque en el debate mundial sobre el nuevo capitalismo muchos piden que sean permanentes. Para ello hace falta un paso previo, tal vez el único que se dé en la cacareada cumbre del 15 de noviembre: la puesta en marcha de un organismo supranacional para vigilar la economía globalizada. Alguien con algo más de prestigio internacional que el FMI.
3- La envidia del paraíso fiscal
Una cadena es tan débil como su eslabón más débil. En un mundo donde las fronteras existen para las personas pero no para el dinero, de poco vale que el G20 se comprometa a asumir nuevas normas si no aísla a un G40 del que apenas se habla: los 40 países ladrones, los 40 paraísos fiscales. Según la OCDE, en estas cuevas piratas se esconden de los impuestos entre 5 y 7 billones de dólares, una cifra que equivale al 13% del PIB mundial. La mitad de las multinacionales que cotizan en el español Ibex 35 tienen empresas en estos paraísos fiscales, con lo que eluden pagar impuestos a ese mismo erario público al que ahora piden ayuda. En los últimos 20 años, el dinero que guardan estos países se ha multiplicado por seis. Curiosamente, la distancia entre los sueldos de los altos directivos y los trabajadores ha crecido en ese tiempo en una proporción similar.
4- La codicia de los directivos
En 1980, un alto ejecutivo estadounidense ganaba de media 42 veces más que un trabajador. Hoy gana 364 veces más: en solo un día lo que los demás en todo el año. El problema no es solo la desigualdad social, que también. Lo más preocupante es que se premie a los ladrones y a los inútiles. En palabras de la canciller alemana, Angela Merkel, “comprendo que gane mucho quien hace mucho por su empresa y sus empleados; pero ¿por qué se debe ahogar en dinero a los incompetentes?”. Es lo que a veces pasa cuando la retribución del primer ejecutivo está supeditada al corto plazo de la bolsa y no al largo plazo de la empresa. En muchas ocasiones (Enron es el ejemplo más sonado pero no el único), los fuegos artificiales que tanto gustan a los inversores bursátiles van contra los intereses de la propia compañía. A la larga, la cotización bursátil también se hunde. Pero suele ser después de que el alto directivo haya vendido sus stock options.
5- La gula de los inversores
Lo que es bueno para el directivo no es bueno para su empresa. Lo que es bueno para el especulador del petróleo no es bueno para la economía mundial. Lo que es bueno para el vendedor de hipotecas subprime no es bueno para el banco que presta el dinero. En todos los fallos del capitalismo que ahora han aflorado hay un elemento común: una distorsión perversa en el sistema de recompensas donde no se premia al que genera riqueza sino al que la destruye.
El capitalismo ha funcionado sobre una premisa que suele ser cierta: del egoísmo individual se obtiene un progreso colectivo. La ambición de los empresarios también es buena para los trabajadores, pues todos ganan aunque sea en menor medida. Sin embargo, el castillo de naipes se hunde cuando se premia al pirómano, cuando la recompensa del que da préstamos hipotecarios a gente sin trabajo no está supeditada a que esas hipotecas se paguen sino a vender todas las posibles -su comisión iba en ello-. Lo mismo sucedía en el siguiente nivel, donde el que respaldaba estas hipotecas subprime tenía como negocio agruparlas con otras miles y venderlas en el mercado. Que se cobrasen o no tampoco era su problema. Tampoco era problema de las agencias de calificación, que estuvieron garantizando la salud del sistema hasta dos minutos antes del hundimiento; por algo cobraban de los mismos bancos a los que avalaban. No era problema de nadie y ha acabado siendo problema de todos.
Aunque las subprime es el pastel más famoso, no es el único tóxico que ha engullido el mercado en estos últimos años de dinero fácil y hambre financiera voraz. El capital se empachó porque no sabía qué comía: el mercado de derivados consistía en vender paté de cerdo como si fuese foie gras de oca; cuestión de una bonita etiqueta. Funcionó bastante bien hasta que a alguien se le ocurrió mirar qué había dentro de la lata.
6- La ira del planeta
Dice José María Aznar, y no es el único inconsciente, que ahora que los bancos van mal no hay dinero para salvar el planeta. La realidad es la contraria, pues detrás de uno de los fenómenos más preocupantes de la economía están precisamente los desastres generados por el cambio climático en la agricultura mundial. La crisis alimentaria es un problema económico en su realidad más cruda, pues aquí no se pierden ahorros sino vidas humanas. La lucha contra la contaminación es, en realidad, el mejor ejemplo de los males del capitalismo: solo se soluciona con regulación estatal, hace falta coordinación internacional, sus beneficios son indudables y, en resumen, nunca lo abordarán aquellos que solo piensan a corto plazo, aunque sea la inversión más rentable, con diferencia. ¿Hay acaso alguna mejor que salvar el planeta?
7- La soberbia del PIB
¿Un país más rico es un país mejor? No siempre. Según los datos del PIB, México está a punto de superar a España. ¿Es un país como México, donde hay familias que pierden su casa porque no pueden pagar las letras de una licuadora, un país mejor que España? México también es el país desarrollado donde mayor es la brecha entre ricos y pobres, según el último informe de la OCDE que se presentó hace unos días. Por desgracia, la desigualdad, la educación o la sanidad no cuentan con indicadores tan precisos como la inflación, el paro o el PIB. Los datos económicos son difíciles de esconder. Sin embargo, los indicadores de desarrollo humano no son homogéneos ni sistemáticos, los políticos pueden apostar a que, con una buena campaña publicitaria, hasta la sanidad pública más deteriorada pasará por buena.
Una vez más, es un problema de recompensas. Lo que es bueno para el PIB no siempre es bueno para la sociedad, de poco sirve que aumente la riqueza si solo se benefician de ello los que ya son ricos, los mismos que nunca lo pasarán verdaderamente mal por mucho que se agrave la situación económica. En España, por ejemplo, la crisis va por barrios. Esta semana abrirá en la milla de oro de Madrid la exclusiva joyería neoyorquina Tiffany’s. Los hay que siempre desayunarán con diamantes.
Los comedores sociales tienen un nuevo perfil de usuario.Son gente educada y bien vestida. Incluso familias con hijos.Cáritas estima que el número de asistidos ha subido un 21% en un año.
Javier esperaba ayer pacientemente su turno en el comedor de las hermanas franciscanas de la calle General Asensio Cabanillas (Chamberí). Camarero de profesión, español, soltero y de 46 años, lleva varios meses en paro. «Ya no puedo pagar el alquiler del piso» contó a 20 minutos. Tuvo que dejar su último empleo «por las condiciones» y barrunta que en breve será «un sin techo más».
Alejandro, un ecuatoriano que trabaja en el aeropuerto de Barajas como recogecarritos, compartía su espera. «Vengo a comer aquí porque es un alivio». Lo mismo que opinaba Franklin, hasta hace días obrero de la construcción. La familia se mantiene ahora con el salario de su esposa, asistenta.
Todos ellos son un ejemplo de un nuevo tipo de pobre que está aflorando entre la clase media. «Muchos nunca han venido a un comedor, y se nota. Van bien vestidos, son educados, tienen otro perfil», explican desde el comedor de la sociedad San Vicente Paúl. La mayoría de los parados recientes acuden «cohibidos» e, incluso, piden la ración para llevársela a casa, «porque les avergüenza».
La crisis hace mella también en las familias con niños, quienes cada vez más acuden a la beneficencia en busca de ropa usada, comida o asesoramiento para lograr llegar a fin de mes.
La mitad, inmigrantes
Según datos de Cáritas de Madrid, entre junio de 2007 y junio de 2008 se ha atendido en los 425 despachos de la capital a 66.804 personas, un 21% más que en el mismo periodo de 2006 a 2007. Según la ONG, «el primer pico lo notamos en febrero en las zonas del sur, Vallecas Puente y Villa, Ciudad de Los Ángeles y Orcasitas. Luego se ha ido extendiendo a casos en San Blas, Vicálvaro o Fuencarral».
Según dicen, el 60% de quienes acuden son familias jóvenes, de 30 a 40 años, con dos o tres hijos en edad escolar (Infantil y Primaria), que han formalizado una hipoteca a 30 ó 40 años en el último lustro y que ahora no pueden hacer frente a los pagos de la letra. Aproximadamente la mitad de ellos son inmigrantes, y la otra mitad, españoles.
Los concursos colapsan los juzgados de lo Mercantil, sobre todo el de Málaga
En el juzgado de lo Mercantil de Málaga, los pictogramas del cuarto de baño que representan al hombre y la mujer están colocados cabeza abajo. "No es un descuido, los puse así porque aquí vamos todos de cráneo", sonríe Enrique Sanjuán, el magistrado titular. Sólo con un sentido del humor a prueba de bombas se puede dirigir el juzgado mercantil más colapsado de España sin caer en la desesperación. Montañas de expedientes de empresas en quiebra atestan las baldas del juzgado y se distribuyen por mesas y sillas, dando una imagen de la crisis económica que atraviesa Málaga. El número de desempleados en la provincia ha crecido un 35,9% en un año, hasta las 115.895 personas. "Y cada día nos llega un carro más de asuntos", advierte el magistrado.
Entre el 1 de enero y el 24 de septiembre de este año, se han presentado en este juzgado 150 concursos voluntarios de acreedores, lo que antiguamente se denominaban suspensiones de pagos. Esta cifra es casi cinco veces más que la registrada en el mismo periodo del año 2007, según las estadísticas que maneja Sanjuán. La crisis, especialmente en el sector de la construcción, ha disparado los concursos de acreedores en toda Andalucía, que han pasado de 67 a 257, casi cuatro veces más que el año pasado.
"Nos sentimos como si tratáramos de beber agua de la manguera de un bombero", afirma Sanjuán, perteneciente a la primera promoción de jueces especializados en derecho mercantil. Además de los 150 procesos concursales, en el juzgado de lo Mercantil 1 (y único) de Málaga se han presentado este año 328 procedimientos por otras materias, como demandas civiles de competencia desleal, transporte, condiciones de contratos o arbitraje.
Este volumen de entradas duplica a Sevilla y triplica a Cádiz, las provincias con mayor litigiosidad. "Málaga es la provincia que más empresas crea y destruye. Sin embargo, mientras los juzgados de Cádiz y Sevilla tienen nueve funcionarios, nosotros sólo tenemos siete, y dos de ellos son de apoyo", se queja el magistrado. Sanjuán considera "urgente" la creación de uno o dos juzgados mercantiles en la provincia para paliar el "colapso abismal" de su sede. Hasta el 24 de septiembre han entrado en el juzgado 6.463 escritos, frente a los 3.963 del mismo periodo de 2007. "Estamos sometiendo a los funcionarios a un auténtico mobbing", afirma.
Sanjuán se ha reunido en busca de ayuda con la nueva delegada de Justicia en Málaga, Blanca Sillero, y con el delegado de Economía, Enrique Benítez. "Soportamos la carga de cinco juzgados en uno solo y eso afecta actualmente a 195 empresas vivas, inmersas en concursos. El buen funcionamiento del juzgado afecta directamente a la economía. Un concurso debería tramitarse completamente en unos dos años y con este colapso tardamos de tres a cinco, y subiendo", asegura.
De momento, el magistrado sólo ha recibido buenas palabras: "La única explicación que me dan para no reforzar el juzgado es que no hay dinero". En los próximos días, los jueces mercantiles de Málaga, Sevilla y Cádiz, tienen previsto emitir un comunicado para protestar por la falta de recursos de sus juzgados. El Colegio de Abogados de Málaga y el PP también han reclamado la apertura de dos nuevas sedes.
Aproximadamente el 50% de los concursos que empantanan el juzgado mercantil malagueño pertenecen a empresas dedicadas a la construcción y sus derivados. Normalmente predominan las pequeñas y medianas empresas, con una media de cuarenta empleados y un pasivo declarado de entre cinco y 40 millones de euros.
La situación previsiblemente se agravará en los próximos meses. El presidente de la Asociación de Constructores y Promotores, José Prado, auguró un "parón generalizado" a partir de noviembre. El mismo diagnóstico de "paro absoluto" en el sector del ladrillo hace el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga, Jerónimo Pérez Casero.
El proceso concursal es un procedimiento enormemente complejo que incluye, entre otras, nombrar un administrador judicial, tramitar las acciones civiles que se tomen contra el patrimonio del concursado, gestionar los contratos de trabajo de la empresa, la ejecución de sentencias y las medidas cautelares que afecten al patrimonio de la empresa en suspensión de pagos. El tiempo transcurrido entre la presentación del concurso de acreedores por parte de la empresa debido a falta de liquidez o solvencia y su declaración por el juez es vital. "La ley dice que debemos declararla en el mismo día o al siguiente, y eso es imposible dada la carga de trabajo", afirma Sanjuán, que ha escrito artículos sobre la organización de la oficina judicial mercantil, que data de 1870, y que ahora se encuentra enfrascado en redactar un libro técnico sobre los concursos en promotoras y constructoras.
Además de complicado, acogerse a la ley concursal es bastante caro. "La publicación obligatoria en el Boletín Oficial del Estado y en un diario de tirada nacional cuesta unos 4.000 euros, que pueden elevarse a 9.000 en el caso de las anotaciones en el Registro Mercantil, en el caso de las empresas de mayor tamaño", calcula el magistrado, que prevé tener ocupados todos los fines de semana hasta diciembre.
A pesar de lo costoso que resulta, 16 familias malagueñas se han acogido a la ley concursal y se han declarado en suspensión de pago de sus deudas. El hecho de que personas físicas recurrieran a esta medida era algo anecdótico hasta ahora -en 2007 sólo lo pidieron dos familias-, pero las peticiones se han disparado. El proceso concursal se cierra bien cuando la persona física o jurídica que lo presenta logra un acuerdo para el pago de la deuda, mediante un convenio que fija cantidades y plazos, o bien mediante la liquidación de los activos y su reparto entre los acreedores.
En octubre, 119.377 personas se quedaron sin trabajo, con lo que el número de desempleados suma los 2.818.026, un nivel que pulveriza los registros de la última recesión de los noventa, cuando se registraron 2,7 millones.
El mercado de trabajo ha echado el cierre, aunque al presidente del Gobierno se le antoje todavía insignificante la tasa de paro en España. Zapatero señaló ayer que el incremento del número de parados registrado en octubre –192.658 más que el mes anterior, un récord histórico– es “objetivamente malo”, si bien la tasa de desempleo del 11,3% sigue siendo “una de las más bajas de la historia”.
Lo que olvidó apuntar es que ese mismo dato sitúa al país que dirige como líder absoluto del paro entre los Veintisiete.
El último boletín del Inem también le da la espalda al presidente. Tras el incremento mensual del 7,3% del número de parados, España almacena 2,8 millones de personas sin trabajo, volumen que, incluso, supera al registro de los 2,7 millones de la última recesión de los noventa. Hay que remontarse a 1987 para encontrar una cifra similar (2,9 millones).
Lo preocupante es que esta colección aumentará los próximos meses. El secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, consideró que tanto las previsiones del Ejecutivo como las que realizan otros organismos internacionales “tienen fecha de caducidad”.
Si bien no quiso entrar en el “absurdo” de modificar las estimaciones económicas –obligaría a actualizar datos “cada semana”–, dejó la puerta abierta a que se alcancen los tres millones de parados. Si ese escenario ocurre –Afi y Agett pronostican que sucederá este año–, la tasa de paro escalaría hasta el 15%, una cifra demasiado abultada. Incluso para el optimismo antropológico del presidente.
Precisamente, los expertos advierten de que los datos de octubre sólo son un anticipo de lo que sufrirá el empleo en una economía que, según acaba de pronosticar Bruselas, caerá en la recesión en los próximos trimestres. El balance que deja es que el desempleo golpeó en el último mes a todos los sectores económicos; a todas las comunidades; a todos los colectivos y a 51 de las 52 provincias españolas (sumando Ceuta y Melilla).
El ajuste económico continuó cebándose con la construcción donde el número de parados creció en el último año un 99,5%, hasta las 479.000 personas, de modo que cerca del 18% de los parados registrados hasta hoy provienen de este sector.
Los servicios y la industria continúan la debacle inaugurada por el ladrillo, con incremento interanuales del paro del 29% y el 28%, respectivamente. La agricultura tampoco se queda atrás: en las listas del Inem, hay un 41% de personas apuntadas al paro que aseguran que provienen de este sector. La explicación, según Granado, radica en que “está aflorando la economía sumergida”. Es decir, personas que buscan refugio, léase un subsidio por desempleo, en los Servicios Públicos.
Más prestaciones
La crisis doméstica sigue golpeando, especialmente, a la población inmigrante. De hecho, de las 769.449 personas que cayeron en el paro el último año, cuatro de cada diez son de origen extranjero, un 85% más que en 2007.
Este brutal incremento propició el salto interanual del 41,8% de los fondos dedicados a cubrir las prestaciones por desempleo, hasta los 1.854 millones de euros. Si se mantiene ese ritmo de gasto, el Ejecutivo gastará el bote presupuestado para el año que viene –19.240 millones– dos meses antes de acabar el ejercicio.
Respecto a la afiliación a la Seguridad Social, fue el primer mes de octubre que destruyó empleo, en toda la serie, con 119.377 bajas respecto a septiembre. En términos interanuales, la caída fue del 2,8%.
Para la secretaria de Empleo, Maravillas Rojo, que ofreció una lectura de los aspectos “positivos” de esta crisis, las altas y las bajas en la afiliación reflejan que la economía “sigue siendo dinámica”.
Apuntó, por ejemplo, que ahora se necesitan nuevos perfiles de empleados, como “auxiliares de cocina para comedores sociales” y “pintores de edificios de clase obrera”. Rojo ya apuntó en junio que los parados aficionados al alpinismo podría “limpiar fachadas”.
La actual situación financiera sirve también para “propiciar una mayor contratación femenina”, y por tanto, “niveles paritarios en la contratación”.
de los menores de 50 años. La Seguridad Social tendrá que recurrir al Fondo de Reserva para pagar las pensiones a partir del año 2023. Esto significa que las pensiones de los menores de 50 años dependen de las aportaciones a dicho fondo que, en la actualidad -tras varios años de bonanza del mercado laboral- sólo cubre nueve meses de pagos a los jubilados. No obstante, el Ministerio de Trabajo insiste en que la Seguridad Social está "mejor que nunca".
El informe trianual de Estrategia Nacional de Pensiones elaborado por el Ministerio de Trabajo e Inmigración, que todos los estados miembros de la UE envían a la UE, asegura que la Seguridad Social tiene garantizado el equilibrio de sus cuentas hasta 2029, aunque para ello habrá tenido que acudir al Fondo de Reserva seis años antes.
Esto significa que las pensiones de los menores de 50 años dependen de las aportaciones al Fondo de Reserva. En la actualidad, según el documento publicado por el departamento que dirige Celestino Corbacho, "las dotaciones al Fondo de Reserva alcanzan en este momento un total de 56.000 millones de euros, lo que supone el 5,32 por ciento del PIB y servirían para cubrir el pago de nueve mensualidades de la nómina de pensiones".
Trabajo pretende defender la sostenibilidad del Sistema de la Seguridad Social asegurando que hasta el año 2023, "se seguirá produciendo superávit, continuará incrementándose el Fondo de Reserva y sus correspondientes intereses, que alcanzarán previsiblemente una cifra equivalente al 6,5 por ciento del PIB en 2023".
Cuando el departamento ministerial habla de "intereses" se refiere a la rentabilidad obtenida por el dinero del Fondo de Reserva, que está invertido "en activos financieros públicos".
La cartera está distribuída en "un 54 por ciento de los activos emitidos por el Reino de España" (es decir, deuda pública del Tesoro) y el resto en deuda de Francia, Alemania y Países Bajos. Al cierre de 2007 la rentabilidad acumulada del Fondo fue del 3,99 por ciento.
En definitiva, los técnicos de Trabajo afirman que "la utilización de dicho Fondo a partir de 2024 para equilibrar la insuficiencia de ingresos, permitirá compensar los resultados negativos hasta el año 2029, año en el que se habrá agotado el Fondo de Reserva".
El problema surge cuando se analizan las estimaciones realizadas hasta la fecha por el Gobierno en materia laboral. A pesar de que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero prometía el "pleno empleo" hace unos meses, la caída de afiliados a la Seguridad Social (de medio millón en el último mes) y las estimaciones para el próximo año no son positivas.
Trabajo defiende que la tasa de paro será del 10,4 por ciento en 2008 y del 12,4 por ciento en 2009. Cifras que consideran "irreales" las cajas de ahorros, el Instituto de Estudios Económicos, el Círculo de Empresarios, y el Fondo Monetario Internacional, entre otros organismos. Y es que el Gobierno dice que España crecerá un 1 por ciento el año que viene, lo que es un deseo más que una realidad a tenor de las previsiones que se realizan fuera de La Moncloa.
Y el departamento ministerial se cuida en salud al anunciar que "la situación descrita hasta el momento presente hay que contemplarla en una perspectiva de futuro a la luz de las previsiones de nuevas reformas que se irán planteando a partir del último trimestre del presente año en los trabajos que se inicien de la Comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y que tendrán que efectuarse en el marco de los resultados de las nuevas proyecciones de gastos e ingresos que se realizan por el Ministerio de Trabajo e Inmigración".
Trabajo defiende la "excelente" salud del Sistema
De esta forma, el Ministerio prevé que los ingresos del sistema de pensiones serán suficientes para cubrir los gastos totales hasta el año 2023, ocho años más que en la última proyección realizada en 2005. Por eso, el ministro, Celestino Corbacho, ha dicho que la salud económica de la Seguridad Social es "excelente" y los ciudadanos deben tener la "plena y absoluta seguridad de que está mejor que nuca".
Para obtener esta proyección, el informe tiene en cuenta la incidencia de la crisis económica. Los autores del mismo esperan que la crisis se mantenga hasta mediados de 2009, fecha a partir de la cual España "comenzará a recuperar su senda de crecimiento potencial".
En lo que respecta a las cotizaciones sociales, el Ministerio asegura que las cifras de empleo del periodo 2005-2007 han sido sensiblemente superiores a las previstas en la proyección de 2005. A pesar de la crisis, los autores de este informe se muestran optimistas y aseguran que las hipótesis del comportamiento del empleo a partir de 2010 también son ahora mayores que las de 2005.
Los planes privados pierden un 7,8%
Y en el sector privado, las turbulencias financieras han provocado la pérdida de un importante volumen de patrimonio de los fondos de pensiones. El volumen de los planes del sistema individual se redujo en 4.170 millones de euros en los nueve primeros meses de 2008, respecto al mismo periodo del año anterior.
En cambio el patrimonio de los fondos en renta fija a corto plazo creció en 2.600 millones, un 45,8 por ciento; mientras que entre enero y septiembre el volumen invertido en renta variable se derrumbó un 37%, es decir, 2.100 millones de euros.
Visionario, gurú económico, oráculo... En cualquier caso, los pronósticos que hizo hace 32 meses el catedrático de Estructura Económica de la universidad Ramón Llull, Santiago Niño, se ven materializados. El 5 de marzo de 2006, este profesor adelantaba a ABC que en 2010 ocurriría un «crash» de similares proporciones que el de 1929. Apoyaba su tesis en el estudio de las series de crecimiento de los últimos 53 años en el mundo.
Entonces, ya anticipó que el «tsunami» económico y social iba a desencadenarse por «las elevadas tasas de endeudamiento». Entre otras razones, porque «no es aconsejable -decía- repartir tarjetas de crédito para salir de una recesión», refiriéndose a la era del presidente Clinton, cuando se gestó la concesión de hipotecas a familias con serios riesgos de no pagar, las ahora famosas «subprime», ya que «se proporcionaba crédito a todo el mundo que tenía una mano para firmar».
Un desproporcionado consumo que estaba siendo financiado por el resto del mundo para que la economía estadounidense siguiera tirando de la economía global. Por eso, Niño decía que lo que le pasaba a Estados Unidos era parecido a lo que le ocurrió a España en el siglo XVI. «En aquel momento, llegó a ser más barato importar que producir».
«Las consecuencias de este giro en las coordenadas económicas -decía Niño en ABC- tendrán un vasto alcance social: niveles de paro altísimos, consumo a la baja y una gran deflación».
El catedrático también dijo hace más de dos años y medio que «el sistema económico actual, tal y como lo conocemos, se está agotando» y que «las decisiones importantes van a tener que tomarse a nivel global». Otro vaticinio que se cumplirá el próximo día 14 de este mes en Washington, en una cumbre en la que la mayoría de economistas anticipan ahora que se refundará el capitalismo. La recuperación no llegará hasta dentro de diez años, «pero no será un crecimiento desbocado como el que hemos conocido hasta ahora, sino otro basado en el esfuerzo».
El retorno del esfuerzo
El profesor señala que, hasta ahora, las víctimas de la crisis han sido los ricos, que han dejado de serlo tanto, y que la verdadera crisis empieza a llegar al ciudadano a través de un alud de despidos y cierres de empresas, además de una caída en los ingresos públicos, que sólo ha hecho que empezar por el derrumbe del consumo.
El panorama empeorará especialmente en España. Según los últimos estudios de Niño, a partir de 2010 la tasa de desempleo que pronostica superará el 20%de la población activa, y llegará hasta el 28% en los siguientes años. Pero lo peor es que vaticina que el paro no empezará a bajar a tasas del 18% hasta 2018, cuando en octubre de 2008 registramos un 11,3%. También el crecimiento del PIB español será negativo durante toda una década, en la que los precios tendrán un comportamiento deflacionario desde 2011 a 2016 por la tremenda caída libre del consumo, que llegará a estancarse,
La crisis es sistémica
El catedrático afirma que España va a ser uno de los países que más va a sufrir esta crisis planetaria, que remarca que es sistémica, al igual que las de 1929, 1875, 1820. El profesor insiste en ello porque, a su juicio, el proceso iniciado en septiembre de 2007 con el derrumbe de las hipotecas «subprime» norteamericanas, «nada tiene que ver con una recesión, como la del 2001, la de 1991, o la de 1987». Para Niño, lo terrible de España es la mala calidad de su PIB -el 45% lo generan la construcción, el automóvil y el turismo-, y la escasa productividad, lo que irremediablemente se traslada al empleo.
Para completar el cuadro de terror, Niño cita un informe de Credit Suisse que otorga a España el quinto mayor riesgo país del mundo, y añade que el sistema financiero español tiene una deuda de 800.000 millones. El profesor asegura que hasta finales de este año, las entidades de nuestro país (bancos y cajas) tienen que desembolsar 50.000 millones y el año que viene 70.000 más.
Toda la deuda privada de España, que es la suma del endeudamiento de las familias y de las empresas, alcanza el 215% del PIB, un dato muy preocupante, máxime cuando la productividad por hora trabajada es la que tenía Suecia en 1973, pese a la tecnología. «Y para colmo, somos 45 millones de españoles, y no 5 como los finlandeses».
Presupuestos «ilógicos»
Con este panorama de cosas, el crecimiento que ha presupuestado el Gobierno para 2009, «más allá de que no sea creíble como dice el PP, resulta del todo ilógico», afirma Niño. El experto no puede concebir que el Gobierno prevea para el año que viene un crecimiento del 1% del PIB, «al igual que tampoco era lógico prever para este año un crecimiento del 3% en los Presupuestos del Estado».
Además, están las reservas de petróleo, que se agotarán en 2030, cuando hasta 2050 no estará listo el primer reactor de fusión. Niño asegura que ha quedado demostrado que el nitrógeno no podrá sustituir al petróleo, en esos 20 años el mundo deberá regular su consumo. Casi como en «Mad Max».
Para recibir mas hay que pagar mas. Dicen de manera genérica que pagamos menos impuestos que el resto de europeos; pero no dicen con cifras cuanto, ni en base a ello cuanto recibimos de menos comparados con la media EU25. Tampoco dicen que tramo de ingresos es el que debería poner lo que falta para alcanzar esa media en prestaciones. En el País del 30 de mayo de 2.005 en un artículo titulado “El Cuarto Pilar” leo que recibimos el 62,5% de la UE-15. Tener superavit por recaudar mucho y pagar poco no tiene mérito, cuando el resto de países europeos tiene déficit (de 0,1 a 3%) y el anterior gobierno español se mantenía en déficit cero.
El arco de pago de IRPF es de 15 al 46%; el de Rentas de Capital, máximo 18%. El fraude fiscal 22% del PIB; la cantidad en billetes de 500 euros fuera del circuito fiscal es de 54.207 millones de euros. De aquí se deduce de donde sale el dinero que van a entregar a la banca española, equivalente al 15% del PIB, cuando el gasto en pensiones es 9% del PIB, siendo la media europea un 12,8%.
En la cola en desarrollo socieconómico y en cabeza en crecimiento económico, ocupando ya el tercer puesto en PIB detrás de Alemania y Francia, habiendo pasado a Italia. Pero según el último Euroíndice Laboral de IESE-Adecco para la UE-25: 1) el salario medio es 32.414 euros al año, en España 34% inferior y en la CAV un 30% . 2) Entre 2.002 y 2.006 el incremento medio del salario real fue 3,9%, en España 1,3%; el único país que estando debajo de la media, se alejó de la misma. 3) El SMI es 14.000 euros al año, en España 8.400 un 40% inferior. 4) El Parlamento Europeo ha pedido al Consejo de Europa que fije un SMI para todos, como mínimo 60% del salario medio del país; hoy nos corresponderían 975 euros, un 62% mas que el actual 5) Para el cálculo del umbral de la pobreza la UE toma como referencia el 60% del salario medio del entorno donde se vive. Según el Colectivo EOI, en nuestro país viven 9 millones de ciudadanos bajo el umbral de la pobreza.
El SMI español es 600 euros en 14 pagas; para el final de la legislatura prometen 800 euros (esta es la losa). Estar a la cola en gasto social, supone una merma muy importante a los ya bajos salarios y pensiones, en los tramos bajos. Este tramo social que vive a ras de agua, junto a una riada que no para de crecer, sigue cobrando como en pesetas y pagando en euros los productos de primera necesidad, como préstamos personales al 22% para que no le hipotequen el piso. 120.000 hogares se han declarado en quiebra hipotecaria; “viven” la inundación, abandonados a su suerte; sin voz ni representación y con unas coberturas sociales frágiles....impropias de un país del primer mundo.
Jóvenes que han intentado emanciparse, vuelven obligados a casa de sus padres (incluso parejas con niños), aplastados por la hipoteca o el alquiler libre. Arruinados económica y emocionalmente, sienten el fracaso, cuando no son mas que víctimas de un sistema social terriblemente injusto, al ser el único país europeo que el estado o gobiernos regionales, no disponen de un parque propio de vivienda de alquiler social con rentas asequibles entre 200 y 350 euros (la razón del drama); al ser el único país con una concentración de renta doble de la media Europea, por falta de una fiscalidad redistributiva (la raíz del drama). Desde la atalaya de la otra orilla, aún pretenden bajar los impuestos directos y que los márgenes del mercado se regulen solos, por la competencia.... sin necesidad de acciones intevencionistas, (la estrategia del drama).
Niños que nacen en un ambiente crispado, pagan las consecuencias de una crisis provocada por esa ambición financiera, en el único país europeo que en ayuda a familias no supera el 1% del PIB.
El Euroíndice, es la referencia comparativa del incremento en la convergencia o desconvergencia con la media de la UE25. Es razón de civismo democrático, el que nos informen a los ciudadanos si marchamos hacia adelante o hacia atrás. Es razón de conciencia cívica, el que si no nos informan pero nos llega la información, la compartamos para crear esa conciencia de cambio tan necesaria.
La crisis se ha cobrado una nueva víctima: el presupuesto del Ayuntamiento de Madrid para 2009, que por primera vez en años es recesivo -decrece 88 millones, de 5.257,7 millones del 2008 a 5.169,4 en 2009- y donde la inversión cae un 26%, reduciéndose hasta 589,6 millones de euros. Los responsables municipales han encontrado, por contra, fórmulas nuevas para recaudar: obtendrán casi 300 millones de euros de la venta del derecho de propiedad sobre el suelo de sus viviendas a 8.900 propietarios de pisos del Plan 18.000, un plan de vivienda protegida que puso en marcha el alcalde socialista Juan Barranco en 1987.
Ante el desplome de los ingresos -caen un 38,60% los procedentes de la venta de suelo, un 32,9% las transferencias de capital, un 1,5% las transferencias del Estado, un 10% el impuesto de construcciones y obras, y un 22,8% el de plusvalía-, el Gobierno local ha optado por echarle imaginación.
Un ejemplo es la «operación Plan 18.000»: los 8.900 pisos -«aunque el plan se llamara así, las viviendas son esas; no queda ninguna fuera»- se construyeron con una cesión de derecho de superficie por 75 años. Los propietarios, explicó el concejal de Hacienda, Juan Bravo, habían solicitado muchas veces comprar ese derecho, y ahora se les va a vender por una media de 30.000 euros.
El presupuesto local para 2009 nace en medio de «una doble crisis: económica y de financiación», y está hecho «al límite», añade Bravo. Los ingresos se reducen en 480 millones, y el impuesto que más ciudadanos pagan, el IBI, sube un 12%.
El gasto, por áreas
Caída generalizada
Bajan los presupuestos de Seguridad, Medio Ambiente, Obras, Hacienda, Urbanismo y Las Artes. Sólo se salvan Familia, Economía y la Vicealcaldía -por la candidatura olímpica Madrid 2016-, así como los distritos. Sube la aportación que se paga al Consorcio Regional de Transportes -un 15,4 por ciento: 245 millones de euros-, por el incremento de costes de EMT y Metro debido a la subida del combustible -un 28,5% de subida en las facturas- y de la electricidad. Las inversiones en este organismo, sin embargo, caen: deberán endeudarse para acometerlas, dice Juan Bravo.
La inversión, en picado
Un 26% de caída
En 589,6 millones se quedan las inversiones para 2009: un 26% menos que este año. Pese a ello, aseguran, se construirán 76 nuevos equipamientos -escuelas infantiles, centros de mayores, polideportivos-, aunque otros 35 dejarán de realizarse.
Algunas de las más cuantiosas inversiones son éstas: el parque de Valdebebas -19,4 millones-, colectores y estanques de tormentas -122 millones-, remodelación del Palacio de Cibeles -19,5 millones-, Madrid Río -52 millones de euros-, plaza de las Cortes -4,5 millones-, cámaras de seguridad para Lavapiés -600.000 euros-, remodelación de la Puerta del Sol - 4,7 millones de euros-, cubrimiento de las vías entre Campamento y Aluche -8,9 millones-, y actuaciones en el Matadero -2,5 millones- y la Serrería Belga -6,8 millones-.
Se reducen los gastos de publicidad -46,3% menos-, conferencias -45,1% menos-, prensa y revistas -33,1% menos-, consumibles de oficina e informática -21,5%- protocolo y representación -20% de bajada-. Por contra, aseguran subir los gastos de limpieza -6,6%- y la ayuda a domicilio -10,8%-.
Ingresos
Más IBI y basuras
Hasta 480 millones de euros menos se ingresarán en 2009. La venta de suelo municipal prácticamente desaparece, lo que supone casi 300 millones. Por IBI se recaudará un 18,5% más -se han descubierto 15.000 pisos que hasta ahora no pagaban-. El recibo de este tributo subirá de media en torno al 12%: se aplica un 10% de revisión catastral y un 4,2% en el tipo que fija el Ayuntamiento.
El resto de impuestos, tasas y precios suben ese mismo 4,2 de IPC. Por grúa se ingresarán 23,9 millones, y por multas de tráfico, 270,4 millones -un 53,4% más que en 2008-.
El Gobierno local se ve obligado por ley estatal a eximir del pago de impuestos a organismos públicos: pierde 117 millones de euros por IBI que no cobra a entidades oficiales.
Gastos «impropios»
1.307 millones al año
Dice el alcalde que en 2009 el Ayuntamiento gasta 1.307 millones de euros en pagar servicios para los que no tiene competencias: «Gastos impropios» en cultura, sanidad, seguridad, turismo, vivienda y otros. «Un 25% del presupuesto no tiene cobertura financiera», dijo, y añadió: «El Gobierno de la Nación no puede seguir cerrando los ojos ante esa realidad».
Bonificaciones
A comercios y empresas
Las empresas que facturen más de un millón de euros en 2009 y tengan pérdidas podrán recibir bonificaciones de hasta el 25% en el pago del IAE. También se verán afectados por una nueva ayuda 2.700 comercios de Madrid, que tributarán en el IBI de nuevo en el tipo general -0,5%- y no en el incrementado para inmuebles no residenciales.
La deuda
Un año sin amortizar
Durante 2009, el Ayuntamiento no amortizará nada de la deuda pendiente. Se limitará a pagar los intereses y refinanciar la deuda que vence, que son 218 millones de euros en 2009. Los intereses a abonar son 175 millones: un 3,4% al año. La deuda por habitante en Madrid capital es de 2.032 euros; en la Administración central, es de 6.442 euros.
La Comunidad crea un espacio alrededor que permite cazar y pescar
Mordisco al futuro Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. El Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) proyectado por la Comunidad de Madrid le reserva 19.778 hectáreas, que deben completarse con la vertiente castellanoleonesa. La primera versión llegaba a 34.000, un 41% más.
La razón que da el Gobierno regional es la creación de un espacio donde se permitan la explotación forestal, la caza, la pesca y el montañismo libre, actividades prohibidas por la Ley de Parques Nacionales y que la Comunidad quiso incluir en las 34.000 hectáreas del primer PORN, de 2006. "Los usos tradicionales han preservado los paisajes", justificó ayer la presidenta Esperanza Aguirre.
Las 47.000 hectáreas, situadas alrededor de la zona de máxima protección de alta montaña, también contemplan el desarrollo urbanístico "en dos alturas y arquitectura tradicional", según la Consejería de Medio Ambiente. Este departamento indica que las hectáreas "podrían declararse Parque Regional". Además, en el corazón de la zona más protegida, el documento abre tres áreas "especiales" para que las estaciones de esquí de Navacerrada, Valdesquí y Bola del Mundo continúen su actividad.
Desarrollos urbanísticos
El PORN afecta a 101.000 hectáreas que albergan 1.500 variedades de flora y 1.280 de fauna. "El problema no está en las cumbres, ya protegidas, sino en la baja sierra", apunta Mª Ángeles Nieto, de Ecologistas en Acción. El plan las declara Zonas de Transición, donde municipios como San Lorenzo de El Escorial o Cercedilla podrán impulsar sus planes urbanísticos (ahora parados).
"Siempre será bajo control, según el crecimiento de población, con el cálculo de 2,5 personas por vivienda y previa declaración de impacto territorial", explicaron en Medio Ambiente. Para Nieto eso "ahogará las cumbres y condena la biodiversidad". Propone que lo que no sea parque nacional se convierta en parque regional con crecimiento controlado y que se compense con dotaciones públicas a los municipios.
EL APUNTE
La mayor colonia de buitres negros
El Pinar de los Belgas (Rascafría) es la mayor colonia de buitres negros de la Comunidad. Este ave es una especie declarada en peligro de extinción. Su hábitat no se ubicará en la Zona de Máxima Protección, embrión del parque nacional. Sus nidos se quedan en el área que la rodea. "Pero será de protección total para la fauna" alegan en Medio Ambiente.
Cincuenta vecinos de San Blas y Canillejas se manifestaron hoy por las calles del barrio para acabar protestando ante las puertas de la Junta del Distrito y solicitar a los concejales suelo para la construcción de viviendas en régimen de cooperativas.
El portavoz de la Asociación Vecinal por la Vivienda Digna de San Blas-Canillejas, Rubén Sánchez, explicó a Europa Press que el distrito cuenta con una elevada población joven y en edad de emancipación, "que ve imposible acceder a una vivienda libre en el mercado por los elevados precios, mientras hay terreno público suficiente y sin uso actual para poder construir sus casas".
Concretamente, citó los terrenos que ocupa el abandonado cuartel de San Cristóbal, en San Blas, con casi 100.000 metros cuadrados, "un edificio sin uso y donde se aprobó en 1997 la construcción de viviendas protegidas en 60.000 metros cuadrados de uso residencial, en un plan que todavía no ha sido ejecutado".
"La cesión de suelo permitiría sacar adelante cientos de proyectos de cooperativas reales de vivienda, lo que generaría entre otras cosas actividad de construcción y, por lo tanto, empleo. Con su reticencia a la cesión de suelos, las diferentes administraciones demuestran que su preocupación real no es el empleo en el sector, sino sus propios ingresos y los márgenes de beneficio de los promotores", afirmaron los manifestantes.
Además, Sánchez criticó que el Ministerio de Vivienda anuncie la compra de suelo de promotoras para hacer vivienda protegida, ya que "existen millones de metros de terrenos ya públicos donde puede construirse VPO". "Esta compra no tiene ningún beneficio para los ciudadanos, y tan sólo es una ayuda descarada a promotoras con cargo a los fondos públicos", indicó.
Bajo los lemas 'Sobran terrenos, faltan viviendas', 'Vivienda pública en los terrenos del cuartel', 'Cesión del suelo para la construcción de cooperativas', el medio de centenar de manifestantes esperarán en la avenida de Arcentales a la salida de los concejales del distrito, tras no poder entrar al Pleno con las pancartas.
para pedir a Aguirre que legalice sus casas porque "no están de gorra"
Unos 60 vecinos de la Cañada Real Galiana se concentraron este mediodía en la Puerta del Sol para solicitar a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que legalice sus casas, combata la delincuencia en la zona y no les trate como un asentamiento chabolista marginal porque aseguran que "no están de gorra y llevan muchos años pagando impuestos y contribución".
Los manifestantes, la mayoría de los sectores 3, 4 y 5 del asentamiento ilegal de la vía pecuaria, acompañados de su abogado, Roberto Alonso --especializado en los desalojos del poblado chabolista del Salobral-- solicitaron reunirse esta mañana con Aguirre, pero finalmente sólo pudieron rellenar una instancia para pedirle audiencia.
"Es importante que la gente sepa que no estamos de gorra en nuestras viviendas. Llevamos muchos años, tres décadas en mi caso, pagando la contribución por el suelo para que luego no vale para nada si vienen a tirarnos nuestras casas", señaló a Europa Press Lidia, la presidente de la Asociación de Vecinos del Sector 4.
En este sentido, destacó que las Administraciones permitieron en los años 70 y 80 a un número de personas plantar sus huertos en la vía pecuaria aunque reconoce que luego algunos "edificaron un poco más. "¿Por qué no nos impidieron entonces construir y es ahora cuando molestamos?", se preguntó Lidia, que lo achacó a intereses urbanísticos cercanos.
Los concentrados señalaron que varios ayuntamientos de los que depende territorialmente la Cañada Real conocen el problema de delincuencia en la zona "localizado y controlado en un parte en concreta que conocen, pero que no quieren atajar para desprestigiar a todos los residentes". "No sólo no se ha hecho nada, sino a los únicos que no están acribillando son a estos asentamientos", señaló la presidenta del sector 4.
Asimismo, los manifestantes leyeron un manifiesto, que entregaron a los viandantes en la Puerta del Sol, en el que afirman que las administraciones les están dejando "en la calle como perros, e incluso peor, porque a otros los meten en una protectora", mientras que a ellos "les dan una patada en el culo" y les dejan "en la ruina".
"Nosotros pagamos teléfono, la contribución, la letra de nuestros coches y los ladrillos, que no salen de los árboles. ¿Qué pensaría usted si le tiran la casa cualquier día sin avisar, con todos sus enseres dentro?", rezaba el documento que entregaban los concentrados a los viandantes, a los que también animaban a visitar sus viviendas.
Por último, criticaron a los que intentan culparles de las recientes inundaciones de Coslada y San Fernando de Henares, que atribuyeron a los nuevos desarrollos urbanísticos de Los Ahijones y Los Berrocales, "que han cambiado el transcurso natural del agua, anegando también las viviendas de la Cañada Real".
Las 800 familias que habitan en infraviviendas serán realojadas antes de 2011
El 10 de enero de 1986, las tres administraciones (local, autónoma y central) crearon el Consorcio para el Realojamiento de Población Marginal en la región. La intención era acabar con 2.500 chabolas levantadas en poblados de creativos nombres como El Cerro de la Mica, Los Focos, Pies Negros o Camino de las Pajarillas y alojar a sus habitantes en pisos de ladrillo. El objetivo se consiguió 12 años más tarde, pero las chabolas siguieron creciendo; algunas, en nuevos poblados como el Salobral y otras, junto a los edificios donde se había realojado a las familias. Era imposible acabar con los guetos.
La guerra declarada por el Ayuntamiento y la Comunidad contra el chabolismo en Madrid empieza en aquella fecha de 1986 y culmina con la firma del convenio, ayer. La meta es más ambiciosa: acabar con el chabolismo en la capital antes de 2011. La operación pretende desmantelar cuatro poblados chabolistas (El Cañaveral, en el distrito de Vicálvaro; Mimbreras II, en Latina; Santa Catalina, en Puente de Vallecas, y el Ventorro de la Puñalá, en Villaverde) y realojar en pisos a 499 familias. El coste total, financiado a medias por ambas administraciones, es de 109,8 millones de euros, a 220.000 euros la familia. Otros dos poblados, Los Trigales (en el distrito de Puente de Vallecas) y Puerta de Hierro (en Moncloa-Aravaca) seguirán la misma suerte. En total, habrá 837 infraviviendas menos. Pese a que la nota de prensa del Ayuntamiento se titulaba Adiós a las chabolas en Madrid, la infravivienda no acabará en esa fecha de 2011. La Cañada Real, el mayor poblado de todos, con 40.000 viviendas, no está incluida en los planes.
La noticia de los nuevos realojos sentó bien ayer por la mañana en poblados como El Cañaveral, con 118 infraviviendas, y Mimbreras II (121), dos barrios que paradójicamente fueron construidos por el Gobierno regional hace más de 12 años para dar cobijo a los chabolistas.
El patriarca de las Mimbreras II, el tío Curro, la define como "una buena cosa que todas las personas humanas tienen que querer por la fuerza". "Tener un piso donde estar caliente, sin la humedad y las ratas, con tus habitaciones para que la familia esté a gusto y los niños vayan al colegio... Eso está muy bien, ¿no?", decía. "Pues no", le contesta en otra calle, apoyado en el capó de un coche, un joven del poblado. "Yo no quiero moverme. Me he criado aquí y no pienso dejar mi tierra. Si viene la policía los recibiremos otra vez enmascarados y a pedradas", dice el chaval sobre una calle de fango.
La caída del precio de la chatarra, de 30 céntimos a seis en unos pocos meses, deja dudas a quienes tendrán que pagar el alquiler de los nuevos pisos. "Con eso ni siquiera se paga el gasoil que se gasta en ir a buscarla. Es por la crisis", dice Jesús Vázquez, de 24 años. "Estoy apuntado al INEM. He tenido un trabajo de guarda de seguridad, pero ahora ya no hay nada, y en muchos sitios no me contratan porque soy gitano", asegura.
En el Cañaveral, el suelo es un amasijo de asfalto, azulejos y cristales rotos. Las chozas se apoyan unas en otras. Los muros de ladrillo se solapan con paredes metálicas y techos de plástico ondulado de color verde botella. Ruina tras ruina, se suceden más de un centenar de hogares.
Las familias combaten el frío con candelas de leña. Doña Juana, falda larga y pendientes de oro, guisa a fuego lento en su choza. No recuerda cuántos años tiene, pero sí que lleva 22 de ellos en el poblado. "Mi casa está mejor que una chabola, tengo muros y se pasa menos frío. Pero entra agua. Y ratas. Y bichos. De noche no podemos dormir de las cucarachas".
Los niños del poblado juegan con lo primero que encuentran. Algunos van al colegio. "Aprenden a dibujar, los números... Algún día pueden llegar a ser médico o lo que quieran", dicen las madres más jóvenes. Los hijos de las chabolas duermen tiritando bajo tres mantas, abrigados y con gorro, porque en muchos chamizos no hay lumbre. José Jiménez, de 29 años, también lleva décadas en el poblado. A los 16 descubrió que tenía enfermedad de Crohn, y desde entonces las idas y venidas al hospital no han cesado. Problemas de bazo, de hígado, de circulación... Hace dos meses tuvo que pasar uno ingresado en el Gregorio Marañón. Cuando regresó ya no tenía casa. "Vienen sin un papel, sin nada, y te tiran la casa, con todo dentro", cuentan sus vecinos. "Es la segunda vez en un año que derriban la mía", cuenta José, que ayer estaba acabando de levantar su choza de nuevo. No tenía nada. Una habitación vacía con una estufa eléctrica. Se dispone a pasar la noche allí, con su mujer y sus dos hijas de ocho y tres años. "Dormiremos juntos para pasar el frío. Se pasa tanto como durmiendo en la calle".
Éstas son las caras de quienes recibirán los pisos de realojo. Para acceder a las viviendas, las familias deben cumplir varios requisitos. Los fundamentales son residir y estar empadronado en el barrio antes de 2004, ser mayor de edad -no tendrán derecho los menores de 25 años que no constituyan una unidad familiar con menores a su cargo-, tener unos ingresos inferiores a 25.000 euros al año y no tener bienes inmuebles ni haber sido adjudicatario de una VPO, así como tampoco ser titular de un contrato de arrendamiento.
El suelo de estos poblados quedará en manos del Ayuntamiento, que lo destinará a distintos fines. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, señaló ayer con ejemplos de otros poblados ya desalojados el camino que seguirán los terrenos incluidos ayer en el convenio. En Plata y Castañar, por ejemplo, se construirá "un barrio sostenible y energéticamente autosuficiente", aseguró Gallardón. El suelo de El Salobral y Mimbreras I se destinará a actividad industrial; la eliminación de Trigales contribuirá a la ampliación de Mercamadrid y la desaparición de Pitis ha permitido la construcción de nuevas infraestructuras de comunicación. La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, aportó otros ejemplos: "En el terreno que en tiempos ocupaba La Celsa hay ahora un instituto, y en el que se encontraba La Rosilla, uno de los conocidos como supermercados de la droga, es hoy en día parte del Ensanche de Vallecas".
En algunos de esos poblados, concretamente en El Salobral y en los Trigales, pendientes de ser reutilizados, aún resisten algunas familias. Varias resoluciones judiciales han conseguido parar por ahora las demoliciones de Urbanismo. Carmen Gázquez nació en Los Trigales hace 43 años. La mujer paga la luz, el agua y los impuestos de su casa. Un día se presentaron los policías y le dijeron que le iban a derribar la casa. También le dijeron que no la iban a realojar. Lo mismo le ocurre a su hermana Natividad y a otra familia en El Salobral. ¿Qué es lo que tienen en común estas familias? Que todas han recurrido a los tribunales para parar las excavadoras. Y una cosa más. Todas tienen como abogado a Roberto Alonso Martín, un joven letrado especializado en este tipo de conflictos y que ahora se hará cargo de algunas familias de la Cañada Real.
El 'conseller' anuncia que la Generalitat comprará 500 pisos de aquí a final de año para venderlos más baratos, en calidad de protegidos
El conseller de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat, Francesc Baltasar, ha explicado que "en menos de un año" los precios de los pisos han bajado "en torno a un 10%" en Catalunya y ha dicho que "es posible" que se produzca un abaratamiento de hasta un 20% en el 2009, debido a la crisis económica y al parón del mercado inmobiliario.
En una entrevista con TV-3, ha explicado que el abaratamiento dependerá de muchos factores, de si es obra nueva o de segunda mano, de la ubicación y de los años de la finca. Actualmente, ha señalado, "en muchos casos" los precios incluyen una plaza de aparcamiento u obras del edificio, de manera que "se produce una rebaja, aunque formalmente no se le llame así".
Posteriormente, tras reunirse Baltasar con con agentes sociales y económicos firmantes del pacto por la vivienda, en una rueda de prensa, el conseller ha limitado hoy la compra de viviendas por parte de la Generalitat, que anunció ayer, a la adquisición de 500 pisos de aquí a final de año a título de prueba para ver si posteriormente esta medida tiene continuidad.
Sobre la cuantía que la Generalitat destinará a comprar estas viviendas, a cargo del Incasol, será de "un total de 75 millones de euros", en palabras de Baltasar. Esto supondría que la Generalitat abonaría 150.000 euros por vivienda de precio medio en Catalunya, si bien Baltasar ha advertido que "solo se comprará vivienda en los lugares en los que haya una fuerte demanda de vivienda social".
Descuentos de hasta el 50%
Esto supondría, según ha reconocido la secretaria de Habitatge, Carme Trilla, que los promotores tendrían que vender a la Generalitat con descuentos cercanos al 50%. La propia Trilla ha reconocido que será muy difícil cerrar operaciones de este estilo en el área metropolitana, "pero sí en otras zonas de Catalunya".
El presidente de la asociación de promotores APCE, Enric Reyna, a la salida de la reunión, ha rechazado la posibilidad de que los promotores vayan a vender a la Generalitat pisos a estos precios en el área metropolitana de Barcelona.
Esto no ha desanimado a Baltasar, que en la rueda de prensa ha asegurado que quiere "pensar que nada es imposible", y ha advertido a los promotores de que a lo mejor no están "todavía en lo más grave de la crisis", para añadir que "estas viviendas libres, si no pasan a otras fórmulas, tendrán muchas dificultades de salida".
Califica de "éxito" el Pacto Nacional de la Vivienda
Pese a que con la crisis la banca ha restringido radicalmente la financiación, con personas a las que se les adjudican viviendas de VPO y han de renunciar por falta de crédito, Baltasar ha calificado el Pacto Nacional de la Vivienda, que cumple un año, de "éxito".
En relación al anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de inyectar liquidez a bancos y cajas para facilitar los préstamos hipotecarios, Baltasar ha dicho que esta medida "dará seguridad y confianza interna", pero ha considerado "dramático" que no haya una posición conjunta y una única estratégica a nivel europeo. "Tenemos que batallar y exigir que haya una única dirección", ha asegurado.
Es un presunto caso de corrupción pero en esta ocasión grabado con todos los detalles. Una cámara oculta graba una comida en la que dos empresarios entregan un sobre con 5.000 euros al teniente de alcalde de San Fulgencio, una localidad de Alicante. Es el primer pago de una cantidad que puede llegar a los 240.000 euros a cambio de favorecer un plan urbanístico.
"No regalo mi trabajo porque mi trabajo es mi tiempo y si mi tiempo lo quito de hacer lo que me gusta, que es atender a mi pareja y a mi barco de pesca y mi vela y viajar por ahí y mis perros, lo siento mucho, pero eso hay que pagarlo", les dice Barrera a los empresarios.
El trato del concejal con sus interlocutores se cerró en una comida que el concejal del municipio de la Vega Baja mantuvo con dos presuntos intermediarios de una empresa catalana. El último de estos supuestos mediadores fue el encargado de entregar el sobre con el dinero al edil. Además, le aseguró que se trataba del primero de una serie de pagos que le harían todos los meses hasta llegar a los 240.000 euros. “Estos cinco mil euros es de la asignación que me han dado para el tema este, para que tú los tengas mensualmente, porque ¿eres un hombre de nosotros o no eres un hombre de nosotros?”, le dicen a Manuel Manuel Barrera, Teniente Alcalde de San Fulgencio.
A cambio del dinero el edil tenía que favorecer un proyecto urbanístico en la zona de construcción de 4.000 viviendas, un campo de golf en las zonas verdes, hoteles, casino y hasta un puerto fluvial. La zona conocida en San Fulgencio como La Cantera de cuyo desarrollo urbanístico se habla está localizada junto a dos yacimientos arqueológicos y cerca de otro lugar declarado Zona de Especial Protección de Aves por la Conselleria de Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. Eso sí, el concejal advierte a sus 'compradores': "Tan pronto alguien no sea discreto esto se va a la mierda, así de claro. No , no se va a la mierda.
Las nuevas normas legales para fomentar la VPO plantean si las medidas benefician al promotor o al comprador
Un debate animado con algún que otro sonrojo de cara el que confrontaba a la oferta (promotores) y la demanda (ciudadanos), a los técnicos urbanísticos y a los políticos responsables de temas de vivienda en el Club Diario Levante.
¿Se puede considerar que una vivienda protegida cueste 165.000 euros con un salario que no llega a mil euros y una hipoteca de 850 al mes? ¿Es sostenible una ganancia para el promotor del 500%? ¿A quién favorece que también haya subido el precio de la vivienda protegida un 20% en esta Comunidad? ¿Es que la gente ha perdido poder adquisitivo o capacidad para endeudarse? ¿Qué tienen que ver los PAIs con el elevado precio del suelo y, por tanto, de la vivienda? ¿Cómo es posible que en Tibi, la vivienda protegida cueste más que la libre? ¿Qué va a pasar con el stock de un millón de viviendas nuevas vacías?
Son algunas de las preguntas de un debate osado y concurrido, organizado por el Club y la firma de abogados Cuatrecases como el primero de una serie de Tertulias sobre Urbanismo, Territorio y Vivienda. En este caso, el tema del día era la vivienda protegida en la Comunidad Valenciana, confrontado en dos direcciones: entre el derecho constitucional a la vivienda y la promoción inmobiliaria en crisis.
Bernabé Bueno, arquitecto urbanista y ex director general de Vivienda de la Generalitat Valenciana; Verónica Marcos, portavoz de Vivienda del Grupo Parlamentario Popular; José María Ángel, alcalde de L´Eliana y miembro de la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE; Valentín Mateos, ingeniero de caminos y portavoz de la Plataforma por una Vivienda Digna y Lluís Lluch, director general de Luz Bulevar eran los ponentes. Todos ellos moderados por el socio de Cuatrecasas y ex magistrado del TSJ de la Comunidad Valenciana, Mariano Ayuso.
¿Urbanismo de función pública?
El portavoz de la Plataforma por una Vivienda Digna, Valentín Mateos, lanzaba más preguntas. Las novedades legales en materia de vivienda protegida, ¿a quién benefician? ¿a los que no podían antes, y ahora tampoco, acceder a una vivienda o a mantener el negocio de los promotores en estos tiempos de crisis?
¿Es el urbanismo entendido como función pública o la promoción de las VPO como forma de proteger el derecho a la especulación? O dicho de otro modo, ¿no se está especulando con el derecho recogido en la Constitución a tener una vivienda digna?
Casi todo preguntas y alguna que otra propaganda política. Entre otras cosas porque, según Mateos, «con las novedades legislativas, el precio de la vpo en Valencia asciende un 20%. Es decir, 1.819 euros el metro cuadrado».
Entonces surge la duda. ¿Es la vpo vivienda protegida o es vivienda menos cara pero igualmente menos accesible? Al fin y al cabo, según datos de Mateo, «en las adjudicaciones de vpo en Algemesí y Alaquàs, por poner dos ejemplos, casi el 70% de los adjudicatarios renunciaron a ellas». Entre sus propuestas, paralizar la subida de los módulos de VPO y prohibir que puedan acceder a ellas las rentas altas.
Y más preguntas de los ciudadanos: ¿qué implicación tienen los bancos y las cajas para favorecer que el ciudadano pueda seguir endeudándose? ¿Qué posibilidades reales ofrece el Ivvsa para el acceso a la vivienda? O a preguntas de los pequeños promotores: ¿Cuándo llegará el dinero que financie la promoción de las vpo?
Por no olvidar la escama que se dirigió a los promotores en general: «¿Saben lo que es la sostenibilidad? Su problema es la falta de ética a la hora de ganar dinero. Ahora ya no pueden tener tanto beneficio». Y otra constatación: «el problema es que mientras no se controle el precio del suelo será imposible acceder a la vivienda». Sin dejar de mencionar otra cosa de sentido común:« ¿Porqué se dan ayudas para pagar precios injustos? Es algo irracional convertido en natural». Todo esto, comentarios lanzados desde el público a unos tertulianos, también dispares entre sí.
Liberalizar la gestión del suelo
Porque Lluch, por su parte, reclamaba el fin del monopolio de la Administración en la gestión del suelo público. «Eso genera escasez y corrupción» afirmaba llamando a la libre competencia y criticando a los técnicos por la ralentización de los trámites en gestión de suelo y concesión de licencias. Lluch pedía la derogación del corpus urbanístico valenciano, la LUV en concreto, fomentar la competencia entre ayuntamientos, eliminar los monopolios de Iberdrola y Aguas y acabar con la inseguridad jurídica «porque el dinero huye de la promoción y no va a volver y ahora los suelos pasan a ser propiedad de los bancos».
Mientras, el ex director general de vivienda, Bernabé Bueno, apostaba por la intervención pública y defendía la fórmula del alquiler con derecho a compra, la de la vivienda concertada, la rehabilitación o la reforma de la ley de arrendamientos urbanos. «Libertad (ligada a la movilidad de las personas), solidaridad y eficacia eran sus recetas» además de reclamar que en el pacto entre administraciones, «también entren los bancos». El próximo debate, el 25 de noviembre.
«Nos critican como si Camps hubiera hecho un urbanismo desmesurado»
La palabra en manos de los políticos se acopla como un guante fino de seda. El ejemplo lo daba Verónica Marcos, portavoz de Vivienda en las Cortes del Grupo Parlamentario Popular, al pedir responsabilidad a los partidos políticos «que se dedican a realizar críticas furibundas al gobierno de Camps en materia de urbanismo. Intentan desgastarnos como si hubiéramos hecho una política de urbanismo desmesurado», afirmaba. Y no contenta con eso, señalaba a los ayuntamientos, en concreto el de Canet, donde gobierna la izquierda, para que «miren su gestión». Los avales de Marcos eran la propuesta de Camps de proteger hasta un 40% del territorio valenciano y el hecho de que «en esta comunidad hay menos campos de golf que en Cataluña y Andalucía» y también, «que somos los primeros en cumplir la política de Zapatero en materia de vivienda», al que, por cierto, instaba a aplicar las deduccciones fiscales que el PP aplica en esta comunidad.
El socialista José M. Ángel le espetó un «Verónica es joven. No se acuerda de que el PP gobierna esta Comunidad desde el 95» y puso de ejemplo el lema que ha llevado a l´Eliana a tener bandera verde: «crecer en exceso es decrecer en servicios».
El PSPV suspende de militancia a su alcalde en La Vega Baja
Los alcaldes de Zarra, una población de 400 habitantes en el Valle de Ayora-Cofrentes, y de Bigastro, un ayuntamiento de 7.000 vecinos en la comarca de la Vega Baja, fueron detenidos ayer por agentes de la Guardia Civil, imputados por supuestos delitos urbanísticos.
En Bigastro fue detenido el alcalde, el socialista José Joaquín Moya, que gobierna el municipio desde 1979. Junto a él fueron arrestados el secretario municipal, Antonio Saseta, y dos empresarios de la comarca, los constructores Manuel Nortes y José Pérez Moya. La detención y el registro de las oficinas municipales se produjo por orden del juzgado número 3 de Orihuela, que recientemente ordenó la detención de un edil y del jefe de la Policía Local por un caso de soborno relacionado con el urbanismo en San Fulgencio.
Al alcalde de Bigastro, que ayer fue suspendido fulminantemente de militancia en el PSPV-PSOE, se le imputan irregularidades en el uso de suelo municipal. Moya está, denunciado hasta por seis asuntos diferentes por el PP local, aunque el más importante se refiere a un plan especial denominado La Pedrera, que le permitió subastar terreno municipal rústico para levantar un apartahotel, 200 viviendas y un campo de golf sin autorización de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo. Moya también está denunciado por autorizar la construcción de naves industriales en zona verde.
El alcalde de Zarra, el independiente Juan José Rubio, y su hijo, fueron detenidos por orden del juzgado número 2 de Requena acusados de cometer delitos de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio. Según la investigación, el alcalde concedió licencias a la empresa Telyzan, que dirige su propio hijo, sobre parcelas en terreno no urbanizable.
Juan José Rubio, que fue expulsado del PSPV-PSOE hace dos años tras ser imputado por otra irregularidad urbanística, logró revalidar la alcaldía como independiente en las últimas elecciones municipales.
La investigación pretende destapar la trama de la que se han servido padre e hijo, con la connivencia de otros siete ediles y tres inmobiliarias, para conceder licencias de construcción de 73 chalés ilegales en terreno rústico, sin recalificar, fuera del planeamiento, y vendidos en su mayoría a ciudadanos de origen británico.La detención de los dos alcaldes fue recibida con relativa sorpresa, ya que tanto el alcalde de Bigastro como el de Zarra se hallan inmersos en varios procesos judiciales relacionados con el urbanismo.
José Joaquín Moya fue detenido a las 11.15 de la mañana y tras prestar declaración volvió al Ayuntamiento de Bigastro acompañado por varios agentes de la Guardia Civil para estar presente en el registro. "No sé lo que pasa, se trata de un registro", se limitó a señalar el alcalde antes de iniciarse la? búsqueda, que concluyó casi tres horas después. Junto a él fueron detenidos el secretario municipal y dos empresarios locales. El primero, Manuel Nortes Hernández, es un pequeño constructor con media docena de empleados y hermano de Francisca Nortes, ex concejal socialista en la anterior corporación municipal, donde ocupó la delegación de Urbanismo. El segundo, José Pérez Moya, es también constructor, aunque es conocido en Bigastro por estar vinculado al negocio de los huertos solares.
Las detenciones de estos empresarios hicieron pensar a los concejales del PP en Bigastro que los arrestos están probablemente relacionados con la construcción de un hotel rural propiedad del alcalde, ahora paralizada, o con la adjudicación de unos terrenos para construir un huerto solar.
Al conocer la noticia la dirección del PSPV acordó la suspensión cautelar de militancia del regidor y la apertura de un expediente disciplinario. La secretaria de Organización, Elena Martín, destacó la "celeridad" del PSPV en adoptar medidas que contrapuso con la "pasividad" del PP ante el caso Fabra o el de la alcaldesa de Dénia, Ana Kringe, que se apoyó en un tránsfuga para acceder al poder. Martín acusó al PP de "mirar hacia otro lado amparando a cargos públicos y militantes imputados o condenados".
Después de más de tres horas de registro en el Ayuntamiento de Bigastro, los agentes de la Brigada de Delitos Urbanisticos de la Guardia Civil se llevaron varias bolsas repletas de documentación oficial confiscada. La operación levantó la expectación de los vecinos que se fueron agolpando en la plaza del Ayuntamiento para obtener noticias sobre la implicación del alcalde en un presunto delito urbanístico.
En Zarra, las detenciones tampoco causaron sorpresa, ya que el alcalde y su hijo están imputados en otra operación urbanística que investiga desde 2006 un juzgado de Requena tras la denuncia presentada por una concejal del PP. Fue entonces cuando el PSPV expulsó de sus filas a Rubio, que ahora es alcalde bajo las siglas de una formación independiente. El alcalde compró dos parcelas a través de una empresa municipal para convertirlas en un jardín público. Posteriormente, esos terrenos fueron vendidos por el Ayuntamiento de Zarra a un precio similar al pagado a la empresa del hijo del alcalde. En esta causa, en la que está pendiente la tasación de los terrenos por parte de un perito propuesto por el juzgado, se acusa al alcalde de prevaricación y de uso de información privilegiada. Y además de ellos dos, están imputados el secretario del ayuntamiento, el arquitecto municipal y varios concejales.
Los hechos por los que ayer fue detenido Rubio arrancan en 2003. Fue entonces cuando se empezó la concesión de licencias para la construcción de chalés sobre una superficie en la que, a lo sumo, se pueden construir casetas para aperos agrícola, nunca chalés de dos plantas, algunos con piscina, y todos con jardín. La investigación de la fiscalía ha desvelado que las operaciones de concesión de licencia se han hecho con apariencia de legalidad y que algunos de los propietarios que son vecinos del pueblo sabían de la irregularidad porque compraban a la inmobiliaria una parcela, pero en ella había una casa construida que se pagaba con dinero negro.
No es gratuito que el público objetivo fueran ciudadanos británicos, la mayoría de los cuales han pagado en efectivo sus residencias. Sobre las casas no es posible suscribir, por ejemplo, hipoteca alguna. La fiscalía, que supone que el beneficio obtenido por esta operación ha sido multimillonario para el alcalde y su hijo, ha pedido la paralización cautelar de las construcciones aún en proceso.
La dirección autonómica del PP, por boca de Ricardo Costa y David Serra, exigió ayer explicaciones al secretario general del PSPV, Jorge Alarte, por la actuación de los socialistas en Bigastro y en San Fulgencio.
No es la primera vez que los supuestos periodistas de Intereconomía, grupo de comunicación vinculado al PP, irrumpen en un escenario dominado por Carlos Fabra para defender al presidente de la Diputación de Castellón, imputado desde hace años en numerosos delitos.
El 12 de septiembre, cuatro individuos (embozados con gorras y grandes gafas de sol) con cámaras y micrófonos de Intereconomía asistieron a un pleno de la Diputación de Castellón. En ese foro, Carlos Fabra se ha negado reiteradamente a aclarar la procedencia de los ingresos millonarios en sus cuentas. Al finalizar la sesión, Intereconomía trató de boicotear el acceso de otros periodistas a Fabra. Entre empujones y codazos, el presidente del PP de Castellón salió del salón de plenos, sin atender a los medios de comunicación, rodeado por sus propios diputados, ante la imposibilidad de que sus escoltas llegaran al punto en el que se encontraba.
Guardaespaldas
Entre los miembros del equipo enviado por Intereconomía se encontraba José Antonio Expósito, el guardaespaldas que se ocupó de proteger a los tránsfugas socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez tras impedir el acceso del PSOE al Gobierno de la Comunidad de Madrid. Posteriormente, Expósito fue fichado por Intereconomía.
José Luis Vera, magistrado de la Audiencia de Valencia hasta 2003, forma parte del despacho de abogados que, como letrados, representan a la Unión de Consumidores de la Comunidad Valenciana en el caso Fabra, en el que actúa como acusación popular. Vera ha acudido en varias ocasiones al Juzgado número 1 de Nules, donde se instruye el caso por el que se investiga al líder del PP de Castellón ante la posible comisión de varios presuntos delitos contra la Administración pública y un supuesto fraude fiscal. Además, Vera ha intervenido hablando sobre el asunto en varios reportajes televisivos.
Por otra parte, el PP de Castellón dio a conocer ayer que el único candidato a la presidencia provincial del partido es Carlos Fabra, al que la secretaria popular, Marisol Linares, calificó de "líder indiscutible de toda la provincia".
Ante la próxima celebración del congreso, el 12 de diciembre, Linares habló de Fabra como la "única persona capaz de aglutinar a toda la provincia entorno suyo".
Los adjudicatarios de las 83 Viviendas de Protección Oficial (VPO) de San Antonio de Benagéber han convocado una manifestación para el próximo domingo 9 de noviembre en la Plaza del Ayuntamiento para protestar por "el problema que han creado" el equipo de gobierno del PP y los constructores "con las VPO y su baile de calificaciones". Tal como informó Levante-EMV, el ayuntamiento firmó un convenio con la promotora de las viviendas en que éstas se calificaron como de protección concertada en vez de general, lo que las hacía más caras de lo que había anunciado el PP a los adjudicatarios.
Los dueños de las viviendas decidieron manifestarse el domingo a las 11.00 horas ante las puertas del consistorio no sólo por el incremento de los precios (Bancaja, promotora de las viviendas, quiere cobrarles 1.673 euros por metro cuadrado, cuando el máximo para una VPO de régimen general es 1.300 euros), sino también por la falta de explicaciones por parte del ayuntamiento.
El propio concejal de Urbanismo, Felipe del Baño, reconoció que el equipo de gobierno había cometido un fallo al firmar un convenio donde las VPO se calificaban como de régimen concertado y por eso negociaba con la promotora para cambiar el régimen. Según los afectados, la última información que han recibido por parte del consistorio es que "aún no sabe nada nuevo".
De una vivienda social. Rodríguez pide convenios entre las administraciones para atender a las familias que no pueden permitirse una VPO
"Todos los días viene alguien a verme pidiéndome una vivienda. Casos desesperados, en las últimas. Gente invisible que no encuentra solución en ninguna parte". En el balance de sus 100 primeros días como Defensor del Onubense, Manuel Rodríguez tiene un mensaje terminante para las administraciones: "En Huelva hay un numerosísimo grupo de personas, mayores de 40 años, con rentas muy bajas, que tienen una situación crítica y no pueden acceder a una VPO, demandando una tipología de vivienda que no se está construyendo en la ciudad y que requiere de otras fórmulas de colaboración entre la Junta y el Ayuntamiento".
Rodríguez, que prepara un informe extraordinario sobre la necesidad de vivienda social en Huelva (estudiando las soluciones que han podido practicar otras ciudades), emplazó ayer al sector público a conveniar actuaciones "que den respuesta a la demanda real de los ciudadanos, que muchos simplemente piden una habitación, tipología que no se está ofreciendo". El Defensor subrayó la conveniencia elaborar un registro de demandantes para ajustar la oferta y, asimismo, ver el parque de vivienda pública disponible en la capital.
Precisamente han sido los conflictos relacionados con la vivienda, el urbanismo y las infraestructuras, los que han centrado el 40% de los casos que han aterrizado en la Oficina del Defensor del Onubense en esta etapa de arranque en la que se han tramitado un total de 70 expedientes. Del 40% que ya cuenta con resolución, la práctica totalidad (más de un 90%) le dan la razón al ciudadano. En estos supuestos, los técnicos del Ayuntamiento están respondiendo a las resoluciones del Defensor en términos favorables, para aplicar la solución demandada: "La mayoría de las veces -explicaba ayer Rodríguez- conseguimos convencer al Ayuntamiento de que lo que se pide es viable y supone un coste económico razonable, algo que se puede resolver con pocos recursos".
Entre los conflictos tratados destaca el acoso inmobiliario (los llamados "asustaviejas"), una situación frecuente de presiones contra los vecinos que viven en régimen de alquiler por parte de los propietarios para que abandonen las viviendas. El Defensor ha remitido un informe a las administraciones reclamando el protocolo previsto para estos casos con la intervención pública. Igualmente se han tramitado muchos casos relativos a los problemas que hay con los expedientes de responsabilidad patrimonial, una odisea administrativa para la que Rodríguez exige un refuerzo de personal en el Ayuntamiento.
Los problemas de barreras arquitectónicas, solares con suciedad y escombros y la dificultad de acceso a la vivienda copan, con todo, el mayor porcentaje de expedientes. Respecto a esta última cuestión, la de las viviendas, el alegato que ayer hizo el Defensor en la memoria de sus 100 primeros días motivó las reacciones de la Ejecutiva Local del PSOE. Al paso salió el portavoz Francisco Baluffo, que instó a Rodríguez a "exigir al PP que construya viviendas sociales en la ciudad de Huelva ya que, de momento, la Junta de Andalucía es la única que ha hecho los deberes en esta materia". El socialista indicó que este gesto de reivindicación al Ayuntamiento "serviría para no dar la razón a que la figura del defensor se creó buscando un hueco para este hombre, un asalariado más del PP", apostilló.
La crisis obliga a muchas familias gaditanas a compartir techo
En el bajo número 30 –32 de Enrique de las Marinas, una infravivienda con humedades y sin baño, residen once personas de una misma familia. El hacinamiento ha obligado a Mónica, una madre con dos hijas pequeñas que está en el paro, ha dormir en el suelo del salón con los consiguientes problemas de salud.
Mónica Recuerdo Silva, una joven madre con dos niñas pequeñas, reside en casa de su suegra desde hace siete meses. Una infravivienda, ubicada en la calle Enrique de las Marinas, 30–32, llena de humedades y que no está dotada de baño. En esta bajo viven once personas, entre abuelos, padres, hijos y nietos; un hacinamiento que obliga a Mónica, de 25 años de edad, ha dormir en el suelo. "Lo único que pido es un techo donde poder dormir dignamente con mis hijas, pues no tenemos donde ir", advierte esta joven que después de recorrer la ciudad en busca de una solución (ha visitado la oficina de Rehabilitación de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento y la delegación municipal de Asunto Sociales en la calle Zaragoza) está recogiendo firmas en favor de su causa. Nuria, su hija de dos años, presenta un problema de salud denominado "Asma de lactante" y ya ha sufrido 13 bronquitis.
Mónica trabajó como camarera y limpiando casos, pero un inoportuno accidente en autobús la dejó con un collarín y en el paro. Ahora los dolores de espalda se han incrementado desde que duerme en el suelo. "Tengo unos dolores terribles. Lo único que pido es un trabajo y un techo", reitera al tiempo que su suegra, María Carmen Chulían confiesa que por muy difícil que se pongan las cosas nunca las dejará en la calle, ni a ellas ni a su hijo.
El techo de la cocina cuenta con diversas grietas y humedades, al igual que el pequeño retrete que no cuenta con ducha ni lavabo.
Expertos y colectivos reclaman un mayor estudio de los pisos sin ocupar.El 3,5% de los inmuebles de Málaga está en esa situación
Puede ser una causa o una consecuencia, pero la existencia de inmuebles vacíos está relacionada con las dificultades para acceder a la vivienda. El informe más reciente que aporta datos de Málaga, el de la Fundación de Cajas de Ahorros de España (Funcas), señala que el 3,5% de las casas de la capital y el área metropolitana no están habitadas.
Extendiendo esa proporción al casi millón de inmuebles residenciales de la provincia en 2007, según el Ministerio de Vivienda, el número de casas vacías ronda las 35.000. Para los movimientos sociales (Plataforma por la Vivienda Digna) y los expertos que denuncian las dificultades para tener una vivienda, el fenómeno de las casas vacías es tan importante como complejo y poco estudiado.
Las claves
Se frena el alquiler: Uno de los factores por los que los arrendamientos no terminan de despegar es la existencia de propietarios de múltiples pisos que los mantienen sin ocupar a la espera de que algún comprador esté dispuesto a pagarlos. «He estudiado el asunto y calculo que pueden existir más de 50.000 viviendas vacías en la capital», asegura el profesor de Geografía de la Universidad de Málaga Alfredo Rubio. «Una parte de ellas corresponde a segundas residencias que sólo se ocupan en verano, pero que podrían servir para que los estudiantes las alquilasen, así sí bajaría el precio de los arrendamientos».
Pocos datos: La única fuente oficial es el censo que elabora el InstitutoNacional de Estadística (INE), pero se hace cada diez años. El último es de 2001: 96.600 casas vacías en la provincia. «Pero habría que revisar el método del INE para que las ocupadas por inmigrantes sin papeles también sean contabilizados. Si les visita un encuestador, ellos no abren por miedo», indica el profesor Rubio. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio carece de estudios o datos más actualizados. El informe de Funcas es el más reciente, del año 2005.
Málaga, prioridad de la Junta para comprar VPO
El objetivo es bajar los precios y reactivar la construcción. El consejero de Vivienda y Ordenación, Juan Espadas, asegura que Málaga es un objetivo «prioritario» en la oferta de adquisición de suelo para vivienda protegida, en el caso de que las empresas privadas no puedan ofrecerlas a precios asequibles para los consumidores.
Espadas recuerda que en las próximas semanas la Junta llevará a cabo una «importante adquisición» de suelo para convertirlo en público. De los 30 municipios andaluces en los que efectuarán estas compras, ocho serán malagueños.
Acuerdos con los propietarios del suelo o la inversión pública posibilitarán que las parcelas se urbanicen «con carácter inmediato», según el consejero.
El recorrido por media docena de entidades bancarias da un resultado similar: una persona sola con un sueldo medio tiene complicado adquirir su primera vivienda
Ya no hay gancho publicitario que valga. En los ventanales de bancos y cajas no cuelgan ahora anuncios que hablan de la casa de tu vida, del mejor préstamo para la vivienda, de los tipos de interés más bajos del mercado. No. Ahora abundan los carteles que anuncian los mejores depósitos, a 3, a 6 o a 12 meses. Y con el interés más alto posible porque hoy los bancos buscan liquidez. Esa es su necesidad. La de muchos clientes, adquirir una casa. ¿Es fácil conseguir una hipoteca? Impossible is nothing (Nada es imposible, en español) dicen los norteamericanos, que vivieron durante años en el alambre por las hipotecas basura que despertaron la crisis internacional.
Una visita a sucursales de Caixa Galicia, Caixanova, Banco Pastor, BBVA, Santander y La Caixa -seis de las principales entidades bancarias que operan en Galicia y que conceden un mayor volumen de préstamos, y que fueron recorridas indistintamente en Ferrol y A Coruña- es un viaje a la frustración. Porque no se escucha un sí rotundo, porque las caras de los operadores se ponen serias y porque salimos con dos ideas claras: o tienes importantes ahorros previos, o una nómina interesante o algún aval. De lo contrario, es cierta esa proclama del movimiento por una vivienda digna, que parecía exagerada: «No vas a tener casa en tu vida».
El recorrido tiene como objetivo conseguir una hipoteca para una vivienda nueva que se vende por 110.000 euros, dos habitaciones. Ninguna de las entidades visitadas conviene en sufragar esa cifra total. «En el mejor de los casos, podríamos llegar al 80% de lo que diga el tasador, es decir, te podríamos dar 88.000 euros». Esta respuesta, con más o menos vueltas, es común en Caixa Galicia, Caixanova, La Caixa y Banco Pastor, que dan por bueno el salario ficticio que se les presenta, 24.000 euros brutos anuales.
En el Santander se presentan ya más pegas por el dinero a financiar y por la nómina del peticionario: «Es una mala época, ya intuyes». En el BBVA sí ofrecen hasta un 100% del valor de la vivienda (siempre la cantidad que diga el tasador) si no se superan los 30 años. Premio. Pero la pega llega a continuación: «¿Tienes padres que puedan avalarlo? Si ellos se ponen como avalistas, quizá se pueda llegar a esa cantidad, son unas buenas condiciones».
Pagos a 35 años
¿De dónde se podría sacar la cantidad restante? Ninguna entidad permite una segunda póliza ni cuentas pendientes (coche, ocio...) con entidades ajenas. Hay que llegar limpio de compromisos.
En cualquiera de los casos a la cantidad financiada habría que sumar compromisos colaterales: nómina, seguros, tarjetas? que permitieran rebajar algo la cantidad mensual de la letra: no baja de los 660 euros, con tipo variable y 35 años para pagar.
Esos avalistas han de comprometer capital y patrimonio para llevar adelante ese proceso. El miedo a la morosidad está detrás. «Si se aportan dos nóminas, sería más fácil, pero con una sola?», dejan caer otros.
¿Qué sucede si el que se presenta es un mileurista? Es el segundo caso consultado. No hay suerte en ningún caso. «La hipoteca supera un tercio de la nómina, y no es posible salvo que se cuente con otra persona detrás», «es muy complicado, aquí al menos no se la podríamos dar», «la cantidad que financiaríamos sería mucho menor? No podemos hacer otra oferta». Las visitas en este caso son breves. Poco hay que hacer. Ni cuentas. No es preciso. Y no parecía imposible.
El Ministerio de Vivienda dará más facilidades a los promotores, dentro del próximo plan cuatrienal 2009-2012, para que puedan vender pisos libres como protegidos. Los representantes ministeriales apoyaron ayer, en la comisión multilateral que está trabajando en el nuevo programa, la propuesta de la Consellería de Vivenda en ese sentido, lo que implicará la supresión del requisito temporal para calificar vivienda libre como protegida. En la actualidad, el plazo exigido es de un año desde la concesión de la licencia de primera ocupación de la casa.
Esta recalificación del régimen de la vivienda, que forma parte del paquete de medidas que el Gobierno gallego comprometió con el sector para tratar de mitigar el impacto de la crisis, permite a los promotores ofrecer más alicientes a los clientes para dar salida a la bolsa de pisos que, en el contexto actual, resultan más difíciles de vender.
Más ventas, menos negocio
Pero el principal atractivo para el comprador de la vivienda representa también el mayor escollo para el promotor, que debe renunciar a un margen importante de negocio para cumplir con la condición de que el precio máximo de venta no supere el que fija la ley en ese municipio para los pisos sujetos a algún régimen de protección. Con todo, ese precio máximo ya ha sido incrementado recientemente entre un 10% y un 13%. Si se trata de una vivienda usada en los municipios de Vigo, A Coruña y Santiago, el coste actual es de 1.576,64 euros por metro cuadrado, que supone un máximo de 126.000 euros para un piso de 80 metros cuadrados.
Otra de las reformas en estudio para su incorporación al plan estatal 2009-2012 es que el pago de la hipoteca por la compra de una vivienda protegida no supere en ningún caso el 30% de los ingresos mensuales de los adjudicatarios. La Consellería de Vivenda ha solicitado que el plan incluya las medidas necesarias para que, tanto las familias como los promotores, reciban la financiación necesaria para pisos de precio tasado. El departamento de Teresa Táboas entiende que los acuerdos que el ministerio suscribió con las entidades financieras con arreglo al plan 2005-2008 no ofrecen garantías suficientes.
Fondos centralizados
En la reunión que la comisión multilateral celebró ayer en Madrid, la directora xeral de Fomento e Calidade da Vivenda, Encarna Otero, volvió a plantear la reclamación gallega de que el ministerio descentralice los recursos del plan estatal para que Galicia pueda administrarlos sin estar a expensas de las directrices estatales. Pero no se ha producido ningún avance.
La petición de la Xunta cuenta con el consenso de los tres grupos parlamentarios, que en el debate sobre política autonómica de la semana pasada acordaron instar al Ejecutivo gallego a que solicite la transferencia directa de los recursos que el Estado asigna a Galicia -304 millones de euros en este cuatrienio- en aras de «acadar unha maior operatividade na execución das políticas de vivenda».
# En la comunidad hay más de 44.000 viviendas sumergidas.
# La media nacional llega al 60% del total.
# El número de fraudes bajó aquí un 9,2% en dos años.
Los alquileres "sumergidos" en Galicia han bajado un 9,2 por ciento en el período 2004-2006, pero aún superan las 40.000 viviendas, según el Estudio de la evolución de los Alquileres Sumergidos en España, que elabora anualmente el colectivo de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha).
Aunque la bajada es notablemente superior a la media del Estado, que redujo este mercado ajeno al control del fisco en un 5,8, los técnicos explican en un comunicado que los 42.350 alquileres opacos a Hacienda siguen representando un 44,7 por ciento del parque total de inmuebles de alquiler en Galicia en 2006.
En este periodo, Galicia registró un total de 42.350 viviendas alquiladas no declararas anualmente a Hacienda, cifra que sitúa a esta comunidad autonómica como la sexta con un mayor número de inmuebles en esta situación, según un informe de Getsha.
Cataluña y Madrid, a la cabeza
El estudio lo encabeza Cataluña, con 299.065 viviendas en 2006, seguida de Madrid (201.392), Andalucía (184.586), Comunidad Valenciana (69.725), Canarias (63.202), Galicia (42.350) o Baleares (33.126). Asimismo, Castilla y León concentró un total de 32.585 viviendas alquiladas no declararas, seguida de Asturias (26.168) y Extremadura (22.417).
Asimismo, el porcentaje de viviendas alquiladas y no declaradas en relación al total alcanzó el 73,5 por ciento en Andalucía, seguida de Extremadura (71,8 por ciento), Canarias (66,5 por ciento), Murcia (64,9 por ciento) y Cataluña (64,7 por ciento).
A continuación se situaron Madrid (60 por ciento), Baleares (58,5 por ciento), Comunidad Valenciana (54,8 por ciento), Asturias (52,7 por ciento), Galicia (44,7 por ciento), Cantabria (44,5 por ciento) y Castilla-La Mancha (42,6 por ciento). A la cola del ránking están Castilla y León (42,5 por ciento), La Rioja (23,1 por ciento) y Aragón (22,7 por ciento).
Caen los casos de fraude
Por otro lado, el fraude estimado de alquileres de viviendas entre cayó entre 2004 y 2006 descendió un 51,9 por ciento en La Rioja, por delante de Castilla-La Mancha (-27,9), Aragón (-26,7), Cantabria (-21,1), Galicia (-12,5), Castilla y León (-12,02), Murcia (-16,5), Extremadura (-6,7), Asturias (-4,6), Comunidad Valenciana (-4,2) y Baleares (-0,4).
Asimismo, el 60 por ciento de los alquileres (más de 1.028.000 arrendamiento en toda España) no se declaran anualmente a Hacienda, porcentaje que, con todo, se ha reducido en seis puntos porcentuales en el último trienio, según la II edición del Estudios sobre Evolución sobre los Alquileres Sumergidos en España, del colectivo de los Técnicos de Hacienda (Gestha).
El informe -elaborado a partir del cruce de los datos relativos al periodo 2004-2006 del Ministerio de Vivienda y la declaración del IRPF- apunta que las rentas derivadas del arrendamiento de vivienda aumentaron un 1,6 por ciento en el trienio analizado, hasta alcanzar los 2.100 millones de euros anuales.
Por otro lado, Gestha destaca que, si bien las medidas adoptadas por el Ejecutivo contribuyeron a dinamizar el mercado del alquiler, con un incremento de 118.045 declarantes en tres años, el 14,8% de las viviendas aún están vacías.
Posibles medidas
Ante este panorama, Gestha aboga por que la Ley de Arrendamientos Urbanos recoja un sistema de garantías para el arrendador y el arrendatario.
Asimismo, el colectivo plantea modificaciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil, de manera que se reduzcan a quince días los cuatro meses de antelación que en la actualidad se necesitan para presentar una demanda de desahucio por impago de rentas, y un incremento del número de juzgados para agilizar estos procesos.
En términos interanuales el precio de la vivienda permanece estancado.
Los alquileres subieron en Galicia un 3,2%, casi un punto por debajo de la media española.
El precio de la vivienda libre cayó en el tercer trimestre de este año en casi todas las comunidades autónomas, salvo en Galicia y Murcia, donde creció 0,3 y el 0,9 por ciento, respectivamente, anunció hoy la directora general de Arquitectura y Política de Vivienda, Anunciación Romero.
Los precios cayeron en el tercer trimestre del año el 1,3 por ciento, lo que supone la segunda caída trimestral consecutiva que sitúa el precio del metro cuadrado en 2.068,7 euros, indicó Romero.
En términos interanuales, el precio de la vivienda permanece estancado, al registrar una ligera subida del 0,4 por ciento entre enero y septiembre en comparación con el mismo periodo del año anterior.
La caída ha sido algo más acusada en el caso de la vivienda usada (más de dos años de antigüedad), que registró un descenso del 0,3 por ciento anual y del 1,7 por ciento trimestral.
Por el contrario, la vivienda nueva (menos de dos años de antigüedad) mantuvo un crecimiento anual del 1,7 por ciento, en tanto que trimestralmente cayó el 0,8 por ciento.
Las comunidades donde el precio de la vivienda libre ha caído en el último año son Aragón (1,6%), Canarias (2,4%), Cantabria (3%), Castilla y León (1,1%), Castilla-La Mancha (3,1%), Madrid (3,7%), Murcia (0,5%) y La Rioja (1,7%).
Por el contrario, los precios siguieron subiendo en Andalucía (1,6%), Asturias (1,1%), Baleares (1,7%), Cataluña (3%), Comunidad Valenciana (1,1%), Extremadura (0,2%), Galicia (3,2%), Navarra (5,1%) y País Vasco (2,3%).
En Ceuta y Melilla la subida interanual fue del 7 por ciento.
En lo que respecta a la vivienda protegida, el precio del metro cuadrado se situó en septiembre en 1.123,4 euros, lo que supone una subida del 6,6 por ciento anual y del 1 por ciento trimestral.
La vivienda libre más cara sigue estando en San Sebastián (4.019,7 euros/m2), Getxo (3.934,9 euros/m2), Madrid (3.813,2 euros/m2) y Barcelona (3.810,7 euros/m2).
Los municipios más baratos son Hellín (938,7 euros/m2), Jumilla (946,2 euros/m2), Tomelloso (1.010,8 euros/m2) y Almendralejo (1.025,5 euros/m2).
La Fiscalía quiere comprobar si se han producido irregularidades y exige al Ministerio de Medio Ambiente información sobre la urbanización aprobada por el Ayuntamiento en el parque del Agra
El fiscal especializado en delitos urbanísticos, Antonio Roma, requerirá al Ministerio de Medio Ambiente que aclare a qué tipo de acuerdo ha llegado con el Ayuntamiento para que parte del terreno que posee en el Agra do Orzán -donde se encuentra la sede del meteorológico- se dedique a suelo urbanizable, de acuerdo al proyecto urbanístico aprobado por el Gobierno municipal.
El Ministerio público abrió una investigación a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Vecinos del Agra do Orzán ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que lo remitió a la Fiscalía Superior de Galicia para que estudie el caso. Fuentes de la investigación indicaron que las pesquisas se centran sobre todo en conocer quiénes son los propietarios de los terrenos donde se construirá y el proceso que se lleva a cabo para cambiar el uso del suelo, más que en el propio planeamiento urbanístico aprobado. En principio, la Fiscalía confía en tomar una decisión en un plazo relativamente corto de tiempo, a menos que se detecten irregularidades y se remita el caso a los juzgados.
El proyecto se aprobó en pleno en junio de 2006, pero la Consellería de Política Territorial tardó casi dos años en dar su visto bueno. El Concello propone que las oficinas del observatorio se reubiquen justo enfrente de la actual sede, en un edificio que se construirá en el perímetro de la urbanización, mientras que las dependencias tecnológicas se trasladen a una zona despejada de inmuebles para no alterar las mediciones que se realizan a diario-entre las ubicaciones que se barajan están Bens y el monte de San Pedro-.
La concejal de Urbanismo, Mar Barcón, admitió en agosto a LA OPINIÓN que todavía estaban en negociaciones con el Gobierno: "El meteorológico es dueño de una parte de los terrenos. A lo largo del proceso de compensación, el Ministerio decidirá si le vale este equipamiento administrativo. Carmen Marón [diputada y portavoz municipal del PSOE] y yo hablamos con la ministra de otras ubicaciones donde soltar el globo. [...] Estamos a la espera de una respuesta", matizó Barcón. La negociación entre Ayuntamiento y Gobierno, que se mantiene en secreto, continúa abierta.
La asociación vecinal del Agra do Orzán inició una campaña contra la urbanización aprobada por el Ejecutivo coruñés al entender que se prima la construcción de edificios frente a los espacios verdes, en uno de los barrios con mayor densidad de población y con menor superficie dedicada a parques y jardines.
El Ayuntamiento, tras las alegaciones presentadas por los residentes, redujo la edificabilidad de 43.700 metros cuadrados a 39.335. Se prevé la construcción de 390 viviendas, de las que el 20% gozará de protección. Este porcentaje es el mínimo que establece la actual legislación gallega del suelo, que se modificará en breve para ampliar los pisos protegidos hasta el 40%. Las zonas verdes ocupan poco más de la tercera con respecto a la superficie destinada a edificaciones: son 14.283 metros cuadrados, lejos de los 25.000 que prometió en 2005 el entonces alcalde, Francisco Vázquez, cuando el actual regidor, Javier Losada, era el responsable municipal del departamento de Urbanismo. También se proyecta construir dos aparcamientos, que se ubicarán en el Camino del Pinar y en un terreno destinado a equipamiento, debajo del edificio del observatorio. En total, serán 787 plazas de estacionamiento, de las que 197 serán públicas.
La futura urbanización del parque del Agra do Orzán ha recibido importantes críticas y escasos apoyos desde que se presentó la maqueta. Cuando el plan se llevó a pleno -en abril y en junio de 2006-, se sacó adelante sólo con los votos del PSOE -en su última etapa de mayoría absoluta-, con la abstención del PP y el voto en contra del BNG, ahora socio de gobierno de los socialistas coruñeses. Tanto el Bloque como el PP aún se entrevistaron a lo largo de este año con la asociación vecinal, que aseguró que cuenta con el apoyo de ambas formaciones políticas. Para el colectivo es necesario que el Concello explique "un proyecto especulativo como éste en terreno público".
Un juez investiga el proyecto a raíz de la denuncia de un vecino
La sección segunda de lo Contencioso Administrativo de A Coruña ha instado al Ayuntamiento a remitirle todo el expediente administrativo del plan urbanístico del parque del Agra, después de que un vecino del barrio, que había presentado alegaciones al proyecto, reclamase poder estudiar el informe para presentar a continuación el pertinente recurso.
El particular que ha llevado ante la Justicia la urbanización del parque del Agra solicita una serie de reivindicaciones comunes en su mayoría al otro centenar de alegaciones que se presentaron en 2006 cuando el Ayuntamiento aprobó el proyecto, es decir, la reducción de la edificabilidad y que se habiliten más zonas verdes. En su caso, el denunciante solicita la eliminación de tres inmuebles de cinco alturas, proyectados en el cruce de las calles Observatorio y Canceliña; y de una torre de doce plantas en Canceliña, al entender que "rompe la estética del barrio": se trata del edificio de mayor tamaño de la futura urbanización junto a las dos torres que se construirán en el solar de las Adoratrices, en la calle Gregorio Hernández.
El Gobierno municipal ya ha comunicado al centenar de vecinos y entidades que presentaron alegaciones que ha remitido el expediente del proyecto al Juzgado.
Alegaciones y movilizaciones
Los residentes del barrio del Agra, impulsados por la asociación vecinal, crearon una plataforma para demandar al Ayuntamiento que se dejen como zonas verdes los terrenos que rodean la sede actual del observatorio, propiedad del Ministerio de Medio Ambiente.
Las reclamaciones de los vecinos no surtieron efecto por la vía administrativa y apostaron por las movilizaciones. En su defensa del proyecto, el alcalde, Javier Losada, llegó a asegurar que los residentes del Agra contrarios a la urbanización representaban a una minoría del barrio.
La asociación vecinal optó finalmente por encaminar sus quejas hacia una tercera vía y presentó una denuncia judicial que ahora estudia el departamento de la Fiscalía Superior de Galicia especializado en delitos urbanísticos.
El Ministerio Público considera que María Jesús Ruiz firmó la declaración de impacto ambiental de la Ciudad del Golf, bloqueada por la Justicia
El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, ha pedido imputar a la vicepresidenta de Castilla y León, María Jesús Ruiz, del PP, por el escándalo de corrupción de la localidad abulense de Las Navas del Marqués (5.500 habitantes). El fiscal considera que Ruiz, que cuando se aprobó la urbanización en el pinar protegido era consejera de Medio Ambiente, le aseguró al alcalde que la urbanización saldría adelante y fue la que firmó la declaración de impacto ambiental. Parte de la Ciudad del Golf estaba prevista en un área crítica para la cigüeña negra, una especie en extinción. Ruiz ha dicho a Efe que está "totalmente tranquila" y que espera demostrar su inocencia.
En su escrito, el fiscal pide que se abra una pieza separada en el Tribunal Superior de Justicia y que le tome declaración como imputada, ya que Ruiz es aforada. Junta a ella hay imputados en la causa el alcalde, Gerardo Pérez, del PP, el ex director de Medio Natural Mariano Torre, el ex presidente de la Diputación, el promotor de la urbanización, Francisco Gómez, alias El Paloma, y otros 14 técnicos que participaron en la aprobación de la urbanización.
La Junta, el Ayuntamiento de Las Navas y la Diputación, todos del PP, crearon en 2000 una sociedad pública para "proteger el monte". Compraron a la empresa Unión Resinera un enorme pinar y recalificaron parte. La empresa pública pactó con un promotor la construcción de 1.600 viviendas, cuatro campos de golf y dos hoteles en Las Navas del Marqués. Antes de iniciar los trámites ambientales pactaron con él que podría construir en unas 200 hectáreas de pinar y talar más de 35.000 pinos.
Investigar si hubo prevaricación
La justicia investiga si ese pacto previo fue un acto de prevaricación, ya que incluso se comprometieron a indemnizar a El Paloma si los técnicos frenaban la urbanización. Pese a que el Tribunal Superior de Castilla y León declaró ilegal la urbanización en 2006, el constructor, Francisco Gómez, comenzó a talar el pinar hasta que la fiscalía de Medio ambiente lo paró.
Ruiz ha insistido en su "plena confianza" en el "buen hacer" de los tribunales. "Estoy absolutamente a disposición de la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León", ha dicho. La vicepresidenta de la Junta de Castilla y León ha subrayado que su actuación en la tramitación de la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de la Ciudad del Golf se ciñó "al procedimento administrativo".
Los demandantes de vivienda social en alquiler inscritos en Etxebide, que en la actualidad ascienden a 8.000 personas con ingresos anuales por debajo de los 22.000 euros, serán el primer colectivo beneficiado por la Ley de Vivienda elaborada por el Departamento vasco de Vivienda, que ha finalizado ya el anteproyecto, ya que, "por ley", tendrán el "derecho subjetivo" de acceder a una vivienda en el plazo de cinco años.
En rueda de prensa, el consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, presentó hoy las líneas generales del anteproyecto que, según dijo, se sustenta en cuatro pilares fundamentales.
En primer lugar, explicó que el anteproyecto recoge la "obligación" de las administraciones públicas vascas de producción de un parque de vivienda protegida en alquiler suficiente "para dar satisfacción al derecho ciudadano a una vivienda digna en alquiler". Concretamente, precisó que se establece el compromiso real de garantizar por ley la construcción de 35.000 viviendas en alquiler en un plazo máximo de 10 años desde la entrada en vigor de la Ley de Vivienda.
Según destacó, esta es "una gran novedad, ya que Euskadi será la primera comunidad del Estado" que vincula legalmente parte de sus reservas de suelo para vivienda protegida para destinarlas a vivienda de alquiler protegido. "Se garantiza por ley el derecho de la ciudadanía a una vivienda en alquiler a toda aquella persona que lo necesite, sin depender de un sorteo", agregó.
Por otro lado, señaló que el anteproyecto reconoce el derecho subjetivo de acceso a la vivienda de implantación progresiva, "que pretende sustentarse y materializarse gracias a la producción previa de las 35.000 viviendas de protección para alquiler".
Con esta medida, se busca "garantizar por ley una vivienda de alquiler a los demandantes de vivienda social en alquiler a partir del año 2013, lo que supone cinco años a partir de la entrada en vigor de la ley". "Esta obligación -subrayó- será legalmente exigible ante las administraciones públicas".
Asimismo, en el anteproyecto se apuesta por la movilización de vivienda vacía hacia el alquiler, desde el impulso de medidas de fomento, de garantía y de penalización fiscal, "especialmente cuando se rechazan las facilidades públicas para alquilar una vivienda vacía".
Por primera vez, señaló, se define legalmente lo que es una vivienda desocupada, se articula un procedimiento para la declaración de vivienda desocupada y se apuesta igualmente por los recargos fiscales por parte de diputaciones forales y ayuntamientos, como instituciones competentes, de las viviendas vacías que hayan rechazado un alquiler garantizado por la administración, por ejemplo, a través de Bizigune.
Madrazo explicó que han renunciado a la aplicación del canon "porque no generaba el suficiente consenso político y social y planteaba dificultades jurídicas para su implantación", pero han optado por preservar la penalización de vivienda vacía, que es aquella, según la definición recogida en el anteproyecto, que permanece desocupada durante 350 días en el curso de un año, que no tiene habitantes registrados en el padrón municipal y que, tras las oportunas comprobaciones de consumo, recepción de correos y la realización de inspección pertinente se considere que cumple esa condición
En cuarto lugar, el anteproyecto apuesta por la cooperación de todas las administraciones públicas para garantizar la función social del parque de vivienda protegida, fijando, de esta manera, un régimen sancionador propio que permita una mayor eficacia a las labores de inspección y de sanción, y dando también un rango legal al registro de viviendas de protección pública (Etxebide) y al servicio de inspección y sanción.
También se incluye la figura de la 'venta forzosa', de forma que se hace obligatorio poner a disposición de la administración las VPO una vez que su titular haya comprado una vivienda libre.
APROBACION DE LA LEY
Madrazo explicó que, una vez concluido el proceso de elaboración del anteproyecto de Ley de Vivienda, el objetivo ahora de su Departamento no es otro que el de garantizar la aprobación de este anteproyecto de ley en el Parlamento vasco, "antes de su disolución".
Madrazo dijo ser consciente de que los plazos "son ajustados, tres meses y medio", pero aseguró tener la convicción plena de que pueden abordar "este reto con éxito". "Esto -añadió- lo haremos posible si somos capaces de alcanzar un acuerdo político previo que sume la mayoría necesaria en la Cámara vasca".
Por ello, hoy mismo, el viceconsejero de Vivienda, Javier Burón, remitirá una carta a los portavoces parlamentarios de PSE-EE, EHAK y Aralar proponiéndoles el inicio de un proceso de diálogo "serio, abierto y flexible a lo largo de este mes de octubre, que nos permita alcanzar un acuerdo previo a la remisión del proyecto de ley al parlamento vasco por parte del Gobierno, con las garantías suficientes de tramitación y aprobación".
Madrazo, que aseguró que el anteproyecto están consensuado en el seno del tripartito, afirmó que "si hay voluntad política, hay también tiempo suficiente para que este anteproyecto de ley pueda ser ratificado en el Parlamento vasco este mismo año y pueda entrar en vigor en el año 2009".
El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales abogó por "priorizar, todas las fuerzas políticas, el debate social sobre el acceso a la vivienda sobre un derecho ciudadano y demostrar que somos capaces de trabajar y responder desde el compromiso público a lo que son las demandas mayoritarias de la población vasca y, especialmente, de la juventud, como es la demanda de acceso a una vivienda digna de precio asequible".
Madrazo hizo un llamamiento desde la izquierda al PSE-EE, EHAK y Aralar "para que estudien esta propuesta" y aseguró que proceso de diálogo que ofrecen "tiene contenidos y propuestas reales que pueden y deben posibilitar un auténtico pacto de progreso al que debería sumarse PSE-EE, EHAK y Aralar, como formaciones políticas que se reclaman de la izquierda".
Por último, advirtió de que no aceptará "que interferencias como son la consulta o la cita con las urnas se utilicen como coartada o excusa para evitar o negar esta propuesta de diálogo y acuerdo sobre un asunto fundamental".
La Asociación de Municipios Vascos (Eudel) y el departamento vasco de Vivienda y Asuntos Sociales han firmado hoy un convenio marco de colaboración para trabajar "conjuntamente en defensa de la vivienda protegida y el alquiler social como vías prioritarias" para dar respuesta a la demanda de vivienda.
Según ha valorado en un comunicado el departamento de Vivienda del Gobierno vasco, la implicación de las partes firmantes es "clave" para el cumplimiento de los objetivos de las políticas municipales de vivienda y del Plan Director de Vivienda 2006-2009, que contempla lograr un parque de vivienda de alquiler de 19.000 unidades en 2009.
El departamento dirigido por Javier Madrazo ha remarcado que con este convenio los ayuntamientos vascos "se comprometen a fomentar el alquiler protegido en sus políticas de suelo", así como a "constituir un patrimonio propio de suelo" destinado a la construcción de un parque público de alquiler.
Por su parte, el departamento de Vivienda promoverá, "antes de que finalice el presente ejercicio", ayudas a la promoción de viviendas de protección oficial (VPO) y medidas de fomento al alquiler, como por ejemplo la financiación a los ayuntamientos con 40.000 euros de ayuda directa por vivienda, en operaciones de promoción de alquiler o adquisición de pisos para su puesta en alquiler.
Otro "aspecto relevante" del acuerdo es dar continuidad a los trabajos de "rehabilitación urbana y regeneración de áreas degradadas" con el objetivo de lograr una "vivienda digna en un entorno urbano digno", ha asegurado la citada fuente.
El departamento de Vivienda ha remarcado que el acuerdo con Eudel, además de hacer "especial hincapié" en la necesidad de crear un parque público de alquiler, potencia la "corresponsabilidad y la cooperación" en la consecución de los objetivos de las respectivas políticas públicas de vivienda.
El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, y el presidente de Eudel, Jokin Bildarratz, han firmado hoy el convenio en una jornada sobre políticas públicas de vivienda de los gobiernos locales celebrada en el Palacio Euskalduna de Bilbao.
Ya en la publicación de Elkartzen sobre la situación de la vivienda en Euskal Herria, editado en 2003, se ponía de manifiesto la grave crisis de exclusión del acceso a la vivienda por parte de los sectores más precarizados en el mercado laboral: jóvenes, mujeres e inmigrantes.
El derecho a la vivienda es una mera formalidad sin obligación de compromiso por parte del sector público, que lo basa en un sorteo restringido con premio para una minoría, sin que en él puedan entrar las personas más necesitadas. Esta falta de cobertura social en un bien básico como la vivienda ha llevado a un endeudamiento masivo y muy por encima de las posibilidades a los colectivos necesitados de la misma. Estas personas llevan mucho tiempo en crisis: crisis laboral con una precariedad total de contratos y de salarios por debajo del umbral de pobreza, crisis de acceso a unos servicios públicos cada vez más privatizados y escasos, crisis de vivienda, de empobrecimiento y de liquidez financiera.
Pero esta crisis diseñada por el sistema, que es la otra cara de la moneda del crecimiento del sector financiero y de la construcción, no es noticia exclusiva en los medios de comunicación. Por el contrario, es la garantía del sometimiento a mayores cuotas de esclavitud, hasta 65 horas semanales, para pagar los créditos.
Es posible otra forma de inyectar liquidez a la banca para que el beneficio sea público. Cuando hemos propuesto medidas audaces para crear un parque público de viviendas en alquiler social, hasta entre los colectivos con los que buscábamos la complicidad de clase nos decían que era utópico porque el sector público no tenía dinero, existían unas reglas de juego de «no intervención», de «no endeudamiento presupuestario»... Pero todas esas reglas se rompen automáticamente, sin rubor, cuando el capital quiere seguir manteniendo el valor de sus acciones-fondos de inversión-fichas de casino. Se argumenta que sólo se puede salir de la crisis inyectando liquidez en el sistema, por lo que además de las inyecciones casi diarias del Banco Central Europeo (BEC), el Gobierno español ha aprobado comprar activos de bancos y cajas por valor de 100.000 millones de euros, elevando la deuda publica muy por encima del 40% del PIB. El coste de esta deuda, como el de la intervención del BEC, lo pagamos la totalidad de los contribuyentes vascos a través del cupo (pagamos 7,84% del coste total). Ante este pago, sin contrapartida alguna, Elkartzen plantea una alternativa que no solo inyectaría dinero al sistema financiero, sino también a las familias, a la vez que como contrapartida el sector público pasaría a ser propietario de un amplio parque de viviendas para destinarlas a alquiler social.
La situación es la siguiente:
Con el tipo de interés actual el valor final de una hipoteca a 30 años aumenta el 80%, de cada 100 euros se devuelven 180.
Las personas menores de 35 años que han comprado vivienda en los últimos cinco años comparten el denominador común:
1. Ser trabajadores y trabajadoras precarias, sin posibilidades de mejoras salariales sustantivas.
2. Haber comprado una vivienda en un momento en el que los tipos de interés se situaban en bajos históricos, con una expansión de la concesión de hipotecas de alto riesgo. La banca, buscando maximizar beneficios, ha ofrecido información engañosa, dando solo los datos de las primeras cuotas en las que sólo se devolvían intereses y no capital...
3. La familia ha impulsado muchas veces a sus hijos e hijas a independizarse, presionándoles a comprar vivienda, proyectando la realidad que la familia vivió en la generación anterior sin darse cuenta de que esa realidad ha quebrado, y que la precariedad (de salarios o de tipo de contrato) no es un sarpullido de juventud; es la fase actual del capitalismo salvaje, que si no somos capaces de cambiar, se seguirá manteniendo.
La subida de tipos de interés ha transformado la cuota de un préstamo de 180.000 euros desde los 760 euros mensuales de 2005 a más de 1.160 euros mes de 2008. Esta cuota supera ya el sueldo íntegro de uno de los miembros de la pareja compradora. A esto hay que sumarle gas, comunidad, electricidad, agua... con lo que sobrevivir se esta transformando en imposible.
Se puede argumentar que ellos se han metido en la situación «libremente» buscando la propiedad. Pero lo cierto es que la «libertad» quedaba condicionada por un modelo social patriarcal y de culto a la propiedad impuesto, sin una alternativa social a la necesidad de vivienda como vía para la emancipación. Esta alternativa vendría de la mano de ir construyendo parques públicos de vivienda en alquiler optimizando el uso de las viviendas ya existentes, es decir, evitando la existencia de vivienda vacía.
Desde una ética de clase, no nos corresponde juzgar el comportamiento de estas personas, pero sí el del sector público, que esta socializando sólo las pérdidas de la banca, sin contrapartida, y se olvida de los que en verdad están arrastrando este huracán.
Desde Elkartzen planteamos la siguiente actuación:
1. Crear un ente público que velaría por el derecho a vivienda de toda la población y que se dedicaría a dotarse de un parque público de vivienda en alquiler, en cuya financiación deberían de participar activamente, por un lado, las distintas Cajas de Ahorro mediante su Obra Benéfico Social y, por otro, el sector público.
2. Las personas propietarias que por problemas económicos, u otros, así lo deseen, podrán entregar su vivienda al citado ente público creado a tal efecto. Dichos entes, asumirán el valor pendiente de la hipoteca, y reconocerán un crédito a favor de la familia igual al monte total de lo pagado (del capital inicial desembolsado más las cuotas del préstamo pagadas, capital e intereses) menos la suma de todas las deducciones fiscales que en materia de vivienda se hubiesen practicado, y menos la cantidad equivalente al alquiler social que hubiera pagado durante el tiempo que lleva habitando la vivienda.
3. La cesión dará derecho a ocupar la vivienda por tiempo indefinido en régimen de alquiler social, según la aplicación de los parámetros que se determinen.
4. Se hará un cálculo financiero que determine el número de mensualidades que quedarán compensadas con el crédito a favor de la familia contra el citado ente público. Durante todo ese periodo la familia no realizará ningún reembolso. Finalizado este periodo la familia abonará el alquiler que corresponda a su situación socioeconómica de ese momento, según los parámetros generales que estén establecidos.
Por supuesto, si alguien no hipotecado -pensionistas, asalariados en paro...- desea entregar también su vivienda al sector público, se le facilitaría la opción con el objetivo de incrementar el parque público de vivienda en alquiler. En estos casos debería entregárseles una parte del valor en metálico (inyección de liquidez a la familia) y la otra dejarla como prepago del alquiler social de la vivienda que disfrutarían las hasta entonces personas propietarias.
Esta compra de hipotecas por el sector público a cambio de la vivienda, inyectará dinero líquido en el sistema financiero; eliminará la morosidad e impagados de estos préstamos; liberará a las familias de un gasto medio de 1.000 euros mensuales, que se destinará a estimular la demanda en otros bienes necesarios pero imposibles de realizar en la situación actual, con lo que se sostendrá la producción de estos bienes, se alejarán los riesgos de ajustes del empleo por falta de pedidos en estos sectores de producción, y por ende se alejará el fantasma del aumento del paro. Esta correlación de hechos no es ficticia, son las relaciones reales del sistema económico.
Si no aunamos esfuerzos y somos capaces de plantear nuevas ideas contra las demandas vampíricas del capital, tendremos más gasto público para ese capital y menos dinero para gasto social, una depauperación de la economía real con más desempleo. Frente a la crisis de 1929, se salió con el diseño del estado del bienestar, que fue un gran pacto social de clase, cuyo objetivo fue una mayor distribución de la riqueza, la garantía del empleo, y una mayor democratización de la economía. Que no nos impongan sus recetas el BCE junto al gobernador del Banco de España. Hagamos un muro contra la precariedad y demostremos que existen soluciones reales, la aquí expuesta es solo una. Pensemos y convirtamos en acto nuestro pensamiento.
ayer de la plaza San Juan. La organización de la iniciativa corre a cargo de la plataforma francesa DAL. Colectivos de ambos lados de la muga respaldan el 'tour' reivindicativo.
Representantes de la plataforma francesa DAL (Droit au Logement-Derecho al techo), de la Asamblea por una Vivienda Digna de Gipuzkoa 'kepasakonlakasa' y del sindicato ELA se reunieron a las 15.30 horas de ayer, en la plaza de San Juan, para participar en la primera etapa de la Marcha en Bicicleta Irun-París por una Vivienda Digna.
La iniciativa, organizada por DAL y otros 30 colectivos galos y secundada por varias organizaciones de este lado de la muga, pretende reclamar, en todas las ciudades marcadas en su recorrido, «el derecho a una vivienda digna, que sólo nos asiste sobre el papel».
El tour reivindicativo eligió Irun como punto de partida «para expresar simbólicamente que el problema de la vivienda es un problema europeo».
Antes de tomar la salida, los organizadores de la marcha explicaron los objetivos que persiguen. «Queremos llamar la atención sobre el peligro que acarrean las políticas neoliberales en el campo de la vivienda para toda la población», señalaba Jean Baptiste Eyraud, portavoz de DAL. «Empezamos aquí, en Irun y atravesaremos toda Francia, porque la situación es parecida a ambos lados de la frontera. A raíz de la crisis, los responsables políticos no están salvando a la gente que no puede pagar sus viviendas, sino a los bancos y a los promotores y constructores, que son, precisamente, los que nos han llevado a esta crisis».
Medidas políticas
La marcha pretende poner freno «a la ley retrógrada que quieren aprobar en París» e impulsar la Ley de Garantía del Derecho Ciudadano a una Vivienda Digna redactada por el departamento de Vivienda del Gobierno Vasco. «Si la primera se aprueba y la segunda no sale adelante, la situación del alojamiento para los jóvenes, los sin techo y la gente con ingresos bajos va a empeorar todavía más», añadía el portavoz de DAL.
Para el colectivo organizador de la marcha, las medidas políticas que se vienen adoptando tras la crisis «no están dirigidas a ayudar a la gente a comprar sus viviendas, sino a los bancos para que no pierdan la liquidez», continuaba Eyraud. «Por este motivo, no podemos quedarnos sentados delante de la televisión y mirar asustados, sino que necesitamos movernos para que haya una política de vivienda real».
La Asamblea por una Vivienda Digna de Gipuzkoa, por su parte, reivindicó la Ley de Garantía del Derecho Ciudadano a una Vivienda Digna, «que garantizaría el derecho real».
El colectivo calificó de «insulto las ayudas del Instituto de Crédito Oficial a los promotores inmobiliarios para que amplíen los plazos de sus préstamos para construir viviendas.
Con el dinero de todos (incluidos los que no tienen vivienda) se otorgan ayudas a quienes no han tenido escrúpulos para especular con las necesidades de los demás» aseguraron.
en el páramo de Seseña
El 'pocero de Fuenlabrada' hará 21 VPO en la linde de la urbanización de 'Paco el Pocero'
Los pisos de Moreno se venderán a 100.000 euros, los de Hernando no bajan de 200.000. Alcalde y promotor podrían llegar a construir otras mil viviendas sociales en dos años
A Francisco Hernando, el Pocero de Seseña le crecen los enanos. El alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, y promotor José Moreno, conocido como el 'Pocero de Fuenlabrada', han llegado a un principio de acuerdo para construir 21 viviendas de protección oficial para jóvenes a un precio que rondará los 100.000 euros justo al lado del residencial donde hay proyectadas 13.500 viviendas, de las que sólo se han construido 5.000 y vendido 1.100.
"Se trata de un acuerdo verbal entre el alcalde y yo. Le dije que, al precio que están los terrenos -entre 550 y 600 euros el metro-, podían construirse casas protegidas con una repercusión del precio del suelo de entre 18.000 y 24.000 euros por vivienda, de forma que las casas no pasarían de 100.000 euros", explica José Moreno a elmundo.es.
Inevitablemente, surgen las comparaciones entre ambos promotores. "A mí lo que hagan otras personas me da lo mismo. Yo pienso en los jóvenes y construiré las viviendas para ellos. Estoy convencido de que el primer día que salgan a la venta me las quitarán de las manos", asegura Moreno.
A las 21 viviendas proyectadas, Moreno podría añadir en torno a un millar más en dos años, según lo acordado con el alcalde de la localidad, Manuel Fuentes (IU).
José Moreno ya ha entregado viviendas a precios similares en el municipio madrileño de Fuenlabrada y que comparte origen profesional con Francisco Hernando, 'Paco el pocero', promotor de un PAU de 13.508 viviendas en Seseña cuya autorización fue denunciada en su momento por el alcalde.
Según ha indicado el regidor, a través de la recientemente creada Empresa Municipal de la Vivienda, el Ayuntamiento quiere poner en el mercado viviendas de protección a un precio sensiblemente inferior al estipulado en el módulo actual. Para ello, ha apostado por "la unión de quienes hemos estado luchando por un urbanismo sostenible y porque se consolide un derecho que deben de tener todos los ciudadanos como es el derecho a la vivienda digna y además asequible".
El alcalde ha expuesto que, en la crisis económica actual y con el precio de la vivienda "disparado", el acceso a la vivienda "es imposible" para "la gente trabajadora y la gente joven", por lo que esta iniciativa ofrecerá una respuesta a esa situación y, además, impulsará la creación de empleo en la comarca de La Sagra.
Las primeras 21 viviendas sociales
Este mismo año se ofertarán las primeras 21 viviendas municipales a un precio que rondará los 90.000 y los 100.000 euros. Con este acuerdo, existirá la posibilidad de poder construir en Seseña, a medio plazo, miles de viviendas y por lo tanto, "la demanda de vivienda barata que sí que van a poder pagar la gente trabajadora y la gente joven la vamos a poder poner en el mercado", ha agregado.
Su intención es que en este mismo año se pueda ofertar un primer bloque de 21 VPO a un precio máximo de 90.000 ó 100.000 euros, aunque "si podemos dejarlo más barato lo haremos". Según su cálculos, en el futuro, cuando la localidad cuente con las infraestructuras prometidas, se podrían construir 1.500 viviendas protegidas en el suelo del que dispone el Ayuntamiento, con lo que se daría respuesta a la demanda de este tipo de vivienda no sólo de Seseña, sino de buena parte de la comarca.
El promotor obtendría sólo el 3% del beneficio industrial en los casos de promociones de pocas viviendas, pero, si el número de viviendas supera las 300, ese porcentaje se reduciría al 2,5 ó 2,75%. "Se nos abre un horizonte muy ilusionante", ha dicho el alcalde, quien ha comparado esta iniciativa con las viviendas público-privadas promovidas por el Gobierno regional y que, ha recordado, tendrán un precio de unos 150.000 euros, "por lo que la diferencia es abismal".
El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, entrega las llaves de las 58 viviendas del residencial Casa Plata de Cáceres, que forman parte de la primera promoción del Plan Especial 60.000 euros en la capital cacereña.
Según recoge la agencia Europa Press, Francisco Javier Sánchez Ródenas recibió de la mano de Fernández Vara y la alcaldesa, Carmen Heras, las llaves de su vivienda, ya que fue el primero en obtener el visado de compra-venta de su piso el 16 de mayo de 2007.
Vara explica a los compradores las razones que llevaron a la Junta de Extremadura a llevar a cabo un plan de vivienda dirigido a las personas con menos recursos y recuerda que la decisión fue motivada por la bonanza económica vivida hace unos años que provocó "una paradoja" y es que "había gente que necesitaba una vivienda para vivir y los había que la compraban para invertir" motivados por el bajo interés de los préstamos bancarios. Esa circunstancia produjo, según el presidente extremeño, una demanda de viviendas que hizo que se disparase el precio del suelo, lo que provocó que aumentase el precio de la vivienda que "hizo imposible que quien la necesitaba para vivir pudiera acceder a ella" porque también decayó la construcción de vivienda protegida.
Esta es la razón por la que la Junta intervino en el mercado poniendo en marcha un plan que hiciera posible que las personas con menos recursos pudieran acceder a una "vivienda digna" y no a "casas baratas", enfatiza, ya que defiende la calidad de los materiales con las que están construidas estas casas que ahora tendrán que pagar los que resultaron agraciados en un sorteo que se celebró el 20 de julio de 2006 entre todos los demandantes de este tipo de vivienda.
En cualquier caso, Fernández Vara les anima a que las "habitaciones" que hoy se han entregado se "conviertan en viviendas" en el sentido de que sus inquilinos vivan en ellas "las experiencias más bonitas y entrañables" y que diseñen entre sus paredes "un proyecto vital" de cara al futuro.
Por otro lado, la alcaldesa de Cáceres, Carmen Heras, matiza que fue el Ayuntamiento cacereño el que, en el año 2004, cedió los terrenos para que se pudieran construir estas viviendas en el Residencial Casa Plata y remarca la importancia de que las distintas administraciones se coordinen para poder llevar a cabo políticas sociales en favor de los ciudadanos.
Por su parte, el director gerente de la empresa Sierra Calama, que ha construido las viviendas, Octavio López, asegura sentirse "orgulloso" del edificio que han levantado porque "está integrado perfectamente en un espacio donde hay viviendas que le duplican o triplican el precio". Además, defiende la calidad de los materiales que se han utilizado en la construcción de estas viviendas, algunas de ellas de más de 100 metros cuadrados, y reconoce que la "diferencia" con una vivienda de renta libre está en los "acabados" que no influyen para que la empresa considere a estos propietarios "igualmente que a un cliente de renta libre".
Esta promoción forma parte de las primeras 237 viviendas de 60.000 euros iniciadas en la capital cacereña por la Junta de Extremadura en tres polígonos distintos de la ciudad. Además de las 58 viviendas de Casa Plata ya concluidas y entregadas, se están construyendo actualmente otras 140 en Maltravieso y 39 más en Residencial Ronda. Además, en el Junquillo está previsto hacer otras 700 viviendas de 60.000 euros y casi 1.300 pisos de precio medio.
Un campo de golf y 1.360 viviendas. El Plan General recalifica 136 hectáreas, de las que 60 son propiedad del primer edil y de su familia, en una localidad de 143 habitantes que prevé pasar a 7.273
El Ayuntamiento de Manjarrés, con los votos del PP, ha aprobado inicialmente el Plan General Municipal (PGM) de la localidad que prevé la recalificación en suelo urbanizable de 1,36 millones de metros cuadrados -la mitad prácticamente propiedad del alcalde, Santiago García Manzanares y de su familia- con la pretensión de edificar 1.360 viviendas y, posiblemente, un complejo deportivo de golf.
El PGM prevé un aumento poblacional del municipio, que actualmente cuenta con menos de 150 habitantes, hasta 4.760 sólo en esas viviendas -a las que concede carácter prioritario con un plazo de cuatro años para su urbanización-.
La zona recalificada se ubica al oeste del municipio y está compuesta por unas 60 hectáreas de monte (que son propiedad del alcalde y su familia) y que se completan con otras 70 a pie del mismo, junto con las que albergarían el supuesto complejo de golf con las casi 1.400 viviendas.
El PGM fue aprobado el pasado mes de septiembre por el pleno municipal y ha sido remitido a la Consejería de Turismo, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. En este sentido, será ahora la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de La Rioja la que se pronunciará sobre la propuesta municipal, aunque por el momento, según confirman fuentes de la misma, el documento no ha sido analizado.
Según el Plan General, que además recalifica cuatro pequeños sectores en el propio entorno del municipio, Manjarrés pasaría de una población actual de 143 habitantes a 7.273.
La demanda de agua la 'soluciona' el documento gracias al reciente embalse de Castroviejo y la cobertura de la cuenca del Yalde, aunque la propia memoria del PGM reconoce que el abastecimiento asignado por el Plan Director de Abastecimiento de Agua a Poblaciones de La Rioja para el año 2015 es de 38.044 metros cúbicos anuales, cuando la necesidad, con el desarrollo urbanístico propuesto, sería de 1.238.264 metros cúbicos. Es decir, 32 veces más que la necesidad prevista inicialmente. Curioso resulta también la protección forestal de una zona de encinas limítrofe al futuro complejo de golf, cuando la actuación principal se prevé en un monte de unas 60 hectáreas en las que la mayoría de la arboleda son también encinas.
La idea del alcalde de Manjarrés, Santiago García Manzanares (PP), de construir un complejo de golf con centenares de viviendas (1.349 finalmente, según la aprobación inicial del Plan General Municipal) en la localidad y en terrenos de su propia familia no es nueva.
En junio del año 2006, el Ayuntamiento aprobó el avance del Plan General Municipal (PGM) que preveía la recalificación del monte de 60 hectáreas propiedad del primer edil y sus hermanos.
Eran entonces los momentos del 'boom' inmobiliario y en los que las propuestas de campos de golf en suelos rústicos con miles de viviendas a su alrededor se amontonaban en la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de La Rioja.
En cualquier caso, en 60 hectáreas de superficie era difícil albergar un campo de golf completo con un desarrollo urbanístico paralelo como el finalmente propuesto. Así las cosas, con la aprobación inicial del Plan General, el sector calificado como suelo urbanizable residencial deportivo se amplía ahora a 136 hectáreas, con varias fincas a las faldas del monte de la familia del alcalde.
Manjarrés, como la gran mayoría de los municipios pequeños de La Rioja, no contaba con Plan General Municipal y, mediante un convenio con la Comunidad Autónoma de La Rioja que sufraga los gastos técnicos, se puso a trabajar en su redacción.
En el momento del avance, Santiago García Manzanares señaló a este diario que «se había previsto la recalificación del suelo por si interesaba al pueblo en el futuro». García Manzanares aseguraba no contar entonces con ninguna propuesta de urbanización para la zona e insistía en que «lo único que hemos hecho es prever la posibilidad de reservar una zona para estos usos en el futuro, por si interesa al pueblo, ya que la tramitación va para largo».
Ante la aprobación inicial del Plan General Municipal, este periódico intentó ponerse de nuevo en contacto con el primer edil de Manjarrés, pero sin éxito.
