BOLETÍN DEL 14 DE MARZO DE 2005
 
 
España y vivienda
 
Comunidad de Madrid
 
 
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España y vivienda
 
LA VIÑETA DE ÁLVARO: DEPARTAMENTO DE URBANISMO
Redacción PVDM (Madrid) - 10 de marzo de 2005
 


 
ALQUILAR ES MÁS BARATO QUE COMPRAR
Periodista Digital - 07 de marzo de 2005
 
 
"The Economist" asegura que en España la vivienda en propiedad está sobrevalorada en más del 60% respecto a la alquilada

Alquilar es tirar el dinero. Invertir en una casa no sólo es más racional, sino mucho más barato que pagar una renta. ¿Está usted seguro? Piense otra vez. El reputado semanario británico The Economist publica en su edición de esta semana un informe en el que afirma que la sobrevaloración del precio de las viviendas provoca que alquilar sea mucho más barato que comprar en términos relativos en muchos países de la Unión, y entre ellos, en España.

El semanario utiliza como referencia para su cálculo los datos inmobiliarios de países de todo el mundo, en un contexto de fuertes alzas del precio de las viviendas en numerosos países industrializados. Además de constatar que dichos precios han caído bruscamente en Australia y Gran Bretaña después de varios años de fuertes subidas, The Economist cita los casos de España, Francia e Italia para afirmar que en todos ellos es mucho más barato alquilar que comprar.

Para ello, el semanario calcula un índice precios-rentas, en el que el precio de una casa no se considera como una variable aislada, sino que se relaciona con lo que se estima que su dueño puede obtener como rendimiento en el futuro, ya sea por las rentas que cobrará si saca el inmueble al mercado del alquiler, o por lo que puede ahorrarse si vive en él, por el hecho de no tener que pagar una cantidad mensual en concepto de alquiler.

LA VIVIENDA SI PUEDE BAJAR

Así, y conforme a un nivel dado 100, que se calcula como media de la relación precios-rentas entre 1975 y 2000, este índice se sitúa en 170 para Gran Bretaña, y en 160 para Australia pese a la reciente caída de precios de la vivienda en ambos. Los dos países de la Commonwealth han visto cómo los precios de inmuebles en propiedad caían a niveles inferiores al 2%, después de haber subido fuertemente durante varios años.

El semanario explica este frenazo en el alza de precios (al 2,7% en Australia, después de registrar un 19% el año pasado) por el hecho de que la subida continuada ha terminado por provocar que muchos compradores, que intentaban acceder a su primera vivienda, se hayan visto obligados a quedarse en el segmento del alquiler.

Y mientras se producía esa caída de precios, las subidas del precio del alquiler han sido muy tibias, o incluso no hayan existido. En Australia y en Gran Bretaña pero también en España, entre otros países, la subida de precios de los arrendamientos han caído a una media del 3,5%, frente a incrementos en los precios de la vivienda el pasado año un 12,5% de media en la zona euro, o del 17% en España.

El semanario viene advirtiendo desde hace meses sobre la situación de sobrevaloración del mercado de propiedad a nivel mundial, y en España en particular, y refuerza sus argumentos citando las declaraciones del Banco Central Europeo, que sin mencionar el término “burbuja”, ha advertido de la posibilidad de una caída brusca de precios.

La situación en varios países de la Unión Europea, incluido el nuestro, es más llamativa aún. El índice en Italia roza los 120 puntos, en Francia supera los 140, y en España toca un techo de 200 puntos, con una subida sostenida desde 1997. Esto indica, siempre según The Economist que la vivienda está sobrevalorada respecto al alquiler en más de un 60% en nuestro país.

UN EQUILIBRIO DIFÍCIL

Para que la situación retorne a niveles cercanos al equilibrio, sólo caben dos opciones: que los precios de las rentas suban a ritmos muy fuertes, o que los precios de las viviendas en propiedad caigan bruscamente. Y dado que los Bancos Centrales (el BCE en la zona euro, la Fed en los EE UU, y los respectivos emisores de otros países) no pueden permitir que la inflación se dispare, procurarán contener ésta –reteniendo de paso las subidas de precios del alquiler- subiendo, si es necesario, los tipos de interés.

Eso encarecería las hipotecas y haría menos atractiva la compra a los precios actuales. La otra posibilidad pasa porque los precios del alquiler suban a un ritmo suave, con lo que tardarán varios años en equilibrar la situación. Y este plazo, que el diario calcula en al menos una década (dadas unas subidas de los alquileres del 2,5% anual), es precisamente el que provoca que el índice precios-rentas sea tan alto.

Ninguna de las dos opciones sería así atractiva para el comprador, ya que la primera implica una bajada en términos reales del precio de su inversión (su vivienda o su fuente de rentas), y la segunda, una prolongación de la situación actual, de fuerte sobrevaloración de la vivienda en propiedad respecto a la de alquiler.

Claro que al comprador siempre le queda la opción de vender el inmueble para recuperar su inversión. La cuestión es a qué precio podrá hacerlo en el futuro.

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Simancas propone un 'acuerdo institucional' para urbanismo
Madridpress.com (Madrid) - 10 de marzo de 2005
 
 
El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Rafael Simancas, ha propuesto al Partido Popular (PP) y a Izquierda Unida (IU) la adopción de "un gran acuerdo institucional" para que la región disponga de "un urbanismo transparente y decente", que se enmarcaría en el proceso de diálogo que las tres formaciones políticas tienen previsto reanudar la próxima semana para abordar la posible reforma del Estatuto de Autonomía y la aprobación de una Ley de Capitalidad.

Simancas, que presentó un paquete de 18 medidas que trasladará a la presidenta regional del PP, Esperanza Aguirre, y al coordinador general de IU-CM, Fernando Marín, defendió la necesidad de que la Comunidad de Madrid "cuente con una política urbanística y de vivienda que luche contra la especulación y los especuladores y que sirva al interés general y sólo al interés general".

El líder de los socialistas madrileños justificó su iniciativa al considerar que "la sucesión constante de escándalos urbanísticos en Madrid está poniendo de manifiesto que el PP, en muchos ayuntamientos y en el Gobierno regional, promueve una política urbanística y de vivienda que va desde la irregularidad hasta el delito en demasiadas ocasiones, y siempre beneficiando a unos pocos y perjudicando a la mayoría".

A su juicio, las "tramas urbanísticas especulativas" afectan no sólo al cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, que recoge "el derecho a acceder a una vivienda", sino también "al desarrollo económico de Madrid, cada vez más dependiente de la construcción especulativa, al equilibrio social y al medio ambiente". "El ladrillo caro amenaza de una manera cada vez más evidente negativa los últimos vestigios y ámbitos de riqueza natural de la región", aseguró Simancas, quien se mostró convencido de que "es hora ya de que los representantes de la ciudadanía madrileña ofrezcan una respuesta valiente y efectiva ante el desafío de la especulación urbanística".

De la misma manera, mostró su "preocupación" por que la nueva presidenta de la Gestora del PP de Majadahonda, Elvira Rodríguez, "manifieste que los trapos sucios tienen que lavarse en casa" o por que el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, "se haga presente en el debate" sobre el Ensanche Sur de Alcorcón "defendiendo a los propietarios del suelo para que obtengan más dinero del Ayuntamiento".

18 PROPUESTAS ABIERTAS A LA NEGOCIACIÓN

La primera de las 18 propuestas que el PSM considera "abiertas al diálogo y a la negociación" con las otras dos formaciones políticas de la región consiste en la elaboración de una auditoría sobre el urbanismo madrileño por parte de las universidades de la región que permita trazar "un diagnóstico sobre las estrategias vigentes, un análisis en torno a las causas y consecuencias de la especulación y una propuesta para un urbanismo al servicio del interés general".

Simancas también apostó por elaborar una nueva Ley del Suelo pactada con las fuerzas políticas, los ayuntamientos y los agentes sociales que omita "las recomendaciones más negativas" del comité de expertos nombrado por el Gobierno regional, y añadió a esta medida la puesta en marcha de un Plan Regional de Estrategia Territorial, "un plan de planes", según explicó, que establecería "los usos, la protección y las condiciones de desarrollo para todo el suelo de Madrid".

Asimismo, los socialistas madrileños proponen que las tres fuerzas políticas de la región adopten un pacto institucional para la construcción de vivienda protegida, se comprometan a dedicar todos los suelos públicos a esta finalidad y renuncien a transformar este tipo de terrenos a "vivienda libre y otros usos de interés particular". "No a los permutazos", pidió Simancas.

A estas iniciativas se unirían la anulación de las subidas aprobadas en los precios de la vivienda protegida (del 30 y el 59 por ciento), el establecimiento de tipos reducidos en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, la creación de una agencia pública para el alquiler, la rehabilitación de 100.000 viviendas al año y la dotación de equipamientos sociales e infraestructuras en los nuevos desarrollos urbanísticos.

Simancas también propondrá a Aguirre y Marín la expropiación de los suelos que sean objeto de "retenciones especulativas", la personación de la Comunidad de Madrid en los casos judiciales contra la especulación y la creación de un observatorio público sobre la evolución de la vivienda protegida. De igual manera, el PSM defiende el impulso de las viviendas bioclimáticas, la apertura de las sesiones de la Comisión Regional de Urbanismo, el refuerzo de los servicios de inspección que velan por la disciplina urbanística y nuevas medidas contra el fraude en la vivienda protegida.

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Trujillo estrecha lazos inmobiliarios con Marruecos
El Mundo (Su Vivienda) - 11 de marzo de 2005
 
No son pocas las empresas españolas que han encontrado fuera de nuestras fronteras óptimas posibilidades de inversión. Y tampoco hay que irse muy lejos. Portugal y Marruecos son, tal vez, los ejemplos más representativos de que basta poner unos pocos kilómetros de por medio para encontrar buenas oportunidades de negocio.

Esta tendencia en alza puede aumentar aún más gracias a un acuerdo de colaboración firmado entre el Ministerio de Vivienda español y el Gobierno marroquí. La ministra del ramo, María Antonia Trujillo, mantuvo, la pasada semana, un encuentro con el primer ministro marroquí, Driss Jettou, y con el ministro delegado de Vivienda del reino alauí, Ahmed Taoufik Hejira, para fomentar la colaboración en materia de vivienda entre los dos países. Ambos gobiernos se han comprometido a establecer citas anuales para intercambiar experiencias y, sin ir más lejos, la próxima edición de Construmat, contará ya con representación del Gobierno alauí y de distintos miembros de las empresas públicas de la construcción del país vecino.

«Para las empresas españolas representa una muy buena oportunidad de negocio, porque el coste del suelo allí es muy inferior», dicen fuentes del ministerio de Vivienda. Trujillo, por su parte, se ha comprometido a ofrecer asistencia técnica en materia de infravivienda, ordenación urbana o legislación sobre suelo. Este acuerdo, junto con los planes del rey de Marruecos, Mohamed VI, de construir 100.000 viviendas, puede ayudar a que las empresas españolas se decidan a cruzar el estrecho.

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PP:con la izquierda «las obras no molestan porque no habría»
ABC (Madrid) - 11 de marzo de 2005
 
 
El aluvión de obras que invaden la ciudad -y crecen cada día ante los ojos de los conductores- se convirtió ayer en eje del debate político. El vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, respondió a las últimas afirmaciones de IU sobre el asunto -denunciando que existe riesgo potencial sobre 2.100 viviendas, afectadas por la construcción de 100 kilómetros de túneles en distintos puntos-, y aseguró que «con un gobierno de izquierdas en la ciudad no habría molestias por las obras porque no habría obras».

Cobo puso como ejemplo que durante los 12 años en los que el PSOE estuvo al frente de la Comunidad sólo se construyeron 14 kilómetros de Metro. «Si esta ciudad tuviera un gobierno de otro color, por ejemplo tuviésemos una alcaldesa como Inés Sabanés -la portavoz de IU-, no habría ningún problema de este tipo porque probablemente no habría ninguna obra».

SEGURIDAD

El vicealcalde garantizó que las obras que se llevan a cabo en la ciudad tienen «las mayores garantías de seguridad». Insistió en su idea inicial: él vivió «directamente, estando en la oposición, el interés que tuvo la izquierda madrileña por hacer Metro en esta Comunidad, y el resultado fueron 14 kilómetros de Metro en 12 años».

Añadió que «no hay otra forma de hacer obras que haciendo obras, y esas obras, obviamente, en una ciudad consolidada, causan molestias». Por este indeseable efecto colateral, pidió «una vez más disculpas a los vecinos», aunque insistió en que el objetivo de tanta zanja es «mejorar la calidad de vida de la ciudad y su movilidad».

Resaltó además que el alcalde de Barcelona, el socialista Joan Clos, manifestó en una visita a Madrid en 2000 su «admiración y envidia sana por la ampliación de Metro en la Comunidad de Madrid» durante la época en que Alberto Ruiz-Gallardón fue su presidente.

Sus palabras recibieron respuesta rápida desde la oposición. El concejal socialista Félix Arias las consideró «absurdas», y recordó al vicealcalde que «la línea 6 de Metro, por ejemplo, fue realizada bajo mandato del PSOE». La ciudad, dijo Arias a Ep, «está sumida en el caos» a causa de las obras que llevan a cabo simultáneamente las tres administraciones: central, regional y municipal.

Para coordinarlas, los socialistas han pedido en repetidas ocasiones, sin lograrlo, un plan director de obras y un plan de movilidad que de alternativas a los conductores.

CHASCARRILLOS

Una postura similar defendió Inés Sabanés, portavoz de IU en el Ayuntamiento, quien sugirió a Cobo «sustituir los chascarrillos» por un mayor esfuerzo a la hora de velar por la seguridad de las obras públicas. «Sólo la falta de argumentos justifica la frivolidad de Cobo que a veces confunde sus comparecencias con una función del Club de la Comedia, cuando estamos seguros de que a los vecinos que ven amenazadas sus viviendas no les hace la menor gracia», dijo.

IU recordó su apoyo a las obras que beneficien a los ciudadanos, y su rechazo a a aquellas que están movidas más por los intereses de las constructoras y la vanidad de los gobernantes».

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Fiscalía: La denuncia del PP perturba el Estado de Derecho
El Mundo (Madrid) - 07 de marzo de 2005
 
 
La Fiscalía General del Estado considera un "hecho inédito y absolutamente perturbador para el funcionamiento de las instituciones del Estado de Derecho" denunciar al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por ordenar abrir una investigación sobre hechos denunciados por terceros.

La Fiscalía responde así a la denuncia interpuesta por el PP de Madrid ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el fiscal general por supuestos delitos de revelación de secretos y prevaricación en relación con el 'caso Majadahonda' de Madrid.

En un comunicado, la Fiscalía lamenta que los denunciados, "en lugar de colaborar con la fiscalía competente para aclarar los hechos", respondan "arremetiendo penalmente, con una preocupante desmesura, contra el órgano del Estado que tiene encomendada la promoción de la acción de la justicia en el ámbito penal".

Este organismo recuerda que su misión constitucional "consiste precisamente en promover la acción de la justicia en relación con los hechos delictivos puestos en su conocimiento".

Asimismo, sugiriere que el objetivo de la denuncia interpuesta por el PP pueda ser impedir que dichos hechos se investiguen. "No se alcanza a comprender si con esta denuncia se pretende impedir que los hechos denunciados puedan ser objeto de investigación o conseguir que la Fiscalía General se sienta coaccionada para la investigación de otras futuras denuncias", apuntó el comunicado.

En este sentido, subraya como un "muy mal ejemplo para los ciudadanos intentar coaccionar el trabajo del Ministerio Fiscal". "En todo el territorio nacional las distintas fiscalías incoan continuamente diligencias para investigar la veracidad de las denuncias que recibe, cumpliendo su deber constitucional, sin que estas decisiones encuentren resistencias tan enconadas por parte de las personas investigadas".

El Ministerio Fiscal tacha de "insólita" la acusación de revelar secretos, al considerar que "se ha limitado a informar a la opinión pública de la apertura de una investigación que no está sometida a secreto alguno". Además, recordó que, en virtud de su Estatuto Orgánico, está obligado a informar a la opinión pública de los acontecimientos de relieve de su actuación.

De igual forma, rechaza que la actuación de la Fiscalía sobre la denuncia de Majadahonda cuente con "la más mínima relación" con la situación creada en Barcelona por los hundimientos del barrio de El Carmel, "como carece de relación con otros muchos procedimientos penales abiertos a lo largo de todo el Estado".

La Fiscalía estima que no puede calificarse "de dedición arbitraria o injusta" el hecho de que el fiscal general del Estado remita el texto de una denuncia, ampliamente documentada, a la fiscalía competente con el fin de que se investigue la veracidad de los denunciado. Se trata, según este organismo, "del cumplimiento de su obligación constitucional y estatutaria".

Además, garantiza que "en el decreto de la Fiscalía General no se realizan valoraciones que puedan dañar la imagen ni de personas, ni de instituciones o partidos políticos", dado que, según el comunicado, "se limita a expresar las razones que justifican que la investigación se realice por una fiscalía especializada".

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Simancas pide la dimisión del alcalde de El Escorial
Telemadrid (Madrid) - 08 de marzo de 2005
 
Afirma que "El alcalde de San Lorenzo de El Escorial, alumno aventajado en la especulación urbanística, ha dilapidado el patrimonio municipal, imposibilitando la construcción de vivienda protegida"

El secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM), Rafael Simancas, pidió esta mañana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, la dimisión del alcalde de San Lorenzo de El Escorial, José Luis Fernández-Quejo, por su urbanismo "espe-culativo" y "delictivo".

Así lo puso de manifiesto en la visita que realizó Simancas a la parcela de la carretera de La Presa por la que el alcalde, junto con cinco concejales del Partido Popular, están siendo juzgados por un presunto delito de prevaricación por el que el Fiscal pide dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para el regidor.

Simancas comparó los modelos urbanísticos del PP en municipios como Majadahonda o San Lorenzo de El Escorial (PP), en los que según él, "ha primado el crecimiento especulativo", frente a los gobernados por el PSOE, como Alcorcón en donde han primado "8.000 viviendas protegidas, equipamientos públicos y las zonas verdes".

"El alcalde de San Lorenzo de El Escorial, alumno aventajado en la especulación urbanística, ha dilapidado el patrimonio municipal, imposibilitando la construcción de vivienda protegida", prueba de lo cual, aseguró, es que "tan sólo ha construido 36 viviendas protegidas en diez años, a un ritmo de 3,6 viviendas por año".

Por contra, aseguró que "está impulsando la especulación para favorecer los precios privados", permitiendo la "agresión ambiental" en "un entorno de alto valor medioambiental, paisajístico y cultural" como es el de San Lorenzo de El Escorial, con la "permisión de irregularidades" y la "vulneración de leyes".

Como ejemplo citó los dos casos por los que el alcalde y cinco de sus concejales se encuentran enjuiciados por sendos supuestos delitos de prevaricación como son los casos de Santa Rosa número 15, por exceso de edificabilidad, y en la carretera de La Presa, por permitir la construcción de ocho adosados en una zona protegida.

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Las candidatas a los Juegos 2012 buscan promotores
El Mundo (Su Vivienda) - 11 de mayo de 2005
 
 
Londres, Madrid, Moscú, Nueva York y París tienen otro nexo de unión, además del de ser miembros del quinteto del que saldrá la ciudad sede de los Juegos Olímpicos de 2012: todas necesitan de la iniciativa privada para desarrollar sus proyectos urbanísticos. Y así se lo han hecho saber a los empresarios que han desfilado por el Mipim este año con el fin de captar inversiones, independientemente de su nacionalidad.

La más explícita en este sentido ha sido la capital rusa. Para su proyecto olímpico ha previsto una inversión de 10.000 millones de euros, una cifra que, de no prosperar su candidatura, tampoco resultaría inferior a 8.000 millones de euros. En cualquiera de los dos casos, sólo el 22% estaría financiado por la Administración moscovita, dejando un amplio campo de acción a los promotores privados. A cambio, se les ofrece suelo público al 100% y algunas exenciones fiscales.

«El Plan Olímpico forma parte de un Plan General Urbanístico que se va a desarrollar, en su mayoría, con independencia de la decisión del Comité Olímpico Internacional (COI)», sostiene Alexey Sorokin, responsable del Comité Deportivo de Moscú. Según explica, la demanda de viviendas en la ciudad sigue siendo elevada y, por tanto, la capacidad de absorción de la oferta está garantizada. Máxime en la céntrica superficie reservada para la Villa Olímpica, de donde desaparecerá una treintena de empresas industriales para dejar paso a casas con todas las garantías medioambientales.

COMPLICIDAD PROMOTORA

Rusia busca la complicidad de los promotores para incrementar de manera decisiva su infraestructura turística. Hasta 2012, albergue o no los Juegos, tiene prevista la construcción de 210 hoteles, todos de dos o tres estrellas, y promete importantes «alicientes fiscales» para los empresarios que le ayuden a lograr este objetivo.

Las autoridades de Londres y París, por su parte, quieren aprovechar el empuje de la candidatura olímpica para rehabilitar sendas áreas metropolitanas con gran potencial urbanístico. En el caso de la capital británica, los terrenos hoy baldíos se ubican en el Valle del Támesis y tienen capacidad para la construcción de 9.000 viviendas.

El portavoz de Reino Unido, Jason Prior, recordó en el Mipim la necesaria presencia de la iniciativa particular para la viabilidad del proyecto. «Debemos facilitar la licitación de las obras a las empresas privadas y contribuir entre todos a que tenga un aprovechamiento integral en el periodo posolímpico», expuso.

La Administración parisina, a su vez, pide la colaboración empresarial para el desarrollo de un total de 50 hectáreas, emplazadas en el distrito 17 de la ciudad. Tras la celebración del evento deportivo, 240.000 metros cuadrados serían de uso residencial, 160.000 se destinarían a oficinas, otros 60.000 más pasarían a formar parte de hoteles y una cantidad aún por determinar se dedicaría a logística. De dicha superficie en su conjunto, el 90% tiene ya titularidad privada.

«Se trata del último terreno edificable en París», anunciaba esta semana la directora de Urbanismo de la capital francesa, Catherine Barbe, mientras el COI examinaba precisamente su ciudad. «Nuestra intención, desde hace mucho tiempo, es regenerar esta zona y crear un nuevo barrio que conecte con las zonas colindantes y donde exista una mezcla adecuada entre oficinas y viviendas, sobre todo protegidas», añadía. La candidatura en Francia tiene una cifra de inversión asignada de 3.200 millones de euros solamente en infraestructuras.

A pesar de que Nueva York también había confirmado que estaría en el Mipim para presentar su proyecto olímpico, problemas de última hora hicieron imposible la presencia del representante estadounidense. Pero dejó una cifra para el análisis empresarial: los Juegos Olímpicos tendrían un impacto económico de alrededor de 12.000 millones de dólares en la ciudad neoyorquina.

Y, finalmente, Madrid. Aunque más familiarizados con su aparición en la prensa nacional, los promotores españoles pudieron comprobar también en Cannes que el plan olímpico diseñado por el Ayuntamiento que capitanea Alberto Ruiz-Gallardón será un catalizador para los desarrollos urbanísticos ya en marcha al Este de la capital.

RENOVACIÓN URBANA

La directora general de Planificación y Evaluación Urbana del Consistorio madrileño, Ana Perpiñá, encargada de defender la candidatura patria en la feria internacional, quiso referirse a ella, fundamentalmente, como «un proyecto de renovación urbana» en el que empresas e instituciones públicas caminan de la mano. «Las administraciones creamos una base importante de todo tipo de infraestructuras para que la iniciativa privada saque la mayor rentabilidad posible a sus inversiones», explicó.

En este sentido, se refirió a los cuatro anillos de circunvalación con que contará la ciudad, a los más de 150 nuevos kilómetros de la red de Metro ya planeados, a las cuatro pistas del Aeropuerto de Barajas (con 70 millones de pasajeros al año) y a las últimas conexiones del AVE. «El crecimiento actual de Madrid, al margen de los Juegos Olímpicos, está a años luz del de otras ciudades de igual rango», aseguró Perpiñá. A su juicio, esta carta de presentación es para atraer a España inversiones procedentes del extranjero.

RECOMENDACIÓN DE UNA GANADORA Atenas dio el relevo urbanístico a las cinco ciudades candidatas a organizar los Juegos Olímpicos de 2012, pero no sin antes compartir con ellas los defectos y las virtudes del proyecto griego.

Primera recomendación: las autoridades precisan de la cofinanciación privada, lo que no implica dejar de tomar las decisiones que les competen. Éste, de hecho, fue uno de los flecos que quedó suelto en el desarrollo de la capital helena, que, por ejemplo, no diseñó una planificación posolímpica para todas sus instalaciones.

En segundo lugar, «el coste final supera en mucho a las estimaciones realizadas a priori, hay que hacer un enfoque económico lo más preciso posible», sugiere Christos Hadjiemmanuil, representante del Comité Olímpico griego. En este sentido, según la experiencia de la última sede olímpica, el gasto se dispara proporcionalmente a la cercanía entre la ejecución de las obras y el inicio del evento.

Entre los aspectos positivos, la inyección de capital que deja la organización de unos Juegos Olímpicos supone una revolución urbanística de primer orden que contribuye a mejorar la imagen exterior de la ciudad y a dinamizar su área metropolitana.

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Cuota mensual de las hipotecas puede subir hasta 200 euros
Cinco Días - 07 de marzo de 2005
 
 
Los titulares de una hipoteca pueden ver cómo, en los próximos seis años, la cuota mensual de su préstamo crece entre 78 y 204 euros, según los cálculos de la Asociación Hipotecaria Española, que advierte que el mayor riesgo de subida afecta a las contratadas entre 2002 y 2004.

Según un indicador elaborado por este organismo, que augura como máximo una subida de tipos de hasta el 4,75%, la cuota mensual de una hipoteca media firmada el año pasado -106.900 euros a 25 años- podría pasar de los 510 euros actuales hasta 714 euros en un plazo de entre dos y seis años.

El riesgo de subida es mucho menor para una hipoteca contratada en 1995, debido a que en ese momento el préstamo medio era de una cuantía muy inferior -44.303 euros- y su plazo de amortización era también mucho menor -17 años-. En ese caso, la cuota mensual pasaría, en los próximos dos o seis años, de los 279 euros actuales a 357 euros.

La Asociación Hipotecaria destaca que los préstamos firmados con anterioridad a 1998 mantendrán cuotas de amortización inferiores a los iniciales aun en el caso de que a largo plazo los tipos de interés alcancen los niveles máximos registrados desde la creación de la Unión Monetaria Europea, es decir, el 4,75%.

Distinto es el caso de las formalizadas entre 2002 y 2004. En concreto, la cuota anual de una hipoteca media firmada en 2004 ascendía a 6.357 euros en el momento de su contratación y, en seis años, podría elevarse hasta 8.571 euros.

CASI TODAS LAS HIPOTECAS, A INTERÉS VARIABLE

En cuanto a las previsiones a más corto plazo, en un horizonte de dos años, la AHE calcula que la cuota mensual de una hipoteca firmada el año pasado podría encarecerse en 88 euros y situarse en 588 euros, en tanto que un préstamo formalizado en 1995 incrementaría su cuota actual en 34 euros y se elevaría a 312 euros.

Con estos datos, la Asociación Hipotecaria concluye que las amenazas por riesgo de interés para los préstamos hipotecarios hay que situarlas más en el medio y largo plazo que en el corto.

La Asociación Hipotecaria recuerda que el 99,2% de las hipotecas firmadas en España el año pasado se hicieron a tipo de interés variable, lo que introduce un "evidente riesgo de interés", que se hace más perceptible por la opinión pública cuando, como sucede ahora, los tipos alcanzan los niveles más bajos de su historia.

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Gobierno prevé subir al 18% la tributación de las plusvalías
ABC - 11 de marzo de 2005
 
 
El Gobierno estudia equiparar la tributación de las rentas del ahorro en la reforma del Impuesto sobre la Renta (IRPF), cuyas líneas básicas presentará el Ministerio de Economía en las próximas semanas.

Aunque todavía no se ha tomado una decisión definitiva al respecto, desde el Ejecutivo se apunta que no tiene sentido que tributen de manera distinta los rendimientos que se obtienen en una cuenta bancaria, los de un fondo de inversión, o los de un producto de seguros como los «unit link». Según la legislación actual, los intereses de una cuenta se suman al resto de las rentas del ejercicio y pueden llegar a pagar hasta un 45%. Si son depósitos a más de dos años, se fija una reducción del 40% sobre los intereses obtenidos y se puede llegar a tributar por ellos hasta un 27%. Sin embargo, si se trata de fondos de inversión, acciones, o las plusvalías de la venta de un inmueble, que han permanecido más de un año en poder del contribuyente, sólo tributan un 15%. A juicio del Gobierno socialista estas diferencias no tienen sentido, por lo que se está estudiando una nueva tributación, idéntica para todos estos productos.

La fórmula que se baraja sería subir ligeramente la tributación actual de las plusvalías, fijada en el 15% a partir del año de permanencia en manos del contribuyente, hasta una cifra en el entorno del 18%. Además, se fijaría un mínimo exento para que eximir de tributación a los pequeños ahorradores.

Economía está haciendo los cálculos de lo que costaría unificar la tributación del ahorro, por lo que todavía no ha tomado una decisión definitiva al respecto. Lo que sí ha desechado es equiparar la fiscalidad de las plusvalías con la de las rentas del trabajo, ya que reconocen que, en un entorno de libre movimiento de capitales, un endurecimiento de la tributación del ahorro se traduciría en una huida de éste hacia países donde se trate mejor, lo que finalmente perjudicaría a las arcas públicas y, en definitiva, a la economía española.

De este modelo de tributación quedarían excluidos los productos de ahorro para la jubilación, como son los planes de pensiones. En este ámbito, la intención del Ejecutivo es primar que el ahorro acumulado a lo largo de la vida laboral se rescate en forma de renta periódica, con lo que se obtendría una pensión privada complementaria a la de jubilación. La legislación actual, por el contrario, incentiva el rescate en forma de capital, ya que hay una reducción del 40% para estos casos. A juicio de Hacienda, éste no es el objetivo que se estableció en el Pacto de Toledo, por lo que lo que se está planteando es establecer incentivos, pero para quien cobre sus prestaciones privadas en forma de renta periódica.

El anterior Gobierno del PP ya se planteó durante la última reforma del IRPF, la que entró en vigor en 2003, establecer una reducción del 25% para los rescates en forma de renta. Sin embargo, las críticas de determinados sectores políticos y sindicales de la izquierda, denunciando un trato de favor de las pensiones privadas sobre las públicas, hizo al equipo de Cristóbal Montoro, entonces ministro de Hacienda, dar marcha atrás en su propuesta.

El Ejecutivo no sólo cambiará la tributación del rescate de los planes de pensiones, sino también el tratamiento fiscal de las aportaciones a los mismos.

En este sentido, el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, anunció el pasado miércoles que estas deducciones sufrirían «cambios sustanciales». No se eliminarán totalmente pero, probablemente, se restringirán a aquellos productos que efectivamente se vayan a cobrar como rentas complementarias a la pensión de la Seguridad Social. Además, se eliminarán los elevados límites de aportaciones que ahora se aplican para las edades cercanas a la jubilación. Incluso, se podría reducir el límite general de 8.000 euros anuales.

Menos cambios sufrirá la deducción por vivienda, según han manifestado en los últimos días diversos miembros del Ejecutivo, entre ellos el propio presidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Esta deducción sufrirá pequeños retoques, probablemente relativos a los porcentajes de deducción incrementada, del 20% y del 25% que ahora existen, para los años inmediatamente posteriores a la compra de la vivienda, y cuando se recurre a una hipoteca para sufragar la adquisición.

En cuanto a la tarifa del impuesto, el Ministerio de Economía ya ha descartado la aplicación de un tipo único, aunque ahondará en la simplificación del tributo y en la reducción de tipos.

En este sentido, las cifras que baraja el Ejecutivo pasan por un impuesto con tres o cuatro tramos, frente a los cinco actuales. Además, el tipo máximo, situado en el 45% se reduciría entre dos y cuatro puntos, es decir, podría situarse en el entorno del 42%.

La tarifa del impuesto, por tanto, sería similar a la que incluyó el Partido Popular entre sus compromisos electorales para esta legislatura.

Lo que sí cambiarán sustancialmente son las deducciones familiares. El Gobierno del PP introdujo ya en su primera reforma del IRPF, en 1999, un nuevo concepto de deducciones familiares, lo que denominó los mínimos vitales. Se trataba de restar de las rentas obtenidas en el ejercicio una cantidad que se consideraba como mínima para vivir, en función del número de miembros de la familia. A la diferencia entre los ingresos y esos mínimos vitales se le aplica la tarifa del impuesto. Esto se traduce en que quien más se beneficia es quien tiene que pagar un tipo más alto, es decir, los contribuyentes con rentas más altas. Lo que se plantea el Gobierno es volver a la situación anterior a las reformas del PP y establecer una cantidad fija para todos los contribuyentes. La Federación Española de Familias Numerosas denunció ayer que esta propuesta perjudica fundamentalmente a las familias numerosas con rentas altas.

El vicepresidente, Pedro Solbes, apuntó ayer que su intención es tener aprobado el proyecto de ley de reforma del IRPF antes del verano.

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Los consumidores recibirán más información al hipotecarse
El Mundo (Su Vivienda) - 11 de marzo de 2005
 
 
Es una de las medidas que Economía está preparando

La reforma del mercado hipotecario español está en pleno proceso de gestación. El ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, la incluyó en su 'Plan de dinamización de la economía,' aprobado hace 15 días '' y, según ha confirmado su Ministerio a este suplemento, «ya se está trabajando en ello».

Aún no se conocen muchos detalles, pero la cartera de Solbes tiene dos objetivos claros: «Pretendemos que las entidades faciliten más información a los consumidores durante toda la vida del préstamo sobre los riesgos de los productos a interés variable», dicen fuentes de Economía. Por otro lado, «es necesario potenciar la oferta de hipotecas con tipos de interés mixtos o fijos», continúan.

Además, según indicaron fuentes parlamentarias a Europa Press, Solbes quiere desarrollar instrumentos que posibiliten abaratar las comisiones que cobran las entidades por cancelación de un préstamo o las que se aplican para cambiar de modalidad de tipo de interés.

BUENAS, PERO INSUFICIENTES

Estas medidas han sido bien recibidas por el sector: «Todo lo que sea aumentar la transparencia y ayudar al consumidor será bienvenido», dicen en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Otros consideran que, aunque estas medidas son necesarias, deben ampliarse. «Las hipotecas a tipo fijo en España son un ejemplo de cómo un proceso regulatorio inadecuado puede desestructurar el mercado», expresó el presidente de la Asociación Hipotecaria Española, Gregorio Mayayo, en el informe de la última Asamblea General de la institución, haciendo referencia a la necesidad de modificar la regulación hipotecaria.

Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario, coincide en que «hay que actualizar la regulación del mercado hipotecario» y enumera las prioridades: «Habría que mejorar la cobertura de los préstamos cuando se financia más del 80% de la vivienda, reforzar la independencia de las tasadoras respecto de las instituciones financieras y mejorar la información a las familias para evitar riesgos, sobre todo cuando contraten hipotecas a interés variable».

«El mercado hipotecario español es uno de los más eficientes de Europa», asegura Gregorio Izquierdo, director de Análisis del Instituto de Estudios Económicos (IEE), que cree que no es necesario llevar a cabo grandes reformas. Respecto a la intención del Gobierno de obligar a las entidades a ampliar la información, considera que esa propuesta puede perjudicar a las entidades: «No se puede prever un escenario en un plazo de 30 años. Si a los 15 años los tipos suben más de lo que la entidad habría previsto, el consumidor podrá declarar incumplimiento de contrato».

Aunque la Unión de Créditos Inmobiliarios coincide en que «la normativa española es más exigente que en otros países», sí echa en falta «incorporar a los contratos simulaciones sobre cuál será la evolución de las cuotas». Además, la organización aboga por disminuir la fiscalidad de estos préstamos.

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El alza de la vivienda condiciona la reforma del IRPF
Telemadrid - 10 de marzo de 2005
 
 
El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Angel Fernández Ordóñez asegura que no se acometerán cambios profundos de la deducción por vivienda en el marco de la reforma del IRPF, sino sólo "retoques o correcciones"

El secretario de Estado de Hacienda y Presupuestos, Miguel Angel Fernández Ordóñez, se cuestionó hoy si el momento actual, "con la vivienda con precios elevados y muchas familias embarcadas en su adquisición, es el más adecuado para plantear la supresión" de las deducciones a la compra de vivienda.

Ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso, Fernández Ordóñez destacó el "hondo arraigo" que tiene la desgravación por vivienda en el IRPF, ya que beneficia a millones de contribuyentes de todos los niveles de renta, especialmente media y baja, al contrario de lo que sucede con los incentivos a los planes de pensiones, reseñó.

Insistió en que no hay una decisión final a este respecto, aunque aseguró que no se acometerán cambios profundos de la deducción por vivienda en el marco de la reforma del IRPF, sino sólo "retoques o correcciones", pues hay aspectos mejorables en el modelo actual.

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Pisos patera: el lado más oscuro del alquiler a inmigrantes
El Mundo (Su Vivienda) - 11 de febrero de 2005
 
 
En Madrid, la renta de una casa de 25 metros en la que pueden vivir hasta 20 personas roza los 600 euros al mes. Dormir en el suelo puede costar 50 euros mensuales y una noche bajo techo 4 euros.

El único hogar posible para una buena parte de los inmigrantes residentes (legales o ilegales) en Madrid es un cuchitril de 16 metros cuadrados que cuesta más de 500 euros mensuales.

Los obstáculos que ponen los caseros para alquilar a extranjeros, los problemas para regularizar su situación y la consiguiente incapacidad legal para obtener avales bancarios, la precariedad de muchos salarios y el alto precio de la vivienda han convertido los 'pisos patera' en un paisaje social demasiado frecuente.

Sin otras alternativas, las 'viviendas saturadas' proliferan por toda la capital. Los vecinos de los distritos con mayor porcentaje de ciudadanos foráneos, el colectivo que más padece este problema, se están acostumbrando a compartir escalera con viviendas ocupadas hasta por 30 personas, transformadas en auténticas pensiones clandestinas.

El procedimiento casi siempre es el mismo: el inmigrante que consigue alquilar un inmueble lo subarrienda a otros extranjeros, por lo general, recién llegados a España, para costearse el precio de la renta. En muchos casos, los subarrendadores hacen negocio con sus propios compatriotas, inflando el precio final de los dormitorios o las camas.

Alicia, Fátima, Eduardo, Sonia y André le ponen voz en este reportaje a un drama social tan extendido como silenciado'.

Alicia llegó a Barajas, procedente de Ecuador, hace cuatro años. Su primer hogar en Madrid fue una casa de 25 metros cuadrados que compartió con 19 personas. Su primer dormitorio, un habitáculo de menos de cinco metros, sin ventilación, en el que descansaba con otras nueve personas.

Después de dos años en esta situación, Alicia consiguió más espacio. Ahora vive con toda su familia (marido, suegros, cuñados y sus cuatro hijos) en otra vivienda de 25 metros cuadrados de dos dormitorios por la que pagan 550 euros mensuales. En la habitación que comparte con su marido y sus hijos caben con apuros la cama de matrimonio y la litera de dos alturas donde duermen los niños.

«Me gustaría tener un piso donde mis hijos pudieran tener cada uno su cama y donde mi marido y yo podamos tener nuestro espacio, pero no podemos por el precio del alquiler y porque para alquilar un piso te piden muchas cosas y, además, no quieren cuando ven que tengo hijos», cuenta Alicia.

Ha intentado conseguir ayudas oficiales en varias ocasiones, pero nadie se ha fijado en ella. «Me he apuntado a las viviendas para menores de 35 años -Alicia tiene 24- pero me piden avales bancarios que no puedo presentar».

El caso de Fátima no es mucho mejor. Llegó en el 99 desde Marruecos. Lo único que puede pagar en Madrid es una casa de menos de 30 metros cuadrados en la que vive con su marido, sus tres hijos y sus cuñados. Fátima tiene que bañar a los niños en un cuarto de baño con el techo enmohecido que no alcanza los dos metros cuadrados. Por su casa paga 400 euros al mes, más gastos. Los cuatro euros que paga de comunidad no son suficientes, al parecer, para limpiar las bolsas y las cáscaras de naranja de la escalera, asear los rellanos y reparar la cerradura de la puerta de entrada al edificio.

«Hemos echado [la solicitud] para vivienda protegida, pero nunca nos sale. El lunes pasado eché otra vez los papeles y me han dicho que me contestarán en quince días. La casa no tiene ventanas. Quiero ventanas para mis hijos».

En el mismo bloque de Fátima, Eduardo, de origen ecuatoriano, comparte casa con su mujer, un matrimonio de amigos y un inmigrante de origen africano. Los 16 metros cuadrados de su hogar de dos habitaciones, una cocina y un baño le cuestan 580 euros al mes.

«No ganamos bien, ganamos muy poco, y no podemos vivir cómodamente, así que toca apañarnos», dice Eduardo resignado. «No vivimos bien ni mal, vivimos normal».

¿Normal? Quizá Eduardo tenga razón. Podría ser peor. En los casos más límite, llegan a compartir techo hasta 35 personas. Las camas se alquilan día y noche por un precio que ronda los cuatro euros. Los que tienen menos recursos pueden pasar la noche en el suelo si disponen de 50 euros mensuales. En las paredes y las farolas de la glorieta de Cuatro Caminos se cruzan la oferta y la demanda de este marginal mercado inmobiliario.

CONVIVENCIA

El drama social de los 'pisos patera' puede estallarle en las manos a la Administración en cualquier momento. En la población barcelonesa de Badalona, tres asociaciones de vecinos ya han mostrado su inquietud por la situación de algunos inmuebles en los que, según han detectado, llegan a alojarse hasta cinco familias en 50 metros cuadrados. El presidente de una de estas asociaciones ha denunciado que «se ha creado una mafia especuladora de inmigrantes que compran viviendas y las realquilan a personas en situación ilegal que no tienen dinero».

Las tres asociaciones han denuncian ante las autoridades la precariedad de la convivencia en estos barrios, porque «en esas casas se crea una gran cantidad de suciedad, hay cucarachas y los vecinos dicen que les llega mal olor». Es difícil calcular el número de inmuebles de la Comunidad de Madrid que se encuentran en esta situación. En la capital, la cifra oficial de residentes extranjeros alcanzó en 2004 los 468.000, un 15% del total de la población. Pero no hay datos precisos sobre el número de inmigrantes ilegales -los más expuestos a este problema-, y menos aún sobre cuales son sus condiciones de vivienda.

Por el momento, el Ayuntamiento de Madrid no cuenta con ninguna política social dirigida exclusivamente a abordar este drama. En cuanto a la legislación, no existen normas que fijen el ratio máximo de inquilinos por metro cuadrado y tampoco es obligatorio que el casero someta la vivienda a una inspección de habitabilidad antes de alquilarla.

«Estamos en ese proceso de adecuación que nos permita tomar decisiones», explica el director general de Inmigración, Cooperación y Voluntariado del Ayuntamiento de Madrid, Tomás Vera.

Dentro de esta fase de actualización, la Concejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Madrid creó en el pasado mes de julio un Observatorio Municipal de la Inmigración, que permitirá a los trabajadores sociales conocer a fondo este problema.

«Lo primero es saber la realidad, porque el número de empadronamientos no es real. El Observatorio está trabajando en este tema para poder llegar hasta ahí», señala Tomás Vera. El nuevo Plan de Convivencia que está preparando el Consistorio, que se pondrá en marcha a finales de este mes y estará vigente hasta 2007, creará tres nuevos servicios de atención al inmigrante con el objetivo de asesorar e informar al colectivo extranjero y de acercar las instituciones a este numeroso sector de la población.

MENOS GASTOS

Sobreocupar las casas también se ha convertido en una práctica habitual para ahorrar dinero. Algunos inmigrantes deciden compartir su casa con siete, ocho y hasta nueve personas, aún después de haber mejorado su situación laboral y conseguir la tarjeta de residente, para pagar menos alquiler. Sus viviendas son de mejor calidad y, por lo general, no bajan de las tres habitaciones y los 90 metros cuadrados.

Cuando André llegó a España procedente de Ucrania, tuvo que conformarse durante los primeros meses con dormir al raso. No tenía trabajo y sólo podía pagar 50 euros mensuales. Ahora tiene un salario de 1.000 euros, dinero suficiente para alquilar una habitación normal por unos 300 euros al mes. Pero a André le parece demasiado caro. Él prefiere descansar en una habitación de cinco metros cuadrados y compartir casa con otras siete personas para pagar tan sólo 150 euros.

Sonia, también ucraniana, vive en la misma situación. Paradójicamente, su casa en Ucrania, como la de muchos compatriotas, es un gigantesco chalé, de grandes habitaciones y con varias hectáreas de jardín. En Ucrania era directora de un centro cultural nacional, pero en Madrid salió adelante vendiendo 'La Farola'. Su primera cama en España le costó 100 euros al mes. Sonia y su hijo pagan ahora 250 por una habitación, en una casa de tres dormitorios, compartida con otros seis paisanos.

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Expertos auguran caídas en el precio si suben los tipos
ABC - 11 de marzo de 2005
 
 
Los tipos de interés no van a continuar bajos indefinidamente lo que dará lugar a un ajuste de los precios que ahora están «sobrevalorados» según CesIfo

El informe CesIfo aúna los esfuerzos de dos de los más prestigiosas oficinas de análisis económico de Europa, el Centro de Estudios Económico de la Universidad de Múnich (CES) y el también alemán Instituto Ifo de Investigación Económica. Sus conclusiones fueron presentadas ayer en la Fundación BBVA y entre ellas destaca la disección que el informe hace sobre el futuro del precio de la vivienda en España.

En primer lugar, el estudio mantiene que los tipos de interés no se van a mantener en los niveles actuales de forma indefinida y apuesta por un incremento del precio del dinero por parte del Banco Central Europeo.

En segundo lugar y en el caso español, este encarecimiento del crédito tendrá un efecto inmediato sobre los precios, frenando su aumento e incluso provocando ligeras caídas. «Cuanto más tiempo se mantenga la subida actual, más seguros estaremos de contemplar algunos años de precios relativamente estables o incluso decrecientes», asegura el informe.

No obstante, los autores del estudio descartan tajantemente la existencia de una burbuja inmobiliaria en España. En su opinión, el precio puede estar sobrevaluado, pero «no se halla fuera del rango de estimaciones razonables», por lo que pensar que el precio de la vivienda vaya a desplomarse carece de base científica.

Además, el informe CesIfo sobre la economía europea para este año vuelve a abordar la siempre espinosa cuestión de los sistemas de pensiones. Como ya es tradicional, sus autores se decantan por complementar los actuales sistemas públicos de reparto con otros de capitalización.

Según el informe, la situación de los sistemas de pensiones es muy semejante en toda la UE y los problemas son de pirámide de población. Los cálculos de este estudio señalan que en el año 2050 habrá entre 0,4 y 0,68 pensionistas por cotizante en la UE, frente a la actual banda situada en el 0,2-0,3, de lo que los autores del estudio deducen que «eventualmente exigiría un incremento muy importante de los tipos impositivos y/o una reducción de las pensiones», por lo que se decantan hacia una reforma en la que «deberían evitarse las jubilaciones anticipadas».

En esta línea, el informe CesIfo mantiene que «en la medida en que parte del envejecimiento se debe al incremento de la esperanza de vida y la mejor salud de los individuos, alargar la edad de jubilación es perfectamente natural».

En el plano más novedoso, los autores sugieren que se estudie una forma para indexar las pensiones públicas al número de hijos por estimar que quien tiene más hijos está aportando más al sistema de reparto

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Por primera vez entran 10 españoles en la lista de ricos
El Mundo (Madrid) - 11 de marzo de 2005
 
 
Cada vez hay más españoles en la lista anual de Forbes. Ya son diez, el mejor colocado, Amancio Ortega, empresario textil, fundador del grupo Inditex, propietario de la cadena Zara, que ocupa el puesto 23 con 12.600 millones de dólares. En la nómina española, favorecida por la fortaleza del euro, también aparecen por primera vez Jesús de Polanco (Prisa) o Manuel Jové (de la inmobiliaria Fadesa). El empresario más rico de España ha superado así el trigesimotercer puesto que ocupaba el año pasado al aumentar su fortuna en 3.400 millones más en 2004 y se coloca por delante del mismísimo Silvio Berlusconi, el hombre más rico -y poderoso- de Italia.

Mientras, la ex esposa de Ortega, Rosalía Mera, que también es fundadora de Zara, ocupa el puesto 321 con un patrimonio personal de 2.000 millones de dólares.

APARICIONES DE POLANCO Y JOVE

Por su parte, Polanco es el tercer hombres más rico de España, con una fortuna calculada de 2.800 millones de dólares, lo que le coloca en la posición 210 del mundo. Para ello, los autores del ránking han tenido en cuenta fundamentalmente sus participaciones en Bolsa, como es el 64% que posee del grupo Prisa a través de sus sociedades Timón y Promotora de Publicaciones SL.

Al gallego Manuel Jove, la revista Forbes le calcula un patrimonio de 1.600 millones de dólares, cifra que procede principalmente del 54% que posee en Fadesa. Esta cifra le coloca en el puesto 413 de las mayores fortunas del mundo, y el octavo puesto en el ránking español.

El año pasado debutó en la lista de Forbes otro empresario textil Isak Andic, fundador de la cadena española de moda Mango, con una fortuna de 1.600 millones de dólares, que este año ha elevado a 2.000 millones de dólares. Tanto Amancio Ortega como Andic tienen en común su preferencia por el anonimato y la discreción, pues prácticamente nunca han tenido apariciones públicas y apenas si se posee fotografías de ellos.

El segundo puesto de los españoles lo ocupa el empresario de la construcción Rafael del Pino, que en solo un año ha elevado su patrimonio de 3.000 millones a 5.000 millones de dólares, lo que le ha permitido subir del puesto 159 al 94.

Le sigue en los constructores la empresaria Esther Koplowitz, principal accionista de la constructora FCC, que ha escalado del puesto 342 al 243 con un patrimonio de 2.500 millones de dólares, frente a los 1.700 millones del año pasado. Su hermana Alicia Koplowitz ha caído hasta el puesto 488, pese a que su fortuna se mantuvo en 1.400 millones de dólares.


BOTÍN CAE Y LOS MARCH DESAPARECEN

Este año ha regresado a la lista el presidente de la cadena hotelera Sol Meliá, Gabriel Escarrer, de donde desapareció el año pasado al caer su fortuna por debajo de los 1.000 millones de dólares.

La revista neoyorquina le calcula este año un patrimonio de 1.300 millones de dólares, con lo que le coloca en la posición 507 de los más ricos del mundo. Por contra, los banqueros Juan y Carlos March han desaparecido de la lista, al haber descubierto la revista que comparten esta fortuna con sus hermanas.

Otro de los grandes banqueros españoles, Emilio Botín, ha seguido incrementado su dinero y atesora en la actualidad 1.900 millones de dólares, 100 más que el año pasado, si bien ha caído del puesto 310 al 355.

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Un juez declara en 'quiebra patrimonial' a un matrimonio
El Periódico (Barcelona) - 08 de marzo de 2005
 
 
El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona ha declarado "en concurso", es decir en suspensión de pagos, como si se tratara de una empresa, a un matrimonio de Sant Salvador de Guardiola (Barcelona) que se halla en "quiebra patrimonial familiar" después de que, a causa de la enfermedad del marido, no pudiesen hacer frente a sus deudas.

El juzgado ha establecido, en un caso sin precedentes en España, que cada mes el matrimonio dispondrá de un mínimo de dinero para sus necesidades básicas, mientras que el resto de ingresos será repartido entre los distintos acreedores del matrimonio, cuyas deudas ascienden a más de 160.000 euros, según ha explicado a Efe el abogado de la pareja, Jaume Pich.

Con la admisión a trámite de la petición de suspensión de pagos familiar, el juzgado ha paralizado cualquier intento de embargo de los bienes del matrimonio, formado por Josep G.E. y María del Carme B. T., que ha declarado un activo de 7.000 euros, totalmente insuficiente para afrontar los 163.750,14 euros de pasivo que acumula se la cantidad que consta en el expediente judicial.

BAJA POR ENFERMEDAD

El letrado Jaume Pich ha explicado que todo comenzó cuando Josep G.E., que "se ganaba bastante bien la vida" como mando intermedio de una empresa farmacéutica, cogió una baja por enfermedad.

"Mientras la Seguridad Social discutía si estaba o no estaba enfermo, Josep dejó de pagar facturas y vio con sorpresa cómo cada mes sus acreedores, en su mayoría bancos, le enviaban un extracto con una cantidad cada vez más elevada, ya que cuando hay un impago la deuda aumenta un 20% cada mes", ha dicho el letrado.

Las deudas, las más cuantiosas de las cuales eran la hipoteca de la vivienda y los gastos con tarjetas de crédito, fueron aumentando y "nadie les daba crédito porque siempre les salía un registro de morosos".

CONCURSO DE ACREEDORES

A través de un edicto de "declaración de concurso" publicado en el Boletín Oficial del Estado del pasado día 1, la secretaria judicial del Juzgado de lo Mercantil ha hecho un llamamiento a los acreedores del matrimonio, a los que ha dado un plazo de 15 días para comunicar en el juzgado las deudas que tienen contraídas para elaborar la lista de acreedores e iniciar la negociación "conforme establece el artículo 85 de la Ley Concursal".

Esto quiere decir que ahora el juez ha llamado a Josep G.E. y Mari Carmen B.T., y a sus acreedores a "sentarse para llegar a un acuerdo", de forma que se renegociará la cuantía y el plazo de pago de las deudas, ha explicado Pich, que reconoce que "este es el primer caso que conozco de suspensión de pagos de personas particulares en las que se aplica lo mismo que en casos de empresas".

Según el abogado, "esta es una solución que está que al alcance de todos, pero no se ha usado antes porque la legislación es reciente, del pasado mes de septiembre, pero creo que renegociar las deudas es una solución tan válida para las empresas como para las personas endeudadas".

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44% de las reclamaciones se debe a defectos de construción
Invertia.com - 09 de marzo de 2005
 
 
El 44% de las reclamaciones relacionadas con irregularidades tras la compra de una vivienda están relacionadas con defectos de construcción, seguidas por las ocasionadas con retrasos en la entrega, con el 23%, según las consultas y reclamaciones tramitadas por la Federación de Consumidores en Acción (FACUA).

La compra de viviendas generó en 2004 el 15% de las reclamaciones de los usuarios y fue, tras las telecomunicaciones, el segundo sector más denunciado.

Además de los defectos en la construcción y los retrasos en la entrega de la vivienda, los otros motivos de las denuncias relacionadas con la compra de viviendas fueron incumplimientos de las calidades ofertadas, cláusulas abusivas con repercusión al comprador de pagos que no le corresponden, falta de garantías que el promotor debe ofrecer con respecto a cantidades abonadas antes de la firma de la escritura, modificaciones o incluso anulaciones unilaterales de contratos y falta de documentación entregada al comprador.

FACUA denuncia que el mayor numero de reclamaciones son defectos de construcción, por lo que es frecuente encontrar viviendas nuevas con humedades, lozas rotas o manchadas, carpintería sin terminar, grietas... o problemas que afectan a toda o parte de una misma promoción de viviendas.

La asociación explica que en estos casos, si la promotora se niega a reparar los defectos, el consumidor se ve obligado a pagar un informe pericial en el que se recojan todos los defectos y su valoración económica. Este informe posteriormente tendrá la utilidad de servir como prueba para demandar a la promotora.

En cuanto a la entrega de la vivienda, FACUA asegura que las promotoras deben indicar en el contrato de compraventa una fecha de entrega y su retraso ocasiona "notables perjuicios" al consumidor.

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La vivienda en propiedad en España, la más cara del mundo
ElConfidencial.com - 07 de marzo de 2005
 
 
España lidera a escala mundial el encarecimiento de los precios de la vivienda respecto a los del alquiler, según ha publicado recientemente el prestigioso semanario británico ‘The Economist’.

En EEUU, el ratio entre el precio de venta y el de arrendamiento, que mide cuánto cuesta comprar o alquilar una misma vivienda, muestra un 32% a favor de la compra, dato superior a su media recogida entre 1975 y 2000. En España, ese porcentaje se eleva a casi el doble: el 60%. No en vano, el precio de la vivienda en propiedad aumentó un 17% de media el año pasado mientras que el alquiler sólo lo hizo un 3,5%. Este elevado 60% es compartido con países como Australia y Gran Bretaña. Lugares que, casualmente, han visto cómo los precios de los inmuebles en propiedad caían a cotas inferiores al 2% en los últimos meses, después de haber subido fuertemente durante varios años. En España, de momento no se atisba el cambio de tendencia, ya que los últimos trimestres han registrado subidas de precios de la vivienda con promedios de dos dígitos.

Aún así, sorprende entre los analistas estas cifras del prestigioso semanario británico, ya que, de ser ciertas, deberían corroborarse con un incremento del alquiler de casas que no llega a la economía española, pese a los continuos intentos del gobierno.

No es la primera vez que The Economist da la señal de alarma sobre este tema, subrayando los datos de España entre los más llamativos de los países desarrollados. Hace exactamente nueve meses, en junio del año pasado, ya alertaba sobre el calentón de la burbuja inmobiliaria global, alertando de que este `boom´ supone un riesgo para la economía mundial mayor incluso que el encarecimiento del petróleo.

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Desarticulada enorme red de blanqueo de dinero en Marbella
PeriodistaDigital.com - 13 de marzo de 2005
 
 
Es la mayor operación contra el blanqueo de capitales conocida en Europa, con ramificaciones en Estados Unidos y Canadá. La policía española desarticuló el jueves una red cuyo centro neurálgico residía en un despacho de abogados de Marbella, donde se canalizaban inversiones millonarias procedentes de grupos relacionados con el crimen organizado. En ese despacho, y con la colaboración de tres notarías, se tejía una maraña de más de mil sociedades cuyos tentáculos acababan en Gibraltar y que invertían preferentemente en el sector inmobiliario de la Costa del Sol, reconocido por los expertos policiales europeos como uno de los centros neurálgicos del crimen organizado.

La policía española ha desarticulado una enorme red que blanqueaba dinero para el crimen organizado a escala internacional, con vinculaciones en los principales países europeos, además de Rusia, Canadá y Estados Unidos. Los expertos no dudan de que se trata del mayor golpe dado en Europa a este tipo de delito. Los investigadores calculan que necesitarán más de un año de trabajo para descifrar todos los tentáculos de esta red, que conducen inevitablemente a municipios de la costa española. "Habrá un antes y un después de esta operación", comentaba una fuente policial. "Estamos ante un golpe cuyas repercusiones finales todavía no podemos calibrar", señaló una fuente del Ministerio del Interior. No hay una cifra sobre la cantidad de dinero que movía esta red, pero algunas fuentes señalan que podría superar los 600 millones de euros.

Dinero procedente de grupos dedicados al narcotráfico, tráfico de armas, prostitución, secuestros, ajustes de cuentas, homicidios y estafas tenía su centro de operaciones en un despacho de abogados de Marbella, desde donde se canalizaba hacia el mercado inmobiliario grandes inversiones de dinero procedentes del exterior a través de una maraña de más de mil sociedades domiciliadas en la Costa del Sol y Gibraltar, entre otras localidades. Entre las sociedades involucradas había empresas relacionadas con la petrolera rusa Yukos, nacionalizada por el Gobierno ruso por sus actividades irregulares.

El valor de los bienes incautados sólo en España asciende a más de 250 millones de euros, "en una estimación muy prudente", según fuentes de la investigación.

A finales de septiembre de 2003, la policía francesa solicitó información a la española, mediante comisión rogatoria, sobre una empresa que operaba en España y que estaba vinculada a un narcotraficante. Del hilo de aquella comprobación aparentemente rutinaria la policía fue descubriendo una madeja de sociedades que tenían un denominador común: buena parte de ellas estaban domiciliadas en un despacho de abogados de Marbella, DVA (Del Valle Abogados), presidido por un letrado de origen chileno, Fernando del Valle. La técnica utilizada en la constitución de dichas sociedades no resultaba ninguna sorpresa para agentes experimentados en delitos económicos, ni siquiera el hecho de que el rastro de muchas de ellas terminara por perderse en Gibraltar, un lugar donde hay domiciliadas más sociedades (unas 80.000, según los últimos cálculos) que habitantes (alrededor de 30.000). Durante las primeras investigaciones, lo que más sorprendió a los agentes fue la intensa actividad de este despacho en determinadas notarías de Marbella, donde en el mismo día, y ante el mismo notario, llegaban a constituirse hasta siete sociedades distintas pero relacionadas. Las sospechas crecieron cuando, tras los primeros seguimientos, la policía advirtió entre los clientes del despacho a ciudadanos extranjeros con antecedentes penales.

Las empresas constituidas en el despacho Del Valle Abogados estaban a nombre de empleados del bufete, sobre todo abogadas pero también una telefonista. Alguna de estas personas constaba en los registros públicos como administrador único de más de 200 sociedades. Por otro lado, estas sociedades tenían como actividad la promoción inmobiliaria. Se producía también un mecanismo de ingeniería societaria mediante el cual una empresa llevaba a otra y así sucesivamente hasta que se perdía la pista en algún paraíso fiscal, fundamentalmente Gibraltar, y mecanismos de ingeniería financiera, puesto que se registraban transacciones económicas entre estas empresas, que se compraban y vendían inmuebles. "El problema para identificar a algunos de los propietarios de esas inversiones está en que acaban en un paraíso fiscal donde la propiedad de una última sociedad se pierde en unas acciones al portador. Esas acciones pertenecen a quien las tenga en su poder", declaró un experto de la policía. El volumen económico que eran capaces de mover algunas de estas sociedades era muy alto y queda determinado por el valor incautado de sus propiedades inmobiliarias en España: un total de 251 inmuebles, entre los que hay dos urbanizaciones enteras, una de ellas todavía con la mayoría de chalés puestos a la venta y algunos sin terminar de construir.

La investigación se fue complicando en cuanto las sociedades operaban con otras domiciliadas en países extranjeros. Las redes de estas sociedades llevaban en algunos casos a Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda y Rusia, entre otros países. "Hemos sido muy prudentes en la valoración de los bienes incautados", manifestó una fuente policial, "pero hemos llegado a bloquear hasta más de 30 millones de euros en cuentas corrientes domiciliadas en bancos españoles y a requisar 410.000 euros en efectivo, lo cual no es muy normal en este tipo de operaciones y nos da una idea de la gran cantidad de dinero que manejaban". La nota de Interior destaca que se han incautado 42 vehículos de alta gama (de las marcas Rolls Royce, Ferrari, Porsche, Mercedes...). "Y eso que no hemos contado los vehículos normales", declaró uno de los investigadores. "En la caja fuerte del despacho de uno de los abogados encontramos hasta 21 llaves de automóviles, eso sin contar bienes que no hemos podido valorar todavía, como son joyas y gran cantidad de obras de arte". La nota policial destacó también la incautación de un yate en Puerto Banús y dos aviones en el aeropuerto de Málaga (una tipo EC-DDL y otra King Air C90), valorados cada uno de 1.200.000 euros. "Esa es una valoración que hemos hecho apresuradamente, buscando el precio de esos modelos por Internet", comentó una fuente de Interior.

El despacho de abogados canalizaba parte de su actividad en tres notarías de Marbella, casi la mitad de las existentes en la localidad. La detención de estos tres notarios ha tenido una gran repercusión pública, pero no ha resultado una sorpresa en Málaga, donde, según fuentes judiciales, se habían producido en los últimos tiempos un número desproporcionado de condenas, tanto de notarios como de corredores de comercio, todas ellas por delitos de falsedad documental. Uno de los notarios detenidos cambió recientemente su actividad a la provincia de Granada.

Con el tiempo, la policía se dio cuenta de la importancia de la investigación. Entre los clientes del bufete estaban ciudadanos involucrados en actividades propias del crimen organizado, asentados en la Costa del Sol, donde hacían, en algunos casos, labor de delegados de estas organizaciones. Se trataba de clientes relacionados con actividades como el narcotráfico y la prostitución o delitos como extorsión, secuestros, homicidios y ajustes de cuentas. También había clientes relacionados con estafas, evasión de impuestos y fraudes bursátiles. La policía tenía definido el perfil de esta clientela y la actividad del despacho, considerado como mercantil y cuyos abogados apenas tenían actividad en los juzgados. La nota emitida por el Ministerio del Interior destaca que se ha podido constatar "el descubrimiento de al menos nueve organizaciones delictivas que utilizaban el despacho como centro de lavado de sus ganancias ilícitas, obtenidas tanto en España como en el extranjero". Entre los 41 detenidos hay ciudadanos marroquíes, franceses (algunos de origen argelino), finlandeses, rusos y ucranios.

En la investigación salió a relucir la actividad de empresas holandesas relacionadas con otras de la Costa del Sol y que canalizaban fondos con origen en la petrolera rusa Yukos. La nota de Interior especifica, en este caso, que "se ha llegado a determinar el posible destino final de importantes flujos de dinero procedente de una detracción ilegal y masiva de fondos con origen en la petrolera Yukos que, al parecer, fueron traspasados a una empresa holandesa y reinvertidos por su filial en España". La nota señala que ese hecho "motivó el interés por el caso de las autoridades políticas y judiciales rusas".

La Operación Ballena Blanca, en la que han participado más de cien policías, ha necesitado casi un año y medio de investigación, actividad en la que han intervenido diferentes departamentos policiales coordinados por la Comisaría General de Policía Judicial. La investigación ha estado centralizada por la UDYCO de la Costa del Sol, con intervención de la Unidad de Delitos Económicos y apoyo de especialistas de la Agencia Tributaria. También se incorporó a estas tareas el nuevo Grupo de Respuesta Especial al Crimen Organizado (GRECO), recientemente creado para dar apoyo a las zonas más castigadas por las mafias. Precisamente, el grupo situado en la Costa del Sol fue el primero en ponerse en marcha, en paralelo con el nombramiento del primer fiscal antimafia en la Costa del Sol, Juan Carlos López Caballero. "Seguiremos aumentando los recursos de estos cuerpos y formando más especialistas para hacer frente a una situación que también preocupa a nuestros socios de la UE", declaró José Antonio Alonso, ministro del Interior.

Los investigadores no descartan nuevas detenciones ni mayores repercusiones pero defienden la rigurosidad de la operación. "Está muy bien documentada y las primeras impresiones constatan todo lo que ya se sabía. Estas operaciones son muy largas en el tiempo, pero, precisamente por eso, son muy difíciles de echar atrás en los tribunales. Y ahora tenemos un camión lleno de documentos".

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Construcciones Julio Iglesias
Interviú - 07 de marzo de 2005
 
 
Ha vendido más de 250 millones de discos y reconoce ganar más con la construcción. En sólo cuatro años ha levantado en España una urbanización de lujo y ha presentado dos polémicos proyectos más. Todos en Alicante, donde está muy bien relacionado gracias a su amistad con el ex presidente Zaplana, quien, además de contratarle como imagen de Valencia, le introdujo en los círculos inmobiliarios. La vida de Julio Iglesias no sigue igual.

A sus 60 años y con 35 sobre los escenarios, Julio Iglesias reconoce que gana mucho más por sus inversiones inmobiliarias que vendiendo discos. En apenas cuatro años, y sólo en España, se ha estrenado como consejero de cuatro sociedades mercantiles ubicadas en la Comunidad Valenciana –Urbanizaciones y Construcciones Urcosa S.L., Coll de Rates S.A., Desarrollos Urbanísticos del Algar S.L., y Altea Futura S.A.–, asociándose al Grupo Ballester, líder en el sector de la promoción y construcción de inmuebles en Levante. Iglesias no podía haber elegido un socio mejor.

Más información en la revista Interviú

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EEUU: Burbuja en el hogar
Cinco Días - 07 de marzo de 2005
 
 
Muchos expertos, empezando por Alan Greenspan, niegan que haya una burbuja en el sector inmobiliario. El presidente de la Reserva Federal dice que el mercado del ladrillo es menos dado a estos fenómenos que el de las acciones porque la especulación no es tan inmediata. Además es más cara. No hay lugar para las 'exuberancias irracionales' según la autoridad monetaria.

No hay burbuja. Y sin embargo, parece que la hubiese. La Empresa Federal de Supervisión de la Vivienda (Ofheo, en sus siglas en inglés) asegura que los precios subieron de media un 11,7% en 2004, la mayor subida en 25 años.

El porcentaje puede engañar porque este país tiene dimensiones de continente y poblaciones y economías diversas que distorsionan las medias. Así, en estados como Indiana o Tejas los incrementos no han llegado al 4% mientras que en Nevada los precios subieron un 32,4%.

El origen, como casi todo lo que pasa en este estado, está en Las Vegas, una de las ciudades con mayor crecimiento económico de EE UU y que más inmigrantes atrae aunque como aseguran los economistas de la Universidad de Harvard, que recientemente han elaboraron un informe sobre este particular, el aumento de la inmigración es un factor menor en el alza del mercado inmobiliario.

Sobre las cifras de Ofheo hay dos perspectivas. La primera es la del largo plazo. En los últimos cinco años la vivienda se ha encarecido en EE UU un 49,7% y desde 1980 un 240,7%. Nevada, que se ha apuntado al boom en los últimos años, ha registrado un crecimiento de precios en los últimos cinco del 79,2%. California, un mercado normalmente más caliente ha experimentado avances en este periodo del 102,3%. En el caso del estado de Nueva York donde la opulencia de Manhattan convive con las estrecheces de pequeñas ciudades como Newbourgh, a escasos kilómetros, la vivienda se apreciado un 68% en los últimos cinco años y un 458% en un cuarto de siglo.

En la isla, en la que la población crece al doble de velocidad que las nuevas construcciones, muchos ciudadanos están pagando precios escalofriantes por sus apartamentos o casas. Eso ha hecho que uno de los barrios menos glamurosos de Manhattan, Harlem se vuelva prohibitivo. El precio de la vivienda ha subido allí entre un 349% y un 713% en diez años, según calles.

¿Segunda perspectiva? La del corto plazo. Las cifras muestran signos de agotamiento. En el cuarto trimestre los precios subieron sólo el 1,7%. Los analistas que difieren de Greenspan y creen que hay un sobrecalentamiento del mercado y que la burbuja explotará admiten que se han equivocado tantas veces en sus predicciones que entienden el escepticismo sobre sus conclusiones.

Así las cosas y con los tipos aún bajos, además de que muchos ciudadanos opten por comprar para vivir (incluso por encima de sus posibilidades), un creciente número de estadounidenses se están apuntado al juego de la especulación, sobre todo en las grandes metrópolis, donde más revalorización hay. The New York Times explicaba esta semana que cada vez más personas compran y venden viviendas sobre plano sacando importantes plusvalías. 'Es más rentable que la Bolsa', aseguran. Y el Dow Jones registró el viernes su mejor cierre en tres años y medio. Burbuja no habrá, pero mentalidad de tal, sí.

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Alemania frente a la 'ciudad alegre y confiada' de España
ElConfidencial.com - 10 de marzo de 2005
 
 
Conmoción en Alemania a cuenta de las estadísticas del paro, que a finales de febrero afectaba a 5,216 millones de personas o el 12,6% de la población activa. Más desgracias: según un informe presentado por la ministra de Asuntos Sociales, Ulla Schmidt, el 13,9% de las familias que viven en Alemania -unos 11 millones de personas- lo hacen en el umbral de pobreza. Para rematar la faena, las previsiones de crecimiento del PIB para este año, cifradas por el Gobierno en el 1,8%, han sufrido mermas que la sitúan incluso en el 0,8%.

Como es de imaginar, la pesadilla del paro y la pobreza ha provocado una verdadera tormenta política en la antaño poderosa y siempre orgullosa Alemania, poniendo contra las cuerdas al Gobierno socialdemócrata de Schröder. El contraste con la situación española no puede ser más llamativo. Y no porque no estemos creciendo más, que lo estamos, sino porque los desequilibrios de nuestra Economía, ya evidentes en el último tramo del Gobierno Aznar, deberían estar provocando un cierto debate social o, al menos, entre los especialistas.

Nada de esto ocurre. Los españoles siguen –seguimos- componiendo la vistosa estampa de la ciudad alegre y confiada. Se viaja, se consume más y mejor, se compran coches como nunca, de espaldas al hecho de que buena parte de lo que compramos no se produce en España, porque nuestra economía ha perdido competitividad de forma alarmante.

Todo exceso tiende a su corrección, y el tsunami que tarde o temprano nos ha de venir atacará más fuerte donde se haya perdido mas competitividad. Las familias españolas han asumido un endeudamiento y una liquidación patrimonial de sus pesetas (incluso de las que guardaba papá en Suiza) para acceder a la vivienda, que tendrá su reflejo en los sectores de consumo no imprescindible.

Renta fija con rendimiento negativo y resultados bursátiles inapreciables desde el 11-M hasta el final de año completan un cuadro que va de la sospecha a la certeza, según los casos, de que los precios han crecido por encima de los ingresos y que hay que aceptar un nuevo mix en la cesta de la compra.

Según la ministra Schmidt, entre este segundo informe sobre la pobreza en Alemania y el primero, elaborado en 1998, cuando la coalición socialdemócrata-verde se hizo con el Gobierno, el poder adquisitivo de la clase media alemana se ha debilitado sensiblemente, lo que ha hecho aumentar las diferencias entre ricos y desfavorecidos.

Sorprende que en Alemania alguien se preocupe por la pérdida de pujanza de esas clases medias sobre las que descansa, en gran medida, la estabilidad de un país desarrollado. Sorprende, digo, porque en España nadie parece reparar en ellas. Algo más el PP, mucho menos el PSOE, empeñado en buena lógica en favorecer aquellos sectores sociales más humildes, en los que supuestamente residen sus caladeros de votos.

Y es que lo de mantener el nivel de vida de las mayorías no es prioridad de nadie, sobre todo de quienes siempre comieron y comerán de la política, gentes que cuando algo les hace falta simplemente lo cogen sin que nadie se lo impida. Ninguna preocupación a la hora de pagar nóminas y préstamos, que eso es asunto de empresarios proclives a evitar el pago de impuestos, a los que hay que meter en cintura. La cena de los idiotas nunca tuvo tantos candidatos en la misma mesa.

De alguna manera, la falta de diagnóstico y de sistema de alertas económicas nos pone en manos del azar y del tempo de los gobernantes. Quienes votaron Zapatero no lo hicieron por su preparación para gestionar la realidad de España SA, sino por su capacidad para acabar con Aznar.

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Comunidad de Madrid
 
DIVIDIDOS ANTE LA SUPRESIÓN DEL PORCENTAJE DE VPO EN LA CAM
El Mundo (Su Vivienda) (Madrid) - 11 de marzo de 2005
 
La supresión de la dedicación obligatoria del 50% del suelo para la promoción de viviendas de protección oficial planteada en el 'Dictamen Enterría' abre el debate en los municipios de la Comunidad de Madrid

Transcurrido el tiempo necesario para estudiar a fondo sus 101 artículos, el Dictamen sobre Gestión del Suelo en la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM), elaborado por la Comisión de Expertos que ha presidido Eduardo García de Enterría, ha dividido a los municipios de la región.

Un día después de su presentación, y en medio de la polémica generada por la posible supresión del porcentaje obligatorio de suelo para viviendas de protección oficial, el secretario de la Comisión de Expertos, Enrique Porto, justificó dicha medida en el hecho de que «no se puede buscar un número que permita dar el porcentaje para toda la Comunidad de una sola vez. Todos los ayuntamientos son diferentes. A lo mejor Getafe necesita el 80% o Leganés. ¿Quién lo tiene que decidir? Los ayuntamientos, con cada uno de los planes». Según Porto, podría suceder que «un municipio tenga el 100% de viviendas de protección oficial, si el ayuntamiento lo decide».

El suplemento Profesionales SU VIVIENDA ha hablado con casi una veintena de alcaldes y concejales de Urbanismo y Vivienda para conocer su parecer. Opiniones para todos los gustos y colores. Éstas son algunas de las respuestas:

- Navalcarnero. El alcalde 'popular' de la localidad, Baltasar Santos González, se ha mostrado «a favor de todo lo que signifique no estar encorsetado». «En el caso de Navalcarnero existe mucha necesidad de vivienda protegida en la actualidad. De hecho el 50% que se contempla en la ley vigente se ha quedado corto, aunque lo mismo dentro de dos años esas necesidades no llegan a dicho porcentaje, por eso vemos con buenos ojos la posibilidad de que se otorgue mayor flexibilidad a los municipios», opina González.

- Leganés. El concejal delegado de Urbanismo, Florencio Izquierdo, cree que la eliminación del 50% de suelo obligatorio para vivienda de protección oficial podría provocar que nunca se desarrolle esta clase de casas. «Si desaparece este porcentaje habrá ayuntamientos que no pongan ni un solo metro de suelo», comenta Izquierdo.

- Torrelodones. Fuentes del consistorio 'popular' declaran que «este punto concreto parece, en principio, positivo, puesto que al suprimirse las cesiones supramunicipales, los ayuntamientos, como administración más cercana y quizá la que mejor conozca las necesidades de cada municipio, podrá decidir sobre el destino de ese suelo, cedido por los promotores privados, orientándolo hacia las necesidades e intereses públicos según cada caso en concreto».

- Collado Villalba. El responsable de Urbanismo, Ordenación del Territorio, Infraestructuras y Vivienda en Collado Villalba, José Antonio Gómez, considera que dicha medida es un «brindis al sol, para que, en algunos casos, no se desarrolle ni una vivienda de protección oficial. Gómez puntualiza, que por tal motivo, se debe mantener el actual porcentaje del 50%».

- Boadilla del Monte. El concejal de Urbanismo, Franciscos Díaz Latorre, tras dejar claro que le parece muy bien el encargo hecho a la Comisión de Expertos, afirma que «es bueno que los ayuntamientos tengan ciertas flexibilidades, partiendo de unas directrices regionales». «Los entes locales deben estar en todos los planes de vivienda», comenta el concejal 'popular'.

- Getafe. «No me pilla por sorpresa. No estamos a favor de esa medida». Así se explica el concejal de Urbanismo de Getafe, Santos Vázquez quien considera que es bueno que una ley regional fije el porcentaje de vivienda de protección oficial. «De esa manera, todos los municipios están obligados», puntualiza Vázquez.

- Galapagar. «Me parece que funcionarían mucho todos los temas de vivienda, si los ayuntamientos pudieran decidir». De esta manera se explica el asesor de urbanismo del municipio de Galapagar, Alejandro Fernández, quien considera que sería conveniente que se fijaran algunos índices que fueran variando a medida que se produjeran cambios en la estructura demográfica de la localidad.

- Pozuelo de Alarcón. «Consideramos inviable la supresión de la dedicación obligatoria del 50% del suelo para VPP por ser necesaria la promoción y desarrollo que facilite el acceso a la vivienda fundamentalmente a los jóvenes y a las familias que no pueden acceder al mercado libre», declaran fuentes del Ayuntamiento 'popular' de la localidad.

- Alcobendas. Al segundo teniente de alcalde y concejal socialista de Urbanismo de Alcobendas, Gabriel Martínez, le parece bien que los ayuntamientos tengan más autonomía. «Creo que es bueno que los ayuntamientos puedan decidir ese porcentaje. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando con un 75%», comenta Martínez.

- San Fernando de Henares. «Se trata de un retroceso considerable en política de vivienda que generará más especulación. Va a suponer restringir el acceso a una casa a personas con dificultades reales para ello. Otro efecto probable es que no haya, en realidad, ninguna política pública al respecto, cuando es un deber de la Administración garantizar que ese suelo esté al servicio de los ciudadanos», afirma María Montserrat Muñoz, alcaldesa de la localidad, de IU.

-Guadarrama. Partiendo del análisis de que el vigente 50% se ha cumplido en la Comunidad de Madrid con ciertos altibajos, el alcalde de Guadarrama, José Ignacio Fernández Rubio, apunta que «ya que los municipios de Madrid tienen circunstancias distintas, por qué no pueden tener un porcentaje diferente». Por esta razón, Fernández Rubio propone que se otorgue a los municipios cierta discrecionalidad para esta tarea, pero dentro de unos límites que debería fijar la Comunidad de Madrid.

-Fuenlabrada: Los responsables municipales de Fuenlabrada apuntan que el 'Dictamen Enterría' es regresivo en algunos aspectos. «Como mínimo se debería mantener el actual 50% para vivienda con algún tipo de protección. Es un dato objetivo», explican desde el Ayuntamiento de Fuenlabrada.

- San Lorenzo de el Escorial. «Se trata de una medida positiva por primar la autonomía de los ayuntamientos y que sean éstos los que decidan el porcentaje más adecuado a las necesidades reales», afirma Gonzalo Cuesta Nieto, Concejal de Urbanismo de este Consistorio gobernado por el Partido Popular.

- Parla. «Si realmente se recoge esta medida en la nueva Ley del Suelo sería una barbaridad, pues significaría que tan sólo los ayuntamientos con una sensibilidad social hacia este tema desarrollarían vivienda protegida. El efecto que causaría sería un desplazamiento de población de gente que no puede conseguir una casa en Madrid ni en municipios del norte hacia el sur. Sería injusto e insolidario con el equilibrio territorial. Ese porcentaje debe ser obligatorio e, incluso, mayor de lo que es en la actualidad», declara el socialista Wilfredo Jurado, concejal de Urbanismo de Parla.

- Rivas-Vaciamadrid. En opinión de Alfredo Pelegrín, miembro de Izquierda Unida y concejal de Política Territorial del municipio, «todo el contenido del Dictamen es absolutamente irreconocible. Esta medida en concreto producirá, si se recoge en la ley, un importante desequilibrio territorial al perseguir la liberalización de la protección de la vivienda. Ya el texto vigente tiene deficiencias en esta materia, pero con medidas como ésta la vivienda acaba siendo un concepto de mercado en vez de un derecho fundamental recogido en la Constitución».

- San Sebastián de los Reyes. «Esta medida supondría un auténtico paso de gigante hacia atrás en materia de vivienda precisamente cuando todas las medidas políticas van encaminadas en sentido contrario y la vivienda protegida es el único elemento de control de los precios. Habrá ayuntamientos que tengan un concepto de exclusividad de su término municipal muy acentuado y otros más sensibles que seguirán promocionando VPO. Quizá en la ley no se recogerá esta medida tal cual para que no parezca tan ultraliberal», apostilla Rubén Holguera, concejal de Urbanismo de este Ayuntamiento socialista.

- Torrejón de Ardoz. «Es una atrocidad dejar en manos del mercado un asunto como el de la vivienda protegida, pues no lo regulará mientras haya demanda de vivienda libre», declara el socialista Francisco Martín Rojas, Concejal de Urbanismo.

- Villaviciosa de Odón. «Esta medida se contempla como algo positivo desde el momento en el que otorga autonomía y responsabilidad a las administraciones municipales. Por otro lado, no se debe dejar de apoyar la promoción de vivienda pública», declara Nieves García, alcaldesa 'popular' de la localidad.

LOS AYUNTAMIENTOS QUIEREN APROBAR SUS PLANES

La Comisión de Vivienda y Urbanismo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha aprobado por unanimidad solicitar que las grandes grandes ciudades tengan competencias para aprobar sus planes urbanísticos, según ha declarado su presidenta, Josefa Luzardo, a al sazón alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, informa Efe.

La espera necesaria para poder ejecutar proyectos «pasa en todas las grandes ciudades y tenemos que tender a que la administración sea más ágil», ha declarado Luzardo a propósito de esta iniciativa.

«Los ayuntamientos son las corporaciones más cercanas al ciudadano y precisan agilidad», añade. Por ello, se decidió solicitar que las grandes ciudades puedan decidir sobre sobre sus planeamientos y no tener que esperar a los largos trámites administrativos de las comunidades autónomas, a las que reconoció que «no les va a gustar» dicha solicitud.

La petición se integrará en el libro blanco que elabora la Federación, que, aunque no podráser aprobado en su totalidad por diversos problemas relacionados con la financiación municipal, Josefa Luzardo confía en que prospere en los aspectos administrativos, pues, según ha declarado la presidenta de la Comisión de Vivienda y Urbanismo, hay cuestiones que permanecen inalteradas desde hace 25 años.

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Madrid Habitable denuncia que Aguirre vende humo
Madrid Habitable (Madrid) - 07 de marzo de 2005
 
Según la recién creada Oficina de la Vivienda de la Comunidad de Madrid, en estos momentos no pueden ofrecer ni una sola promoción de vivienda que dependa de la Comunidad.

A pesar de ello la oficina ofrece un documento de preinscripción al citado Plan de Vivienda Joven que cuenta ya con 2.500 inscripciones. Para Mariano Zabía, consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, "las peticiones recibidas hasta la fecha para este proyecto son una prueba evidente de que nos encontramos ante una operación de éxito".

Pero ¿qué supone realmente realizar la preinscripción? Llama la atención que tras intentarlo exhaustivamente, ningún funcionario de la Oficina de la Vivienda, ha sabido contestarnos cuál será el plazo de solicitud, construcción ni mucho menos de entrega. No conocen los criterios de selección, ni el número de viviendas que se crearán.

¿Qué ventajas obtendrán entonces aquellos madrileños que hayan presentado la solicitud? Absolutamente ninguna. La administración no adquiere ningún compromiso con el solicitante, salvo el de avisarle en el hipotético caso de que en el futuro se construyeran viviendas públicas en el área solicitada. Tras llamar a la oficina y apuntarse en esta lista fantasma, es común sentirse estafado.

Madrid Habitable ha elevado una queja a Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, por lo que ha entendido como una tomadura de pelo a los vecinos. En palabras de Manuel Leal, coordinador de MH, "los planes de vida de muchos vecinos dependen de la ocupación una casa. Más de la mitad de las familias tiene problemas para llegar a final de mes y dos de cada tres españoles no puede dedicar un solo euro al ahorro. Es una falta de sensibilidad vender humo a los vecinos".

Según MH la subida de los precios en 2004 ha superado en algunas regiones el 25%. Este factor ha sido decisivo en el aumento del nivel de endeudamiento de las familias, que se ha triplicado en la última década. El 80% de este endeudamiento se debe a créditos hipotecarios, que crecen a un ritmo del 25% anual.

A la Administración de Madrid no le duelen prendas al anunciar faraónicos planes de vivienda. El día uno, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, puso la primera piedra del Plan de Vivienda Joven, destinada a menores de 35 años. Zabía subrayó durante el acontecimiento que era un acto de "gran trascendencia" pues permitirá que nada menos que 1.7 millones de jóvenes menores de 35 años, tengan la posibilidad de independizarse. Hasta la fecha, mera publicidad.

Para Leal, las promociones de vivienda pública son a todas luces insuficientes. No sabemos si este nuevo absurdo de la Comunidad de Madrid obedece a un problema de coordinación o de "ansiedad política", pero la situación debe ser corregida inmediatamente.

O presentan un proyecto serio e información suficiente a los vecinos o admiten que el plan aún no existe. En materias tan delicadas no es decente vender la piel del oso antes de cazarlo".

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Gallardón urge a Fomento a desbloquear Chamartín
Madridpress.com (Madrid) - 10 de marzo de 2005
 
La concejal de Urbanismo, Vivienda e Infraestructuras de Madrid, Pilar Martínez, afirmó que el Ayuntamiento ha convocado para final de mes una reunión del Consorcio Urbanístico de la Operación Chamartín -en el que están representados también el Ministerio de Fomento, Renfe y el Gobierno regional-, con el fin de que este proyecto "salga adelante". En este sentido, recordó que en la última sesión, celebrada en septiembre, Fomento pidió tiempo para estudiar un posible incremento del porcentaje de vivienda protegida, y urgió al departamento que dirige Magdalena Álvarez a presentar ya su propuesta. "Ha habido tiempo suficiente y queremos que se tomen decisiones", dijo Martínez, quien advirtió además de que, en caso contrario, el Consistorio "tendrá que tomar decisiones sobre este ámbito", entendiendo al mismo como "una ciudad financiera".

La edil madrileña, que hizo estas declaraciones durante su asistencia a la Feria Internacional Inmobiliaria MIPIM, que se celebra en Cannes, avanzó además que el Ayuntamiento intervendrá sobre tres manzanas situadas en "lugares emblemáticos" de la almendra central de la capital que se encuentran "muy degradadas" con el fin de eliminar infravivienda y crear nuevos espacios y equipamientos dotacionales, pero nunca "incrementar la edificabilidad".

INTERVENCIÓN EN TRES MANZANAS

Explicó que para ello se han previsto mecanismos expropiatorios y que esta actuación tendrá tres modelos de gestión pública: promotor privado, sector cooperativo y de forma directa a través de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) - . También avanzó que para los dos primeros casos se celebrará un concurso público el próximo julio y que el beneficio privado estará tasado previamente y se compensará con aprovechamientos lucrativos municipales en nuevos desarrollos urbanísticos de la ciudad.

Los promotores deberán comprometerse, tal y como recogerán los pliegos de condiciones del concurso público, a llevar a cabo la propuesta de intervención en las manzanas según los criterios establecidos por el propio Ayuntamiento en cuanto a nuevas tecnologías, viviendas sostenibles, limitación de superficie, creación de equipamientos dotacionales, espacios públicos abiertos, y régimen de alquiler y venta, entre otros.

Además, Martínez subrayó que los adjudicatarios de estos proyectos correrán con los gestiones de los realojos de las manzanas de acuerdo con las pautas determinadas por el Ayuntamiento. Estas tres manzanas han sido seleccionadas de un grupo de diez que el Gobierno local está sometiendo a estudio con el objetivo de intervenir sobre un total de 40.000 viviendas.

Otro de los asuntos a los que hizo referencia la concejala de Urbanismo, Vivienda e Infraestructura fue que su departamento convocará un certamen entre los estudiantes madrileños de Primaria y ESO para que aporten sus ideas al diseño del entorno del río Manzanares una vez se ejecute el soterramiento de la M-30, proyecto este último para el que se ha convocado, a su vez, un concurso internacional de ideas.

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IU: Las obras podrían afectar a 2.100 edificios en Madrid
MadridDiario.es (Madrid) - 10 de marzo de 2005
 
 
No quieren dar un mensaje alarmista, pero sí curarse en salud. El grupo municipal de Izquierda Unida, ha elaborado un inventario de los edificios afectados en la capital por alguna de las obras que están acometiendo, a la vez, las tres Administraciones. Tanto la ampliación de la red de Metro, como los trabajos en la M-30 y las reformas que lleva a cabo Renfe, afectan potencialmente a 2.100 edificios repartidos por toda la ciudad. Exigen una unificación de criterios de las tres Administraciones y la creación de una ventanilla única para el trámite de afecciones son algunas de las medidas que propone IU.

De los 2.100 edificios afectados por las obras, 993 lo están por el proyecto de la M-30, 739 por las obras de Renfe, y 455 por los trabajos de ampliación de la red de Metro. Según la portavoz de IU en el Ayuntamiento de Madrid, Inés Sabanés, las obras en Madrid actualmente suponen "100 kilómetros de túneles. 14 kilómetros de Renfe, 25 de Metro y 60 en el soterramiento de la M-30", ha explicado Sabanés. Unas cifras que suman un presupuesto de 4.500 euros de inversión en total y que "carecen de estudios del estado de los edificios a los que afectan" ha lamentado la edil.

"Estamos entrando en el caos por la imprecisión informativa", ha dicho Sabanés, que lamenta que Ayuntamiento, Comunidad y la Administración Central estén "actuando de manera dispersa e indiferente en donde nadie sabe qué hacen los demás. La gente tiene que ser exigentes y aunque en el desarrollo de la mayoría de las obras hay algunos elementos más que en Barcelona, en el barrio de El Carmelo, no son suficientes", ha sentenciado la concejala de la oposición.

En cuanto a los edificios afectados potencialmente, los proyectos de obras diferencian según el riesgo potencial que existe por lo que Sabanés ha avanzado que hay un 10 o 15 por ciento de los 2.100 edificios con los que habría que tener "un especial cuidado", lo que no quiere decir que "no se esté haciendo nada". Por zonas, Inés Sabanés ha explicado que la M-30 castiga especialmente a los inmuebles afectados por el by-pass sur; las obras de Cercanías afectan especialmente al eje Atocha-Nuevos Ministerios; y en cuanto a los trabajos de ampliación de Metro afectan a las viviendas de la zona de Chamartín y Hortaleza.

Desde Izquierda Unida consideran que el Ayuntamiento tendría que proponer un "Plan Director de Obras Públicas que lidere el proceso de unificar las actuaciones", ha anunciado Sabanés. Además, como medidas previas a las obras, consideran que sería necesaria la "unificación de criterios de las tres Administraciones, la creación de una ventanilla única en la que se tramiten las posibles afecciones, un inventario notarial con fotografías de grietas y fisuras con el visto bueno de los vecinos, y que cada edificio cuente con un archivo donde figure su cosido y los diferentes valores que han dado lugar a su clasificación", entre otras. Durante los trabajos, Inés Sabanés, asegura que serían necesarios recorridos periódicos de cada edifico según su clasificación de riesgo.

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Alcorcón: El Ensanche Sur arrancará en primavera (7000 VPOs)
MadridDiario.es (Madrid) - 08 de marzo de 2005
 
Abril o mayo es la fecha que se ha marcado el Ayuntamiento de Alcorcón para comenzar a urbanizar el nuevo Ensanche Sur. Antes, a finales de marzo, esperan que la Comunidad de Madrid dé luz verde al proyecto de expropiación de este nuevo barrio que contará con 8.000 viviendas, 7.000 de ellas protegidas. La ministra Trujillo ha inaugurado este lunes una exposición sobre el futuro Ensanche Sur, que contará incluso con dos nuevas estaciones de Metro de la línea 10 aunque para ello habrá que esperar a la próxima legislatura.

Una exposición en el Teatro Buero Vallejo de Alcorcón recoge desde este lunes la 'joya de la corona' del equipo de Gobierno municipal. No en vano, ha recurrido incluso a la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, para su inauguración. Sin embargo, de momento, el Ensanche Sur no puede comenzar a construirse porque está a la espera de que la Comunidad de Madrid apruebe su correspondiente proyecto de expropiación. Gobierno regional y municipal constituyeron hace unos meses una comisión de trabajo, en la que el Ejecutivo autonómico ya se ha comprometido a dar el visto bueno a la expropiación en la próxima Comisión de Urbanismo del 29 de marzo.

Si se cumplen estos plazos, fuentes municipales han confirmado que entre abril y mayo comenzarán las obras de urbanización propiamente dichas, y para ello ya se ha convocado el correspondiente concurso de adjudicación con un presupuesto de 89 millones de euros. A la espera de tener todos los permisos en regla, el Ayuntamiento de Alcorcón ya ha iniciado los trámites para adjudicar la redacción de los proyectos de identificación de las viviendas a veinte equipos de arquitectos. Y es que de las 8.000 viviendas, previstas en una extensión de dos millones de metros cuadrados, 7.000 serán construidas por el Ayuntamiento a través de la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria de Alcorcón (EMIGASA), y 1.000 por la Comunidad de Madrid. Del total, 1.071 viviendas serán libres, y el resto rondará precios de entre 113.000 y 123.000 euros.

Alcorcón, con equipo de gobierno socialista, ha querido convertir el Ensanche Sur en el ejemplo de la política de vivienda socialista en contraposición a la del PP y asegura que es el proyecto de vivienda pública de mayor envergadura en la Comunidad de Madrid. Unos 500.000 metros cuadrados a para zonas verdes y 320.000 para equipamientos sociales sonalgunas de las macrocantidades del Ensanche Sur, que contaría la próxima legislatura con dos nuevas estaciones de la línea 10 de Metro ubicadas a lo largo de la Vía Diagonal prevista en la urbanización, concretamente en las cercanías del actual recinto ferial y otra en el centro del Ensanche Sur. Además, también contará con conexión directa a la M-50.

Desde el PP municipal su portavoz, Fernando Díaz, se preguntó este lunes si uno de los arquitectos diseñadores del Ensanche Sur "se llevará una comisión del 3 por ciento por participar en este plan de vivienda" y acusó al PSOE de encubrir las corruptelas que denuncian en los municipios gobernados por el PP. Díaz aseguró a la agencia EFE, que en el año 1999 el entonces portavoz del PSOE y hoy alcalde, Enrique Cascallana, firmó un contrato con este arquitecto "en el que se acordaba que si ganaba el PSOE en las elecciones de ese mismo año se llevaría una comisión del 3 por ciento de todas las inversiones en el Ensanche Norte". "Ahora no sabemos si también se llevará una comisión por el proyecto del Ensanche Sur", dijo, al tiempo que criticó la "parafernalia" y la "pantomima" que "va a montar el PSOE" en la exposición inaugurada por la ministra.

CRÍTICAS DE BETETA

El portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, Antonio Beteta, acusó este lunes a su homólogo socialista, Rafael Simancas, y a la ministra de Vivienda, María Antonia Trujillo, de "engañar a los madrileños" porque las 8.000 viviendas que se construirán en el Ensanche Sur de Alcorcón "no tendrán el precio ni el plazo que dicen". Beteta denunció "cambios sustanciales" en el proyecto inicial del Ensanche Sur de Alcorcón, ya que, según dijo, "las viviendas han pasado de costar entre 84.000 y 96.000 euros a situarse en un precio que oscilará entre los 108.000 y los 120.000 euros, previsiblemente". De la misma forma, el proyecto de urbanización que el Ayuntamiento tendrá que presentar en próximas fechas "pasará de 45 a 90 millones de euros", lo que explicaría, según el portavoz del PP, "el mayor coste de la vivienda".

Según el portavoz del PP, los jóvenes madrileños "se sienten engañados" ante este proyecto porque "no saben realmente cuánto les va a costar la vivienda". "Lo que es seguro es que les costará mucho más de lo que dijo el PSOE en las elecciones", agregó, para destacar a continuación que los proyectos anunciados por el Ayuntamiento de Alcorcón en materia de vivienda han sido "un auténtico fiasco" porque "carecían de fundamentos legales y económicos, y han tenido que ser retirados por el municipio".

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La CAM busca 4.000 millones en Cannes para 8 desarrollos
ABC (Madrid) - 09 de marzo de 2005
 
 
Buscar 4.000 millones para financiar los ocho desarrollos que se levantan en la región. Esta es la principal misión de la Comunidad de Madrid en su viaje al MIPIM de Cannes. La ciudad francesa acoge hasta el próximo viernes el certamen inmobiliario más importante del mundo, donde casi 2.000 expositores internacionales exhiben sus proyectos. Cien de ellos son españoles. Madrid, en este caso, no podía ser menos. El Ayuntamiento y el Gobierno autonómico acuden de la mano a este foro con un «stand» que pretende captar inversión extranjera para los proyectos de la región.

El Ejecutivo de Aguirre presentó ayer su oferta, que recoge la creación de ocho proyectos urbanísticos que se pondrán en marcha a través de Arpegio. El consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Mariano Zabía, detalló la creación de cuatro grandes desarrollos industriales y la construcción de «tres nuevas ciudades» que supondrán la construcción de 21.000 nuevas viviendas, de las cuales el 60 por ciento tendrían protección. Estas operaciones, según señaló ayer el consejero, permitirán crear 35.575 empleos directos en la zona.

CAPTAR EUROS PRIVADOS

El objetivo que se han marcado las administraciones es que «por cada euro público para estos proyectos se puedan captar cuatro privados». El Ejecutivo tiene previsto aportar 1.104 millones de euros, por lo que necesitaría una inversión privada de 4.000 millones para su desarrollo inmediato.

Entre los proyectos industriales destaca el Parque Empresarial Carpetania (en Getafe), con una superficie de 500 hectáreas y una edificabilidad de 1,7 millones de metros cuadrados, y que tendrá usos industriales, comerciales y terciarios, creará 15.000 empleos y contará con una inversión pública de 240 millones y privada de 1.082 millones de euros.

Arpegio prepara también el desarrollo del Parque Industrial R-2 de Meco, con 78 hectáreas, y una ampliación posterior de otras 193. El proyecto está diseñado para promover la localización de empresas «Ofi-Tec» e industria escaparate en el Corredor del Henares. Junto a estos dos proyectos, la Comunidad acaba de adquirir 250 hectáreas de suelo en Arganda para la promoción de un área destinada al sector logístico. Dichos terrenos, que lindan con la A-3, ayudarán al desarrollo de la actividad económica del eje Madrid-Valencia.

El cuarto proyecto en ejecución es el Parque Lineal Arroyo Culebro, que ha encadenado actuaciones industriales, residenciales y de servicios con una superficie total de 1.300 hectáreas.

Respecto a los nuevos desarrollos residenciales, Arpegio ejecuta Parque Soto del Henares, Ciudad Jardín de Arroyomolinos y Parque Residencial la Dehesa de Navalcarnero, que sumarán 12.045 viviendas, de las que 7.954 contarán con algún tipo de protección.

El Parque Residencial del Henares completará el desarrollo urbano de Torrejón con una aportación de 63 millones. Se levantarán 6.504 pisos (4.979 protegidos). La Ciudad Jardín de Arroyomolinos, por su parte, totalizará la construcción de 3.950 viviendas (2.000 protegidas), mientras que en La Dehesa de Navalcarnero se levantarán 1.591 pisos (890 protegidos).

El consejero de Ordenación del Territorio anunció además la puesta en marcha de dos proyectos que combinan la oferta residencial con la de ocio. El Espartal de Valdemoro será el primero, y conjugará 4.350 pisos (2.000 protegidos) con dos campos de golf privados y uno público. El Parque Central del Henares, por su parte, incluirá la construcción de una nueva depuradora en Alcalá, de una zona fluvial y de un parque de 43 hectáreas, hoteles, centros de convenciones y campos de golf.

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Vecinos de Carabanchel piden la salvación del Parque Lineal
ABC (Madrid) - 07 de marzo de 2005
 
 
La ampliación de las autopistas M-40 y M-45 podría suponer la destrucción de una parte de la zona verde, según denuncian asociaciones del barrio

Los vecinos del PAU de Carabanchel plantaron ayer medio centenar de árboles en la zona del Parque Lineal que, según denuncian, se destruirá para llevar a cabo la ampliación de las autopistas M-40 y M-45, que proyectan el Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid, informa Efe.

El portavoz de la Asociación de Vecinos de Carabanchel-Plataforma PAU, Juan Fernández, explicó que desde el mediodía de ayer unos 200 vecinos estaban participando en esa Arbolada que se ha realizado por tercer año consecutivo y que se mantendrá «mientras sobre este espacio verde persista la amenaza de más autopistas».

Con la presencia del escritor Lorenzo Silva y del actor Ángel Jodrá, «carabancheleros de pro», y el apoyo de Ecologistas en Acción y la Asociación Cicloturista de Usuarios de la Bicicleta, los vecinos de Carabanchel quieren «garantizar» la salvación de «lo que queda» de esta extensión verde «de 100 metros de ancho por varios kilómetros de largo», y la reparación del daño ya causado por los trazados actuales de la R-5 y la M-45.

CARRETERAS SOBRE ZONA VERDE

Las dos vías, según este portavoz vecinal, «están construidas sobre zona verde sin haberse modificado el ordenamiento urbanístico vigente, y se encuentran por lo tanto en situación irregular respecto al Plan General de Ordenación Urbana de Madrid de 1997».

Ahora, además, hay dos proyectos de ampliación de la M-40 y la M-45, que «se cargarán lo que queda del parque» y «se triplicarán las autopistas que tenemos delante de nuestras casas», dijo Juan Fernández, quien aseguró que el impacto acústico que tienen que soportar los vecinos «supera en más de 20 decibelios los límites legales».

Para los residentes de este barrio madrileño, la salvación del Parque Lineal «es una meta», por lo que instan a las administraciones públicas a corregir el «daño causado» y a «soterrar» todos los nuevos trazados que se proyectan sobre esta zona verde.

Según el portavoz de los vecinos, el Gobierno regional prevé prolongar ocho kilómetros de la M-45, lo que supondrá una nueva «invasión» del Parque Lineal tras la acometida en 2002. La ampliación de la M-40 supondría «la desaparición casi completa del parque», advirtió.

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