BOLETÍN DEL 15 DE JULIO DE 2008
 
 
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España y vivienda
 
'HAREMOS LO QUE HAGA FALTA POR CONSEGUIR UNA VIVIENDA DIGNA'
Redacción PVD - 03 de junio de 2008
 
 
Desde el “pocero de Fuenlabrada” a expertos en vivienda, política o tributos, pasando por asociaciones de vecinos y organizaciones sociales. Todos se han dado cita en un seminario para buscar una vivienda digna y asequible.

El pasado sábado tuvo lugar en Madrid el seminario “Cómo conseguir una vivienda digna”, organizado por la coordinadora “Madrid por la Vivienda y el Territorio” en el que la PVD tuvo un importante papel. El seminario agrupó a varios expertos nacionales e internacionales en materia de vivienda.



Los asistentes, jóvenes, amas de casa, estudiantes, representantes de organizaciones, de asociaciones de vecinos, de sindicatos e incluso de partidos políticos, llenaron durante toda la jornada el salón de conferencias de la Asociación de Vecinos “Valle Inclán”, en el barrio de Prosperidad.



Entre las aportaciones de las distintas ponencias, José Luis Carretero, de la Plataforma por una Vivienda Digna, afirmó que los avales ICO puestos en marcha por el gobierno trasladan la burbuja a la vivienda protegida. Estos avales se han creado básicamente para que los adjudicatarios de vivienda protegida puedan recibir financiación para pagar los elevados precios tras las subidas del módulo, “subidas que además no tienen ninguna justificación”.

Jesús Montero, miembro del Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA), analizó entre otros aspectos las desgravaciones por compra de vivienda, destacando que se han utilizado como argumento comercial y han contribuido por ello a subir los precios, funcionando en realidad como un mayor beneficio para los promotores.

Montero afirmó que el fraude fiscal del sector inmobiliario es muy importante, llegando como mínimo a 8.600 millones de euros sólo en 2007. En este sentido criticó que en España se apueste por una Hacienda “barata”, en vez de invertir más para perseguir estas bolsas de fraude, lo que compensaría la inversión con creces.

Para Montero “la lucha por la vivienda digna es también la lucha por una vida digna, y es urgente que la sociedad cambie el chip y empiece a participar de la vida pública de una manera diferente".

Manuel Villoria, Catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos, indicó que la construcción (y por lo tanto las hipotecas de muchos jóvenes) ha financiado a miles de ayuntamientos. Pero en los próximos años mantener estas nuevas viviendas supondrá más gastos que ingresos. Así, se puede decir que los alcaldes que han apostado por la construcción sin medida han creado “pan para hoy y hambre para mañana”.

Sobre la reforma de la financiación de los ayuntamientos, Villoria afirmó que ésta no garantizará cambios en la gestión si no se aplican también medidas de control.

Nieves Martín, de la Plataforma por una Vivienda Digna, ofreció un análisis riguroso del Plan de Vivienda Joven de Madrid. La conclusión, el Plan está concebido para fomentar el negocio de los promotores y no el acceso a la vivienda, y la política de vivienda en Madrid es en realidad una gran campaña publicitaria.

Entre algunas “sorpresas ocultas” del Plan, Martín señaló que la supuesta lista única no lo es, ya que los municipios tienden a sortear las viviendas sólo para los jóvenes empadronados en ese municipio.

Por otro lado, de las 79.000 viviendas prometidas sólo 1.237 han sido entregadas sin incidencias, los precios del alquiler con derecho a compra son superiores a lo anunciado y, en mucha de la vivienda protegida o tasada, es habitual que promotores pidan cantidades “en negro”, sin que la Comunidad de Madrid haya mostrado voluntad de evitarlo. Mientras, eso sí, ha seguido facilitando el endeudamiento con la tramitación de 15.000 hipotecas jóvenes.



Miguel Ángel Cancelo, asesor de la Viceconsejería de Vivienda del País Vasco, explicó algunas de las medidas en vivienda llevadas a cabo en dicha comunidad, más parecidas a las de otros países europeos. Destaca la apuesta por que la vivienda protegida sea de alquiler, así como medidas para sacar al mercado la vivienda vacía como el programa “Bizigune”. Con este sistema la Administración es la que alquila el piso, garantizando así el pago, y el inquilino paga una renta subvencionada de unos 270 euros al mes.

Cancelo repasó además las políticas de vivienda de los principales países de la UE. En la mayoría la aplicación de tasas, multas o alquileres forzosos para limitar la vivienda vacía es completamente normal. En Holanda está permitida incluso la ocupación si se realiza con la supervisión del ayuntamiento.

El seminario contó con la presencia del promotor José Moreno, el “pocero de Fuenlabrada” conocido por haber desarrollado promociones a precios muy asequibles. Moreno afirmó que el coste de construcción real de un piso está por debajo de los 600 €/m2.

Recientemente ha presentado proyectos en ocho ayuntamientos del sur de Madrid para construir viviendas de 70 y 80 metros entre los 108.000 y los 120.000 euros. Afirmó que actualmente es difícil conseguir precios más bajos debido a la subida del módulo VPO (24% de media en Madrid) y la limitación de alturas aprobada por la Asamblea regional.

Cesare Ottolini, presidente de la Alianza Internacional de Habitantes (IAI), presentó la campaña “Cero desalojos” e invitó a los presentes a convertirse en “antenas” para denunciar violaciones del derecho a la vivienda en su entorno.

La IAI ofreció colaboración a varios miembros de la Cañada Real cercana a Rivas, zona afectada por desalojos motivados por la especulación urbanística. Éstos invitaron a visitar su barrio. “No se trata de chabolas sino de casas normales, es muy diferente a lo presentado por los medios de comunicación y cualquiera puede ir a comprobarlo”.

María Roces, miembro de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid, recordó la importancia de la rehabilitación de barrios, y afirmó que el Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA) entregaba hace años vivienda protegida en alquiler. “Ahora no se hace vivienda en alquiler porque no interesa”. También incidió en que la rehabilitación no se utiliza para satisfacer la necesidad de alojamiento de los excluidos del mercado.

Sobre estos temas, en el seminario se recordó que en Francia hay cuatro millones de viviendas públicas de alquiler, mientras en España esta cifra no llega a las cien mil.

El encuentro terminó con una puesta en común de problemas e iniciativas, como el proyecto de vivienda pública en alquiler COVIJO, o las iniciativas de cooperativa de las asociaciones de vecinos de San Blas o la local de Prosperidad que apuntaron el compromiso de empujar la creación de una red de presión conjunta para la consecución de suelo económico. Rafael Corrales, de la PVD, relató el “rosario” de las ayudas a la emancipación en Madrid, concluyendo que la CAM está entorpeciendo su entrega y que sólo el 1% de los solicitantes las están recibiendo.

Por su parte, Ángel Alberto Montero, portavoz de los vecinos del sureste, relató la situación de más de 15.000 cooperativistas que han aportado entre 20.000 y 60.000 euros desde 1997 “y todavía ni se ha empezado las casas”. Criticó los engaños de la gestora de cooperativas y la inoperancia del Ayuntamiento de Madrid. Además, recordó que una Sentencia reciente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid declara ilegales 22 desarrollos del Plan General de Ordenación Urbana, lo que hace que miles de cooperativistas no tengan claro el futuro de sus viviendas.



En todas las experiencias aportadas quedó patente la reticencia de las instituciones públicas gobernadas por cualquier color político, salvo honrosas excepciones en casos muy contados, a atender las iniciativas de vivienda económica de los ciudadanos. En su lugar, se fomentan los elevados márgenes de beneficio de los negocios inmobiliarios desde todos los niveles de la Administración.

Ante esta situación se pudieron escuchar frases como "nos hemos dispuesto conseguir una vivienda digna y para conseguirlo haremos lo que sea e iremos donde haga falta" o “no estamos aquí para entregar la mayor parte de nuestras horas de vida al trabajo para pagar una vivienda, cuando sabemos que no tiene porqué ser así”.

En próximos días está previsto publicar material audiovisual y más información sobre el seminario. En este enlace podrán vds. encontrarlo: http://www.viviendadigna.org/foros/viewtopic.php?t=7367

Las 40 propuestas por una vivienda digna de nuestra asociación.

 
 
CORREDOR DICE QUE ES UN BUEN MOMENTO PARA COMPRAR UN PISO
ElEconomista.es - 05 de junio de 2008
 
quien lo necesite

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, afirmó hoy que "es el momento adecuado" para que se "compre" un piso "quien realmente lo necesita". En una entrevista en TVE, Corredor señaló que en dicha afirmación coinciden todos los expertos, entre otras razones porque el precio de las viviendas crece en el entorno del IPC.

La ministra reiteró que es "un buen momento", sobre todo para adquirir una vivienda nueva. Preguntada por los reclamos de los promotores inmobiliarios, Corredor indicó que el Ejecutivo ha tomado "medidas muy parecidas a lo que piden". Así, recordó la línea de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la promoción de VPO o las modificaciones del Plan Vivienda 2005-2008 que se hicieron en enero, entre las que se encuentran que las viviendas libres pudiera convertirse en protegidas de precio concertado, por lo que "hay mucho de lo que piden que ya está hecho".



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PVD AFIRMA QUE AHORA ES PEOR MOMENTO PARA COMPRAR VIVIENDA
Redacción PVD - 05 de junio de 2008
 
La asociación Plataforma por una Vivienda Digna exige a la nueva Ministra de Vivienda –Beatriz Corredor- que se retracte por sus recientes declaraciones en las que afirmaba que “es el momento adecuado para comprar una vivienda si realmente se necesita”, o en su defecto que dimita; puesto que no necesitamos un Ministerio para confundir a la población por medio de mensajes de sesgado interés, cuando ya tenemos a los agentes, analistas y lobbys del sector inmobiliario que realizan esa labor casi a diario.

Nos parece una aberración que la titular de Vivienda haya sucumbido tan rápido a las presiones del sector inmobiliario hasta llegar a asumir prácticamente su discurso con total sumisión, como se plasma en las anteriores declaraciones que incluyen también la frase “el Ejecutivo ha tomado medidas muy parecidas a lo que piden”. Y consideramos de una demagogia e irresponsabilidad máxima que se anime a comprar en un entorno en el que el precio de la vivienda está en clara disminución, en el que la morosidad por el sobreendeudamiento hipotecario está creciendo vertiginosamente, en el que se afronta un escenario de posibles nuevas subidas de tipos de interés y de grave recesión de la economía española –con aumentos significativos de desempleo- y en el que los vendedores y promotores de vivienda se resisten al único camino lógico que existe para salir del atolladero –bajar los precios significativamente-. De esta forma, la institución que preside Beatriz Corredor está echando más leña al fuego de las causas que han provocado esta crisis socioeconómica para beneficiar precisamente a los que tienen una buena parte de la culpa en provocarla. Muchos ciudadanos que sucumban a este mensaje lanzado desde nuestras instituciones, lo pueden pagar muy caro en el futuro y buscando el símil, supone poco más o menos que si, tras la presión de las empresas tabaqueras, la Ministra de Sanidad animara a la población a fumar.

Le recordamos a la nueva Ministra, que el Ministerio de Vivienda es una institución pública que sufragamos los ciudadanos con nuestros impuestos y que tiene suficientes problemas de los que preocuparse como para dedicarse a potenciar la labor comercial de las empresas inmobiliarias y entre ellas cabe citar las innumerables deficiencias en la tramitación de las ayudas al alquiler, la desproporcionada subida sin ningún tipo de justificación de la vivienda protegida en muchas comunidades autónomas, la proliferación de nuevas tipologías de vivienda protegida sin fines estrictamente sociales, los anómalos mecanismos de financiación municipal y autonómica, los constantes abusos y fraudes, etc., cuestiones todas ellas que por no resolverse, sólo están consiguiendo enquistar el problema y que su resolución sea más dolorosa aún para el conjunto de la ciudadanía mientras se perpetúa la exclusión de un amplio porcentaje de la población de lo que es un derecho constitucionalmente protegido.

Respecto a las medidas anunciadas ayer, también le recordamos a la Ministra que el “alquiler con derecho a compra” no es alquiler social –el gran déficit de la política de vivienda española frente a la europea-, sino una solución que se presta a ser una nueva trampa que postergue la insostenibilidad del mercado inmobiliario, que la rehabilitación debe orientarse fundamentalmente a satisfacer el acceso de los excluidos del mercado y a dar impulso a un mercado regulado del alquiler y que el Gobierno va muy mal encaminado en las soluciones, si éstas pasan por sostener el sector y los precios actuales con la financiación artificial del ICO y manteniendo una fiscalidad orientada fundamentalmente a la compra de viviendas que actualmente consume dos terceras partes de los recursos totales asignados a políticas de vivienda.

A los ciudadanos les recordamos que pueden comprobar fácilmente que la vivienda ha bajado significativamente de coste en dos periodos muy recientes de nuestra Historia, que ya en otros países afectados por la burbuja inmobiliaria están bajando mucho los precios y que en España también han empezado a hacerlo a pesar de que no se refleje suficientemente en las estadísticas oficiales por las deficiencias de éstas. Así pues, lo mejor que pueden hacer ahora los que tengan intención de adquirir una vivienda es no dejarse encandilar por estos mensajes, extremar la cautela y esperar a que se desenvuelva la situación del mercado inmobiliario y, sobre todo, de la crisis en la que estamos inmersos.

La Plataforma pide cambios radicales en la política de vivienda

Para la Plataforma, la mejor política de vivienda es la que crea el marco para que la diferencia entre salario y precio de la vivienda (tanto en compra como en alquiler) sea razonable y estable al margen de las tensiones especulativas y de los ciclos económicos. Esto, unido a un parque de vivienda pública extenso para los jóvenes y las rentas más bajas sería avanzar hacia el cumplimiento del artículo 47 de nuestra Constitución. Para ello, exigimos al Gobierno que atienda realmente las recomendaciones que se le realizan desde numerosas instituciones nacionales e internacionales y que además, empuje cambios estructurales en todas aquellas instancias gubernamentales cuyas políticas afecten a la vivienda y el urbanismo, con el objetivo de reducir la disparatada relación entre salarios y precios de la vivienda en compra o alquiler. Que los precios de la vivienda vuelvan a una senda razonable debería ser el cometido principal del Ministerio y no justo el contrario.

Con el objetivo de lograrlo, los distintos comités territoriales de la Plataforma consensuaron en su día una batería de 40 propuestas que ya le fueron remitidas al Gobierno en espera de que sirvieran para abrir un proceso de reflexión profundo de cara al futuro de las políticas de vivienda en este país y seguimos esperando que así sea.

Plataforma por una Vivienda Digna

Comité Interterritorial

info[arroba]viviendadigna.org

http://www.viviendadigna.org



Información relacionada: • 40 propuestas por una Vivienda Digna

 
LA VIÑETA: BUYERFINDER ;)
Redacción PVD - 22 de mayo de 2008
 
 
VIVIENDA SOCIAL O DELITO
El País - 02 de junio de 2008
 
 
Merece atención la propuesta de castigo penal para quienes incumplan la Ley del Suelo

Es de tal calibre el desastre urbanístico que describen las memorias de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo, y tan sofisticados los mecanismos a que recurren los corruptos y especuladores del suelo para burlar la legalidad, que su titular no ha dudado en proponer en la de este año una mayor intervención de la ley penal en este ámbito. Podría pensarse que se trata de una comprensible reacción ante la impotencia, al no poder hacer frente con toda la eficacia exigible al desarrollo de un urbanismo desordenado y con fuertes trazas de corrupción institucional y privada. Pero la propuesta tiene fundamento y merece la atención tanto del fiscal general del Estado como del Gobierno y de las fuerzas políticas.

Lo que propone el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo es una reforma del Código Penal que tipifique como delito -una modalidad más de la actual malversación- el incumplimiento de la obligación de reserva del 30% de suelo público municipal que la reformada Ley del Suelo de 2007 destina a vivienda de protección oficial. Facilitar el acceso a una vivienda digna constituye un mandato constitucional que vincula a los poderes públicos, sea cual fuere su signo político. Caben pocas dudas sobre la importancia de este principio orientador de la política social a los efectos de hacerle acreedor de la máxima protección del Código Penal. La inhabilitación especial, más que la cárcel, sería la pena que se compaginaría mejor con la función pública que ejerce el cargo municipal -alcalde o concejal- que incumpliera la Ley del Suelo en un punto tan importante como facilitar el acceso de sus convecinos a una vivienda digna.

No puede desconocerse, en todo caso, el uso que los municipios vienen haciendo del suelo para satisfacer sus necesidades económicas, insuficientemente cubiertas con los recursos públicos, lo que ha servido de coartada y de caldo de cultivo para una creciente corrupción. La suficiencia financiera que los alcaldes exigen al Gobierno constituye, pues, un factor de normalización de la vida municipal que restaría base a la delincuencia urbanística y al uso irregular del suelo destinado a vivienda de protección oficial. Es posible que de haberse alcanzado esa suficiencia hace 15 o 20 años no hubiera que lamentar el actual desastre urbanístico español. En ese contexto, la intervención del Código Penal sería excepcional.

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TODOS LOS GRUPOS SE OPONEN A LA PROPUESTA DEL PP
El Mundo - 03 de junio de 2008
 
DE ELEVAR LA DEDUCCIÓN POR COMPRA DE PISO.

- Dicen que esta desgravación fue uno de los factores que impulsó el 'boom' inmobiliario

- Pablo Matos, portavoz de Vivienda del PP, criticó la 'indignante pasividad del Gobierno'


Todos los grupos parlamentarios mostraron su rechazo a la Proposición de Ley del PP para incrementar del 15% al 25% la deducción por inversión en vivienda habitual. Desde los escaños de PSOE, CiU, PNV, ER-IU-ICV y Grupo Mixto se criticó la propuesta, a la calificaron de "costosa", "inútil", "insuficiente". Además, denunciaron que la desgravación a la compra fue uno de los factores que influyó en el 'boom' inmobiliario.

El portavoz de Vivienda del PP, Pablo Matos, defendió que esta medida es necesaria para ayudar a las familias que han visto mermada su renta por la subida de tipos de interés de las hipotecas y del precio de los alimentos. El diputado popular reclamó al resto de grupos que, en caso de rechazar esta propuesta, "propongan una mejor o al menos una distinta, aunque no sea mejor" porque "la situación de verdad es dramática".

Matos aprovechó la tribuna para criticar la "indignante pasividad del Gobierno", que sólo recomienda "comer conejo y no dejar propina", ya que es "la causa de la gravedad de la situación en que hoy nos encontramos". Matos insistió en que, en medio de la crisis, "el Gobierno ni está, ni se le espera", y quiso dejar claro que es "es absolutamente falso que no se pueda hacer nada".

Los socialistas justificaron su rechazo a la propuesta del PP porque "todos" los organismos internacionales "están de acuerdo" en que una de las causas del 'boom' inmobiliario fue "un tratamiento fiscal extremadamente favorable a la adquisición de vivienda". Así lo explicó la diputada del PSOE Montserrat Colldeforns, quien además la criticó por "costosa, inútil" y por "echar leña en el fuego que dice querer apagar".

Además, la diputada socialista defendió el Plan Vivienda 2009-2012 que prepara el Gobierno y explicó que éste busca potenciar las viviendas protegidas, impulsar la rehabilitación, y crear un verdadero mercado del alquiler. "Ninguno de estos objetivos pueden alcanzarse con la propuesta de deducción", sentenció Colldeforns.

La diputada de CiU Inmaculada Riera fijó la posición de su grupo respecto a la propuesta popular, a la que se opuso por se una "medida aislada, menos efectiva y más costosa" que un paquete global de iniciativas, que es lo que necesita el sector. "En política de vivienda hemos de perseguir la efectividad, y ésta pasa por medidas integrales y coordinadas", señaló Riera, quien criticó que la propuesta sea "sólo fiscal".

El diputado del PNV Pedro Azpiazu señaló que con esta medida el déficit de las cuentas públicas "estaría garantizado", algo que no preocupa al grupo si no fuera porque son "ineficaces e insuficientes". Además, Azpiazu apuntó que "la deducción impulsará el aumento del precio o atemperará" la necesaria reducción de los mismos.

Desde los bancos de ER-IU-ICV, el diputado Joan Herrera mostró el rechazo de su grupo al incremento de la deducción porque "incrementa los precios en lugar de facilitar el acceso a la vivienda". Contra la propuesta de los populares, Herrera propuso "una disminución de esas deducciones" y aumentar la cuantía económica dedicada a las políticas activas de empleo. En concreto, el diputado apostó por poner en marcha "avales en créditos que no se dan", pero sólo para la compra de VPO, o la modificación de la ley del mercado hipotecario para que las familias endeudadas no pierdan sus casas.

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Los Gobiernos no deben intervenir en precio de la vivienda
CincoDías.com - 10 de junio de 2008
 
 
Los gobiernos europeos no deberían actuar en el mercado inmobiliario para evitar el descenso de los precios de las viviendas hasta niveles más sostenibles, sino apoyar otros sectores de la economía para mantener el crecimiento, según el último informe del 'think tank' europeo Bruegel realizado por los expertos Juan Delgado y Jakob von Weizsäcker y que se basa en las experiencias de Irlanda y España.

Uno de los autores del informe, Weizsäcker, se refirió al caso español y sostuvo que la propuesta del Gobierno de aumentar el número de viviendas protegidas “no ayuda” puesto que en la práctica supone añadir más casas al mercado inmobiliario.

Este tipo de medidas pueden parecer una ayuda para el sector de la construcción, apuntó Delgado, y sin embargo lo que se logra es aumentar el número de viviendas en un mercado en el que ya hay un stock que no se vende y otras que están en construcción y han sido paralizadas.

Según explicó Delgado, el sector de la vivienda “se está ajustando” por sí mismo tras la crisis inmobiliaria y por ello las autoridades “no deberían tratar de crear una oferta o demanda”. Por el contrario, existen otras formas para mantener el desarrollo del país como aumentar el gasto en infraestructuras. De este modo, según los expertos de Bruegel, se cubre la demanda existente en este ámbito y, además, surgen nuevos empleos para los trabajadores de la construcción afectados por la crisis.

También los incentivos para fomentar el aislamiento térmico de las nuevas viviendas ya construidas podría ser una respuesta a la crisis de la burbuja inmobiliaria. A juicio de los expertos del think tank, no solo aportaría ventajas desde el punto de vista medioambiental sino que supondría una ayuda indirecta al sector, sin implicar una intervención en el mercado.

A la hora de analizar los factores que favorecieron el boom inmobiliario en España, Delgado explicó que el tipo de interés real en España es más bajo que en otros países europeos, por lo que resultaba “más barato” solicitar un crédito.

Este elemento, sumado al tratamiento fiscal de la vivienda, “prácticamente subvencionada”, favoreció que fuera más económico para los españoles adquirir una vivienda y animó a los constructores a subir el precio.

Además, el incremento de la inmigración tiene consecuencias al permitir una mano de obra que abarata los costes de producción. Pero que a medida que aumentan su poder adquisitivo, los inmigrantes también alimentan la demanda de viviendas.

A partir de la evolución del mercado inmobiliario en España e Irlanda, los investigadores de Bruegel consideraron que deben ser lecciones de las que tomar nota para que el resto de gobiernos europeos sepan actuar ante situaciones similares.

Delgado apuntó que la posición inicial del Gobierno español de “negación del problema” aumentó las consecuencias de la crisis. De haber introducido en el mercado bancario medidas contracíclicas, eliminado exenciones fiscales para las viviendas o ejercido una mayor vigilancia sobre las hipotecas variables, los efectos “se podrían haber suavizado”, añadió.

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PSOE y CiU pactan en el Congreso ampliar los avales del ICO
EuropaPress - 27 de mayo de 2008
 
 
Para VPO en "cualquier modalidad". El PP dice que el Gobierno "ni está ni se le espera" en la solución de la crisis del sector

El Congreso de los Diputados aprobó hoy, con la oposición del PP, un acuerdo entre el PSOE y CiU para que el Gobierno amplíe los avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para la titulización de créditos hipotecarios hipotecarios para la adquisición de vivienda protegida (VPO) "en cualquiera de sus modalidades".

Nacionalistas y socialistas alcanzaron un acuerdo que se tradujo en una transacción a la moción original de CiU sobre medidas para contrarrestar el efecto de la crisis de la construcción, si bien los 'populares' impidieron que ésta se sometiera al veredicto del hemiciclo, por lo que finalmente el texto votado fue el de la enmienda socialista aceptada por CIU, que prosperó por 182 votos a favor y 137 en contra.

El texto presentado por el PSOE recogía que se impulse el 'plan renove' de viviendas y del mercado del alquiler. Asimismo, contemplaba el "análisis" de nuevas medidas para recolocar a los trabajadores del sector de la construcción.

Además, la Cámara Baja insta al Gobierno a que la futura elaboración del nuevo Plan de Vivienda analice "todas aquellas iniciativas que faciliten el ajuste entre la oferta y la demanda" considerando, eso sí, las necesidades presupuestarias "y el propio juego del mercado".

SINTONÍA CON SOLBES.

Esta moción surgió como consecuencia de la interpelación que el portavoz económico de CiU, Josep Sánchez Llibre, dirigió al vicepresidente económico, Pedro Solbes, al que reclamó que el ICO amplíe su línea de avales a la promoción de la vivienda libre con el objeto de reducir el 'stock' de las inmobiliarias convirtiéndolas en VPO, para que el sector padezca "lo mínimo posible" con la crisis.

En este punto, Solbes mostró su disposición a ampliar la línea de avales establecida a través del ICO para la promoción de viviendas de protección oficial. "Se trata de un punto en el que se puede avanzar algo más, puede tener sentido", aseguró entonces.

Esta tarde, el portavoz de Vivienda de la coalición nacionalista, Pere Macias, destacó la "oportunidad de oro" de la actual coyuntura de ajuste del sector para desarrollar una nueva política de vivienda.

EL "FAVOR" DEL PP A CIU.

El diputado del PP Pablo Matos aseguró "hacerle un favor" a los nacionalistas con su rechazo a la transacción, porque "desvirtuaba" la propuesta original de los catalanes.

Asimismo, expresó su preocupación por las dificultades financieras de las familias ante las que el Gobierno "ni está ni se le espera", razón por la que había tratado de incluir en su propia enmienda al texto de CiU, que los nacionalistas rechazaron, su pretensión de aumentar las deducciones en el IRPF por compra de vivienda.

Por este motivo, la socialista Ana María Fuentes reprochó al PP su actitud "contra el acuerdo entre el resto de grupos de la Cámara" y de preocuparse más por "enrocarse en la oposición al Gobierno" que de resolver los problemas de los españoles.

PNV: "ES IMPOSIBLE NO ESTAR DE ACUERDO".

Por su parte, el portavoz de Vivienda del PNV, Joseba Beloki, confesó mostró su disposición a apoyar ambas alternativas (tanto el texto de CiU como la enmienda del PSOE) por contener medias específicas para los afectados por las crisis del sector y para evitar que se extienda a otros sectores. "Es imposible no estar de acuerdo con esos objetivos", señaló.

La diputada del BNG, Olaia Fernández Dávila, expresó su confianza en que el nuevo Plan de Vivienda facilite que las viviendas libres puedan convertirse en vivienda protegida, y calificó de "positivo" el acuerdo entre PSOE y CiU en lo referente a la recolocación de trabajadores del sector. En la misma línea se expresó el diputado de CC, José Luis Perestelo.

Finalmente, el parlamentario de IU, Gaspar Llamazares, expresó su discordancia de fondo con la iniciativa presentada por CiU, ya que, en su opinión, no recoge medidas para cambiar el modelo de desarrollo y no evitará que se vuelva a una "explotación indiscriminada" del suelo. También censuró que la banca y las empresas consideren al sector público como un "hospital" para sus errores.

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Diez CCAA convertirán pisos libres en VPO
Publico.es - 02 de junio de 2008
 
La mayoría de los gobiernos regionales ayudará a los promotores a convertir pisos de precio libre que no logran vender en vivienda protegida. A cambio, aumentarán la oferta de casas más asequibles para los compradores. Diez comunidades autónomas permitirán este traspaso de vivienda libre a la de protección oficial (VPO) adaptando su normativa al real decreto que aprobó el Ministerio de Vivienda el 11 de enero, cuando aún estaba dirigido por Carme Chacón, y que introduce, por primera vez, esta posibilidad.

Murcia, Galicia y Cantabria se han dado prisa en aprobar esta modificación normativa y otras seis comunidades - Andalucía, Asturias, Castilla-La Mancha, La Rioja, Aragón y Baleares- ultiman sus decretos. A estas últimas se suma Catalunya que, en línea con el decreto del ministerio, dará luz verde a una categoría de vivienda de precio concertado específico a la que podrán acogerse las inmobiliarias que tengan viviendas en stock.

La Asociación de Promotores Constructores de España (APCE), la patronal, quiere que este precio concertado, más caro que la VPO pero más barato que la vivienda libre, se traslade a todo el territorio nacional. Por ello, han reclamado esta nueva categoría de pisos a la actual ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, que hoy comparece en el Congreso para explicar qué líneas estratégicas de actuación aplicará en esta legislatura.

La mayoría de las comunidades que ya permiten o ultiman el trasvase de pisos que las inmobiliarias tienen en stock a VPO están gobernadas por el PSOE y era previsible que se adhirieran a este cambio en el Plan de Vivienda estatal 2005-2008. Pero, ante la gravedad del parón inmobiliario y el hecho de que no mejora el acceso a la vivienda, también gobiernos del PP, como el de Murcia o La Rioja, han apoyado esta conversión para aumentar la oferta de pisos asequibles.

En el decreto del Ministerio de Vivienda se establecen las condiciones básicas. Los promotores podrán solicitar que los inmuebles de precio libre que no venden sean calificados como vivienda protegida de régimen especial, de precio general o concertado. Sólo es válido para pisos que se hayan finalizado hasta un año antes.

A partir de esta base, las comunidades autónomas lo adaptan y lo concretan. Baleares, por ejemplo, está a punto de aprobar su decreto pero ha adelantado ya medidas. El Instituto Balear de Vivienda (Ibavi) ha adquirido cinco edificios con 122 viviendas a promotores para convertirlas en VPO.

Hay que especificar que, además del Plan de Vivienda estatal, las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias últimas en vivienda, cuentan con sus propios planes específicos que también engordan en paralelo. Como muestra, Aragón prepara dos decretos para principios del verano en los que se incluirá la conversión de pisos libres en VPO, pero también otras medidas, como el alquiler con opción a compra.

Sin prisa Algunos gobiernos regionales, como el de la Comunidad Valenciana o el de Extremadura, no tienen tanta prisa en adoptar la medida del trasvase a VPO. El Instituto Valenciano de Vivienda ya ha redactado un borrador pero no tiene fecha de aprobación. Por su parte, la Consejería de Fomento de Extremadura parece más escéptica y asegura que "no ha recibido por el momento ninguna petición formal de promotores o empresarios" que quieran esta medida.

Otras, como Madrid, que confía en su propio plan de vivienda protegida, o el País Vasco no lo contemplan. En el último caso, el Departamento de Vivienda considera que "aquí sólo se tienen que realizar algunos ajustes, no puede hablarse de crisis", indicó un portavoz.

Agravio comparativo en un mismo edificio El trámite para convertir los pisos libres en VPO lo pedirán las inmobiliarias para pisos de hasta un año de antigüedad. Este plazo cuenta desde el fin de la obra, la licencia de primera ocupación o la cédula de habitabilidad, según proceda.

Los promotores pueden solicitar la conversión a vivienda protegida de promociones completas o de pisos por separado. La Rioja, por ejemplo, lo contempla así y otras autonomías tendrán que especificarlo. Esto significa que, en un mismo edificio, pueden coexistir pisos libres y de VPO, con lo que sus propietarios habrán pagado precios diferentes.

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Críticas a Vivienda por fomentar la VPO en propiedad
El Confidencial - 04 de junio de 2008
 
 
“Es echar más leña al fuego”

Todos los agentes consultados coinciden. Profesores de Economía, empresarios del sector inmobiliario, incluso miembros de la Plataforma por una Vivienda Digna responden al unísono tras conocer las medidas propuestas ayer en el Congreso por la ministra de Vivienda Beatriz Corredor. La solución al problema de la vivienda no pasa por subvencionar la vivienda protegida en propiedad y sí, en cambio, por algo tan sencillo como bajar (más) los precios.

“Cuanto más tarden en bajar los precios, más durará la crisis”, sentencia el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona, Gonzalo Bernardos. “El diagnóstico de este país enfermo es que hay sobreoferta de viviendas. Lo que la ministra debería hacer, en vez de envenenarlo más, es curarlo. ¿Cómo? Reduciendo y eliminando el stock de vivienda sin vender. De nuevo ¿cómo? Bajando los precios. Si no se acierta ni siquiera en el diagnóstico, lo que pasa es que la crisis dura más y se hunde la economía del país. Porque este año 2008 se están construyendo más viviendas de las que se venden”, añade.

Respecto a la promesa de construir 1,5 millones de viviendas protegidas en diez años Bernardos, se pregunta “¿Para quién, para los marcianos? Es demencial. Y en cuanto al ‘plan renove’ de la rehabilitación, exclama: “está bien, pero si no tengo dinero, no voy a rehabilitar mi vivienda”.

En resumen: Aquí tenemos un cóctel molotov que consiste en una crisis inmobiliaria y financiera a la vez. Las medidas tienen que ser globales. El Gobierno no puede subvencionar al primero que pase por la calle. Por supuesto, la vivienda protegida en propiedad no tiene ningún sentido. En cualquier caso, la primera pregunta que hay que hacerse es de dónde se va a sacar el dinero para adoptar las medidas de vivienda prometidas. Este es un Gobierno de spots publicitarios en materia económica”, concluye.

Idealista apuesta por la VPO pero sólo de alquiler

“Vivienda protegida sí, pero sólo de alquiler”, es la apuesta de Fernando Encinar, de Idealista.com. Este portal inmobiliario siempre ha defendido las políticas de impulso al alquiler. Y aplauden todas las medidas que se adopten en este sentido. “La Sociedad Pública del Alquiler (SPA) nos parece una de las mejores herramientas que ha creado el Gobierno como vehículo para gestionar la oferta del alquiler. Además introduce seguridad jurídica. También estamos de acuerdo con apoyar a determinados colectivos”, afirma.

Encinar coincide con Bernardos en la necesidad de que los precios de las viviendas bajen.: “Los vendedores tienen que asumir que han de bajar los precios significativamente. Si el precio de la vivienda baja, la gente compra casa. Porque demanda hay. De hecho, en mayo, Idealista ha registrado un récord histórico tanto en usuarios como en páginas vistas”.

Mucho más crítico se muestra con la deducción a la compra de vivienda, con los 210 euros mensuales de renta básica de emancipación, con la vivienda protegida en propiedad y con las ayudas a la oferta. “Hace cuatro años, el mismo sector que ahora pide ayudas clamaba en contra de la intervención”, recuerda.

Ni siquiera los jóvenes que reclaman una vivienda digna apoyan las ayudas directas “porque incrementan el precio y no son ayudas a la gente”. José Luis, portavoz de la Plataforma por una Vivienda Digna ha dicho lo siguiente acerca de las ayudas a la VPO en propiedad y en alquiler con derecho a compra: Es echar más leña al fuego. Nos parece gravísimo que estén trasladando la burbuja a la vivienda protegida. Algo que ya hemos bautizado como la ‘burbu-vpo’. Porque se está dando el caso que la demanda no puede pagar la vivienda protegida. Los altísimos precios de la VPO consiguen captar gente para mantener el negocio inmobiliario al alza”.

Desde la plataforma insisten en potenciar la vivienda en alquiler “de la que este país tiene un déficit brutal” y reconocen que “demanda insatisfecha hay mucha, tanta como 200.000 personas apuntadas en la lista única de la Comunidad de Madrid. Pero no se les ocurre bajar los precios a un nivel razonable”.

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Vivienda estudia dar ayudas temporales a 'separados'
ElEconomista.es - 10 de junio de 2008
 
 
y divorciados

La ministra de Vivienda, Beatriz Corredor, afirmó hoy que entre sus planes se encuentra dotar de ayudas "temporales" para el acceso a una vivienda a personas separadas y divorciadas, con atención preferente a aquellas con hijos a su cargo.

Corredor, que participó hoy en el desayuno informativo del 'Fórum Nueva Economía', se mostró partidaria de que estas ayudas se concedan en caso de que los demandantes cumplan con una serie de "requisitos esenciales", entre los que enumeró contar con una sentencia firme que certifique la situación familiar, estar al corriente de las rentas de pensión alimenticia y no contar con ninguna demanda relacionada con la violencia de género.

Otros colectivos

Además, Corredor apuntó que su Gabinete se encuentra estudiando extender este tipo de ayudas a otros colectivos como mujeres víctima de la violencia de género, investigadores o personas mayores.

Por otra parte, la ministra indicó que desde Vivienda, "en permanente coordinación con el Ministerio de Economía y Hacienda, impulsaremos todas aquellas medidas económicas que impliquen una mayor facilidad para acceder a líneas de financiación para la promoción y construcción" de pisos protegidos.

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Vivienda levantará pisos de alquiler en suelo cedido
El País - 16 de junio de 2008
 
 
por los ayuntamientos. La medida está destinada a colectivos como jóvenes o mayores de 65 años

Los ayuntamientos ceden suelo donde se construirán pisos de alquiler destinados a determinados colectivos. Y, a cambio, el Ministerio de Vivienda aporta todos los recursos necesarios, tanto técnicos como económicos, para levantarlos. Ésta es la iniciativa que la ministra Beatriz Corredor incluirá en el próximo Plan Estatal de Vivienda 2009- 2012 que está ahora elaborando. Estas viviendas dotacionales constituyen una de las medidas estrella para el próximo cuatrienio.

La iniciativa se basa en el acuerdo entre la administración local y la estatal para crear sociedades conjuntas en las que los municipios aportan el derecho de superficie en parcelas por un periodo de 30 años. El Gobierno ejecutará este plan a través de Sepes, la entidad pública de gestión de suelo, y lo destinará a diversos colectivos, como los menores de 35 años y los mayores de 65 años. Todas estas viviendas se disfrutarán en régimen de alquiler.

El proyecto de las viviendas dotacionales está todavía en ciernes. El ministerio no especifica cuántas personas se beneficiarán de estos pisos en alquiler a precios asequibles. Sí especifica, sin embargo, que lo harán siempre de forma transitoria. "Concebidos como edificios públicos para residencia transitoria, la duración de los arrendamientos tendrá un plazo máximo improrrogable de cinco años", establece el convenio de colaboración tipo del que dispone el Ministerio de Vivienda.

El departamento que dirige Beatriz Corredor ha puesto en marcha esta iniciativa como experiencia piloto en los municipios de Alcorcón (Madrid) y Elche (Alicante).

Ayudas a divorciados

El convenio con el Ayuntamiento de Alcorcón es el primero que ha firmado el ministerio. La idea es llegar a las 500 viviendas en este municipio, aunque por ahora sólo se han concretado dos fases: una promoción para jóvenes que permitirá la construcción de 112 pisos, y otra de 79 viviendas. Las dos promociones tendrán una vivienda tipo con una superficie construida en torno a 54 metros cuadrados.

Otros posibles beneficiarios del nuevo plan que abarcará los cuatro próximos años serán los separados o divorciados con sentencia judicial. La ministra anticipó el pasado martes en un desayuno-conferencia que estudia incluir a este colectivo como beneficiarios de ayudas por considerar que necesitan una especial protección.

En el caso de que el ministerio finalmente apoyase a este colectivo, Corredor especificó que se trataría siempre una ayuda temporal; y detalló los requisitos esenciales que deberían reunir los beneficiarios: "Se daría una atención preferente a los progenitores con menores a cargo, con sentencia firme de divorcio; tendrían que estar al día del pago de las pensiones de manutención y, por supuesto, en ausencia de denuncias de malos tratos".

Sobre las modificaciones del nuevo plan, la ministra anunció una reflexión sobre las distintas tipologías de vivienda protegida y sus dimensiones en función de las necesidades de cada colectivo (estudiantes, mayores, familias monoparentales).

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El Ministerio de la vivienda protegida
ABC - 08 de junio de 2008
 
Que todas las encuestas sociológicas sitúen a la vivienda como una de las principales preocupaciones de los ciudadanos no es mera coincidencia. El derecho a una vivienda digna «y adecuada» está recogido en la Constitución Española, en su artículo 47. Sin embargo, como tantos otros derechos, no se cumple a rajatabla, ni mucho menos. A pesar de las reiteradas llamadas a la calma en los dos últimos años, y de las advertencias sobre el fin de la burbuja inmobiliaria, la vivienda en España es un bien sobrevalorado. A un precio de la vivienda descontrolado se ha unido el de los alquileres, «idem» de lo mismo. Desde el pasado verano, con unos precios ya imposibles para los compradores, aunque afortunadamente ya estancados, la situación se ha recrudecido, como consecuencia de las turbulencias financieras internacionales originadas por la crisis «subprime» en Estados Unidos y por la paulatina subida del Euribor. La consecuente restricción del crédito tanto a promotores como a los posibles compradores de vivienda hacía necesaria la intervención del Gobierno, al que se demandaba desde varios frentes medidas para paliar la difícil situación tanto para el sector como para el ciudadano.

Se antojaba entonces, y se antoja aún ahora, la necesidad de una inyección de ánimo tanto para compradores como para vendedores a través de medidas efectivas. De hecho, desde abril hay un compromiso firme por parte del Gobierno en materia de vivienda. La recién nombrada ministra del ramo, Beatriz Corredor, se propone hacer del alquiler y su versión VPO —vivienda de protección oficial— para arrendar con posterior opción a compra, la fórmula estrella para el futuro del sector inmobiliario en España.

Esta última fórmula, según el Ministerio de Vivienda, dará un cierto respiro a las personas que deseen o que necesiten formar un nuevo hogar y, también insuflará confianza en el sector constructor y promotor al acudir a este mercado bajo el manto de los créditos del ICO.

La ministra Corredor no alberga dudas. Esta semana, en la que ha sido su primera intervención ante la comisión de vivienda del Congreso de los Diputados, explicaba que los grandes objetivos de su Ministerio para los próximos cuatro años pasan por la mejora del acceso a la vivienda protegida, la promoción de alojamientos destinados a colectivos específicos (jóvenes, universitarios, personas mayores, víctimas de malos tratos e investigadores), el impulso del alquiler y la rehabilitación.

Las principales líneas de actuación de su departamento forman la columna vertebral del «Plan Nacional 2008-2012» y, según dijo, permitirá que «uno de cada tres nuevos hogares recibirá algún tipo de ayuda para acceder a su vivienda a lo largo de la legislatura».

Pero «vendía» más. Para reforzar su apuesta por fomentar el alquiler, tanto libre como protegido, otro de los compromisos que anunciaba es que el 40% de las viviendas protegidas que se edifiquen en los próximos diez años lo sean en régimen de alquiler.

Cancha al alquiler

Con la idea de darle cancha al alquiler coinciden muchos expertos. Si bien no lo ven como única medida a poner en marcha. «El alza de tipos —el Euribor ha alcanzado esta misma semana el 5,418%— ha ensanchado tanto el diferencial entre el precio del alquiler y la cuota de una hipoteca que ya compensa más alquilar que comprar. A tipos bajos prima la compra, y a tipos altos gana puntos el alquiler», aseguran desde la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE).

Más allá de las medidas dispuestas por el Ejecutivo para impulsar la construcción de VPO y la rehabilitación, agilizar la licitación de obra pública y ayudar a la recolocación de parados, el vicepresidente económico, Pedro Solbes, se ha mostrado contrario a adoptar medidas excepcionales. «Hay que tener claro que el sector ha acumulado ciertos excesos en años anteriores y que estos deben ser corregidos para que la construcción pueda volver a crecer con normalidad», afirmó en la Comisión de Economía del Congreso.

Paradojas de la VPO

Se da la circunstancia de que la vivienda protegida tiene un precio más o menos apetecible y asequible dependiendo de la comunidad en la que se encuentre. En las comunidades con un nivel de renta por habitante más bajo, como la extremeña, la VPO es una opción más, sin embargo para la madrileña representa una gran oportunidad comparada con el precio de la vivienda libre. Los desequilibrios de precios entre la protegida y la libre igualmente varían de una provincia a otra. Por ejemplo, en Teruel el metro cuadrado de vivienda libre cuesta 1.049,6 euros, tan sólo medio euro por debajo del de vivienda protegida. Del lado contrario, está el caso de Vizcaya (3.115,1 euros por metro cuadrado el precio de la vivienda libre, frente a los 1.207,3 euros de la protegida) o el de Madrid (3.004 y 1.108 euros, respectivamente).

Momento ideal para comprar

Al margen de estos desequilibrios de precios, para la actual ministra de vivienda ahora es «el momento adecuado para comprar una vivienda si realmente se necesita», y lo justifica indicando que los precios de las casas suben en torno al IPC y que algunos promotores han realizado rebajas en los precios protegidos.

Al hilo de estas declaraciones, la asociación Plataforma por una Vivienda Digna ha puesto el grito en el cielo: «consideramos de una demagogia e irresponsabilidad máxima que se anime a comprar en un entorno en el que el precio de la vivienda está en clara disminución, en el que la morosidad por el sobreendeudamiento hipotecario está creciendo vertiginosamente, en el que se afronta un escenario de posibles nuevas subidas de tipos de interés y de grave recesión de la economía española –con aumentos significativos de desempleo— y en el que los vendedores y promotores de vivienda se resisten al único camino lógico que existe para salir del atolladero: bajar los precios significativamente».

Mientras, los promotores, reacios en un principio a las propuestas del Gobierno, ahora confían en que, a corto y medio plazo, con la implantación de medidas sensatas, el sector recupere un nivel de actividad razonable, fruto de la recuperación de la compra extranjera de segunda residencia, del dinamismo en la formación de hogares y de la salida al mercado de una demanda que en los últimos meses ha estado contenida.

Apenas un mes antes de la comparecencia de esta semana de Corredor, para reactivar el sector de la construcción desde la patronal se pedía dar salida al «stock» de inmuebles sin vender, adaptándolo a una nueva categoría de vivienda con un coste superior al de la VPO, pero inferior al precio de venta inicialmente previsto para estas promociones. En este caso, el promotor tendría que «sacrificar» parte del precio de venta previsto, con el fin de facilitar el acceso a la vivienda, y dar salida así al «stock», pero con precios superiores a los de la VPO para no perder excesivas cotas de rentabilidad.

El pasado mes de abril, en el Salón Inmobiliario Internacional de Madrid (SIMA), el presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, explicaba que la Administración había subido los precios máximos en pisos protegidos en una media del 30%, «lo que hace rentable para las inmobiliarias convertir su stock de viviendas en VPO», aseguraba. La propia Martinsa-Fadesa dispondría así de 30.000 viviendas libres que podría reconvertir en protegidas.

«Este es el proyecto que más ha sonado desde principios de año —asegura un experto del sector— ya que ayudaría a las constructoras a sobrellevar la crisis y habría gran cantidad de viviendas mucho más económicas para los futuros compradores».

Una postura que no ha gustado nada en la Plataforma de Vivienda Digna: «Le recordamos a la nueva ministra, que el Ministerio de Vivienda es una institución pública que sufragamos los ciudadanos con nuestros impuestos y que tiene suficientes problemas de los que preocuparse como para dedicarse a potenciar la labor comercial de las inmobiliarias. Entre ellas, las innumerables deficiencias en la tramitación de las ayudas al alquiler, la desproporcionada subida sin ningún tipo de justificación de la vivienda protegida en muchas comunidades autónomas, la proliferación de nuevas tipologías de vivienda protegida sin fines estrictamente sociales, o los anómalos mecanismos de financiación municipal y autonómica». Abierto, pues, un nuevo debate: ¿es ético usar los pisos públicos para salvar de la crisis al sector que la provocó? La polémica está servida.

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El presidente de la SPA dimite
Cotizalia.com - 30 de mayo de 2008
 
 
Y el organismo eligirá al sustituto el próximo 10 de junio

El presidente de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA), Alejandro Inurrieta, aprovechó la reunión del Consejo de Administración de la entidad para comunicar su decisión irrevocable de dimitir, por motivos personales, de todos sus cargos en la misma, informó el Ministerio de Vivienda. La próxima junta de accionistas de la SPA, que se celebrará el 10 de junio, ratificará el nombramiento, a propuesta de la ministra de Vivienda, de la nueva persona al frente de la Sociedad. Hasta entonces, desempeñará el cargo, de manera provisional, el secretario general de Vivienda, Javier Ramos, por ser el consejero más antiguo.

Inurrieta, que asumió la presidencia de la SPA en julio de 2007, tomará mañana, en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid, posesión de su cargo como concejal por el PSOE, en cuya candidatura concurrió a las últimas elecciones municipales. Informaciones publicadas en algunos medios de comunicación han apuntado a que la salida de Inurrieta de la SPA responde a los problemas contables por los que atraviesa la entidad. Sin embargo, fuentes del Gabinete dirigido por Beatriz Corredor precisaron a Europa Press que, aunque efectivamente la SPA atraviesa una situación de déficit, este saldo negativo se encuentra dentro de lo previsto y "no se debe a una mala gestión".

Así, explicaron que el decreto de creación de la SPA, de octubre de 2005, ya preveía una situación de déficit durante los tres primeros ejercicios, siendo 2008 el último de ellos. Asimismo, confirmaron que, recientemente, la SPA ha recibido una inyección de 4 millones de euros a través de la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), accionista única de la Sociedad. Si bien, precisaron que este travase de fondos responde, precisamente, a ese déficit previsto.

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Constitucional admite a trámite recurso de Madrid contra RBE
CincoDías.com - 02 de junio de 2008
 
 
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que presentó la Comunidad de Madrid el pasado mes de abril contra el Real Decreto que regula la Renta Básica de Emancipación de los Jóvenes, según el cual el Gobierno central otorga ayudas directas al alquiler.

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy en sus disposiciones generales que el alto tribunal admite dicho conflicto contra la normativa y, que será resuelto por la Sala Segunda.

La Comunidad de Madrid ha informado hoy de que solicitó la impugnación porque esta normativa invade las competencias exclusivas que la Constitución atribuye al Gobierno regional en materia de vivienda.

Por esta razón, pide que sea la Comunidad Autónoma quien tramite las solicitudes y, quien gestione los 210 euros mensuales de ayuda.

La consejera madrileña de Vivienda, Ana Isabel Mariño, ha valorado que el Tribunal Constitucional haya admitido a trámite el recurso.

Así mismo, ha subrayado que el objetivo es agilizar y reducir los plazos de tramitación de la ayuda del alquiler que, según Mariño, exige la participación de ambas administraciones.

El TC ya admitió a trámite el pasado mes de abril dos conflictos de competencia presentados por los Gobiernos de La Rioja y de la Comunidad Valenciana contra el mismo decreto.

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PP e ICV mantienen la presión por el 'caso Taguas'
El País - 25 de mayo de 2008
 
 
Piden al Gobierno detalles del ex jefede la Oficina Económica de La Moncloa

El PP y el diputado de Iniciativa per Catalunya, Joan Herrera, no tiran la toalla y mantendrán la presión contra el Gobierno por el llamado caso Taguas con sendas baterías de preguntas que el Ejecutivo deberá contestar por escrito en el Congreso.

Todas las preguntas tienen el objetivo de conocer las decisiones de la Administración en las que ha participado David Taguas como jefe de la Oficina Económica del Gobierno y que afectan a Seopan, el lobby de las empresas constructoras que le ha fichado como presidente. También quieren conocer las relaciones de Seopan con el Gobierno.

El Ministerio de Administraciones Públicas certificó que no hay incompatibilidad en ese salto porque Seopan no es una empresa, sino una asociación. Sin embargo, Herrera recoge en sus preguntas literalmente el contenido de la web de Seopan Grupo Exportador, que incluye entre sus funciones la de "defender los intereses de las empresas miembros en el ámbito nacional sobre todo ante los ministerios de Industria, Turismo y Comercio, el Ministerio de Fomento y el de Medio Ambiente y el ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior)".

Según el diputado de ICV, Seopan admite así que funciona como lobby ante la Administración, no como patronal, y por eso pregunta al Ejecutivo "¿cuántas reuniones ha mantenido Seopan Grupo Exportador con miembros del Gobierno y altos cargos en los últimos dos años?". Añade la petición de detalles sobre fechas, actas, acuerdos y participantes.

El otro bloque se refiere al hecho de que Seopan admite también que recibe subvenciones y créditos oficiales. Por eso, Herrera quiere saber si alguna de esas ayudas fue aprobada en reuniones de las comisiones delegadas para asuntos económicos en las que participara Taguas como secretario de Estado.

Pide al Gobierno la relación de subvenciones y ayudas oficiales concedidas al lobby que agrupa a las principales constructoras del país durante los dos últimos años, coincidiendo con la presencia de Taguas en la oficina Económica de La Moncloa.

Las preguntas del PP fueron presentadas ayer en el Congreso por el portavoz de Fomento, Andres Ayala. Para el diputado, el nombramiento es "insostenible desde un punto de vista ético" y contradice el "espíritu" de la Ley de Incompatibilidades.

Once de las preguntas del PP van dirigidas al presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, tres a la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, y al vicepresidente económico, Pedro Solbes, y otras dos a la titular de Administraciones Públicas, Elena Salgado.

La petición de documentación es también exhaustiva e incluye las actas de las reuniones de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos desde 2006. Se piden también datos de la actividad de la Oficina Económica de La Moncloa.

También se pregunta al presidente del Gobierno si intervino para que Seopan fichara a su asesor económico, nada más cesar en el cargo.

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El PE pide compromiso comunitario sobre personas sin hogar
blogs.periodistadigital.com - 10 de junio de 2008
 
antes de 2015

El Parlamento Europeo ha adoptado una declaración sobre las personas sin hogar instaladas en la vía pública, rubricada por 405 parlamentarios, en la que se insta al Consejo a aprobar un compromiso de alcance comunitario para resolver este problema antes de 2015. La Eurocámara argumenta que el acceso a una vivienda digna es un derecho humano fundamental y que la entrada en un centro de acogida es, con frecuencia, el primer paso para la “resolución adecuada y sostenible del problema de vivienda de las personas sometidas a una exclusión y pobreza extremas”.

El texto pone de relieve el hecho de que todos los inviernos hay personas que mueren congeladas debido a la falta de alojamientos de emergencia y servicios que atiendan sus necesidades. Por este motivo, solicita “encarecidamente” a los Estados miembros que prevean planes invernales de emergencia en el marco de sus estrategias generales para resolver el problema de las personas sin hogar.

Por otra parte, pide a la Comisión que “elabore una definición general europea del fenómeno de las personas sin hogar”, recoja datos estadísticos comparables y ofrezca información cada año sobre las medidas adoptadas y los avances registrados en los países.

En España apenas existen estudios oficiales sobre las personas sin hogar y, según la fuente que se consulte, el número de individuos que vive en la calle puede oscilar entre 20.000 y 30.000. Según Cáritas, esta última cifra se acerca más a la realidad actual española, y resalta: "jóvenes, mujeres e inmigrantes: El nuevo rostro de los ‘sin techo’."

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Las diez razones del fracaso del alquiler de viviendas
La Gaceta de los Negocios - 09 de junio de 2008
 
 
En España sólo se arrendan ocho de cada 100 casas vacías, frente a tasas como el 57% de Alemania o el 47% de Holanda.

El alquiler sigue siendo la asignatura pendiente del mercado de la vivienda en España. En nuestro país el arrendamiento de casas está en un 8%, mientras que en otros países de la Unión Europa este porcentaje se dispara. En Alemania es del 57%, en Holanda está en el 47%, y en Reino Unido se sitúa en el 20%.

El incremento de viviendas que se ha producido en nuestro país en los últimos años no ha registrado un incremento proporcional de los alquileres. Frente a los 21 millones de casas de 2001, el pasado año se cerró con 23,5 millones, de las que 1,9 millones se destinan al alquiler.

Son varias las razones que influyen en esta tendencia. Al tradicional sentido de la propiedad que tienen los españoles, se une una falta de incentivos por parte de la Administración a la hora de fomentar el mercado del alquiler. España es el único país de la UE que no ofrece ningún tipo de desgravación fiscal para los inquilinos (excepto algunas comunidades autónomas) que, por el contrario, sí se aplica a la compra de una vivienda.

Asimismo, la falta de profesionalización del mercado motiva que con frecuencia se arrienden casas que dejan mucho que desear en cuanto a sus condiciones de habitabilidad, y generalmente el precio no se corresponde con la oferta. Según datos del INE, el 18% de las viviendas vacías tiene categoría de mala, deficiente y ruinosa (más de 500.000 viviendas en total).

El acceso a la vivienda no se ha desarrollado en España como un elemento más del Estado del Bienestar, según recoge un estudio de la Fundación Alternativas dirigido por Alejandro Inurrieta, hasta la semana pasada presidente de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA). El informe pone de relieve la falta de transparencia de este mercado y la escasez de estadísticas para mejorar el conocimiento sobre el mismo. No obstante, resalta que su principal problema es la falta de vivienda de alquiler, especialmente en el segmento social y profesional. La mayoría de las casas de arrendamiento en nuestro país pertenecen a propietarios privados.

Mercado público

En nuestro país la apuesta pública por la gestión de alquileres es muy escasa. En los principales países europeos la media de participación de la vivienda social en alquiler (única forma de política social en estas naciones) es del 18%, mientras en España supera ligeramente el 1%. Aquí la provisión de servicios de residencias la realiza fundamentalmente el sector privado, lo que hace más difícil el acceso a los mismos de una parte importante de la población. Las políticas públicas se han dirigido sobre todo a incentivar la compra, con importantes ventajas fiscales y bajos tipos de interés en los últimos años.

La vivienda de alquiler ofrece importantes ventajas, como el impulso a la emancipación de los jóvenes, la integración de los inmigrantes, la movilidad laboral y geográfica, además de la supervivencia de un gran número de hogares monoparentales. Sin embargo, estos mensajes positivos no han calado en la población, que apuesta mayoritariamente por la compra. Para variar esta tendencia, pueden emprenderse importantes medidas, como la creación de un verdadero mercado del alquiler en España, potenciando su vertiente social.

La vivienda pública, especialmente en alquiler, es escasa comparada con los países de nuestro entorno. En Europa, este tipo de vivienda en alquiler es la principal medida de la Administración para solucionar el acceso a una residencia. En nuestro país, las administraciones públicas no han mostrado gran interés en este sector y los intentos por mejorar esta situación no se han mostrado muy fructíferos hasta la fecha. En 2005, se creó la Sociedad Pública de Alquiler con el objetivo de dinamizar este mercado. Sin embargo, sus resultados no han respondido a las expectativas creadas.

De esta forma, se hace necesario un parque de vivienda social en alquiler lo suficientemente amplio como para facilitar el acceso de los colectivos más necesitados, que al igual que ocurre en otros ámbitos como la sanidad o la educación, se podría gestionar mediante una combinación entre los sectores público y privado.

Asimismo, el número de viviendas en alquiler podrá incrementarse de la mano de las sociedades de arrendamiento, que hasta ahora han jugado un papel más discreto. El impulso de las mismas favorecería la necesaria profesionalización de este mercado. Una circunstancia que mejorará la relación entre arrendador y arrendatario, basada con frecuencia en la desconfianza. Éste desea encontrar una residencia en las condiciones adecuadas para vivir, mientras que el propietario de la misma espera que su casa no se deteriore y que no se produzcan impagos.

En el caso de las viviendas sociales, el estudio realizado por Alejandro Inurrieta propone que la gestión y control de los inquilinos se lleve a cabo de forma compartida entre el Estado (Hacienda, catastro, comunidades autónomas y ayuntamientos) y las empresas concertadas que provean empresas de alquiler. El objetivo es conseguir una rotación más eficiente entre los inquilinos.

Fiscalidad

Las actuales desgravaciones fiscales a la compra de la vivienda se han convertido en una importante motivación para optar por la adquisición en lugar de alquilarla. El arrendamiento podría experimentar un impulso similar si se favoreciera con las mismas ventajas.

Por otro lado, un elemento esencial para dinamizar este mercado es el conocimiento del mismo. Se necesitan estadísticas a partir de un índice de precios homogéneo, un registro de la demanda de viviendas y un censo de edificios, hogares y viviendas más frecuentes.



LAS DIEZ RAZONES DEL FRACASO

1. La falta de calidad desincentiva a los inquilinos Ocho de cada diez inmuebles en alquiler son de propiedad privada y una característica común de la mayoría de ellos es la falta de calidad que ofrecen, sobre todo con respecto al precio.

Según el INE, medio millón de viviendas vacías —dos de cada diez— se encuentran en un estado ruinoso y el 52% de éstas —1,6 millones—, se han construido entre 1900 y 1960.

La calidad de las viviendas para arrendar no responde a la demanda real de los usuarios, lo que contribuye a un desajuste entre oferta y demanda que finalmente empuja a la compra.

2. Fiscalidad: Las políticas públicas, dirigidas a la compra Las políticas públicas en materia de vivienda se han dirigido básicamente a la compra, en un mercado de por sí predispuesto a esa opción. La ayuda oficial para la adquisición de un inmueble, que puede alcanzar el 15% de su precio final, y unos tipos de interés al 3% dieron la puntilla definitiva al alquiler.

Sin embargo, la desaceleración económica ha propiciado un nuevo escenario, en el que el arrendamiento no es descartado por los que se quieren emancipar, que también han visto en la renta de 210 euros, una ayuda a considerar.

3. Las nuevas ayudas propician la picaresca jóvenes, de entre 22 y 30 años, que decidan emanciparse ha sido bien recibida, pero también ha propiciado la picaresca en el mercado de alquiler. Los arrendadores proponen sin rubor un reparto de las ayudas y buscan, fundamentalmente, el perfil de menor de 30 años para alquilar su casa. En muchos casos se discrimina, con diferentes excusas a los mayores de esa edad.

Las experiencias pasadas, en la línea de conceder ayudas directas a inquilinos han propiciado un aumento de los precios de los alquileres.

4. El tamaño noencaja con la demanda habitual La oferta de vivienda en alquiler en España tiene poco que ver con la demanda y la tendencia de formación de nuevos hogares, impulsada por la inmigración, la emancipación de jóvenes y los divorcios y las separaciones. El 20% de los contratos de alquiler corresponde a viviendas de renta antigua, de gran tamaño. El 97% tienen más de tres habitaciones.

Apenas un 23% de las viviendas en alquiler tienen entre uno y dos dormitorios, mientras 440.000 tienen más de cuatro dormitorios. Demasiado tamaño para los nuevos demandantes.

5. Una mentalidad predispuesta a la adquisición La unión de factores económicos, fiscales, de rentabilidad y culturales ha contribuido a que en España exista una mentalidad proclive a la compra en lugar de al alquiler. Sin embargo, sigue siendo más barato alquilar —470 euros de media— que comprar: la hipoteca media se sitúa en más de 800 euros.

Para comprar una vivienda de 231.000 euros (38 millones de las antiguas pesetas) es necesario suscribir una hipoteca a 30 años que implica pagos mensuales de 1.000 euros. Al final, el comprador acaba pagando casi el doble de lo que costó.

6. La falta de garantías, la queja más común La consecución de un equilibrio entre los derechos del propietario de la vivienda y el inquilino es uno de los principales frenos al alquiler de viviendas. El primero exige unas condiciones mínimas de habitabilidad, el segundo teme por el deterioro de su propiedad y, sobre todo, por los impagos. La falta de una profesionalización de este mercado en España favorece esta desconfianza mutua entre las partes.

Las diferentes administraciones han mostrado su voluntad de mejorar esta situación con la creación de entidades que actúen como intermediarias.

7. El mercado profesional, la asignatura pendiente Sólo ocho de cada cien inmuebles que se alquilan en España están gestionados por profesionales, un porcentaje que se triplica en Reino Unido y Francia y que alcanza el 51% en Alemania.

En los últimos años se ha avanzado mucho en materia fiscal y legislativa para potenciar este mercado, fundamentalmente en lo referente a fondos de inversión y a sociedades de arrendamiento. Su mayor desarrollo puede propiciar un incremento de la oferta, pero sobre todo contribuirá a que exista un aumento de la calidad y de las garantías del arrendatario.

8. El alquiler social,una opción compleja de gestionar La vivienda social en alquiler apenas alcanza el 1% en España, frente a un porcentaje medio del 18% en Europa. Las competencias de vivienda están en manos de las comunidades desde 1978, que han priorizado las VPO y las VPP en detrimento del alquiler social. El escaso interés de las administraciones públicas por fomentar esta opción se explica por los problemas de gestión que genera, el fiasco de algunas experiencias con agentes sociales, la baja rentabilidad y la ausencia de empresas dedicadas íntegramente o mayoritariamente a este segmento.

9. La falta de movilidad laboral frena esta opción Sólo el 15% de los trabajadores españoles de todas las edades, cuenta con alguna experiencia laboral fuera de su región o país. Mientras, ocho de cada diez parados se niegan a cambiar de residencia para aceptar ofertas de trabajo. Las dificultades para alquilar, consecuencia de la falta de garantías y la escasa calidad de los inmuebles, son la excusa más frecuente para no desplazarse en ambos casos.

Los españoles son los europeos que menos se mueven. La movilidad geográfica en Estados Unidos alcanza el 6%; y en Europa, llega al 1,5%.

10. Opacidad: mucho fraude y falta de estadísticas fiables Más de la mitad de los 1.900.000 alquileres que hay en España escapa del control del fisco, según denuncian los Técnicos de Economía y Hacienda, que cruzan los datos del INE con los de la declaración de la Renta.

Seis comunidades, Madrid, Cataluña, Andalucía, Baleares, Canarias y Comunidad Valenciana, concentran ocho de cada diez alquileres de la economía sumergida. El fraude podría rondar los 1.800 millones de euros anuales. Además, faltan estadísticas fiables que permitan dinamizar el mercado y elaborar políticas adecuadas. El alquiler de vivienda crece un 4,2% en marzo

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Los jóvenes deberían cobrar 137% más para comprarse vivienda
Reuters - 04 de junio de 2008
 
 
Los jóvenes españoles tendrían que ganar un 137,42 por ciento más si quisieran comprarse una vivienda libre dedicando a la hipoteca el 30 por ciento de sus ingresos - considerado el máximo tolerable por los bancos -, según anunció el martes el Observatorio de la Vivienda, en la presentación de su informe trimestral.

"Lo que demuestra este estudio es que buena parte de la ciudadanía joven está excluida del mercado libre (de la vivienda)", afirmó José Luis Arroyo Sánchez, vicepresidente del Consejo de la Juventud de España (CJE), organismo que lleva a cabo el informe.

El sueldo medio necesario para acceder a una vivienda libre sería de 3.270,26 euros mensuales, según explicó Arroyo, frente a los 1.180 euros del sueldo medio real de los jóvenes en España y los 1.747 euros que ingresa de media un hogar joven (parejas jóvenes, principalmente), si se dividiera en 14 pagas.

Según los datos del informe, los jóvenes españoles de entre 18 y 34 años tendrían que destinar actualmente el 72 por ciento de su sueldo a pagar la hipoteca, un porcentaje que sería de casi el 45 por ciento en el caso de los hogares jóvenes.

"Cuanto más lejana sea la distancia entre este porcentaje y el 30 por ciento teórico, más difícil es acceder a una vivienda", explicó Joffre López, sociólogo y autor del informe. "Son los jóvenes con un mayor poder adquisitivo los que acceden".

"Para que se produzca un descenso del coste de acceso tienen que bajar los precios de las viviendas, tienen que aumentar los salarios, y los tipos de interés como mínimo se tienen que estabilizar", añadió.

MENOS DE LA MITAD DE LOS JÓVENES EMANCIPADOS

El 45,3% de los españoles entre 18 y 34 años vive por su cuenta, y el 78,1 por ciento de ellos está integrado dentro de la población activa, aunque sólo el 35,2 por ciento de ellos tiene un contrato indefinido.

"No ha habido una política de emancipación uniforme", denunció Arroyo, lo que deja a los jóvenes con la opción de "soluciones y estrategias individuales", en lugar de "una estrategia seria que facilite el acceso a la vivienda", principalmente de alquiler, que definió como "muy escaso".

En este sentido, el vicepresidente del consejo denunció la falta de políticas efectivas en el sector.

"No hemos tenido políticas serias en materia de vivienda, y consideramos que muchas de las actuales son erróneas",afirmó Arroyo.

"Nosotros entendemos que (hay que centrarse en) la creación de un parque público de vivienda en régimen de alquiler, que sea siempre de titularidad pública", y no pase luego al mercado de la vivienda libre como ocurre en la actualidad.

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Un centenar de víctimas, sin piso y sin dinero
La Voz de Galicia - 08 de junio de 2008
 
 
La historia de una estafa

Andalucía, Madrid, Mallorca y, sobre todo, el sur de la provincia de Pontevedra. Los ayuntamientos del área de Vigo y la propia ciudad fueron el territorio de actuación de los presuntos estafadores, que dejaron tras de sí un reguero de cerca de un centenar de víctimas. La promesa de pisos en Salvaterra cuyo precio rebajaba el del mercado y la posibilidad de obtener beneficios por implicar a más personas, fueron los ganchos perfectos para atraer a un gran número de clientes que no vieron nada extraño en la operación, hasta que al visitar las empresas promotoras descubrieron que sus propiedades no les pertenecían. La popularidad de José Manuel González Grandal, conocido como «Josiño», y su vinculación familiar con el regidor del municipio le sirvieron de carta de presentación perfecta para acercarse a sus víctimas. A ello se unió su conocimiento del sector, en el que había estado trabajando hasta hacía pocos meses.

El uso de identidades y nombres de promotoras reales en los contratos, aunque en muchos casos intercambiados y con erratas, aportaba credibilidad a documentos por los que los vecinos entregaron grandes cantidades de dinero. El acto de la firma se realizaba en las viviendas de los compradores. La relación que establecía era tan estrecha, que Grandal solía compartir comidas con sus víctimas, o los veía en el bajo donde trabajaba su socio. En total se calcula que los dos sospechosos podrían haber conseguido unos 3,5 millones de euros, sumando entradas y cantidades de reserva que variaban según las posibilidades de los clientes con los que trataban.

Auge inmobiliario

A González Grandal le ayudó el bum inmobiliario que en los últimos años experimentó Salvaterra, sede del futuro puerto seco, considerado el mayor polígono industrial de Galicia. Los supuestos estafadores jugaron también con viviendas a pie de playa en O Morrazo, bajos comerciales y plazas de garaje.

A una sola familia llegaron a estafarle 200.000 euros, entregados como pago por varias propiedades. Algunas de las visitas que se hacían para conocer los inmuebles se realizaban de noche, para sortear la presencia de obreros; solían entrar por la parte de atrás de los edificios, ya que debido a su popularidad los vecinos no dudaban en facilitarles el acceso.

Nadie sospechó de que las propiedades que estaba mostrando pertenecían ya a otras personas, o que intentaba colocar a varios compradores una misma vivienda, como después se descubrió cuando cotejaron los contratos.

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VPO, ¿derecho o producto de mercado?
ABC - 08 de junio de 2008
 
 
La denostada por muchos y por mucho tiempo vivienda protegida se ha convertido en el momento actual en una especie de salvaguarda del sector, que solicita de las Administraciones Públicas reinventar nuevos modelos con objeto de mitigar las pérdidas del mismo -saturado hace años-, y que ha actuado bajo los efectos anestesiantes de una desaforada producción de viviendas. A nadie se le engaña si se afirma que esto era previsible, y no se oía queja alguna, o se oía como un eco lejano. A pesar de todo, se seguía construyendo a niveles excesivos, respecto a lo que el país necesitaba. Hoy nos hallamos en una crisis, que ha puesto patas arriba un decisivo sector productivo. Una crisis que divide cómo afrontarla: para unos, no está bien socializar pérdidas, cuando no se hace lo mismo con las ganancias, y para otros, hay que actuar bajo el bisturí de la política del «Papá Estado» en una economía de libre mercado.

El auxilio parece haberse producido por parte de las Administraciones, que han tomando diferentes medidas, polarizadas, en gran parte, en torno a la vivienda protegida: aumento del precio básico nacional -758 euros por metro cuadrado de superficie útil-, nuevas tipologías de viviendas -para dar salida al supuesto stock de viviendas libres-, facilidades para vender viviendas protegidas, aumento de las subvenciones para la VPO en alquiler -la última revisión del Plan 2005-2008 establece ayudas de 12.000 euros (6.000 euros nuevos que se suman a los 6.000 ya previstos por el plan) al promotor por cada vivienda que destine al alquiler, sin que en ningún lugar se explicite la cantidad total destinada para cubrir estas ayudas, abriéndose así una vía permanente de subvención pública al sector inmobiliario-.

Algunas de estas decisiones quizás resulten eficaces, si no se asumiera el riesgo de desvirtuar el concepto de vivienda protegida: vivienda financiada con dinero público, a precio asequible. La realidad nos demuestra, por el contrario, que mientras que el precio de la vivienda libre decrece, el de la protegida sube. Un ejemplo: una Vivienda de Protección Pública de Precio Básico (VPPB) de 70 metros cuadrados, con garaje de 25 metros cuadrados y trastero de 8 metros cuadrados en una localidad de la denominada zona A (como Madrid, Las Rozas o Alcobendas), sufrirá un incremento de un 31,64%. Esto es, si su precio hasta ahora era de 132.371 euros, en la actualidad ha pasado a 174.255. Es decir, casi 42.000 euros de diferencia. Conviene señalar que al denominado precio básico nacional se le aplica una serie de coeficientes dependiendo de la zona en que se encuentre el municipio. Razón por la que la decisión del Gobierno central sobre el aumento del precio básico, produce un efecto revulsivo en la subida del precio que establecen las CC.AA.

Parece evidente, que es necesario reflexionar en torno a si efectivamente las AA.PP., asustadas por el efecto mediático del sector, están haciendo una verdadera política pública de vivienda, o, por el contrario, son meros instrumentos en manos del sector ¿Haría falta, por tanto, una L´onorevole Angelina?

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Tengo 40 años y busco piso para compartir
El Mundo (Su Vivienda) - 25 de mayo de 2008
 
 
Ya no es una costumbre exclusiva de estudiantes. Pagar un alquiler en solitario se ha convertido en un lujo imposible para muchos españoles que están en la cuarentena. Se ven obligados a compartir los gastos entre dos o tres inquilinos, aunque hay casos como el de José Antonio, que convive, junto a su hijo, con cuatro inmigrantes. "Es vergonzante. Tienes la impresión de que no estás al nivel que la sociedad espera de ti", denuncia un afectado.

"Tengo 40 años y busco piso compartido para mí y para mi nene de 4 años. Por una larga temporada y con la posibilidad de empadronarnos para meter al crío en un cole cercano. Preferiblemente, con gente no fumadora". El alicantino José Antonio Peces colgó este anuncio en el portal inmobiliario idealista.com hace seis meses. "En Alicante no tenía ni estabilidad laboral ni apoyo familiar. Me salió un trabajo de técnico informático en Madrid y no me lo pensé", recuerda.

Divorciado desde hace un año, ganó la custodia de su hijo pese a haber sido acusado de malos tratos psicológicos por su ex mujer. Hoy, él y su pequeño comparten un piso de 45 metros cuadrados con una pareja de cameruneses treintañeros y un matrimonio de bolivianos que, además, son los propietarios de esta vivienda, situada en el barrio madrileño de Ciudad Lineal. En total, seis personas conviviendo bajo el mismo –y reducido– techo. Una familia numerosa de conveniencia que hace malabarismos para no tropezarse en la cocina y aguarda cola frente a un cuarto de baño de un metro cuadrado. Es lo que hay.

Tras cruzar el "salón" (un minúsculo recibidor equipado con un raído sofá, una pequeña mesa camilla y una silla de plástico) y mostrarnos una nota pegada en el frigorífico donde figuran los turnos de limpieza, José Antonio nos recibe en su cuarto alquilado, por el que abona 32o euros mensuales. Es su único reducto de intimidad; aquí duerme, come y ve la tele junto al crío.

Definitivamente, éste no parece el escenario amplio y colorista de la serie Friends: la cama de matrimonio y un armario "de la época de Jesucristo Superstar" apenas dejan un hueco libre. "Tengo que ser campeón del mundo de tetrix para aprovechar el espacio", bromea mientras el pequeño Darío devora una pizza. Amable y extravertido, cuenta que ha trabajado en diversos empleos más o menos estables desde que colgó sus estudios en BUP: monitor de patinaje, pinchadiscos, técnico de iluminación y sonido, animador infantil, monologuista y, últimamente, informático. A su edad, se supone que debería estar económicamente establecido. Un tópico a revisar, porque con los tiempos que corren la realidad es bien distinta.

Como les ocurre a muchos separados en la era del boom inmobiliario, el desorbitado precio de la vivienda, un sueldo insuficiente (en su caso, ı.200 e al mes, a los que hay que restar 760 e de gastos mensuales) y, sobre todo, los costes añadidos que conlleva una separación matrimonial, le han conducido a una precariedad transitoria que amenaza con cronificarse. Nunca se imaginó ocupando una casa ajena ni comiendo a base de latas y bocadillos. "A mí me da igual, pero lo llevo mal por el nene. Me gustaría darle mejor calidad de vida". Lamentablemente, no confía en que su situación mejore a corto o medio plazo: "Para poder comprar en Madrid un piso en solitario tienes que ser sobrino de Bill Gates. Ni siquiera se puede alquilar uno decente, y me refiero a un quinto sin ascensor con una sola habitación, por menos de 800 Euros".

El suyo no es un caso aislado. La opción de compartir piso se ha convertido para un colectivo creciente de personas en la única posibilidad de independizarse. Entre los factores que explicarían el repunte de esta modalidad están el elevado precio de la vivienda, las subidas del alquiler muy por encima del IPC, el aumento del número de divorcios (ı26.952 en 2006, según el INE) y la inmigración. "La demanda del piso compartido ha subido de un 20% a un 30% en la última década", estima la Asamblea de Comprarcasa, la red inmobiliaria de los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) en Barcelona. Según una encuesta de Arrenta, una asociación privada de fomento del alquiler, los colectivos que tienen más problemas para arrendar son los inmigrantes (65%), los jóvenes (43%), las familias monoparentales (37%), las parejas jóvenes (24%) y los trabajadores desplazados (5%). Son también los que se ven más obligados a vivir en comandita.

Y es que, como refleja un informe de idealista.com, compartir piso ha dejado de ser cosa de estudiantes. En 2006, esta web inauguró una sección específica de pisos compartidos y, desde entonces, se han anunciado más de ı3.000 habitaciones en arrendamiento y registrado 2,2 millones de búsquedas. "Hay personas que, con primer o segundo trabajo, siguen compartiendo piso como medio de vida", explica el director, Jesús Encinar, que traza un retrato robot del alquiler compartido en nuestro país: "El usuario tipo tiene una edad media de 27-28 años (menos del 30% tiene menos de 26 años), suele compartirlo con otras dos personas, elige pisos en el centro de las capitales, paga aproximadamente 360 e por habitación y prefiere la cohabitación mixta, seguido de chicas solas y chicos solos. Como anécdota, se elige compartir con no fumadores y sin mascota".

Precariedad crónica. Pero basta con echar un vistazo a los anuncios de los diversos portales especializados (idealista.com, segundamano.com, compartir-piso.com, easypiso.com, loquo.com) para constatar que el mencionado retrato robot se queda corto: entre los excluidos del mercado inmobiliario hay un número significativo de individuos que sobrepasan con creces la treintena. Inmigrantes, solteros, divorciados y, por lo general, mileuristas, son carne de cañón. "Hemos detectado un segmento de población por debajo de los 45 años, con nóminas inferiores a ı.500 e, incluso ı.000 e, que no puede afrontar pagos de hipoteca ni alquilar en solitario", explica Myriam Fernández Nevado, especializada en sociología económica. "Asimismo, asistimos a la consolidación de una nueva pobreza sumergida: la nueva familia monoparental con escasos recursos económicos y asistenciales".

El Ministerio de la Vivienda no dispone de datos sobre este colectivo en la sombra. Por el contrario, los usuarios de piso compartido que rondan la cuarentena empiezan a ser objeto de estudio de los portales inmobiliarios. "De las ı2.000 personas que se registraron en nuestra web, un ı5% aproximadamente tenía 40 o más años", asegura el portavoz de easypiso.com. A las razones ya expuestas, añade otra más: "Cada vez hay más personas solas, los llamados singles: solteros, divorciados, separados que optan por la modalidad del piso compartido para ahorrar gastos y, de paso, conocer gente nueva". Según el INE, en España hay cuatro millones de españoles que viven solos y sin hijos.

Claro que una cosa es compartir por gusto y otra por necesidad. Muchos afectados lo viven como un fracaso personal. "Es una situación un tanto vergonzante. Tienes la impresión de no estar al nivel que la sociedad exige de ti", certifica Diego (nombre ficticio), músico profesional de 4ı años. Como tantas personas contactadas para este reportaje (entre ellas, cinco amigos divorciados que comparten piso en San Sebastián) ofrece su testimonio pero rechaza ser fotografiado. El artista llevaba tres años viviendo en A Coruña con su chica; cuando la relación se rompió regresó a Madrid para buscarse la vida. Dice que compartió piso hasta los 28 años, pero que volver a hacerlo por necesidad está afectando a su autoestima: "Me gustaría vivir solo, a ser posible en el centro, pero todo está carísimo, un escándalo. En el banco me piden aval bancario, y para mí esto es ciencia ficción: nunca sé lo que voy a cobrar a fin de mes". No le asusta compartir "siempre que haya el mínimo respeto", pero, "¿y si me encuentro con un marciano?". Lo malo es que empieza a sentirse discriminado por su edad. Una especie de edadismo inmobiliario que sufre desde varios frentes: "No recibo ninguna ayuda para el alquiler por parte del Gobierno; los propietarios prefieren inquilinos menores de 30 años porque así evitan pagar impuestos, y muchos potenciales compañeros te ven demasiado mayor. Tengo un rollo yayo que no veas". Paradójicamente, el marciano es él.

Que una persona de 40 o más años se vea obligada a compartir piso es percibido por la sociedad "como un síntoma de que las cosas no van bien, pues se trata de la población económicamente más activa", explica la socióloga Myriam Fernández Nevado. "En esta franja de edad se consolida supuestamente la economía personal, se intentan llevar a la práctica los proyectos personales y se proyectan las necesidades futuras. En nuestra sociedad, la vivienda en propiedad es sinónimo de seguro de vida, por lo que compartir un espacio personal e íntimo, con las limitaciones físicas y las implicaciones emocionales que conlleva, aún no se contempla como algo que reporte beneficios".

Sueldo insuficiente. En este sentido, parece incompatible vivir en comandita con formar un hogar. Que se lo digan a María García, zaragozana de "treintaymuchos", mileurista y con un "máster en convivencia" tras haber compartido piso la mitad de su vida en distintas ciudades de España, con más de 30 personas. "Nunca me planteé si a los 40 seguiría compartiendo piso, ni si iba a estar casada o con hijos... No me gusta hacer planes a largo plazo; si se ha dado así es pura casualidad", explica. Licenciada en Información y Turismo –ha trabajado como recepcionista de hotel– y en Arte Dramático –"de los castings no se come"– actualmente trabaja como azafata de tierra en Air France. Sufre horarios desquiciantes y un "sueldo de mierda" (ı.000 euros mensuales) que al menos le da para pagar los 355 de alquiler. Sus últimos compañeros son Carmen (licenciada en Historia y actriz) y Luca (informático italiano), de 29 y 27 años, respectivamente, con quienes comparte piso de 70 m2 en la calle Toledo de Madrid. En la pared del salón, junto a un póster de Pulp Fiction, han pegado una fotocopia de una cajetilla de Fortuna con un inquietante aviso: "Alquilar un piso puede producir pobreza crónica". "Si alquilara un piso para mí sola, me fundiría todo el sueldo", se desespera María. Asegura que se ha acostumbrado a este tipo de vida, "pero preferiría ganar mucho más y tener un apartamento para mí sola, con pareja o sin pareja".

¿Ventajas de compartir piso? "Compartes gastos, tienes compañía y, si congenias con la gente, acabas creando tu pequeña familia". ¿Desventajas? "La falta de intimidad. A veces salgo machacada del trabajo, con ganas de tirarme en el sofá y ver una peli mientras ceno... y me encuentro a varios amigos de Luca viendo un partido, fumando y tomando cervezas". Para María, compartir con gente más joven no es ningún inconveniente; "no es una cuestión de edad, sino de mentalidad y estilo de vida", puntualiza.

Su compañera Carmen Sánchez, natural de Trujillo (Cáceres) es también su amiga. A falta de un empleo acorde con su formación, esta historiadora extremeña compagina su trabajo de locutora en el programa Dancepertador (de la cadena Evolution FM) con el rodaje de Alquilados, una serie piloto que está colgada en You Tube. "Cuenta la historia de dos chicos que comparten piso con un casero insoportable que les extorsiona", explica esta actriz vocacional. Su currículo de alquilada también proporciona jugosos guiones: "Yo vivía antes en un ático precioso, con el contrato de alquiler a mi nombre. Mis amigas se independizaron y entró a vivir el ex novio de mi hermana, que al poco tiempo se trajo a su nueva chica. Quise largarme para rescindir el contrato, pero se atrincheraron. Aquí, la extorsionada era la casera".

No obstante, inquilino y casero no tienen por qué llevarse a matar. Incluso viviendo juntos. El inglés Paul Howard, un consultor financiero destinado en España, de 46 años, casado y con dos hijos de 20 y ı8 años, no tiene ninguna queja de Luis Felipe García, estudiante de Arquitectura de 27 y soltero. Paul paga 550 e por un piso con dos habitaciones en el barrio de Tetuán (Madrid), propiedad de la abuela de Luis, quien, a cambio de emanciparse, corre con los gastos de luz, gas y comunidad. "Hemos congeniado muy bien. Ambos somos respetuosos y ordenados, tenemos pasión por el fútbol. Soy del Newscastle y entreno allí un equipo amateur, pero mi segundo equipo es el Real Madrid. Y además compartimos una gran afición por el póquer. ¡Apostamos un euro por partida todas las noches!", afirma este ejecutivo de la empresa DeVere and Partners, que rechazó vivir en un hotel porque era más caro e impersonal. "Él me enseña conocimientos de Bolsa, cómo gestionar el dinero, mientras yo le introduzco en la cultura española. En Navidades le enseñé a hacer una tortilla de patatas. Y también le ayudo a traducir artículos relacionados con su trabajo", interviene Luis Felipe, que ha decorado el piso con sus propios cuadros. Para el expatriado inglés, compartir a los 46 no es ningún demérito, sino una experiencia provechosa de la que sentirse orgulloso. "Es mi elección", dice mientras coloca el tapete verde.

Por el contrario, a la dominicana Clara Alcántara no le ha quedado otra opción que dividir el salón de su vivienda por la mitad. "¡Bienvenido a la república independiente de mi casa!", bromea con el eslogan de Ikea para explicar su libre albedrío a la hora de ganar espacio. Tiene 40 años, cuatro hijos y dos empleos en hostelería que no le alcanzan para pagar el alquiler de un piso de 80 metros en Quintana (Madrid). La solución pasó por realquilárselo a dos chicos de 22 y 30 años, que tienen habitación con derecho a comedor y cocina. Una práctica al margen de la ley, pues el verdadero dueño ni siquiera está al tanto del subarriendo. "Sí, estamos apretados, y los niños se quejan porque los inquilinos han invadido su espacio". Es lo que hay.

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El Ministerio de Vivienda presentó a finales de abril sus líneas generales para la próxima legislatura, en la que destaca una apuesta clara por la Vivienda de Protección Oficial y el alquiler. Así, la Renta Básica de Emancipación (RBE), una ayuda al alquiler en principio destinada a jóvenes de 22 a 30 años con ingresos inferiores a 22.000 euros, podría extenderse a otros colectivos que la necesitasen, como los "singles" o independientes (solteros, separados y divorciados).

"La vivienda para una persona sola es la más buscada", comenta Carlos García, presidente de Civilia, una fundación de derechos civiles que gestiona alquileres, media en conflictos entre caseros e inquilinos y asesora sobre vivienda en 25 ciudades españolas.

Algunas promotoras vislumbraron hace años este apetecible hueco de mercado. Maxin, radicada en Fuenterrabía, a 7 km de San Sebastián, acaba de construir viviendas orientadas a solteros y divorciados de entre 35 y 45 años. Son bloques de 415 m2 divididos en 10 habitaciones de 35 m2 útiles, con terraza independiente y cocina compartida.

Cada piso sale por 500 €. "Ya hay 200 personas en lista de espera", asegura el director de Maxin, Mikel Picabea.

Entre los futuros inquilinos, tres hermanos de 36, 38 y 41 años que aún viven en casa de sus padres. "La madre está encantada de que puedan independizarse de una vez".

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Cambio casa por otra más barata
El País - 30 de mayo de 2008
 
 
La permuta y los alquileres a cambio de lo que sea afloran en el estancado mercado inmobiliario

Los atrapados en el mercado inmobiliario buscan salidas para salir de un túnel construido ladrillo a ladrillo por el boom de los últimos años. El Euríbor sigue escalando posiciones y la morosidad, aunque suave, sigue creciendo. La venta de viviendas está estancada porque, entre otros motivos, cajas y bancos cada vez rechazan más solicitudes de hipotecas.

Este panorama ha hecho emerger el trueque de viviendas, una fórmula habitual en otras ciudades como Londres, pero poco conocida en España. Aunque, en honor a la verdad, Internet está lleno de anuncios de particulares que cambian su vivienda por otra, normalmente más pequeña. En Mundoauncio.com existe un apartado específico de "intercambio de pisos", con 4.819 propuestas en España.

No es una mera permuta. Se trata de hacerse a toda costa con liquidez y deshacerse de una hipoteca que pesa cada vez más. O reducirla a la mitad y que la subida de tipos sea más llevadera. "No se trata del interés en el intercambio en sí mismo, sino en la necesidad de efectivo que tienen las familias españolas", dice Patricia, que lleva dos meses intentando cambiar su piso de 125 metros en Arganzuela, con tres dormitorios, dos baños y piscina comunitaria, valorado en 450.000 euros, por uno más pequeño en la zona Centro como parte del pago.

"La gente llama pensando que se trata sólo del cambio de un pisazo por otro más pequeño y barato, pero no entienden que la diferencia entre las dos tasaciones hay que pagarla", señala Patricia, que por motivos personales necesita disponer de un dinero que el banco le niega. Califica su situación de dramática por no poder vender el piso.

Y es que "la permuta es una opción para no caer en las redes de especuladores y usureros o en los créditos personales de bancos y cajas", dice un interesado en cambiar su vivienda por otra más pequeña.

220.000 euros en metálico

Por la casa de Carlos se han interesado muchos, pero sus potenciales compradores tampoco encuentran novia para sus viviendas, por lo que la operación no se acaba de cerrar. "Por eso se me ha ocurrido esta alternativa. Al aceptar como parte del pago otra vivienda (de la mitad de valor) mi deuda sería lamitad a todos los efectos", dice Carlos, que permuta un chalé en Griñón de 225 metros y 700 metros de terreno, con piscina, por un piso en Madrid. La tasación oficial del chalé es de 540.000 euros y exige que el valormáximo del piso sea de 220.000 euros. Carlos se queda con 320.000 euros en metálico. "Si hay diferencias en la tasación es más fácil ajustarse a la hora del pago, al estar una parte cancelada", prosigue. No es el único.

En Mundoauncio.com se pueden encontrar todo tipo de ofertas: "Cambio un piso nuevo de 115 metros cuadrados, tres dormitorios y dos baños en el Ensanche de Vallecas por otros dos pisos más pequeños"; "cambio ático en Conde de Casal por apartamento de uno o dos dormitorios, con ascensor"; "cambio piso de 150 metros y cuatro habitaciones en Pinto por piso céntrico en Madrid"; "permuto chalé en la carretera de Burgos por una vivienda en Villanueva de la Cañada", etcétera. La lista es infinita.

El caso de Mercedes y Manuel es distinto.Han optado por la permuta, aunque no tengan problemas económicos. Sobre su chalé, con una parcela de 600 metros cuadrados que compraron hace cinco años en Torrejón del Rey (Guadalajara) y que venden por 390.657 euros, no pesa hipoteca alguna. Manuel y Mercedes, que ahora viven en este pueblo cercano al límite provincial de Madrid, tienen que volver al asfalto.

Por el amor de los hijos

Dos de sus hijos, de 27 y 21 años, viven de alquiler en San Sebastián de los Reyes, donde tienen su trabajo. "Queremos volver allí para sacar a mis hijos del alquiler y que vivan con nosotros en el piso que compremos. Y, además, nosotros también trabajamos en San Sebastián de los Reyes, con lo que nos quitamos de coger el coche", dice Manuel. Llevan seis meses tratando de vender su chalé y tres meses con un anuncio de permuta. "Nos ha llamado mucha gente, pero el que llama quiere cambiarlo con los ojos cerrados, nuestro chalé por una cuarta planta sin ascensor". Los promotores no son ajenos al tsunami inmobiliario, sobre todo los más pequeños.

A Juan le ha pillado el toro con dos promociones de cinco viviendas cada una, en Toledo y en Puente de Vallecas (Madrid), sin acabar. "En un caso falta por terminar el 5% de la promoción y en la de Madrid, el 25%".Necesita 200.000 euros para finalizar y poder venderlas (sacaría más de un millón de euros sólo con la de Madrid). Los bancos le cierran las puertas y lleva más de 90 días sin pagar la deuda. Este español de nacimiento y argentino de adopción, que no quiere dar su nombre porque sigue negociando con los bancos y confía en que cederán a su petición para ampliar el crédito, ha optado por la permuta, fórmula común en Latinoamérica.

Juan busca un constructor o inversor con liquidez que quiera quedarse con su promoción y acabarla. A cambio recibiría tres pisos acabados, libres de cargas. Perdería en torno a un 40%, "pero no hay otra salida", reconoce. "Si las viviendas estuvieran acabadas podría sacarlas a subasta y perdería menos, entre un 20% y un 30%".

La vivienda genera otro tipo de situaciones desesperadas. Rocío es una de las personas que han decidido regalar su casa por no poder hacer frente a la hipoteca, que asciende a 153.000 euros. Su casa costó 168.000 euros hace dos años. "Pierdo dinero, pero ya me da igual".

Alquiler gratis a cambio de servicio doméstico

En el capítulo de alquileres la necesidad ha aguzado el ingenio. En algunos casos, se trata de situaciones límite. La precariedad del mercado de la vivienda lleva a algunos a aceptar propuestas insólitas. Ofrecer habitación gratis a cambio de sexo es una práctica que se extiende en la Red. Uno de los anunciantes contesta a una petición de información: ?Es un piso de tres habitaciones, dos baños, unos 90 metros. Está en el centro de Madrid, en la zona de Ópera. Tendrías derecho a una habitación para ti sola y a usar el resto de la casa. Sería sólo a cambio de sexo, lo de la periodicidad supongo que es algo que tenemos que acordar, yo te diría que todos los días, pero entiendo que no debería ser así, si quieres lo vamos hablando. Lo hago por darle algo de morbo a mi vida?. En Internet se cuelgan anuncios de pisos gratis a cambio de ayuda en el trabajo, cuidar animales de compañía, clases particulares diarias?

Ordenada, limpia y responsable. Así es Soledad, una de las muchas demandantes que remueven por la Red en busca de techo gratis a cambio de realizar tareas domésticas. Los anuncios que demandan y ofertan este tipo de intercambio se han multiplicado. A Soledad no le ha ido mal. ?Me fue muy bien después de colgar el anuncio. Estoy en un piso muy bonito con una pareja joven. Limpio una vez a la semana y cuando su niña se queda sola me quedo a cuidarla. A cambio tengo techo e Internet. Pero la comida me la tengo que pagar yo?, explica Soledad. No es la primera vez que esta joven boliviana tiene experiencias similares. Desde que llegó a España hace dos años siempre se las ha arreglado para tener una habitación de balde.

Sofía es el caso contrario. Publica en la página deHabitamos.com su anuncio: ?Busco compañera para compartir piso a cambio de ayuda en mi trabajo. Anuncio serio, sólo chicas?.Un anónimo alquila habitación a cambio de cuidar a sus padres, de 82 años. ?Atención mínima dos horas al día?. Especifica que ?los gastos de comida, gel, champú y polvos de lavadora? no están incluidos. En la misma localidad se alquila una habitación a cambio de coger avisos en una agencia inmobiliaria de lunes a sábado, tres horas diarias. Mae es norteamericana, 27 años, profesora de inglés, con siete años de experiencia. Busca alquilar una habitación a cambio de clases. En Gijón, Javier, de 53 años, instala luz y gas ciudad a cambio de habitación con derecho a cocina. En Málaga se ofrece habitación a una mujer española sin cargas a cambio del cuidado de sus dos hijos, de siete y cinco años.

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Tu casa está en un bombo
El País - 29 de mayo de 2008
 
 
La oferta de pisos sociales no cubre una demanda que se dispara - Los sorteos crean situaciones injustas - Algunas ciudades empiezan ahora a innovar

La demanda de vivienda protegida se ha disparado tras el boom inmobiliario y la oferta ni sueña con aproximarse a ella a corto plazo. Queda el sorteo, los nervios, la patética escena de miles de personas esperando la caída de una bola para averiguar su futuro. Tu mala suerte será mi suerte. Un sistema injusto y arbitrario, para muchos, que deja el derecho constitucional a una vivienda digna dentro de un simple bombo. ¿Es defendible un método que no tiene en cuenta tu destino posterior, tu futuro ascenso, mientras la pensionista que competía contigo no tendrá jamás opciones de prosperar?

Lorena Martínez, realizadora de televisión de 24 años, lleva más de tres años acudiendo a todos los sorteos de vivienda protegida de Barcelona. Nunca le ha tocado. Hace apenas diez meses le urgía porque debía abandonar el piso del Eixample donde vivía con su madre. "Nos lo subían de 675 a 900 euros, yo cobraba 1.100 limpios y mi madre estaba en el paro. Y no encontrábamos nada decente por menos de ese precio", explica. Logró que le subieran el sueldo, y ahora percibe 22.800 euros anuales. "Me paso por poco para recibir las ayudas a la emancipación, y me irían muy bien", se queja.

El bombo nunca ha sacado su número. Un sistema que muchos expertos consideran injusto y que algunas ciudades ya han decidido cambiar. Sólo las diez principales ciudades españolas, donde la demanda es más acuciante, suman más de 240.000 personas en los registros de solicitantes, 30.000 más que hace un año, según los cálculos realizados por EL PAÍS a partir de las informaciones suministradas por los ayuntamientos.

Y la demanda generada por el boom inmobiliario, que colocó los precios a niveles prohibitivos, no se absorberá a medio plazo, a juzgar por los planes de los ayuntamientos. En general, estos programas fijan un plazo hasta 2012 -salvo Valencia, donde es a diez años-, y suponen la puesta en marcha de 119.771 Viviendas de Protección Pública (VPP). Es decir, los pisos previstos no llegan a cubrir la mitad de las solicitudes. A ello se añade que en casi todos los casos, el ciudadano no puede acudir a otra localidad vecina porque la mayoría de las ciudades de las áreas metropolitanas se blindan exigiendo, al menos, más de cinco años de empadronamiento.

La ciudad con mayor demanda de vivienda pública es Barcelona. La secretaría de Vivienda de la Generalitat calcula que alrededor de 65.000 personas requieren vivienda social. En el último sorteo multitudinario se presentaron casi 55.000 solicitantes para 1.500 pisos. Se cubrió el 2,8% de la demanda. En Sevilla, recientemente se realizó un concurso al que acudieron unas 90.000 personas, mientras que Málaga, Madrid y Valencia tienen más de 20.000 ciudadanos esperando. Aun así, ninguna ciudad se ha librado de sorteos multitudinarios.

Las tres últimas ciudades, no obstante, lo tienen más fácil para construir vivienda pública. Su modelo para construir vivienda protegida se basa en las reservas de suelo de los nuevos desarrollos. A Barcelona o Bilbao apenas les queda ya suelo para crecer, por lo que deben enfocar sus políticas a edificar en alquiler o aprovechar las remodelaciones de barrios.

Sin embargo, los registros no recogen necesariamente a todo aquel que requiere una VPP. "No siempre son indicativos. Depende de que se haya hecho publicidad de su existencia. En caso contrario, quedan fuera del sorteo quienes menos posibilidades tienen de acceder a esta información o bien de saber cómo reunir toda la documentación necesaria. Y ésta suele ser la gente más humilde", asegura el economista y ex secretario catalán de Vivienda, Ricard Fernández.

La forma tradicional y mayoritaria para adjudicar una VPP en España es a través de sorteo, que mete en el mismo bombo a quien más lo necesita y a quien, en cambio, podría obtener recursos ajenos (financiación familiar, por ejemplo) para pagar su casa. David Hernández es un directivo de un gran banco internacional que prefiere no identificarse por su nombre, porque entiende que su "situación" es "bastante absurda" y le da "cierta vergüenza pregonarlo". Con un sueldo que hoy es "muy generoso", desde hace unos 15 años reside en una vivienda de protección de Vallecas. "Era joven, terminaba de estudiar, me presenté y me tocó. Entonces no ingresaba lo que ahora", explica.

El catedrático de Política Económica de la Universidad de Barcelona Antón Costas abrió el debate sobre la eficacia de los sorteos y la vivienda de protección de compra tras un estudio de las necesidades de vivienda en la ciudad. Costas puso entonces un ejemplo: "Imaginemos que tenemos un joven A y otro B. Le toca por sorteo una vivienda de propiedad al A, y al cabo de cinco años es directivo, mientras que el B se halla en la misma situación. Mal lo habremos hecho en términos de equidad". Por ello, Costas apuesta por crear un parque de VPP en alquiler, en el que resida quien lo necesite si cumple las condiciones fijadas.

En el conjunto de España, en general, la VPP cuesta alrededor del 50% de lo que vale en el mercado libre. En las grandes ciudades, como Madrid o Barcelona, lo rebasa. Aun así, una diferencia nada desdeñable. "Todo el mundo se apunta a la lotería. Pero es profundamente injusto conceder un derecho constitucional por sorteo. Sobre todo cuando los únicos medios para contrastar cuál es la necesidad es la declaración de la renta", sostiene el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra, José García-Montalvo.

Algunos ayuntamientos ya han empezado a cambiar su sistema de adjudicación para ajustarse más a las necesidades de la población. El concejal de Vivienda de Palma de Mallorca, José Manuel Gómez, explica que el consistorio ha realizado un primer filtro con sus demandantes. "Separamos a la gente mayor, los jóvenes, la que tiene necesidades específicas, los que trabajan en la ciudad... Luego realizamos un sorteo por cajones, es decir, por colectivos", asegura. También Barcelona, que recurría a los sorteos masivos, elabora un registro similar, en el que quede clara la situación personal de cada demandante.

Sin embargo, el economista y gerente de la Universidad de Alcalá de Henares, Julio Rodríguez, defiende los sorteos para poder "racionar" la vivienda. "Hay un sistema por puntos, en el que se valoran las circunstancias de cada solicitud. Pero prefiero el sorteo a dejar la decisión en oscuras manos de funcionarios. Es muy arbitrario, pero es una forma de gestionar el exceso de demanda que hay en España", asegura Rodríguez. Aun así, el economista puntualiza que las administraciones deberían tener un registro para controlar si cambia la situación de cada adjudicatario.

Ricard Fernández, que antes de ser secretario de Vivienda de la Generalitat estuvo en el Ayuntamiento de Barcelona, sostiene que la experiencia le demuestra que "lo más social acaba siendo antisocial". Fernández afirma que si se priorizan las rentas a menudo se acaba por llegar a excluir a parejas trabajadoras y favorecer, por ejemplo, a estudiantes que todavía tienen mucho recorrido económico y social. "El chaval de 25 años que es mecánico igual cobra más que el que tiene la misma edad y está estudiando. Y acabas por penalizar al mecánico porque está casado y percibe más. Pero es que quienes no estudian se casan y forman familia antes, en la mayoría de ocasiones", dice.

Las grandes ciudades coinciden, no obstante, en que la política de vivienda no debería ser sólo municipal, sino metropolitana. El gerente de la Empresa Municipal de Vivienda de Sevilla, Juan Carlos León, explica que la ciudad exige dos años de empadronamiento o bien tres de trabajo para acceder a una vivienda pública. El criterio es semejante en Barcelona: dos años para el alquiler y cinco para la compra. El delegado de Vivienda de la capital catalana, Antoni Sorolla, también opina que "la vivienda debe entenderse en el ámbito metropolitano, como ya se hace con el transporte o la gestión de residuos, por ejemplo".

La exigencia de los años de empadronamiento que imponen varios ayuntamientos explica también que los registros municipales de solicitantes no sean todavía más abultados. "Hay localidades que piden 10 años de residencia, lo cual deja sin acceso a inmigrantes", recuerda Fernández. Pero en plena crisis crediticia no es un problema inminente, puesto que muchos saltan de la lista. El concejal de Palma de Mallorca, por ejemplo, explica que en una de las últimas promociones de VPP entregadas la mitad de los adjudicatarios renunciaron. El banco no les financió la compra. Y los expertos consultados temen que ello cree la ilusión pasajera de que la demanda está disminuyendo con la corrección del mercado.

Demasiada ilusión en un contexto de necesidad creciente ante la crisis que ya ha estallado.

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Juez francés aplica la ley que da derecho a exigir vivienda
El País - 22 de mayo de 2008
 
 
La justicia francesa ha reconocido por primera vez el "derecho exigible a tener vivienda", una figura creada por el Gobierno de Dominique de Villepin que consiguió aprobar en el Parlamento el 5 de marzo de 2007. En respuesta a la crisis surgida aquel invierno por la situación de miles de personas sin techo, el Ejecutivo introdujo este derecho en la legislación, aunque hasta ahora seguía en el limbo de lo teórico, a pesar de que centenares de personas lo han invocado para intentar conseguir una vivienda pública.

Namizata Fofana, una mujer de 26 años que vive en un centro de acogida de París con sus dos hijos, de tres y ocho años, y que tiene unos ingresos de 1.074 euros al mes, tiene solicitada una vivienda social desde marzo de 2005. La Administración calificó su petición de "prioritaria" pero no "urgente".

Fofana, que el próximo 9 de junio debe abandonar el centro de acogida en el que vive tras finalizar el curso de formación profesional que realiza, presentó una demanda basándose en el derecho exigible a tener vivienda.

El juez le ha dado la razón considerando que su caso es "urgente" y ha ordenado una revisión de su caso en el plazo de un mes. Si la comisión que concede las viviendas corrobora su opinión, la Administración deberá encontrarle una vivienda antes del 1 de diciembre próximo, fecha a partir de la cual Fofana podrá exigir una indemnización al Estado. "Temblaba cuando vi la noticia por televisión", explicaba ayer.

Trabas a la medida

Jean-Baptiste Eyraud, presidente de la asociación Derecho a la Vivienda, considera que la decisión judicial es una auténtica sorpresa. La Administración, asegura, "hace todo lo que puede para retrasar las demandas y poner todo tipo de trabas porque no hay dinero ni medios para cumplir la ley (...) pero si Fofana consigue una vivienda se habrá abierto el camino".

En opinión de Eyraud, la decisión del juez forzará al Estado a proporcionar los medios para que se aplique la ley y se construyan más viviendas sociales. La asociación que preside considera que el Estado debe también recurrir al parque de vivienda privada en alquiler. En Francia, denuncia, hay 2,8 millones de viviendas vacías. La ministra de Vivienda, Christine Boutin, considera que crea jurisprudencia y demuestra la eficacia de la ley.

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Economía y laboral
 
MARTINSA-FADESA: LA MAYOR SUSPENSIÓN DE PAGOS DE LA HISTORIA
El País - 15 de julio de 2008
 
La inmobiliaria no puede con las dificultades para cumplir con la refinanciación de su deuda

De la felicidad por ser presidente del Real Madrid a protagonista del mayor concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) de la historia económica española. La empresa Martinsa-Fadesa, presidida por Fernando Martín, se convirtió anoche en la primera gran víctima de la crisis hipotecaria en España. Esta empresa tiene una plantilla de 880 trabajadores, cuyo futuro se desconoce. En un comunicado el Consejo de Administración de Martinsa-Fadesa, reunido en Madrid desde esta tarde, ha decidido instar a un concurso voluntario de acreedores (la antigua suspensión de pagos) "cuyo objetivo último es garantizar la continuidad de su proyecto empresarial, procediendo al saneamiento y reorganización de la compañía a través de los instrumentos de la Ley Concursal", ha aclarado el órgano de administración.

Se trata de la mayor suspensión de pagos de la historia con un pasivo de 5.200 millones de euros. Martinsa-Fadesa, la mayor inmobiliaria española por activos, no ha podido cumplir con los compromisos a los que llegó con los bancos acreedores.

"Esta decisión se adopta ante la constatación de las graves dificultades de tesorería que genera la no obtención del crédito de 150 millones de euros que la compañía precisaba para dotarse de liquidez y seguir desarrollando sus proyectos con normalidad. El Consejo de Administración de Martinsa-Fadesa ha instado el Concurso Voluntario tan pronto como ha tenido certeza de la imposibilidad de dicho crédito, para evitar así cualquier perjuicio futuro a sus acreedores o proveedores", añade la nota de Martinsa.

Problema de liquidez

En esa comunicación, se señala que tanto el presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, como el resto de los miembros del Consejo de Administración, continuarán desempeñando sus funciones al frente de la empresa. "Las medidas que se adoptarán en el proceso concursal permitirán solucionar el actual problema de liquidez de la compañía, y cumplir con los compromisos de pago en el menor plazo de tiempo posible", asegura la comunicación.

La inmobiliaria señala que, bajo la supervisión de los administradores concursales, concentrará a partir de ahora su actividad tanto en aquellas actuaciones que supongan la generación de ingresos ?venta de activos y gestión del suelo- como en las que permitan la reestructuración de la compañía para acomodarse a las nuevas exigencias del mercado y poder así relanzar su proyecto.

"Martinsa-Fadesa es consciente de las consecuencias que una medida de estas características tendrá para sus clientes, proveedores, y pequeños accionistas, así como para el sector inmobiliario español en particular y la economía española en general, por lo que, desde su responsabilidad, asume el compromiso de trabajar intensamente para superar esta coyuntura a la mayor brevedad, y solicita el apoyo de las administraciones y entidades financieras, y la comprensión de clientes, proveedores y pequeños accionistas", indica por último la comunicación.

La empresa en quiebra es una de las principales compañías inmobiliarias de Europa, especializada en el desarrollo de proyectos inmobiliarios de primera y segunda residencia y con una actividad patrimonial centrada en proyectos hoteleros y centros comerciales, ligados a la actividad residencial y de alquiler.

La noticia se esperaba desde que esta mañana, sólo una hora después de abrir la Bolsa, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) suspendiera cautelarmente la cotización de los títulos de la inmobiliaria. A primera hora de la tarde comenzaba la reunión de la dirección de la empresa en busca de una solución para atajar el derrumbe. La empresa pidió la pasada semana ampliar el plazo para el pago de un crédito de 150 millones de euros que le obliga a obtener el contrato de refinanciación de su deuda. Con dicho contrato Martinsa-Fadesa pretendía reestructurar a largo plazo la amortización de 4.000 millones de euros de deuda, el grueso del total de 5.100 millones que soporta la compañía. De ellos, 2.579 millones corresponden al crédito que firmó para comprar Fadesa.

En paralelo, la compañía de Martín negocia con los sindicatos un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que podría suponer 275 despidos en las sedes que tiene en España, aunque hasta mañana martes no se conocerá el número definitivo de trabajadores que se verán afectados.

Ajuste de plantilla

Este grupo inmobiliario es resultado de la fusión el pasado año de los negocios inmobiliarios de Fernando Martín y su socio Antonio Martín con la inmobiliaria Fadesa, que compraron a Manuel Jove. La operación se acordó justo antes de que en la segunda mitad de 2007 arrancara el proceso de ajuste que padece el sector inmobiliario. Martinsa-Fadesa cerró el primer trimestre del año con pérdidas de 85,1 millones, frente a las ganancias de 412,9 millones del mismo periodo de 2007. La inmobiliaria atribuyó el resultado al aumento de sus costes financieros, entre otros factores.

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DE RATO A SOLBES, DE BOTÍN A DEL RIVERO
El Confidencial - 09 de junio de 2008
 
 
Todos los que pregonaron que era ‘metafísicamente imposible’ una burbuja inmobiliaria

Del ex ministro de Economía popular al actual ministro de Economía socialista, de Rato a Solbes, pasando por ministras del ramo tal que María Antonia Trujillo. Del presidente de la Asociación Hipotecaria Española (AHE), Gregorio Mayayo, al ex gobernador del Banco de España, Jaime Caruana. Del presidente del Santander, Emilio Botín, al de Sacyr Vallehermoso, Luis del Rivero. Todos ellos -y no son los únicos- pregonaron en los años del boom que era "metafísicamente imposible" que en España bajaran los precios de las viviendas y que existiera una burbuja inmobiliaria mientras ésta se hinchaba.

De sus declaraciones da fe un recopilatorio elaborado por el blog burbuja.info desde el año 2002 a la actualidad, basado en las hemerotecas digitales. Este recopilatorio, que ya se ha extendido por la red, comienza un año después del 11 de Septiembre (es decir, en 2002), cuando se publicó que "los expertos (...) están de acuerdo en que ni hay burbuja, ni la habrá". Entre los consultados se encontraban Sociedad de Tasación y Tinsa -dos de las principales tasadoras del país-, así como el presidente de la AHE, quien aseguraba que "no habrá crisis, ni desplome y, por tanto, ni hay ni habrá burbuja".

Curioso fue lo que sucedió en el año 2003, año del comienzo de la guerra de Irak. Aquel verano, concretamente el 19 de junio de 2003, el entonces gobernador del Banco de España, Jaime Caruana, reconocía ante la Comisión de Economía del Congreso de los Diputados que el precio de la vivienda había subido más de la cuenta, "pero no tanto como para poder hablar de burbuja inmobiliaria, ni mucho menos de riesgo de pinchazo".

Exactamente cinco días después, el vicepresidente segundo y ministro de Economía Rodrigo Rato -posteriormente presidente del FMI- "rechazó de forma contundente la existencia de una 'burbuja inmobiliaria', alegando que la subida que vienen experimentando los precios es similar a la registrada en otros ciclos económicos alcistas". En definitiva: "No estamos ante una burbuja, pero estamos en una demanda muy poderosa que se mantiene, aunque se está moderando en el tiempo", enfatizó.

Pasó el verano y llegó el otoño. El 22 de octubre de 2003, en la celebración del salón inmobiliario catalán Barcelona Meeting Point, Emilio Botín afirmó que dicha ‘burbuja’ "no existe” y que el informe del Banco de España sobre el incremento de los precios de la vivienda se había "malinterpretado". El Banco de España advertía dos semanas atrás del elevado endeudamiento de las familias y la sobrevaloración del precio de la vivienda, y alertaba del riesgo de un "ajuste" brusco.

Ya en 2004, apenas tres meses después de la llegada de ZP al Gobierno, la ministra del ramo, María Antonia Trujillo -también conocida como la apretujillo por su idea de los minipisos- no sólo se contentaba con negar el boom, sino que iba más allá y calificaba de "irresponsables" a "aquellos que piensan que en España existe una burbuja inmobiliaria augurando un brusco descenso en el precio de la vivienda".

En abril de 2007, el Gobierno seguía rechazando la evidencia. "El Gobierno ha negado rotundamente que la bolsa española se encuentre en una situación "que pueda ser catalogada de desplome" y afirma que en ningún caso se puede hablar de que se "desinfle ninguna burbuja inmobiliaria", rezaban los titulares. El amigo monclovita Luis del Rivero, presidente de Sacyr Vallehermoso, ayudaba: "Más aún, no creo que haya una burbuja inmobiliaria en España". De paso, siempre que podía, arremetía contra los medios de comunicación como los causantes de todos los males. A nadie puede sorprender, pues, que el ministro de Economía Pedro Solbes haya pervertido las palabras hasta la náusea y haya negado hasta hace dos días la existencia de una crisis económica galopante.

¿Cómo es posible que tanto experto, tanta mente preclara, tanto economista, tanta lumbrera, tanto cargo público, tanto exitoso empresario fueran incapaces de prever que ningún ciclo económico es infinito, que después del boom estalla la crisis, que este país ha sufrido durante una década graves desequilibrios en precio y producción residencial, que la ley de la oferta y la demanda se ha salido por la tangente? ¿Por qué ese empeño en negar las pocas certezas que atesora la ciencia económica? ¿Tan necesario era abundar en la falta de cultura financiera de los españoles?

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LOS BANCOS GANAN 5.153 MILLONES HASTA MARZO, UN 10% MÁS
ElEconomista.es - 12 de junio de 2008
 
La morosidad sube del 0,91% al 1,2%

Los bancos españoles cerraron el primer trimestre del año con un beneficio conjunto de 5.153 millones de euros, lo que supone un incremento del 10% con respecto a igual trimestre del ejercicio anterior.

Pese a este dato positivo, la situación económica ha afectado a la actividad bancaria entre enero y marzo, que ha visto como la morosidad creció hasta el 1,2% y los ingresos por comisiones cayeron un 7,5%.

Según explicó en rueda de prensa el secretario general de la Asociación Española de Banca (AEB), Pedro Pablo Villasante, los datos del primer trimestre se "pueden considerar de gran calidad", ya que "proceden de la actividad ordinaria" de las entidades.

Villasante señaló que todos los márgenes de negocio de los bancos españoles crecieron entre enero y marzo. Así, el ordinario aumentó un 14%, y superó los 15.900 millones, pese al descenso de los ingresos por comisiones.

En concreto, los ingresos netos por comisiones se redujeron un 7,5% en el primer trimestre, hasta los 1.849 millones de euros, algo que "tiene mucho que ver con el nivel de actividad".

Los datos de la AEB muestran un descenso más acusado de las comisiones por gestión de valores, que bajaron un 19,6% en el primer trimestre, "por la fuerte corrección de la bolsa española".

Mientras, las comisiones por los servicios de cobros y pagos alcanzaron los 727 millones de euros, tras crecer un 8,1%; las de comercialización de productos no bancarios bajaron un 3,5%, hasta los 730 millones, y las de riesgos se redujeron un 0,4%.

Villasante afirmó que es probable que las comisiones "permanecerán con un nivel parecido" el resto del año, aunque mejorará si se activan los mercados de capital.

En este sentido, la AEB reiteró el llamamiento al Gobierno y a todas las autoridades competentes internacionales para que "hagan todo lo posible por abrir los mercados", de una manera "pronta y adecuada".

El secretario general de la patronal bancaria defendió que "España es una isla" en la crisis internacional, pues quedó al margen de las prácticas que han generado la situación, y agregó que hay una "crisis de confianza porque la gente piensa que hay pérdida oculta".

Por su parte, el margen de intermediación se incrementó un 17% hasta los 8.629 millones de euros, y el de explotación alcanzó los 9.365 millones, un 17% más.

CRÉDITOS Y MOROSIDAD

El secretario general de la AEB comentó también que la concesión de créditos a la clientela creció a un ritmo del 8,8%, si bien supone una desaceleración, mientras que los depósitos avanzaron un 6,5% en los tres primeros meses del año.

Respecto al índice de morosidad, Villasante indicó que en los bancos españoles éste se incrementó hasta el 1,2% en el primero trimestre, frente al 0,91% registrado en el mismo periodo de 2007.

Pese a este aumento, desde la AEB quisieron destacar que el índice se encuentra "todavía en tasas muy cercanas a los mínimos históricos registrados", y agregó "son muy inferiores a las de otros países de nuestro entorno".

El aumento de la morosidad ha provocado el lógico descenso de la tasa de cobertura de las insolvencias, que se ha reducido hasta el 167%, frente al 209% del primer trimestre de 2007.

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EL EURIBOR SUPERA EL 5%
Expansión - 22 de mayo de 2008
 
 
La cota más alta desde noviembre del año 2000

El euribor, el indicador más utilizado para calcular las hipotecas, continúa al alza. Hoy ha marcado un nuevo récord diario anual al superar el 5%, un nivel que no alcanzaba desde noviembre del año 2000.

En lo que va de mes el indicador no ha bajado del 4,9% y la media mensual se sitúa ya en el 4,969%, según datos que tendrá que confirmar el Banco de España. Si el euribor cerrara el mes de mayo en el 5% se colocaría 0,627 puntos por encima de la tasa registrada en mayo de 2007, un mes en el que tocó el 4,373%. Este indicador cerró el mes de abril en el 4,82%, después de dos meses consecutivos de subidas.

La subida afectará a las hipotecas que se revisen en los próximos días, con un aumento de su cuota mensual de unos 60 euros para una hipoteca media, que según el Instituto Nacional de Estadística se situó en febrero en 169.320 euros, es decir, unos 720 euros más al año.

Los expertos indican que el euribor no dejará de subir y de agravar las dificultades que atraviesan las familias para pagar la hipoteca hasta que el Banco Central Europeo (BCE) baje los tipos de interés y se restablezca la confianza en la liquidez del sector financiero.

De confirmarse estos pronósticos, el euribor superaría el nivel más alto registrado hasta ahora en el mes de agosto, que coincide con el aniversario del inicio de las turbulencias financieras desatadas a raíz de la crisis de las hipotecas basura en Estados Unidos, que motivaron la desconfianza de la banca mundial y las restricciones de liquidez.

El euribor a 12 meses, el índice más utilizado por los bancos para prestar dinero a sus clientes, comenzó a publicarse en enero de 1999 y, desde entonces, ha oscilado entre un mínimo de 2,014% y un máximo del 5,248%.

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COLONIAL ADVIERTE QUE EL PRECIO DE LA VIVIENDA CAERÁ UN 30%
El Mundo - 09 de julio de 2008
 
"en dos o tres años"

Mariano Miguel, consejero delegado de Colonial, fue ayer franco. El directivo dirige la inmobiliaria paradigma de la crisis del ladrillo, y ayer, durante el Encuentro Financiero Internacional patrocinado por Caja Madrid, entre decenas de empresarios, no dio rodeos sobre la negra situación que vive el mercado inmobiliario.

"Durante los dos próximos años el sector tendrá que ponerse el casco porque viene un tiempo duro", afirmó. Según el ejecutivo, la demanda de vivienda está "colapsada, algo nuevo en España", y "en dos o tres años veremos precios un 30% más bajos en el sector residencial".

Miguel es pesimista sobre el futuro y también sobre las soluciones. "Veo muy pocas salidas en el corto plazo para el mercado de la vivienda; habrá que hacer una travesía en el desierto". La propia Colonial atraviesa un momento financiero muy delicado con una deuda de más de 8.000 millones de euros.

En ese sentido, Miguel recordó el papel de las entidades financieras, que "han pasado a reconstruir inmobiliarias involuntariamente". La compañía que dirige fue testigo de esto hace unos meses, cuando las entidades acreedoras (entre las que se encuentran Banco Popular, La Caixa y Caixa Galicia, entre otras), ejecutaron sus créditos y pasaron a controlar más del 23,8% del capital de la empresa.

Mariano Miguel mandó un mensaje a los bancos: "La ejecución del crédito es la peor solución, los bancos lo saben", afirmó. "No creo que se vayan a poner ahora a gestionar suelo". La única opción que le queda al sector inmobiliario por ahora es dejar pasar el tiempo, según afirmó Miguel. "Estos dos años van a ser francamente duros y las desocupaciones no permitirán ejercicios brillantes para las inmobiliarias, por lo que la única solución ahora es ganar tiempo".

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El precio medio de la vivienda de segunda mano bajó un 7,1%
Terra - 03 de junio de 2008
 
 
En el último año. El precio medio de la vivienda de segunda mano se situó en 2.732 euros por metro cuadrado al cierre del pasado mes de mayo, lo que supone un descenso del 0,8% sobre el mes precedente y del 7,1% respecto a igual fecha de 2007, según el informe difundido hoy por 'Fotocasa.es'.

La firma indica que estos datos confirman y constatan la 'reducción progresiva del precio de la vivienda en España'. Se trata del séptimo mes con variaciones interanuales negativas que registra el índice de 'Fotocasa' elaborado por el IESE Business School.

Todas las comunidades autónomas registraron caídas en el precio de la vivienda usada en el último año. Además, en cuatro de ellas (Asturias, Valencia, La Rioja y Andalucía) cayó más que la media nacional.

un desplome del 16,4% entre mayo de 2007 y mayo de 2008, hasta situarse en 2.438 euros por metro cuadrado.

Después se encuentran la Comunidad Valenciana, con una caída del 11,1% en el último año (2.139 euros por metro cuadrado); La Rioja, donde el precio de los pisos usados casó un 10,3% (2.389 euros por metro cuadrado) y Andalucía, con un descenso del 8% (2.296 euros).

En el lado opuesto, los menores descensos se registraron en Castilla-La Mancha, donde el precio de la vivienda usada descendió un 4,7% (2.094 euros); en Canarias, con una caída del 3,6% (2.078 euros); en Cantabria con una bajada del 3,5% (2.750 euros) y en Galicia un 2,3% (2.266 euros).

Pese a estos descensos, las regiones más caras para comprarse un piso usado siguen siendo el País Vasco (4.095 euros por metro cuadrado); por delante de Madrid (3.556 euros) y Cataluña (3.549 euros). En el lado opuesto, las comunidades con las viviendas de segunda mano más económicas son Extremadura (1.752 euros por metro cuadrado), Murcia (2.007 euros) y Canarias (2.078 euros).

CAIDAS EN BARCELONA Y MADRID.

Por capitales de provincia, destacan los descensos interanuales de precio registrado en Barcelona (-10,9%) y Madrid capital (-6,8%). También se anotaron importantes caídas de los pisos usados Girona capital (-17%), Zaragoza (-6,4%) y Bilbao (-5%).

No obstante, San Sebastián, Barcelona, Bilbao y Madrid continúan siendo las ciudades más caras para comprar un piso usado, dado que sus precios oscilan entre los 4.100 y los 5.400 euros por metro cuadrado.

Por contra, las capitales de provincia con los precios de pisos usados más bajos son Ourense (1.873 euros), Zamora (1.884 euros), Cáceres (1.955 euros), Huelva (2.003 euros) y Pontevedra (2.058 euros).

Respecto a la evolución del precio de la vivienda usada por municipios, de los 289 estudiados por 'Fotocasa.es', se detectan caídas del precio en un 75% de ellos . Dos municipios registran un precio de pisos usados tan alto como el de las principales capitales, Sitges (5.165 euros por metro cuadrado ) y Sant Cugat del Vallès (4.813 euros).

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Los precios caen al menos un 15%, según los promotores
Invertia.com - 22 de mayo de 2008
 
 
El secretario general de la Asociación de Constructores y Promotores de España (APCE), Manuel Martí, reconoció hoy que los precios de las viviendas han bajado en los últimos meses "no menos del 15%", y que "puede haber bajadas puntuales más fuertes".

Según precisó en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, "los promotores ajustaron los precios de la vivienda nueva en septiembre y lo han vuelto a hacer en enero".

A la vista de esta evolución de los precios, el secretario general de APCE aseguró que "la cosa se ha atemperado muchísimo", por lo que "ya hay buenas oportunidades" para los compradores.

Sin embargo, Martí explicó que a pesar de este ajuste "se ha extendido la idea de que a la gente pronto le van a regalar los pisos o de que va a haber gangas generalizadas", lo que está provocando un parón en la venta de viviendas.

En este punto, el secretario general de los promotores quiso dejar claro que en materia de precios "eso no va a ser así", y que "hasta que la población se dé cuenta es probable que el mercado sufra".

Las consecuencias de este parón son palpables. Si el pasado año se finalizaron 641.000 viviendas, este año no se llegarán a iniciar ni 300.000, lo que en términos de empleo será "un palo", según Martí.

Además, muchas empresas "se quedarán por el camino" y sólo permanecerán las más fuertes y profesionalizadas del sector, "algunas de las cuales es posible que también sufran".

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Los promotores dicen que el INE se queda corto: desplome 60%
CincoDias.com - 29 de mayo de 2008
 
El secretario general del G-14, que agrupa a las principales inmobiliarias españolas, Pedro Pérez, aseguró hoy que la situación del sector es "más llamativa" y "problemática" que la que hoy quedó reflejada en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), con un caída de las ventas de viviendas nuevas del 27,5% en marzo.

Pérez explicó que los datos que maneja el INE sobre viviendas nuevas vendidas se refieren a registros notariales efectuados en el momento de la entrega de los inmuebles, es decir, a operaciones cerradas en meses anteriores en las oficinas de venta de las empresas promotoras.

Así, los datos conocidos hoy reflejarían la situación "a través de un retrovisor", de forma que, según el G-14, viendo el panorama por el "parabrisas", la actual caída de las compraventas alcanzaría ya el 60%. Sólo las ventas de viviendas usadas, con un descenso del 46,4% en marzo, se corresponderían con la situación actual del mercado.

En el capítulo de causas y soluciones, Pérez quiso dejar claro que "todo es consecuencia del cerrojazo crediticio que sufre el sector", tanto para los promotores como para las familias.

En este sentido, el secretario general del G-14 demandó del Gobierno medidas concretas que incidan en el mercado crediticio, al margen de las aprobadas para reactivar la demanda, ya que, según dijo, "mientras no cambie la situación de los créditos, la del sector va a seguir igual de mal, con todas las implicaciones que ello tendrá para el empleo".

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El precio de la vivienda se hunde en las capitales
Expansión.com - 02 de junio de 2008
 
Madrid y Barcelona se llenan de pisos en venta, mientras la superficie residencial va perdiendo valor: el precio del metro cuadrado de las viviendas nuevas ha caído un 5,8% en la capital madrileña por primera vez durante los últimos quince años

La crisis de ventas que sufre el mercado de la vivienda en España comienza a tener sus consecuencias en los precios, para preocupación de muchos promotores que, durante los últimos meses, han tratado de persuadir a la opinión pública de que el precio de la vivienda no acusaría descensos significativos.

El parón en las ventas fue ayer avalado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), que informó de que la compraventa de viviendas en España disminuyó en mayo un 38,6% en términos interanuales. Un día antes, la consultora Aguirre Newman publicaba un demoledor informe de mercado sobre la evolución del precio del metro cuadrado en Madrid.

Mayor caída en 15 años

A pesar de las rigideces de precios que afectan a varias zonas de la capital española, la consultora anunció que, por primera vez en quince años, el precio medio del metro cuadrado de las viviendas nuevas de Madrid capital descendió un 5,8% en los últimos doce meses. En la corona metropolitana el descenso medio es del 1%.

Lógicamente, las diferencias son notables entre distritos de la propia ciudad. Barrios como Salamanca y Retiro, zona denominada en el estudio como prime, son los que acusan un menor descenso en el precio medio del metro cuadrado, ya que se trata de la zona con menor oferta disponible y que está dirigida a un perfil de comprador menos afectado por la desaceleración económica que atraviesa el país en este momento.

Por contra, el director de Análisis e Investigación de Mercados de Aguirre Newman, Javier García-Mateo, destacó el “importante descenso” del precio medio del metro cuadrado en las zonas de Carabanchel, Villaverde, Vicálvaro o Villa de Vallecas. “Son las zonas menos exclusivas y dirigidas a un perfil de comprador con menos posibilidades económicas y sus promotores han tenido que realizar los mayores ajustes en los precios para no dejar fuera del mercado a la posible demanda de su producto”, explicó.

Por distritos, destaca el incremento del precio de un 10,5% en Centro, debido a la baja oferta disponible y a la calidad de los nuevos productos salidos al mercado. Chamartín, por su parte, presenta un importante descenso en el precio por metro cuadrado del 29,4% debido a la puesta en marcha del proyecto Castellana 200, que supone el 30% de la oferta inicial del distrito con precios por metro cuadrado “claramente por debajo de la media”, indicó.

Por su parte, las bajas de los distritos de Usera, Villa de Vallecas, Villaverde, San Blas, Tetuán, Puente de Vallecas, Latina, Barajas y Arganzuela son ajustes en unos precios “excesivamente altos como consecuencia de las subidas en años anteriores”, indicó el responsable del informe. “Los nuevos proyectos que están surgiendo en estas zonas presentan precios más competitivos y el producto en stock (viviendas que no se han comercializado) de proyectos de años anteriores está ajustando los precios a las posibilidades de la demanda del mercado”, indicó.

En cuanto al precio de los pisos en el extrarradio de la capital, el informe indica de que a pesar de que se ha producido un descenso medio de un 1%, ha habido municipios como San Sebastián de los Reyes y Pozuelo de Alarcón –que vuelve a ser el municipio madrileño más caro, con un precio medio de 5.209 euros por metro cuadrado–, que han experimentado un incremento.

Caída en la segunda capital

El escenario que se vive en Barcelona no es muy diferente al de Madrid. Durante los últimos meses, los balcones de la capital catalana se han llenado de carteles de “en venta” y los propietarios comienzan a bajar precios con la esperanza de encontrar compradores.

El analista y consultor inmobiliaro Gonzalo Bernados presentó ayer el informe que realiza anualmente conjuntamente con Forcadell y la Universidad de Barcelona (UB), que augura nuevos descensos de la vivienda para el año 2008. “Después del verano veremos caídas fuertes en ciudades como Barcelona, donde ahora sólo hay rebajas del 5%–afirmó Bernados–; actualmente el precio lo está poniendo la demanda”.

Según datos del Ayuntamiento de Barcelona, el año pasado el precio de las viviendas de la capital catalana aumentó por primera vez desde 1994 por debajo de la inflación. De este modo, el precio de los pisos nuevos sólo creció en Barcelona un 2,2% y los de segunda mano, un 2,9%. Las viviendas por estrenar se situaron en una media de 5.918 euros por metro cuadrado en Barcelona.

Los datos del consistorio señalan asimismo que en 2007 quedaron un total de 5.843 viviendas sin vender, con un incremento del 29,6% respecto al año anterior. El número de viviendas iniciadas retrocedió, en cambio, un 17%.

Falta de datos

De todos modos, la situación del mercado que señalan los datos del Ayuntamiento de Barcelona no sirven para reflejar la situación actual, aunque la falta de estadística fiable respecto a la evolución de los precios del mercado residencial en la capital catalana hace imposible demostrarla con cifras.

En el segundo semestre de 2007 el precio medio de las viviendas de segunda mano en la capital catalana se situó en 4.015 euros por metro cuadrado, lo que supuso un descenso del 10,46% respecto al segundo semestre de 2006, cuando el metro cuadrado alcanzó 4.484 euros, teniendo en cuenta un estudio de la agencia de intermediación inmobiliaria Tecnocasa hecho público el pasado abril.

Según datos de la consultora CB Richard Ellis correspondientes al pasado febrero, el distrito más caro de la capital catalana para comprar vivienda nueva es actualmente Sarrià-Sant Gervasi, la zona alta de la ciudad, con una media de 9.810 euros por metro cuadrado y una superficie media de 75 metros cuadrados.

A continuación figuran Les Corts, con 7.230 euros por metro cuadrado; Eixample, con 6.200 euros por metro cuadrados; Ciutat Vella, con 6.000 euros por metro cuadrado; y Sant Martí, 5.850 euros por metro cuadrado. Los distritos más baratos son, por otro lado, Horta Guinardó, con un precio medio de 4.850 euros por metro cuadrado, y Sant Andreu, donde el metro cuadrado cuesta 4.950 euros.

Periferia

Pero el retroceso del sector inmobiliario no sólo afecta a la capital catalana. De hecho, Barcelona podría sortear una caída de precios aún mayor gracias a la escasez de suelo y, por tanto, de viviendas, que existen en la ciudad. En municipios como L’Hospitalet de Llobregat, el precio del metro cuadrado residencial de segunda mano registró un descenso del 14,52%, hasta 3.532 euros.

En municipios de la provincia de Barcelona el exceso de oferta podría llegar a tardar diez años en absorberse. A juicio de Bernados, Barcelona no ha tocado suelo en materia de precios. “Para ajustar oferta y demanda el precio de la vivienda debe seguir cayendo y veremos que se llega a vender a precio de hipoteca”, afirma.

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Ponga un trichet en su vida, por Enrique Utrera
BolsaCinco.com - 11 de junio de 2008
 
 
Arrecian las críticas contra el presidente del Banco Central Europeo (BCE), Jean Claude Trichet, y uno, sinceramente, no las entiende. En absoluto. Ahora resulta que informar con la máxima transparencia a los ciudadanos de cómo están las cosas o, lo que es lo mismo, preparar al personal para una futura subida de tipos de interés en julio, es de todo punto irresponsable. Y por lo tanto una barbaridad. Mejor vivir en la inopia y no prepararnos no ya para el futuro inmediato, sino para el ahora mismo.

Olvidan los críticos de Trichet –los hay que lo han tachado de un mal imitador de Alan Greenspan, un especialista por cierto en bajar los tipos de interés- que su cargo es eminentemente político. Es decir, que su primer objetivo debe ser el servicio público, velar por los intereses de los ciudadanos. Y no hay mejor servicio que decir la verdad, que permitir que los ciudadanos tomen las decisiones necesarias para afrontar unos meses –ya veremos si años- muy difíciles y, de paso, desenmascarar a los políticos que optan por poner paños calientes y correr los 100 metros en vez del maratón.

Se ha quejado el presidente Zapatero de la incontinencia verbal de Trichet y le ha pedido prudencia al presidente del BCE. Seguramente la misma que su Gobierno –y los anteriores también- debieron aplicar para avisar a la ciudadanía que el mundo feliz de los tipos de interés irrisorios y las hipotecas a precios de ganga tenían fecha de caducidad. Claro que era más importante alimentar el fuego del crecimiento económico que era la envidia en Europa y que en el último trimestre luce un 0,3% que tiene a nuestros gobernantes agarrados al vaso de tila.

Un mínimo ejercicio de responsabilidad hubiera reducido más que sensiblemente el impacto de esa subida del Euribor acelerada a última hora por Trichet que tanto nos duele. Pero, ¿por qué nadie dice ahora que es una aberración que las familias estén contra la pared con este indicador en el 5,4%? ¿Por qué no cuentan en voz alta que es una cifra más que razonable en comparación con los tipos que tuvieron que soportar generaciones anteriores, antes de la caída a mínimos históricos? Y, sobre todo, ¿Por qué no se reconoce que nuestro modelo de crecimiento, basado en el ladrillo, sólo podía acabar mal?

Una respuesta sincera a estas preguntas, hace apenas dos años, habría evitado muchos quebraderos de cabeza, pero habría matado la gallina de los huevos de oro. Pero hablando de aberraciones, una más. Somos uno de los países que más inflación aporta a la zona euro. Dicho de otra forma, un precio del dinero alto nos permitiría tomarnos un respiro en esa espiral agobiante. Pero no se preocupen, que nuestros políticos seguirán abogando porque bajen los tipos de interés y las familias se alivien, aunque sea un poquito. Lo de solucionar los problemas de fondo es otra historia. Si tuviera que elegir a quien metiera mano en este lío, me quedaría con Trichet, sin la más mínima duda. A los amigos les pedimos que nos digan las verdad, no que nos rían las gracias por sistema.

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WSJ: La crisis del ladrillo va camino de ser 'aniquilación'
Cotizalia.com - 03 de junio de 2008
 
 
Desoyendo las palabras del ministro de Economía Pedro Solbes, el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) afirma que “el descenso ordenado del mercado de la vivienda en España puede convertirse en una aniquilación”. Y lo hace en una información titulada La caída ordenada de los precios de la vivienda en España muestra un desplome más rápido, a partir de los datos de un informe de Goldman Sachs.

WSJ va más allá al asegurar que “el exceso de oferta supone una amenaza aún mayor para España que la restricción del crédito”. El banco de inversión apunta que al final de 2008 podría haber hasta 850.000 viviendas sin comprador y un año después hasta 1,1 millones. “Eso equivale a alrededor de un 4% del total en inventario en España. Tomará años despejar el mercado, puesto que la demanda de casas es normalmente de alrededor de 400.000 unidades al año”.

Para afrontar esa situación y vender con rapidez, los promotores deberán recortar los precios y, de hecho, cada día hay más casos de inmobiliarias con problemas de liquidez que ofrecen ya grandes descuentos. “Si esas anécdotas se convierten en una tendencia, el descenso ordenado puede convertirse en una aniquilación”, señala el diario, que recuerda que numerosos observadores externos han esperado durante meses, e incluso años, un colapso del mercado de la vivienda en España.

“Hasta ahora se han quedado decepcionados”, asegura el diario neoyorquino, que no descarta sin embargo que la situación pueda variar pronto. El esperado enfriamiento del mercado inmobiliario ha sido ordenado hasta ahora y los precios subieron a un ritmo anual del 3,8% en el primer trimestre de este año, menos que la tasa de inflación del 4,5%.

No obstante, ese incremento refleja un comportamiento “mucho mejor” que los descensos vistos en Estados Unidos y el Reino Unido, según el diario financiero. El artículo recuerda no obstante que la tasa de préstamos morosos o con riesgo de mora está aumentando, aunque desde un bajo nivel, debido al incremento de los tipos de interés y a un mayor desempleo, lo que ha elevado la cautela de los bancos y también entre los compradores. Como resultado, las ventas de viviendas han bajado con fuerza y en marzo se constató un descenso del 38% respecto a un año antes.

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El precio de la vivienda en EE.UU se desploma
InterEconomia.com - 27 de mayo de 2008
 
 
Cae a ritmo de máximo más de un 14%, lo esperado por el mercado

El precio de la vivienda en Estados Unidos cae de forma vertiginosa. Se ha derrumbado hasta alcanzar el 14,1% en el primer trimestre de 2008, respecto al mismo periodo del año anterior, según el índice de precios nacionales de casas de Standard&Poor´s / Case Shiller. El indicador está compuesto de 20 áreas metropolitanas. Además, cae un 2,2% de marzo a febrero.

El indicador que se ha publicado este martes refleja un ritmo a la baja cinco veces superior que durante la última recesión inmobiliaria que se ha producido en el Norteamérica. Los economistas preveían un descenso del 2% en el mes y de un 14% respecto hace un año.

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Decenas de británicos piden embargo de sus casas en España
Expansión.com - 02 de junio de 2008
 
 
Algunas familias de Reino Unido devuelven las llaves de sus propiedades en la costa al no poder pagar la hipoteca y llenan de asombro a las entidades financieras.

Algunas familias e inversores de Reino Unido, que adquirieron viviendas en la costa mediterránea española durante los últimos años, están devolviendo las llaves de sus propiedades a los bancos, al no poder hacer frente al pago de la hipoteca.

Según fuentes del sector inmobiliario, algunas cajas de ahorros españolas con oficinas en Londres, que prestaron hipotecas a ese tipo de clientes, se han encontrado con la sorpresa de tener que afrontar esos embargos voluntarios, que suelen suponer el inicio de una larga carrera judicial por parte de las entidades para recuperar el capital prestado. Se trata de una decisión de los clientes que sorprende a las cajas, acostumbradas a que las familias españolas resistan hasta el último momento para evitar el embargo y no perder el dinero invertido ya.

“No hay un aluvión de británicos devolviendo las llaves de sus casas en España, pero sí es una práctica que se está extendiendo”, afirman personas cercanas a las entidades españolas que operan en Londres. De hecho, los bancos han empezado a contactar con abogados británicos para defender sus intereses. En caso de vender la casa embargada en España y no poder recuperar con esos ingresos la hipoteca, sus intereses y los gastos asociados, los bancos pueden intentar hacerse con bienes del cliente en Reino Unido.

Las cajas potenciaron sus oficinas en Reino Unido durante los últimos años para financiar con hipotecas a los británicos que compraban casas a las inmobiliarias españolas. Entidades británicas como Barclays y Halifax, que también apostaron por los préstamos a ingleses que querían tener una segunda residencia en España, están viviendo ahora los mismos problemas.

La petición de embargo es una consecuencia de la subida de tipos de interés y la apreciación del euro frente a la libra (un 15% en los últimos nueve meses), que han disparado la carga mensual de las hipotecas de las segundas residencias en España de los británicos. Éstos prefieren pagar antes su vivienda en Reino Unido y asumir la subida de precios en la cesta de la compra que cumplir con su casa en la playa.

A ello se une una cuestión cultural, que apunta un inversor de Reino Unido. “Los británicos que han sufrido un descenso en el valor de sus propiedades por el desplome de precios en España consideran que ese dinero está perdido y prefieren dejar de pagar la hipoteca y asumir los costes hasta ese momento, antes que resistir unos años en espera de una recuperación del mercado”.

Mark Stucklin, que tiene una consultora sobre el sector inmobiliario español y suele escribir sobre este mercado en el diario Sunday Times, aconseja a los británicos que, en lugar de devolver las llaves, intenten renegociar la hipoteca con los bancos o vendan la vivienda, aunque sea con pérdidas. “Pensar que las deudas no van a llegar a Reino Unido es un error. Lo único que hace el embargo es alargar el proceso, lo que incrementa los costes”.

Descenso

Aunque algunas estimaciones hablan de que cientos de miles de británicos compraban casas en España cada año durante el boom inmobiliario, datos más ajustados señalan que alrededor de 22.000 viviendas fueron adquiridas por ciudadanos de ese país en 2006. Esta cifra es inferior al pico de 50.000 al que llegó en 2003. En 2007, el volumen de residencias adquiridas por los británicos podría haber quedado alrededor de las 10.000 y, en 2008, se espera un descenso por debajo de esa cifra.

Adiós al sol y playa

-Miles de británicos compran cada año casas en España, sobre todo, en la costa mediterránea. Las adquisiciones por parte de ese colectivo llegaron a superar las 50.000 en 2003, aunque el año pasado cayeron a las 10.000. -Agunos de esos inversores han pedido a sus bancos y cajas el embargo voluntario de sus segundas residencias, al no poder afrontar el pago de la hipoteca. -Las cajas españolas con presencia en Reino Unido han empezado a contactar con abogados para afrontar el problema y recuperar el capital prestado. -Si la venta de la vivienda embargada no cubre la deuda pendiente, la entidad puede reclamar otros bienes del cliente en Reino Unido.

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Desplome en la venta de pisos e hipotecas agrava la debacle
El País - 30 de mayo de 2008
 
 
Zonas como Navarra, Baleares y Cataluña sufren una caída superior al 50%

Como los lunes para Rajoy, los últimos días de cada mes se están convirtiendo en una pesadilla para el sector inmobiliario. Es entonces cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) publica desde hace tres meses sus datos sobre compraventa de viviendas. Y si la caída de enero y febrero, que rondaba el 25%, ya parecía difícil de empeorar, la de marzo es directamente catastrófica: en ese mes se compraron sólo 46.000 pisos, un 39% menos que en marzo de 2007. Las comunidades más afectadas por la crisis son Navarra, Melilla, Baleares y Cataluña, todas con descensos de más del 50%.

Pero no es sólo esto. El número de hipotecas para vivienda, que evolucionan de forma paralela a las ventas, también sufrió un desplome del 40% en marzo, quedándose en 70.387. Es, de largo, la mayor reducción de la que tiene constancia el INE, que elabora esta estadística desde 1995.

A pesar de lo negativo de estas cifras, los expertos dicen que no les sorprenden, que el sector sólo se recuperará cuando los posibles compradores tengan la evidencia de que los precios ya han bajado con fuerza.

El primer trimestre de 2008 fue el primero de la década en la que los precios crecieron menos que la inflación, ya que la tasa se quedó en el 4%. Pero no parece suficiente. "La situación sólo volverá a la normalidad cuando la gente vea en las estadísticas oficiales caídas del 15% o del 20%", opina José García Montalvo, catedrático de la Pompeu Fabra.

Entre los datos que presenta el INE, hay uno que induce a pensar que los días en los que las viviendas pierdan valor no están lejos. Porque el importe de la hipoteca media, que ahora está en 141.000 euros, ya lleva tres meses disminuyendo. En marzo cayó casi un 4%. "Y la cantidad que concede el banco para comprar un piso está muy ligado al precio de tasación", explica García Montalvo.

Como ya es habitual, la crisis sacudió en marzo más fuerte al mercado de las casas usadas, con una caída del 46%, que a la primera mano, que cede tan sólo un 27%. Estos dos segmentos se reparten casi a partes iguales las 46.074 operaciones del pasado marzo.

¿Cuánto tiempo habrá que esperar para ver cómo se recupera el ladrillo? Santiago Carbó, decano de Económicas en la Universidad de Granada, vaticina que por lo menos hasta mediados de 2009. García Montalvo es todavía más pesimista. Porque sostiene que cuando las cifras del Ministerio de Vivienda constaten caídas de precios, los hipotéticos compradores tendrán más motivos para esperar, hasta que el ajuste sea más violento.

En medio de las malas noticias inmobiliarias, las novedades del sector financiero tampoco ayudan. Porque ayer, por séptimo día consecutivo, volvió a subir el Euríbor. El índice que sirve de referencia para las hipotecas cerrará el mes en torno al 4,99%, cifra que no alcanzaba desde diciembre de 2000, con lo que se aproxima peligrosamente al máximo de los diez años de historia del Euríbor. Así, la cuota media que pagan los hipotecados aumentará el próximo mes unos 636 euros anuales.

Además, el stock de pisos sin vender, que ahora es de unos 650.000, alcanzará a finales de este año el millón de viviendas, según un estudio de la Universidad de Barcelona, informa Lluís Pellicer. El director del informe, Gonzalo Bernardos, explicó que la mayoría están en la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha, además de las segundas residencias de Andalucía y la Comunidad Valenciana. Y otro informe de Merrill Lynch asegura que la vivienda en España ha pasado "de la fiesta a la siesta". El banco estadounidense pronostica una caída de los precios de hasta un 5% en los próximos 18 meses.

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España, S.A., esa tienda 24 horas llamada a la quiebra
Cotizalia.com - 26 de mayo de 2008
 
 
Imagínense ustedes una tienda que se encontrara en la siguiente situación. Durante años y años había incrementado sustancialmente sus compras tanto de aprovisionamientos para autoconsumo, como de bienes intermedios llamados a ser transformados y, finalmente, productos destinados a su comercialización directa. Aunque las ventas se situaban sustancialmente por debajo de las adquisiciones, a los proveedores parecía no importarles demasiado. La tienda pertenecía a la Unión Gremial, organismo internacional que, para comodidad de todos los afiliados, había impuesto tanto una moneda común, que impedía cualquier tipo de rebaja si a alguno de los establecimientos no les iban también las cosas, como unas políticas homogéneas de financiación al establecer de modo uniforme el precio del dinero. Pese a que la institución abarcaba realidades muy distintas, al acreedor poco le importaba. Había una realidad supranacional que pasaba por encima de las peculiaridades locales y que actuaba como paraguas en caso de tempestad.

Además, hasta entonces los proveedores eran conscientes de que esa tienda vivía un proceso de enorme desarrollo, probablemente sin parangón en el mundo comercial occidental en los últimos años. Con la entrada en la Unión Gremial, el resto de los asociados habían echado el resto para adecuar sus estándares a los que regían en otros establecimientos similares, mediante una cuantiosa aportación de fondos. Las rebajas monetarias dispararon las ventas de todo tipo de productos, especialmente los ligados a la vivienda, lo que provocó un enorme incremento de la plantilla con mano de obra fundamentalmente extranjera. En un entorno, además, de bajos precios, goldilocks o crecimiento sin inflación, los aumentos en la actividad de la sociedad económica, tanto en términos nominales como reales, eran la envidia de muchos de los otros socios de la Unión, que se planteaban incluso, sotto voce, si no habrían sido demasiado generosos en el pasado. Esa tienda 24 horas, abierta todo el año, que era y es España, aparentaba navegar a todo trapo, camino del liderazgo mundial en no se sabe la cantidad de facetas. A nadie parecía importarle los cimientos de deuda sobre los que se construía esta historia. ¿Hasta cuando?

Parece que llega la hora. Porque miren ustedes: mal, muy mal, tienen que ir las cosas cuando una de las noticias más importantes de la semana, al menos desde el punto de vista económico, se ha quedado como mero teletipo de agencia que no merece ni mayor relevancia, ni más profundos comentarios. Ya se sabe, a fuerza de repetir lo extraordinario, se acaba convirtiendo en cotidiano. El déficit de la balanza comercial española ha crecido en marzo un 20,2% respecto al mismo periodo de 2007. Aunque el tendero, llámese gobierno, lo achaca parcialmente al efecto Semana Santa, la crudeza de las cifras invita a pensar que la solución de este desequilibrio financiero, ni va a ser rápido, ni se va a producir de forma sencilla. Más bien al contrario. El hecho de que la importaciones o compras crezcan al doble de ritmo que las exportaciones o ventas(10,1% contra 5,2%) y que la base de partida de aquellas (74.259 millones de euros) se sitúe un 57% por encima de éstas (47.431.3) implica que sólo un freno drástico de las compras y un aumento súbito de las ventas permitiría corregir el gap entre unas y otras que nos ha convertido en líderes de déficit comercial respecto al Producto Interior Bruto a nivel mundial.

Tradicionalmente una situación como la descrita se resolvía mediante instrumentos de política monetaria, ya fuera devaluación de la moneda, con el fin de aumentar la posición competitiva de las ventas, o aumento de tipos de interés que buscan atraer capitales extranjeros que sigan financiando la fiesta. Sin embargo, ambas posibilidades quedaron invalidados como consecuencia de la entrada en la Unión Gremial. La solución hay que circunscribirla, por tanto, al ámbito interno. O bien se desaceleran las compras, esto es, cae la demanda interna, con el consecuente efecto sobre la actividad y el empleo, o se incentivan las ventas, mediante mejoras de la competitividad, especialización e innovación, requiriéndose, en cualquier caso, la fortaleza de las cuentas públicas como elemento estabilizador. Pues bien, ni una, ni otra, ni la tercera. La dependencia energética de España (el 80% de su aprovisionamiento es exterior), que hay que acometer a cualquier precio, impedirán una reducción drástica de las compras; el nivel actual del euro, aunque corrija parcialmente, limitará que cualquier cambio de modelo de crecimiento que se quiera implantar, nuevo esquema cuya materialización llevará tiempo, se concrete en mayores ventas a corto y medio plazo a lo que tampoco ayudará el enfriamiento mundial; el superávit de la Administración del Estado tiene los días contados y más si nos atenemos a los terribles datos de Funcas del jueves (ojo con la Seguridad Social).

¿Y entonces? Pues bueno, falta el elemento clave a mi juicio de toda esta ecuación. La equis del particular galimatías económico en el que nos encontramos. Si uno es financiado es porque hay alguien que financia. Y todo el que financia espera obtener un retorno al dinero prestado equivalente, al menos, no tanto a la inflación cuanto a su coste de oportunidad de no estar financiando otro mercado, función de su perfil de riesgo. Pues bien, ¿cuál es el argumento ahora para mantener el crédito a un país que debe hasta la camisa, donde las soluciones internas a aplicar resultan, cuando menos, de dudoso éxito y lejanas en el tiempo y la política económica exterior tradicional de imposible materialización? Ustedes mismos. No quiero ni pensar lo que puede ocurrir el día en que muchos de los que hasta ahora participaron en el crecimiento de la tienda, decidan que ha llegado el momento de cerrar las líneas de financiación y mirar hacia otro lado. El pasivo, apuntes contables aparte, tiene un pequeño problema: su exigibilidad. Y normalmente cuando las cosas se complican, y parece que hay algún problema crediticio en el planeta, es cuando los acreedores hacen cola a tu puerta, sálvese quien pueda, reclamando lo debido. La Unión Gremial y la globalización, sin duda, actuarán como parapetos. La resistencia de ese establecimiento que es España, S.A. dependerá de la virulencia de la tormenta. Y los nubarrones son de cuidado. No estamos tan lejos de Islandia. Buena semana a todos.

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Embargada
RicardoVerges.com - 10 de junio de 2008
 
“En el Nouvel Observateur (29m-4jun.), Solbes reconoce que hay crisis inmobiliaria, tras excesos como el de las 800.000 viviendas iniciadas en 2006. ¿Por qué la entonces ministra Trujillo insistió tanto, incluso ante el Consejo de Ministros, en que tan sólo se construían 525.000? No es baladí que se debiera desengañar a nuestros amigos europeos y que, acto seguido, el Consejo Superior de Arquitectos cesara a su Coordinador de Estadística. De hecho, la burbuja Solbes se ha situado en la Meseta y el N-O, con sigiloso regocijo de sus políticos y decanos. El problema es que se ha financiado con interbancario y que la deuda de nuestras entidades a sus colegas de Frankfurt ha pasado de los 120.000 millones de marzo 2004 a los 425.000 del día de hoy, según FMI. Si todo esto parece excesivo al señor Solbes ¿por qué no intentó regular el mercado o, cuanto menos,informar a los españoles? El vicepresidente concluye que los excesos acaban pagándose y que su papel no es ayudar a quienes han comprado para especular. Añade que si algunos tienen problemas con sus hipotecas, que acudan al sistema bancario, no al Estado.(sic).”

RVE. 10-06-08 675 651 942 redverges@arquinex.es www.ricardoverges.com

 
Los excesos se pagan
La Vanguardia - 08 de junio de 2008
 
 
En lo que va de milenio España ha vivido por encima de sus posibilidades. Hasta que nos cambiaron las pesetas por euros vivíamos con cierto orden. Los ahorros de los mayores financiaban completamente los préstamos de los jóvenes, y las entidades financieras españolas no tenían que recurrir a los mercados mayoristas internacionales. Hoy, un tercio de los préstamos a españoles está financiado, en último término, por dinero procedente del exterior. Hemos estado ocho años creciendo el doble que Europa a base de gastarnos el dinero que otros europeos nos han prestado. Con alegría lo tomamos al 2%, y con tristeza lo tendremos que devolver al 5% de interés.

Con tipos al 2% e inflaciones próximas al 4% se desató el furor por el crédito. La generación mejor preparada de la historia de España lo vio claro: si me cobran el 2% por el préstamo, y me suben el sueldo un 4% cada año, endeudarme es negocio. Con estas nociones de finanzas y la certeza heredada de la sabiduría de sus mayores de que el precio de la vivienda nunca baja (sobre una experiencia histórica de alta inflación y devaluaciones de la peseta) tomó préstamos a interés variable a 35 años. ...

El grado de endeudamiento se media como porcentaje de los salarios de la pareja que se destina a pagar la cuota mensual de la hipoteca. Con tipos al 2% el resultado era que entre un tercio y la mitad de los ingresos de la pareja se destinaba al pago de la hipoteca, y si al banco no le parecíademasiado, al ciudadano tampoco. En el siglo anterior, cuando los españoles desconocían el significado de la palabra Euribor, los cálculos se hacían de otra forma. El piso tenía que costar aproximadamente 4 años de ingreso anual familiar. Y eso constaba, con pocas oscilaciones. Con la nueva fórmula de cálculo, el piso ha pasado a costar 8 años de ingreso anual familiar, el doble que siempre en España y el doble de lo que cuesta hoy en los principales países desarrollados.

Con los tipos al 5% el castillo de naipes se derrumba. La ´demografía española es clara: cada año hay más defunciones que personas que forman una nueva familia y requieren un nuevo hogar. No hay más demanda neta que la que provenga de inmigrantes, segundas residencias o inversores. Aún así, se han construido 4 millones de viviendas en los últimos ocho años. Los inmigrantes y los compradores de segunda residencia nacionales y extranjeros, han absorbido la mitad; la otra mitad está sin vender, en manos de los promotores o de los inversores que quieren revenderlas.

A un precio medio que, en euros por metro cuadrado, duplica el de Estados Unidos o Alemania, la vivienda en España no es objeto de codicia por parte de los inversores. A mitad de precio, podría volver a serlo. Pero hay que llegar a ello. Mientras tanto, el ajuste será grave. Su coste no será inferior a 4 años de crecimientos del PIB próximos al 1% anual, que es tanto como decir un mínimo de un millón de parados adicionales. Si el precio de la vivienda no baja notáblemente y atrae inversores, el coste será mayor.

Afortunadamente, para los inversores en bolsa, el Ibex 35 está relativamente protegido de la crisis económica nacional. Los cinco grandes valores del índice (Telefónica, Santander, BBVA,. Iberdrola, Repsol), que representan dos tercios del mismo, son multinacionales, y la parte nacional de sus ingresos es bastante resistente a la caída de la actividad económica. Dicho esto, el goteo de revisiones a la baja de estimaciones de crecimiento, y los datos al alza de paro y morosidad en nada ayudan a la bolsa española.

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¿Crisis inmobiliaria? Un ajuste necesario
Blog Juan Carlos Longas - 08 de junio de 2008
 
 
Desde que estalló la crisis hipotecaria en Estados Unidos se ha hablado mucho de la conveniencia o no de que la autoridad monetaria (en aquel caso la Reserva Federal) intervenga para paliar sus efectos y salvar los bancos comprometidos, a costa de avalar comportamientos temerarios e incluso aberrantes desde el punto de vista económico y social. Los partidarios de la intervención arguyen que así se evitan males mayores. Los detractores, que de esa manera se traslada a los agentes económicos el mensaje de que todo vale —hasta el falseamiento de datos— en la loca carrera por engordar las cuentas de resultados, siempre que el problema creado sea lo suficientemente grave. Es lo que se denomina un problema de riesgo moral, que se presenta cuando los costes y perjuicios de una decisión no recaen sobre quien decide.

Sin pretender equiparar dos situaciones con denominaciones similares pero bien diferentes en sus características, aquí esta pasando lo mismo con la construcción. Cuando los indicios de debilitamiento, enfriamiento, crisis, o comoquiera que llamemos a la actual circunstancia, se van imponiendo con la perseverancia de lo inexorable, comienza a generarse un estado de opinión favorable a la intervención pública para paliar los perjuicios que se adivinan. Incluso se ha creado un lobby que aglutina a los principales promotores inmobiliarios, con el fin, quizá no explícito pero sí explicitado en pronunciamientos y actuaciones públicas, de presionar al Gobierno y promover políticas que favorezcan sus intereses. Por eso es conveniente un análisis algo más pormenorizado de la situación y hacer un poco de memoria.

Como todo el mundo sabe —y buena parte lo ha sufrido en las carnes cada vez más escuálidas de su renta mensual (los salarios más bajos llevan años reduciéndose en términos reales)— el precio de la vivienda ha experimentado en la última década subidas que, con perspectiva histórica, cabe calificar de espectaculares. El fenómeno es resultado de una concatenación de elementos que van a coincidir cronológicamente en unos pocos años, a los que no es ajena la unión monetaria en Europa: reducción de tipos de interés hasta niveles desconocidos, necesidad de aflorar dinero fiscalmente oculto, fase expansiva del ciclo económico. Todo ello va a redundar en una especulación exacerbada, muy asociada a la corrupción urbanística, un contexto en el que todo vale y cualquier cantidad de viviendas que se construya encuentra inmediatamente compradores. El ritmo de construcción es frenético, sin relación con las necesidades reales y el número de viviendas vacías se incrementa tan deprisa como los precios. El problema ya no es de vivienda, que haberlas haylas, sino de acceso a la vivienda. Para colmo, la dinámica de ocupación de suelo es depredadora y generadora de servidumbres ambientales, económicas y sociales (emisiones de CO2, congestión, incremento de necesidades de movilidad, contaminación en todos sus tipos) difícilmente asumibles en el inmediato futuro.

Así pues, durante bastantes años se ha confiado el crecimiento económico (con lo que lleva consigo, claro, de exhibición de agregados macroeconómicos aparentemente sólidos y positivos) a la construcción; y, como no podía ser de otro modo por ser las bases muy débiles, tal crecimiento va a ser fuerte pero desordenado y enfermizo, con empleo de mala calidad y un peso preocupante (por lo que significa) del sector en la economía. Socialmente, se produce una gigantesca transferencia regresiva de rentas, desde la población de menor nivel de renta y el sector público hacia los grandes promotores (ni siquiera a los constructores, cuyos márgenes no son tan elevados). Basta observar las listas de las personas más ricas. En España, una buena porción de ellas están muy vinculadas a la promoción inmobiliaria y han hecho su fortuna en un plazo relativamente breve. Y es que la misma Administración ha alimentado el proceso mediante políticas miopes, por más que cuenten con un amplio respaldo social, especialmente las desgravaciones fiscales, pero también la VPO.

No contentos con enriquecerse de esa manera, ahora forman un grupo de presión y se permiten —en ocasiones con notable impertinencia— adoctrinar sobre qué políticas hay que aplicar que, casualmente, coinciden con sus intereses. Con el chantaje del aumento del desempleo, tienen el desparpajo de exigir —ése es el verbo adecuado— un aumento de las deducciones fiscales o más fondos para VPO. Saben, naturalmente, que los más beneficiados de medidas así serían ellos. Y saben, también, que pocos políticos tienen la honestidad intelectual suficiente como para explicar a la ciudadanía que el ajuste no sólo es necesario, sino saludable y que el empleo creado al amparo del boom inmobiliario es poco estable y de muy mala calidad. Al mismo tiempo, el coste de oportunidad (en términos de posibilidades perdidas por no invertir en actividades de mayor futuro) de dedicar tan inmensos recursos al ladrillo es muy elevado para una economía que, a pesar del triunfalismo oficial, presenta indicadores poco halagüeños en aspectos esenciales como la educación, la innovación tecnológica, el medio ambiente o la productividad.

¿A qué nos ha conducido todo ello? A la vista está: precios disparatados, una expansión urbana ambientalmente insostenible, la liquidación de patrimonio público, el agotamiento de las posibilidades financieras de muchos municipios y la condena de parte de la población a vivir durante décadas atados a una hipoteca. Buena culpa de ello la tiene la confusión (quizá interesada) entre derecho a la vivienda y derecho a la vivienda en propiedad. Si una sociedad opta por garantizar el segundo, allá ella con sus consensos. Como mecanismo de control social puede ser eficaz, pero ¿es progresista una política con resultados tan retrógrados?

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La ‘estanflación’ sobrevuela la economía
Cotizalia.com - 30 de mayo de 2008
 
 
El PIB trimestral crece a ritmos del 0,1% y el IPC roza el 5%

El estancamiento de la actividad económica ha dejado de ser una hipótesis de trabajo. Los informes preliminares que están haciendo estos días los institutos de coyuntura sobre la velocidad de crecimiento de la economía española indican que el Producto Interior Bruto (PIB) crecerá en el segundo trimestre de este año (en relación al trimestre anterior) entre un 0% y un 0,1%. Cualquiera de las dos tasas es la más baja desde los años de la recesión, y en todo caso sensiblemente inferior al 0,3% alcanzado en el trimestre anterior. En términos interanuales, la economía puede estar creciendo ya en el entorno del 1,7%.

La aceleración del deterioro económico se manifiesta en todos los indicadores desde el lado de la demanda, pero es especialmente intensa en el caso del consumo de las familias, como ha puesto de manifiesto esta misma mañana el Instituto Nacional de Estadística. Según el INE, las ventas del comercio al por menor cayeron en abril (una vez corregido el distinto calendario), un 3,4%, lo que pone de relieve hasta que punto el efecto combinado del aumento del desempleo y del alza de los precios está socavando la capacidad de gasto de los hogares. No se trata de un dato aislado, sino que es coherente con lo que ha sucedido en los últimos meses. Desde enero de este año, las ventas minoristas han caído un 3,5%, afectando la senda negativa a todos sus componentes, incluidos los productos de alimentación.

El descenso más acusado se concentra en los bienes destinados al equipamiento del hogar, con un retroceso del –8,4%. La caída de la demanda no sólo afecta al comercio minorista, cuyo margen de maniobra es menor para afrontar un escenario de ralentización económica, sino también a las ventas de las grandes superficies, cuya cifra de negocio ha caído un 3,3% en abril una vez corregida la serie del efecto calendario. En el primer cuatrimestre del año la caída es del 3,4%, lo que pone de relieve el empeoramiento del consumo doméstico.

Indicadores adelantados

El hecho de que los hogares consuman menos es crucial desde el punto de vista macroeconómico, toda vez que el gasto de las familias representa alrededor del 60% del Producto Interior Bruto desde el lado de la demanda.

La caída del consumo viene siendo advertida desde hace meses por los indicadores adelantados, que reflejan un dramático deterioro de la confianza de los consumidores en el fututo de la economía. El Índice de Confianza refleja un saldo negativo de 25 puntos, mientras que en el caso del índice de confianza en la evolución del comercio minorista muestra un saldo de –34 puntos, el más alto de la serie histórico. Según los datos oficiales, si la pregunta se hace sobre la tendencia prevista en la situación económica de los hogares, el resultado es de –15 puntos, cuando hace apenas un año este mismo indicador mostraba un escueto –4 puntos.

Tres factores, al menos, influyen en el deterioro de las expectativas económicas –que es un indicador de la futura evolución del consumo-. En primer lugar, el alza de la inflación, que merma el poder adquisitivo de los salarios. Y según el INE, los precios han subido en mayo un 4,7% en los doce últimos meses, lo que significa la tasa más elevada desde 1997, año en el que comenzó a publicarse el índice de Precios de Consumo Armonizado.

En segundo lugar, la caída del consumo tiene que ver con el aumento de los tipos de interés, lo que socava el poder adquisitivo de las familias, sobre todo en un país como España, donde el endeudamiento (principalmente para adquisición de viviendas) representa nada menos que el 130% de la renta disponible de las familias. Y el euribor se sitúa en estos momentos ligeramente por encima del 5%.

En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, el empleo se está deteriorando de forma acelerada, hasta el punto de que ya crece a ritmos próximos al 1%, cuando hace apenas un año lo hacía por encima del 3%.

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Es imprescindible incentivar el consumo
Público - 05 de junio de 2008
 
 
La encuesta de Público sobre la situación económica de los hogares españoles contiene algunos resultados que sorprenden e inducen a la reflexión. En primer lugar, aunque se confirma que la hipoteca continua siendo un factor clave en el endeudamiento de las familias españolas (ya que del total del 51,3 % de hogares con deudas, el 19,3 es solo por hipoteca, a lo que debe añadirse el 14,7 de hipoteca más créditos a plazo, o sea un total de 34%), llama la atención la cantidad de familias que no pagan hipoteca (49,5%) y hogares sin deuda alguna (48,7%). El nivel de endeudamiento -especialmente por hipotecas- es probablemente menos que en otros países europeos, como el Reino Unido, por ejemplo, con niveles altísimos.

Lógicamente la encuesta no analiza la situación del 16% de los encuestados que no tiene vivienda en propiedad y de los jóvenes que no pueden independizarse y viven con sus padres, en ambos casos seguramente por el altísimo precio de la vivienda en España. Cabe consignar que el precio de la vivienda se ha incrementado un 900% en los últimos 20 años mientras que la renta neta por habitante solo un 350%. Mientras los ingresos se han multiplicado 3,5 veces, el precio de la vivienda se ha multiplicado por 9. Y lo que aumenta de precio es el suelo, no los ladrillos y esto es lo que hay que corregir mediante medidas fiscales y de régimen del suelo.

Otra evidencia de la encuesta es la depresión del ahorro que, aunque ha mejorado algo sobre el nivel de 2007, se mantiene bajo y ha empeorado en el último mes donde el 61,5% no ha ahorrado nada y sólo el 37,2 ha ahorrado algo.

Vertiginosa caída

Un resultado alarmante de la encuesta es la vertiginosa caída del consumo proyectado -que es el que nos interesa para la evolución económica-. El 86,3% de los encuestados no se plantea realizar compra alguna y el 11,5% planea realizar solo una compra. Esto a mi juicio indica claramente que la incentivación del consumo es una prioridad esencial si se quiere evitar el derrumbe económico. Para incentivar el consumo sin caer en aumentos de salarios o subsidios inflacionistas, existe una sola vía: derogar impuestos indirectos.

El Gobierno debe tener el coraje de plantear una reforma y reducción drástica del Impuesto sobre el Valor Añadido. Sarkozy ha tenido la valentía de plantearlo sobre los combustibles, pero como él es conservador, sería bueno que este gobierno socialista fuera mucho más allá que él. Esta reforma produciría un aumento inmediato del consumo privado y, en consecuencia, de la demanda agregada.

Por supuesto, el Gobierno debe tomar medidas para que -cuando termine el ciclo depresivo- no se reproduzca la especulación inmobiliaria que tanto daño ha causado a la sociedad. En el centro de la especulación inmobiliaria están las plusvalías del suelo urbano, que son una creación de la comunidad y no del individuo. Es hora de que el Gobierno adopte las medidas fiscales y administrativas para capturar estas plusvalías y -disminuyendo el valor del suelo- cumpla con la disposición constitucional de asegurar una vivienda digna a todos los españoles.

* Fernando Scornik es abogado y presidente de la International Union for Land Taxation and Free Trade

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La crisis y desconfianza hacen fracasar la hipoteca inversa
Finanzas.com - 27 de mayo de 2008
 
 
El Gobierno quiso el año pasado dar soporte legal a la hipoteca inversa, una fórmula ideada para que mayores de 65 años y los dependientes con casa propia pudieran complementar sus pensiones

La figura se sumó a la reforma hipotecaria de diciembre acompañada de algunas ventajas fiscales que, sin embargo, no han convencido a casi nadie. Los registradores de la propiedad aseguran que estos contratos se pueden hoy contar "con los dedos de una mano", y los bancos reconocen que "aún falta desarrollo legal" y que los jubilados "siguen considerando su vivienda como el principal legado para sus hijos".

En España se tiene la conciencia de que quien tiene un piso tiene un tesoro. Por eso los mayores se lo piensan muy mucho antes de hipotecar su casa para sacarle una renta que eleve su exigua pensión (la media ronda los 670 euros). Hasta ahora -y a pesar de que las entidades financieras lo ofrecen ya de forma más o menos habitual, con un coste eso sí del 5% o 6%-, las hipotecas inversas son "testimoniales", como destaca Eugenio Rodríguez Cepeda, decano del Colegio de Registradores.

Al miedo a suscribir un crédito sobre el 'tesoro' familiar, tal y como están los tipos de interés, se suman múltiples inconvenientes. El primero de todos, la crisis que vive el mercado inmobiliario. Los precios de la casas no crecen como antaño y muchos auguran caídas notables en los próximos años. Y claro, no es de extrañar que bancos y cajas encarezcan un producto que no saben realmente cómo funcionará. En principio, el contrato implica que el propietario pacta una renta mensual (o pagadera de una sola vez) por su casa para que cuando él muera sus herederos paguen directamente o vendan la casa para saldar la deuda

Pero la cuestión no es tan fácil pues, como asegura uno de los responsables del Colegio de Registradores, "hasta que no nos muramos por decreto a una edad determinada no hay nada que hacer".

Las entidades financieras reconocen que la incertidumbre sobre el deceso del beneficiario complica la operación. Para solventar este inconveniente, algunas incluyen un seguro de rentas -que añade costes al producto- por si el cliente 'sobrevive' al tiempo concertado. Y es que si en los cincuenta la esperanza de vida era de 65 años, hoy supera los 80. Todo un cúmulo de incertidumbres que pueden llevar a lo que en el mercado financiero se conoce como 'patrimonio negativo' o, lo que es lo mismo, que la deuda sea superior al valor del bien.

FUTURO

No todo son impedimentos para que la hipoteca inversa funcione algún día, pues el 84% de los hogares cuya cabeza de familia tiene más de 75 años cuenta con una casa en propiedad con un valor medio de 126.000 euros, según BBVA. A esto se suma que cada surgen más dudas sobre la solvencia futura del sistema público de pensiones con lo que, en principio, puede que haya futuro para este tipo de contrato.

Desde la Asociación Hipotecaria Española (AHE) se explica que muchos de los que se interesan por la hipoteca inversa no cumplen los requisitos o, sencillamente, tienen otras alternativas que les resultan más ventajosas. Para la organización es necesario un reglamento que desarrolle el producto y la instauración de un organismo independiente que asesore a los clientes.

Fuentes financieras resaltan que ante la crisis del sector muchos de los que se acercan a su banco o caja para interesarse por este contrato salen "espantados" al ver que entre una cosa y otra sólo se les entrega finalmente entre un 30% y un 40% del valor del piso.

La solución puede venir desde el ámbito público, pues el Instituto de Crédito Oficial (ICO) -dependiente del Ministerio de Economía - estudia la posibilidad de abrir una línea de financiación específica para hipotecas inversas. Así lo confesó recientemente el presidente del organismo, Aurelio Martínez, quien explicó que el modelo estaría a medio camino entre lo ya conocido y una renta vitalicia. Un contrato, en principio, para mayores de 70 años para cuyo desarrollo ya se ha empezado a conversar con entidades financieras y aseguradoras.

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Sonsoles a ZP:Te has equivocado.Nuestra hipoteca es variable
20 Minutos - 03 de junio de 2008
 
 
El presidente dijo en una entrevista que su hipoteca era de tipo fijo. Su mujer le mandó un mensaje al móvil corrigiéndole. El matrimonio compró una casa en Las Rozas (Madrid) cuando se trasladaron desde León a la capital.

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, también tiene una hipoteca. Pero no sabe si de tipo variable o fijo.

El jefe del Ejecutivo concedía el pasado domingo una entrevista a la cadena SER, y durante el transcurso de la misma, la periodista Montserrat Domínguez le preguntó si su hipoteca era de tipo fijo a variable.

Zapatero respondió al instante "Tipo fijo, sí". Tras lo que Domínguez le contestó: "O sea, que se está librando de la que está cayendo".

"Bueno, la verdad es que se está sufriendo la consecuencia de la elevación de los tipos de interés y soy consciente de que hay un buen número de familias que eso lo sufren en los bolsillos”, agregó el presidente.

Pero lo que hubiese sido una noticia más, se convirtió en anécdota después de que el presidente recibiera un mensaje al móvil de su mujer, Sonsoles Espinosa, en el que le recordaba que su hipoteca era variable, es decir, está sujeta a la subida de tipos que fija el Banco Central Europeo, según relata elconfidencial.com.

El matrimonio compró una casa en Las Rozas (Madrid) cuando Zapatero fue elegido secretario general del PSOE en 2000 y se trasladaron a vivir a la capital desde León.

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Comunidad de Madrid
 
Viaje al centro de la especulación
DiagonalPeriodico.net (Comunidad de Madrid) - 30 de mayo de 2008
 
 
Especulatour II. Por segunda vez el autobús recorre los monumentos a la especulación inmobiliaria en Madrid. Con el objetivo de señalar los puntos clave de los procesos especulativos en la ciudad de Madrid, el ‘Especulatour II’ visitó el PAU de Vallecas, el campo de golf de Chamberí y los despropósitos urbanísticos de Villalba.

Con las cuatro torres de la antigua Ciudad del Real Madrid de fondo, el Especulatour volvió a recorrer los monumentos de la especulación en Madrid. Esta segunda edición del paseo- protesta por el “Madrid que no deseamos” ha elegido como primera escala las nuevas urbanizaciones de Vallecas. Cuando el autobús llegaba al PAU de Vallecas, la Asociación de Vecinos del nuevo barrio –diseñado para 26.000 viviendas, el 53% protegidas– esperaba para iniciar un reclamo por la falta de infraestructuras.

Según denuncia Ecologistas en Acción, los promotores pagaron 30 euros por cada metro cuadrado de terreno urbanizable y luego lo vendieron a 1.474 euros en las viviendas más baratas. Los vecinos denuncian que la urbanización, del tamaño aproximado de Cáceres, carece de dotaciones tan básicas para un barrio como buzones, placas para los nombres de las calles, oficinas de Correos, parques de bomberos, equipamientos culturales, centros de salud, autobuses nocturnos… En cambio, según ironizan los organizadores, el PAU goza de una “selecta dotación medioambiental encabezada por la incineradora de Valdemingómez, que distribuye democráticamente toxinas y malos olores”.

La segunda parada fue en el campo de golf que la Comunidad Autónoma y el Canal de Isabel II han instalado en Chamberí, en un sitio donde estaba planeado un parque. El hecho de que se trate del distrito de Madrid con menos metros cuadrados de zonas verdes por habitante no parece ser suficiente frente a las necesidades de los jugadores de golf de la ciudad, desesperados por un lugar donde practicar sus swings.

La Asociación de Vecinos El Organillo y los vecinos reunidos en Parque Sí en Chamberí, recibieron al Especulatour con carteles que reclamaban que un nuevo parque entierre el elitista y privativo campo de golf.

La tercera visita fue Villalba, donde la Coordinadora Salvemos la Sierra y sus grupos organizados guiaron a los viajeros en un recorrido por algunos “desmadres” de la gestión municipal, cuyo símbolo más destacado y visible es el conjunto formado por el “túnel de la especulación, el aparcamiento que nunca debió existir y el monumento de las pirámides de escombros”. Proyectos que han terminado costando el doble de los 20 millones de euros inicialmente presupuestados.

El Especulatour fue organizado por la plataforma Madrid por el Derecho a la Vivienda y el Territorio, formado entre otros por Ecologistas en Acción, ATTAC Madrid, Jóvenes de IU, Laboratorio Urbano, Plataforma por una Vivienda Digna y la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM).

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Una mirada sobre los otros
GenteDigital.es (Comunidad de Madrid) - 06 de junio de 2008
 
 
Gente en Madrid acompaña a una patrulla de calle del servicio de emergencias sociales que atiende a las 1.700 personas sin hogar que sobreviven en Madrid.

Nazaret no para de revolotear por una de las salas de la sede del Samur Social. Se sube al sofá para asomarse a la ventana, sale al pasillo, se sienta en el suelo, chilla, corre a esconderse tras la puerta... Cuando nació hace año y medio, su madre Ángela, (nombre falso) malvivía entre palizas de su pareja.

Estaba anulada y había bajado todos los peldaños de una escalera que la tenía sumida en el abandono vital. Hoy, esta mujer de belleza castigada por los golpes y la droga, lucha por sacar adelante a "este torbellino que me trae de cabeza. No para quieta, no puedo con ella...", cuenta Ángela, que calla para añadir "pero es Nazaret quien me ha dado las fuerzas necesarias para vivir. Mi próximo objetivo es encontrar un trabajo".

Darío Pérez, director del Samur Social y Personas sin Hogar, guarda en la memoria cientos de historias similares a la de Ángela. En sus casi veinte años de trabajador social, ha descubierto que "la mayoría de las personas sin hogar, llevaba una vida normal, hasta que de una tacada perdieron todo, bien sea porque los despidieron del trabajo, la familia los echó de casa, sufrían maltratos...". El imaginario popular dice que los homeless nacieron en la calle, pero el Segundo Recuento de Personas Sin Hogar en Madrid lo desmiente. Los principales motivos que los han conducido a la vía pública son el desempleo (22,6%), los problemas familiares (21,1%) y la condición de inmigrante ilegal (13,1%). Sólo una minoría ha acabado durmiendo entre cartones por problemas con el alcohol y las drogas (12%). "Hay que borrar los prejuicios que pesan sobre ellos. No son personas ariscas. Rompen lazos con su antiguo entorno, pero crean otros".



Las relaciones que entablan no son especialmente conflictivas. Sí que hay peleas por un cartón, una botella de vino, una esquina para pedir..., pero es igual de cierto que construyen lazos de solidaridad. Pérez recuerda cómo un chaval le contó que dormía acompañado "para tener a alguien que llamara a la ambulancia si tenía un mal chute". Dormir juntos también les protege de las agresiones, una lacra padecida por más de la mitad de las 1.700 personas sin hogar de Madrid.

RELACIÓN CON EL SINTECHO

"Hay que tener en cuenta que somos intrusos. Invadimos los espacios de los homeless. Por eso, hay que respetar que no quieran vernos", dice Aikyas, trabajador social de uno de los equipos de calle del Samur Social. Su compañera Maribel cubre una suplencia de auxiliar social y admite que es un trabajo al que se ha "enganchado". En los primeros contactos avanzan tanto como les permiten. "El primer acercamiento es suave y breve. Nos presentamos y estamos con ellos lo que nos dejen".

Ambos coinciden en que la paciencia es clave para abrir la puerta de contacto con el sin techo. Los plantones forman parte de su trabajo. "Quedamos con ellos y no se presentan. Es normal, pues tienen miedo de entrar en la sociedad. Tenemos que seguirles la pista un día tras otro. Es esencial que vinculen nuestra cara con la de alguien que quiere ayudarlos". Hasta tres personas sin hogar visitan esa mañana Aikyas y Maribel, pero no hay suerte. Uno ha cambiado de zona, otra duerme y el tercero ha salido a buscar chatarra.

Aikyas matiza que no hay que asociar la mendicidad a estas personas. "La mayoría no pide. Otros piden, pero tienen casa. Además, el sistema de la mendicidad es neoliberalismo puro. Unos recaudan mucha pasta y otros casi nada". En definitiva, un reflejo de la sociedad que antes los acogía y de la que ahora se han desvinculado. Mientras, los miembros del Samur Social trabajan para visibilizar este fenómeno que tanto molesta mirar de frente.

VARÓN, 40 AÑOS, SOLTERO Y SIN TRABAJO

PERFIL La mayoría de las personas sin hogar de Madrid son hombres, están solteros, rondan la cuarentena, no tienen trabajo y duermen en la almendra central de la ciudad. Pasan la mayor parte del día solos y apenas tienen relación con sus familiares

LOCALIZACIÓN Eligen el centro para instalarse, aunque en los últimos meses se ha notado una dispersión. Prefieren la almendra central porque es más fácil subsistir (hay más comedores, más turismo y más gente que les da dinero) y por el deseo de anonimato (no quieren ser reconocidos por familiares y amigos)

NACIONALIDAD El 47%, españoles, y el 53% es de origen extranjero

PLAZAS La red de acogida de la ciudad de Madrid cuenta con más de mil trescientas plazas

24 HORAS AL DÍAS, 365 DÍAS AL AÑO

Un mensaje acaba de archivarse en uno de los ordenadores del centro de llamadas del Samur Social. "Mujer. 34 años. Alcohólica. La han echado del domicilio y solicita ayuda para dormir". Una trabajadora social empieza a mover los dispositivos existentes para atender este caso. A veces, mandan a una de las ocho unidades móviles. Otras son socorridos por algunas de las doce patrullas de calle.

"Todas las llamadas son atendidas por trabajadores sociales. Agiliza el proceso, aunque hay que tener en cuenta que no se puede ir tan rápido como en una emergencia sanitaria", matiza el director del Samur Social. El año pasado se registraron más de 60.000 llamadas. Este servicio de emergencia social, activo las 24 horas al días los 365 días del año, cuenta con 150 profesionales.

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Más de 1.000 pisos del IVIMA ya ocupados podrían demolerse
El Mundo (Comunidad de Madrid) - 06 de junio de 2008
 
 
Tras un fallo del TS. El Tribunal confirma defectos en los concursos de adjudicación denunciados por el COAM. Se tendría que haber tramitado de forma separada el concurso de proyectos y el de obras Las viviendas están Ensanche de Vallecas, Valdemoro, Navalcarnero y Collado Villalba.

Más de mil viviendas del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid, ubicadas en el Ensanche de Vallecas, Valdemoro, Navalcarnero y Collado Villalba, podrían ser demolidas. ¿La causa? Una sentencia del Tribunal Supremo confirma defectos de forma en los concursos de adjudicación, según el Colegio de Arquitectos de Madrid (COAM).

El TS rechaza el recurso de casación interpuesto por el IVIMA contra una resolución de octubre de 2006 del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, firme la del TSJM. En ésta declaró la nulidad de la resolución del IVIMA así como la necesidad de "retrotraer las actuaciones a fin de modificar el objeto de los concursos, de forma que se tramite de manera separada el concurso de proyectos y el de obras".

El COAM afirmó, a través de un comunicado, que el Supremo les da la razón con una sentencia que "pone en evidencia la ilegalidad de los procedimientos utilizados por el IVIMA, dependiente de la Comunidad de Madrid, en la convocatoria de concursos de proyecto y obra para la construcción de más de 1.000 pisos públicos del Plan de Vivienda de la Comunidad de Madrid".

La sentencia del Supremo considera firme la del TSJM, que declara la nulidad de la resolución del IVIMA así como la necesidad de "retrotraer las actuaciones a fin de modificar el objeto de los concursos, de forma que se tramite de manera separada el concurso de proyectos y el de obras".

El COAM señaló que el cumplimiento de la sentencia podría significar tanto "la demolición de las viviendas habitadas" y "la nueva convocatoria de los concursos de proyecto, por un lado, y los de obra, por otro".

El daño personal a los adjudicatarios de las viviendas así como el daño económico a los presupuestos de dicha entidad pública dependiente de la Comunidad de Madrid puede alcanzar millones de euros, aseguraron desde el Colegio de Arquitectos. Los arquitectos madrileños manifestaron que la actuación del IVIMA fue "fruto de una cierta irresponsabilidad".

El IVIMA, que convocó los concursos en el año 2004, solicitó la presentación de ofertas conjuntas tanto del proyecto de arquitectura como de construcción de las viviendas, un procedimiento "ilegal, siempre y cuando no se den causas excepcionales".

En la convocatoria de los concursos de proyecto y obra "se prima la oferta económica frente a la calidad del hecho arquitectónico", razón por la que el COAM insistió en que la arquitectura "jamás debe someterse a los vaivenes del mercado de la oferta y la demanda". La propuesta del Colegio pasa por abrir con la Administración "una vía de diálogo para que este tipo de actuaciones no se produzcan en el futuro".

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Catalunya
 
Un juez obliga a una inmobiliaria denunciada por 'mobbing'
El Mundo (Catalunya) - 13 de junio de 2008
 
 
A hacer reformas en el edificio. La sentencia acaba con casi cuatro años de demandas y recursos judiciales. Los inquilinos pagan por el alquiler una media de 150 euros al mes

Un juez de Barcelona ha condenado a una inmobiliaria denunciada por un grupo de ocho vecinos por acoso inmobiliario a rehabilitar a fondo el edificio, situado en la calle Enric Granados de Barcelona, ya que se encuentra en un estado muy deteriorado, como lo atestigua la presencia de ratas.

Tras casi cuatro años de demandas y recursos judiciales interpuestos por ambas partes, el juzgado de primera instancia número 9 de Barcelona ha condenado finalmente a Inmuebles en Renta SA, filial del grupo Sacyr-Vallehermoso, a acometer a una reforma estructural del bloque, desratizar el edificio, rehabilitar las instalaciones de agua, gas y luz y aplicar un tratamiento anti-termitas.

El juzgado obliga asimismo a los vecinos a permitir la entrada de los operarios que lleven a cabo las obras -la inmobiliaria había denunciado que se oponían a su presencia-, si bien les reconoce su derecho a reclamar la reducción de la renta si su piso está más de 40 días en obras.

El bloque está situado en el número 147 de la calle Enric Granados, donde un grupo de ocho vecinos, en su mayoría ancianos -de los que uno ya ha fallecido-, denunciaron que sufrían "métodos de extorsión" y "presión psicológica" por parte de la inmobiliaria, que adquirió el edificio hace seis años, para echarlos del inmueble.

Los inquilinos tienen contratos de renta antigua y pagan por el alquiler una media de 150 euros al mes.

Según los vecinos, la inmobiliaria, tras comprar el bloque, pidió al ayuntamiento que lo declarara en ruina para poder derribarlo, lo que el consistorio denegó. Ahora, tras la sentencia judicial, tendrá que reformarlo a fondo.

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Barcelona contará con el primer fiscal de acoso inmobiliario
El País (Catalunya) - 05 de junio de 2008
 
 
Entre 2004 y 2007 se presentaron más de 509 denuncias en la capital catalana, de las que siete llegaron a los tribunales

Barcelona contará con el primer fiscal de toda España especializado en casos de acoso inmobiliario, un fenómeno por el que entre 2004 y 2007 se presentaron más de 509 denuncias en las oficinas municipales de vivienda de la capital catalana, de las que siete llegaron a los tribunales.

El alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, y la Fiscal Superior de Cataluña, Teresa Compte, han firmado para ello un acuerdo para que ambas instituciones actúen de manera coordinada si se comprueba que existen indicios de acoso entre los casos que se denuncian en estas oficinas de atención al ciudadano.

Prueba piloto

Las funciones de este fiscal especializado -en una experiencia piloto que Compte quiere que se extienda a otras zonas de Cataluña- serán las de coordinarse con el Consistorio para analizar estas denuncias, instruir las diligencias de investigaciones si fuera necesario y presentar ante los tribunales los casos de posible acoso.

Desde ahora, pues, el fiscal Fernando Rodríguez Rey coordinará la investigación de posibles casos de mobbing cuando la mediación no sea suficiente para solucionarlos.

"La especialización da una mayor eficacia"

No es la primera vez que el Ministerio Público catalán es pionero en la creación de la figura de un fiscal coordinador de un área específica, como los delitos económicos, medioambientales o, el más reciente, homófobos. Para Compte, "la especialización da una mayor eficacia" y se "evita la dispersión de trámites" dentro de la misma Fiscalía.

La Oficina de Vivienda de cada uno de los diez distritos barceloneses -de las que ocho ya están en funcionamiento y las otras dos lo estarán a principios de 2009- recabará información sobre los supuestos casos de mobbing y el Ayuntamiento ejercerá su función de mediador para solventarlos.

Pero cuando sea imposible encontrar una solución que satisfaga a inquilinos y propietarios, se remitirán los expedientes a la Fiscalía, que llevará el caso por la vía penal, que castiga con condenas de hasta tres años de prisión los delitos de coacciones o de atentado contra la integridad moral.

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El Gobierno catalán cede cinco pisos sin herederos a ONG's
El País (Catalunya) - 13 de junio de 2008
 
 
La Generalitat y la obra social Caixa Catalunya firman un convenio por el cual la primera mantendrá la propiedad de las viviendas pero cederá su uso a las asociaciones sin ánimo de lucro

La Generalitat ha cedido el uso de cinco pisos intestados, procedentes de propietarios que fallecen sin legarlos a nadie y sin herederos, a entidades de la red de Viviendas de Inclusión que gestiona la Fundació Un Sol Món, la obra social de Caixa Catalunya. La administración catalana y la entidad han firmado un convenio por el cual la primera mantendrá la propiedad de las viviendas pero cederá su uso a las asociaciones sin ánimo de lucro que gestionan la red de viviendas de inclusión. Hasta ahora, los pisos intestados que recibía la Generalitat, entre quince y veinte al año, se vendían para obtener liquidez que también se repartía entre ONG.

Actualmente la red de Viviendas de Inclusión gestiona 406 pisos de 91 asociaciones. Son pisos que albergan a personas sin techo, inmigrantes sin papeles, toxicómanos, jóvenes tutelados por la administración, víctimas de la violencia de género o personas que salen de la cárcel y ciudadanos que necesitan un alojamiento temporal como último escalón en su proceso de reinserción social. De ahí que sean pisos con algún tipo de tutela, ya sea con la presencia permamente de educadores o con supervisión más o menos esporádica. La Generalitat espera ceder otros 15 pisos a la red hasta finales de este año.

La mayoría de los pisos están en Barcelona

La Red de Viviendas de Inclusión se creó en 2006 con 213 pisos de 37 entidades y 970 plazas. La mayoría de los pisos están en Barcelona y su área de influencia y sólo algo más del 6% de las viviendas están en las comarcas de Tarragona, Girona y Lleida, que se acaba de sumar a la red. A las 406 de esta red cabe sumar las viviendas de inclusión de los ayuntamientos. El de Barcelona, por ejemplo, gestiona actualmente 17 pisos y se ha marcado ampliar la cifra hasta 50 en 2010, según el área de Bienestar.

Respecto a los 406 pisos de la red de inclusión de la fundación Un Sol Món, destacan por cantidad entidades como la Fundación Privada Fomento de la Vivienda Social de Càritas Diocesana, que tiene 62 viviendas, la asociación Social Forma (21 pisos), Benallar (20), Prohabitatge (17) y la asociación Rauxa (10). Entre los usuarios, el mayor colectivo de personas atendidas lo integran los jóvenes, seguidos de las mujeres y los inmigrantes sin papeles.

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Comunidad Valenciana
 
EL CONSELL AUTORIZA LA SUBIDA DE LA VPO
El País (Comunidad Valenciana) - 07 de junio de 2008
 
Los promotores incrementarán el precio de las casas entre el 5 y el 10%. La vivienda protegida será más cara a partir de ahora. El Consell aprobó ayer un nuevo decreto que permite a los promotores subir el precio de la vivienda de protección (VPP) entre un 5% y un 10%. El encarecimiento de esta clase de viviendas intenta dar respuesta a las demandas de los promotores, por un lado, y poner más VPP en el mercado para atender la demanda, por otro.

Con la nueva regulación, el Consell adapta su legislación a la normativa estatal y hace uso, por vez primera, de la figura de "municipio singular". Esta denominación permite fijar precios más altos a la VPP en ciudades donde el metro cuadrado es mucho más caro. Una clasificación, ya utilizada en otras autonomías, que estrenará la ciudad de Valencia.

La traducción en euros de esta nueva clasificación supone que si una VPP de 90 metros cuadrados costaba algo más de 138.000 euros (más de 23 millones de las antiguas pesetas) en la ciudad de Valencia, ahora saldrá a la venta por unos 162.000 euros (alrededor de 27 millones de las antiguas pesetas).

La subida de la vivienda tasada pretende, sin embargo, estimular la construcción de VPP en los municipios donde los precios eran más bajos, lo que hacía prácticamente imposible que los promotores ofreciesen esta clase de pisos.

El Consell puso ayer especial énfasis en recalcar que, aunque sube los precios de la VPP, el incremento no llega a los topes máximos establecidos por el Gobierno para toda España.

El decreto se aprobó conjuntamente con un convenio tipo que la Generalitat suscribirá con los Ayuntamientos que quieran impulsar la VPP. Estas medidas forman parte del Plan Estratégico de la Vivienda que ha elaborado el departamento de Medio Ambiente, que dirige José Ramón García Antón. El Consell también revisó ayer las ayudas para la vivienda.Entre las medidas adoptadas por el Consell para estimular el mercado de la vivienda se incluye también la posibilidad de que los promotores puedan recalificar como viviendas protegidas, en cualquiera de sus modalidades, pisos de renta libre. Esta medida solo se podrá aplicar en las fincas nuevas o que no hayan cumplido el año desde que se les concedió "licencia de primera ocupación, certificado final de obra o cédula de habitabilidad".

La posibilidad de recalificar viviendas de renta libre en pisos de protección oficial está pensada para los promotores que se han visto atrapados por el parón inmobiliario y la bajada de las ventas. Aunque la recalificación de los pisos obliga a cumplir con los requisitos fijados respecto a las superficies y los precios máximos, que solo podrán ser comprados por personas que cumplan con los requisitos fijados para la VPO y que tendrán las ayudas previstas.

El decreto aprobado por el Ejecutivo valenciano, que preside Francisco Camps, también regula las ayudas al alquiler, tanto para los inquilinos que disponen de pocos ingresos como para los promotores de viviendas protegidas en alquiler. En este conjunto de medidas, la Agencia Valenciana de Alquiler ofrecerá a los propietarios que ofrezcan sus viviendas un seguro de caución por impago de rentas y un seguro multiriesgo por posibles daños. Una medida que ya ofrecía la Agencia de la Generalitat en determinados supuestos y que ahora generalizará.

El decreto adapta también a la legislación estatal tres figuras ya creadas en la Comunidad Valenciana: la vivienda de acceso concertado (la que tiene un precio establecido para las personas con ingresos altos para acceder a la VPO pero bajos para comprar una vivienda de renta libre); el alquiler con opción a compra y la vivienda rehabilitada. El Consell establece una serie de ayudas a inquilinos, compradores y promotores que utilicen estas fórmulas y que completa las ayudas estatales.

El pleno del Consell en el que se aprobó un decreto que tendrá trascendencia para el sector inmobiliario también aprobó otras cuestiones. El Ejecutivo que preside Francisco Camps también aprobó un convenio para refinanciar la deuda que mantiene con las universidades públicas valencianas.

Así, el Ejecutivo valenciano acordó refinanciar hasta el año 2022 las cantidades que tenía que haber abonado a las universidades en la pasada legislatura.

Según los cálculos hechos por el Consell, en los próximos 14 años la Generalitat tendrá que pagar a las universidades valencianas un total de 891 millones de euros, que se sumarán a los 23,3 millones que recibirán este año. Este convenio obligará a las universidades a endeudarse para hacer frente a sus obligaciones. Según el Consell, con esta refinanciación a 14 años se pagará la deuda más los intereses de los préstamos que tendrán que asumir las universidades. La Generalitat que preside Francisco Camps se compromete a pagar religiosamente sus compromisos a partir del año que viene para no hacer la bola más grande con las universidades.

En su reunión, el pleno del Consell dio luz verde también al convenio con el Ayuntamiento de Valencia para construir un nuevo centro de acogida de inmigrantes en la ciudad. Sin embargo, el Gobierno valenciano no analizó ayer, ni siquiera se mencionó, la primera versión del contrato para inmigrantes que prepara la Generalitat. El pasado jueves, la diputada del PP Marisol Linares anunció en el pleno de las Cortes que el Consell abordaría ayer el asunto. Fuentes del Gobierno valenciano indicaron que Linares no estaba bien informada.

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Defensor del Pueblo denuncia la ley urbanística valenciana
Levante-emv (Comunidad valenciana) - 06 de mayo de 2008
 
 
El Defensor del Pueblo se sumó ayer a las voces críticas con la legislación urbanística valenciana en un informe en el que subraya la dejación en el control público y el grave impacto ambiental que provoca

El Defensor del Pueblo advierte en su Informe de 2007 que el marco normativo de la Comunitat Valenciana en materia urbanística puede "introducir novedades que desvanezcan la plena asunción de la responsabilidad que incumbe a los poderes públicos en el desarrollo armónico del territorio". En el documento, consultado, el Defensor del Pueblo recalca que en España la "ejecución del planeamiento urbanístico adolece de serios problemas relacionados con la complejidad de la gestión administrativa y con las dificultades para llevar a efecto las previsiones del instrumento en cuestión, especialmente cuando se acude al sistema de compensación".

El informe subraya asimismo que "a esto se añade, como en el caso de la Comunitat Valenciana, que el marco normativo de la Comunitat Valenciana en materia urbanística puede introducir novedades que desvanezcan la plena asunción de la responsabilidad que incumbe a los poderes públicos en el desarrollo armónico del territorio".

En este sentido, y dentro del capítulo dedicado al Medio Ambiente Urbanismo y Vivienda, el informe refleja que buena parte de las quejas recibidas en materia medioambiental durante 2007 versaron sobre las deficiencias en la oferta de información ambiental y en la ausencia o falta de consideración de las evaluaciones de impacto ambiental vinculadas a los proyectos de infraestructura.

Pide cambios

Sobre este punto, el Defensor del Pueblo recuerda que viene insistiendo en los últimos años en que "resulta necesario que la legislación aborde un régimen de cumplimiento más estricto de los preceptos que establecen el requisito de evaluación ambiental previa, de forma que se puedan evitar aquellos comportamientos administrativos que soslayan o prescinden del principio de protección del medio ambiente". El Defensor del Pueblo reclama a la Generalitat Valenciana que tenga en cuenta los estudios de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y que se acredite la suficiencia hídrica para aprobar nuevos planeamientos urbanos que conlleven un incremento del consumo de agua.

Falta colaboración

El Defensor hace "especial mención" a las quejas que se tramitan en la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda. Así, destaca que en 2007 "se ha constatado un cambio notable" respecto a etapas anteriores, ya que en alguno casos la Conselleria no ha facilitado los expedientes solicitados, y en otros, la información ofrecida es "insuficiente, excesivamente breve, incompleta" y a veces fuera de plazo.

Asimismo, explica que en la mayoría de estos expedientes se denuncia la aprobación de instrumentos de planeamientos por parte de ayuntamientos "sin que se haya acreditado la suficiencia" de los recursos hídricos para satisfacer las nuevas demandas. Una cuestión que califica de "grave" y que "preocupa de forma notable".

La Administración autonómica "no debería admitir a trámite ningún expediente urbanístico elevado por los ayuntamientos para su aprobación definitiva que no incluya el citado informe o en el caso de que este sea desfavorable", concluye.

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Caída de las ventas de VPO un 21%
El Mundo C. Valenciana (Comunidad valenciana) - 03 de julio de 2008
 
 
CUATRO PUNTOS MÁS QUE LA MEDIA NACIONAL La crisis económica precipita la caída de las ventas de VPO un 21% en la Comunidad

* El desplome de las operaciones de compra está cuatro puntos por encima de la media * Las causas son las dificultades para obtener préstamos y el aumento de los gastos * El descenso de ventas evidencia que los precios se encuentran fuera de mercado


La evidente bajada en las ventas de las viviendas libres y de segunda mano, debido a la crisis del sector económica, también se ha trasladado al ámbito de las viviendas protegidas.

Así lo ponen de manifiesto los datos oficiales del Ministerio de Vivienda en los que se detecta una importante caída en las operaciones de transmisión de viviendas protegidas. Concretamente, en el caso de la Comunidad Valenciana, las cifras indican un descenso en las ventas del primer trimestre de 2008, respecto al mismo periodo de 2007, superior al 21%.

El aumento de los gastos corrientes debido al crecimiento de la inflación y al endurecimiento de las condiciones de los préstamos hipotecarios por parte de los bancos no sólo toca de lleno a la venta de vivienda libre sino que también afecta al segmento de las viviendas más económicas.

El problema está en la calle ya que cada vez son más los casos en los que los adjudicatarios de estos pisos se ven obligados a renunciar a ellos en el momento de la entrega de llaves ya que no pueden lograr la financiación bancaria para hacer frente a los pagos.

Además de las dificultades en la obtención de la financiación bancaria, los nuevos propietarios se topan con el problema de que a la entrega de llaves deben afrontar el pago al contado del 20% del precio total de la vivienda.

Al mismo tiempo, cabe recordar que, en este caso, prácticas como la sobretasación del precio de los pisos que se llevaban a cabo con frecuencia durante el 'boom' crediticio no son viables en el caso de la vivienda protegida. No en vano, la tasación es fija a diferencia de las viviendas de renta libre. Flexibilización de los requisitos

Ante esta dificultad en el ámbito del ahorro, el conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, José Ramón García Antón trasladó al Ministerio de Vivienda la propuesta de que se reduzca este requisito previo del 20% a un 10% pasando la diferencia al grueso del crédito hipotecario.

La lógica del mercado indica que la solución pasaría por una reducción del precio de las viviendas protegidas ya que cabe recordar que la Conselleria no marca un importe concreto sino que establece un precio máximo de venta de forma que la fijación del importe de venta está en función del promotor.

La evidencia del notable descenso de las operaciones de compra venta de viviendas desvela una realidad cada día más visible y es el hecho de que los precios de los inmuebles se encuentran fuera del mercado, incluso en el caso de las viviendas protegidas tal y como lo demuestra la considerable bajada de las ventas de pisos protegidos.

El descenso en las operaciones de venta de VPO's de la Comunidad también es extrapolable, aunque en menor medida, a los datos del conjunto del país ya que en el caso nacional la bajada se quedó en un 17%.

A pesar de ser muy pronunciada la reducción respecto al primer trimestre del pasado año (-21%), este porcentaje es mucho si se revisan los datos de dos años atrás. Así, en relación al primer trimestre de 2007, el descenso de las transmisiones inmobiliarias de viviendas protegidas fue de un 30%.

De esta forma, la Comunidad lidera el desplome en las ventas de este tipo de pisos aunque por detrás de regiones como Baleares, Andalucía Madrid,Galicia y Cataluña. Así la Comunidad se sitúa como la sexta autonomía donde más disminuyeron las ventas de pisos de protección oficial.

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Decreto Ley de medidas para fomentar la VPO
El Mundo (Su Vivienda) (Comunidad valenciana) - 27 de junio de 2008
 
 
Valencia aprueba un Decreto Ley de medidas para fomentar la VPO y la gestión del suelo

* La edificabilidad residencial destinada a VPO no podrá ser inferior al 50% * No se aplicará en los sectores delimitados en un plan general o concierto previo


El Consell valenciano ha aprobado un Decreto Ley de Medidas Urgentes para el fomento de la vivienda protegida y la gestión del suelo necesario para ello. Este paquete de medidas está orientado a agilizar la generación de suelo y su salida al mercado siempre que vaya destinado a fomentar la construcción de nuevas viviendas de protección pública (VPP).

Se plantea la nueva figura de las áreas residenciales prioritarias, amplias reservas de suelo donde potenciar la VPP. También se garantiza la seguridad jurídica en la región y se evitan "posibles contradicciones" entre la normativa estatal y la valenciana que puedan "obstaculizar un mercado de tanta relevancia social como es el de la vivienda"

Entre las principales novedades que incluye el decreto se recoge por primera vez en la legislación autonómica las llamadas áreas residenciales prioritarias, cuyo objetivo es establecer reservas de suelo destinado a viviendas de protección pública (VPP).

Estas áreas, según prevé el acuerdo, favorecerán que la Generalitat, de manera autónoma o concertada con otras administraciones, proceda a la construcción de viviendas protegidas para facilitar el acceso de los ciudadanos a una vivienda. En estas áreas el porcentaje de edificabilidad residencial destinada a vivienda protegida no podrá ser inferior al 50% en suelo urbanizable y al 30% en suelo urbano. Además, cuando se proceda a la reclasificación de suelo no urbanizable, la edificabilidad residencial prevista deberá destinarse en su totalidad a la construcción de viviendas de protección pública.

Esta reserva no será aplicable en aquellos ámbitos o sectores delimitados en un plan general o concierto previo de los que ya se haya iniciado su exposición al público, en cuyo caso el porcentaje de reserva será como mínimo el 50%.

En el nuevo Decreto Ley se modifican artículos de la Ley Urbanística Valenciana con el fin de establecer la reserva de vivienda protegida en función de las demandas efectivas de la misma y de las tipologías constructivas y usos capaces de admitirla.

Así, el decreto establece que en los suelos residenciales se deberá fijar la reserva de vivienda protegida para atender la demanda que se prevea en el Sistema Territorial de Indicadores de Demanda de Vivienda. Además, el planeamiento general de todos los municipios deberá adecuarse a las previsiones establecidas en estos indicadores.

En los municipios de más de 50.000 habitantes, o con un crecimiento urbano medio en los cinco años anteriores superior a 10 viviendas por cada mil habitantes y año, la reserva no podrá ser inferior al 30% de la edificabilidad residencial prevista por la ordenación urbanística para el suelo objeto de la actuación. El nuevo Decreto Ley regula "de manera más precisa" los patrimonios públicos de suelo. Así, los bienes y recursos que integran el patrimonio público de suelo, así como los ingresos obtenidos mediante su venta, permuta o cesión, deberán ser destinados a la construcción de viviendas protegidas o a otras actuaciones de interés social, siempre y cuando la demanda de vivienda protegida esté satisfecha justificadamente.

Este aspecto se deberá acreditar en un programa municipal de carácter plurianual destinado a cubrir las necesidades de viviendas protegidas, concertado con la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda.

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VPO en Llíria exige 30.000 € a los dueños para empezar.
El Mundo CVA (Comunidad valenciana) - 09 de julio de 2008
 
 
DESPUÉS DE 12 MESES DE PARÁLISIS EN EL PROYECTO Una constructora de 84 VPO en Llíria exige 30.000 € a los dueños para empezar las obras. La empresa exige un adelanto de 30.000 euros para poder empezar la promoción. El Ayuntamiento aconseja a los propietarios que renuncien a la adjudicación

VALENCIA.- Hace un año que tienen la adjudicación para la construcción de 84 viviendas en la zona de Dalt de l'Estació, en Llíria. Aproximadamente el mismo periodo en el que se celebró el sorteo para adjudicar los pisos de dos, tres y cuatro dormitorios. Ahora, después de 12 meses de paralización de las obras la constructora exige un adelanto de hasta 30.000 euros a los propietarios para poder iniciar la promoción.

El concejal de Iniciativa, Paco García, denunció este martes las 'irregularidades' de las cláusulas del contrato y la actitud del Ayuntamiento, presidido por el popular Manuel Izquierdo, que se limita a aconsejar a los dueños que renuncien a los pisos.

La situación que plantea la promotora resulta chocante cuando se trata de viviendas protegidas. Se supone que son promociones urbanística pensadas para personas con mayores dificultades económicas y con un régimen especial, más baratas y con mejores condiciones de financiación.

Sin embargo, en el caso edetano las dos compañías encargadas del proyecto han empezado a poner unas serie de elevados requisitos económicos que, además, a los propietarios les ofrece pocas garantías en un posible caso de quiebra de la empresa. 20% de entrada

La primera condición es dar un adelanto del 20% del valor de las viviendas, más el IVA. Lo que supone entre 17.000 y 30.000 euros, en función de las características de los pisos.

Después del farragoso trámite de solicitud de un VPO y lograr ser el beneficiario del concurso, los adjudicatarios se encuentran un año más tarde con la necesidad de pedir un crédito personal para hacer frente al primer pago.

Una vez terminadas las obras, que se proyectan para dentro de dos años, los dueños deberán firmar un nuevo préstamo, en este caso hipotecario. Con ello, deberán responder ante dos créditos con sus respectivos intereses que elevaría mucho el precio de la vivienda que, de antemano, debe resultar más económica por estar promocionada directamente desde la Administración pública.

Pero, ni en el precio, ni en los plazos, ni en las garantías se aprecia la presencia del Ayuntamiento en esta promoción. El regidor ecosocialista lamenta que el equipo de gobierno "aconseja que se renuncie a la adquisición de las viviendas, sin más". Propietarios desprotegidos

Para Garcia, el PP local "apoya la postura empresarial de la promotora y deja desprotegidos a los adjudicatarios, ya que en ningún momento el ayuntamiento ha buscado otras soluciones alternativas que posibiliten la compra de una forma razonada y sin abusos".

El concejal de Iniciativa recrimina las "irregularidades" que ha detectado en los contratos de compraventa que propone la promotora. No sólo "obliga a pedir un préstamo para poder hacer frente al adelanto, cuando en el pliego de condiciones la promotora tenia ya un préstamo hipotecario suscrito".

Además, "se induce a la designación de un notario concreto, cuyo coste correrá a cargo del comprador cuando los normal es que estos gastos los asuma el vendedor".

Para el portavoz de la coalición de izquierdas, "no es serio que una empresa que ha gozado del respaldo municipal y a la que el consistorio le ha servido de inmobiliaria buscándole clientes, deje ahora en la estacada a diversas familias de Llíria".

Considera que sería "un fracaso municipal que, ante una iniciativa tan interesante y atractiva como esta, decenas de edetanos se queden en la calle por motivos meramente mercantilistas, cuando el motor de esta promoción debía ser ayudar a los colectivos económicamente más desfavorecidos".

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SOS Vivienda
El Mundo (Su Vivienda) (Comunidad Valenciana) - 08 de julio de 2008
 
 
El Ayuntamiento compra las casas de los hipotecados y se las alquila a precio asequible Ya hay 40 solicitantes de pisos de menos de 90 metros y con un coste inferior a 150.000 €

A veces es más difícil mantenerse en la cima que llegar a ella. Eso es lo que deben estar pensando los hipotecados que en su día adquirieron una casa y hoy no sabe cómo hacer frente al pago mensual. Pensando en ellos, el Consistorio de Gandía ha puesto en marcha el programa SOS vivienda. Una iniciativa pionera en España, dirigida a personas con nacionalidad española o extranjeros residentes, que no pueden hacer frente a unas hipotecas cada vez más elevadas.

Este programa consiste en que es el propio Ayuntamiento quien compra la casa y hace un contrato de arrendamiento por 25 años al cliente, el ya ex propietario. Es decir, el hipotecado que ya no puede hacer frente a sus deudas con el banco. De esta forma, el comprador pasa a ser inquilino y obtiene una casa por menos dinero y en menos años. Con este programa se inaugura una nueva forma de luchar contra el Euribor, enemigo número uno del país en los últimos años.

¿Cuáles son los pasos a seguir? Tras haber visitado y valorado el piso que se quiere comprar, el Ayuntamiento elabora un informe social y técnico que posteriormente se unifica y se eleva la propuesta al Consejo de Administración, encargado de dar el visto bueno. Una vez que este Consejo aprueba la compra, se tramita el contrato. Unos limitados ingresos familiares y que la vivienda no supere los 90 metros cuadrados de superficie ni los 150.000 euros de coste son los requisitos que deben cumplir las personas que deseen acogerse a esta campaña.

La idea surgió por una mujer jubilada que tenía una pensión de apenas 300 euros

"La idea surgió por una mujer jubilada que tenía una pensión de apenas 300 euros y, ni ella ni sus hijos, podían hacerse cargo de la hipoteca. Así, esto se planteó en el artículo 64 del Plan de Vivienda Valenciano", explicó Joan Antoni Juárez, agente mediador de la oficina municipal que coordina el programa de viviendas públicas en Gandía.

Por el momento, la propuesta sólo se ha puesto en marcha en este municipio de la Comunidad Valenciana, donde ya hay 25 peticiones activas y 15 en las que falta algún documento. Por el momento, las comunidades de Andalucía y Cataluña se han interesado por este novedoso sistema. Las entidades financieras de Bancaja y la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) son los otros grandes interesados en el proyecto.

En el mismo sentido, los más beneficiados por SOS Vivienda, los ciudadanos, tendrán en breve a su disposición una guía informativa con el funcionamiento y requisitos del programa. Sin duda, una idea que se convertirá en una solución casi perfecta para aquellos que no pueden pagar la hipoteca. Además, servirá para impulsar el alquiler en un país con mentalidad de compradores.

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Los sueldos tendrian que aumentar 113% para comprar un piso
El Mundo Comunidad valenciana (Comunidad valenciana) - 04 de junio de 2008
 
 
Un joven valenciano tendría que incrementar un 113,8% su sueldo para comprar un piso. Es la autonomía con mayor desfase entre los ingresos reales y los necesarios

El Consejo de Juventud de España estima que un joven de la Comunidad Valenciana tiene que incrementar sus ingresos en un 113,80% para poder hacer frente sin problemas al coste que supone la adquisición de la vivienda libre, lo que sitúa a la autonomía como la comunidad autónoma con mayor desfase entre los ingresos reales y los necesarios para poder hacer frente al pago de los créditos hipotecarios del inmueble.

Así se desprende del último Observatorio Joven de Vivienda elaborado por este organismo y referido al último cuatrimestre del año pasado, y que revela que los jóvenes valencianos son los que requieren una mayor cantidad de su sueldo actual para comprar una vivienda, estimado en un 64,1%, la proporción más elevada de los últimos siete años y un 10,56% más respecto al mismo periodo de 2006.

La mayor diferencia se denota en el caso de los jóvenes de entre 18 a 24 años, quienes presentan un desfase de 180,72%, mientras que en el caso de las edades comprendidas entre 25 a 29 años el incremento supone el 123,71% en los ingresos. Por su parte, los residentes de entre 30 a 34 años requieren una subida de ganancias del 81,95%.

En cuanto al género, las mujeres jóvenes de la Comunidad necesitarían un crecimiento de sus ingresos para hacer frente al coste de la vivienda en cerca de un 142,47% más, mientras que en el caso de los hombres se estima en el 95,78%.

Por comunidades autónomas, los jóvenes en Baleares necesitarían un 191,16% más de sus ingresos, seguidos del País Vasco que necesitarían un 190,75% más, la Comunidad de Madrid con un 186,12%. En el extremo contrario nos encontramos a Extremadura con un 43,78%, a Navarra con el 77,33%, a Castilla-La Mancha con un 86,09% y a Castilla y León con un 88,02%.

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Se venden pisos por 60.000 euros
CincoDías.com (Comunidad Valenciana) - 05 de junio de 2008
 
 
La inmobiliaria valenciana Alcaide Zaragoza promoverá viviendas de hasta 40 metros cuadrados que comercializa a un precio de unos 60.000 euros.

La compañía, que se ha aliado con el 'Grupo 90 inmobiliarias' para comercializar los pisos, inicialmente desarrollará tres promociones en municipios cercanos a Valencia.

No obstante, en caso de que la iniciativa tenga una buena acogida, prevé extenderla a otras zonas de Valencia y de la geografía española en las que las empresas ya están presentes, principalmente del arco Mediterráneo.

Las promociones, que se levantarán en La Pobla Llarga, Alberic y Monserrat, están integradas por apartamentos y lofts de unos 40 metros cuadrados. Los apartamentos que constan de una habitación están totalmente equipados y amueblados.

Las viviendas, que comenzarán a construirse este verano, contarán además con facilidades en la financiación, según aseguran sus promotores.

El objetivo de las compañías con la promoción de estos pisos es adaptarse a las nuevas condiciones del mercado. En concreto, persiguen dirigirse a un perfil de demanda de parejas jóvenes, y 'singles'. Según fuentes de la compañía, este precio se logra al reducir el número de metros cuadrados de la vivienda.

Grupo 90 inmobiliarias y Alcaide Zaragoza presentarán estas viviendas, denominadas 'viviendas plus', en la Feria Inmobiliaria Inmubis 2008, que se celebrará entre los próximos días 6 y 8 de junio en Valencia.

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Canarias
 
Una investigación de lujo para un pelotazo de libro
LaProvincia.es (Canarias) - 09 de junio de 2008
 
 
Una de las pistas más fiables de la investigación rastrea una inversión turística en una de las mejores zonas de Cancún. También se indaga en movimientos económicos en paraísos fiscales

Especialistas en blanqueo de capitales, el jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional, la Fiscalía Anticorrupción, los mejores inspectores de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife, la Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), el Tribunal Superior de Justicia de Canarias... nunca antes una investigación había movilizado tantos medios y de tanto nivel en Canarias. Y nunca antes se había investigado "un pelotazo de libro", calificativo que dio Hacienda a la operación urbanística de Las Teresitas.

Desde que un informe de la IGAE puesto en las manos de la Fiscalía Anticorrupción explicara que "nos encontramos ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio de 18 de septiembre de 2001, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable", el denominado caso Las Teresitas se convirtió en un asunto de Estado.

Tal es así, que a Santa Cruz trasladaron su residencia hace un año el jefe de la UDEF y dos de los mejores especialistas en rastreo patrimonial que trabajan en España y que en su día fueron los verdaderos artífices del descubrimiento del caso Malaya y de la desarticulación de la mayor red de blanqueo de capitales que se ha conocido en este país hasta el momento, denominada operación Ballena Blanca.

Desde hace más de un año en Santa Cruz de Tenerife se desarrolla una investigación policial al más alto nivel, por tanto, encaminada a desentrañar una presunta red de corrupción político-empresarial que afecta directamente a la jet set santacrucera, y en la que el principal imputado es el alcalde Miguel Zerolo, uno de los pocos líderes que quedan en pie del tinerfeñismo de ATI .

INVESTIGACIÓN. Fuentes muy cercanas al caso aseguran que los resultados del trabajo policial han sido espectaculares. Tal es así, que esta semana la magistrada de la Sala de lo Civil y Penal del TSJC e instructora del caso, Carla Bellini, ordenaba la que es primera detención en la historia del alto tribunal canario: Mauricio Hayek Hayek, abogado de una Junta de Compensación que se constituyó para velar por el interés común de los propietarios de los terrenos aledaños a la playa de Las Teresitas y que después trabajó al servicio (secreto) de quienes compraron el suelo, Inversiones Las Teresitas SL.

Esta sociedad, perteneciente al cincuenta por ciento a dos de los empresarios más relevantes de Tenerife, Ignacio González y Antonio Plasencia, ambos imputados, es la verdadera beneficiada del pelotazo urbanístico.

Mauricio Hayek, un astuto abogado de 74 años es probablemente la pieza clave para poder completar el puzzle de Las Teresitas. Los investigadores, conocedores de la información que maneja Hayek, no lo incluyeron en la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción para judicializar el caso. Durante la espera, se ha podido obtener información muy importante para dejar atada la posible participación de Hayek desde dos puntos de vista: el primero, su labor como abogado de la Junta de Compensación para ejecutar la venta de los terrenos; el segundo, los movimientos económicos derivados de presuntas comisiones ilegales, de los que Hayek podría tener información "única", según alguien muy próximo a la investigación.

La exhaustiva investigación patrimonial realizada a los principales imputados, encargada por la magistrada instructora a la policía, ha podido dar avances muy importantes en los últimos meses, varios de ellos en paraísos fiscales que, al principio de la investigación, parecían prácticamente infranqueables. Al menos cuatro comisiones rogatorias tramitadas por el Ministerio de Justicia a petición de la Fiscalía Anticorrupción han podido ofrecer notables resultados para la investigación, tras detectar movimientos de dinero e inversiones que afectan, directa o indirectamente, a alguno de los imputados iniciales de la querella.

Para poder tener una idea de la información obtenida por la policía, nada mejor que hacer una comparación de la documentación que en la actualidad está desclasificada con la que permanece secreta. Si en enero del presente año Bellini decretaba el alzamiento del secreto sobre unos veinte mil folios, en la actualidad el triple (sesenta mil) permanecen al alcance, únicamente, de la jueza, la fiscal y un puñado de investigadores en el más estricto de los secretos que se recuerdan en Canarias.

Dentro de esos sesenta mil papeles tamaño Din A-4, juegan un papel fundamental las averiguaciones efectuadas a través de las comisiones rogatorias gestionadas por el Ministerio de Justicia en el extranjero, alguna de ellos en paraísos fiscales en los que la opacidad y el secreto bancario suponen una barrera difícil de superar para la policía.

Sin embargo, los resultados de la investigación van por buen camino y una de las pistas más fiables conducen a la policía a una inversión urbanística realizada en México tras un posible paso del dinero por Isla de Man. Para despistar, al parecer.

La denominada pista mexicana indaga en la construcción de un complejo urbanístico en una de las zonas turísticas más importante de Cancún. Los datos a los que ha podido llegar la policía podrían situar la inversión en unos treinta millones de euros, capital que, todo o en parte, es posible que proceda del pago de presuntas comisiones ilegales abonadas al socaire de ese "pelotazo de libro" que es la compraventa de Las Teresitas, que generó unas plusvalías de 120 millones de euros a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.

Los investigadores cuentan con testimonios de personas que aseguran, incluso, que alguien relacionado con la inversión mexicana mostró los planos de la construcción poco antes de que estallara la investigación: este sujeto pasa, además, largas temporadas en Centroamérica.

Y aunque los tentáculos de la presunta red de corrupción son numerosos y variados, los avances que se han producido por esta investigación de lujo hacen pensar que muchos nombres, algunos de la conocida jet set santacrucera, podrían estar cercados en estos momentos y con los movimientos perfectamente vigilados. El caso Las Teresitas avanza, lento, y de lo que no hay duda es de que pasará a la historia como la mayor y más lujosa investigación judicial que se ha desarrollado en el Paralelo 28.

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Obligan al alcalde a crear comisión para revisar precios VPO
RevistaTara.com (Canarias) - 01 de junio de 2008
 
 
En esta comisión estarán representados los vecinos adjudicatarios de las viviendas VPO de la Montañeta y de las Majoreras, todos los grupos políticos además de técnicos internos y externos

Un numeroso grupo de vecinos se manifestó con pancartas, pitos y solicitudes de dimisión del Alcalde y del Concejal de Urbanismo en el Pleno del pasado jueves en el Ayuntamiento de Ingenio.

Abandonaron el Pleno enormemente enfadados con las actitudes del grupo socialista, pidiendo al Alcalde que se marchara, tras anunciar el portavoz del grupo de gobierno su voto en contra a la Moción de pacto para bajar el precio de las viviendas defendida por Domingo González.

La propuesta de Agrupa Sureste y la manifestación de los vecinos afectados hizo que el Alcalde aceptase la oferta de Domingo González de crear una Comisión de estudio, a cambio de retirar la Moción presentada.

Juan Díaz se negaba a crear la Comisión porque consideraba que los precios eran inamovibles. El gran enfado de los vecinos, que se manifestaban en el Pleno, y la oferta de Domingo González le obligó, a regañadientes y contra su postura inicial, a aceptar la creación de la Comisión.

Estarán representados los vecinos adjudicatarios de las viviendas VPO de la Montañeta y de las Majoreras, todos los grupos políticos además de técnicos internos y externos.

Se deberá poner en marcha inmediatamente. Será la responsable de proponer al Pleno una solución para abordar los altos precios que Juan Díaz ha puesto a las 124 viviendas VPO que construye el Ayuntamiento en Majoreras y la Montañeta.

Finalizado el Pleno, los vecinos recibieron en la puerta del Ayuntamiento a Domingo González y al resto de la oposición con aplausos y agradecimientos. Al Alcalde y concejales socialistas le recriminaron su actitud.

A Dámaso Vega, concejal de Urbanismo, le criticaron su posición y actitud despótica durante el pleno, con una exposición enmarañada de la realidad, hecho que enfadó mucho a los vecinos que llevaban esperando 4 horas para ver una luz a la difícil situación que estaban pasando. Veían como, al no poder afrontar los pagos, perdían la ilusión de su vida, tener una casa digna.

En la legislatura anterior, siendo alcalde Domingo González, se pusieron en marcha dos promociones de viviendas VPO con un total de 124 viviendas destinadas a familias que, teniendo ingresos, eran insuficientes para poder acceder a una vivienda en el mercado libre. El Ayuntamiento cedió el suelo de forma gratuita, redactó los proyectos, recibió importantes subvenciones del Instituto Canario y del Ministerio y de la Vivienda. Dichas promociones están exentas de numerosas tasas e impuestos y están siendo construidas por la empresa pública municipal ISOGES, que no debe obtener beneficio alguno de la construcción de las viviendas. Sin embargo el Alcalde ha puesto las ha puesto en venta con un precio superior a las de mercado libre y se le requiere la entrega del 20% de la obra (24.000 euros) en pocos días, debiendo renunciar sino no los aporta. Los adjudicatarios lo han sido tras una oferta pública del Ayuntamiento en la anterior legislatura tras reunir unos requisitos económicos y sociales determinados además se ser residente en Ingenio.

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Andalucía
 
Ingresos por urbanismo de los ayuntamientos caen más de 60%
Diario de Sevilla (Andalucía) - 25 de mayo de 2008
 
 
Muchos municipios sevillanos están subiendo las tasas, vendiendo patrimonio y reduciendo el personal que tienen contratado para afrontar la nueva situación económica

El parón de la construcción sigue causando víctimas colaterales, entre ellas, los ayuntamientos donde los ingresos económicos derivados del urbanismo y el boom inmobiliario (impuesto de construcción, licencia de obras y las plusvalías que se pagan cada vez que se compra y se vende un inmueble) han caído en picado. Entre un 60% y un 70% en un año, según datos de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (Famp), cuyo presidente, Francisco Toscano, admite que ha agravado la ya precaria situación financiera de los consistorios.

La crisis tiene ya repercusión ciudadana. Estos ingresos y los procedentes de los aprovechamientos medios (el valor monetario del 10% del suelo al que tiene derecho el ayuntamiento en cualquier zona que se urbaniza por primera vez) han engrosado más de la mitad de algunos presupuestos -en Espartinas llegaron al 75%-, que deben reajustarse.

Muchos están subiendo los impuestos y tasas, como Mairena del Aljarafe, que ha tenido que pedir créditos para pagar las nóminas. Se están reduciendo la periodicidad de servicios y actividades y recortando subvenciones a entidades -como en Bollullos- y, lo que suele ser más polémico, despidiendo a personal, con ejemplos recientes en Valencina y en Almensilla. En Huévar y Burguillos se han producido retrasos en el cobro. Y los municipios que se citan son sólo ejemplos.

Los gobiernos locales coinciden al relacionar estos problemas con la desaceleración económica: se venden y construyen menos viviendas y los bancos financian menos promociones y créditos hipotecarios. Los del PP, además, culpan a la Junta, por los cambios legislativos en materia urbanística que han propiciado, desde su perspectiva, una inseguridad jurídica absoluta y una moratoria de hecho en los PGOU. Hay casos puntuales, como Burguillos, con el PGOU en vigor, que culpa de sus problemas a la "campaña de desprestigio" del PP, en la oposición. En Valencina, donde ha habido un cambio de gobierno, se responsabiliza a la gestión de sus predecesores.

Pero el presidente del Famp, recuerda que casi todos los ayuntamientos -pequeños y grandes, metropolitanos y rurales- han buscado en el urbanismo una balón de oxígeno ante la necesidad financiar los servicios que prestan, que son cada vez más y más costosos, frente a una población exigente y para los que ni el Estado ni la Junta le traspasan el suficiente dinero, por lo que insistió en que es necesario revisar la financiación, a la vez que se mostró confiando en que las medidas para impulsar la vivienda protegida reactiven la construcción.

Mientras tanto, los problemas, se han evidenciado ya en numerosos municipios, sobre todo del área metropolitana. En el resto admiten una clara tendencia a la baja. Incluso en Dos Hermanas, que no tiene deudas y sí ingresos por el IAE de importantes empresas, el presupuesto está congelado desde hace prácticamente tres años. En Écija tuvo un sustancial receso con respecto a 2007.

espartinas

Ha sido uno de los pocos ayuntamientos del Aljarafe que aprobó su presupuesto dentro del plazo que fija la ley, antes de final de año, y fue también de los primeros en admitir que tenía un problema y en tomar medidas.

Su presupuesto de 2008 es un 27% menor que el del año pasado (ha pasado de 22 millones a 16), si bien la existencia de remanentes de tesorería del ejercicio de 2007 (5,3 millones para gastos generales y 12,6 millones para inversiones concretas) han evitado una caída más drástica. Con todo, desde hace meses ha tenido que implantar tasas por servicios antes gratuitos (escuelas deportivas y transporte escolar). No ha despedido a personal contratado directamente por el Ayuntamiento (150 personas), pero el que pertenecía a sociedades mixtas ha pasado a la empresa privada. El hotel infantil-guardería se ha privatizado con las antiguas trabajadoras. La piscina se ha dado en concesión administrativa a una sociedad que ha asumido al personal. El Ayuntamiento también ha dejado de organizar directamente ferias y eventos. También se han enajenado algunas parcelas y locales municipales.

valencina

El nuevo gobierno socialista ha iniciado un expediente de regulación de empleo, que afecta a 32 trabajadores, el 25% de la plantilla, según afirma, aunque la UGT asegura que llega al 50%. A esta medida, se ha unido el incremento en un 21% de los impuestos y el ahorro de costes por prestación de servicios a los ciudadanos. En este caso, culpan de la situación a la gestión del anterior gobierno, que casi duplicó los gastos de personal, mientras que se está pendiente de una auditoría para conocer el destino de parte de lo ingresado por convenios urbanísticos, el dinero que adelantan las promotoras por la reclasificación de sus suelos con el PGOU, que la Junta no ha avalado.

bollullos

El presupuesto de 2008 (6,2 millones de euros) se ha reducido en más de un 57% con respecto a 2007. De momento, el Ayuntamiento que dirige el popular Antonino Gallego no ha hablado abiertamente de despidos pero sí de que equipamientos emblemáticos, como el pabellón cubierto, no van a poder hacerse porque no hay dinero. Los impuestos que paga todo el mundo (como IBI) sólo han subido el IPC, pero sí se han encarecido los de las delegaciones de Cultura, Festejos y Deporte y se han suprimido las ayudas municipales al transporte. Gallego tiene interpuesto un recurso contencioso-administrativo al POTA, el Plan de Ordenación del Territorio de la Junta que veta los crecimientos urbanísticos que conlleven un incremento de la población y el suelo urbano del 30 y el 40%, respectivamente.

almensilla

Es otro de los ayuntamientos que pueden servir de ejemplo de lo que está pasando con las arcas municipales, en el que ya se han anunciado despidos a cuenta de los recortes por el urbanismo. El alcalde, el socialista Carlos Ufano, augura una caía "drástica" en los presupuestos. No se va a renovar el contrato a 24 trabajadores, el 38% de la plantilla e, incluso, se va a reducir el número de políticos que cobran por su dedicación al Ayuntamiento. El primer edil volverá a su plaza como profesor y los tres miembros de su equipo que cobraban 700 euros por media jornada la perderán. Sólo quedarán dos con dedicación exclusiva. La oposición ha denunciado una "abusiva" subida de impuestos.

huévar

A principio de la década, el presupuesto del Huévar del Aljarafe se duplicó durante varios ejercicios, coincidiendo con el aterrizaje en su término de la plataforma logística de Mercadona, que lo situó como un referente empresarial y que atrajo a otros inversores. Ahora, con el PGOU todavía en trámite y sin posibilidad de modificaciones puntuales -salvo excepciones de la Junta- para poner más suelo en carga, los ingresos han caído. El presupuesto de 2008 no está aprobado, pero la plantilla ha sufrido importantes retrasos en el cobro de sus nóminas.

burguillos

El personal de sus sociedades municipales ya ha sufrido retrasos de algunas semanas en el cobro de sus salarios, que se vincula con la falta de liquidez por la ausencia de ingresos procedentes del urbanismo. Sólo en el primer trimestre del año, los ingresos por impuestos de obras y licencias han caído un 40% con respecto al mismo periodo del año anterior. El delegado de Hacienda, José Antonio Santos, ya ha puesto en marcha medidas, como la reducción del capítulo de gastos corrientes (suministros, teléfonos, etcétera) y ha bajado en este caso algunos impuestos para atraer a empresas que se asienten en el suelo industrial que tiene disponible.

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Dimite la delegada de Vivienda de la Junta en Málaga
El País (Andalucía) - 23 de mayo de 2008
 
 
Antes de tomar posesión del cargo. Un informe policial relaciona a María José Mata con un abogado investigado en la 'Operación Malaya'

La recién nombrada delegada de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía en Málaga, María José Mata, ha renunciado hoy al puesto antes de tomar posesión del cargo. La razón de esta decisión es que ha trascendido un informe policial que indica que Mata montó una empresa con un abogado investigado en la Operación Malaya.

Fuentes del Gobierno andaluz han informado de la marcha que la propia Mata de Damas ha dado a conocer en un breve comunicado. En el comunicado explica que se trata de "cuestiones estrictamente personales que no deben afectar ni condicionar la imagen de la institución" de la que es funcionaria.

Mata de Damas ha indicado que la información publicada sobre su persona "en Málaga Hoy, de la que se han hecho eco distintos medios de comunicación" pone "en duda mi correcto proceder a lo largo de toda mi trayectoria profesional". Y ha explicado que para "defenderme con mayor libertad frente a este tipo de ataques personales injustificados debo estar desvinculada del cargo público".

Una empresa de promoción y construcción de terrenos

Según ha informado Málaga Hoy, mientras Mata de Damas trabajaba como inspectora provincial de Urbanismo de la Junta, abrió junto al mencionado letrado una empresa dedicada a la promoción y construcción de terrenos e inmuebles, servicios inmobiliarios y asesoramiento jurídico. El diario reproduce además el contenido de unas escuchas telefónicas entre ambos que aparecen en el sumario del Caso Malaya, escuchas que, en opinión del Fiscal Anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, "deben ser objeto de comprobación e investigación".

En una de las conversaciones, según el diario, el abogado traslada a la ex delegada el deseo de unos clientes de construir una vivienda unifamiliar en Monda (Málaga). "Me han dicho que ellos quieren solamente construir una vivienda unifamiliar, con lo cual al ser sólo una no tendría problema, y que le llevemos nosotros todo el tema", dijo el abogado. "Ah, estupendo", respondió ella. Casi media hora después ambos interlocutores vuelven a conversar. El abogado le comenta un acuerdo económico: "Le he pedido 1.000 euros, que me los van a transferir sobre la marcha a AGM y de ahí pues lo saco y te lo doy a ti y, por otro lado, que me van a mandar una escritura para una duda que existe que... como yo lo voy a tener, pues, como te voy a ver el lunes te lo consulto, ¿vale?". "Vale, vale, perfecto", responde Mata.

No apta para el cargo

Sólo dos horas antes de que la ex delegada presentara su renuncia el PP había pedido su cese. El presidente provincial de los populares en Málaga, Joaquín Ramírez, había asegurado, que no presupone a la ex delegada culpable de nada, pero sostiene que "su precedente inmediato" no era el mejor para ocupar ese cargo, para el que fue nombrada el pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta. El PP considera que la Junta, "con sus nombramientos y decisiones, debe garantizar a los ciudadanos un ambiente de confianza" cuando, a su juicio, "con este nombramiento está generando todo lo contrario".

María José Mata ejercía hasta su nombramiento como Inspectora Provincial de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda en Málaga, es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga y experta en Derecho del Urbanismo y Ordenación del Territorio. Esta administradora de fincas ocupó varios puestos técnicos en la Administración, prestó asesoramiento jurídico a la Oficina de Planeamiento desde junio de 2006 hasta diciembre de 2007 y colaboró con la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Marbella y con el equipo del proceso para la normalización urbanística de esta ciudad.

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Galicia
 
LA LEI DE VIVENDA NO PROHIBIRÁ A LOS ALCALDES SER PROMOTORES
La Voz de Galicia (Galicia) - 25 de mayo de 2008
 
 
La consellería del BNG decide con Presidencia una cláusula que se limita a abundar en el deber ético de los ediles

Para desbloquear el texto, Táboas retira el artículo que impedía la promoción inmobiliaria a cargos municipales


La Consellería de Vivenda ha tenido que desistir finalmente en su pretensión de que la futura ley gallega del sector prohíba expresamente que los alcaldes puedan compatibilizar esa función con actividades relacionadas con la promoción inmobiliaria en los municipios que gobiernan, como establecía el artículo 16 del anteproyecto legislativo. El departamento que dirige la nacionalista Teresa Táboas suprimirá ese artículo para favorecer que el borrador, que lleva dos meses estancado a la espera de su entrada en el Consello de la Xunta, pueda superar las objeciones que planteó la Consellería de Presidencia a esa regulación de la figura del alcalde promotor. Presidencia sostenía que el ánimo de Vivenda de legislar en ese ámbito entraba en colisión con la norma que regula la Administración local.

Para vencer esas reticencias, Vivenda ha llegado a un acuerdo con la consellería del socialista Méndez Romeu, por el que Presidencia acepta introducir una disposición adicional en la futura norma que implicará una modificación puntual de la Lei de Administración Local de Galicia 5/1997. Según la información a la que ha tenido acceso este periódico, ese ajuste recoge la obligación de los miembros de las corporaciones locales de ejercer su actividad evitando cualquier acción que ponga en riesgo el interés público o perjudique la imagen que los ciudadanos perciben de sus representantes. Esa fórmula pactada entre los dos departamentos establece también la prohibición de que los miembros de las corporaciones locales puedan invocar sus cargos en el ejercicio de cualquier actividad mercantil, industrial o profesional vinculada al ayuntamiento del que forman parte.

Sin alusión explícita

Por contra, el artículo 16 determinaba que los promotores que accedan a un cargo representativo o sean personal directivo en un concello «non poderán desempeñar actividades de promoción no mencionado municipio durante o tempo que dure o seu cargo ou mandato».

En definitiva, el ajuste supone un atajo que sustituye la prohibición expresa prevista inicialmente para la Lei de Vivenda de que el alcalde pueda dedicarse a la promoción inmobiliaria por una cláusula en la norma de Administración Local que se limita a abundar en las obligaciones éticas de los munícipes. Con el acuerdo entre las consellerías gestionadas por BNG y PSOE, la alusión explícita a la figura del alcalde promotor no constará en la legislación autonómica.

La intención de Vivenda fue criticada por los alcaldes, si bien la Fegamp, que aún no ha dicho la última palabra sobre el recurso contencioso por las Normas do Hábitat, no planteó batalla sobre ese aspecto concreto. La consellería ya expedientó en el 2007 por cobro de sobreprecios a una promotora vinculada al portavoz de PP en Pontevedra, Telmo Martín.

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La renta de emancipación dispara el alquiler medio gallego
La Voz de Galicia (Galicia) - 08 de julio de 2008
 
 
Solo Andalucía, Cataluña y Castilla-La Mancha han logrado reducir el coste para los inquilinos, según datos del ministerio. Las ayudas y el aumento de gente que arrienda en lugar de comprar elevan los precios un 33% en solo tres años.

En solo tres años el precio de las viviendas en alquiler en Galicia ha aumentado hasta un 33%. Un incremento que se ha acelerado en el último año a consecuencia, según los profesionales del sector, de las ayudas a la emancipación que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha el pasado mes de enero. Este factor, sumado a la crisis económica, que ha obligado a optar por el alquiler a muchas familias que no pueden hacer frente a sus hipotecas, han disparado su precio.

Mientras en el año 2005 la renta media de los pisos de la Sociedad Pública del Alquiler (SPA) se situaba en torno a los 420 euros en la comunidad gallega, este año su precio ronda ya los 565. El aumento gallego es superior al de comunidades como Baleares, que aumentó un 26%, o Cantabria, que se quedó en un 7%. Solo Cataluña, Castilla-La Mancha y Andalucía, con un 10, 26 y 10%, respectivamente, redujeron la renta media en los últimos tres años.

El Ministerio de Vivienda permite a través de la SPA el alquiler seguro de sus viviendas. El programa estatal asegura al arrendatario el cobro, al garantizarle la indemnización de las rentas impagadas hasta un máximo de 18 mensualidades. Y es que el alquiler se está imponiendo en la conciencia de los españoles, como ya sucede en el resto de Europa.

Aunque las competencias en materia de vivienda están transferidas a la Xunta, los ciudadanos gallegos pueden optar al subsidio estatal (renta de emancipación) y a la autonómica (Programa de Vivenda en Aluguer). En la primera opción, la posibilidad de solicitarla se ciñe solo a los jóvenes entre 22 y 30 años con unos ingresos brutos inferiores a 22.000 euros. De cumplir estos requisitos, recibirán 210 euros durante un máximo de cuatro años. Los agentes inmobiliarios señalan que este es el factor principal del incremento de la vivienda en el último año. Desde su entrada en vigor ya se han aprobado en Galicia 3.600 resoluciones de las 13.800 que se presentaron.

En la opción autonómica, que entró en vigor en el 2006, las ayudas entregadas superan las 3.200 familias. Cuando la Xunta puso en marcha este Programa de Aluguer, el precio de los alquileres sufrió otro repunte, similar al de este año. Todos los gallegos pueden optar a estas subvenciones, que alcanzan hasta un 60% en función de los ingresos del inquilino. Su principal objetivo es que nadie dedique más del 30% de su sueldo al pago de la renta, que en ningún caso superará los 600 euros en las ciudades y los 500 en el resto de las poblaciones.

Desde la inmobiliaria Carballido, en A Coruña, consideran que la realidad es aún más cruda que los datos oficiales, y cifran el incremento del alquiler en el último año en torno a los cien euros, mientras las estadística de la SPA ha registrado en el mismo período un aumento del 12%, pasando de los 500 euros en el 2007, a los 562 en el 2008. Los resultados vertidos por las inmobiliarias virtuales -que gestionan más de 30.000 viviendas en alquiler- son similares. Con una media autonómica de 552 euros, solo la provincia de Pontevedra supera esa barrera, al situarse el alquiler medio en torno a los 620 euros.

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Galicia dará 6.000 euros para los pisos vacíos desde hace un
Invertia.com (Galicia) - 30 de mayo de 2008
 
 
Desde hace un año que se alquilen

El Consello de la Xunta de Galicia autorizó hoy una modificación del decreto de vivienda en alquiler que supone la concesión de subvenciones directas de 6.000 euros para los propietarios que tengan una vivienda vacía durante por lo menos un año y decidan incorporarla al programa.

Dicha subvención es compatible con las ayudas ya existentes de hasta 12.000 euros para efectuar obras de mejora en las viviendas que se incorporen al programa, de tal forma que estas viviendas vacías de larga duración pueden recibir 18.000 euros por unirse a la iniciativa.

Por otra parte, el Ejecutivo gallego también aprobó hoy la modificación del decreto de ayudas del Plan de Vivenda 2005-2008, por la que se crean las áreas de renovación urbana.

En el caso de las áreas de renovación urbana, las viviendas deberán tener una antigüedad mínima de 30 años y estar por debajo de los estándares mínimos de habitabilidad. Las ayudas previstas serán de hasta el 40% del presupuesto protegible, con un límite de 9.000 euros por vivienda.

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Sucedió en Lugo, pero le podía haber pasado a usted
LaVozdeGalicia.es (Galicia) - 13 de junio de 2008
 
 
Un constructor ha plantado las obras de 112 chalés en Outeiro de Rei, entre ellos 39 de promoción autonómica de los que cinco están embargados por impago. Un paseo por la zona es como hacer una radiografía de lo que ha pasado en este sector en los últimos años

EL sueño de cualquier familia: encontrar una casa, en el campo, a un precio asequible, con todas las comodidades y servicios. Preferentemente con un trozo de terreno, no demasiado grande para que no dé excesivo trabajo su mantenimiento, en el que puedan jugar los niños y colocar una barbacoa para invitar a los amigos. Treinta y nueve familias lucenses pensaron, hace ahora dos años, que sus sueños se harían realidad en un plazo razonable, cuando iniciaron los trámites para la compra de una de las 39 viviendas de promoción autonómica de la urbanización Triacqua, en Outeiro de Rei, a doce kilómetros de Lugo, que construía por aquel entonces Clelia.

A día de hoy el sueño se ha convertido en una auténtica pesadilla, no solo para las 39 familias que adquirieron los VPA, sino para todos aquellos que invirtieron sus ahorros en la urbanización Triacqua de 112 viviendas unifamiliares, con 73 chalés aislados y 39 adosados y para el propio Ayuntamiento de Outeiro de Rei, que no sabe cómo va a afrontar la situación.

Las obras estuvieron paradas durante dos períodos de seis meses cada uno, hasta que, definitivamente no volvieron a arrancar. El constructor Manuel Vázquez Firvida les fue dando largas, diciéndoles que atravesaba una crisis de liquidez, que era pasajera y prometió que iba a cumplir sus compromisos.

Los meses fueron pasando y las últimas noticias que tuvieron del ex jugador de fútbol sala, metido a constructor, que se paseaba por Lugo con coches de alta gama, como un Bentley Continental, que cuesta unos 300.000 euros, además de un Jaguar y un Mercedes, es que no está en paradero desconocido, ni fugado. Él mismo insistió que se encuentra en Portugal, dedicado a la venta internacional de cereales para conseguir los dos millones de euros que, según él, necesita para solucionar el problema. Otras fuentes aseguran que las deudas contraídas superan con mucho esos dos millones de los que habla Firvi, como se le conoce en los ambientes del deporte. Es más, el constructor aseguró en una entrevista, concedida al día siguiente de que trascendiera públicamente su situación, que una de sus prioridades era la de hacer frente al embargo de cinco chalés de la urbanización Triacqua, los de promoción autonómica citados, y a otros siete de Valdriz, en A Pobra de San Xiao, que tienen el mismo problema. Fueron los proveedores los que instaron el embargo, en el caso de los de Outeiro de Rei, de una propiedad que estaba sometida a un contrato visado por la propia Xunta de Galicia.

Pero, como las promesas son las promesas y su cumplimiento otra cosa muy diferente, los afectados han tenido que organizarse para poder despertar de la pesadilla en la que se encuentran sumidos y que parece que no hace más que empezar.

La prioridad para la mayoría de ellos es acabar sus casas, conseguir que se levanten los embargos de las cinco y poderse ir a vivir a los chalés y cumplir con los planes ahora truncados que hicieron hace ya más de dos años. Cuando se decidieron a invertir los ahorros y los dineros prestados por los bancos en esta urbanización ni siquiera se les pasó por la mente que llegarían a esta situación tan peculiar, en la que tienen mucho que perder y en la que son conscientes de que el precio final no será, ni parecido, al asequible que los animó a embarcarse en esta aventura. Los compradores de las viviendas de promoción autonómica acordaron hacer una provisión de fondos para garantizar la financiación necesaria y poder acometer las obras que están sin acabar, incluidas las de los chalés que están embargados. Las está ejecutando una empresa de la solvencia de Dragados, que está a punto de terminarlas.

Entre los afectados figuran antiguos empleados del constructor, que llegó a tener 140 y al que únicamente le queda ahora un ingeniero, que según el propio Firvi, no cobra. En la larga lista de perjudicados se encuentran también amigos del propio constructor, a lo que les cuesta, aun en las actuales circunstancias, asumir la triste realidad.

Muchos de los antiguos empleados tuvieron acceso a parcelas, de 400 metros cuadrados de superficie, a 120 euros el metro, de las que ahora quieren desprenderse, a juzgar por los numerosos carteles que hay en la urbanización con el letrero de «Se vende», añadido al nombre de alguna inmobiliaria. Los terrenos disponen de toma de agua, de luz y de conducción de gas. Cuando las compraron era una inversión a años vista, pero ahora tendrá que esperar a tiempos mejores y a que el bache de la construcción remita.

También dormirá en el sueño de los justos el centro comercial proyectado para dar servicio a todas las urbanizaciones de esta zona, construidas por la propia Clelia, y que constituyó uno de los principales atractivos -ahora un quebradero de cabeza- a la hora de efectuar la inversión en el lugar.

Y lo era, tanto por las comodidades que supondría para no tener que efectuar desplazamientos para comprar como a la hora de revender los derechos. Al letrero que anuncia dónde estaba previsto el centro comercial con jardines está prácticamente tapado por la maleza.

Ver las casas listas es uno de los objetivos de sus propietarios, que actúan en piña con aquellos a los que, parece ser que por azar, les tocó la china del embargo. Según aseguran, le pudo haber pasado a cualquiera.

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Sólo el 8% de las familias optan por vivir de alquiler
20 Minutos (Galicia) - 28 de mayo de 2008
 
 
En la provincia de Pontevedra hay 35.982 pisos de renta. La mayoría de los inquilinos son pareja. Los jóvenes representan menos del 2.5%

La hipoteca aprieta, pero no ahoga. Al menos es lo que deben pensar los ciudadanos de la provincia de Pontevedra, ya que tan sólo el 8% de las familias residen aquí en viviendas de alquiler. Respecto al resto de España, la proporción en la provincia es algo más elevada, pues en el conjunto del país la media se sitúa en el 6,6%.

Según un informe del Ministerio de Vivienda, en la provincia de Pontevedra hay 453.908 hogares, de los que sólo 35.982 son de renta.

Perfil

Las parejas son las que más buscan pisos de alquiler, pues casi uno de cada tres hogares de este tipo está compuesto por dos personas. Sin embargo, las familias de cuatro o más miembros se decantan por las viviendas en propiedad. De hecho sólo tres de cada cien hogares de más de cinco personas viven en casas o pisos alquilados.

Cuando se habla de alquiler, muchas veces se piensa en jóvenes estudiantes que comparten piso para llegar a fin de mes. Sin embargo, los datos del Ministerio de Vivienda apuntan a un perfil de arrendatario diferente: casi el 40% son personas de entre 36 y 50 años, mientras que menos del 2,5% tienen menos de 25 años.

Dinos... ... si prefieres vivir en tu propia casa o en una de alquiler envíanos un correo electrónico a: zona20vigo@20minutos.es un sms al 690 20 20 20 o entra en... 20minutos.es/vigo

Más caros que el año pasado

El alquiler de la vivienda se ha encarecido en Galicia un 3,3% durante el último año, un punto menos que la media española, según los datos del Índice de Precios al Consumo (IPC) que elabora el Instituto Nacional de Estadística. En el caso de Vigo, para alquilar un piso de dos habitaciones en el centro hace falta una media de 600 euros al mes, según las inmobiliarias consultadas.

EL ALQUILER EN VIGO

El Concello busca pisos. El Gobierno municipal firmó a finales del pasado año un convenio con la Sociedad Pública del Alquiler por el que buscará pisos vacíos para ponerlos en alquiler.

Sin habitar. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE)_en Vigo hay más de 28.300 viviendas desocupadas. El temor a los daños que puedan provocar los inquilinos hace que los propietarios prefieran no alquilar.

Con y sin muebles. Más de la mitad de los pisos que se alquilan en la provincia de Pontevedra no tienen muebles. El m2 de los pisos amueblados asciende de media a los 4,55 euros, frente a los 3,22 euros de los vacíos.

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La protección de 500m del litoral en 'pocos' lugares
La Región (Galicia) - 28 de mayo de 2008
 
 
La conselleira de Política Territorial, María José Caride, auguró hoy que en ‘pocos’ lugares del litoral gallego se podrá levantar la moratoria para construir a menos de 500 metros de la costa, que estableció la Ley de Medidas Urgentes de Protección del Litoral, y reiteró su intención de aprobar el Plan del Litoral ‘en plazo’.

A preguntas de los periodistas tras la firma de un convenio con la Consellería de Medio Ambiente, Caride especificó que esta prohibición ‘sólo’ se levantará en aquellos espacios en los que sea ‘necesario o conveniente’, pero calculó que serán ‘pocos’. ‘Donde sea necesario o conveniente rebajar esa franja de 500 metros, la vamos a rebajar’, comprometió, y se refirió, en concreto, al ‘suelo que no tiene una protección especial, donde existe edificación o desarrollo de las ciudades’.

Al margen de estos casos, la titular de Política Territorial garantizó que en el resto del espacio costero se mantendrá la ‘cautela’ para no alterar sus condiciones actuales y se mostró convencida de que los ciudadanos ‘desean que se mantenga la franja del litoral en su estado natural’. En todo caso, lanzó un mensaje de ‘tranquilidad’ al sector de la construcción, que, destacó, ‘de los 500 metros en adelante tiene todo por hacer, mucho suelo urbanizable por construir’.

Además, advirtió de que, en la actualidad, las inmobiliarias no son capaces de vender la vivienda libre ‘como desearían’ y contrapuso esta situación con la de la vivienda protegida que ‘sí están colocando en el mercado de forma adecuada’. En consecuencia, opinó que ésta y la rehabilitación pueden ser ‘fuentes tremendamente valiosas’ para las constructoras.

Frente a las dudas mostradas por el sector, Caride garantizó que la Administración autonómica cumplirá su compromiso de aprobar el Plan del Litoral ‘en plazo’, es decir, antes de mayo de 2009, fecha en la que se podrá volver a construir en la franja costera gallega, al dejar de estar en vigor la prohibición de hacerlo a menos de 500 metros del mar que introdujo la Ley de Medidas Urgentes de Protección del Litoral.

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'Repoblar' Coruña rehabilitando las viviendas vacías
20 Minutos (Galicia) - 23 de mayo de 2008
 
 
El plan municipal apuesta por proteger "todo lo anterior a la guerra" en el Ensanche. "No pueden seguir cayendo cosas en A Coruña", dice el concejal de Vivenda.

Objetivo: poner en el mercado las más de 20.000 viviendas vacías que se calcula que existen en la ciudad. El concejal de Rehabilitación, Mario López Rico, apostó esta mañana por fomentar la "repoblación" en A Coruña, por medio de rehabilitaciones, "una manera de abrir vías para la vivienda de segunda mano".

Además, el plan de rehabilitación pretende proteger "al 120% todo aquello con valor real", especialmente en Ciudad Vieja y Pescadería. Pero la intención del Ayuntamiento también es la de "actualizar" todo lo que no entre en esa categoría, aunque "respetando el entorno que ocupan".

Para ello, en próximas semanas se firmará un convenio con la delegación santiaguesa del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), que se encargará de elaborar un catálogo con las joyas arquitectónicas del patrimonio de la ciudad.

Además, López Rico asegura que "habría que extender las ayudas de rehabilitación a los promotores", ya que actualmente sólo están al alcance de los propietarios particulares. "No pueden seguir cayendo cosas en la ciudad", aseguró el concejal, que destacó que los bajos que ocupa el pequeño comercio son "una especie a proteger, ya que están condenados a la extinción".

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Castilla y León
 
Candeleda se echa a la calle contra la especulación
Desnivel.com (Castilla y León) - 09 de junio de 2008
 
 
"Candeleda es bella. No a otra Marbella" fue el grito que acompañó a la manifestación celebrada en Candeleda este 31 de mayo a la que acudieron más de dos mil personas.

Más de dos mil personas se manifestaron el pasado 31 de mayo en el pueblo abulense de Candeleda para oponerse a la construcción de una gran urbanización en la vertiente sur de la sierra de Gredos. Al grito de "Candeleda es bella. No a otra Marbella", vecinos y simpatizantes convocados por la Plataforma contra la especulación urbanística de Candela, recorrieron las calles del pueblo.

Al final de la manifestación, portavoces de la Plataforma leyeron varios comunicados en los que pusieron de relieve las dudosas actuaciones de la Junta de Castilla y León, la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Ayuntamiento de Candeleda. Entre los manifestantes se encontraba el actor candeledano Daniel Guzmán, que se ha hecho famoso por sus intervenciones en series como Aquí no hay quien viva o La familia mata.

En los días próximos la Plataforma denunciará en la Confederación Hidrográfica del Tajo que el permiso de concesión de aguas ha caducado, un hecho que han comprobado agentes del SEPRONA. Por otra parte, en el cuartel de la Guardia Civil de Candeleda se amontonan las denuncias contra los cortes del camino público que están provocando las obras de captación de agua. El agua con que se surtirá a la urbanización, que constará de 450 chalets y un hotel de doscientas plazas, se captará de un arroyo que está en pleno Parque Regional de Gredos, sin que haya habido ningún estudio de impacto medioambiental.

Por motivos desconocidos, la Confederación Hidrográfica del Tajo concedió a la empresa promotora un caudal de agua un 50% superior al que recibe todo el pueblo de Candeleda.

La protesta de los vecinos de Candeleda, que todos los días suben hasta donde se han iniciado las obras para entorpecer el trabajo de las máquinas, está obteniendo una amplia repercusión en los medios de comunicación. Además de en prensa escrita está previsto que el día seis de junio aparezca un reportaje en el programa de televisión de la Cuatro Las mañanas de la Cuatro que presenta la periodista Concha García Campoy. El día 16 de junio la lucha de Candeleda contra la especulación urbanística abrirá el programa La hora de Gonzo de Antena 3.

La Plataforma contra la especulación urbanística de Candeleda ha abierto una cuenta corriente para recaudar fondos y poder seguir adelante con las protestas en el terreno judicial (2100-6110-94-0200017761).

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País Vasco
 
La plataforma Kepasakonlakasa propone gravar vivienda vacía
DiarioVasco.com (País Vasco) - 30 de mayo de 2008
 
 
y crear más VPO de alquiler. Llama a participar en una jornada que tendrá lugar el próximo jueves a las 16.30 horas en el centro Koldo Mitxelena de San Sebastián a favor de 'Una vivienda Digna en Gipuzkoa'

La plataforma Kepasakonlakasa propuso hoy en San Sebastián, entre otras medidas, gravar la vivienda vacía, elevar "considerablemente" el parque público de alquiler, revisar el sistema de financiación de los ayuntamientos, y eliminar ayudas que "derrochan dinero de todos", como la renta de emancipación para acabar con el problema de la vivienda.

En una rueda de prensa, representantes de Kepasakonlakasa afirmaron que actualmente hay "unas 4.150" viviendas vacías en San Sebastián, de las cuales 2.780 se podrán poner en alquiler social.

Además, apostaron por aumentar el IBI y otros impuestos de viviendas no habituales, eliminar ayudas que derrochan el dinero de todos como los 210 euros para el alquiler de los jóvenes y las deducciones al adquirir una vivienda, inspeccionar el fraude fiscal y el gran número de alquileres que se cobra en negro, o elevar el parque público de alquiler y el presupuesto que se dedica a vivienda en las distintas administraciones.

Asimismo, opinaron que se debería revisar el sistema de financiación de los ayuntamientos para que dejen de especular con la construcción de viviendas.

A su juicio, es "vergonzoso" que ante la caída de las ventas de viviendas se tomen medidas como "el aumento de los precios de la vivienda protegida, ayudas del Gobierno central con el dinero de todos a constructoras y promotoras o el aumento de las deducciones a la compra de vivienda" que "han encarecido el precio entre un 15 y un 30%". Finalmente, llamaron a participar en la jornada que tendrá lugar el próximo jueves a las 16.30 horas en el centro Koldo Mitxelena de San Sebastián a favor de 'Una vivienda Digna en Gipuzkoa'.

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Castilla-La Mancha
 
La fiscalía investiga a cargos del PP de Ciudad Real
El País (Castilla-La Mancha) - 13 de junio de 2008
 
Se les acusa de comprar irregularmente pisos protegidos

La Fiscalía Provincial de Ciudad Real ha abierto diligencias por presunta prevaricación de varios cargos locales del PP, incluidos el ex alcalde, Francisco Gil-Ortega, la actual alcaldesa, Rosa Romero, así como una diputada nacional. La sospecha es que se autofavorecieron y beneficiaron a parientes directos de otros cargos del partido en la adquisición de una decena de pisos protegidos por el Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por el PP. Las pesquisas nacen de una denuncia del PSOE a partir de una información publicada en abril de 2007 por este diario.

La secuencia fue la siguiente: el gobierno municipal fijó que las 150 viviendas de un edificio céntrico de Ciudad Real denominado El Quesito quedaban sujetas al régimen de protección pública municipal. Si bien era obligatorio que tuvieran protección pública, dado que el solar inicialmente era municipal, la singularidad consistió en que se le dotó de protección municipal, "figura jurídica inexistente", según recoge la denuncia socialista. Pero esta fórmula brindaba una gran ventaja frente a las tipologías clásicas de protección oficial: limitaba igualmente el precio de venta, pero, en cambio, no establecía requisito alguno para los adquirientes. Daba igual si poseían o no otras viviendas, así como su nivel de ingresos.

Por tanto, los miembros del equipo municipal del PP y sus parientes podían, como ocurrió, copar estas viviendas que ellos mismos habían tasado. Con el añadido de que, en algunos casos, revendieron los pisos con notable plusvalía. Entre las personas que coparon tales pisos de protección vinculadas al PP figuran los siguientes, según la denuncia socialista:

- Francisco Gil-Ortega, anterior alcalde (gobernaba cuando ocurrieron los hechos), y hoy diputado autonómico, con dos viviendas.

- Rosa Romero Sánchez, actual alcaldesa, y anteriormente concejala y diputada nacional del PP, con una vivienda.

- Patricio Romero Fernández, padre de la anterior, con una vivienda.

- Carmen Quintanilla Barba (diputada nacional del PP), una vivienda.

- Gemma García Gujarro, portavoz del PP en Alcolea de Calatrava, casada con Francisco Cañizares Jiménez, concejal de Ciudad Real y portavoz de los populares en dicho consistorio.

- Dos hijos del ex concejal de Urbanismo, Gabriel Miguel Mayor, autor del plan por el que se protegió el inmueble ahora objeto de investigación, con sendas viviendas.

- Esperanza Vaquero Sosa, familiar del anterior alcalde, con una vivienda.

- Laura Vaquero Sosa, igualmente familiar del ex regidor del PP, con una vivienda.

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Izquierda Unida, contra las VIPP de Barreda
ElDigitalCastillalaMancha.es (Castilla-La Mancha) - 05 de junio de 2008
 
El Grupo Municipal de IU en el Ayuntamiento de Guadalajara presentó hoy una moción en la que insta al Gobierno regional a retirar la propuesta de construcción de Viviendas de Iniciativa Público-Privada (VIPP) y las medidas contempladas en el Pacto por la Vivienda porque a su juicio, no van a solucionar la situación de crisis del sector de la construcción, ni atenderán las necesidades de vivienda de la población castellano-manchega.

Esta es la primera medida que se llevará a cabo dentro de la campaña de difusión y puesta en conocimiento del Plan de Vivienda presentado la semana pasada por IU, con el objetivo de "buscar y recabar aportaciones y opiniones de los ciudadanos", como explicó Elena Loaisa, coordinadora local de IU.

Dicha moción solicita además la elaboración de un nuevo Plan de Vivienda que garantice el acceso a una vivienda digna y asequible en Castilla-La Mancha. Para ello se abrirá un período de debate y reflexión sobre la crisis del sector, sus consecuencias urbanísticas, económicas, laborales y sociales y se pondrá en común las propuestas encaminadas a atender la necesidad de vivienda y el reajuste del sector de la construcción.

Además, IU pide un nuevo Plan que cuente con la participación de los agentes sociales y otros colectivos sociales de la región. Este nuevo Plan de Vivienda deberá apostar por bajar el precio de la vivienda protegida en toda la región de acuerdo con los costes de construcción y los salarios y no con los precios del mercado.

Además, insta a eliminar la categoría de municipios de Precio Máximo Superior y las modalidades de Vivienda de Precio Tasado y de Precio Concertado. IU propone ofrecer a los promotores la reclasificación y adquisición de las viviendas ubicadas en las zonas de demanda como Vivienda de Protección Oficial de Precio General para cubrir la demanda existente, entre otras medidas de carácter financiero y para mantener el empleo.

Esta moción se presentará en todos los ayuntamientos de la región con representación de IU y que tratará de abrir el debate sobre la crisis de la vivienda y las alternativas a su solución.

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Región de Murcia
 
Inmobiliarias acusan a Greenpeace de hundir los precios
El País (Región de Murcia) - 11 de junio de 2008
 
 
Un grupo de promotores inmobiliarios y propietarios de pisos de La Manga del Mar Menor (Murcia) anunció ayer que reclamarán en los tribunales cientos de millones a la organización ecologista Greenpeace, a la que acusan de "hundir los precios hasta un 50%" tras mostrar unos fotomontajes de cómo quedará La Manga con la subida prevista del nivel del mar por el cambio climático.

El abogado José Ángel Abad, en representación de varias de las promotoras, ha comenzado a enviar cartas con la reclamación, que ya supera los 20 millones de euros: "Greenpeace manipuló la subida prevista, de medio metro, para crear alarma. Ha hundido el mercado inmobiliario: nadie compra y todo el mundo ha puesto su casa a la venta". Mario Rodríguez, de la organización ecologista, se defiende: "No nos van a intimidar. Las fotos responden a las previsiones de los científicos".



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La Región crea un modelo de vivienda protegida para estimula
El Faro de Cartagena (Región de Murcia) - 07 de junio de 2008
 
 
Para estimular el sector. La Comunidad facilitará la compra de un inmueble por parte de las familias de renta media además de favorecer a los promotores la adquisición de suelo protegido

El Gobierno regional ha creado la nueva figura de vivienda protegida de precio limitado, que facilitará a aquellas familias que no pueden adquirir una VPO porque su renta anual supera los límites marcados por la legislación, comprar una casa a un precio más alto que la protegida pero más económica que la libre.

El Consejo de Gobierno aprobó ayer el decreto que regulará esta medida que, según el consejero de Presidencia, Juan Antonio De Heras, supondrá que el precio máximo de este tipo de inmuebles podrá ser hasta un 40% superior a la hasta ahora protegida, con el fin de que estas construcciones tengan márgenes más atractivos para los promotores.

Esta nueva figura elimina los límites de edad de las VPO tradicionales y eleva a 47.450 euros anuales la renta de los familiares beneficiarios. El decreto recientemente aprobado define que se trata de viviendas que se pueden construir en suelo destinado a reserva protegida. Se podrán calificar tanto promociones completas como viviendas individuales, dado que la ayuda se dirige al comprado, que podrá recibir una ayuda de 3.000 euros, independientemente de su edad, pero sí tendrá que tener el requisito de que su renta anual no supere los 25.500 euros.

Las viviendas deberán tener entre 40 y 90 metros cuadrados y será el domicilio habitual del comprador, primando la edad del adquiriente, por debajo de los 35 años, para su concesión.

También se modifica el plazo de venta de las mismas por parte de sus compradores, que se fija en cinco años, cuando las VPO tradicionales tienen un plazo de diez años. Al cabo de los 15 años se podrá considerar como vivienda libre, según De Heras.

El decreto regula además la adquisición protegida de suelo para garantizar la generación de suelo edificable, con unos precios máximos de repercusión que permitan la promoción y existencia de vivienda protegida de nueva construcción, incentivando la iniciativa privada a reducir la relación entre vivienda libre y protegida.

De Heras puso como ejemplo que si una vivienda de unos 90 metros cuadrados cuesta en el mercado libre unos 150.000 euros, ahora podrá comprarse por 120.000 euros.

El consejero también indicó que el Gobierno regional tiene un presupuesto abierto y apuntó que no existe un cupo máximo para este tipo de vivienda. También señaló que en los próximos meses se estima que puedan construirse en la Región unas 10.000 viviendas de este tipo. De Heras aseguró que desde la aprobación del decreto por el cual se podía calificar una vivienda libre como protegida, son 917 los inmuebles que ya se han adherido a esta medida.

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Extremadura
 
El pte. PSOE extremeño compaginó su cargo con dirección
El Confidencial (Extremadura) - 29 de mayo de 2008
 
 
de una constructora

El ‘ladrillo’ y el poder político caminan de la mano en Extremadura. Federico Suárez Hurtado, el presidente del PSOE en la región, ha compatibilizado su cargo al frente del partido con la presidencia de Extremadura Construcciones Nicolás (Econisa), una de las principales constructoras que operan en la comunidad autónoma. Entre los clientes preferentes de la compañía están la propia Junta de Extremadura y los ayuntamientos de la región, controlados mayoritariamente por el Partido Socialista.

Suárez Hurtado (Alicante, 1957) es un veterano dirigente socialista que ha sido durante años la mano derecha de Juan Carlos Rodríguez Ibarra en calidad de vicesecretario general del PSOE extremeño. Anteriormente, fue senador y presidente del parlamento regional, y desde 2004 está al frente del Partido Socialista. En su currículum personal aparece como diplomado en Magisterio.

Desde el pasado 31 de marzo, según consta en el Registro Mercantil, ha ejercido como consejero y presidente de Econisa, un importante grupo constructor que en 2006 facturó obras (como contratista y subcontratista) por valor de 18,3 millones de euros. De esa cantidad, algo menos de la mitad corresponde a obras contratadas con la Junta de Extremadura y los ayuntamientos de la región. De hecho, según consta en la información mercantil remitida al registro correspondiente, la totalidad de los 18.376.507 euros contabilizados como cifra de negocio tienen su origen en Extremadura, lo que da idea de dónde está la fuente de sus negocios. En la actualidad factura más de 20 millones de euros, con un horizonte de alcanzar los 30 en 2010, según aparece en su información corporativa.

Un político profesional

La experiencia profesional de Suárez Hurtado en el mundo de la construcción es nula habida cuenta de que se trata de un político profesional que forma parte de la Asamblea de Extremadura desde la primera legislatura (1983), lo que significa que al menos durante los últimos 25 años ha ocupado cargos públicos. Su nombre ha sonado en algunos momentos como posible presidente de una hipotética fusión entre las cajas de ahorros regionales, la de Extremadura y la de Badajoz.

Suárez Hurtado reconoció en una primera conversación con El Confidencial que durante un tiempo ha compatibilizado su puesto de dirigente del PSOE extremeño con la presidencia de Econisa, pero que a la vista de las incompatibilidades políticas que pudieran surgir, “aunque el nombramiento fuera legal”, decidió hace 15 días y ante notario renunciar a todos los cargos en la constructora. Posteriormente, en una nueva conversación y tras haber revisado sus papeles, aseguró que su nombramiento efectivo duró entre 29 de marzo de este año y el 4 de abril, pero que a la vista del revuelo que se pudiera producir, decidió abandonar la dirección de la constructora.

Lo cierto es que su nombre continúa apareciendo hasta ayer en el Registro Mercantil Central como consejero y presidente de Econisa, con fecha de nombramiento el 31 de marzo pasado, sin que desde entonces se hayan producido cambios registrales.

Suárez Hurtado, según sus palabras, está en proceso de retirada de la política activa, lo que explica que en el próximo Congreso del PSOE extremeño no se vaya a presentar a la reelección.

Adjudicaciones de contratos públicos

Econisa fue constituida en 1990 y su objeto es “la ejecución de obras en general, tanto públicas como privadas”. Su domicilio social está en Mérida, sede del Gobierno extremeño. Desde su nacimiento, ha realizado más de 250 actuaciones relacionadas con la construcción, y sus clientes abarcan todas las administraciones que licitan obra civil: administración central, autonómica, diputaciones provinciales, ayuntamientos y empresas públicas.

Entre sus actuaciones más relevantes está la construcción de un ambulatorio en el Hospital Infanta Cristina de Badajoz, con un presupuesto de 17,9 millones de euros. Igualmente, se ha adjudicado la construcción de la autovía autonómica EX - A1 de Navalmoral de la Mata a Portugal, en el tramo Plasencia-Galisteo, y con un presupuesto (licitado por la Consejería de Fomento de la Junta) de 34,18 millones de euros.

De los 18,37 millones de euros que facturó Econisa en 2006, algo más de la tercera parte (6,49 millones) fueron contratados con la Junta de Extremadura. Otros 1,28 millones fueron licitados por distintos organismos autónomos y el resto por el Estado, los ayuntamientos y particulares. En 2006, obtuvo unos beneficios equivalentes a 454.442 euros, con una fuerte progresión en sus cifras de negocio.

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Principado de Asturias
 
Cáritas recibe «una avalancha» de peticiones de ayuda
La Nueva España (Principado de Asturias) - 11 de junio de 2008
 
 
Para pagar hipotecas. La organización constata que «algunas personas en situación de vulnerabilidad social comienzan a cruzar la línea hacia la exclusión»

Cáritas de Asturias presentó ayer su memoria de actividades correspondiente a 2007 y lo hizo con un toque de atención. La organización, que vive la realidad de los problemas sociales a pie de calle, ha recibido en los últimos meses «una avalancha» de peticiones de ayuda por parte de personas que no pueden pagar la hipoteca. Así lo afirmó el director de Cáritas en el Principado, Adolfo Rivas, que explicó, además, que algunos de sus programas de ayuda como «Calor y Café» están saturados, debido a que muchas personas vulnerables han cruzado la línea que las separaba de la exclusión social. David ORIHUELA Cáritas recoge a pie de calle las consecuencias de la crisis económica. El director de la organización en Asturias, Adolfo Rivas, no dudó un segundo al asegurar que en los últimos tiempos están recibiendo «una avalancha» de peticiones de ayuda de personas que no pueden pagar la hipoteca. Rivas se lamentó de la situación, pero aclaró que Cáritas no puede ayudar a pagar hipotecas. El director de la organización fue contundente: «Nos encontramos en una crisis económica. Independientemente de que la reconozcan o no, las entidades que estamos en primera línea social podemos certificar que existe y que está afectando a los colectivos y personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad social». Y lo certifican en programas que la organización desarrolla con inmigrantes o en iniciativas como «Calor y Café». «Cáritas ya venía constatando y haciendo público que, aunque la exclusión y la pobreza severa disminuían en Asturias, existía un gran número de personas en situación de vulnerabilidad y algunas de ellas comienzan a cruzar la línea hacia la exclusión y muchas más se acercan a ella». «En "Calor y Café", que es un buen indicador de la situación, no se da abasto», explicó Rivas.

El responsable de Cáritas en Asturias puso sobre la mesa dos casos: por un lado, los inmigrantes con hijos, «que tienen mucho miedo a quedarse sin vivienda», y por otro, la trágica situación «de padres que abandonan a su familia porque ya no soportan la situación».

Adolfo Rivas no escatimó tampoco críticas para la sociedad y las administraciones. «Una parte de la sociedad tiene la visión y la sensación de que el problema no es responsabilidad directa suya y delega en las administraciones», considera Rivas, que encadena que «es un planteamiento mucho más cómodo» para el ciudadano, «que ya cumple pagando sus impuestos», y para las administraciones «que ven como gran parte de las organizaciones sociales se convierten en convenientes y eficaces entidades prestadoras de servicios».

Adolfo Rivas hizo estas apreciaciones en la presentación de la memoria de Cáritas Diocesana de Asturias correspondiente a 2007.

El año pasado, Cáritas atendió en Asturias a 17.737 personas y tuvo un presupuesto de 4.557.278 euros, de los que el 68 por ciento eran fondos propios y el 32 por ciento restante, subvenciones.

Pero no es suficiente. La prórroga presupuestaria del Gobierno Regional también afecta a Cáritas. El director de la organización lanzó dos señales de alarma. En la comunidad terapéutica «La Santina» «hay alcohólicos que tienen que esperar seis meses para ser atendidos»; el Centro de Encuentro y Acogida (CEA) está abocado al cierre y el Albergue Casa de acogida «Cano Mata», «tiene una planta cerrada». «Cuando se discute de la prórroga presupuestaria se habla de nosotros, pero no se habla con nosotros», puntualizó el director de Cáritas.

La organización tiene en Asturias 1.754 voluntarios, 142 sacerdotes implicados y 84 personas contratadas. Desde Cáritas parroquiales y arciprestales se atendió a 4.555 personas y 8.662 familias. Desde los programas sectoriales se atendió a 4.652 transeúntes e indomiciliados; 242 toxicómanos, 30 mujeres reclusas o ex reclusas, 524 niños y adolescentes; 519 desempleados; 2.834 personas mayores y 274 inmigrantes. En total, según los datos facilitados por Paloma Gallego, secretaria general de Cáritas, se participó en 52 proyectos.

Aunque la organización advierte de los problemas, también reconoce que la tarea realizada en 2007 ha sido positiva. Los responsables de Cáritas en Asturias destacaron el aumento del número de voluntarios «en unos tiempos que juegan en contra». Entre los principales logros están la nueva sede de la calle González del Valle, que permite una mayor coordinación de las actividades. Además, en Oviedo han organizado una asamblea «que ha supuesto el broche a un proceso participativo ejemplar, con el concurso del 80 por ciento de los voluntarios». Un año de logros pero que abre nuevos retos para el futuro.

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Islas Baleares
 
Las VPO de es Pil·larí, a precio de mercado
DiarioDeMallorca.es (Islas Baleares) - 01 de junio de 2008
 
 
El institut balear de l'habitatge recibe muchas quejas porque los precios no son asequibles

Numerosos adjudicatarios protestan por la imposibilidad de pagar 221.000 euros El Ibavi denuncia que el anterior Govern permitió a un promotor privado venderlas al importe máximo. Estudia paralizar el proceso ante estos problemas RAQUEL GALÁN. PALMA. Las 293 viviendas de protección oficial (VPO) construidas en es Pil·larí por los promotores Llull Sastre y Carreras tienen precios que alcanzan los 221.000 euros por pisos de 90 metros cuadrados, una plaza de garaje y un trastero. Este importe y características se pueden encontrar en el mercado libre, por lo que numerosos adjudicatarios que se inscribieron en el Ibavi en busca de un piso asequible han protestado porque les es imposible pagar tal cantidad, a la que se tiene que añadir el IVA y los gastos de escritura e hipoteca.

En concreto, los pisos de 90 metros cuadrados cuestan 184.355 euros; la plaza de aparcamiento de 25 metros cuadrados, 27.955 euros y el trastero, hasta 8.330 euros por ocho metros cuadrados.

La gerente del Institut Balear de l´Habitatge (Ibavi), Catalina Cladera, denuncia que, durante el anterior Govern del PP, el Ibavi vendió esos terrenos a los citados promotores y les permitió edificar un 95 por ciento de pisos de 90 metros cuadrados y venderlos al importe máximo permitido por la Ley para este tipo de viviendas. Ahora se están encontrando con que los adjudicatarios no pueden acceder a los inmuebles, ya que "son mileuristas o jubilados", por lo que "se los quedarán quienes tengan mayores ingresos", según sus palabras.

"Al adjudicar todos estos pisos, estamos ejerciendo de inmobiliaria gratuita de los citados promotores y encima nos llevamos los palos", lamenta Cladera. La gerente se muestra totalmente en desacuerdo con el proceso iniciado la pasada legislatura. Por este motivo, están estudiando su "paralización" y que sean los impulsores de las fincas quienes hagan la adjudicación.

La gerente del Ibavi critica que la oferta "no se ajusta a la demanda habitual en estos momentos de las personas con pocos recursos". Si el actual Govern del Pacto hubiese dispuesto de los citados terrenos, "se hubieran construido pisos más pequeños y asequibles, y una parte hubiese sido de alquiler".

Además, otro de los problemas heredados, según explica, es que "entre los requisitos para acceder a una vivienda no se incluyeron unos ingresos mínimos a cumplir, por lo que generaron falsas expectativas a quienes ahora no pueden pagarla". Ambos promotores "esperaron el mayor tiempo posible para poner el precio, que aumenta de año en año", concluye. El Ibavi tampoco pudo decidir los metros cuadrados ni las calidades edificatorias.

Uno de los afectados explicó que tras haber estado esperando más de un año para la adjudicación del piso, en la entidad bancaria le dijeron textualmente: "la cuota a pagar, incluidas las subvenciones que concede el gobierno, es de mil euros (mensuales). La cuota ha de ser legalmente de un máximo del 50% de tu nómina, es decir, que tu nómina ha de ser de 2.000 euros y, como supongo que no cobras esta cantidad, no podemos concederte el préstamo".

El adjudicatario respondió que, "evidentemente", si cobrara 2.000 euros, supone que no se la habrían adjudicado, ya que "podría ir al mercado libre a comprarla".

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Un juez dice que no es delito ´ocupar´ una casa ´abandonada´
DiariodeMallorca.es (Islas Baleares) - 08 de junio de 2008
 
 
Una magistrado de Palma dicta una sentencia pionera sobre la usurpación de viviendas

El magistrado palmesano Jaime Tartalo ha dictado una sentencia pionera sobre la responsabilidad penal de las personas que se instalan a vivir sin permiso en casas ajenas, conocidos coloquialmente como ocupas. Según el juez, la ocupación de una casa no constituye un delito de usurpación de la vivienda ajena si el propietario de la misma la tiene en estado de abandono y no ejerce una "posesión social" sobre el inmueble.

La sentencia, que ya ha adquirido firmeza al no haber sido recurrida por la fiscalía, ha absuelto a una mujer, para la que se pedían 5 meses de multa, a razón de 4 euros diarios, por haberse metido a vivir en una casa deshabitada de la calle Presbítero Rafael Barrera, 42, de Palma.

Los hechos se remontan a principios del año pasado cuando la acusada, que no tenía donde vivir, optó por asentarse en la vivienda de la calle Rafael Barrera. La casa estaba deshabitada desde hacía más de 20 años y los candados que había colocado su dueña no habían impedido que se colasen allí indigentes y otras personas.

El inmueble estaba lleno de basuras, muebles viejos, ratas y jeringuillas. Semanas después, un vecino avisó por teléfono a la propietaria de que desconocidos estaban metiendo muebles en el inmueble y ésta llamó a la Policía. Finalmente la mujer, defendida por Carlos Portalo, fue desalojada, tras dialogar con los agentes e intentar convencer a la denunciante de que le dejara seguir viviendo allí.

La sentencia destaca que la dueña se había desentendido del inmueble, que estaba en mal estado. La dueña no tenía mucho interés en la casa, puesto que ni la visitaba y pensaba que se la iban a expropiar.

El juez añade que la conducta de la acusada fue reprochable, pero que no fue constitutiva de una usurpación de vivienda "al no disfrutar la perjudicada (la propietaria) de una posesión material o socialmente manifestada sobre el inmueble ocupado".

La denunciada también fue acusada de una falta de desobediencia a la autoridad por no abandonar la casa nada más ser conminada a ello por la Policía. Sin embargo, la mujer también ha sido absuelta de dicho cargo al entender el juez que los agentes no dieron directamente la orden de desalojo, sino que estuvieron tratando de convencerle de que saliera voluntariamente.

La acusada llegó a estar detenida dos días en los calabozos por estos hechos.

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Cuatro años de prisión para el exalcalde de Andratx
ElPeriodico.com (Islas Baleares) - 26 de mayo de 2008
 
 
Eugenio Hidalgo, por construirse un chalet ilegal

La Audiencia Provincial de Palma ha sentenciado a cuatro años de prisión al exalcalde de Andratx Eugenio Hidalgo, y a tres años y seis meses al exdirector general de Ordenación del Territorio del Govern balear Jaume Massot por la construcción ilegal de un chalet del primer edil de este municipio de Mallorca. Por esta misma razón, el exasesor legal del Ayuntamiento Ignacio Mir ha sido condenado a un año de cárcel, y a cuatro meses el excelador municipal Jaume Gibert.

El tribunal ha condenado al exalcalde a demoler a su costa la vivienda construida o sufragar los gastos de demolición si se encarga de ella la Administración competente. En virtud de la sentencia, tanto el exprimer edil del PP como el exdirector general en el Ejecutivo autonómico popular presidido por Jaume Matas ingresarán en prisión, dado que sus penas superan los dos años de cárcel.

En un área protegida

El ponente del tribunal, el magistrado Juan Pedro Yllanes, ha sido el encargado de dar lectura a una parte de la resolución judicial, la referida a los hechos probados y el fallo. Esta sentencia corresponde a la primera pieza del juicio oral por el llamado caso Andratx, referida en concreto a la construcción de un chalet ilegal en una caseta de aperos en un terreno propiedad del exalcalde Eugenio Hidalgo considerado área protegida, y cuya vista se celebró entre el 5 y el 8 de mayo pasados.

En el caso del exalcalde de Andratx, la condena ha sido de un año de prisión e inhabilitación de ocho años para desempeñar cargo público por un delito de prevaricación administrativa; y tres años de prisión y suspensión de cargo público e inhabilitación como promotor urbanístico por un delito contra la ordenación del territorio. En el segundo delito, el tribunal ha considerado la circunstancia agravante de "prevalerse de su carácter público" como alcalde. Además, deberá pagar 60.000 euros y ha sido condenado a abonar dos sextas partes de las costas procesales causadas.

El exdirector y el exasesor

El exdirector general de Ordenación del Territorio ha sido condenado como autor directo de prevaricación urbanística a dos años de prisión e inhabilitación para cargo público por 10 años. También ha sido sentenciado a un año y seis meses más como cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio, el mismo tiempo que estará inhabilitado para cualquier empleo o cargo público de promoción urbanística. Deberá satisfacer una multa de 27.000 euros por el delito contra la ordenación del territorio y dos sextas partes de las costas.

El exasesor legal del Ayuntamiento de Andratx José Ignacio Mir ha sido condenado a un año de prisión e inhabilitación especial para empleo o cargo público por ocho años por un delito de prevaricación administrativa, y deberá abonar una sexta parte de las costas.

Apariencia de uso agrícola

En el caso del excelador de obras del consistorio, como cooperador necesario en un delito contra la ordenación del territorio, pero con la circunstancia atenuante "muy cualificada de colaboración con la justicia", la pena es de cuatro meses de prisión, y 18 meses de suspensión de cargo público e inhabilitación para la promoción urbanística. La multa que le corresponde es de 3.000 euros y una sexta parte de las costas.

En la lectura de la sentencia, el magistrado Yllanes ha hecho un relato cronológico de los hechos, desde que el exalcalde adquirió una tierra de huerto, el 6 de agosto del 2002, hasta que en julio del 2006, ya bajo investigación, realizó alteraciones en el chalet para darle apariencia de uso agrícola.

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Comunidad foral de Navarra
 
COMUNICADO TRAS LA INTERVENCIÓN DE LA PVD EN EL PARLAMENTO
Redacción PVD (Comunidad Foral de Navarra) - 22 de mayo de 2008
 
El pasado miércoles 21 de mayo, el parlamento de Navarra se convirtió en el primer parlamento de España en recibir a representantes de la plataforma por una vivienda digna. Gracias a todos los partidos políticos del arco parlamentario navarro y en particular a la iniciativa del grupo parlamentario de izquierda unida, la plataforma pudo exponer ante los políticos las 40 propuestas en las que trabajan para luchar contra el problema del acceso a la vivienda entre la gente joven y no tan joven.

El hecho de recibir a este colectivo ha tenido gran repercusión en el resto del Estado entre las diferentes asociaciones y colectivos que trabajan por una vivienda digna, todos los representantes de la plataforma en las distintas comunidades autónomas felicitaron al parlamento navarro por su sensibilidad ante el problema del acceso a la vivienda, recibiendo a asociaciones que trabajan en estos temas. La sesión comenzó explicando en qué consiste y cuál es el objetivo de la plataforma por una vivienda digna, que no es otro que conseguir que se cumpla el artículo 47 de la constitución, toda persona tiene derecho a una vivienda digna. A continuación se expusieron las 40 propuestas que la plataforma propone para que los políticos reflexionen sobre ellas y su disponibilidad a trabajar con ellos para buscar soluciones al problema del acceso a la vivienda. Por último, la plataforma por una vivienda digna de Navarra explicó que las promociones de vivienda protegida en Navarra han dejado de ser tan atractivas para los solicitantes de vivienda como lo eran hace unos años, el cambio de ciclo ha afectado al precio de la vivienda libre donde están bajando los precios, mientras que el precio del módulo de vivienda protegida paradójicamente sigue aumentando. Los representantes de la plataforma explicaron que cientos de personas han rechazado los pisos que les adjudicaron en las pasadas campañas de vivienda protegida (tanto en compra como en alquiler en 2007), un hecho insólito que refleja el cambio de ciclo y que según esta plataforma merece una reflexión. Es por ello que una de las 40 propuestas que presentaron hacía referencia a la congelación del precio del módulo de la vivienda protegida, aunque según los propios representantes de la plataforma y ante las últimas variaciones a la baja en los precios de las viviendas libres, lo más lógico sería un ajuste también a la baja en esos precios de vivienda protegida.

Otro de los puntos que se debatió con fuerza fue el referente a los actuales precios de las VPOs, en régimen de alquiler. La plataforma presentó números tan contundentes como coste actual de una VPO en alquiler = 583€ /mensuales + 50€/mensuales de comunidad + 200€/año por gastos generales + altas de gas, luz, agua a cargo del inquilino + mobiliario del apartamento (se ofrece vacío) + cocina (la tiene que montar el inquilino) + 583€ de fianza + 6000€ de aval no es un alquiler social.

Plataforma por una Vivienda Digna

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