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'HAREMOS LO QUE HAGA FALTA POR CONSEGUIR UNA VIVIENDA DIGNA'

Redacción PVD - 03 de junio de 2008

Desde el “pocero de Fuenlabrada” a expertos en vivienda, política o tributos, pasando por asociaciones de vecinos y organizaciones sociales. Todos se han dado cita en un seminario para buscar una vivienda digna y asequible.

El pasado sábado tuvo lugar en Madrid el seminario “Cómo conseguir una vivienda digna”, organizado por la coordinadora “Madrid por la Vivienda y el Territorio” en el que la PVD tuvo un importante papel. El seminario agrupó a varios expertos nacionales e internacionales en materia de vivienda.

Los asistentes, jóvenes, amas de casa, estudiantes, representantes de organizaciones, de asociaciones de vecinos, de sindicatos e incluso de partidos políticos, llenaron durante toda la jornada el salón de conferencias de la Asociación de Vecinos “Valle Inclán”, en el barrio de Prosperidad.

Entre las aportaciones de las distintas ponencias, José Luis Carretero, de la Plataforma por una Vivienda Digna, afirmó que los avales ICO puestos en marcha por el gobierno trasladan la burbuja a la vivienda protegida. Estos avales se han creado básicamente para que los adjudicatarios de vivienda protegida puedan recibir financiación para pagar los elevados precios tras las subidas del módulo, “subidas que además no tienen ninguna justificación”.

Jesús Montero, miembro del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), analizó entre otros aspectos las desgravaciones por compra de vivienda, destacando que se han utilizado como argumento comercial y han contribuido por ello a subir los precios, funcionando en realidad como un mayor beneficio para los promotores.

Montero afirmó que el fraude fiscal del sector inmobiliario es muy importante, llegando como mínimo a 8.600 millones de euros sólo en 2007. En este sentido criticó que en España se apueste por una Hacienda “barata”, en vez de invertir más para perseguir estas bolsas de fraude, lo que compensaría la inversión con creces.

Para Montero “la lucha por la vivienda digna es también la lucha por una vida digna, y es urgente que la sociedad cambie el chip y empiece a participar de la vida pública de una manera diferente".

Manuel Villoria, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, indicó que la construcción (y por lo tanto las hipotecas de muchos jóvenes) ha financiado a miles de ayuntamientos. Pero en los próximos años mantener estas nuevas viviendas supondrá más gastos que ingresos. Así, se puede decir que los alcaldes que han apostado por la construcción sin medida han creado “pan para hoy y hambre para mañana”.

Sobre la reforma de la financiación de los ayuntamientos, Villoria afirmó que ésta no garantizará cambios en la gestión si no se aplican también medidas de control.

Nieves Martín, de la Plataforma por una Vivienda Digna, ofreció un análisis riguroso del Plan de Vivienda Joven de Madrid. La conclusión, el Plan está concebido para fomentar el negocio de los promotores y no el acceso a la vivienda, y la política de vivienda en Madrid es en realidad una gran campaña publicitaria.

Entre algunas “sorpresas ocultas” del Plan, Martín señaló que la supuesta lista única no lo es, ya que los municipios tienden a sortear las viviendas sólo para los jóvenes empadronados en ese municipio.

Por otro lado, de las 79.000 viviendas prometidas sólo 1.237 han sido entregadas sin incidencias, los precios del alquiler con derecho a compra son superiores a lo anunciado y, en mucha de la vivienda protegida o tasada, es habitual que promotores pidan cantidades “en negro”, sin que la Comunidad de Madrid haya mostrado voluntad de evitarlo. Mientras, eso sí, ha seguido facilitando el endeudamiento con la tramitación de 15.000 hipotecas jóvenes.

Miguel Ángel Cancelo, asesor de la Viceconsejería de Vivienda del País Vasco, explicó algunas de las medidas en vivienda llevadas a cabo en dicha comunidad, más parecidas a las de otros países europeos. Destaca la apuesta por que la vivienda protegida sea de alquiler, así como medidas para sacar al mercado la vivienda vacía como el programa “Bizigune”. Con este sistema la Administración es la que alquila el piso, garantizando así el pago, y el inquilino paga una renta subvencionada de unos 270 euros al mes.

Cancelo repasó además las políticas de vivienda de los principales países de la UE. En la mayoría la aplicación de tasas, multas o alquileres forzosos para limitar la vivienda vacía es completamente normal. En Holanda está permitida incluso la ocupación si se realiza con la supervisión del ayuntamiento.

El seminario contó con la presencia del promotor José Moreno, el “pocero de Fuenlabrada” conocido por haber desarrollado promociones a precios muy asequibles. Moreno afirmó que el coste de construcción real de un piso está por debajo de los 600 €/m2.

Recientemente ha presentado proyectos en ocho ayuntamientos del sur de Madrid para construir viviendas de 70 y 80 metros entre los 108.000 y los 120.000 euros. Afirmó que actualmente es difícil conseguir precios más bajos debido a la subida del módulo VPO (24% de media en Madrid) y la limitación de alturas aprobada por la Asamblea regional.

Cesare Ottolini, presidente de la Alianza Internacional de Habitantes (IAI), presentó la campaña “Cero desalojos” e invitó a los presentes a convertirse en “antenas” para denunciar violaciones del derecho a la vivienda en su entorno.

La IAI ofreció colaboración a varios miembros de la Cañada Real cercana a Rivas, zona afectada por desalojos motivados por la especulación urbanística. Éstos invitaron a visitar su barrio. “No se trata de chabolas sino de casas normales, es muy diferente a lo presentado por los medios de comunicación y cualquiera puede ir a comprobarlo”.

María Roces, miembro de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, recordó la importancia de la rehabilitación de barrios, y afirmó que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) entregaba hace años vivienda protegida en alquiler. “Ahora no se hace vivienda en alquiler porque no interesa”. También incidió en que la rehabilitación no se utiliza para satisfacer la necesidad de alojamiento de los excluidos del mercado.

Sobre estos temas, en el seminario se recordó que en Francia hay cuatro millones de viviendas públicas de alquiler, mientras en España esta cifra no llega a las cien mil.

El encuentro terminó con una puesta en común de problemas e iniciativas, como el proyecto de vivienda pública en alquiler COVIJO, o las iniciativas de cooperativa de las asociaciones de vecinos de San Blas o la local de Prosperidad que apuntaron el compromiso de empujar la creación de una red de presión conjunta para la consecución de suelo económico. Rafael Corrales, de la PVD, relató el “rosario” de las ayudas a la emancipación en Madrid, concluyendo que la CAM está entorpeciendo su entrega y que sólo el 1% de los solicitantes las están recibiendo.

Por su parte, Ángel Alberto Montero, portavoz de los vecinos del sureste, relató la situación de más de 15.000 cooperativistas que han aportado entre 20.000 y 60.000 euros desde 1997 “y todavía ni se ha empezado las casas”. Criticó los engaños de la gestora de cooperativas y la inoperancia del Ayuntamiento de Madrid. Además, recordó que una Sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara ilegales 22 desarrollos del Plan General de Ordenación Urbana, lo que hace que miles de cooperativistas no tengan claro el futuro de sus viviendas.

En todas las experiencias aportadas quedó patente la reticencia de las instituciones públicas gobernadas por cualquier color político, salvo honrosas excepciones en casos muy contados, a atender las iniciativas de vivienda económica de los ciudadanos. En su lugar, se fomentan los elevados márgenes de beneficio de los negocios inmobiliarios desde todos los niveles de la Administración.

Ante esta situación se pudieron escuchar frases como "nos hemos dispuesto conseguir una vivienda digna y para conseguirlo haremos lo que sea e iremos donde haga falta" o “no estamos aquí para entregar la mayor parte de nuestras horas de vida al trabajo para pagar una vivienda, cuando sabemos que no tiene porqué ser así”.

En próximos días está previsto publicar material audiovisual y más información sobre el seminario. En este enlace podrán vds. encontrarlo: http://www.viviendadigna.org/foros/viewtopic.php?t=7367

Las 40 propuestas por una vivienda digna de nuestra asociación.

CORREDOR DICE QUE ES UN BUEN MOMENTO PARA COMPRAR UN PISO

ElEconomista.es - 05 de junio de 2008

quien lo necesite

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, afirmó hoy que "es el momento adecuado" para que se "compre" un piso "quien realmente lo necesita". En una entrevista en TVE, Corredor señaló que en dicha afirmación coinciden todos los expertos, entre otras razones porque el precio de las viviendas crece en el entorno del IPC.

La ministra reiteró que es "un buen momento", sobre todo para adquirir una vivienda nueva. Preguntada por los reclamos de los promotores inmobiliarios, Corredor indicó que el Ejecutivo ha tomado "medidas muy parecidas a lo que piden". Así, recordó la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la promoción de VPO o las modificaciones del Plan Vivienda 2005-2008 que se hicieron en enero, entre las que se encuentran que las viviendas libres pudiera convertirse en protegidas de precio concertado, por lo que "hay mucho de lo que piden que ya está hecho".

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PVD AFIRMA QUE AHORA ES PEOR MOMENTO PARA COMPRAR VIVIENDA

Redacción PVD - 05 de junio de 2008

La asociación Plataforma por una Vivienda Digna exige a la nueva Ministra de Vivienda –Beatriz Corredor- que se retracte por sus recientes declaraciones en las que afirmaba que “es el momento adecuado para comprar una vivienda si realmente se necesita”, o en su defecto que dimita; puesto que no necesitamos un Ministerio para confundir a la población por medio de mensajes de sesgado interés, cuando ya tenemos a los agentes, analistas y lobbys del sector inmobiliario que realizan esa labor casi a diario.

Nos parece una aberración que la titular de Vivienda haya sucumbido tan rápido a las presiones del sector inmobiliario hasta llegar a asumir prácticamente su discurso con total sumisión, como se plasma en las anteriores declaraciones que incluyen también la frase “el Ejecutivo ha tomado medidas muy parecidas a lo que piden”. Y consideramos de una demagogia e irresponsabilidad máxima que se anime a comprar en un entorno en el que el precio de la vivienda está en clara disminución, en el que la morosidad por el sobreendeudamiento hipotecario está creciendo vertiginosamente, en el que se afronta un escenario de posibles nuevas subidas de tipos de interés y de grave recesión de la economía española –con aumentos significativos de desempleo- y en el que los vendedores y promotores de vivienda se resisten al único camino lógico que existe para salir del atolladero –bajar los precios significativamente-. De esta forma, la institución que preside Beatriz Corredor está echando más leña al fuego de las causas que han provocado esta crisis socioeconómica para beneficiar precisamente a los que tienen una buena parte de la culpa en provocarla. Muchos ciudadanos que sucumban a este mensaje lanzado desde nuestras instituciones, lo pueden pagar muy caro en el futuro y buscando el símil, supone poco más o menos que si, tras la presión de las empresas tabaqueras, la Ministra de Sanidad animara a la población a fumar.

Le recordamos a la nueva Ministra, que el Ministerio de Vivienda es una institución pública que sufragamos los ciudadanos con nuestros impuestos y que tiene suficientes problemas de los que preocuparse como para dedicarse a potenciar la labor comercial de las empresas inmobiliarias y entre ellas cabe citar las innumerables deficiencias en la tramitación de las ayudas al alquiler, la desproporcionada subida sin ningún tipo de justificación de la vivienda protegida en muchas comunidades autónomas, la proliferación de nuevas tipologías de vivienda protegida sin fines estrictamente sociales, los anómalos mecanismos de financiación municipal y autonómica, los constantes abusos y fraudes, etc., cuestiones todas ellas que por no resolverse, sólo están consiguiendo enquistar el problema y que su resolución sea más dolorosa aún para el conjunto de la ciudadanía mientras se perpetúa la exclusión de un amplio porcentaje de la población de lo que es un derecho constitucionalmente protegido.

Respecto a las medidas anunciadas ayer, también le recordamos a la Ministra que el “alquiler con derecho a compra” no es alquiler social –el gran déficit de la política de vivienda española frente a la europea-, sino una solución que se presta a ser una nueva trampa que postergue la insostenibilidad del mercado inmobiliario, que la rehabilitación debe orientarse fundamentalmente a satisfacer el acceso de los excluidos del mercado y a dar impulso a un mercado regulado del alquiler y que el Gobierno va muy mal encaminado en las soluciones, si éstas pasan por sostener el sector y los precios actuales con la financiación artificial del ICO y manteniendo una fiscalidad orientada fundamentalmente a la compra de viviendas que actualmente consume dos terceras partes de los recursos totales asignados a políticas de vivienda.

A los ciudadanos les recordamos que pueden comprobar fácilmente que la vivienda ha bajado significativamente de coste en dos periodos muy recientes de nuestra Historia, que ya en otros países afectados por la burbuja inmobiliaria están bajando mucho los precios y que en España también han empezado a hacerlo a pesar de que no se refleje suficientemente en las estadísticas oficiales por las deficiencias de éstas. Así pues, lo mejor que pueden hacer ahora los que tengan intención de adquirir una vivienda es no dejarse encandilar por estos mensajes, extremar la cautela y esperar a que se desenvuelva la situación del mercado inmobiliario y, sobre todo, de la crisis en la que estamos inmersos.

La Plataforma pide cambios radicales en la política de vivienda

Para la Plataforma, la mejor política de vivienda es la que crea el marco para que la diferencia entre salario y precio de la vivienda (tanto en compra como en alquiler) sea razonable y estable al margen de las tensiones especulativas y de los ciclos económicos. Esto, unido a un parque de vivienda pública extenso para los jóvenes y las rentas más bajas sería avanzar hacia el cumplimiento del artículo 47 de nuestra Constitución. Para ello, exigimos al Gobierno que atienda realmente las recomendaciones que se le realizan desde numerosas instituciones nacionales e internacionales y que además, empuje cambios estructurales en todas aquellas instancias gubernamentales cuyas políticas afecten a la vivienda y el urbanismo, con el objetivo de reducir la disparatada relación entre salarios y precios de la vivienda en compra o alquiler. Que los precios de la vivienda vuelvan a una senda razonable debería ser el cometido principal del Ministerio y no justo el contrario.

Con el objetivo de lograrlo, los distintos comités territoriales de la Plataforma consensuaron en su día una batería de 40 propuestas que ya le fueron remitidas al Gobierno en espera de que sirvieran para abrir un proceso de reflexión profundo de cara al futuro de las políticas de vivienda en este país y seguimos esperando que así sea.

Plataforma por una Vivienda Digna

Comité Interterritorial

info[arroba]viviendadigna.org

http://www.viviendadigna.org

Información relacionada: • 40 propuestas por una Vivienda Digna

LA VIÑETA: BUYERFINDER ;)

Redacción PVD - 22 de mayo de 2008

VIVIENDA SOCIAL O DELITO

El País - 02 de junio de 2008

Merece atención la propuesta de castigo penal para quienes incumplan la Ley del Suelo

Es de tal calibre el desastre urbanístico que describen las memorias de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, y tan sofisticados los mecanismos a que recurren los corruptos y especuladores del suelo para burlar la legalidad, que su titular no ha dudado en proponer en la de este año una mayor intervención de la ley penal en este ámbito. Podría pensarse que se trata de una comprensible reacción ante la impotencia, al no poder hacer frente con toda la eficacia exigible al desarrollo de un urbanismo desordenado y con fuertes trazas de corrupción institucional y privada. Pero la propuesta tiene fundamento y merece la atención tanto del fiscal general del Estado como del Gobierno y de las fuerzas políticas.

Lo que propone el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo es una reforma del Código Penal que tipifique como delito -una modalidad más de la actual malversación- el incumplimiento de la obligación de reserva del 30% de suelo público municipal que la reformada Ley del Suelo de 2007 destina a vivienda de protección oficial. Facilitar el acceso a una vivienda digna constituye un mandato constitucional que vincula a los poderes públicos, sea cual fuere su signo político. Caben pocas dudas sobre la importancia de este principio orientador de la política social a los efectos de hacerle acreedor de la máxima protección del Código Penal. La inhabilitación especial, más que la cárcel, sería la pena que se compaginaría mejor con la función pública que ejerce el cargo municipal -alcalde o concejal- que incumpliera la Ley del Suelo en un punto tan importante como facilitar el acceso de sus convecinos a una vivienda digna.

No puede desconocerse, en todo caso, el uso que los municipios vienen haciendo del suelo para satisfacer sus necesidades económicas, insuficientemente cubiertas con los recursos públicos, lo que ha servido de coartada y de caldo de cultivo para una creciente corrupción. La suficiencia financiera que los alcaldes exigen al Gobierno constituye, pues, un factor de normalización de la vida municipal que restaría base a la delincuencia urbanística y al uso irregular del suelo destinado a vivienda de protección oficial. Es posible que de haberse alcanzado esa suficiencia hace 15 o 20 años no hubiera que lamentar el actual desastre urbanístico español. En ese contexto, la intervención del Código Penal sería excepcional.

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TODOS LOS GRUPOS SE OPONEN A LA PROPUESTA DEL PP

El Mundo - 03 de junio de 2008

DE ELEVAR LA DEDUCCIÓN POR COMPRA DE PISO.

- Dicen que esta desgravación fue uno de los factores que impulsó el 'boom' inmobiliario

- Pablo Matos, portavoz de Vivienda del PP, criticó la 'indignante pasividad del Gobierno'

Todos los grupos parlamentarios mostraron su rechazo a la Proposición de Ley del PP para incrementar del 15% al 25% la deducción por inversión en vivienda habitual. Desde los escaños de PSOE, CiU, PNV, ER-IU-ICV y Grupo Mixto se criticó la propuesta, a la calificaron de "costosa", "inútil", "insuficiente". Además, denunciaron que la desgravación a la compra fue uno de los factores que influyó en el 'boom' inmobiliario.

El portavoz de Vivienda del PP, Pablo Matos, defendió que esta medida es necesaria para ayudar a las familias que han visto mermada su renta por la subida de tipos de interés de las hipotecas y del precio de los alimentos. El diputado popular reclamó al resto de grupos que, en caso de rechazar esta propuesta, "propongan una mejor o al menos una distinta, aunque no sea mejor" porque "la situación de verdad es dramática".

Matos aprovechó la tribuna para criticar la "indignante pasividad del Gobierno", que sólo recomienda "comer conejo y no dejar propina", ya que es "la causa de la gravedad de la situación en que hoy nos encontramos". Matos insistió en que, en medio de la crisis, "el Gobierno ni está, ni se le espera", y quiso dejar claro que es "es absolutamente falso que no se pueda hacer nada".

Los socialistas justificaron su rechazo a la propuesta del PP porque "todos" los organismos internacionales "están de acuerdo" en que una de las causas del 'boom' inmobiliario fue "un tratamiento fiscal extremadamente favorable a la adquisición de vivienda". Así lo explicó la diputada del PSOE Montserrat Colldeforns, quien además la criticó por "costosa, inútil" y por "echar leña en el fuego que dice querer apagar".

Además, la diputada socialista defendió el Plan Vivienda 2009-2012 que prepara el Gobierno y explicó que éste busca potenciar las viviendas protegidas, impulsar la rehabilitación, y crear un verdadero mercado del alquiler. "Ninguno de estos objetivos pueden alcanzarse con la propuesta de deducción", sentenció Colldeforns.

La diputada de CiU Inmaculada Riera fijó la posición de su grupo respecto a la propuesta popular, a la que se opuso por se una "medida aislada, menos efectiva y más costosa" que un paquete global de iniciativas, que es lo que necesita el sector. "En política de vivienda hemos de perseguir la efectividad, y ésta pasa por medidas integrales y coordinadas", señaló Riera, quien criticó que la propuesta sea "sólo fiscal".

El diputado del PNV Pedro Azpiazu señaló que con esta medida el déficit de las cuentas públicas "estaría garantizado", algo que no preocupa al grupo si no fuera porque son "ineficaces e insuficientes". Además, Azpiazu apuntó que "la deducción impulsará el aumento del precio o atemperará" la necesaria reducción de los mismos.

Desde los bancos de ER-IU-ICV, el diputado Joan Herrera mostró el rechazo de su grupo al incremento de la deducción porque "incrementa los precios en lugar de facilitar el acceso a la vivienda". Contra la propuesta de los populares, Herrera propuso "una disminución de esas deducciones" y aumentar la cuantía económica dedicada a las políticas activas de empleo. En concreto, el diputado apostó por poner en marcha "avales en créditos que no se dan", pero sólo para la compra de VPO, o la modificación de la ley del mercado hipotecario para que las familias endeudadas no pierdan sus casas.

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Los Gobiernos no deben intervenir en precio de la vivienda

CincoDías.com - 10 de junio de 2008

Los gobiernos europeos no deberían actuar en el mercado inmobiliario para evitar el descenso de los precios de las viviendas hasta niveles más sostenibles, sino apoyar otros sectores de la economía para mantener el crecimiento, según el último informe del 'think tank' europeo Bruegel realizado por los expertos Juan Delgado y Jakob von Weizsäcker y que se basa en las experiencias de Irlanda y España.

Uno de los autores del informe, Weizsäcker, se refirió al caso español y sostuvo que la propuesta del Gobierno de aumentar el número de viviendas protegidas “no ayuda” puesto que en la práctica supone añadir más casas al mercado inmobiliario.

Este tipo de medidas pueden parecer una ayuda para el sector de la construcción, apuntó Delgado, y sin embargo lo que se logra es aumentar el número de viviendas en un mercado en el que ya hay un stock que no se vende y otras que están en construcción y han sido paralizadas.

Según explicó Delgado, el sector de la vivienda “se está ajustando” por sí mismo tras la crisis inmobiliaria y por ello las autoridades “no deberían tratar de crear una oferta o demanda”. Por el contrario, existen otras formas para mantener el desarrollo del país como aumentar el gasto en infraestructuras. De este modo, según los expertos de Bruegel, se cubre la demanda existente en este ámbito y, además, surgen nuevos empleos para los trabajadores de la construcción afectados por la crisis.

También los incentivos para fomentar el aislamiento térmico de las nuevas viviendas ya construidas podría ser una respuesta a la crisis de la burbuja inmobiliaria. A juicio de los expertos del think tank, no solo aportaría ventajas desde el punto de vista medioambiental sino que supondría una ayuda indirecta al sector, sin implicar una intervención en el mercado.

A la hora de analizar los factores que favorecieron el boom inmobiliario en España, Delgado explicó que el tipo de interés real en España es más bajo que en otros países europeos, por lo que resultaba “más barato” solicitar un crédito.

Este elemento, sumado al tratamiento fiscal de la vivienda, “prácticamente subvencionada”, favoreció que fuera más económico para los españoles adquirir una vivienda y animó a los constructores a subir el precio.

Además, el incremento de la inmigración tiene consecuencias al permitir una mano de obra que abarata los costes de producción. Pero que a medida que aumentan su poder adquisitivo, los inmigrantes también alimentan la demanda de viviendas.

A partir de la evolución del mercado inmobiliario en España e Irlanda, los investigadores de Bruegel consideraron que deben ser lecciones de las que tomar nota para que el resto de gobiernos europeos sepan actuar ante situaciones similares.

Delgado apuntó que la posición inicial del Gobierno español de “negación del problema” aumentó las consecuencias de la crisis. De haber introducido en el mercado bancario medidas contracíclicas, eliminado exenciones fiscales para las viviendas o ejercido una mayor vigilancia sobre las hipotecas variables, los efectos “se podrían haber suavizado”, añadió.

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PSOE y CiU pactan en el Congreso ampliar los avales del ICO

EuropaPress - 27 de mayo de 2008

Para VPO en "cualquier modalidad". El PP dice que el Gobierno "ni está ni se le espera" en la solución de la crisis del sector

El Congreso de los Diputados aprobó hoy, con la oposición del PP, un acuerdo entre el PSOE y CiU para que el Gobierno amplíe los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la titulización de créditos hipotecarios hipotecarios para la adquisición de vivienda protegida (VPO) "en cualquiera de sus modalidades".

Nacionalistas y socialistas alcanzaron un acuerdo que se tradujo en una transacción a la moción original de CiU sobre medidas para contrarrestar el efecto de la crisis de la construcción, si bien los 'populares' impidieron que ésta se sometiera al veredicto del hemiciclo, por lo que finalmente el texto votado fue el de la enmienda socialista aceptada por CIU, que prosperó por 182 votos a favor y 137 en contra.

El texto presentado por el PSOE recogía que se impulse el 'plan renove' de viviendas y del mercado del alquiler. Asimismo, contemplaba el "análisis" de nuevas medidas para recolocar a los trabajadores del sector de la construcción.

Además, la Cámara Baja insta al Gobierno a que la futura elaboración del nuevo Plan de Vivienda analice "todas aquellas iniciativas que faciliten el ajuste entre la oferta y la demanda" considerando, eso sí, las necesidades presupuestarias "y el propio juego del mercado".

SINTONÍA CON SOLBES.

Esta moción surgió como consecuencia de la interpelación que el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, dirigió al vicepresidente económico, Pedro Solbes, al que reclamó que el ICO amplíe su línea de avales a la promoción de la vivienda libre con el objeto de reducir el 'stock' de las inmobiliarias convirtiéndolas en VPO, para que el sector padezca "lo mínimo posible" con la crisis.

En este punto, Solbes mostró su disposición a ampliar la línea de avales establecida a través del ICO para la promoción de viviendas de protección oficial. "Se trata de un punto en el que se puede avanzar algo más, puede tener sentido", aseguró entonces.

Esta tarde, el portavoz de Vivienda de la coalición nacionalista, Pere Macias, destacó la "oportunidad de oro" de la actual coyuntura de ajuste del sector para desarrollar una nueva política de vivienda.

EL "FAVOR" DEL PP A CIU.

El diputado del PP Pablo Matos aseguró "hacerle un favor" a los nacionalistas con su rechazo a la transacción, porque "desvirtuaba" la propuesta original de los catalanes.

Asimismo, expresó su preocupación por las dificultades financieras de las familias ante las que el Gobierno "ni está ni se le espera", razón por la que había tratado de incluir en su propia enmienda al texto de CiU, que los nacionalistas rechazaron, su pretensión de aumentar las deducciones en el IRPF por compra de vivienda.

Por este motivo, la socialista Ana María Fuentes reprochó al PP su actitud "contra el acuerdo entre el resto de grupos de la Cámara" y de preocuparse más por "enrocarse en la oposición al Gobierno" que de resolver los problemas de los españoles.

PNV: "ES IMPOSIBLE NO ESTAR DE ACUERDO".

Por su parte, el portavoz de Vivienda del PNV, Joseba Beloki, confesó mostró su disposición a apoyar ambas alternativas (tanto el texto de CiU como la enmienda del PSOE) por contener medias específicas para los afectados por las crisis del sector y para evitar que se extienda a otros sectores. "Es imposible no estar de acuerdo con esos objetivos", señaló.

La diputada del BNG, Olaia Fernández Dávila, expresó su confianza en que el nuevo Plan de Vivienda facilite que las viviendas libres puedan convertirse en vivienda protegida, y calificó de "positivo" el acuerdo entre PSOE y CiU en lo referente a la recolocación de trabajadores del sector. En la misma línea se expresó el diputado de CC, José Luis Perestelo.

Finalmente, el parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, expresó su discordancia de fondo con la iniciativa presentada por CiU, ya que, en su opinión, no recoge medidas para cambiar el modelo de desarrollo y no evitará que se vuelva a una "explotación indiscriminada" del suelo. También censuró que la banca y las empresas consideren al sector público como un "hospital" para sus errores.

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Diez CCAA convertirán pisos libres en VPO

Publico.es - 02 de junio de 2008

La mayoría de los gobiernos regionales ayudará a los promotores a convertir pisos de precio libre que no logran vender en vivienda protegida. A cambio, aumentarán la oferta de casas más asequibles para los compradores. Diez comunidades autónomas permitirán este traspaso de vivienda libre a la de protección oficial (VPO) adaptando su normativa al real decreto que aprobó el Ministerio de Vivienda el 11 de enero, cuando aún estaba dirigido por Carme Chacón, y que introduce, por primera vez, esta posibilidad.

Murcia, Galicia y Cantabria se han dado prisa en aprobar esta modificación normativa y otras seis comunidades - Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón y Baleares- ultiman sus decretos. A estas últimas se suma Catalunya que, en línea con el decreto del ministerio, dará luz verde a una categoría de vivienda de precio concertado específico a la que podrán acogerse las inmobiliarias que tengan viviendas en stock.

La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), la patronal, quiere que este precio concertado, más caro que la VPO pero más barato que la vivienda libre, se traslade a todo el territorio nacional. Por ello, han reclamado esta nueva categoría de pisos a la actual ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que hoy comparece en el Congreso para explicar qué líneas estratégicas de actuación aplicará en esta legislatura.

La mayoría de las comunidades que ya permiten o ultiman el trasvase de pisos que las inmobiliarias tienen en stock a VPO están gobernadas por el PSOE y era previsible que se adhirieran a este cambio en el Plan de Vivienda estatal 2005-2008. Pero, ante la gravedad del parón inmobiliario y el hecho de que no mejora el acceso a la vivienda, también gobiernos del PP, como el de Murcia o La Rioja, han apoyado esta conversión para aumentar la oferta de pisos asequibles.

En el decreto del Ministerio de Vivienda se establecen las condiciones básicas. Los promotores podrán solicitar que los inmuebles de precio libre que no venden sean calificados como vivienda protegida de régimen especial, de precio general o concertado. Sólo es válido para pisos que se hayan finalizado hasta un año antes.

A partir de esta base, las comunidades autónomas lo adaptan y lo concretan. Baleares, por ejemplo, está a punto de aprobar su decreto pero ha adelantado ya medidas. El Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) ha adquirido cinco edificios con 122 viviendas a promotores para convertirlas en VPO.

Hay que especificar que, además del Plan de Vivienda estatal, las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias últimas en vivienda, cuentan con sus propios planes específicos que también engordan en paralelo. Como muestra, Aragón prepara dos decretos para principios del verano en los que se incluirá la conversión de pisos libres en VPO, pero también otras medidas, como el alquiler con opción a compra.

Sin prisa Algunos gobiernos regionales, como el de la Comunidad Valenciana o el de Extremadura, no tienen tanta prisa en adoptar la medida del trasvase a VPO. El Instituto Valenciano de Vivienda ya ha redactado un borrador pero no tiene fecha de aprobación. Por su parte, la Consejería de Fomento de Extremadura parece más escéptica y asegura que "no ha recibido por el momento ninguna petición formal de promotores o empresarios" que quieran esta medida.

Otras, como Madrid, que confía en su propio plan de vivienda protegida, o el País Vasco no lo contemplan. En el último caso, el Departamento de Vivienda considera que "aquí sólo se tienen que realizar algunos ajustes, no puede hablarse de crisis", indicó un portavoz.

Agravio comparativo en un mismo edificio El trámite para convertir los pisos libres en VPO lo pedirán las inmobiliarias para pisos de hasta un año de antigüedad. Este plazo cuenta desde el fin de la obra, la licencia de primera ocupación o la cédula de habitabilidad, según proceda.

Los promotores pueden solicitar la conversión a vivienda protegida de promociones completas o de pisos por separado. La Rioja, por ejemplo, lo contempla así y otras autonomías tendrán que especificarlo. Esto significa que, en un mismo edificio, pueden coexistir pisos libres y de VPO, con lo que sus propietarios habrán pagado precios diferentes.

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Críticas a Vivienda por fomentar la VPO en propiedad

El Confidencial - 04 de junio de 2008

“Es echar más leña al fuego”

Todos los agentes consultados coinciden. Profesores de Economía, empresarios del sector inmobiliario, incluso miembros de la Plataforma por una Vivienda Digna responden al unísono tras conocer las medidas propuestas ayer en el Congreso por la ministra de Vivienda Beatriz Corredor. La solución al problema de la vivienda no pasa por subvencionar la vivienda protegida en propiedad y sí, en cambio, por algo tan sencillo como bajar (más) los precios.

“Cuanto más tarden en bajar los precios, más durará la crisis”, sentencia el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos. “El diagnóstico de este país enfermo es que hay sobreoferta de viviendas. Lo que la ministra debería hacer, en vez de envenenarlo más, es curarlo. ¿Cómo? Reduciendo y eliminando el stock de vivienda sin vender. De nuevo ¿cómo? Bajando los precios. Si no se acierta ni siquiera en el diagnóstico, lo que pasa es que la crisis dura más y se hunde la economía del país. Porque este año 2008 se están construyendo más viviendas de las que se venden”, añade.

Respecto a la promesa de construir 1,5 millones de viviendas protegidas en diez años Bernardos, se pregunta “¿Para quién, para los marcianos? Es demencial. Y en cuanto al ‘plan renove’ de la rehabilitación, exclama: “está bien, pero si no tengo dinero, no voy a rehabilitar mi vivienda”.

En resumen: Aquí tenemos un cóctel molotov que consiste en una crisis inmobiliaria y financiera a la vez. Las medidas tienen que ser globales. El Gobierno no puede subvencionar al primero que pase por la calle. Por supuesto, la vivienda protegida en propiedad no tiene ningún sentido. En cualquier caso, la primera pregunta que hay que hacerse es de dónde se va a sacar el dinero para adoptar las medidas de vivienda prometidas. Este es un Gobierno de spots publicitarios en materia económica”, concluye.

Idealista apuesta por la VPO pero sólo de alquiler

“Vivienda protegida sí, pero sólo de alquiler”, es la apuesta de Fernando Encinar, de Idealista.com. Este portal inmobiliario siempre ha defendido las políticas de impulso al alquiler. Y aplauden todas las medidas que se adopten en este sentido. “La Sociedad Pública del Alquiler (SPA) nos parece una de las mejores herramientas que ha creado el Gobierno como vehículo para gestionar la oferta del alquiler. Además introduce seguridad jurídica. También estamos de acuerdo con apoyar a determinados colectivos”, afirma.

Encinar coincide con Bernardos en la necesidad de que los precios de las viviendas bajen.: “Los vendedores tienen que asumir que han de bajar los precios significativamente. Si el precio de la vivienda baja, la gente compra casa. Porque demanda hay. De hecho, en mayo, Idealista ha registrado un récord histórico tanto en usuarios como en páginas vistas”.

Mucho más crítico se muestra con la deducción a la compra de vivienda, con los 210 euros mensuales de renta básica de emancipación, con la vivienda protegida en propiedad y con las ayudas a la oferta. “Hace cuatro años, el mismo sector que ahora pide ayudas clamaba en contra de la intervención”, recuerda.

Ni siquiera los jóvenes que reclaman una vivienda digna apoyan las ayudas directas “porque incrementan el precio y no son ayudas a la gente”. José Luis, portavoz de la Plataforma por una Vivienda Digna ha dicho lo siguiente acerca de las ayudas a la VPO en propiedad y en alquiler con derecho a compra: Es echar más leña al fuego. Nos parece gravísimo que estén trasladando la burbuja a la vivienda protegida. Algo que ya hemos bautizado como la ‘burbu-vpo’. Porque se está dando el caso que la demanda no puede pagar la vivienda protegida. Los altísimos precios de la VPO consiguen captar gente para mantener el negocio inmobiliario al alza”.

Desde la plataforma insisten en potenciar la vivienda en alquiler “de la que este país tiene un déficit brutal” y reconocen que “demanda insatisfecha hay mucha, tanta como 200.000 personas apuntadas en la lista única de la Comunidad de Madrid. Pero no se les ocurre bajar los precios a un nivel razonable”.

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Vivienda estudia dar ayudas temporales a 'separados'

ElEconomista.es - 10 de junio de 2008

y divorciados

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, afirmó hoy que entre sus planes se encuentra dotar de ayudas "temporales" para el acceso a una vivienda a personas separadas y divorciadas, con atención preferente a aquellas con hijos a su cargo.

Corredor, que participó hoy en el desayuno informativo del 'Fórum Nueva Economía', se mostró partidaria de que estas ayudas se concedan en caso de que los demandantes cumplan con una serie de "requisitos esenciales", entre los que enumeró contar con una sentencia firme que certifique la situación familiar, estar al corriente de las rentas de pensión alimenticia y no contar con ninguna demanda relacionada con la violencia de género.

Otros colectivos

Además, Corredor apuntó que su Gabinete se encuentra estudiando extender este tipo de ayudas a otros colectivos como mujeres víctima de la violencia de género, investigadores o personas mayores.

Por otra parte, la ministra indicó que desde Vivienda, "en permanente coordinación con el Ministerio de Economía y Hacienda, impulsaremos todas aquellas medidas económicas que impliquen una mayor facilidad para acceder a líneas de financiación para la promoción y construcción" de pisos protegidos.

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Vivienda levantará pisos de alquiler en suelo cedido

El País - 16 de junio de 2008

por los ayuntamientos. La medida está destinada a colectivos como jóvenes o mayores de 65 años

Los ayuntamientos ceden suelo donde se construirán pisos de alquiler destinados a determinados colectivos. Y, a cambio, el Ministerio de Vivienda aporta todos los recursos necesarios, tanto técnicos como económicos, para levantarlos. Ésta es la iniciativa que la ministra Beatriz Corredor incluirá en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2009- 2012 que está ahora elaborando. Estas viviendas dotacionales constituyen una de las medidas estrella para el próximo cuatrienio.

La iniciativa se basa en el acuerdo entre la administración local y la estatal para crear sociedades conjuntas en las que los municipios aportan el derecho de superficie en parcelas por un periodo de 30 años. El Gobierno ejecutará este plan a través de Sepes, la entidad pública de gestión de suelo, y lo destinará a diversos colectivos, como los menores de 35 años y los mayores de 65 años. Todas estas viviendas se disfrutarán en régimen de alquiler.

El proyecto de las viviendas dotacionales está todavía en ciernes. El ministerio no especifica cuántas personas se beneficiarán de estos pisos en alquiler a precios asequibles. Sí especifica, sin embargo, que lo harán siempre de forma transitoria. "Concebidos como edificios públicos para residencia transitoria, la duración de los arrendamientos tendrá un plazo máximo improrrogable de cinco años", establece el convenio de colaboración tipo del que dispone el Ministerio de Vivienda.

El departamento que dirige Beatriz Corredor ha puesto en marcha esta iniciativa como experiencia piloto en los municipios de Alcorcón (Madrid) y Elche (Alicante).

Ayudas a divorciados

El convenio con el Ayuntamiento de Alcorcón es el primero que ha firmado el ministerio. La idea es llegar a las 500 viviendas en este municipio, aunque por ahora sólo se han concretado dos fases: una promoción para jóvenes que permitirá la construcción de 112 pisos, y otra de 79 viviendas. Las dos promociones tendrán una vivienda tipo con una superficie construida en torno a 54 metros cuadrados.

Otros posibles beneficiarios del nuevo plan que abarcará los cuatro próximos años serán los separados o divorciados con sentencia judicial. La ministra anticipó el pasado martes en un desayuno-conferencia que estudia incluir a este colectivo como beneficiarios de ayudas por considerar que necesitan una especial protección.

En el caso de que el ministerio finalmente apoyase a este colectivo, Corredor especificó que se trataría siempre una ayuda temporal; y detalló los requisitos esenciales que deberían reunir los beneficiarios: "Se daría una atención preferente a los progenitores con menores a cargo, con sentencia firme de divorcio; tendrían que estar al día del pago de las pensiones de manutención y, por supuesto, en ausencia de denuncias de malos tratos".

Sobre las modificaciones del nuevo plan, la ministra anunció una reflexión sobre las distintas tipologías de vivienda protegida y sus dimensiones en función de las necesidades de cada colectivo (estudiantes, mayores, familias monoparentales).

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El Ministerio de la vivienda protegida

ABC - 08 de junio de 2008

Que todas las encuestas sociológicas sitúen a la vivienda como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos no es mera coincidencia. El derecho a una vivienda digna «y adecuada» está recogido en la Constitución Española, en su artículo 47. Sin embargo, como tantos otros derechos, no se cumple a rajatabla, ni mucho menos. A pesar de las reiteradas llamadas a la calma en los dos últimos años, y de las advertencias sobre el fin de la burbuja inmobiliaria, la vivienda en España es un bien sobrevalorado. A un precio de la vivienda descontrolado se ha unido el de los alquileres, «idem» de lo mismo. Desde el pasado verano, con unos precios ya imposibles para los compradores, aunque afortunadamente ya estancados, la situación se ha recrudecido, como consecuencia de las turbulencias financieras internacionales originadas por la crisis «subprime» en Estados Unidos y por la paulatina subida del Euribor. La consecuente restricción del crédito tanto a promotores como a los posibles compradores de vivienda hacía necesaria la intervención del Gobierno, al que se demandaba desde varios frentes medidas para paliar la difícil situación tanto para el sector como para el ciudadano.

Se antojaba entonces, y se antoja aún ahora, la necesidad de una inyección de ánimo tanto para compradores como para vendedores a través de medidas efectivas. De hecho, desde abril hay un compromiso firme por parte del Gobierno en materia de vivienda. La recién nombrada ministra del ramo, Beatriz Corredor, se propone hacer del alquiler y su versión VPO —vivienda de protección oficial— para arrendar con posterior opción a compra, la fórmula estrella para el futuro del sector inmobiliario en España.

Esta última fórmula, según el Ministerio de Vivienda, dará un cierto respiro a las personas que deseen o que necesiten formar un nuevo hogar y, también insuflará confianza en el sector constructor y promotor al acudir a este mercado bajo el manto de los créditos del ICO.

La ministra Corredor no alberga dudas. Esta semana, en la que ha sido su primera intervención ante la comisión de vivienda del Congreso de los Diputados, explicaba que los grandes objetivos de su Ministerio para los próximos cuatro años pasan por la mejora del acceso a la vivienda protegida, la promoción de alojamientos destinados a colectivos específicos (jóvenes, universitarios, personas mayores, víctimas de malos tratos e investigadores), el impulso del alquiler y la rehabilitación.

Las principales líneas de actuación de su departamento forman la columna vertebral del «Plan Nacional 2008-2012» y, según dijo, permitirá que «uno de cada tres nuevos hogares recibirá algún tipo de ayuda para acceder a su vivienda a lo largo de la legislatura».

Pero «vendía» más. Para reforzar su apuesta por fomentar el alquiler, tanto libre como protegido, otro de los compromisos que anunciaba es que el 40% de las viviendas protegidas que se edifiquen en los próximos diez años lo sean en régimen de alquiler.

Cancha al alquiler

Con la idea de darle cancha al alquiler coinciden muchos expertos. Si bien no lo ven como única medida a poner en marcha. «El alza de tipos —el Euribor ha alcanzado esta misma semana el 5,418%— ha ensanchado tanto el diferencial entre el precio del alquiler y la cuota de una hipoteca que ya compensa más alquilar que comprar. A tipos bajos prima la compra, y a tipos altos gana puntos el alquiler», aseguran desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).

Más allá de las medidas dispuestas por el Ejecutivo para impulsar la construcción de VPO y la rehabilitación, agilizar la licitación de obra pública y ayudar a la recolocación de parados, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, se ha mostrado contrario a adoptar medidas excepcionales. «Hay que tener claro que el sector ha acumulado ciertos excesos en años anteriores y que estos deben ser corregidos para que la construcción pueda volver a crecer con normalidad», afirmó en la Comisión de Economía del Congreso.

Paradojas de la VPO

Se da la circunstancia de que la vivienda protegida tiene un precio más o menos apetecible y asequible dependiendo de la comunidad en la que se encuentre. En las comunidades con un nivel de renta por habitante más bajo, como la extremeña, la VPO es una opción más, sin embargo para la madrileña representa una gran oportunidad comparada con el precio de la vivienda libre. Los desequilibrios de precios entre la protegida y la libre igualmente varían de una provincia a otra. Por ejemplo, en Teruel el metro cuadrado de vivienda libre cuesta 1.049,6 euros, tan sólo medio euro por debajo del de vivienda protegida. Del lado contrario, está el caso de Vizcaya (3.115,1 euros por metro cuadrado el precio de la vivienda libre, frente a los 1.207,3 euros de la protegida) o el de Madrid (3.004 y 1.108 euros, respectivamente).

Momento ideal para comprar

Al margen de estos desequilibrios de precios, para la actual ministra de vivienda ahora es «el momento adecuado para comprar una vivienda si realmente se necesita», y lo justifica indicando que los precios de las casas suben en torno al IPC y que algunos promotores han realizado rebajas en los precios protegidos.

Al hilo de estas declaraciones, la asociación Plataforma por una Vivienda Digna ha puesto el grito en el cielo: «consideramos de una demagogia e irresponsabilidad máxima que se anime a comprar en un entorno en el que el precio de la vivienda está en clara disminución, en el que la morosidad por el sobreendeudamiento hipotecario está creciendo vertiginosamente, en el que se afronta un escenario de posibles nuevas subidas de tipos de interés y de grave recesión de la economía española –con aumentos significativos de desempleo— y en el que los vendedores y promotores de vivienda se resisten al único camino lógico que existe para salir del atolladero: bajar los precios significativamente».

Mientras, los promotores, reacios en un principio a las propuestas del Gobierno, ahora confían en que, a corto y medio plazo, con la implantación de medidas sensatas, el sector recupere un nivel de actividad razonable, fruto de la recuperación de la compra extranjera de segunda residencia, del dinamismo en la formación de hogares y de la salida al mercado de una demanda que en los últimos meses ha estado contenida.

Apenas un mes antes de la comparecencia de esta semana de Corredor, para reactivar el sector de la construcción desde la patronal se pedía dar salida al «stock» de inmuebles sin vender, adaptándolo a una nueva categoría de vivienda con un coste superior al de la VPO, pero inferior al precio de venta inicialmente previsto para estas promociones. En este caso, el promotor tendría que «sacrificar» parte del precio de venta previsto, con el fin de facilitar el acceso a la vivienda, y dar salida así al «stock», pero con precios superiores a los de la VPO para no perder excesivas cotas de rentabilidad.

El pasado mes de abril, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, explicaba que la Administración había subido los precios máximos en pisos protegidos en una media del 30%, «lo que hace rentable para las inmobiliarias convertir su stock de viviendas en VPO», aseguraba. La propia Martinsa-Fadesa dispondría así de 30.000 viviendas libres que podría reconvertir en protegidas.

«Este es el proyecto que más ha sonado desde principios de año —asegura un experto del sector— ya que ayudaría a las constructoras a sobrellevar la crisis y habría gran cantidad de viviendas mucho más económicas para los futuros compradores».

Una postura que no ha gustado nada en la Plataforma de Vivienda Digna: «Le recordamos a la nueva ministra, que el Ministerio de Vivienda es una institución pública que sufragamos los ciudadanos con nuestros impuestos y que tiene suficientes problemas de los que preocuparse como para dedicarse a potenciar la labor comercial de las inmobiliarias. Entre ellas, las innumerables deficiencias en la tramitación de las ayudas al alquiler, la desproporcionada subida sin ningún tipo de justificación de la vivienda protegida en muchas comunidades autónomas, la proliferación de nuevas tipologías de vivienda protegida sin fines estrictamente sociales, o los anómalos mecanismos de financiación municipal y autonómica». Abierto, pues, un nuevo debate: ¿es ético usar los pisos públicos para salvar de la crisis al sector que la provocó? La polémica está servida.

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El presidente de la SPA dimite

Cotizalia.com - 30 de mayo de 2008

Y el organismo eligirá al sustituto el próximo 10 de junio

El presidente de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), Alejandro Inurrieta, aprovechó la reunión del Consejo de Administración de la entidad para comunicar su decisión irrevocable de dimitir, por motivos personales, de todos sus cargos en la misma, informó el Ministerio de Vivienda. La próxima junta de accionistas de la SPA, que se celebrará el 10 de junio, ratificará el nombramiento, a propuesta de la ministra de Vivienda, de la nueva persona al frente de la Sociedad. Hasta entonces, desempeñará el cargo, de manera provisional, el secretario general de Vivienda, Javier Ramos, por ser el consejero más antiguo.

Inurrieta, que asumió la presidencia de la SPA en julio de 2007, tomará mañana, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, posesión de su cargo como concejal por el PSOE, en cuya candidatura concurrió a las últimas elecciones municipales. Informaciones publicadas en algunos medios de comunicación han apuntado a que la salida de Inurrieta de la SPA responde a los problemas contables por los que atraviesa la entidad. Sin embargo, fuentes del Gabinete dirigido por Beatriz Corredor precisaron a Europa Press que, aunque efectivamente la SPA atraviesa una situación de déficit, este saldo negativo se encuentra dentro de lo previsto y "no se debe a una mala gestión".

Así, explicaron que el decreto de creación de la SPA, de octubre de 2005, ya preveía una situación de déficit durante los tres primeros ejercicios, siendo 2008 el último de ellos. Asimismo, confirmaron que, recientemente, la SPA ha recibido una inyección de 4 millones de euros a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), accionista única de la Sociedad. Si bien, precisaron que este travase de fondos responde, precisamente, a ese déficit previsto.

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Constitucional admite a trámite recurso de Madrid contra RBE

CincoDías.com - 02 de junio de 2008

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que presentó la Comunidad de Madrid el pasado mes de abril contra el Real Decreto que regula la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes, según el cual el Gobierno central otorga ayudas directas al alquiler.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy en sus disposiciones generales que el alto tribunal admite dicho conflicto contra la normativa y, que será resuelto por la Sala Segunda.

La Comunidad de Madrid ha informado hoy de que solicitó la impugnación porque esta normativa invade las competencias exclusivas que la Constitución atribuye al Gobierno regional en materia de vivienda.

Por esta razón, pide que sea la Comunidad Autónoma quien tramite las solicitudes y, quien gestione los 210 euros mensuales de ayuda.

La consejera madrileña de Vivienda, Ana Isabel Mariño, ha valorado que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso.

Así mismo, ha subrayado que el objetivo es agilizar y reducir los plazos de tramitación de la ayuda del alquiler que, según Mariño, exige la participación de ambas administraciones.

El TC ya admitió a trámite el pasado mes de abril dos conflictos de competencia presentados por los Gobiernos de La Rioja y de la Comunidad Valenciana contra el mismo decreto.

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PP e ICV mantienen la presión por el 'caso Taguas'

El País - 25 de mayo de 2008

Piden al Gobierno detalles del ex jefede la Oficina Económica de La Moncloa

El PP y el diputado de Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, no tiran la toalla y mantendrán la presión contra el Gobierno por el llamado caso Taguas con sendas baterías de preguntas que el Ejecutivo deberá contestar por escrito en el Congreso.

Todas las preguntas tienen el objetivo de conocer las decisiones de la Administración en las que ha participado David Taguas como jefe de la Oficina Económica del Gobierno y que afectan a Seopan, el lobby de las empresas constructoras que le ha fichado como presidente. También quieren conocer las relaciones de Seopan con el Gobierno.

El Ministerio de Administraciones Públicas certificó que no hay incompatibilidad en ese salto porque Seopan no es una empresa, sino una asociación. Sin embargo, Herrera recoge en sus preguntas literalmente el contenido de la web de Seopan Grupo Exportador, que incluye entre sus funciones la de "defender los intereses de las empresas miembros en el ámbito nacional sobre todo ante los ministerios de Industria, Turismo y Comercio, el Ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente y el ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior)".

Según el diputado de ICV, Seopan admite así que funciona como lobby ante la Administración, no como patronal, y por eso pregunta al Ejecutivo "¿cuántas reuniones ha mantenido Seopan Grupo Exportador con miembros del Gobierno y altos cargos en los últimos dos años?". Añade la petición de detalles sobre fechas, actas, acuerdos y participantes.

El otro bloque se refiere al hecho de que Seopan admite también que recibe subvenciones y créditos oficiales. Por eso, Herrera quiere saber si alguna de esas ayudas fue aprobada en reuniones de las comisiones delegadas para asuntos económicos en las que participara Taguas como secretario de Estado.

Pide al Gobierno la relación de subvenciones y ayudas oficiales concedidas al lobby que agrupa a las principales constructoras del país durante los dos últimos años, coincidiendo con la presencia de Taguas en la oficina Económica de La Moncloa.

Las preguntas del PP fueron presentadas ayer en el Congreso por el portavoz de Fomento, Andres Ayala. Para el diputado, el nombramiento es "insostenible desde un punto de vista ético" y contradice el "espíritu" de la Ley de Incompatibilidades.

Once de las preguntas del PP van dirigidas al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, tres a la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y al vicepresidente económico, Pedro Solbes, y otras dos a la titular de Administraciones Públicas, Elena Salgado.

La petición de documentación es también exhaustiva e incluye las actas de las reuniones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos desde 2006. Se piden también datos de la actividad de la Oficina Económica de La Moncloa.

También se pregunta al presidente del Gobierno si intervino para que Seopan fichara a su asesor económico, nada más cesar en el cargo.

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El PE pide compromiso comunitario sobre personas sin hogar

blogs.periodistadigital.com - 10 de junio de 2008

antes de 2015

El Parlamento Europeo ha adoptado una declaración sobre las personas sin hogar instaladas en la vía pública, rubricada por 405 parlamentarios, en la que se insta al Consejo a aprobar un compromiso de alcance comunitario para resolver este problema antes de 2015. La Eurocámara argumenta que el acceso a una vivienda digna es un derecho humano fundamental y que la entrada en un centro de acogida es, con frecuencia, el primer paso para la “resolución adecuada y sostenible del problema de vivienda de las personas sometidas a una exclusión y pobreza extremas”.

El texto pone de relieve el hecho de que todos los inviernos hay personas que mueren congeladas debido a la falta de alojamientos de emergencia y servicios que atiendan sus necesidades. Por este motivo, solicita “encarecidamente” a los Estados miembros que prevean planes invernales de emergencia en el marco de sus estrategias generales para resolver el problema de las personas sin hogar.

Por otra parte, pide a la Comisión que “elabore una definición general europea del fenómeno de las personas sin hogar”, recoja datos estadísticos comparables y ofrezca información cada año sobre las medidas adoptadas y los avances registrados en los países.

En España apenas existen estudios oficiales sobre las personas sin hogar y, según la fuente que se consulte, el número de individuos que vive en la calle puede oscilar entre 20.000 y 30.000. Según Cáritas, esta última cifra se acerca más a la realidad actual española, y resalta: "jóvenes, mujeres e inmigrantes: El nuevo rostro de los ‘sin techo’."

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Las diez razones del fracaso del alquiler de viviendas

La Gaceta de los Negocios - 09 de junio de 2008

En España sólo se arrendan ocho de cada 100 casas vacías, frente a tasas como el 57% de Alemania o el 47% de Holanda.

El alquiler sigue siendo la asignatura pendiente del mercado de la vivienda en España. En nuestro país el arrendamiento de casas está en un 8%, mientras que en otros países de la Unión Europa este porcentaje se dispara. En Alemania es del 57%, en Holanda está en el 47%, y en Reino Unido se sitúa en el 20%.

El incremento de viviendas que se ha producido en nuestro país en los últimos años no ha registrado un incremento proporcional de los alquileres. Frente a los 21 millones de casas de 2001, el pasado año se cerró con 23,5 millones, de las que 1,9 millones se destinan al alquiler.

Son varias las razones que influyen en esta tendencia. Al tradicional sentido de la propiedad que tienen los españoles, se une una falta de incentivos por parte de la Administración a la hora de fomentar el mercado del alquiler. España es el único país de la UE que no ofrece ningún tipo de desgravación fiscal para los inquilinos (excepto algunas comunidades autónomas) que, por el contrario, sí se aplica a la compra de una vivienda.

Asimismo, la falta de profesionalización del mercado motiva que con frecuencia se arrienden casas que dejan mucho que desear en cuanto a sus condiciones de habitabilidad, y generalmente el precio no se corresponde con la oferta. Según datos del INE, el 18% de las viviendas vacías tiene categoría de mala, deficiente y ruinosa (más de 500.000 viviendas en total).

El acceso a la vivienda no se ha desarrollado en España como un elemento más del Estado del Bienestar, según recoge un estudio de la Fundación Alternativas dirigido por Alejandro Inurrieta, hasta la semana pasada presidente de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). El informe pone de relieve la falta de transparencia de este mercado y la escasez de estadísticas para mejorar el conocimiento sobre el mismo. No obstante, resalta que su principal problema es la falta de vivienda de alquiler, especialmente en el segmento social y profesional. La mayoría de las casas de arrendamiento en nuestro país pertenecen a propietarios privados.

Mercado público

En nuestro país la apuesta pública por la gestión de alquileres es muy escasa. En los principales países europeos la media de participación de la vivienda social en alquiler (única forma de política social en estas naciones) es del 18%, mientras en España supera ligeramente el 1%. Aquí la provisión de servicios de residencias la realiza fundamentalmente el sector privado, lo que hace más difícil el acceso a los mismos de una parte importante de la población. Las políticas públicas se han dirigido sobre todo a incentivar la compra, con importantes ventajas fiscales y bajos tipos de interés en los últimos años.

La vivienda de alquiler ofrece importantes ventajas, como el impulso a la emancipación de los jóvenes, la integración de los inmigrantes, la movilidad laboral y geográfica, además de la supervivencia de un gran número de hogares monoparentales. Sin embargo, estos mensajes positivos no han calado en la población, que apuesta mayoritariamente por la compra. Para variar esta tendencia, pueden emprenderse importantes medidas, como la creación de un verdadero mercado del alquiler en España, potenciando su vertiente social.

La vivienda pública, especialmente en alquiler, es escasa comparada con los países de nuestro entorno. En Europa, este tipo de vivienda en alquiler es la principal medida de la Administración para solucionar el acceso a una residencia. En nuestro país, las administraciones públicas no han mostrado gran interés en este sector y los intentos por mejorar esta situación no se han mostrado muy fructíferos hasta la fecha. En 2005, se creó la Sociedad Pública de Alquiler con el objetivo de dinamizar este mercado. Sin embargo, sus resultados no han respondido a las expectativas creadas.

De esta forma, se hace necesario un parque de vivienda social en alquiler lo suficientemente amplio como para facilitar el acceso de los colectivos más necesitados, que al igual que ocurre en otros ámbitos como la sanidad o la educación, se podría gestionar mediante una combinación entre los sectores público y privado.

Asimismo, el número de viviendas en alquiler podrá incrementarse de la mano de las sociedades de arrendamiento, que hasta ahora han jugado un papel más discreto. El impulso de las mismas favorecería la necesaria profesionalización de este mercado. Una circunstancia que mejorará la relación entre arrendador y arrendatario, basada con frecuencia en la desconfianza. Éste desea encontrar una residencia en las condiciones adecuadas para vivir, mientras que el propietario de la misma espera que su casa no se deteriore y que no se produzcan impagos.

En el caso de las viviendas sociales, el estudio realizado por Alejandro Inurrieta propone que la gestión y control de los inquilinos se lleve a cabo de forma compartida entre el Estado (Hacienda, catastro, comunidades autónomas y ayuntamientos) y las empresas concertadas que provean empresas de alquiler. El objetivo es conseguir una rotación más eficiente entre los inquilinos.

Fiscalidad

Las actuales desgravaciones fiscales a la compra de la vivienda se han convertido en una importante motivación para optar por la adquisición en lugar de alquilarla. El arrendamiento podría experimentar un impulso similar si se favoreciera con las mismas ventajas.

Por otro lado, un elemento esencial para dinamizar este mercado es el conocimiento del mismo. Se necesitan estadísticas a partir de un índice de precios homogéneo, un registro de la demanda de viviendas y un censo de edificios, hogares y viviendas más frecuentes.

LAS DIEZ RAZONES DEL FRACASO

1. La falta de calidad desincentiva a los inquilinos Ocho de cada diez inmuebles en alquiler son de propiedad privada y una característica común de la mayoría de ellos es la falta de calidad que ofrecen, sobre todo con respecto al precio.

Según el INE, medio millón de viviendas vacías —dos de cada diez— se encuentran en un estado ruinoso y el 52% de éstas —1,6 millones—, se han construido entre 1900 y 1960.

La calidad de las viviendas para arrendar no responde a la demanda real de los usuarios, lo que contribuye a un desajuste entre oferta y demanda que finalmente empuja a la compra.

2. Fiscalidad: Las políticas públicas, dirigidas a la compra Las políticas públicas en materia de vivienda se han dirigido básicamente a la compra, en un mercado de por sí predispuesto a esa opción. La ayuda oficial para la adquisición de un inmueble, que puede alcanzar el 15% de su precio final, y unos tipos de interés al 3% dieron la puntilla definitiva al alquiler.

Sin embargo, la desaceleración económica ha propiciado un nuevo escenario, en el que el arrendamiento no es descartado por los que se quieren emancipar, que también han visto en la renta de 210 euros, una ayuda a considerar.

3. Las nuevas ayudas propician la picaresca jóvenes, de entre 22 y 30 años, que decidan emanciparse ha sido bien recibida, pero también ha propiciado la picaresca en el mercado de alquiler. Los arrendadores proponen sin rubor un reparto de las ayudas y buscan, fundamentalmente, el perfil de menor de 30 años para alquilar su casa. En muchos casos se discrimina, con diferentes excusas a los mayores de esa edad.

Las experiencias pasadas, en la línea de conceder ayudas directas a inquilinos han propiciado un aumento de los precios de los alquileres.

4. El tamaño noencaja con la demanda habitual La oferta de vivienda en alquiler en España tiene poco que ver con la demanda y la tendencia de formación de nuevos hogares, impulsada por la inmigración, la emancipación de jóvenes y los divorcios y las separaciones. El 20% de los contratos de alquiler corresponde a viviendas de renta antigua, de gran tamaño. El 97% tienen más de tres habitaciones.

Apenas un 23% de las viviendas en alquiler tienen entre uno y dos dormitorios, mientras 440.000 tienen más de cuatro dormitorios. Demasiado tamaño para los nuevos demandantes.

5. Una mentalidad predispuesta a la adquisición La unión de factores económicos, fiscales, de rentabilidad y culturales ha contribuido a que en España exista una mentalidad proclive a la compra en lugar de al alquiler. Sin embargo, sigue siendo más barato alquilar —470 euros de media— que comprar: la hipoteca media se sitúa en más de 800 euros.

Para comprar una vivienda de 231.000 euros (38 millones de las antiguas pesetas) es necesario suscribir una hipoteca a 30 años que implica pagos mensuales de 1.000 euros. Al final, el comprador acaba pagando casi el doble de lo que costó.

6. La falta de garantías, la queja más común La consecución de un equilibrio entre los derechos del propietario de la vivienda y el inquilino es uno de los principales frenos al alquiler de viviendas. El primero exige unas condiciones mínimas de habitabilidad, el segundo teme por el deterioro de su propiedad y, sobre todo, por los impagos. La falta de una profesionalización de este mercado en España favorece esta desconfianza mutua entre las partes.

Las diferentes administraciones han mostrado su voluntad de mejorar esta situación con la creación de entidades que actúen como intermediarias.

7. El mercado profesional, la asignatura pendiente Sólo ocho de cada cien inmuebles que se alquilan en España están gestionados por profesionales, un porcentaje que se triplica en Reino Unido y Francia y que alcanza el 51% en Alemania.

En los últimos años se ha avanzado mucho en materia fiscal y legislativa para potenciar este mercado, fundamentalmente en lo referente a fondos de inversión y a sociedades de arrendamiento. Su mayor desarrollo puede propiciar un incremento de la oferta, pero sobre todo contribuirá a que exista un aumento de la calidad y de las garantías del arrendatario.

8. El alquiler social,una opción compleja de gestionar La vivienda social en alquiler apenas alcanza el 1% en España, frente a un porcentaje medio del 18% en Europa. Las competencias de vivienda están en manos de las comunidades desde 1978, que han priorizado las VPO y las VPP en detrimento del alquiler social. El escaso interés de las administraciones públicas por fomentar esta opción se explica por los problemas de gestión que genera, el fiasco de algunas experiencias con agentes sociales, la baja rentabilidad y la ausencia de empresas dedicadas íntegramente o mayoritariamente a este segmento.

9. La falta de movilidad laboral frena esta opción Sólo el 15% de los trabajadores españoles de todas las edades, cuenta con alguna experiencia laboral fuera de su región o país. Mientras, ocho de cada diez parados se niegan a cambiar de residencia para aceptar ofertas de trabajo. Las dificultades para alquilar, consecuencia de la falta de garantías y la escasa calidad de los inmuebles, son la excusa más frecuente para no desplazarse en ambos casos.

Los españoles son los europeos que menos se mueven. La movilidad geográfica en Estados Unidos alcanza el 6%; y en Europa, llega al 1,5%.

10. Opacidad: mucho fraude y falta de estadísticas fiables Más de la mitad de los 1.900.000 alquileres que hay en España escapa del control del fisco, según denuncian los Técnicos de Economía y Hacienda, que cruzan los datos del INE con los de la declaración de la Renta.

Seis comunidades, Madrid, Cataluña, Andalucía, Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana, concentran ocho de cada diez alquileres de la economía sumergida. El fraude podría rondar los 1.800 millones de euros anuales. Además, faltan estadísticas fiables que permitan dinamizar el mercado y elaborar políticas adecuadas. El alquiler de vivienda crece un 4,2% en marzo

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Los jóvenes deberían cobrar 137% más para comprarse vivienda

Reuters - 04 de junio de 2008

Los jóvenes españoles tendrían que ganar un 137,42 por ciento más si quisieran comprarse una vivienda libre dedicando a la hipoteca el 30 por ciento de sus ingresos - considerado el máximo tolerable por los bancos -, según anunció el martes el Observatorio de la Vivienda, en la presentación de su informe trimestral.

"Lo que demuestra este estudio es que buena parte de la ciudadanía joven está excluida del mercado libre (de la vivienda)", afirmó José Luis Arroyo Sánchez, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España (CJE), organismo que lleva a cabo el informe.

El sueldo medio necesario para acceder a una vivienda libre sería de 3.270,26 euros mensuales, según explicó Arroyo, frente a los 1.180 euros del sueldo medio real de los jóvenes en España y los 1.747 euros que ingresa de media un hogar joven (parejas jóvenes, principalmente), si se dividiera en 14 pagas.

Según los datos del informe, los jóvenes españoles de entre 18 y 34 años tendrían que destinar actualmente el 72 por ciento de su sueldo a pagar la hipoteca, un porcentaje que sería de casi el 45 por ciento en el caso de los hogares jóvenes.

"Cuanto más lejana sea la distancia entre este porcentaje y el 30 por ciento teórico, más difícil es acceder a una vivienda", explicó Joffre López, sociólogo y autor del informe. "Son los jóvenes con un mayor poder adquisitivo los que acceden".

"Para que se produzca un descenso del coste de acceso tienen que bajar los precios de las viviendas, tienen que aumentar los salarios, y los tipos de interés como mínimo se tienen que estabilizar", añadió.

MENOS DE LA MITAD DE LOS JÓVENES EMANCIPADOS

El 45,3% de los españoles entre 18 y 34 años vive por su cuenta, y el 78,1 por ciento de ellos está integrado dentro de la población activa, aunque sólo el 35,2 por ciento de ellos tiene un contrato indefinido.

"No ha habido una política de emancipación uniforme", denunció Arroyo, lo que deja a los jóvenes con la opción de "soluciones y estrategias individuales", en lugar de "una estrategia seria que facilite el acceso a la vivienda", principalmente de alquiler, que definió como "muy escaso".

En este sentido, el vicepresidente del consejo denunció la falta de políticas efectivas en el sector.

"No hemos tenido políticas serias en materia de vivienda, y consideramos que muchas de las actuales son erróneas",afirmó Arroyo.

"Nosotros entendemos que (hay que centrarse en) la creación de un parque público de vivienda en régimen de alquiler, que sea siempre de titularidad pública", y no pase luego al mercado de la vivienda libre como ocurre en la actualidad.

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