Aquí tenéis el resultado de vuestras colaboraciones en el especial de Informe Semanal dedicado a la vivienda que finalmente han titulado "Rebeldes sin casa".
Gracias a todos los que nos habéis mandado los testimonios que han posibilitado un reportaje que en contraposición a la falta de análisis de la problemática, hace una clara invitación a la reflexión y es tan importante que la sociedad reflexione sobre lo que está sucediendo...
Esperamos que los que no hayan sido seleccionados esta vez por los redactores de este programa, puedan tener su oportunidad en futuros reportajes con los que estamos colaborando como el de Telecinco o el de La Sexta, en el que algunos de vosotros saldréis también en septiembre.
La subida media de los pisos nuevos libres fue del 10,8%, el menor aumento anual desde 2001, según datos del Ministerio. Entre abril y junio, el precio de la vivienda nueva experimentó caídas en cuatro de las 17 comunidades autónomas. El PP le ha pedido que revise su metodología.
El precio del suelo urbano se situó en 257,4 euros por metro cuadrado a cierre del primer semestre del año, lo que refleja un descenso del 0,4% respecto a igual periodo de 2005, según los datos del Ministerio de la Vivienda difundidos hoy.
La estadística del Departamento que dirige María Antonia Trujillo también revela que esta disminución del precio de los terrenos urbanos se eleva hasta un 13% en el caso de Asturias, al 14,2% en Navarra, y el 12,8% en Madrid, si bien contrasta con las subidas del 58% registrada en Ciudad Real y del 47% de Avila.
Los datos arrojan también los primeros descensos en los precios de los pisos, de un 0,1% y de un 0,5% trimestral en Tenerife y Guipúzcoa, respectivamente, en el caso de las viviendas nuevas libres, y en Extremadura (-1,9%), Madrid (-0,1%), País Vasco (-0,1%) y Baleares (-0,1%), en los pisos usados de hasta dos años, también de forma intertrimestral.
La estadística del Ministerio confirma que el precio de la vivienda nueva libre se situó en una media de 1.942,3 euros por metro cuadrado a cierre del primer semestre del año, lo que supone un incremento del 10,8% respecto a la misma fecha de 2005 y del 2,9% en el conjunto del segundo trimestre sobre los tres meses precedentes.
Se trata del menor encarecimiento anual de la vivienda libre desde 2001 y además arroja una ligera desaceleración de algo más de un punto porcentual respecto a la subida del 12% acumulada a cierre de marzo.
En el caso de la vivienda de protección oficial (VPO), cuyo precio está regulado, experimentó un encarecimiento del 8,7% en los últimos doce meses y del 1,9% en el primer trimestre, periodo que cerró con un importe medio de 995,6 euros por metro cuadrado.
Por su parte, los pisos usados subieron tanto como los nuevos, dado el precio de las viviendas de menos de dos años se incrementó un 11,6% anual (un 3% en el trimestre), mientras que el de los de mayor antigüedad lo hicieron un 10,4% (un 2,7% en los tres primeros meses).
Las compañías no podrán trasladar impuestos ni tasas a los compradores de pisos. Quedará prohibido el cobro de penalizaciones a los propietarios que rechacen el mecanismo de financiación ofrecido por el promotor.
El Gobierno actuará contra lo que considera prácticas “abusivas” que distorsionan el mercado de la vivienda. Y lo hará para controlar este tipo de comportamientos en el sector de los promotores y de las inmobiliarias.
La reforma legal en la que el Ejecutivo incorporará sus nuevos controles será el proyecto de reforma de la Ley de Defensa de los Consumidores. Una norma en la que se recogerá la nueva prohibición para las empresas del sector de intentar obligar al comprador a subrogarse en la hipoteca del constructor o promotor de la vivienda. Igualmente se prohibirá a la compañía la imposición de penalizaciones dentro de los contratos de compra venta para los supuestos en los que el consumidor decida rechazar el crédito ofrecido por la inmobiliaria.
Tanto este hecho, como el intento de trasladar costes extra hacia el comprador, serán cuestiones catalogadas de prácticas abusivas y, por lo tanto, se rechazará su validez. De este modo, también se perseguirá otro tipo de comportamiento: el consistente en imponer al consumidor el pago de tributos en los que el sujeto obligado al pago sea el vendedor. Fuentes de Moncloa apuntan a que esta situación de traslado del pago fiscal se ha detectado principalmente con el impuesto local conocido como la plusvalía municipal y con diversas tasas, principalmente locales, que las empresas inmobiliarias traspasan a los compradores de vivienda incluyendo su abono en el pago final del piso.
La reforma también impedirá las cláusulas contractuales que exijan al consumidor los gastos derivados del establecimiento de los accesos a los suministros generales de la vivienda, cuando ésta deba ser entregada en condiciones de habitabilidad. Entre estos suministros se encuentran la electricidad, agua, gas, etcétera.
Las fuentes consultadas aseguraron que todos estos cambios deberían ser aprobados por el Parlamento, según los planes iniciales del Gobierno, antes de finalizar el presente ejercicio.
Quejas de los usuarios
Desde hace varios años, las distintas organizaciones de consumidores han centrado sus esfuerzos en explicar a los ciudadanos los derechos que tienen cuando acuden a comprar un piso. De hecho, muchas de las asociaciones emiten informes periódicos sobre los incumplimientos del sector inmobiliario, que muchas veces aprovechan el desconocimiento de sus clientes para colocarles inmuebles en mal estado o imponerles condiciones de dudosa legalidad.
Las razones de las quejas también son bastante comunes, entre las que destacan los retrasos en la entrega de las casas, la inclusión de cláusulas abusivas en los contratos, la existencia de desperfectos en la vivienda y la entrega de memorias de calidades que no se corresponden exactamente con la realidad.
En el caso particular de las cláusulas abusivas que incluyen muchos contratos, la mayoría hace referencia a la vinculación de la fecha de entrega del piso a la voluntad de la promotora, al incremento del precio sin razones objetivas o a la retención de cantidades indebidas. “No sólo hay que denunciar la inclusión de cláusulas claramente desequilibradas con respecto al comprador, sino también el hecho de que haya muchas compañías que no te dejen sacar el contrato privado de la caseta de ventas para que puedas consultarlo con un experto”, explican en la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).
En cambio, si se trata de vivienda usada, casi todas las quejas están relacionadas con el cobro de comisiones indebidas por parte de los intermediarios inmobiliarios.
Y es que de las 39.750 quejas que presentaron los españoles ante el Defensor del Pueblo durante el pasado año, más de la mitad (23.512), estuvieron relacionadas con problemas de urbanismo y vivienda.
El Tribunal de Cuentas ha enviado un durísimo informe al Parlamento sobre su balance de la gestión económica y de personal de los ayuntamientos. Las “deficiencias e irregularidades” se extienden a lo largo de los diversos capítulos del control financiero; el registro contable de las operaciones económicas; la gestión de personal y la contratación pública.
En el informe, recién aprobado por el pleno de la institución, el Tribunal de Cuentas asegura que “la mayoría de las entidades locales no ejercen la función de control financiero, tanto de ellas mismas, como de los entes que de ellas dependen”. Y es más, en los casos en que sí se hace este control, “no se documenta con un informe que se pueda enviar al pleno de la corporación”.
Igualmente, la institución afirma que muchos ayuntamientos de más de cincuenta mil habitantes “no elaboran” las memorias correspondientes sobre el cumplimiento de los objetivos programados y sobre el coste de los programas, que deben acompañar la cuenta general, tal y como les obliga la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
Y en los casos en que sí se elaboran estas memorias “no tienen el alcance y contenido exigido, pues los presupuestos no se confeccionan por programas ni la contabilidad permite deducir el coste y rendimiento de los servicios”.
Una de las razones fundamentales de este problema en los ayuntamientos es la falta de personal cualificado para atender las cuentas. Numerosos municipios “mantienen vacantes un número elevado de puestos reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional”. A esos puestos se accede por oposición, y son los secretarios, los interventores y los tesoreros.
Por lo tanto, según el Tribunal de Cuentas, con frecuencia estos puestos se cubren “con personal cuya cualificación no siempre es la más adecuada”, y que normalmente son funcionarios interinos. Incluso, en los municipios de menor capacidad se produce otro problema, aunque tengan un funcionario con habilitación de carácter nacional para desempeñar las funciones más complejas.
Con frecuencia, en una misma persona coinciden la responsabilidad de la gestión económica con la de la intervención de esa misma labor. “Esta situación es contraria a los principios de control [en los municipios], según los cuales el órgano gestor no debe coincidir con el fiscalizador”.
Una labor condicionada
Es más, “en ocasiones”, el habilitado nacional “está condicionado en el ejercicio de su funciones” porque, a pesar de la independencia que debe tener respecto a los políticos, termina dependiendo de la corporación en sus condiciones de trabajo y se convierte en una persona de libre designación. Por lo tanto, es nombrado pero también “cesado” por la propia entidad local.
Pero los casos de los funcionarios habilitados no es el único problema en la gestión de personal que tienen los ayuntamientos. La moción que el Tribunal de Cuentas ha dirigido al Parlamento denuncia que, “en su mayor parte, las corporaciones locales no elaboran las plantillas [...] de acuerdo con los principios de racionalidad, economía o eficiencia” tanto en lo que se refiere a los funcionarios como al personal laboral o eventual. Este hecho produce que la oferta de empleo público “incluya puestos de trabajo inexistentes o sin dotación económica para su cobertura”.
Además, “ en gran parte” de las entidades locales, en los procesos de selección de personal, “se incumplen” los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Este hecho se agrava, siempre según el informe de la institución fiscalizadora, por “la tendencia” de los ayuntamientos a sustituir plazas de funcionarios por puestos para contratados laborales, cuyo empleo tiene menores requerimientos.
El tribunal también ha encontrado en el capítulo de la contratación pública “una reiterada vulneración de los principios de legalidad, eficiencia y economía”. Es más, la institución que preside Ubaldo Nieto no duda en denunciar “la realización de prácticas ilícitas” por parte de los ayuntamientos debido al “incumplimiento de la normativa contractual”.
Irregularidades
En otras ocasiones, las lagunas jurídicas en la normativa sobre la contratación pública, o la ambigüedad en determinadas cuestiones hace que, según el tribunal, “se facilite en la práctica gran variedad de irregularidades de mayor o menor entidad”. Irregularidades que “bordean los límites de la ley sin transgredirla formalmente, pero que en muchos casos generan perjuicios de muy diversa índole a la Administración y/o a los empresarios interesados en estos procedimientos contractuales”.
En este universo de “irregularidades” que hacen los ayuntamientos, la moción desvela que muchos contratos carecen del informe previo, y a partir de ahí “se encadenan” los errores que pueden afectar a la naturaleza del contrato, la capacidad de los licitadores, los requisitos de publicidad y concurrencia o la competencia del órgano de contratación.
José Montilla dejará en breve de ser ministro, y parece cada día más claro que Juan Fernando López Aguilar también. Así que en Ferraz presionan para que no sean los únicos.
El Ministerio de la Vivienda no ha estado exento de críticas desde su creación, como tampoco su titular, la extremeña María Antonia Trujillo. Primero fue el "apagón estadístico", le siguió la propuesta de la ministra sobre la construcción de "minipisos" de treinta metros cuadrados para los jóvenes y, posteriormente, la financiación de un proyecto en el que se invirtieron 140.000 euros, que comprendía la puesta en marcha de una página web para facilitar la búsqueda de piso a los jóvenes, una campaña publicitaria y la distribución de miles de pares de zapatillas para que los jóvenes se "pateen" la ciudad en busca de piso.
Estas y otras polémicas iniciativas y declaraciones, además de generar controversia, le han venido valiendo numerosas críticas a Trujillo tanto desde la oposición como desde los medios de comunicación. Hasta tal punto es así que no pocas veces se ha pedido la dimisión de la ministra. De hecho, en la propia sede de la calle Ferraz se han seguido con asombro los pasos de la política extremeña. En el entorno del secretario de Organización del PSOE, José Blanco, Vivienda es precisamente el Departamento que más preocupa.
Según han reconocido fuentes socialistas las movilizaciones de jóvenes, con sentadas en capitales como Madrid, puso en alerta al cuartel general del PSOE. El voto joven fue fundamental en la llegada de José Luis Rodríguez Zapatero a La Moncloa y la frustración que puede acarrear una política de Vivienda sin resultados poco antes de unas elecciones municipales y autonómicas tiene de los nervios al equipo de Blanco en el cuartel general socialista. "La imagen de María Antonia Trujillo -advierten las mismas fuentes- está jugando no sólo en su contra sino en la del partido".
De ahí que en no pocos despachos de Ferraz se reclame un recambio. A pesar de no contar con ello, dado que el presidente del Gobierno ha dejado claro que a finales de agosto o primeros de septiembre las únicas salidas del Gabinete serán la del ministro de Industria, José Montilla, y en todo caso la del de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, más de un dirigente no pierde las esperanzas al recordar el revelo de la titular de Educación, María Jesús Sansegundo, que nadie preveía en la denominada "crisis de José Bono". Desde luego, en la sede central del PSOE no lo lamentarían si las marchas de Montilla y López Aguilar, el primero con destino a Cataluña y el segundo -si al final es el candidato socialista- a Canarias, fuese acompañada por la de Trujillo.
Sin embargo, el primero que defiende la gestión de la ministra es el propio presidente Zapatero "porque estima que está haciendo una buena labor", según apuntan en La Moncloa, que destacan además que los resultados de la política de vivienda "tardarán algunos años en apreciarse plenamente".
Andalucía es la tercera comunidad con mayor aumento en el periodo de 2000 a 2005 del número de años de sueldo íntegro que un hogar necesita para pagar una vivienda media
Cada año, más difícil ser propietario. La desigual evolución de los precios de la vivienda y los salarios en los últimos años se traduce en un palpable incremento del esfuerzo que necesitan hacer las familias para acceder a una vivienda en propiedad. Según un reciente informe de Caixa Catalunya, el esfuerzo medido en años de trabajo necesarios para la adquisición de una vivienda media se ha disparado más de un 66 por ciento en Andalucía en el quinquenio de 2000 a 2005, hasta los 6,6 años.
Así, si una familia media andaluza necesitaba 4 años de sueldo íntegro para pagar un piso de unos 100 metros cuadrados y menos de dos años de antigüedad, en 2005 necesitaba ya 6,6 años. Andalucía es la tercera comunidad que ha registrado un mayor aumento del esfuerzo familiar para la compra de una vivienda en dicho periodo, precedida sólo por la Comunidad Valencia y Murcia, cuando el aumento medio en España fue del 44 por ciento. En el conjunto de España, el esfuerzo medio familiar para acceder un piso de idénticas características se sitúa en 6,4 años de sueldo, dos meses menos que en Andalucía, cuando la comunidad que más tiempo necesita es Madrid, con 8,7 años, casi tres veces más que las comunidades en las que es necesario un menor esfuerzo, como Castilla y León, Castilla-La Mancha, Galicia y Extremadura, con tres o cuatro años. Estos datos ponen en evidencia que las diferencias de renta familiar neta entre comunidades autónomas son bastante inferiores a las que existen entre los precios de la vivienda.
El servicio de estudios de Caixa Catalunya explica que el fuerte aumento del 80 por ciento del precio de la vivienda en el quinquenio analizado ha rebasado con creces el incremento nominal de la renta familiar neta derivada de fuentes del trabajo, que se sitúa alrededor del 30 por ciento en el mismo periodo. Además, la brecha entre los hogares más ricos y los más pobres es significativa, pues los últimos necesitarían más de 16 años de renta familiar para la compra de una vivienda de 100 metros cuadrados de menos de dos años, mientras que las familias más adineradas sólo 3 años y un mes.
El estudio también revela que sólo la mitad de los hogares españoles podría comprar una vivienda media de este tipo con una hipoteca por el 75 por ciento de su valor. Y la cifra baja a entre el 30 y el 40 por ciento si hablamos de una hipoteca por el 100 por ciento del valor de la vivienda. Los autores del informe señalan que "unos valores tan elevados de familias ubicadas fuera del mercado inmobiliario son claramente contradictorios con el fuerte tirón de los últimos años" y aclaran que lo que ha sucedido es que ante el aumento del esfuerzo, los hogares han reaccionado demandando viviendas de menor superficie y el sistema financiero, por su parte, lo ha hecho también modificando las condiciones de financiación para facilitar el acceso a hogares que de otra forma quedaría excluidos. Así, un 20 por ciento de los hogares españoles no podrían acceder a una vivienda con una hipoteca por el 75 por ciento del importe total a veinte años, pero prácticamente todos podrían hacerlo a un plazo de 40 años.
El caso de Telvent (Abengoa) y la hija de Manuel Chaves
El PSOE almeriense no ha tenido mejor ocurrencia que denunciar por corrupción a una empresa que apodera Paula Chaves Iborra, hija del presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves. Se trata de Telvent Tráfico y Transporte S.A., integrante de la UTE que se adjudicó la Ciudad Digital de Almería y que ha sido denunciada por el PSOE local ante la Fiscalía Anticorrupción de Madrid –junto con la práctica totalidad de la corporación municipal almeriense, del PP- por presunta corrupción.
En la misma UTE participó también la firma Inabensa, que igualmente apodera (desde mayo de este año) Paula Chaves. Telvent ha recibido, entre otros, el contrato para implantar la red de radiocomunicaciones del Ayuntamiento de Sevilla. Y ahí tenemos a los esforzados socialistas almerienses denunciando a una empresa sin reparar en que su apoderada es la hija del presidente de la Junta, socialista para más señas. ¿Qué hacer? El escándalo en la calle, Chaves en el ojo del huracán, cabreado como pocas veces, y el inefable Gaspar Zarrías en la picota. ¿Se abre la veda sobre las actividades de la familia formada por Manuel Chaves y Antoñita Iborra?
Para comprender los entresijos de tan peculiar situación habría que elevar el punto de mira y otear el horizonte para poder descubrir el bosque del entramado de intereses cruzados existente en la Andalucía de Chaves entre la clase política, una serie de empresas influyentes, el estamento de la vieja nobleza y no pocos medios de comunicación. Porque resulta que ambas sociedades, Telvent (implicada en casos como el de Xfera o la Zona Franca de Cádiz) e Ibadesa, son filiales de un grupo andaluz con mucho pedigrí: Abengoa, a cuya nómina de favores está apuntado lo más granado del establishment social, político y empresarial de la región.
El Consejo de Administración de Abengoa (y Telvent) está imputado por la Audiencia Nacional, tras sucesivos recursos infructuosos, en cuatro supuestos delitos por el caso Xfera, con peticiones de cárcel y pendiente de apertura de juicio oral. De los cuatro consejeros imputados, dos de ellos, los hermanos Benjumea, tienen el honor de ser miembros recientes de una institución tan venerable como la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, que entre otras exigencias reclama de sus distinguidos miembros la pureza de sangre y el no haber ejercido el comercio, requisitos que no parecen chocar frontalmente con el hecho de estar sometidos a peticiones de 3 y 4 años de cárcel por delitos como la apropiación indebida.
Son cosas aparentemente consuetudinarias en la Andalucía de hoy y de ayer, la Andalucía de siempre. Cosas que se ven como normales entre la clase dirigente andaluza, tanto como para pedir a los imputados que te coloquen a tu hija, se supone que con un buen sueldo, en una empresa sujeta a escándalos y cuyo trabajo, obviously, va a consistir en conseguir contratos para Telvent del Gobierno de la Comunidad Autónoma, situación y entresijos que los medios de comunicación locales –con la excepción de Internet- suelen silenciar cuidadosamente.
Y es que Abengoa ejemplifica como nadie el entramado de intereses empresarial, político y mediático que caracteriza a la Andalucía de Chaves, construido a través de los años a base de favores mutuos, esquema que ha permitido a unos mejorar el negocio con ayudas fiscales, contratos públicos, etc., además de blindajes judiciales y protección mediática, y a otros poder colocar a la familia, que de eso se trata, de cuidar muy bien a la familia.
Claro que tantas seguridades, tantos compromisos cruzados, no logran evitar que el historial de la compañía haya quedado salpicado de casos de corrupción con Gobiernos de distinto signo. Por ejemplo, con Gobierno PSOE, consejeros de Abengoa resultaron imputados por delitos de falsedad y apropiación indebida en el célebre caso Filesa. Con Gobiernos PP y PSOE, el caso Xfera ha dejado como imputados a cuatro consejeros y directivos del grupo, con peticiones confirmadas por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Con Gobierno PP, Telvent resultó enganchada en el caso de la Zona Franca de Cádiz. Con Gobierno PSOE, la misma Telvent acaba de resultar implicada en el escandalete almeriense.
Y es que basta echar una ojeada a los prominentes compañeros de viaje que el grupo despliega tanto en su Consejo de Administración, como en el consejo asesor, la fundación, etc. La lista es larga:
Por la nobleza: S.A.R. el Infante don Carlos (consejero Telvent); Álvaro Fernández Villaverde, duque de San Carlos y marqués del Viso, entre otros (consejero de Abengoa); Carlos Fritz-James Stuart, duque de Huéscar (Fundación Focus)
Por el PSOE: Rafael Escuredo (consejo asesor Abengoa); José Rodríguez de la Borbolla (Fundación Focus); Cándido Velázquez, ex presidente Telefónica, gran cliente de Abengoa (consejo asesor).
Por el PP: José Manuel Fernández Norniella, el gran amigo de Rato (consejo asesor), y Manuel Olivencia, suegro de Javier Arenas (Fundación Focus).
Por los medios: Ignacio de Polanco (Prisa, consejo de Abengoa); José Terceiro (Prisa, consejo de Abengoa y presidente del consejo asesor); Javier Benjumea, (vicepresidente de Abengoa y consejero grupo Vocento).
SEGÚN un informe de la ONG Transparencia Internacional, la construcción es uno de los principales focos de corrupción en España. Esta ONG, encargada de velar sobre la incidencia de la corrupción en el mundo, analiza en un informe más de 45 países, entre ellos, España. Una de sus conclusiones es que en España la construcción es un «foco de corrupción permanente». Manuel Villoria, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos y uno de los encargados de este documento, ha recordado que en nuestro país «prácticamente todos los alcaldes están a favor de convenios urbanísticos como forma de conseguir ingresos».
El estudio concluye que para acabar con la corrupción en este sector es necesario cambiar el sistema de financiación de los ayuntamientos, con el objetivo de que dependan menos de las nuevas construcciones y las correspondientes recalificaciones.
Viviendas negras. En los 10 primeros meses de 2005, el fraude inmobiliario detectado por Hacienda ascendió a 2.892 millones de euros. Esta actividad ya ha adquirido fama más allá de nuestras fronteras. En su último informe, la organización Transparency International, dedicada a investigar la corrupción en todo el mundo, señala el binomio España-vivienda como una fuente de corrupción constante. Los notarios han estimado, igualmente, que en la vivienda usada y las pequeñas promociones los precios escriturados se sitúan entre un 30% y un 40% más bajos que los pagados realmente por el comprador. Los acuerdos entre las dos partes se cierran, en muchos casos, en las propias notarías, después de que el fedatario público abandona el despacho.
Uno de cada cuatro euros que se mueve en nuestro país procede del denominado 'dinero negro', dinero fraudulento, que no pasa por el tamiz de la legalidad, sin ser declarado a Hacienda, sin cotizar a la Seguridad Social, y se disfruta con impunidad frente a los poderes públicos y a la mismísima sociedad civil. Seis de cada diez agencias inmobiliarias acepta 'dinero negro' en sus pagos y, además, uno de cada cuatro billetes de 500 euros que circulan en la Unión Europea -donde hay 341 millones de billetes morados- está en España, con crecimientos anuales de hasta el 35% en los dos últimos años. Son datos de los técnicos financieros del Ministerio de Economía.
La insuficiente financiación de las administraciones locales, la apropiación de las plusvalías, los procedimientos no objetivos de transformación del suelo y la conversión de los patrimonios municipales del suelo en instrumentos especulativos, son algunas de las claves de este informe que, por sí solas y mezcladas con unos gestores sin escrúpulos, sirven de paisaje para Marbella, pero también para otras tantas localidades costeras y no costeras de nuestro país. Asturias, como estamos viendo estos últimos meses, no es ajena.
Lamentablemente, hasta ahora esta triste realidad surge de la incapacidad del Estado y de los poderes públicos para hacer frente al aluvión de pillos en un sector inmobiliario que está detrás del florecimiento de la economía ovetense, asturiana y española en la última década. Todo crecimiento tiene sus quistes y aquí se puede convertir en metástasis si no se corta de raíz.
Por supuesto, quiero romper una lanza a favor de los políticos y de los empresarios, los cuales, en su mayoría, actúan dentro de la legalidad. Con este profundo convencimiento, hago un llamamiento a practicar con decoro el noble ejercicio de la POLÍTICA (con mayúsculas) y considero necesario depurar responsabilidades -a quien las tenga- en dos direcciones: la judicial y la política. Desde la vía judicial, hay que investigar sin presiones las denuncias que se efectúen y esperar el dictamen (aunque lamentamos que los denunciantes, más que por un valor moral o ético, lo hagan por una 'vendetta'). Desde política, es necesario asumir responsabilidades, anteponiendo el valor de la ética y el de la moral en el ejercicio público como valores fundamentales en el servicio a la ciudadanía, valores intrínsecos a esta noble actividad. Hay que dedicarse a las responsabilidades propias del cargo -por el que cobra del erario publico- y legislar en los ámbitos estatal, regional y local para prevenir y erradicar todo tipo de corrupción.
Entiendo que las directrices de Ordenación Territorial de Asturias son una buena oportunidad para diseñar participadamente la norma que va a regular el desarrollo territorial de la región en los próximos años. Necesariamente, hay que tener en cuenta la nueva directiva europea sobre impacto ambiental -que entró en vigor este año- y que exige una evaluación global para los grandes planes (nuevas urbanizaciones, modificación del planeamiento y demás). Vengo defendiendo en mi modesto radio de acción -y públicamente en un artículo aparecido en este mismo diario el pasado mes de febrero- que es crucial llegar a conjugar desarrollo y sostenibilidad. Por ello, es imprescindible abordar con rigor en Asturias la expansión urbanística (sin permitir que se convierta en presión), estableciendo normas coherentes y racionales que faciliten una adecuada ordenación de su territorio. No sólo es importante poner límites al crecimiento urbanístico, sino también identificar, en términos locales y globales, las implicaciones ambientales que éste conlleva, saber qué repercusión genera sobre los consumos de agua y energía y qué consecuencias se prevén respecto a la generación de residuos y a la emisión de CO2.
El desarrollo urbanístico y las necesarias infraestructuras de abastecimiento, tratamiento y gestión del agua, residuos y energía ejercen un importante impacto e influencia sobre el valor del paisaje. Es por tanto fundamental trabajar en una adecuada gestión de este crecimiento para no dilapidar la capacidad de desarrollo económico futuro, ni mermar el gran atractivo de los diversos espacios turísticos, apostando por un futuro de turismo de calidad y competitivo, lo que es sinónimo de generación de riqueza y empleo sostenible. Este es el gran reto del Principado para las próximas décadas. Es urgente aprobar también la ley del Suelo impulsada por el Gobierno de Zapatero, donde deben existir medidas contra la retención especulativa del suelo para eliminar expectativas de revalorización. Asimismo, se debe aprobar con diligencia la ley de Prevención del Fraude Fiscal que está impulsando también el Gobierno central, con especial atención al mercado inmobiliario.
Justo López es un ciudadano anónimo, pero ha salvado el Toledo visigodo
Justo López tiene 43 años, está casado, tiene dos hijos, recibe una pensión por minusvalía, le gusta la música pop y por eso suele decir que nació "el mismo año que el Love me do de los Beatles". Vive en Toledo y podría pasar por un anónimo ciudadano en una ciudad que es cualquier cosa menos anónima. Es un hombre tranquilo. Nadie se lo imagina como un héroe, no al menos como los héroes que proliferan en las superproducciones de Hollywood.
Sin embargo, Justo López acaba de culminar una tarea heroica. Un día se indignó ante el rumbo que tomaba el Plan de Ordenación Municipal de su ciudad. En Toledo se estaban parcelando los terrenos para construir varios miles de viviendas. Nada nuevo en la era del ladrillo. Pero a Justo López le indignaba el desprecio por la vieja capital visigoda que se asienta en la Vega Baja. Descubiertas en 2001, las ruinas pasan por ser el gran vestigio urbano de la época de los visigodos en Europa. Pero no merecieron demasiada atención del Ayuntamiento, que siguió empeñado en su plan. La venta de las parcelas iba a significar el ingreso de más de 60 millones de euros en las arcas municipales, a través de la empresa municipal de la vivienda Vega Baja. ¿Y la ciudad visigoda? Justo López consideró que ésa era la pregunta.
Toledano de nacimiento, respondió a su preocupación con una idea que concretó con rapidez: la Plataforma Ciudadana por Toledo. El ciudadano anónimo estaba dispuesto a encabezar un movimiento contra el expolio cultural de la ciudad. El combate se antojaba imposible de vencer. Pero Justo es un hombre tenaz, apasionado y curioso. Escribe desde hace 20 años en la prensa local. También participa en programas radiofónicos. Ama su ciudad y no tiene inconveniente en rechazar los peligros que acechan a Toledo, declarada Patrimonio de la Humanidad en 1986.
La rabia de Justo López estalló justo el mismo día en que las excavadoras empezaron a morder la tierra, el pasado 17 de mayo. "Ese día sabiendo que las máquinas iban a entrar me presenté a las 8 de la mañana en el Seprona
[Servicio de Protección de la Naturaleza, del Ministerio de Medio Ambiente]. Entonces, la guardia civil me mandó que fuera corriendo a la zona antes de que empezaran los trabajos y poder impedirlo, pero llegué tarde porque habían entrado con nocturnidad y alevosía, de madrugada".
A partir de ese momento, López empezó a contactar con todos los medios de comunicación, y se dirigió a todas las administraciones. "A todas menos al Ayuntamiento, que era el que lo hacía porque le daba la gana. Nos dirigimos al presidente de Castilla-La Mancha, al delegado del Gobierno...". Mientras, el Seprona sin intervenir. Y la juez a quien le llega la denuncia dice que las vías para denunciarlo eran las políticas y administrativas. "Y eso no es así, tú denuncias porque están rompiendo el patrimonio histórico. En la Vega Baja se coronó a todos los reyes visigodos y es el único resto visigodo en España, junto con la Recópolis de Guadalajara", afirma.
Su lucha continuó contra viento y marea. "El delegado nos dijo que sólo entran si fuera un tema de interés nacional y nosotros le dimos hasta 11 motivos por los cuales el patrimonio español está en peligro. Pedimos más adhesiones. A la Real Fundación de Toledo, a la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. También a la Unesco. Cuando intervino el Estado, supe que todo iba a cambiar". Y era verdad. Ha ganado la batalla.
¿Mi Buenos Aires querido!...cuando te abandoné, allá por el año 1980 lo hice porque estaba harto de ver tanta corrupción política, harto de ver tanta violencia callejera, harto de leer en la prensa y escuchar en los telediarios, los asesinatos, secuestros, robos, harto de ver cómo el consumismo masivo, y vivir muy por encima de sus posibilidades, la gente de clase media se endeudaba por varias generaciones, harto de ver cómo subía el costo de la vida, pero no los sueldos... Por todo esto decidí dejarte y probar suerte en el viejo continente, y después de viajar y trabajar en media Europa recalé en San Sebastián -Donostia- casi tan o más bonita que tú. ¿Qué cambio, qué increíble es Europa! contábamos a nuestros familiares que habían quedado allá. «¿Sabes vieja, acá se puede dejar la puerta de casa abierta que nadie entra a robar, los políticos son honestos sólo cobran su sueldo»!
Hoy, 26 años después, leo los periódicos y oigo los telediarios, y si no fuera porque paseo por La Concha, y admiro su paisaje, diría que todo fue un sueño, que no me fui. ¿Cómo ha cambiado todo! Lo de Marbella es solo un granito de arena dentro de la corrupción que habrá en todo el país. Echo un repaso al diario cualquier día y leo: «mujer acuchillada en Irun, robo con violencia en Bilbao, en la Costa Brava desvalijan chalets y matan a los propietarios, etcétera. Hasta el clima de estos días me hace recordar a tus veranos.
Pero lo que más me hace recordar a mi pasado en Argentina es el nivel de vida que se da la clase media: cochazos, vacaciones, puentes, que sabemos todos que con un sueldo medio de 1.200 euros aquí no da para mucho, y por experiencia digo que este trajín de vida trae consecuencias muy malas. Tiempo al tiempo. Buenos Aires, quizás dentro de algún tiempo (20, 30 años) vuelvas a recibir a mucha gente queriendo buscar una nueva vida, como lo has hecho el siglo pasado. Son ciclos que se repiten.
Hipotecas más caras. Es el mensaje que acompaña al euribor en los últimos diez meses, período en el que el índice más usado para fijar el precio de estos préstamos no ha dado tregua alguna y no ha dejado de subir.
En julio ha ocurrido más de lo mismo. El índice ha repuntado en más de 130 puntos básicos respecto al dato de julio de 2005 y ha coronado el 3,53%, el nivel más alto desde hace justo cuatro años –se situó entonces en el 3,645%–, con lo que la consecuencia para las hipotecas es más que evidente. Quien le toque revisión del préstamo con este dato, tendrá que pagar una cuota más elevada, hasta el punto de que ya puede empezar a hacer estragos en el presupuesto familiar.
El titular de un préstamo medio –según el Instituto Nacional de Estadística (INE) en abril estaba en los 138.958 euros–, a 25 años de plazo y un diferencial de 0,5%, tendrá que abonar una cuota mensual de 735,78 euros, frente a los 635,21 euros que tenía que pagar con el euribor de julio de 2005hasta ahora.
Esto supone que el repunte del euribor le hará pagar 103 euros más al mes, una cifra redonda, y al año el desembolso alcanza magnitudes importantes en la economía familiar, 1.242 euros. Esto son casi dos cuota más de lo que pagaba hasta ahora. Virtualmente es como si la hipoteca hubiera pasado a tener dos cuotas más. Esto supone un encarecimiento de un 16% en las cuotas pagadas.
La enésima subida del euribor, cuyo dato definitivo lo publicará el Banco de España en poco más de dos semanas, también tiene otro efecto importante. Si a la media mensual del 3,53% de julio se le suma el diferencial que debe abonar –la mayoría de los casos supera el 0,5%–, el titular puede empezar a pagar ya intereses por encima del 4% en sus hipotecas. Es una mala noticia para los consumidores, habida cuenta de que el endeudamiento familiar supera ya el 110% de la renta disponible.
Además, esta escalada alcista no tiene visos de frenarse, y podría colocar este índice cerca del 4% a finales de año. “El mercado está descontando que el precio oficial del dinero esté en el 3,5% a finales de año, y a ese nivel, el euribor podría llegar al 3,6%”, opina Pablo Guijarro, de Analistas Financieros Internacionales (AFI). Esta firma mantiene una estimación de euribor entre 3,55% y 3,65% a finales de año.
La evolución de este índice tiene una gran importancia ya que es el índice más usado para calcular el tipo de interés de las hipotecas. Por ejemplo, según el INE, el 97,5% de las hipotecas que se constituyeron en abril tenían un tipo variable, siendo el euribor el más utilizado. Según datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), el 98,25% de las hipotecas que hay en el mercado son a tipo variable, y se revisan cada seis o doce meses.
Ante el encarecimiento de las hipotecas, la banca se ha lanzado a ofrecer préstamos y fórmulas que flexibilicen los pagos del titular. Ya es muy normal encontrar en el mercado productos con largos plazos de amortización –hasta 50 años, incluso, como tienen BBK, Vital o Caja Laboral–, lo que provocan que la cuota mensual sea más baja, o aplazamientos del pago de hasta el 35% del capital a final de la vida del préstamo, como BBVA o La Caixa.
También se fijan períodos de carencia en los que el titular sólo paga intereses, con lo que el pago mensual es más bajo; o se permite que el titular no pague ni capital ni intereses en un año, como hace Banesto o BBVA.
Algunas entidades ya están detectando señales de que el negocio hipotecario desacelera su fuerte crecimiento. De hecho, en el conjunto del sector las hipotecas, que crecían a tasas de un 27,3% en marzo, ya lo hicieron al 26,6% en abril y al 26,3% en mayo.
En las presentaciones de resultados del semestre, BBVA, por ejemplo, ha indicado que espera una ralentización “suave”, y en Caja Madrid creen que el enfriamiento se notará más en este segundo semestre del año. En Santander pronostican que habrá cierta “desaceleración gradual” en 2007 o 2008.
La creación de empleo en el segundo trimestre mantuvo el pulso, pero su calidad volvió a empeorar. En este periodo se crearon 293.000 empleos; pero todo el nuevo empleo asalariado fue temporal, con lo que la tasa de temporalidad se disparó al 34,4%. El Gobierno dijo que la reforma laboral romperá esta tendencia alcista de la temporalidad. La tasa de paro bajó al 8,5%.
En el segundo trimestre del año se crearon 293.000 nuevos empleos, con lo que la cifra total de ocupados asciende ya a 19.693.100. En este periodo, también se redujo el paro en 98.800 personas, con lo que la tasa de paro cayó medio punto hasta el 8,5%, sumando 1.873.00 parados, según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) que publicó el viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En los últimos doce meses la creación de empleo se ha mantenido a buen ritmo, con 798.200 nuevos ocupados, lo que supone un crecimiento anual del 4,2%. Si bien, la patronal CEOE y el propio INE admitieron que esto indica que el avance del empleo, aunque mantiene el pulso, 'empieza a desacelerarse', ya que en los meses anteriores el incremento del empleo rozaba el 5%.
La mayor parte de los casi 300.000 nuevos empleos fue asalariado (222.600). No obstante, hubo un importante empuje del empleo autónomo con 84.400 nuevos trabajadores por cuenta propia en el segundo trimestre.
El mal dato de estos tres meses fue, sin duda, que todo el empleo asalariado creado, en términos netos, fue ocupado por trabajadores temporales. Así se registraron 244.900 nuevos asalariados con contrato eventual y se destruyeron 22.300 empleos indefinidos. Esto ha disparado la tasa de temporalidad al 34,4% un punto más que hace tres meses. Además, en lo que va de año, por cada dos empleos temporales se creó uno fijo.
El secretario de Estado de Economía, David Vegara, se apresuró a explicar que las nuevas medidas de la reforma laboral, que establecen límites al encadenamiento de contratos temporales y fijan bonificaciones para las conversiones de contratos temporales en fijos, 'quebrarán' la tendencia alcista de la temporalidad en los próximos meses.
Entre abril y junio, el empleo se recuperó claramente entre los trabajadores españoles, después de que todo el empleo neto creado en el primer trimestre fuera ocupado por extranjeros. Así, de los 293.000 nuevos ocupados, 167.000 fueron españoles y los 125.800 restantes extranjeros. Si bien, éstos últimos mantienen una vigorosa creación de empleo, ocupando uno de cada dos nuevos puestos creados en el último año.
Todos los sectores, salvo la agricultura crearon empleo en el segundo trimestre. La Semana Santa y el inicio de la temporada veraniega hicieron que siete de cada diez empleos los generaran los servicios, con 222.000 nuevos ocupados; en segundo lugar, la construcción generó 84.900 puestos de trabajo en el segundo trimestre y la industria, 13.300. El empleo agrario se redujo en 27.400 personas. En cualquier caso, el sector servicios creó ocho de cada diez nuevos empleos generados en el último año.
Algo que llama la atención de los datos del segundo trimestre es que el grupo de edad dónde más empleo se creó fue el comprendido entre 45 y 49 años, con 57.300 ocupados más. Por lo general, el empleo nuevo se concentra grupos de edades inferiores. En cuanto a la distribución por sexos, el empleo creció ligeramente más entre las mujeres en el segundo trimestre, con 164.600 nuevas ocupadas, frente a los 128.400 hombres.
Mejora la situación de los hogares al disminuir las familias con todos en paro
El número de hogares donde todos sus miembros están en paro descendió en 14.300 hasta un total de 414.000 familias, en el segundo trimestre del año. En los últimos doce meses, estos hogares con todos desempleados disminuyeron en 45.600, lo que ha supuesto un notable descenso del 10%.
En esta misma línea, las familias que tienen a todos sus miembros ocupados aumentaron en 193.400 entre abril y junio y en 425.200 en los últimos doce meses hasta alcanzar 10.273.900 hogares con todos ocupados.
La tasa de paro de la persona de referencia del hogar se mantuvo estable en el 6,12% en el segundo trimestre del año.
En los últimos doce meses ha descendido notablemente la tasa de desempleo de los hijos, que ha pasado del 15,5% al 13,7%.
Uno de cada cuatro parados se quedó desempleado en el segundo trimestre y el 3,4% de los ocupados encontró empleo entre abril y junio.
La Comunidad de Madrid registra un fuerte aumento de desempleados
Todas las comunidades autónomas registraron descensos del paro en el segundo trimestre salvo tres: Madrid, Murcia y La Rioja. Pero la comunidad madrileña, se llevó la palma con 35.900 nuevos parados, mientras que Murcia registró 2.500 desempleados más y La Rioja, 400. Este mal comportamiento del empleo en la Comunidad de Madrid ha hecho que esta región sea donde más creció el desempleo en los últimos doce meses (9.800 parados más). Esto supone un claro empeoramiento de la situación, dado que en el primer trimestre del año Madrid lideraba la lista de las comunidades donde más se reducía el paro en términos anuales, con 65.00 parados menos.
En cuanto a la creación de empleo, Baleares, con 49.700 nuevos ocupados, y Cataluña (48.100) fueron las regiones que generaron más ocupación entre abril y junio. Mientras que en el último año, Andalucía lidera esta lista, con 153.900 ocupados más.
Según el estudio Global Watch elaborado por BBVA, en 2006 la economía mundial registrará un crecimiento cercano al 5%, que se distribuirá entre más áreas económicas, lo que reduce la vulnerabilidad del ciclo alcista de la economía global.
La zona euro participará de este optimismo a escala mundial y mantendrá su ciclo alcista. Tras crecer a un ritmo del 2,0% en el primer trimestre del año, todo apunta a que en el segundo trimestre se va a registrar una nueva aceleración del crecimiento hasta el 2,3%. El dinamismo del comercio mundial (8% de crecimiento) seguirá apoyando las exportaciones europeas y, a través de las mejores expectativas de actividad, a la inversión, soportada por los altos beneficios empresariales y la liquidez de las empresas.
Además, los expertos del servicio de Estudios de BBVA, el BCE continuará el ciclo alcista de tipos de interés, aunque más por la necesidad de ir reduciendo el grado de laxitud monetaria que porque se perciban fuertes presiones inflacionistas a medio plazo. De acuerdo con sus previsiones, el BCE subirá los tipos hasta el 3,5% en 2006, y otros 50 puntos básicos adicionales a principios de 2007.
España es el segundo país de la Unión Europea con más hipotecas a tipo variable, por detrás de Portugal, lo que le convierte en uno de los más expuestos a las subidas de los tipos de interés, según un estudio elaborado por la Federación Hipotecaria Europea.
En concreto, los préstamos hipotecarios de tipo variable representan en España el 93,2% del total, por detrás de Portugal, donde suponen el 95,4% del total de hipotecas de ese país.
En Grecia, las hipotecas a tipo variable suponen el 90% del total, seguido de Luxemburgo (87%), Italia (86,9%), Hungría (73,6%) e Irlanda (64,4%).
Esta situación provoca que España se encuentre entre los países donde la repercusión de los cambios de tipos de interés a corto plazo sea mayor, mientras que en Bélgica, Dinamarca, Alemania, Francia, Hungría, los Países Bajos y Suecia, donde predominan las hipotecas a tipo fijo, la política de movimientos de los tipos de interés tendrá una repercusión más limitada.
"Los países con gran predominio de los productos de tipo variable serán normalmente más sensibles a los cambios de tipos de interés", indica la Federación Hipotecaria Europea.
Además el informe advierte que "la vulnerabilidad" de los hogares frente a posibles perturbaciones del tipo de interés se incrementa al aumentar su grado de endeudamiento.
En el caso de España, el endeudamiento de las familias para la adquisición de vivienda alcanzó los 514.742 millones de euros al finalizar el mes de mayo, lo que supone un incremento del 23% respecto al mismo periodo del año anterior, según los últimos datos del Banco de España.
FUERTE PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
El estudio señala como factor explicativo de la alta proporción de hipotecas a tipo variable en España la protección "muy pronunciada" que tiene el consumidor, que puede amortizar a bajo coste su préstamo hipotecario, transferirlo a otra entidad que ofrezca mejores condiciones o renegociarlo con la misma entidad cuando bajan los tipos de interés, mientras que la entidad de crédito no puede hacerlo en caso de subidas.
"Esta situación genera, por tanto, enormes dificultades para las entidades de crédito en España y determina en la práctica que el crédito hipotecario se realice casi exclusivamente a tipos variables", explica el informe.
No obstante, la Federación Hipotecaria Europea destaca que la diferente variabilidad de los tipos de interés en los distintos Estados miembros de la UE depende de diversos factores, entre los que cita las particularidades culturales, las diferencias en las curvas de rendimiento, la regulación de la amortización anticipada, los topes máximos y mínimos, el tipo de refinanciación hipotecaria y la adopción del euro.
"Donde vamos a tener que modificar nuestra política económica". El ex gobernador del Banco de España ha afirmado que "vamos a tener, como EEUU, que modificar nuestra política económica". Luis Ángel Rojo ha manifestado, en una entrevista recogida en La Gaceta de los Negocios, que "la situación en España es insostenible". Para el actual consejero del banco Santander, el Gobierno de Zapatero debería "dinamizar los mercados, sobre todo los de servicios, que están insuficientemente liberalizados". Y es que los principales problemas son "la inflación y el tremendo déficit de la balanza de pagos".
El consejero del banco Santander y ex gobernador del Banco de España, Luis Ángel Rojo, se ha pronunciado sobre el futuro económico del país. En una entrevista concedida a La Gaceta de los Negocios, afirma que "la situación de España es insostenible". Según Rojo, "al final hay que dar marcha atrás y volver a prácticas más ortodoxas, que son las que funcionan". Pero lo que tiene España por delante es "un periodo malo", donde "vamos a tener que modificar nuestra política económica". Para el actual consejero del banco Santander, los principales problemas son "la inflación y el tremendo déficit de la balanza de pagos".
"Yo no estoy de acuerdo con la labor que ha desarrollado el Banco central Europeo. Cuando formaba parte del consejo de gobierno me opuse a que se aplicara una política de tipos bajos. Eso no va a ninguna parte. Unos tipos realmente negativos acaban haciendo daño. (...) Los alemanes en este sentido fueron siempre bastante prudentes. No eran partidarios de que los tipos bajaran al 1%", afirma Rojo.
Asimismo, el ex gobernador del Banco de España señala que "en 1996 nosotros teníamos unos tipo a corto plazo del 9,5% y seis años después estábamos en el 2%. Esa rebaja introdujo un elemento de expansión formidable". Y en materia fiscal "hemos alcanzado un equilibrio que hay que mantener hasta ver que pasa en el resto del mundo". Sin embargo, Rojo señala que "la orientación última de la economía dependerá inevitablemente de lo que decida EEUU, que supone casi un tercio del PIB mundial".
Por otra parte, Ángel Rojo señala que entre las cosas que debería hacer el Gobierno de Zapatero está "dinamizar los mercados, sobre todo los de servicios, que están insuficientemente liberalizados". También, "reducir el nivel de gasto nacional, mejorar la competencia y abaratar nuestros productos para hacerlos más competitivos".
Los trabajadores españoles trabajan de media 1.820 horas al año, frente a las 1.600 de media en Europa, un 13% más. Sin embargo, producen un 15% menos. La razón no es que sean malos trabajadores, sino que se destina el dinero a construir casas antes que a invertir en empresas industriales.
Un trabajador español produce en una hora un 25% menos que un norteamericano y un 15% por debajo de un europeo. La paradoja es que trabaja más que los europeos y prácticamente lo mismo que los americanos. Esta baja productividad explica que, de promedio, la renta per cápita sea un 40% inferior a la norteamericana.
Así se desprende del informe elaborado por la Fundación BBVA bajo la dirección de Francisco Pérez, donde alerta que “más de la mitad del retraso de la renta per cápita respecto a Europa y EE. UU. se debe a la menor productividad por hora trabajada”.
Según argumenta, la significativa caída de la productividad que se ha producido en los últimos diez años no se debe a que los españoles sean malos trabajadores, sino a que el sistema productivo se ha ido quedando obsoleto. Esto se debe en buena medida a que los recursos económicos se han destinado en gran medida a la construcción de viviendas en lugar de haberlos invertido en empresas industriales.
“Tradicionalmente el ahorro de las familias aportaba un 6% al producto interior bruto (PIB). Sin embargo, en la actualidad, la deuda que han contraído por la compra de viviendas es la más gran del mundo y resta dos puntos al PIB”. Las empresas, por su parte, han destinado gran parte de sus excedentes al sector inmobiliario, alejándolos de la inversión empresarial.
La especialización en la construcción ha provocado, por un lado, la descapitalización de otros sectores productivos y, a su vez, que los trabajadores españoles deban trabajar más horas para obtener en propiedad una casa. El déficit de empresas productivas explica que a partir del año 1996 el modelo de crecimiento no haya evolucionado, al tiempo que acogía 3,2 millones de emigrantes que han venido a España para ocupar empleos con muy bajo valor añadido en sectores intensivos en trabajo, como la construcción.
Los datos son elocuentes. En los últimos diez años la economía ha crecido a un ritmo anual del 3,3%, claramente superior a la media europea. Ha generado 6 millones de empleos y ha reducido la tasa de desempleo desde el 22% - la más elevada de la Unión Europea- hasta el 8,6% - por debajo de Francia o Alemania-.
Sin embargo, este modelo difícilmente se podrá mantener en el tiempo. “La construcción de viviendas tiene un límite”, afirma Julio Segura, consejero del Banco de España. La productividad española, que crecía a un ritmo anual medio del 2%, ha bajado al 0,7% en el 2004. En los dos últimos años ha mejorado algo hasta situarse en el 0,9%, pero sigue muy por debajo de la tasa de productividad norteamericana o europea. Y esto a pesar de que la jornada laboral media anual supera las 1.820 horas, mientras los europeos apenas llegan a las 1.600. Estas jormadas laborales, excesivas pero mal aprovechadas - según un estudio de Proudfoot Consulting España sólo se utiliza de forma provechosa su tiempo de trabajo en un 61%-, han provocado graves problemas para conciliar la vida laboral y familiar.
Para los autores del informe del BBVA, las empresas deben invertir en investigación y el Estado debe facilitar la creación de empresas y, sobre todo, mejorar la formación. Mariano Guindal (La Vanguardia)
El ingreso medio por turista extranjero en España se redujo un 9,5% en términos nominales y un 12,9% en términos reales en el primer cuatrimestre de año, según se desprende del informe «Perspectivas turísticas», elaborado por Exceltur. Además, los ingresos totales por turismo extranjero también sufrieron un importante retroceso de hasta un 4,2% respecto al primer cuatrimestre de 2005, lo que supone una caída real del 7,6%, descontando la inflación.
El principal motivo de estos descensos se debe al cambio de perfil del turista, según Exceltur. Así, los extranjeros que visitan actualmente España presentan un menor gasto promedio por día y cada vez utilizan más compañías de vuelo de bajo coste. Otra de las causas que explica el menor ingreso extranjero en turismo es el creciente número de visitantes que se decantan por el turismo residencial, cuyo gasto promedio (51,3 euros por día) es muy inferior al del turismo reglado (114,7 euros diarios).
El informe de Exceltur indica que el turista gasta menos, pero en el segundo trimestre de 2006 la demanda turística y los beneficios del sector han crecido, elevando así la confianza empresarial. En este sentido, el Indicador Sintético del Turismo de España de Exceltur (ISTE), similar al PIB turístico, ha acelerado su ritmo de crecimiento, incrementándose un 3,4% entre abril y junio. En este periodo, el 43,2% de los empresarios de alojamiento aseguran que sus beneficios han aumentado, así como el 35,2% de los hoteleros de la costa. El principal motivo que explica este crecimiento de la demanda es el redireccionamiento del flujo de turistas desde otros destinos competidores hasta nuestras costas, debido a causas geopolíticas.
Para José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, los principales problemas de la industria turística se deben a que «nos está llegando mucho tráfico prestado» y se está produciendo una «desmesura en el crecimiento de la oferta residencial. Un crecimiento del ladrillo en el litoral no va a mejorar la oferta turística».
En cuanto a las previsiones anuales, el informe estima que se podrían superar los 58 millones de llegadas, con un crecimiento del número de pernoctaciones hoteleras del 4,8%, pero no se espera que cambie la dinámica decreciente de los ingresos turísticos extranjeros.
La inmobiliaria Colonial ha obtenido un beneficio neto de 52,8 millones de euros en el primer semestre de 2006, un 77,1% menos que el año anterior debido a los menores extraordinarios y a la ausencia de ingresos por la venta de suelo.
La compañía se anotó 334 millones por la venta de activos en la primera mitad de 2005, frente a los 24,9 millones del presente ejercicio.
La cifra de negocio ha alcanzado los 297,9 millones de euros, un 51,8% menos que el mismo periodo del año anterior. De esta cantidad, un 63% corresponde al negocio de patrimonio (ingresos de alquiler y venta de activos), mientras que el 37% restante es aportado por el negocio de promociones.
El resultado de explotación antes de amortizaciones (ebitda) ha descendido un 57,5%, hasta 161,1 millones, también por "la menor venta de activos" y "por la ausencia de ingresos por venta de suelo", mientras que el resultado operativo ha caído un 60,4%, hasta 132,2 millones.
Colonial, que está siendo objeto de una opa por parte de Inmocaral, ha registrado un resultado financiero neto negativo de 54,9 millones de euros, frente a los números rojos de 45,5 millones del primer semestre de 2005.
Activos
La compañía ha explicado que la valoración de sus activos al cierre del primer semestre alcanza los 6.815 millones de euros, un 12,8% más. Además, Colonial ha destacado que ha invertido cerca de 180 millones en la adquisición y desarrollo de activos entre enero y junio.
Con la publicación el 24 de julio del documento de “Propuestas sobre la reglamentación y administración del acceso de los fondos extranjeros al mercado inmobiliario chino”, China comienza a dar un no a la especulación de bienes raíces por parte de los fondos foráneos.
El documento fue formulado por el Ministerio de Construcción, el Ministerio de Comercio y otros cuatro departamentos gubernamentales con la aprobación del Consejo de Estado.
Antes del año 2002, China sólo permitía a las empresas, instituciones e individuos extranjeros comprar los bienes raíces mercantiles especialmente destinados a la adquisición por parte del capital foráneo. Tras la anulación de esta estipulación en 2002, ya no había restricciones ni obstáculos en la inversión del capital foráneo en el mercado inmobiliario del país. China fue uno de los pocos países de los 187 miembros del Fondo Monetario Internacional que no tienen restricciones en la inversión inmobiliaria.
Un resultado inevitable que da el acceso de fondos foráneos sin restricciones al mercado inmobiliario es la especulación de fondos foráneos y por consiguiente el alza del precio de los bienes inmobiliarios. Esto perjudica a los intereses de la gente común. El de Alemania constituye un típico ejemplo al respecto. En 2005, la proporción de los fondos foráneos en los inmuebles de Alemania alcanzó el 62%, duplicando la de 2004 y superando por primera vez la cifra registrada por los fondos nacionales. La introducción de tanto capital extranjero en el país condujo al alza del precio de los bienes raíces y preocupó a los habitantes locales.
En China, el capital extranjero ha sido considerado como una importante causa del vertiginoso aumento del precio inmobiliario en los últimos años. A pesar de la regulación y control inmobiliarios realizados desde mayo de 2005, el precio de las viviendas ha continuado subiendo en vez de reducirse, la causa de esto consiste en el acceso de numerosas inversiones extranjeras al sector, según dijeron los analistas locales.
De enero a marzo del presente año, las empresas inmobiliarias chinas utilizaron unos 1,500 millones de dólares de fondo foráneo, con un aumento interanual de 48%. El hecho de que en los documentos gubernamentales anteriormente emitidos no haya informaciones sobre la prevención del acceso de excesivos fondos foráneos al sector ha preocupado más a la gente, que ha venido haciendo cada vez más demandas por formular políticas de restricción al acceso de fondos extranjeros al mercado inmobiliario chino.
La especulación de los bienes raíces por parte de los fondos extranjeros causará perjuicios a la economía nacional. Esto constituye un perjucio aún más grave para la actual economía china, afirmó un experto inmobiliario chino. La mayoría de los países del mundo no permite la especulación de bienes raíces por parte de los fondos foráneos. No pocos países han elaborado leyes pertinentes. Tomando como referencia la práctica de la mayor parte de los países, China ha formulado el reciente documento de políticas para enfrentarse a la nueva situación en el actual mercado inmobiliario chino.
No pocos expertos han notado que en el documento se usa el término “reglamentar” en vez de “restringir” para el acceso y administración de los fondos foráneos. Esto demuestra que China ha tomado una actitud cautelosa respecto al problema, ya que el capital extranjero ha desempeñado un papel importante en el impulso del desarrollo económico chino y que el sector inmobiliario se ha convertido en una importante esfera para la introducción de fondos foráneos. Debido al aumento demasiado rápido de los fondos foráneos en el mercado inmobiliario chino, a los reglamentos irregulares sobre el acceso de los fondos foráneos y el desorden del mercado, China debe tomar medidas adecuadas para salvaguardar la seguridad económica del país y para garantizar los intereses fundamentales de las masas populares.
Esta cautela también se muestra en las estipulaciones concretas del documento. Se establece elevar la proporción del capital aportado registrado en la inversión global de una parte de empresas extranjeras en las compañías inmobiliarias chinas. Se reglamenta las operaciones de los créditos y liquidación de divisas de los inversionistas foráneos en los inmuebles. Se estipula que las sucursales y oficinas representativas de de las instituciones foráneas así como los individuos extranjeros que han permanecido más de un año de trabajo o estudio en China están competentes para comprar viviendas mercantiles de acuerdo con su necesidad real y para el uso propio. Todo esto muestra que el principio nucleo de estas medidas políticas consiste en “reglamentación” en vez de “prohibición” ni “restricciones excesivamente estrictas”. El objetivo consiste en usar de mejor manera los fondos foráneos en el sector inmobiliario e impulsar el desarrollo sano del mercado inmobiliario chino. (Pueblo en Línea)
El mercado inmobiliario es uno de los morlacos que más amenazan la fiesta de la economía española. Más que el petróleo y tanto como una catástrofe inesperada. Ha sido el motor del desarrollo durante la última década y no hay peros que poner ya que se trata de una industria con todos los sacramentos: supone inversión, empleo, genera externalidades positivas, induce más actividad... el desdén con el que algunos aluden al «ladrillo» y a los «ladrilleros» solo revela ignorancia y telarañas en el cerebro.
Durante los últimos meses se esperaba (deseaba) un proceso de ajuste, de aterrizaje suave, de la oferta, la demanda y los precios. Un milagro de armonía que pocas veces ocurre. La realidad es que la oferta se anticipó y empezó a moderar la obra iniciada el año 2005; no así la demanda, que sigue firme. Los precios han caído algo, pero siguen creciendo muy por encima de la tasa de inflación. Así que armonía poca. Los datos gruesos son rotundos. Durante las dos últimas décadas del siglo XX la oferta media de nuevas viviendas era de 300.000 al año; la de los cinco primeros meses del 2006 supera las 600.000 al año. Y pese a doblar la oferta, los precios se han ido a las nubes, con tasas de incremento más del triple que la inflación.
La tesis del aterrizaje suave era la deseable, la benévola. Adicional está la tesis catastrófica, caída de la oferta, aun mayor de la demanda por repliegue de expectativas y desplome de los precios. Esta hipótesis tiene pocas posibilidades, pero las tiene. Al final de ese proceso aparecen las entidades financieras (nacionales y europeas) titulares últimos de las hipotecas y cédulas hipotecarias que las soportan que pudieran toparse con deudores sin capacidad de pago y garantías insuficientes del impago.
¿Se puede hacer algo para prevenir la catástrofe? Desde luego que no gracias a las habilidades del Ministerio del ramo, obsesionado por la caída de los precios como objetivo de su existencia. El proceso suave de ajuste requiere que la economía siga creciendo y sosteniendo empleo. Se requiere que otros motores de crecimiento den el relevo parcial a la construcción. Y también que los financiadores de hipotecas no expriman las condiciones hasta el límite, sensibilidad al riesgo, márgenes entre el valor estimado del bien y el valor financiado, márgenes en cuanto a plazos, aseguramiento de la volatilidad de los intereses... en resumen, fijar un escenario de más riesgo que el que se ha considerado hasta ahora.
El mercado inmobiliario español es complejo, muy segmentado y experimentado, el sistema hipotecario muy eficiente. Pero al fondo del cuadro lo que cuenta es la demanda, los individuos que confían en el futuro y compran. Y la confianza se debilita, eso dicen las encuestas.
Un implicado en la trama marbellí ha construido el 70% del municipio madrileño, según el PSOE
Fidel San Román, empresario detenido en la Operación Malaya de Marbella por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y prevaricación -fue puesto en libertad hace unos días bajo fianza-, es un viejo conocido por los 75.000 vecinos de Las Rozas. Sus cinco sílabas son sinónimo de dinero, viviendas nuevas y poder. Pero, para algunos compradores, San Román suena también a defectos de obra en sus viviendas y a las denuncias interpuestas que todavía no han recibido respuesta.
PSOE e IU, grupos en la oposición del Ayuntamiento roceño, mantienen que el conglomerado empresarial de la familia San Román es responsable del 70% de las actuaciones urbanísticas en Las Rozas. Opinan, asimismo, que el empresario es el que más se ha beneficiado del aumento de viviendas auspiciado por el PP (que gobierna el municipio).
Muchos roceños no han visto nunca a San Román, pero la mayoría conoce su nombre. "Claro que he oído hablar de él. Hasta circuló el chiste de que las fiestas patronales pasarían a llamarse de San Román", comenta un vecino. "Un hombre sin conocimientos económicos", dice una mujer que le compró un piso. "Fue con su hermana con la que firmé el contrato", agrega esta vecina, insatisfecha clienta.
La expansión del grupo San Román en Las Rozas comenzó a mediados de los ochenta y, pese a la implicación de su líder en la trama de corrupción marbellí, continúa. "El próximo objetivo de estos señores", afirman desde el PSOE, "es la construcción a ambas márgenes de la M-505 [carretera de El Escorial]".
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana, pendiente de aprobación definitiva, prevé 7.556 viviendas nuevas en esa zona, y un techo poblacional de 110.000 habitantes, según el PP. La oposición eleva la cifra a 130.000. Según cálculos del PSOE, los nuevos proyectos reportarán a los promotores unos 1.500 millones de euros de beneficios, y casi todo irá a parar a la familia San Román.
"Nuevamente la familia San Román es la gran beneficiaria de la operación, porque es la propietaria del 80% de estos terrenos", advierte el PSOE. El Ayuntamiento, gobernado por el PP y con Bonifacio de Santiago de alcalde, prefiere no hacer declaraciones al respecto.
Más de 30 inmobiliarias
Fuentes del grupo de empresas de la familia, formado por más de 30 inmobiliarias controladas por Fidel San Román y su hermano Antonio, explican que sus planes de expansión son similares a los que pueda tener cualquier compañía que se plantee crecer. Una sola de sus empresas, El Cantizal, con sede en Las Rozas, movió en 2003 unos 40 millones de euros; en 2004, unos 25 millones, y en 2005, otros 26.
En el grupo empresarial describen así a San Román: "Un luchador con el que hemos trabajado codo con codo". Desde Sanedi, una de las sociedades del grupo, dicen que ellos no tienen "nada que ver con Fidel San Román", pero admiten que mantienen vínculos con su hermano Antonio.
La expansión del grupo de San Román ha ocurrido con el PP en el Ejecutivo, pero su desembarco empezó con el PSOE en el poder. Los problemas empezaron a causa de las vinculaciones del jefe de planeamiento y gestión urbanística, Marcos Valencia, y del arquitecto jefe municipal, José Félix Heredero, con la constructora Elemar, SA, que presidía San Román.
El 20 de julio de 2004, el Tribunal Supremo consideró probado que existía "relación efectiva y real" entre las actuaciones de los dos empleados municipales y sus actividades privadas como socios de la empresa Construcciones Elemar. El principal constructor de la ciudad, San Román, controlaba una empresa y el arquitecto jefe del Ayuntamiento era su administrador.
Según el PSOE, la llegada del PP al gobierno municipal, en 1995, supuso la gran oportunidad para la familia San Román. En 1996, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid firmaron un protocolo de bases para la revisión del Plan General. "Se aprobaron 17 modificaciones puntuales que implicaron la construcción de 7.098 viviendas más. Fue una revisión encubierta del antiguo plan de 1994, que significaba crear una ciudad distinta a la que había sido aprobada legalmente", explica el portavoz del grupo, Ramón Moreda.
"Esta decisión incrementó el beneficio de los promotores en 250.000 millones de las antiguas pesetas", prosigue. También hizo que la población pasara de los 45.000 habitantes de 1995 a los 75.000 actuales.
IU denuncia desde principios de 1990 que el Ayuntamiento beneficia sistemáticamente a San Román. Un informe municipal de 1996 indica que en el polígono 5-A varias parcelas habían invadido 4.300 metros cuadrados de suelo público. "El Ayuntamiento abrió un expediente, pero ni siquiera comunicó a los residentes la situación irregular de sus viviendas", asegura IU.
Las Rozas no es el único municipio, según la oposición, donde San Román ha extendido sus tentáculos. El grupo tiene intereses también en otras localidades, como Arroyomolinos. El pasado 15 de junio, el PSOE llevó a la Asamblea de Madrid una reclamación para evitar que la Comunidad permitiese al Ayuntamiento de Arroyomolinos, del PP, recalificar 154 hectáreas protegidas para construir 3.700 viviendas, una operación de la que se beneficiaría San Román.
El lunes 17 de julio amanecieron selladas 97 inmobiliarias en Madrid y su periferia. En ellas aparecieron plantillas, pintadas contra la especulación y pegatinas en las que se podía leer: "Este local ha sido cerrado por servir de herramienta para traficar con los derechos de los ciudadanxs. ¡La vivienda es un derecho, no un privilegio!"
La acción se hace en solidaridad con los miles de compañeros condenados a más de medio siglo de hipoteca.
El precio desorbitado de la vivienda es consecuencia del capitalismo y la solución pasa por el enfrentamiento entre los que tienen y los que no tenemos. Este enfrentamiento sólo es posible plantando cara a lxs déspotas que día a día nos hacen la existencia un poco más jodida y haciendo de la acción directa y la autoorganización los métodos para transformar desde ya nuestras vidas.
Debemos desconfiar de aquellxs que desde "nuestro lado" traten de convencernos de que esta no es la manera, de que en "democracia" las cosas se solucionan dialogando y respetando su legalidad y sus instituciones. No queremos que ningún partido, sindicato o asociación gestione nuestra rabia y nos quite la alegría de luchar por nuestra libertad.
- El Defensor del Pueblo ha admitido a trámite la queja de la plataforma contra un proyecto que prevé 6.900 pisos
nuevos.
- El municipio pasaría de 33.000 a 50.000 habitantes.
- Los vecinos se quejan de su poca participación en el proyecto.
- El Consistorio denuncia una "campaña de desprestigio".
El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Galapagar, que aún no tiene el visto bueno de la Comunidad, ha puesto a los vecinos de la localidad en pie de guerra.
Agrupados en una plataforma, han formulado 14.237 alegaciones (el Ayuntamiento dice que son 12.169) contra un proyecto que prevé la construcción de 6.900 viviendas, lo que hará que esta localidad de 33.000 habitantes pase a tener unos 50.000.
La revisión del PGOU data de 2002.
El anterior Gobierno, con alcalde del PSOE, elaboró un avance que la Comunidad cuestionó en varios de sus planteamientos, sobre todo en la edificabilidad y las propuestas de recalificación de suelo por su elevado nivel de protección ambiental.
Con la llegada del nuevo equipo, del PP, se aprobó otro avance del plan en 2004 que retomó los aspectos más polémicos del proyecto y duplicó el volumen de edificabilidad previsto anteriormente. Tal aprobación, se quejan los vecinos, no contó con la debida exposición pública.
Los vecinos presentaron sus alegaciones en septiembre de 2005, pero el pasado 13 de julio volvieron a la carga y llevaron sus firmas a la Asamblea de Madrid.
También enviaron una queja al Defensor del Pueblo, que ayer fue admitida a trámite. Ninguna de las alegaciones, dicen, ha sido contestada.
"Poca participación"
Entre las quejas de los residentes está la "poca participación" que el Ayuntamiento ha dado a los vecinos ante el plan, en el que se ponen en peligro zonas de alto valor ecológico y no se tienen en cuenta, dicen, las infraestructuras y el suministro de agua para los nuevos desarrollos.
El Ayuntamiento sostiene que el número real de alegaciones es de 12.169 y que, de éstas, 10.878 corresponden a la urbanización de El Guijo, donde sólo 900 personas se han opuesto al plan.
"En varios casos se ha firmado la misma alegación dos o tres veces", explican.
Campaña de desprestigio
El Ayuntamiento de Galapagar ve una "obvia intencionalidad" de boicotear la aprobación del plan por el «bombardeo» de alegaciones que, a su juicio, no son un "modo limpio" de actuar, pues "perjudican tanto al Ayuntamiento como al conjunto de la población».
Según el Consistorio, la oposición sólo persigue "desprestigiar" el plan y oculta datos de interés vecinal, como los más de 700.000 m2 de zonas verdes de uso público o los equipamientos previstos. Las alegaciones están en fase de respuesta.
La Comunidad de Madrid ha adquirido una vivienda protegida usada por su precio oficial al ejercer su derecho de tanteo por primera vez en la historia, una medida que pretende evitar el fraude en el mercado de vivienda protegida de segunda mano. A lo largo de esta legislatura, el Ejecutivo regional ha puesto en marcha un conjunto de medidas para aumentar el control en los actos de compraventa de pisos protegidos usados.
El pasado octubre, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio publicó la Orden de Tanteo y Retracto por la que autorizaba al Ejecutivo regional a adquirir con carácter preferente cualquier vivienda que se ponga en venta en segundas o sucesivas transmisiones, siempre que se mantenga dentro del régimen de protección pública.
En ejercicio de este derecho, el Gobierno de Aguirre ha adquirido una vivienda protegida del PAU de Carabanchel, promovida en régimen de cooperativa y cuyos propietarios habían comunicado al Ejecutivo regional su intención de venderla. Se trata de un piso social de 75 metros cuadrados útiles, más garaje y trastero, por la que se ha pagado 136.746 euros, a razón de 1.474 euros por metro cuadrado, el precio oficial fijado actualmente para el municipio de Madrid.
Este piso será asignado al Ivima para que después lo adjudique según los criterios de acceso a una vivienda protegida. La Comunidad, que cuenta con una partida presupuestaria destinada específicamente al ejercicio de los derechos de tanteo y retracto, tiene la intención de continuar ejerciendo su derecho de compra preferente en los próximos meses.
Pero el mercado de la protección pública no vive al margen del fraude. El mismo día en que se llevó a cabo la adquisición de dicho inmueble, la Comunidad había citado a otro vendedor de vivienda protegida para realizar una segunda compra que no se personó. El Ejecutivo regional ha iniciado las acciones legales pertinentes contra el propietario, solicitando a los Servicios Jurídicos de la Comunidad un informe sobre el procedimiento a seguir.
Hace un par de días un lector de este periódico se preguntaba cómo es posible que José Luis Rodríguez Zapatero mantenga en el cargo a María Antonia Trujillo, dada su probada ineficacia como ministra de la Vivienda. Tratándose de la voluntad del presidente del Gobierno, cualquier intento de respuesta lleva aparejado, a qué negarlo, un riesgo enorme. Pero, en fin, digamos que la mantiene para no echarla. O sea, para no tener que reconocer, transcurridos más de dos años desde la constitución del Ministerio, que su gran apuesta electoral ha constituido un verdadero fracaso. Los datos no mienten: durante estos dos años, aunque el ritmo de crecimiento haya sido ligeramente inferior al registrado antes del advenimiento de Trujillo y de su Ministerio, los precios de compra y de alquiler de una vivienda no han parado de aumentar. Y lo han hecho muy por encima del IPC. Hasta tal punto, que si antes estaban por las nubes ahora ya no se sabe a qué nivel de la estratosfera deben de encontrarse.
Y claro, como bien recordaba este lector en su carta, si algún sector de la población sufre los efectos de semejante situación, este sector es la juventud. En concreto, aquellos jóvenes que, terminados sus estudios y con un trabajo relativamente estable, sienten el deseo y la necesidad de abandonar el piso de sus padres para vivir su vida -un deseo y una necesidad que sus progenitores a menudo también sienten- y no pueden hacerlo porque carecen de medios para instalarse por su cuenta. De ahí que sean muchas hoy las familias en las que padres e hijos siguen compartiendo diariamente la mesa aun cuando los primeros hayan superado con creces el medio siglo y los segundos sean unos treintañeros.
Pues bien, lo que este lector consignaba de modo general para toda España resulta especialmente escandaloso en Barcelona. Les voy a contar un caso del que tuve conocimiento hará unos días. Un muchacho de 25 años, con la carrera acabada y una experiencia laboral de casi un lustro, busca piso. Ya no reside con sus padres. Hace tres años, al terminar sus estudios, se fue a vivir con un par de amigos. Constituyeron lo que antes se llamaba «un piso de estudiantes», con la particularidad, eso sí, de que los tres habían dejado ya de serlo. La asociación aguantó un año; en medio, una baja y un par de relevos. Harto de vivir en una suerte de cuchitril, el muchacho y el otro superviviente cambiaron de aires. Se fueron a vivir a un pisito más aseado, pero, como buscaban algo céntrico y tenían el dinero justo, acabaron en pleno Barrio Chino. Es decir, sexo, drogas y al rico tirón. Aguantaron otro año.
Y ahora el muchacho ha decidido que había llegado la hora de vivir solo. Es algo más que un mileurista, pero no mucho más. Ha dado con un piso de cincuenta metros en otro barrio popular de la ciudad, bastante más tranquilo que el anterior. El alquiler asciende a 650 euros -no es que no le haya pasado por la cabeza comprarse algo, pero, claro, las cuentas no le salen-. Las condiciones no son precisamente amables: el 10% de una anualidad para la agencia y tres meses de depósito. Tendrá que pedir un crédito. En mis tiempos -o sea, en los de aquellos que ronden los cincuenta- y hasta no hace mucho, bastaba con un mes de depósito y otro para la agencia. Ahora no. Eso, cuando no le exigen al arrendatario que deposite una cantidad todavía mayor en una entidad bancaria, a modo de aval -cantidad de la que no va a percibir, por supuesto, ni un solo céntimo en concepto de interés al vencer el contrato-.
Pero hay más. El muchacho no tiene un contrato fijo; es autónomo. Y aunque lleva unos cuantos años ingresando cada mes unas cantidades respetables y bastante superiores al precio del alquiler, el propietario no se fía. Quiere que alguien le avale. Un familiar. El muchacho tiene una madre funcionaria. Vaya suerte la suya -la del muchacho-. Que firme -la madre-. Y que se comprometa a cubrir todo lo que el hijo puede dejar al descubierto.
Suerte que en septiembre, cuando empiece a aplicarse el Estatuto, esto se arregla. ¿O no?
Los hogares destinan el 40% de sus ingresos a financiar hipotecas y créditos de consumo
La boyante situación económica y los bajos tipos de interés en estos últimos años ha permitido mejorar el nivel de consumo en las familias castellonenses. Ahora bien, este proceso se ha visto acompañado por una subida galopante de la inflación a causa del aumento del precio en la vivienda y de los bienes de consumo. Esta situación ha provocado, al respecto, un crecimiento del endeudamiento en la población, que está llegando a casos que se pueden calificar de insostenibles.
Al respecto, la Asociación Española de Usuarios de Bancos y Cajas ha advertido que cerca de un 70% de las familias de Castelló están en estos momentos en niveles de sobreendeudamiento. Asimismo, según subrayan desde la entidad, éstas destinan el 40% de sus ingresos a financiar sus deudas. Dicho de otro modo, una pareja dedica el salario de uno de los dos miembros para costear los respectivos gastos, especialmente, hipotecas derivadas de la compra de una vivienda nueva. Según datos que maneja la entidad, un 60% de la deuda corresponde a la vivienda y más de un 10% a créditos al consumo. Cabe recordar, tal como publicó este diario, que el endeudamiento en la Comunitat Valenciana creció en el primer trimestre de 2006 un 1,41 por ciento hasta alcanzar los 10.226´58 millones de euros, lo que sitúa a esta autonomía en segundo lugar entre todas las comunidades españolas en cifras absolutas y en primer lugar en relación al Producto Interior Bruto (PIB), según el balance del primer trimestre elaborado por el Banco de España. El secretario en Castelló de Adicae, Vicent Bellido, subraya que solamente un 18% de los castellonenses ahorra y, en este sentido, apunta que con este nivel «muchas familias tiene complicaciones para llegar a final de mes». Para Bellido, la explicación del sobreendeudamiento radica en el auge económico, en el alto precio de la vivienda, y sobre todo, en los bajos tipos de interés de las hipotecas.
Ante un posible aumento de los tipos, Adicae propone una política de prevención de información al consumidor y una ley de suspensión de pagos para que no las entidades bancarias no embarguen los bienes a esas personas que soliciten los créditos.
Vorágine inversora
Los tipos de interés de los años precedentes provocaron, a su vez, una vorágine inversora de la clase media en productos de distinta índole tal como se ha podido comprobar en los casos de Afinsa y Fórum Filatélico, en la que miles de ciudadanos invirtieron a través de la compra de sellos, como también lo hicieron en otros productos tan variopintos como animales (caballos), joyas, madera o árboles frutales, entre otros.
Adicae reconoce que tras hacerse público los casos de estafa piramidales de Afinsa y Fórum se ha producido una desaceleración en esta clase de inversión de productos de riesgo.
Así, la Asociación de Usuarios de Bancos y Cajas en Castelló recomienda utilizar fórmulas de inversión «menos rentables, pero más seguras» con una garantía del 100%.
EL CONSELLER ANUNCIA QUE ANTES DE QUE ACABE EL AÑO HABRÁ NUEVAS NORMAS DE DISEÑO DE EDIFICACIÓN Y MEDIOAMBIENTALES. El conseller de Territorio y Vivienda, Esteban González Pons, destacó que, según los datos ofrecidos por los resultados provisionales de las encuestas de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), en el segundo trimestre de 2006 registró una caída de la demanda de viviendas de nueva construcción y de segunda mano, así como la tendencia a la baja de los precios en este sector en la Comunitat Valenciana.
Asimismo, González Pons, que presentó la fase inicial del Observatorio Valenciano de la Vivienda (OVV) junto al director General de la Vivienda, Bernabé Bueno y el gerente del Instituto Tecnológico de la Construcción, Aidico, Ramón Congost, resaltó que la oferta siguió en este mismo periodo una tendencia al alza, especialmente en la vivienda usada, lo que implica una "sobreoferta moderada", apuntó.
En cuanto a las cifras por provincias, según los datos ofrecidos por la encuesta de los API, en Valencia, a pesar de que los precios subieron, se prevé una desaceleración que afectará sobre todo a la vivienda usada, al tiempo que se registró una reducción de la oferta de vivienda usada y, en menor medida de la nueva. Asimismo se detectó un nivel de oferta equilibrado en la vivienda usada y un nivel insuficiente en la nueva.
Por otro lado, en Castellón se produjo una "ligera" sobreoferta de vivienda nueva pero una oferta "insuficiente" de vivienda usada, al tiempo que también se prevé una desaceleración de los precios, principalmente, en las de segunda mano, según las mismas fuentes.
En lo que se refiere a Alicante, la oferta de la vivienda usada disminuyó "ligeramente" y aumenta la oferta de vivienda nueva. Así, según los datos de los resultados provisionales de las encuestas de los API, en esta provincia existe una sobreoferta, particularmente de la vivienda usada, por lo que, aunque los precios hayan subido, se prevé una desaceleración e incluso un "estancamiento" del precio de la vivienda usada.
En este sentido, Pons, preguntado por si este "estancamiento" de los precios en Alicante es una prueba del "exceso en la construcción", el conseller apuntó que esto "tiene que ver con la subida de los tipos de interés", porque reducen las posibilidades de adquirir una hipoteca y, sobre todo, "si tenemos en cuenta que el comprador de muchas de estas viviendas no es español", apostilló.
Asimismo, el titular de Territorio manifestó la intención de la Generalitat de poner en marcha una política que fomente la la rehabilitación, la ocupación y el alquiler "frente a la construcción", ya que "hay muchas viviendas por rehabilitar, muchas que están ocupadas y que podrían mejorar sus condiciones y muchas que están vacías".
"Creo que tiene poco sentido seguir consumiendo suelo, cuando el que ya tenemos consumido no lo hemos terminado de ocupar", indicó. Por eso, anunció que la Generalitat promulgará una serie de medidas que incentiven la rehabilitación de casas ocupadas, así como la restauración de viviendas sin ocupar que no reúnen las condiciones y el alquiler de viviendas vacías.
Del mismo modo, afirmo que "el suelo es el recurso más limitado que tenemos" y, este sentido, preguntado por la actuación del Consell respecto a los PAI presentados en numerosas poblaciones y fue preguntado, indicó que la planificación urbanística depende más de los municipios que de la Generalitat, aunque destacó que en lo que se refiere a sus competencias "seremos coherentes" con las decisiones mantenidas hasta la fecha.
OBSERVATORIO VALENCIANO DE LA VIVIENDA
Por otro lado, el director General de la Vivienda, Bernabé Bueno, explicó que el OVV es un órgano consultivo de la Generalitat cuyos objetivo es conocer el mercado inmobiliario para obtener diagnósticos sobre la realidad social existente, impulsar "políticas innovadoras en materia de vivienda y promover una vivienda sostenible y bioclimática".
Así, el conseller resaltó que de los resultados que se obtengan de los estudios del OVV la Generalitat podrá obtener un "juicio" de la política que lleva a cabo, de manera que "sabremos si nuestra política de actuación es correcta o no". Además, este Observatorio funcionará como un "árbitro inmobiliario", que "ya hace tiempo que necesitábamos", manifestó.
Del mismo modo apuntó que desde la conselleria se va a prestar atención a las necesidades del mercado inmobiliario y a los criterios medioambientales con los que se construye. En este sentido, Pons explicó que "estamos revisando" con los colegios de arquitectos las normas de diseño de edificación y "tendremos en cuenta nuevos parámetros de edificación". Así, anunció que "antes de que finalice este año tendremos unas nuevas normas de diseño de edificación e introduciremos nuevas normas medioambientales".
Por otro lado, según los datos del último trimestre respecto al Plan de Acceso a la Vivienda, en el apartado de ´Viviendas de nueva construcción´ se produjo un total de 45.239 actuaciones, y en el sector de ´Recuperación de viviendas, 65.515. Así, el total de viviendas incluidas en este plan ascienden a 110.754.
Asimismo, el director general de la Vivienda destacó que "en muy pocos meses", cerca de 2.900 viviendas --1.900 de nueva construcción y 900 usadas-- se han beneficiado de la nueva línea autonómica de Acceso Concertado. "Esto quiere decir que gracias a la promoción pública, estas viviendas que estaban en el mercado libre han pasado a un régimen de protección", aseveró.
- Google Earth, programa que ofrece imágenes aéreas de todo el mundo , ha cambiado las más recientes de las Islas por otras del año 2002.
- Según el Partido Verde Canario, este cambio responde a un acuerdo con el gobierno para ocultar "destrozos urbanísticos" en la costa.
Un ejemplo de una imagen de la costa canaria antes de que Google la cambiara por otras anteriores y sin urbanizar (Partido Verde Canario)
El Partido Verde Canario denuncia el cambio de las imágenes que ofrece el programa Google Earth por tomas aéreas antiguas de 2002.
Según los ecologistas, este cambio se ha producido por un acuerdo entre la empresa pública cartográfica Grafcan y Google con el objetivo de "esconder al mundo las numerosas vergüenzas urbanísticas y destrozos que afectan a las islas".
Así, si se compara las imágenes del archipiélago existentes en Google Earth antes del cambio con las actuales, se observa como en algunas zonas costeras han desaparecido urbanizaciones en primera línea de playa existentes en la actualidad.
La blogosfera se hace eco del 'cambiazo'
La noticia ha sido recogida por numerosos blogs , entre ellos Mangas Verdes, de Manuel M. Almeida , que informa de que el Gobierno de Canarias, responsable de Grafcan, "han derivado cualquier responsabilidad hacia Google".
Por su parte, Google ha reconocido en declaraciones al diario digital Canarias Ahora , la existencia de un acuerdo con la empresa cartográfica canaria aunque "de buenas intenciones".
No solo en la costa
Miguel Acín, otro blogger canario, denuncia en su bitácora Taller que no sólo se han cambiado imágenes de la costa, si no que gracias a la vuelta a los mapas de 2002 se han ocultado otros cambios en la geografía del archipielago como algunas polémicas rotondas.
Que la media nacional. El Consejo Económico y Social de Canarias destaca en su informe anual que entre 2004 y 2005 el precio medio del metro cuadrado de la vivienda protegida subió un 10 por ciento, mientras que el incremento a nivel nacional fue del 5,5 por ciento. Incluso, aumentó por encima de lo que lo hizo la vivienda libre.
El Consejo Económico y Social de Canarias (CES) destaca en su informe anual el fuerte crecimiento del precio de la vivienda protegida en el Archipiélago, muy superior al que se ha producido a nivel estatal entre el año 2004 y 2005. Según los datos que ofrece esta institución, y que están tomados del Ministerio de Vivienda, el año pasado el precio medio del metro cuadrado de vivienda protegida en las Islas aumentó un 10 por ciento, frente al 5,5 por ciento de media nacional. Además, ese incremento es superior al que se produjo incluso en el mercado libre de vivienda, que fue del 9,7 por ciento en Canarias, mientras que en el conjunto del país fue del 12,8 por ciento.
A pesar de esta subida, el precio de venta de la vivienda pública protegida sigue estando un poco por debajo de la media estatal, aunque las diferencias se van acortando progresivamente.
En concreto, en 2005 el precio medio del metro cuadrado en las Islas estaba en 899,4 euros, frente a los 817,3 del año anterior, esto es, casi 82 euros más. A nivel nacional, el precio medio en 2005 estaba en 945 euros frente a los 896,1 de 2004, lo que supone un incremento de casi 49 euros. Por tanto, a día de hoy la diferencia entre el Archipiélago y la Península a la hora de comprar una casa protegida está sólo en algo más de 45 euros, cuando sólo un año antes estaba en casi 80.
Las diferencias son mucho mayores en las viviendas libres, donde el metro cuadrado cuesta en Canarias 225 euros menos que la media nacional.
El Gobierno canario fue el que solicitó al Ministerio de Vivienda permiso para poder llevar a cabo una subida mayor del precio de la vivienda protegida, con lo que pretendía ofrecer a los promotores unos beneficios más atractivos que lograran reactivar el mercado de vivienda pública, muy parado en los últimos años ante los altos costes del suelo y el encarecimiento de los materiales.
El CES muestra también en su informe su preocupación por el imparable aumento del endeudamiento de los hogares canarios, que deben a las entidades bancarias más de 33.214 millones de euros, de los cuales el 80 por ciento corresponden a hipotecas, mientras que su cifra de ahorro apenas supera los 19.478 millones de euros, lo que supone que cada canario debe más de 16.607 euros a los bancos. Este nivel de empréstitos está teniendo una incidencia directa sobre el consumo privado, que se está reduciendo.
41 familias sevillanas se han quedado por ahora sin la casa de sus sueños. El promotor inmobiliario al que confiaron su dinero ha huido con su botín dejando las viviendas a medio terminar.
Aunque parezca una casa vieja y abandonada está recién construida. La promotora la ha entregado sin terminar. Es la razón por la que Carmen lleva de alquiler desde 2004. Asegura que son muchos años y que ya no puede más.
El fraude inmobiliario afecta a 41 familias de Morón de la Frontera. Uno de los afectados asegura que va a hacer huelga de hambre como modo de protesta. Como los 7 millones de las antiguas pesetas que daban para la entrada los propietarios de estos 11 solares. Son los peor parados de esta historia. Las otras 41 familias ya negocian con una nueva promotora, y la mediación del ayuntamiento, el acabado definitivo de las obras.
Técnicos adscritos a la Delegación sevillana de la Consejería de Turismo, Comercio y Deporte investigan actualmente la documentación correspondiente a diez promociones inmobiliarias impulsadas en Bormujos, a consecuencia de la denuncia formulada por el Grupo municipal del PSOE en dicha localidad sobre la construcción de 1.182 viviendas turísticas en suelos reservados para usos terciarios en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Fuentes de la Delegación provincial de Turismo, Comercio y Deporte informaron a Europa Press de que, aunque la Fiscalía actúa de oficio en este caso, los técnicos de la Junta analizan la documentación correspondiente a un total de diez promociones inmobiliarias, concretamente cuatro proyectos ya en tramitación y otros seis de los que tan sólo se ha entregado la documentación a las administraciones públicas.
La denuncia del Grupo municipal socialista alude a la concesión, por parte del Ayuntamiento, de autorizaciones para la construcción de siete promociones de viviendas turísticas, una de ellas en abril de 2003 y el resto a partir de febrero del pasado año, tras consumarse la moción de censura que elevó a la Alcaldía al independiente Baldomero Gaviño.
Promociones sin vínculo
El portavoz local del PSOE, Juan Antonio Iglesias -que fue desbancado de la Alcaldía por el grupo de Gaviño-, señaló que no se conoce vínculo alguno entre las siete promotoras de estas iniciativas inmobiliarias, señalando además que la primera de ellas tiene visos de legalidad al albergar un proyecto de hotel en sus aledaños.
Las seis promociones restantes, según aseguró Iglesias, contemplan la construcción de viviendas de carácter turísticos en un suelo declarado como de usos terciarios por el Plan de Ordenación Urbana de Bormujos, motivo por el que el PSOE ha considerado que las licencias concedidas por el Ayuntamiento podrían incurrir en una «ilegalidad».
La Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía, de su lado, también inició una investigación a consecuencia de la posible comisión de un ha comenzado la fraude de ley en torno a este caso.
En Chiclana. El Defensor del Pueblo Andaluz tilda de "ineficaz" la política urbanística chiclanera porque no se ha logrado restaurar la legalidad
El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, ha puesto en duda que pueda restaurarse la legalidad urbanística en Chiclana, a tenor de los resultados obtenidos como consecuencia de las actuaciones que ha llevado a cabo hasta la fecha la Gerencia Municipal de Urbanismo. Así se recoge en un informe al que ha tenido acceso este Diario y que ha sido emitido a raíz de las denuncias presentadas por Agaden por una supuesta "pasividad municipal" en el mantenimiento de la legalidad urbanística en el Pinar de la Espartosa.
En el citado informe, el Defensor del Pueblo Andaluz formula un recordatorio al Ayuntamiento de Chiclana sobre su "deber legal de ejercer una eficaz inspección urbanística", además de hacer una serie de recomendaciones para que se cumpla, con carácter urgente, la legalidad en los casos concretos denunciados por Agaden.
Esta asociación ecologista puso en manos del Defensor del Pueblo Andaluz varios ejemplos de urbanizaciones ilegales localizadas en el Pinar de la Espartosa, en los que entendía que se estaba produciendo "pasividad municipal" a la hora de hacer cumplir la legalidad urbanística.
El Defensor del Pueblo Andaluz, por contra, entiende que "no cabría hablar de pasividad" al observar que la Gerencia ha incoado los preceptivos expedientes sancionadores y de restauración de la legalidad urbanística, además de otras iniciativas registrales y judiciales. Sin embargo, sí habla de una "notoria ineficacia" en la restauración de la citada legalidad urbanística.
Tras estos dos incisos, el Defensor del Pueblo culpa a terceras personas de la situación, señalando que "por razones manifiestamente especulativas y/o insolidarias, una serie de personas desaprensivas están burlando el interés general en el mantenimiento de la ordenación urbanística", añadiendo al respecto que "no resulta admisible que tanto esfuerzo realizado en la planificación se vea frustrado por abusivas prácticas especulativas".
El Defensor del Pueblo Andaluz reconoce la existencia de edificaciones ilegales, lamentando que "los propietarios de estos inmuebles están disfrutando de los mismas, burlando el interés de la comunidad. Y lo que es más grave, si cabe, quienes han especulado con el suelo han obtenido unas ganancias ilegales al mismo tiempo".
Asimismo, culpa al Ayuntamiento de no haber notificado al infractor la incoación de un nuevo expediente por caducidad del anterior, además de no haber identificado al titular registral de la finca. En este sentido, el informe añade además que "ello nos permite temer fundadamente que la caducidad producida en los anteriores expedientes venga a repetirse en los que actualmente se encuentran en tramitación".
En cuanto a la ausencia de notificación, recuerda que, por ello, "no se ha podido proceder a la anotación preventiva de la incoación de estos expedientes en el Registro de la Propiedad a efectos de la prohibición de disponer".
Por otro lado, advierte que "tampoco se ha respetado, ni hecho respetar, el precinto de las obras en su día efectuado".
En el polo positivo, el Defensor del Pueblo Andaluz, destaca que "se ha formulado denuncia por la comisión de presuntos delitos de falsificación de documento público y de falsificación de certificado en la escritura de declaración de obra nueva y certificado técnico de antigüedad.
Como conclusión, el Defensor del Pueblo Andaluz señala que, hasta la fecha, "el daño a la ordenación urbanística no se ha visto reparado. Y creemos que la legislación urbanística ofrece una gran cantidad de posibilidades para que la reposición de la realidad física alterada se vea conseguida y que esa Gerencia, ignoramos si por falta de medios u otras razones, no ha empleado".
Asimismo, el Defensor del Pueblo Andaluz señala que "no se aprecian fundadas esperanzas de que se vea restaurada la legalidad urbanística en los supuestos objetos de este expediente debido a la ineficacia que, por razones que ignoramos, se advierte en la tramitación de los expedientes".
Por todo ello, recuerda al Ayuntamiento de Chiclana que "es preciso una acción preventiva inmediata en el momento en que se inician los primeros indicios de una construcción irregular mediante el ejercicio de la inspección urbanística".
Otro de los aspectos que criticable el Defensor del Pueblo Andaluz es que "tampoco se ha dado cuenta a las empresas suministradoras de servicios públicos, a fin de que no establezcan o suspendan cualquier prestación de los mismos a los infractores".
En cuanto a los precintos vulnerados, asegura que no se ha dado cuenta al órgano judicial competente y que tampoco se han impuesto multas por ello.
Ante esta situación, el Defensor del Pueblo Andaluz ha realizado a la Gerencia de Urbanismo de Chiclana un recordatorio sobre "el deber legal de ejercer una eficaz inspección urbanística", además de una serie de recomendaciones.
En este apartado, pide al Ayuntamiento que, con carácter urgente, precinte todas las obras y edificaciones a las que se refiere esta queja que no cuenten con las preceptivas licencias de obras".
En segundo lugar, que se de cuenta, también de forma urgente, a la autoridad judicial de los responsables de la rotura de precintos.
El tercer punto recomienda que se envíe a la Delegación Regional de la Agencia Tributaria en Andalucía la relación de los propietarios que han parcelado ilegalmente, así como de los propietarios que están construyendo o han edificado sobre las parcelas ilegales resultantes.
Además, sugiere que se traslade información a la Agencia ributaria sobre los precios a los que se está vendiendo el metro cuadrado para facilitar la inspección y persecución del fraude tributario.
san fernando. La plataforma ciudadana SOS Casería pide la constitución de una comisión de investigación para que analice la actividad urbanística de la ciudad. Este grupo se centraría en estudiar tres aspectos.
El primero de ellos, los motivos de ampliación del número de viviendas en Casería Norte. Los otros dos, las relaciones con la promotora Arenal 2000, propiedad de un empresario implicado en la trama de especulación urbanística de Marbella, así como con Aifos, también relacionada con esta trama.
Además, afirman que también debe investigarse cuáles fueron los motivos por los que la Delegación Provincial de Obras Públicas y Transportes no presentó el correspondiente recurso en 2003, "tal como autorizó en ese momento la consejera Concepción Gutiérrez". Para la plataforma, ha sido finalmente la presión de los ciudadanos y de colectivos la que ha conseguido todo.
No es justo que se comparen. La trama de corrupción destapada en Oleiros por La Opinión es mucho peor debido a que aquí se utiliza el progresismo en vez de la salsa rosa para manipular conciencias, con el apoyo de significativas complicidades sociales. Cualquiera lo podrá entender si contesta al siguiente cuestionario sobre Ángel García Seoane:
1.- ¿En qué arenal costero, actuando como alcalde en funciones, legalizó durante los primeros años 80 un edificio infractor y apareció después como empresario en uno de sus locales?
2.- ¿Cómo se llama la empresa concesionaria de servicios municipales que permite a sus directivos, antiguos camaradas suyos en CCOO, multiplicar sus beneficios mediante promociones inmobiliarias?
3.- ¿Tiene algo que ver la militancia anterior y el ex comunismo de los asesores técnicos y jurídicos que copan los contratos municipales con el hecho de que EU no se presente nunca a las elecciones?
4.- ¿Cuánto cobra el BNG, mediante salarios o publicidad municipal inserta en un semanario afín, para sostener al flagrante contradicción de que la delegación recibida de su Alcaldía no significa participar en su gobierno?
5.- ¿Está relacionada la desaparición del legado Abente a la parroquia de Liáns, su venta y recalificación posterior, con el hecho de que él o su mujer posean parcelas en los correspondientes planes parciales?
6.- ¿Aparecerán él o su mujer como titulares de nuevas parcelas si el próximo plan general consuma los pelotazos del campo de golf y demás urbanizaciones que reclasifican importantes superficies de suelo rústico especialmente protegido?
7.- ¿Cuántos campos de fútbol de hierba natural, a 150 000 euros/unidad, se podrían ejecutar en este ayuntamiento -único del área coruñesa que no los tiene- con los 6.000.000 de euros en que valora el PP su patrimonio visible?
8.- ¿En cuánto valoran su conciencia los que siguen jaleando o mirando para otro lado?
Si usted no tiene como yo amigos en Oleiros que le ayuden a acertar todas las repuestas, no se preocupe: ya habrá visto suficientes indicios delictivos, los mismos que la Justicia, para reaccionar oportunamente.
Dos de los cuatro ediles del PSOE y la hija de un tercero trabajan para una empresa de Francisco Hernando - Un aparejador del Ayuntamiento firmó obras del constructor
El constructor Francisco Hernando, Paco el Pocero, que levanta 13.508 viviendas en un secarral de Seseña (Toledo), tiene empleados en sus empresas a dos de los cuatro concejales del PSOE y a la hija de un tercero. El aparejador del Ayuntamiento ha firmado en obras de Hernando, y la Comisión Deontológica del Colegio de Arquitectos abrió un expediente al arquitecto municipal tras una denuncia por sus relaciones con el constructor. Los dos dejaron el Ayuntamiento tras perder el PSOE la alcaldía y llegar IU. La Fiscalía Anticorrupción investiga ahora la tramitación de la obra.
Hernando suele advertir: "Todo el mundo en el pueblo trabaja directa o indirectamente para mí". Tiene alguna razón. En un pueblo de 9.000 habitantes, sus empresas dan empleo a 800 personas, la mayoría del municipio. Dos de los cuatro concejales que el PSOE tiene en el Ayuntamiento de Seseña, Tomás García y Catalina Murillo, figuran como dados de alta en la Seguridad Social en ONDE 2000, la empresa de Hernando en Seseña. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Felipe Sancho, admite la relación: "Sí. Ambos trabajan para Hernando, pero no participan en las votaciones que afectan a la empresa. Y antes de que usted lo diga, lo admito: mi hija, que es mayor de edad y está independizada, trabaja en ONDE 2000".
'Manhattan de Seseña'
Felipe Sancho fue teniente de alcalde socialista cuando en 2003 el Ayuntamiento aprobó el plan de Hernando, cuyo nombre técnico es PAU el Quiñón, el nombre comercial es Residencial Francisco Hernando y el popular, Manhattan de Seseña. Sancho no ve incompatibilidad en que dos ediles cobren del polémico constructor: "Tomás García era albañil y cuando perdimos la alcaldía se fue a trabajar a ONDE. Catalina es administrativa y trabaja allí. No veo incompatibilidad", defiende Sancho. Y va más allá: "Ellos se abstienen en las votaciones y el alcalde, cuya enemistad hacia Hernando es manifiesta, debería abstenerse y no lo hace".
Pero no son los únicos. En 2003, cuando se aprobó el PAU en un tiempo récord, en un pleno extraordinario antes de las municipales y sin cumplir el periodo de exposición pública, era aparejador municipal Mariano Álvarez. Éste compaginaba esa labor con obras para Hernando. Así, firmó el certificado final de obra de la urbanización del SAU-3 que hizo Promociones del Saz 2000, otra empresa de Hernando. Su firma consta en un documento del 1 de agosto de 2003, menos de tres meses después de aprobar la urbanización, en el que garantiza: "La ejecución de las obras reseñadas ha sido realizada bajo mi inspección y control, de acuerdo con el proyecto, la documentación técnica que las define y las normas de buena construcción".
El entonces arquitecto municipal, Jesús Montoya, también tuvo tratos con Hernando, según IU. Montoya valoró el suelo del plan en 118 euros el metro cuadrado a petición del Ayuntamiento y al doble a petición de Hernando, según la denuncia de IU a la Fiscalía Anticorrupción, admitida a trámite. La Comisión Deontológica del Colegio de Arquitectos de Toledo le abrió expediente el 24 de noviembre de 2004 tras la denuncia de otro arquitecto. El alcalde de Seseña, Manuel Fuentes, dice que el arquitecto inflaba el precio cuando el beneficiario era Hernando.
El convenio urbanístico por el que Hernando iba a levantar su ciudad era extraordinariamente ventajoso para el promotor. El Ayuntamiento ponía el 10% del suelo y 20 millones de euros a cambio de recibir 290 pisos. El convenio fue aprobado en un pleno extraordinario con los votos del PSOE. El asesor jurídico del Ayuntamiento advirtió dos días antes de las "dudas" que suscitaba el convenio "puesto que no se utiliza el procedimiento de contratación de las Administraciones públicas". Añadió que no se justifica la permuta y pidió más tiempo para poder pronunciarse sobre la adecuación del proyecto a la legalidad. El 8 de mayo de 2003, dos días después de recibir el informe, el pleno municipal aprobó el convenio y recalificó 1,8 millones de metros cuadrados. Hernando había comprado el 44% del suelo 14 días antes.
Al dueño de la 'megaciudad'. Una sentencia anuló un acuerdo que ayudó a Paco El Pocero a reflotar su empresa en 2000
El Ayuntamiento de Seseña (Toledo) pagó 246.689.000 pesetas de más al constructor Francisco Hernando por la primera obra que realizó en el pueblo, un colector que construyó en 2000. Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha que ha dado la razón a los vecinos afectados por el colector, que tuvieron que pagar parte de la obra. Ese ingreso ayudó a Hernando, conocido como Paco El Pocero, a salir de la quiebra.
Francisco Hernando Contreras, Paco El Pocero, llegó a Seseña (Toledo) en 1999. Su primera obra fue un colector que necesitaba para sus primeros chalés en el pueblo. El propio Hernando cuenta en su biografía Paco Hernando, la pasión de construir, queal llegar a Seseña habló con el entonces alcalde, José Luis Martín, y que éste le dijo que para urbanizar era necesario hacer antes un colector.
El Ayuntamiento de Seseña (entonces gobernado por el PSOE) estudió tres alternativas para la obra. "Un trazado por la circunvalación por gravedad", con un presupuesto de 333.311.000 pesetas; otro por bombeo, cuyo presupuesto era de 215.351.000 pesetas, y una tercera opción cuyo coste era de 235.575.000 pesetas. El 3 de noviembre, Promociones del Saz 2000, propiedad de la familia Hernando, presentó un escrito en el que se comprometía a hacer la obra por 333 millones de pesetas. El 3 de abril de 2000, el pleno aprobó la urbanización para los 18 chalés de Hernando y el colector con los votos del PSOE. Hernando asegura que hizo la zanja de hasta 15 metros de profundidad y cinco kilómetros de longitud y que le costó mucho trabajo.
Una vez terminada la obra, el Ayuntamiento pagó unos 580 millones, con un sobrecoste de 246 millones de pesetas (1,482 millones de euros). Los afectados por el colector tenían que pagar una parte de la obra mediante contribuciones especiales. Un grupo de ellos llevó al juzgado el acuerdo del pleno por el sobrecoste.
La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dio la razón a los vecinos en octubre de 2004 y anuló el acuerdo del pleno que aprobó la obra. La sentencia afirma que el Ayuntamiento aumentó "el presupuesto en 246.689.000 pesetas sin que se fundamente este cambio e incluso alterándose el compromiso inicial" de la constructora. La sentencia afirma que este cambio se hizo "de espaldas y sin participación alguna de los afectados". Estos cambios generaron la "ilegalidad" del acuerdo, según el tribunal, que exime a los vecinos del pago de las contribuciones. El Ayuntamiento ha recurrido al Supremo.
Después de esta promoción, Hernando construyó siete promociones más en el pueblo de 120, 104, 166, 124, 170, 41 y 67 viviendas. Mientras hacía estas casas tenía en mente construir lo que él llama su ciudad, el Residencial Francisco Hernando. En mayo de 2003 obtuvo, gracias a los votos del PSOE, la recalificación de 1,8 millones de metros cuadrados para levantarlo: 13.508 viviendas en pisos de 10 alturas y que IU ha denunciado a la Fiscalía Anticorrupción.
La madeja judicial se enreda cada vez más en Murcia. Las distintas tramas se van haciendo cada vez más complejas conforme van saliendo adelante los trámites de investigación iniciados por la Fiscalía regional y se inician otros a instancias de jueces, con petición de ayuda a la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) incluida.
Como anunció El Confidencial en junio, el primer caso investigado por el fiscal jefe del TSJ de Murcia, Manuel López Bernal, ha sido el del alcalde de Mazarrón, Francisco Blaya (PP), acusado de prevaricación y malversación de fondos públicos. El asunto no es baladí, ya que Bernal sería el presunto receptor de esos fondos junto con el ex alcalde del PP Domingo Varela, ‘amiguísimo’ hasta hace pocos del presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, y de su factótum mediático, el ex periodista José Antonio Ruiz Vivo.
Mientras se aclaran las derivaciones de la Operación Malaya en tierras murcianas, los expedientes se acumulan sobre la mesa del fiscal jefe López Bernal, al tiempo que algunos no paran de tentarse la ropa desde hace meses, sobre todo después de las recientes declaraciones del Fiscal General del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en Alicante indicando que, tras la Costa del Sol, el Levante está en el punto de mira investigador del ministerio público.
Así, junto a la querella de la Fiscalía contra el alcalde popular de Mazarrón, a López Bernal le llegan del registro judicial querella tras querella. En estas últimas semanas les ha tocado el turno a las interpuestas por el PSOE contra altos cargos de la Administración regional del PP por supuestas prevaricaciones.
Irregularidades en el puerto deportivo de La Manga
Una de las denuncias va dirigida a dos directores generales que permitieron que siguieran las obras de un macropuerto deportivo en La Manga en contra de cuatro informes de los servicios jurídicos de la propia Comunidad Autónoma. Otras son realmente esperpénticas, como la de un jefe de Servicio de Sanidad Animal en la Consejería de Agricultura que poseía una granja sin licencia de apertura ni declaración de impacto ambiental en Cieza.
Y otras más, tan incalificables como las facilidades otorgadas a los dueños del club de fútbol Real Murcia, para construir un nuevo estadio, con los votos del PP gobernante y del PSOE opositor en el Ayuntamiento de Murcia.
Sin duda, estos asuntos se convertirán en centrales de la próxima campaña electoral municipal y autonómica que, tal como está la situación, se iniciará ineludible y extraoficialmente a la vuelta del verano.
La encuesta realizada en junio por Noxa para el PSOE dedica una especial atención a los problemas de la Región, y en especial a todo lo que rodea a la denominada polémica del ladrillo.
El principal problema de la Región para los murcianos es la escasez de agua (51%), seguido a gran distancia de la inmigración (16%).
De las siete cuestiones sobre las que se pregunta a los entrevistados, la que mencionan en tercer lugar como la más preocupante es la especulación urbanística (13%), seguida de la inseguridad ciudadana (9%), la corrupción (5%), el paro (4%) y la temporalidad en el empleo (2%).
El trabajo subraya que no hay diferencias en la precepción de la gravedad del problema del agua, de modo que se siente exactamente en la misma medida en los núcleos más rurales que en las principales ciudades.
Sí hay diferencia cuando se analiza la edad de los encuestados. Los más jóvenes son más sensibles al problema de la especulación urbanística, mientras que los mayores lo son ante la inseguridad ciudadana.
La encuesta incluye sendas preguntas sobre la política de vivienda del Gobierno regional, el sector de la construcción y la corrupción. Con respecto a la vivienda, la opinión se encuentra muy dividida, ya que mientras cuatro de cada diez (el 39%) la consideran como buena o muy buena, son más (el 42%) los que piensan que es mala o muy mala, sobre todo entre los segmentos de edad de entre los 25 y 49 años. Sobre la construcción hay un amplio acuerdo de que se debería mantener su crecimiento pero de forma equilibrada (82%).
La opinión mayoritaria entre los murcianos es que en la Región existe la misma corrupción que en cualquier otra (61%), frente a un 21% que cree que hay más y un 13% que menos.
La DGA denunció por irregularidades uno de sus edificios en Margarita. El PSOE cuestiona actuaciones en el solar de la estación y en el campo de golf.
La promotora aragonesa Hogares Nuevos, propiedad del empresario presuntamente vinculado a la trama de corrupción urbanística en Marbella, se ha visto envuelta en varias polémicas urbanísticas en Calatayud. La construcción contraria a la normativa de uno de sus edificios en la zona de Margarita, la compra de un terreno edificable al ayuntamiento bilbilitano y el retraso en la cesión de los suelos de la futura estación de autobuses forman unas actuaciones cuestionadas por el PSOE desde el ayuntamiento, en manos del alcalde del PP Fernando Martín.
Hogares Nuevos también participa en la urbanización del campo de golf, una operación que ha generado importantes números rojos al consistorio, propietario de la instalación deportiva.
Las denuncias socialistas tienen ahora especial repercusión, tras salpicar la Operación Malaya al presidente de Aifos y Hogares Nuevos. Una de sus primeras promociones en Calatayud, en el área de Margarita, no se ajustaba a la normativa municipal y fue impugnada en los tribunales por la DGA.
EXPEDIENTE ARCHIVADO Fernando Martín, el alcalde bilbilitano, suspendió las obras del bloque en el 2004 porque se consideraban lesivas al interés público, pero pocos meses después, los votos del PP archivaron el expediente. El caso, publicado en este diario, fue denunciado por el grupo socialista y llegó ante el juez por la vía del Gobierno de Aragón. La denuncia llegó fuera de plazo.
Según el expediente municipal que se abrió en su día, el bloque se construyó con un voladizo de un metro a partir del primer piso para obtener un mayor aprovechamiento del espacio a edificar; sin embargo, la normativa municipal sólo permite un saliente de 0,40 metros para balcones y miradores en calles de menos de cuatro metros de ancho.
Además, el voladizo perjudicaba a una parcela de la Tesorería de la Seguridad Social, que también presentó una queja formal contra la construcción.
El teniente de alcalde de Urbanismo, José Antonio Sanmiguel, negó a este periódico que el ayuntamiento hubiera tenido problemas en la tramitación de las licencias. Todos sus procesos, aseguró, se realizaron con normalidad. Sanmiguel no hizo referencia a la suspensión de obras del edificio de Margarita, ni otras polémicas desatadas en actuaciones en las que participa Hogares Nuevos.
Para el portavoz urbanístico del PSOE en el ayuntamiento, Miguel Lavilla, la especial relación que tiene Hogares Nuevos con el consistorio bibilitano se pone de manifiesto también en la venta a esta promotora de un solar urbano municipal, en Margarita, con capacidad para 18 viviendas, por 228.100 euros.
Según Lavilla, esa parcela fue cedida por la comunidad de regantes de Calatayud al consistorio en el año 2000 sin que se pagara por ella ni un céntimo de euro, con la aprobación de los órganos oficiales y el recelo de muchos de los regantes.
DESVÍO DE UNA ACEQUIA El expediente municipal confirma que la condición era que el consistorio supervisara el desvío de la acequia de La Anchada en la zona de Margarita. Y el responsable de la comunidad de riegos, destaca Lavilla, era Lorenzo Delso Ibáñez, actual presidente del PP bilbilitano.
Además de los edificios de la promoción Castillo de Ayyud, la inmobiliaria de Ruiz Casado tiene nuevos proyectos en el mismo sector: participa en la propiedad de la parcela donde irá la estación de autobuses, con edificabilidad para 300 viviendas, junto con otro empresario de Calatayud. El PSOE municipal denunció también en su día que el ayuntamiento modificó el Plan General para ubicar la estación en un solar reservado a otro tipo de equipamientos y permitió más alturas en los edificios proyectados.
Además, la cesión de los propietarios del terreno al consistorio de más de 5.000 metros cuadrados para la terminal de autobuses aún no se ha materializado y existen, dice Lavilla, reticencias de algunos propietarios. Lo que sí está recién aprobado es el convenio con la DGA para financiar el edificio, que costará 3,6 millones de euros.
La presencia de Hogares Nuevos en Calatayud se centra también en la urbanización del campo de golf. La recalificación del suelo para construir 400 chalets a cambio del suelo para construir el campo, así como la participación del consistorio en la deficitaria empresa que explota la instalación deportiva, ha protagonizado multitud de quejas por parte de la oposición municipal.
Tras detectar un agujero económico de 792.000 euros al cierre del 2005, el PSOE ha remitido la información sobre estas pérdidas al Tribunal de Cuentas. Mientras tanto, Hogares Nuevos sigue construyendo chalets.
El sorteo de 290 viviendas del ´Plan 60.000´ deja fuera a 500 demandantes. La oferta de 60 casas a un precio de 100.000 interesa a 369 personas.
Sólo uno de cada tres demandantes de viviendas del plan especial de la Junta que se van a edificar en la carretera de Cáceres dentro de la promoción La Calzada ha obtenido un piso tras el sorteo celebrado ayer en el palacio de congresos, y al que asistieron mil personas. En total, 968 personas aspiraban a una de las 290 viviendas de 60.000 euros y a una de las 60 para rentas medias --valoradas en 100.000 euros más el IPC--, pertenecientes a la primera fase de este residencia promovido por Joca-Viassa en la ciudad. Estas viviendas se suman a las 446 de la promoción Mérida Tercer Milenio en la barriada de La Paz que fueron adjudicadas el pasado 21 de julio en un sorteo al que sólo concurrieron 359 personas.
Está previsto que tras el verano comiencen las obras para urbanizar la zona, mientras que las viviendas no se entregarán hasta finales del 2007 o en el año 2008.
Como en el caso anterior, el sistema de bombos múltiples volvió a dejar dudas entre los presentes, algunos de los cuales no sabía si debía tener en cuenta el número de viviendas que se sorteaba para cada grupo o el de aspirantes, ya que las bolas servían para establecer el orden de elección de viviendas.
Una vez celebrados estos dos sorteos, el director de Análisis y Control Inmobiliario del Mercado de la Agencia Extremeña de la Vivienda, Pedro Miranda, explicó que restan por adjudicar 370 pertenecientes a la segunda fase de La Calzada y las de la promoción Villa Emérita, que se sortearán tras el verano.
Por otro lado, las casi 90 viviendas pertenecientes al proyecto Mérida Tercer Milenio que no fueron adjudicadas por falta de demanda, se volverán a sortear cuando acaben todos los sorteos previstos en la ciudad.
El secretario general de UGT-Juventud de Asturias, Francisco López, también lanzó ayer desde Mieres duras críticas a la política local, regional y nacional de vivienda para la juventud, a la calificó de "nefasta".
Para el sindicalista, el principal problema es que "no saben lo que hay en el mercado y vivien en las nubes". Y puso ejemplos: "Las subvenciones a vivienda para alquiler sólo te las dan si pagas menos de 400 euros al mes, y a la hora de comprar un piso sólo te ayudan si cuesta menos de 96.000 euros.
Esto significa que no se enteran de lo que hay en el mercado porque a ver quién encuentra un alquiles de menos de 400 euros y un piso por menos de 96.000". El joven sindicalista insiste en la necesidad de cambiar estas políticas de vivienda y adecuarlas a lo que existe realmente en el mercado para que puedan servir para algo.
Cincuenta adjudicatarios de un piso protegido en El Chorrillo carecen de recursos para hacer frente a la hipoteca
Familias adjudicatarias de una vivienda protegida del barrio castreño de El Chorrillo se unieron ayer para denunciar que no pueden, por motivos económicos, acceder al piso que les correspondió en el sorteo de las 177 viviendas de protección oficial celebrado a finales de enero.
Milagros Martín, portavoz de los afectados, hizo un llamamiento «para convocar a los afectados a una reunión con el fin de defender judicialmente los intereses de unos 50 propietarios que se encuentran en las mismas circunstancias».
Esta vecina entiende que han existido irregularidades en todo el proceso, «desde el momento de presentar la solicitud, pasando por la entrega de la documentación hasta el momento de la subasta de las viviendas».
Afirma que se han cometido «injusticias» y que «se han denegado pisos a adjudicatarios por no cumplir las bases por motivos nada convincentes, en mi opinión».
El objetivo de las siete familias que ayer explicaron su caso en un encuentro celebrado en los soportales del Ayuntamiento es «agruparse para defender nuestro derecho a una vivienda por la vía judicial y para ello contrataremos a un abogado que defienda nuestros intereses».
Los afectados afirman no entender que «si cumplían las bases de la convocatoria de viviendas de protección oficial, ahora no podamos pagar el inmueble». Milagros Martín explicó ayer que, en su caso, el precio de la viviendas ronda los 180.000 euros, y «para mí eso no es un piso de protección oficial». Esta vecina de Castro Urdiales reconoció que «me ha tocado un piso de régimen autonómico que no puedo costear con mi único sueldo y por eso me siento engañada porque el alcalde anunció pisos de protección oficial que a mi entender no los son». Un total de 1.346 personas presentaron su solicitud para acceder a una de las viviendas de El Chorrillo, una promoción que es resultado del convenio suscrito entre varias constructoras y el Ayuntamiento de Castro Urdiales. La finalización de la construcción está prevista para marzo de 2007.
Milagros Martín explicó ayer que los afectados han intentado hablar con el alcalde de Castro Urdiales, Fernando Muguruza, y «no nos recibe», comentó. «Nos remite a la funcionaria que está en el Registro y ella no sabe absolutamente nada».
Desde 78.820 euros
Las viviendas que actualmente se construyen en el barrio de El Chorrillo tendrán unas dimensiones de entre 67 y 120 metros cuadrados y una, dos y tres habitaciones. Las viviendas dispondrán de garaje o trastero. Sus precios oscilan entre los 78.820 y los 177.620 euros, con impuestos incluidos.
La construcción finalizará en marzo de 2007. La promoción del barrio castreño es resultado del convenio suscrito entre las constructoras Flavia XXI y París XXI y el Ayuntamiento de Castro Urdiales y que fue firmado en octubre de 2004.
Como previsión, ante posibles negativas o posibles incumplimientos de las bases del concurso por parte de alguno de los adjudicatarios en el sorteo, se sacaron 60 papeletas de reserva.
Decenas de personas partieron ayer de Argoños y llegarán hoy a Santander. Unas 200 personas iniciaron ayer desde Argoños la marcha a Santander que, organizada por la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA), hizo noche en el polideportivo de Ribamontán al Mar y hoy, lunes, recorrerá las calles de la capital de Cantabria desde Puertochico hasta el Parlamento, y de ahí a los Juzgados, el Ayuntamiento y la sede del Gobierno cántabro, donde se prevé una concentración a las 13 horas.
La intención, según el presidente de AMA, Antonio Vilela, es mostrar que las casi 600 viviendas con sentencia de derribo que hay en Cantabria, la mayor parte adquiridas por vecinos del País Vasco, “pueden legalizarse para evitar enormes costes en indemnizaciones y nuestra tortura psicológica”.
La marcha desde el Ayuntamiento de Argoños se inició sobre las 9 de la mañana de ayer, con unas decenas de personas, pero a lo largo del camino se fue incrementando el número hasta alcanzar casi dos centenares.
A buen paso, los integrantes de la marcha alcanzaron Galizano a primera hora de la tarde.
Allí comieron junto al Ayuntamiento y reanudaron la marcha hasta el Polideportivo de Latas, en Ribamontán al Mar, donde hicieron noche y se visionó un vídeo sobre lo que consideran “la gran injusticia” que suponen las sucesivas sentencias de derribo de hasta 600 viviendas en la región.
La marcha contaba con todos los permisos pertinente de Delegación de Gobierno, aunque la Guardia Civil apoyó en los pasos y cruces de carretera.
La organización instaló diversos puntos de avituallamiento y recomendó a los caminantes que llevaran ropa y calzado adecuados.
El paso no fue rápido, teniendo en cuenta que la media de edad de los afectados es de 50 años.
“Se trata en su mayoría de jubilados”, la mayor parte procedentes del País Vasco, que, una vez terminada su vida laboral, “decidieron comprar su vivienda en Cantabria para retirarse”, señaló Vilela.
También se contó con muchos coches de asistencia, incluido uno médico, y servicio propio de seguridad, de modo que la caravana de acompañamiento sumaba una treintena de coches.
Junto a pancartas y banderines, todos llevaban puesta una camiseta amarilla alusiva a sus reivindicaciones.
Hoy por la mañana, sobre las 10 horas, retomarán el camino hasta Somo, donde tomarán los barcos para alcanzar Puertochico sobre las 11 horas.
Allí mismo se reunirán con los miembros de la plataforma que llegan desde Liencres y la zona de Miengo.
Comenzará entonces una manifestación de 4,3 kilómetros que recorrerá el Paseo de Pereda, la Avenida Calvo Sotelo, la calle Garmendia y la calle Alta, hasta el Parlamento, donde tienen previsto entregar sobre las 11,30 horas un escrito con sus reivindicaciones al presidente del Parlamento de Cantabria, Miguel Ángel Palacio.
Continuarán camino para entregar al presidente de esta institución, César Tolosa, otro escrito.
Por la avenida Calvo Sotelo, Paseo de Pereda, Peña Herbosa y Bonifaz retornarán hasta la última etapa de su paso por Santander, la sede del Gobierno cántabro, en donde se reunirán con el consejero de Presidencia y Ordenación del Territorio, José Vicente Mediavilla.
La organización espera convocar en Santander a más de un millar de personas.
